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Etiqueta: sistema de seguridad social

Las falacias del presidente Chaves sobre la Caja

Opinión

El presidente Chaves por fin se quitó la máscara. Señor Chaves: ¡La Caja no está quebrada! Como trascendió en un comunicado reciente, este exfuncionario del Banco Mundial aprendió bien el oficio de privatizador de la seguridad social.

Él sabe muy bien que para destruir la Caja y privatizarla, el camino más directo es desprestigiarla y crear desconfianza entre la población. Con sus palabras irresponsables, el presidente le está causando un daño irreparable a la institución más querida de todos los costarricenses, y atenta contra un sistema de salud ejemplar a nivel mundial. ¡No se lo vamos a permitir!

Los argumentos que utiliza el presidente para afirmar que las pensiones están quebradas, son falaces. Veamos las falacias del presidente.

  1. Por definición, los sistemas de seguridad social no pueden quebrar, porque el Estado los respalda; a nivel mundial no se conoce ni un solo caso de un sistema de seguridad social que haya quebrado. Como ha documentado la OIT, de los casos de privatización de la seguridad social promovidas por el Banco Mundial, alegando quiebra, las reformas privatizadoras fracasaron y en su mayoría tuvieron que ser revertidas para volver a los sistemas públicos y solidarios. Después se vio que no había tal quiebra, solo intención de privatizar para beneficiar a ciertos grupos económicos.
  2. Prácticamente la mayoría de los regímenes de pensiones en el mundo operan bajo la modalidad de “solidaridad entre generaciones”; ese es el sistema usado en prácticamente todos los sistemas de seguridad social alrededor del mundo. Por ejemplo, la mayoría de los regímenes de pensiones en Europa funcionan bajo el concepto de reparto o solidaridad intergeneracional, es decir, exactamente cómo se financia el régimen IVM de la Caja. Quienes cotizan sostienen las pensiones de los pensionados actuales.  Por tanto, decir que la Caja está quebrada, sería tan ridículo como decir que todos los sistemas de pensiones de Europa están quebrados.
  1. A los privatizadores de las pensiones les gusta hacer comparaciones ridículas entre las finanzas de las pensiones públicas y las de las pensiones privadas. Las pensiones del seguro social se financian de manera muy distinta a las del seguro privado. La Caja no es una aseguradora privada (como lo desearía el presidente), sino que se rige por un sistema actuarial y financiero contable válido para instituciones de seguridad social donde prima el concepto de solidaridad. A diferencia de una empresa privada, los flujos de ingresos y gastos de un sistema de seguridad social no necesitan estar balanceados en el largo plazo, porque por definición las instituciones de seguridad social no son empresas que se cierran por quiebra, y no son empresas que se venden a terceros (como sí desearía el presidente), de manera que no necesitan un balance financiero equilibrado para ser vendidas. Por lo anterior, a ninguna persona en su sano juicio se le ocurriría comparar las finanzas de la Caja con las finanzas de una aseguradora privada. ¡Esa comparación es totalmente falaz y ridícula!
  2. En el caso del Seguro de Salud, en un comunicado anterior informamos que el Seguro de Enfermedad y Maternidad de la Caja viene operando con superávit desde hace años y que tiene un sólido plan de inversiones para los próximos 10 años. 
  3. Decir que las listas de espera son un síntoma de que la Caja está quebrada, es ir contra la experiencia mundial. Todos los sistemas de salud en el mundo, sin excepción, aún en los países desarrollados como España, Suiza, Francia, etc., tienen listas de espera, y eso no significa que sus sistemas de salud estén quebrados. ¡Qué argumento tan falaz y ridículo presidente Chaves!

Los argumentos presentados anteriormente, demuestran que el presidente tiene malas intenciones, y que se quiere aprovechar de la ignorancia de la población presentando argumentos tan ridículos que ni el mismo se los cree.

¡No a la privatización de la Caja!

¡La Caja no está en quiebra!

¡La Caja no está en venta!

Juan Carlos Durán Castro
02 de octubre, 2022

II Seminario Regional de Desarrollo Social

En el marco de la colaboración con la OIT y la OPS, y del trabajo conjunto con la Cooperación Alemana y la Facilidad para el Desarrollo en Transición de la Unión Europea, la CEPAL organizó el II Seminario Regional de Desarrollo Social del 30 de agosto al 1 de setiembre de 2022. En esta edición se tuvo por objetivo brindar un espacio de diálogo y reflexión sobre los sistemas de seguridad social en la región de América Latina y el Caribe, con atención a los diagnósticos, desafíos y orientaciones estratégicas para procesos de reformas y reestructuración en los sistemas de pensiones y salud ante un contexto incierto de recuperación por pandemia.

En la primera sesión llevada a cabo el 30 de agosto, abordó el tema de, fortalecimiento de la seguridad social, con varias personas profesionales en el tema.

En la segunda sesión realizada el 31 de agosto, se trató el tema del sistema de pensiones, con 4 presentaciones magistrales de diversos profesionales.

La tercera y última sesión realizada el 1 de setiembre, trató el tema de los desafíos de reforma en los sistemas de pensiones en la región y el nuevo escenario a partir de la pandemia.

Para seguimiento del tema, aquí se encuentra el enlace con las presentaciones y videos del evento: https://www.cepal.org/es/eventos/segundo-seminario-regional-desarrollo-social-seguridad-social-la-crisis-prolongada

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Durán Castro.

Patria mía, ¿adónde vas?

Manuel Delgado

1.-

Los resultados electorales de este domingo muestran la profunda crisis política por la que atraviesa el país. En esta elección hemos cosechado el mayor porcentaje de abstencionismo de la historia reciente. En ese resultado influyó, indudablemente, la epidemia de la Covid y sus secuelas. Pero ese no fue el factor principal. El abstencionismo es el rechazo a la oferta electoral. Demuestra que nuestro pueblo no fue convencido por ninguno de los partidos y candidatos.

Esos partidos y esos candidatos, a su vez, son rechazados por muchos motivos, entre los que destacan la corrupción y la ineficiencia de los últimos gobiernos. Pero sobre todo, son repudiados por la política económica aplicada por ellos y apoyada por sus diputados, y que ha llevado hambre, desocupación, sobreexplotación y desesperanza a los hogares. Es, en resumen, un rechazo a la política neoliberal. Esta ha estado conformada por una estrategia de congelamiento de salarios del sector público y una reducción constante de los salarios del sector público; por una reducción de los derechos laborales a largo plazo, desmejorando la cesantía y las condiciones de las jubilaciones; por una persecución a las organizaciones sociales y la criminalización de la protesta social; el aumento sistemático de los impuestos a los bienes y servicios que consumen los sectores populares; a una práctica de reducción en empeoramiento de los servicios públicos; a la práctica de la represión en las huelgas, manifestaciones, luchas de los indígenas y, en general, a toda manifestación de descontento. Y, además, mucha corrupción.

2.-

La principal muestra del rechazo ha sido la vapuleada obtenida por el partido de gobierno, aun cuando este partido pretendió levantar un programa de corte asistencialista, igual al que siempre en teoría ha defendido.

El Partido Acción Ciudadana no solo no elige ningún diputado, cosa que no había ocurrido nunca con el partido de gobierno, sino que recibe una cantidad marginal de votos: apenas el 0,66%. Es muy posible que como resultado de estas elecciones, desaparezca como fuerza activa.

El PAC es, por su extracción social, un partido de la “clase media” (la denominación no me gusta mucho), lo cual incluye a sectores de servidores universitarios, profesionales, empleados públicos, educadores, estudiantes, artistas y otros. Empujado por la oligarquía, en sus dos administraciones, pero sobre todo en la última, este partido se ha dedicado a perseguir y estrujar a esos sectores. Le impuso un plan fiscal que elevó sustancialmente sus impuestos, les redujo la pensión amparados en la consigna de la derecha de acabar con las “pensiones de lujo”, alargó las edades de pensión y les bajó sus montos, rebajó sus prestaciones de retiro, les aplicó impuestos a la transacción de sus inmuebles, les quitó potestades y derechos a sus organizaciones sindicales, redujo las condiciones de trabajo de las universidades. Pero además, los sometió a una constante campaña de persecución y desprestigio, dirigida en especial contra los empleados públicos. Con estos dos gobiernos, los sectores medios han vivido acosados y atemorizados. Todo esto ha estado acompañado de una política de congelamiento de salarios y la amenaza del descenso de los sueldos de los servidores públicos, especialmente a través de la llamada ley de empleo público. Es lógico pensar, entonces, que estos sectores le hayan vuelto la espalda en estas elecciones.

3.-

Otra muestra contundente del rechazo popular al neoliberalismo lo muestran los resultados obtenidos por las agrupaciones abiertamente liberales. Los partidos Libertario, Unión Liberal y Unidos Podemos obtienen el 1,2% de los votos emitidos (el 0,65% del padrón). Por su parte, el Liberal Progresista de Eliécer Feinzaig solo obtiene el 12,3% de los votos válidos (el 6,3% del padrón).

En su conjunto, ellos cosechan el 13,5% de los votos, muy por debajo de lo obtenido por el Partido Libertario en el 2010 (20,9%) y apenas similares a los del 2014. En relación con el número de votantes inscritos, es decir, el padrón electoral, la diferencia es más clara: esta vez esos cuatro partidos obtuvieron el apoyo del 6,9% de los costarricenses, en contraste con los porcentajes reunidos por el Libertario, que fueron del 11,9% del 2010 o el 11,3% del 2014.

4.-

Similar derrota han obtenido los dos partido fundamentalistas religiosos, que en la mayoría de las ocasiones han acuerpado los proyectos neoliberales del gobierno. Restauración Nacional solo ha cosechado el 0,55% de los votos. Mientras tanto, el partido Nueva República de Fabricio Alvarado ha obtenido el 14,8%, muy por debajo del 24,9% obtenido en primera ronda de la elección del 2018.

La desaparición de esos partidos como fuerza determinante es un hecho muy positivo para la lucha popular y para la democracia costarricense. Llama, sí, la atención de que este último partido siga siendo una fuerte alternativa para los sectores más pobres de la población y que haya obtenido altas votaciones en los litorales, es especial en Limón y Puntarenas. Ese apoyo se explica por el rezago social de esas provincias, por el abandono a que han sido sometidas por todos los gobiernos, y por el debilitamiento de los partidos de los trabajadores y señala una gran tarea y una gran responsabilidad para las organizaciones populares.

5.-

Los resultados de los partidos Liberación Nacional, Unidad Socialcristiana y Progreso Social Democrático son también muestra del deterioro del discurso y la práctica neoliberales.

Tanto Liberación Nacional y como la Unidad Socialcristiana (que incluso formaron parte del gobierno) han acuerpado ese programa antipopular del que hablamos, pero sus acciones no las han podido sostener ante la opinión pública a la hora de pedir el voto porque saben que ese programa es de rechazo popular.

Por el contrario, sabían que debían de cambiar el discurso y recurrieron a la vieja triquiñuela de ofrecer el oro y el moro: casas y becas, ayuda asistencial y empleos, todo en el intento de cazar incautos.

Curiosamente la Unidad Socialcristiana no logra convertir ese apoyo parlamentario en votos para su candidata presidencial, que cae al cuarto lugar de las preferencias electorales, con un 12,3% del padrón, muy por debajo del 15,9% cosechado hace cuatro años. Aunque el padrón, como es lógico, ha crecido, el número absoluto de votos recibidos por el PUSC se redujo en 118.625 votos, es decir, costarricenses concretos que decidieron darle su apoyo a otra candidatura.

Una cosa similar es el caso del PLN. Este partido obtiene la mayoría relativa con un 27,2% de los votos, un aumento en relación con las dos elecciones anteriores (nos referimos a los votos en primera ronda), pero su apoyo representa un sector más pequeño de la población. Apenas un 14% de las personas inscritas le dio su voto.

Los dos brazos del bipartidismo, juntos, apenas reúnen en 40% de los votos emitidos y el 20% de los inscritos en el padrón electoral.

6.-

Contrario a todos los pronósticos, Rodrigo Chaves se medirá con el PLN en la segunda vuelta. Esta enigmática figura ha tenido un paso rapidísimo por nuestro país y nuestra política. Proveniente del Banco Mundial en el que laboró largos años, ha mantenido un discurso comedido en lo económico. Aunque es de presumir que profese las mismas ideas que impulsó desde su posición de funcionario de ese organismo financiero internacional, ha tenido el cuidado de distanciarse de un liberalismo expreso, muy posiblemente solo de palabra. Al revés, se presenta como un impulsor del cambio, como una alternativa novedosa, que no se compromete con ninguna de las políticas del gobierno aunque formó parte de él por un breve plazo.

Chaves es otra muestra del rechazo que siente la población por la política y los políticos tradicionales. En cierta medida, los votantes lo han apoyado como muestra de protesta frente a una política tradicional corrupta e ineficiente. Su imagen de un tecnócrata sin compromisos con la política, aunque también sin compromisos con un programa clase, atrae a muchos sectores

Hay que llamar al pueblo a no dejarse engañar por esos nuevos espejismos. Tanto él, nuevo en nuestra política, como Figueres, viejo dirigente, serán en última instancia instrumentos de la misma política: esa que impulsa el FMI, brazo gemelo del Banco Mundial, y que tiene como norte acabar con nuestro maltrecho estado de bienestar y terminar de liberalizar nuestra economía.

7.-

Con especial cuidado debemos hablar del Frente Amplio. Este partido ha obtenido una nutrida cantidad de votos: 158.991 personas han votado por él, lo que corresponde a un 8,9% de los votos válidos emitidos. Supera así el amargo bache de la elección pasada cuando solo acumuló el 0.78%, pero queda muy lejos del 17,25% obtenido en las elecciones de 2014.

Después de 2014 y durante las dos administraciones consecutivas, el Frente Amplio se mantuvo como aliado y a veces defensor expreso del partido de gobierno y de sus dos presidentes. Esa política colaboracionista lo llevó incluso, como se sabe, a convertirse en parte del gabinete de Carlos Alvarado. Ese apoyo abierto o soterrado fue muy negativo para el movimiento popular y para el electorado costarricense, pues ayudó a consolidar el apoyo de amplios sectores progresistas al gobierno y fortaleció la imagen de “izquierdista” con el que muchos sectores, incluso desde la derecha, pretendieron clasificar al PAC y su gobierno. Esa colaboración le pasó una alta factura al Frente Amplio, que, sobre todo en la elección del 2018, apechugó con buena parte del desprestigio del PAC, lo que lo llevó a obtener una votación de pesadilla.

El buen resultado de este 2022 se debe a dos factores: primero, que logró atraer a una porción importante de los seguidores del Partido Acción Ciudadana, especialmente el sector más de izquierda de este partido, los cuales, hastiados del giro a la derecha del gobierno, pretenden encontrar en el Frente Amplio el tipo de agrupación política que ellos ayudaron a forjar a comienzos del siglo, aquel joven partido que era percibido como de centro-izquierda, inspirado en las luchas populares, en especial la lucha contra el TLC, desligado de los partidos del bloque oligárquico, alzado en la consigna de defender y ampliar el estado de bienestar y el sistema de seguridad social y que decía luchar contra la corrupción y por la protección de los trabajadores asalariados y los pequeños y medianos empresarios.

Todas ellas son consignas que se amoldan como anillo al dedo al discurso actual del Frente Amplio. Pareciera que el Frente Amplio ha logrado la meta que se proponía: colocarse en el sitio que dejó libre el PAC. De hecho, su líder, presionado por la prensa, se definió a sí mismo como político “de centro”. Un exceso, me parece, para un partido que a lo sumo llega a “centro-izquierda”.

“Panta rei”, decían los griegos: “Todo discurre, todo se mueve”. Y el Frente Amplio no es la excepción. Para crecer hasta convertirse en opción de poder, este partido debe moverse, y tiene dos y solo dos cauces posibles. O vuelve los ojos a la calle y al movimiento popular y se pone al frente de su lucha contra la arremetida neoliberal, es decir, o asume un papel de izquierda, o se posiciona ahora sí en el centro, haciendo nuevas concesiones a los de arriba. Yo espero que discurra por el primero, aunque temo que él más bien va a optar por el segundo.

8.-

Y a nosotros, ¿qué nos queda? Una segunda vuelta entre un malo y otro no peor, sino igual. Porque lo peor es votar por el “menos malo”, lo peor es que uno de los dos logre posicionarse en el imaginario del electorado como “el progre” o “el agente del cambio”. Ya Figueres anda buscando lo primero, el apoyo del electorado progresista, para obligarnos a repetir la pesadilla de hace cuatro años, la pesadilla de votar por una de las dos cabezas de la hidra, decisión que nos trajo tan malos resultados.

Desvío de fondos de IVM y devaluación de los montos de las pensiones

M.Sc. Rodrigo Arias López. Actuario Matemático

Desvío de fondos de IVM y devaluación de los montos de las pensiones. CCSS se ahorra anualmente hasta ₡145 mil millones entregando pensiones devaluadas.

Comentaba en un artículo anterior que el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) debería tener una reserva de ₡55 billones (Artículos 32 y 34 de la Ley No 17); pero que maquillistas y desviadores de fondos que ocupan altos cargos políticos y administrativos en la CCSS solo le permitieron acumular ₡2.3 billones (ver https://wp.me/p6rfbZ-fUA).  Con estos mega desvíos, que tienen al IVM peor que perro callejero sin dueño, los maquillistas justifican que las pensiones no se pueden revaluar, que hay que aumentar las edades de retito y reducir los beneficios, pero que según ellos y doña Rocío Aguilar Montoya, las pulgas de IVM se deben al envejecimiento de la población, a la informalidad del empleo y al Covid-19. ¿Quién les creerá tan colosal mentira?

La última revaluación de las pensiones la hicieron en mayo de 2019; ni siquiera durante la pandemia los maquillistas han mostrado misericordia, menos por quienes tienen una pensión mínima que Aguilar y Cía. desean desaparecer, pues quienes la disfrutan son algo así como un parásito que “reciben una pensión mayor a la que contribuyeron” (Ver https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/459664/supen-propone-eliminar-pensi-n-m-nima-de-la-ccss). Los miembros de la Junta Directiva de la CCSS que dirigen al clan de maquilladores, creen que ellos son los dueños de los pocos fondos que aún no le han desviado a IVM y que pueden decidir cuándo hacer o no hacer los reajustes por pérdida de valor de los montos de las pensiones. Solo en los últimos 21 meses los desviadores de fondos han dejado de entregar a los pensionados casi ₡30 mil millones, como muestro en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Reajustes por costo de vida no realizados por la Junta Directiva de la CCSS en 2019-2021

Dicha suma escamoteada a los pensionados en menos de dos años es pequeña si analizamos la pérdida de valor que han sufrido las pensiones desde la fecha de vigencia, muchas de las cuales hoy son pensiones mínimas porque los maquillistas no les reponen el costo de vida de manera adecuada. Usando datos suministrados por la misma CCSS con corte a noviembre de 2020 actualicé el monto de la pensión inicial en fecha de vigencia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin superar el tope máximo de pensión y lo comparé con el monto de la pensión vigente en la fecha de corte o actual. Si la pensión actualizada es inferior a la pensión actual, entonces el pensionado se considera “favorecido”, caso contrario “perjudicado”.  Esto lo hice preliminarmente para las pensiones otorgadas en caso de vejez e invalidez, ya que en el caso de muerte no cuento con suficiente información.

Si los datos proporcionados por la CCSS son correctos, el resultado indica que, del total de 215,740 pensiones por invalidez y vejez vigentes en la fecha de corte, un 65.5% resulta perjudicado; es decir, el monto de la pensión de 141,410 pensionados ha sufrido pérdida de valor adquisitivo, frente a 74,330 que se han visto favorecidas. Por ejemplo, un total de 7,486 pensiones otorgadas antes de 1992 han sufrido una pérdida de valor superior a un 50%, o sea que hoy deberían estar recibiendo más del doble de lo que reciben; todo por obra de los desviadores de fondos que gestionan al régimen, que lo manejan como si fuera propiedad de ellos.

El grupo que se ha visto favorecido recibe en promedio un 4% más del monto actualizado con el IPC (Ver el Cuadro 2).  Este beneficio “adicional” es por la garantía de la pensión mínima que doña Rocío Aguilar propone eliminar y porque cuando se calculó la pensión inicial se hizo con una fórmula que solo consideraba 48 salarios sin indexar, lo que ocasionó grandes injusticias. Estimo que este grupo “favorecido” requiere un gasto o beneficio adicional de unos ₡35 mil millones anuales, sobre lo cual me referiré en otra oportunidad.

Cuadro No 2. Pensiones de IVM favorecidas y perjudicadas a noviembre de 2020

El grupo que se ha visto “perjudicado” ha perdido en promedio un 11% de valor adquisitivo en el monto de la pensión, aunque podría ser superior. Si se considera a todo el grupo la pérdida promedio de valor es de un 7% (Ver el Cuadro 2). No obstante, de este lado de los perjudicados opera el riesgo moral de recibir una pensión mayor inflando los salarios en años próximos al retiro, cuando se usaban solo 48 salarios no indexados para calcular el salario de referencia, sobre lo que opinaré en otro artículo.

El gasto que llamo “adicional” en el grupo favorecido, asciende a ₡14,304 millones anuales y el ahorro o escamoteo que han sufrido los perjudicados llega a ₡91 mil millones anuales y alcanzaría los ₡110 mil millones si se agregan los casos de muerte, suponiendo que han sido afectados con mayor intensidad, pues la fecha de vigencia de la pensión del causante es más antigua. Esto sin descontar el posible riesgo moral no estimado. Entonces el desvío de fondos de IVM no es solamente el monto de ₡800 mil millones de cuotas que anualmente no son ingresadas a su contabilidad, sino que hay que agregar los ₡110 mil millones que anualmente le sacan de la bolsa a los pensionados en forma de alimentos, vestido, etc. que ya no podrán adquirir con pensiones devaluadas. Incluso los ₡35 mil millones que los “beneficiados” podrían requerir para corregir sus pensiones iniciales. ¡Se imaginan el mastodonte de billones de colones que le han escamoteado a los pensionados durante todos los años que los han estado sangrando o bolseando!  No obstante, el tema no es solo inflacionario, sino que depende de otras variables, entre ellas la cantidad de cuotas y los salarios cotizados, lo cual analizaré en otra oportunidad.

En el Cuadro 3 presento al agrupo perjudicado, distribuido según rangos de monto de pensión actual, por quinquenios de años de vigencia de la pensión. Contrario a lo que uno podría esperar, la mayor proporción de las pensiones que se han visto perjudicadas son hoy pensiones mínimas; pero no eran pensiones mínimas en la fecha de vigencia. Es decir, muchas de ellas se han devaluado hasta llegar a convertirse en pensiones mínimas. Para doña Rocío Aguilar es que “no contribuyeron para ella”, emulando a José Piñera, exministro de Pinochet, quien atribuye el fracaso del modelo chileno de cuentas individuales a que los trabajadores “no llenaron el tanque” del Mercedes Benz (Ver https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/08/11/guillier-defiende-reforma-de-pensiones-de-bachelet-parafraseando-a-jose-pinera-quieren-mas-gasolina-para-el-mercedes-benz/). De lejos se nota que Aguilar Montoya está buscando gasolina para el “pichirilo” tico, es decir, para el negocio privado de los neoliberales criollos.

Cuadro 3. Cantidad de pensiones perjudicadas según rango de pensión y quinquenio de vigencia

Por ejemplo, casi 8 mil pensiones concedidas antes del año 1995 son hoy pensiones mínimas de ₡137,000 que han perdido un 39% o más de valor; es decir, hoy deberían ser mayores a ₡225,000.  Otras 1,376 pensiones concedidas en el mismo período han tenido una pérdida de un 49%; hoy son de un monto promedio de ₡174,000; pero deberían ser de ₡340,000 (Ver los Cuadros 3 y 4). No obstante, no hay que olvidar el posible riesgo moral antes indicado.

Cuadro 4. Pérdida de valor de las pensiones del grupo afectado

¿Qué dirán o pensarán sobre estos desvíos de fondos y devaluaciones de los montos de las pensiones nuestro presidente Carlos Alvarado y los candidatos al puesto? Posiblemente estarán felices de que existan en la CCSS suficientes maquillistas en los puestos claves que manejan los fondos del seguro social de los trabajadores asalariados. Los empresarios neoliberales y doña Rocío Aguilar hacen porras, piden a voces bajar los aportes patronales, aumentar edades de retiro, bajar beneficios y eliminar las pensiones mínimas, para poder echarle gasolina al “pichirilo” que quieren convertir en un negocio que será un Mercedes Benz para unos cuantos. Los diputados neoliberales les harán el favor de servirles en bandeja lo que queda del pulguiento IVM que produjeron los directivos de la Caja y los gobiernos de turno. ¡El festín neoliberal está más cercano cada día!

Todos contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Proyecto del PUSC de condonación de deudas con la CCSS y FODESAF es pura sinvergüenzada. (Parte 9)

Rodrigo Arias López. Actuario Matemático

El proyecto de Ley del PUSC (expediente N° 21.522) para condonar deudas con la CCSS de patronos y trabajadores independientes sigue ganando adeptos, ya no solo levantaron la mano a favor el PLN, PAC y PRN, sino que hasta el presidente Alvarado (Ver [1]).  ¿Quién levanta la mano para que el Estado le pague a la CCSS la deuda de ₡8 billones? ¿Los diputados? ¿El presidente? Sobre el deber del Presidente de la República de hacer cumplir las leyes nuestra carta magna dice lo siguiente: “ARTÍCULO 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: (…) 3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento” (Destacado no es del original).

¿Y qué hace al respecto la Asamblea Legislativa? ¿Exigirá “los presupuestos ordinarios y extraordinarios” que necesita la CCSS para evitar la quiebra del régimen de pensiones, como ordena el numeral 11) del artículo 121 constitucional? ¿Recurrirá a “formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno (…), cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos”? Como dice el numeral 24) constitucional, ¿no es evidente el perjuicio al interés público? ¿Los servicios y las pensiones de la CCSS no son del interés público?

El proyecto del diputado Pedro Muñoz es pura sinvergüenzada. Si quieren hacerle un favor a la CCSS deben archivarlo y promulgar una ley con seriedad, que tenga algún sentido lógico y técnico, libre de influencias e intereses politiqueros. Si alguien le quiere entrar, debería considerar al menos lo siguiente:

  • Como punto de partida, las tasas de las cuotas de salud y pensiones de los trabajadores independientes, asegurados voluntarios y por convenio deben ser las que existían en el año 2006, antes de que la Junta Directiva de la CCSS violentara la ley y decidiera cobrar el 100% de la cuota a una parte de estos asegurados:

Cuadro 1

Nota: Adicionalmente el Estado contribuirá un 0.25% en salud y pensiones.

  • Las tasas de contribución del cuadro anterior, en el caso de los asegurados de menores ingresos, pueden ser más bajas, para lo cual el Estado debe crear la fuente de recursos ordenada en el artículo 3 de la Ley N° 17. El resto de las tasas de contribución también deben ser ajustadas para que sean suficientes para atender los costos en ambos seguros. Lo importante es que estos asegurados no paguen más que los asalariados.
  • Una vez que se tengan esas tasas de contribución definidas desde el año 2006 a la fecha, la CCSS puede utilizarlas para recalcular el monto de la deuda principal de esos tres grupos de asegurados. Sobre los montos principales incluirá los intereses de ley. La CCSS también calculará y facturará la nueva deuda del Estado de aportes e intereses. No se trata de “borrón y cuenta nueva y que siga la charanga” como pretenden los diputados encabezados por Pedro Muñoz.
  • El Gobierno debe reglamentar el cumplimiento del artículo 74 de la Ley N° 17 que dice: “Corresponderá al Ministro de Hacienda la obligación de presupuestar, anualmente, las rentas suficientes que garanticen la universalización de los seguros sociales y ordenar, en todo caso, el pago efectivo y completo de las contribuciones adeudadas a la Caja por el Estado, como tal y como patrono”; en correspondencia con el artículo 78 de la Ley N° 7983.
  • La base mínima contributiva debe ser aumentada. Se requiere que la Junta Directiva de la CCSS deje de hacerle favorcitos a los jefes de Zapote y Hacienda.

Ahora bien, si los diputados y el Presidente quieren seguir con el mismo proyectito actual sin resolver el problema de fondo, lo menos que podrían hacer es trasladar al Estado la obligación de cancelar a la CCSS las deudas, multas e intereses que piensan perdonar a patronos y trabajadores independientes, pues el Estado es el responsable en última instancia y era lo que estaba vigente antes de la torta de 2007; además, este problema se lo buscaron los administradores de la CCSS y los gobiernos por tomar decisiones que no se apegan a la Ley, ni a la técnica. No es un asunto de pandemia, el chorizo fue adobado por los políticos desde el año 2007.

De continuar con el malévolo proyecto de Pedro Muñoz y compañía al menos vamos a ver a varios de los diputados que le tienen el perro amarrado a la CCSS recusándose de votar el proyecto de ley y de opinar sobre el mismo. Por fortuna el artículo 112 constitucional establece: “Los diputados cumplirán con el deber de probidad. La violación de ese deber producirá la pérdida de la credencial de diputado, en los casos y de acuerdo con los procedimientos que establezca una ley que se aprobará por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.” ¿Será la Ley 8422? ¿Lo cumplirán? ¿Darán el ejemplo los diputados correspondientes?

La CCSS tiene un serio problema actuarial y financiero con varios grupos de asegurados (independientes, voluntarios, por convenio y parte del privado). De no ponérsele atención no solo sufrirán estos sectores, sino también los asegurados asalariados y los que se encuentran en otras modalidades de aseguramiento, incluyendo a los no asegurados. Es decir, todos los seguros y servicios de la CCSS. Los diputados deberían enfocarse en estos problemas de fondo, en lugar de buscar como joder más a la CCSS.

En el año 2019 cotizaron para IVM 1,417,900 personas (Ver Cuadro 2). De estas un 29.3% o 489,172 corresponden a aseguramiento con ingresos cotizables inferiores al salario mínimo legal de ₡320,000, precisamente porque la Junta Directiva de la CCSS mantiene la base mínima contributiva baja para no hacerle una factura importante al Estado, ya que en la mayoría de estos casos al Estado le corresponde una tasa de aporte mayor; es decir, debería en teoría aportar más; pero le reducen el monto de la factura gracias a favores.

Cuadro 2. Asegurados cotizantes de IVM en 2019

Los bajos niveles de salario o ingreso cotizable que se observan en el Cuadro 3, incluyendo a un importante grupo de trabajadores del sector privado, deben llamar a la reflexión. Esto por cuanto no tienen suficiente correspondencia con los costos de los beneficios que deben otorgarse y al final de cuentas estas personas resultan perjudicadas, porque tendrán una pensión mínima, la cual también es mantenida baja por los políticos.

Cuadro 3. Distribución de cotizantes de IVM según rango de salario cotizado – año 2019

Gráfico 1

El “sector” en los datos de los cuadros anteriores corresponde al que tenía el trabajador cuando aportó la última cuota, en 2019 o antes, según datos proporcionados por la Gerencia de Pensiones. Es notorio que en la empresa privada prefieren trabajadores jóvenes, lo cual presiona a los otros sectores (Ver Gráfico 1). Los cotizantes voluntarios están haciendo su esfuerzo para tener una pensión, lo cual es importante; pero a la vez una llamada de atención por el nivel de los beneficios y la reducción del aporte estatal. El sector de trabajadores independientes también viene cobrando fuerza. Los datos del Gráfico 2 lo conforman.

Gráfico 2

En definitiva, el IVM continuará aumentando la cantidad de pensionados al igual que sus deficiencias financieras y de gestión, mientras que los diputados se esfuerzan por ponerle piedras en el camino para llevar agua a sus molinos. La deuda con la CCSS continuará como un asunto de poco o ningún interés público y no veo a los directivos de la institución exigiendo al gobierno que pague la deuda.

[1] https://semanariouniversidad.com/pais/gobierno-acelera-plan-socialcristiano-de-condonacion-de-deudas-con-la-ccss-con-retiro-de-agenda-de-asamblea-legislativa/

 

Foto Semanario Universidad.

Más estafas “legales” contra la Caja Costarricense de Seguro Social – (Parte 8)

Rodrigo Arias López. Actuario Matemático

Más estafas “legales” contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Proyecto del PUSC avalado por PLN, PAC y PRN pide garrote para la insigne institución.

Se tramita en la corriente legislativa un proyecto de Ley bajo el expediente 21.522 “AMNISTÍA PARA LA FORMALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CARGAS SOCIALES” presentado por los diputados del PUSC, entre ellos Pedro Miguel Muñoz Fonseca, el 31 de julio de 2019, el cual pretende condonar deudas a patronos y trabajadores independientes con la CCSS y las cuentas individuales que los trabajadores tienen en el Régimen Obligatorio de Pensiones y el Fondo de Capitalización Laboral creados por la Ley de Protección al Trabajador N° 7983. (Ver https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2021/07/EXPEDIENTE-N.°-21.522.pdf).

Preocupa no solo la afectación que tendrá la CCSS, sus asegurados y los trabajadores con cuentas individuales obligatorias, sino también el desestimulo y el mensaje erróneo que le envían a los patronos y trabajadores independientes honrados que pagan puntualmente sus obligaciones con la seguridad social. Sin embargo, como veremos más adelante, los trabajadores independientes y sus seguros en la CCSS requieren de una solución urgente. La motivación del proyecto es deficiente y no presenta los datos completos de la morosidad con la CCSS y nada sobre la morosidad con la Ley N° 7983. Únicamente dice “Al 31 de mayo de 2019, existen 15.553 patronos activos que adeudan a la institución ₡71.445 millones, monto que no incluye los intereses, multas y sanciones”, lo cual, como veremos, oculta la realidad.

Recientemente el diputado Pedro Muñoz -cacique del PUSC- presentó un texto sustituto del proyecto 21.522, en el cual excluye las condonaciones de adeudos a las cuentas individuales (Ley 7983; a lo mejor doña Rocío Aguilar Montoya hizo lobby!), a cambio de condonaciones de rubros en mora con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (Ver http://www.masterlex.com/descargas/PuntoJuridico/2021/Junio/Texto_sustitutivo_Condonacion_CCSS.pdf). Como dice el dicho, el hilo se revienta por la parte más delgada, a pesar de que se autodenominan “socialcristianos”. Después los veremos con el puñal escondido pidiendo el voto a los más pobres. La nueva versión “fue votada por nueve legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional (PRN) y el diputado independiente Erick Rodríguez”, informa La Extra (https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/451968/avanza-amnist-a-para-trabajadores-independientes-). Para fortuna del PUSC ya no estará solo escondiendo el puñal cuando esté buscando el apoyo popular el próximo año. Por supuesto que los jerarcas de la CCSS hacen la pantomima o el show de que se oponen al mismo (https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/caja-se-opone-a-condonar-deudas/). Saben que con eso ganan publicidad gratuita. ¿Quién le creerá a Macaya lo que dice en esa publicación, cuando el desvío de fondos y los maquillajes actuariales son lo cotidiano que ocurre en la CCSS, con la bendición de él y de la Junta Directiva de esa institución?:

“Tiene que ser un pragmatismo legalmente sustentado, constitucionalmente sustentado, económicamente sustentado y actuarialmente sustentado. Todos esos filtros son los que tienen que considerarse a la hora de cualquier iniciativa, en este caso condonar o crear una amnistía”. “Ahí es donde la Junta Directiva, principalmente porque está violando el artículo 73, que le asigna exclusivamente a la institución el gobierno de esos seguros sociales, acordó oponernos al proyecto tal y como está”, dice Macaya en esa fuente.

¿Será que la cantidad de filtros que tienen la Constitución y las leyes actuales sobre el seguro social y la seguridad social no le permiten a Macaya y demás autoridades y Directivos de la CCSS ver lo que en ellas dice? ¿O será que la Constitución y las leyes actuales no tienen los filtros que Macaya exige? ¿O sería que a Macaya lo asesoró el nuevo trío “López, Picado, Alfaro” que asesoró a doña Rocío Sáenz pocos años atrás? En la época de doña Ileana Balmaceda -cuando quebraron el seguro de salud- el trío era distinto (era el trío “López, Guardia, González”); el nuevo trío tiene dos miembros renovados, con más músculo, bendición y poder para que todo sea como Macaya lo exige, con “pragmatismo legalmente sustentado, constitucionalmente sustentado, económicamente sustentado y actuarialmente sustentado”. Los tres componentes idóneos: el jurídico, el financiero-económico y el actuarial. Por eso en el nuevo trío un miembro -el de mayor experiencia- domina la técnica actuarial al dedillo y es capaz de encontrar superávits donde hay pérdidas, otro maneja con gran sabiduría, rentabilidad y seguridad la platilla que aún le queda a la CCSS, en particular, el anémico IVM, su gran experiencia mató la necesidad de exigirle un título de maestría para nombrarlo en el puesto, por lo que ese requisito se cambió a “deseable” como antiguos y viejos conocidos ¿quién lo cambió?, y el tercero es experto en ciencias jurídicas para que le diga al oído al resto del equipo -incluido Macaya y los 8 caballeros y damas restantes de Junta Directiva- lo que es justo, legal y lo que no; también cuenta con gran experiencia. Si así fue, sin duda que Macaya y compañia está en todas como decimos los Ticos ¿Quién pondría en duda la experiencia, formación profesional y la ética de este RENOVADO Y FORATELECIDO trío? Aunque no faltaría quien lo dude y diga: “pobre el IVM y sus asegurados, lo que les espera”.

La cifra de ₡71.445 millones de morosidad patronal que menciona Pedro Muñoz en su proyecto, no solo está desactualizada, sino que oculta la verdad a la sociedad. El monto de la deuda morosa con la CCSS al año 2020 asciende a casi ₡840 mil millones, sin incluir la deuda estatal; pero recordemos que los miembros de la Junta Directiva de la CCSS, como son super cuates, compadres y camaradas de los otros políticos de Zapote y Hacienda, le tienen contabilizada al Estado una deuda bien bajita de solamente ₡2.2 billones. Más de la mitad de esos ₡840 mil millones corresponden a casos inactivos, muchos de los cuales son pura sinvergüenzada para no honrar las obligaciones. (Ver el Cuadro 1).

En https://www.elpais.cr/2020/02/05/ccss-rechaza-proyecto-legislativo-de-amnistia-para-recaudar-cargas-sociales/ se informa: “Luis Diego Calderón, Gerente Financiero de la Caja respondió que el dato histórico en el sector patronal es de cerca de 250 mil millones de colones, que de estos 76 mil millones corresponden a patronos activos y el monto restante corresponde a patronos inactivos, la estimación de lo adeudado representa menos del uno por ciento de la facturación de la Caja al año”, por lo que al comparar esas cifras con las del Cuadro 1 -suministradas por la CCSS a FECTASALUD y ANEP- se observa que presuntamente no se ajustan a la verdad completa; además de que el Gerente minimiza su importancia al decir “representa menos del uno por ciento”.

El proyecto de ley de Pedro (ahora del PUSC, PLN, PAC, PRN y Erick Rodríguez) no solo es omiso en mostrar la información sobre morosidad de los patronos y trabajadores independientes inactivos, sino que omite la morosidad superior a los ₡281 mil millones que tienen los trabajadores independientes y el análisis de las causas fundamentales por las cuales esta morosidad es tan elevada en este sector de trabajadores.

Sin lugar a dudas los gobiernos y las autoridades de la CCSS, principalmente la Junta Directiva, son los responsables directos de la situación preocupante que afronta, no solo este sector de trabajadores independientes, sino los regímenes de salud y pensiones que se han visto afectados por la irresponsabilidad de algunos funcionarios públicos a quienes no les importa el futuro de los trabajadores, sean asalariados o no asalariados, como lo he venido mostrando y seguiremos viendo.

La Ley 7983 dispuso en su transitorio XVIII lo siguiente: “La Caja formulará dentro de los seis meses siguientes, contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, un plan de universalización de la cobertura del seguro social, en el que deberá establecer un cronograma con objetivos anuales cuantificables que deberán ser verificados y evaluados por el Sistema Nacional de Evaluación, del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.” ¿Dónde están esos planes de la CCSS y las evaluaciones del ministerio candidato a Mega Ministerio? ¿Alguien los conoce para que me los muestre? Y si eso no existe ¿cómo iban a lograr la universalización de los seguros a los trabajadores independientes, ordenada en el Transitorio XII de esa misma ley? La respuesta los políticos la tenían clara, seguir desviando fondos de los trabajadores asalariados, tal como lo he venido mostrando.

Precisamente la Ley 7983 dispuso en el artículo 78 fondos adicionales para financiar dicha universalización (el seguro para los independientes). Pero ¿recuerdan lo que sucedió con esos recursos? ¿Le llegaron a la CCSS? ¿Le llegan hoy completos a la CCSS?: “Recursos para el fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte Se establece una contribución del quince por ciento (15%) de las utilidades netas de las empresas públicas del Estado, se encuentren en régimen de competencia o no. Lo anterior, calculado de conformidad con los estados financieros auditados anualmente, con el propósito de fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en cuanto a su financiamiento y para universalizar la cobertura de la CCSS a los sectores de trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza” dice el garroteado artículo 78. ¡Viva Maripepa! Recuerden que la vedette quería ser primera dama en Tiquicia, lo que atrajo la atención de los medios mucho más que los dineros que le esconden a la Caja.

La misma ley adicionó al artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS N° 17 el párrafo siguiente -por aquello de que los recursos del artículo 78 no fueran suficientes-: “Corresponderá al Ministro de Hacienda la obligación de presupuestar, anualmente, las rentas suficientes que garanticen la universalización de los seguros sociales y ordenar, en todo caso, el pago efectivo y completo de las contribuciones adeudadas a la Caja por el Estado, como tal y como patrono. El incumplimiento de cualquiera de estos deberes acarreará en su contra las responsabilidades de ley. Penalmente esta conducta será sancionada con la pena prevista en el artículo 330 del Código Penal.” ¿Dónde están esos dineros? ¿Qué hizo la Junta Directiva de la CCSS para tener esos fondos? ¿Quién está en la cárcel? ¿Dónde está el Ministerio Público defendiendo a los asegurados? ¿Qué hacen la Contraloría General de la Repúblicas y las Auditorías Internas? ¿Y los diputados, al menos uno de los 57? Bueno, para ser honrado, reconozco el esfuerzo del diputado José María Villalta, no solo con esos fondos del artículo 78, sino también por la recuperación -en alas de cucaracha- de aquel mega chorizo del artículo 9 de la Ley 7374, superior a los ₡6 billones que obviamente no aparecen como deuda estatal en los estados financieros avalados por la Junta Directiva de la CCSS -solo los ₡2,2 billoncillos-. ¡Así es el trato entre compadres, no faltaba más! Por mera “coincidencia” ese texto adicionado al artículo 74 de la Ley 17 se parece al texto del artículo 9 de la Ley 7374. El texto más reciente supera al más antiguo principalmente porque “amenaza con cárcel”, por lo que seguro de ahí saldrá un mega salchichón mayor que el mega chorizo de ₡6 billones que nació del artículo 9 de la Ley 7374. Cuando alguien lo intente medir seguro no va a poder porque estará demasiado hediondo.

La Ley 7983 también agregó al artículo 3 de la Ley 17 lo siguiente: “Para los trabajadores independientes cuyo ingreso neto sea inferior al salario mínimo legal y que soliciten su afiliación al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, la cuota del Estado se incrementará con el fin de subsanar parcialmente la ausencia de la cuota patronal. Para tales efectos, se creará un programa especial permanente a cargo del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”. ¿Qué hizo al respecto la Junta Directiva de la CCSS? ¿Alguien sabe cuándo crearon el “programa”? ¿Quién lo creó, los diputados? No lo localizo.

Y para cerrar con boche de oro la misma Ley 7983 le adicionó el siguiente texto al artículo 1 de la Ley N° 17: “La institución creada para aplicar los seguros sociales obligatorios se llamará Caja Costarricense de Seguro Social y, para los efectos de esta ley y sus reglamentos, CAJA. “La Caja es una institución autónoma a la cual le corresponde el gobierno y la administración de los seguros sociales. Los fondos y las reservas de estos seguros no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas de las que motivaron su creación. Esto último se prohíbe expresamente.” Es decir, le ordena a la CCSS no usar las cuotas de los asalariados para esa universalización del seguro al sector no asalariado. No obstante, los miembros de la Junta Directiva de la CCSS parece que padecían o aún padecen dislexia, pues leyeron que los autorizaban a desviar fondos de las cuotas aportadas por los patronos y por los trabajadores asalariados, como ya lo venían haciendo desde antes del año 2000. Como tantearon que los trabajadores asalariados aguantaban o no sabían que les desviaban aportes, en el año 2007 la Junta Directiva de la CCSS aumentó las cuotas a los trabajadores independientes a tal grado que los asfixió, le quitó responsabilidades al Estado y dejó la base mínima contributiva lo más bajita que pudo para que los favores a los gobiernos fueran bien altos, creyendo los miembros de esa Junta Directiva que el Estado era lo mismo que el Consejo de Gobierno que los nombra cada cuatro años. ¡Muy agradecidos los compadres!

Regresando al proyecto de Pedro ¿será que los diputados del PUSC -acuerpados ahora por otros partidos- realmente están pensando en ayudarle a los patronos y trabajadores independientes que por las malas decisiones de los políticos incluidos ellos, están hoy en una situación muy complicada, o será que desean ayudarle a grupos poderosos de ambos sectores? La respuesta a esta interrogante no está disponible, habría que preguntarle a Pedro y compañía; sin embargo, algunos datos ponen a meditar a medio mundo. Según la información proporcionada por la CCSS para construir el Cuadro 1, existen al menos 38 patronos que le adeudan a esa institución ₡35,985 millones en forma conjunta. La deuda individual de cada uno varía desde los ₡500 millones hasta los ₡3,461 millones. Diez de ellos adeudan cada uno más de ₡1,000 millones. Algunos ya cerraron la empresa. Veinte trabajadores independientes tienen deudas con la CCSS que varían de los ₡100 millones hasta los ₡319 millones y una deuda total de ₡2,867 millones, sin descartar que estos montos estén más que duplicados por las escalas aprobadas en el año 2007. Me pregunto si Pedro Muñoz estará al tanto de ello o si solicitará a la CCSS que le aporte la información completa y detallada, incluyendo multas e intereses, nombres, apellidos, cédulas físicas y jurídicas. ¿Publicará Pedrito esos datos en los medios?

Supongamos que el proyecto de Pedro es aprobado -espero que no-. ¿Quién tapará el hueco que quedaría en las finanzas de la CCSS -salud y pensiones- por esa creación o maquillaje de los políticos de la CCSS y los gobiernos iniciada en el año 2000 con la Ley 7983? Los asalariados obviamente. El proyecto de reforma a IVM les quedará como anillo al dedo; más adelante doña Rocío Aguilar Montoya les ofrecerá una atractiva cuenta individual. Unas décadas después llamarán al cierre del IVM y posteriormente la CCSS.

¿Qué dice el máximo órgano constitucional sobre el desvío de fondos de los seguros sociales en la CCSS? Es un asunto que no les compete, sentenció hace una década el máximo órgano (Ver [1] y [2]):

No le compete a esta Sala revisar si lo actuado por las autoridades accionadas se ajusta o no a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común -administrativa o jurisdiccional-, ya que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración. Por ello, deberá la parte recurrente plantear su inconformidad o reclamo ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara”.

Chistosamente los juristas me mandaron a la CCSS -la autoridad recurrida- la que desvía los fondos . Más adelante les contaré lo que sucedió cuando se lo envié a la Fiscala General doña Emilia Navas Aparicio, cuando movía las redes sociales de la esperanza.

¿Qué dice la Sala sobre estos maquillajes de la Junta Directiva de la CCSS y los gobiernos iniciada contra los trabajadores independientes en el año 2007 y las omisiones o el incumplimiento de partes fundamentales de la Ley 7983 indicadas anteriormente? Nada aún, a pesar de que desde el año 2017 tienen en el escritorio una acción de inconstitucionalidad durmiendo el sueño de los justos. Ni la misma Procuraduría General de la República (PGR) -siendo abogado del Estado- se pudo tragar el cuento. ¡Me pregunto si don Gilberth Alfaro Morales observó pasar el ELEFANTE, o si será que forma parte del grupo de los camaradas y compadres!. La PGR concluyó (Ver [3]):

CONCLUSIÓN. En virtud de lo expuesto, se concluye que los acuerdos impugnados, dictados por la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, son parcialmente inconstitucionales en cuanto han creado una escala contributiva que exime al Estado de contribuir, para efectos de ajustar la ausencia de la cuota patronal, con el seguro social de los Trabajadores Independientes de mayor ingreso, específicamente aquellos ubicados en las categorías 4 y 5, lo cual violenta los principios constitucionales de razonabilidad, solidaridad social, justicia social y igualdad. ” (Destacados no son del original)

Aunque me temo que el asunto es más serio que eso. Posiblemente los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional están muy tranquilos y frescos en el fondo de pensiones al que ellos pertenecen, que si es el del Poder Judicial se financia con una cuota que es casi tres veces la que la Junta Directiva de la CCSS le traslada a IVM, muy flaquita debido al 7,5% sobre los salarios que le desvían desde hace décadas. Presuntamente más tranquilos estarán los llamados a “impartir justicia” sabiendo que si suben la cuota del Estado en IVM también sube la cuota del 29% que se cotiza para el Fondo de Pensiones del Poder Judicial. ¿Quiénes pagan la cuota del 29% sobre los salarios de ese fondo de pensiones? Hasta los más pobres de Costa Rica con los impuestos que recauda el Gobierno y por supuesto todos los cotizantes de IVM que ahora quieren leñatear.

[1] https://drive.google.com/file/d/14RXzD83l6G8JzqzEnF93P52gxZUsTWdv/view?usp=sharing

[2] https://drive.google.com/file/d/1KJudBrL0vjDq18CM0eyVjLGjFo3WdKa1/view?usp=sharing

[3] http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/asunto_cons/asu_informe_pgr.aspx?ContInforme=0&param1=AIP&nValor1=1&param5=17-011922-0007-CO&paramInf=1&strTipM=IP1

Vaguedades e incoherencias insolidarias

Acerca de la nota enviada a autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo por un grupo de empresarios e intelectuales

Grupo Economía Pluralista[i]

Hay varios aspectos que destacamos en la nota mencionada: las inconsistencias internas del planteamiento; la vaguedad de la mayoría de sus propuestas; su énfasis en medidas que debilitarían la institucionalidad pública y agravarían la crisis; y, en contraste con lo anterior, la evidente omisión de cualquier compromiso solidario por parte de las personas firmantes.

  1. Un planteamiento inconsistente y contradictorio

Las distinguidas personas firmantes de la nota, reconocen la existencia de “un legado histórico de brechas y dualismos estructurales”. Elogian la existencia de empresas modernas de alta productividad, en contraste con “un sector muy amplio de micro y pequeñas empresas de baja productividad y empleos de más baja calidad, cuando no precarios”. Incluso reconocen los graves problemas de desigualdad, existentes desde antes de la crisis asociada a la pandemia del Covid-19.

Aun cuando la anterior es una radiografía muy incompleta, sí deja suficientemente claro que existe una realidad de graves desbalances, fracturas y asimetrías, tanto en lo económico como en lo social. La conclusión obligatoria a que ello debería conducir, es al reconocimiento de que al país le urge replantearse a profundidad la estrategia o modelo de desarrollo. Y, sin embargo, claramente se elude reconocer tal cosa, cuando a lo sumo se propone un curso de políticas que, en lo esencial, implica perpetuar el statu quo, con apenas pequeños retoques y ajustes.

Así, por ejemplo, se reclama “un fortalecimiento del sector privado formal, que es el que genera los empleos de calidad” (énfasis agregado) ¿y el millón y resto de personas que permanecen en la informalidad? ¿Han de seguir en el olvido y la posposición, tal cual por muchos años se ha hecho? O bien se agrega que se requiere “el fortalecimiento de las cadenas de valor en aquello que hemos demostrado ser competitivos” (énfasis agregados). Lo cual obliga a preguntarse ¿en qué “hemos demostrado” tal competitividad? ¿Las zonas francas con su generoso ramillete de privilegios tributarios? ¿Las explotaciones piñeras con su atropello a los derechos laborales y todo el daño ambiental que provocan? Del contexto se desprende que ello no incluye a la mayor parte de las micro y pequeñas empresas y, definitivamente, no a los millones de personas en la informalidad laboral, en cuyo caso no habría interés en “fortalecer” a estos sectores que, claramente, han sido perdedores dentro de este modelo o estrategia de desarrollo.

Por otra parte, es interesante el enfoque que se asume, el cual se formula a partir de una mirada hacia el pasado y en retrospectiva: interesa aquello en que “hemos demostrado ser competitivos” (sea lo que fuere que eso signifique). No se mira al futuro, en búsqueda de nuevas opciones productivas, no solo más competitivas, sino, y sobre todo, inclusivas, equilibradas, equitativas, respetuosas de los derechos laborales y del ambiente.

2. La vaguedad como propuesta… excepto en lo que atañe al sector público

El planteamiento general del documento es sumamente vago. Hablan de cinco crisis distintas para, enseguida, apelar a la figura retórica de la “tormenta perfecta”, sin diferenciar apropiadamente entre los ritmos, tiempos, urgencia, naturaleza y causas que cualifican y especifican cada una de esas crisis.

Ello lleva a un planteamiento sumamente confuso, donde, después de reconocer “que no se puede hacer todo a la vez”, pasan a proponer “un enfoque holístico estableciendo prioridades”. Váyase a saber qué significa tal cosa. Lo único que enseguida queda claro, es la total oscuridad de su propuesta, cuando señalan que “la prioridad inmediata debe ser atacar, por todos los medios posibles, las cinco crisis mencionadas arriba”.

No podría haber una forma más dramáticamente desafortunada de definir prioridades.

Uno de los pocos aspectos donde sí se ofrece una formulación precisa y directa es en lo atinente al sector público, según una tónica claramente restrictiva y austeritaria, basada –como se ha vuelto costumbre– en el ataque y estigmatización de empleados y empleadas del sector público, precisamente en momentos cuando este es el que aporta la primera línea de defensa contra la pandemia, y cuando ese sector público, en pleno, hace un esfuerzo mayúsculo de reinvención para enfrentar la crisis.

Aparte de lo cual quedan dos preguntas fundamentales, que las personas firmantes de la nota omiten considerar:

  • Primero, acerca de las implicaciones negativas, para una economía sumida en una profunda recesión, que derivarían de los recortes propuestos. En las últimas semanas se han hecho públicas las preocupaciones de municipalidades, asociaciones comunales, juntas de educación e incluso empresariado vinculado al sector construcción, acerca de las consecuencias que esos recortes traerían. Son ejemplos concretos, que ilustran que esos recortes agravarían la crisis tanto en sus manifestaciones económicas como sociales y humanas.
  • Segundo, acerca del debilitamiento de la institucionalidad pública en momentos en que la crisis provoca una multiplicación de demandas y necesidades que esa institucionalidad debe atender y tratar de resolver. Por ejemplo: hace pocos días, un comunicado de Casa Presidencial informaba acerca del incremento de solicitudes de auxilio que el IMAS debió atender durante estos meses de crisis: cerca de 1,5 millones, con un incremento de alrededor del 350%.

Por lo tanto, las propuestas recortistas que estas personas promueven, claramente son una apuesta por el agravamiento de la crisis.

Hay algunos otros planteamientos específicos que podríamos compartir. La propuesta para la creación de un fondo de avales y garantías, la hemos reiterado en numerosas ocasiones. La posible creación de una Comisión Consultiva de Reactivación Económica, podría ser apropiada, a condición de que sea un foro realmente inclusivo y participativo, abierto en igualdad de condiciones a todos los sectores de la sociedad costarricense, y absolutamente transparente en su funcionamiento. La consabida simplificación de trámites es necesaria, siempre que ello no signifique descuidar la vigilancia y protección de los derechos laborales y del ambiente.

3. ¿Qué aporta cada quien ante la crisis?

Está claro que para las personas firmantes de la nota, los empleados y empleadas del sector público deben asumir una cuota importante, mediante una reducción de jornadas, cuya implicación más irracional y absurda tiene que ver con el debilitamiento de la capacidad de respuesta de las instituciones públicas, justo cuando éstas enfrentan demandas incrementadas ante la multiplicación de necesidades que la crisis provoca.

Notoriamente no se ofrece ninguna propuesta que pudiera implicar aporte por parte de los sectores que más riqueza poseen en Costa Rica. Esta omisión es particularmente notable, puesto que quienes firman la nota son, en general, personas solventes, incluyendo a algunas de las personas más ricas de Costa Rica. 

Es sintomático que las palabras “solidaridad”, “solidario”, “solidaria”, no aparezcan citadas ni una sola vez en esta carta. Lo cual hace necesario recordar que los valores de la solidaridad, compasión y equidad, son indispensables para construir una convivencia civilizada y pacífica. Tampoco debe olvidarse que sin una vida digna para todas y todos, difícilmente habrá paz social, y que sin paz social ni la sociedad prospera, ni tampoco lo harán los negocios privados.

4. Medidas urgentes

En los diversos pronunciamientos que nuestro grupo ha emitido, así como en los foros y entrevistas que en forma individual hemos participado, hemos planteado una amplia variedad de medidas, de corto, mediano y largo plazo, para aliviar la recesión, auxiliar a las personas y familias más afectadas, preservar la estabilidad de la economía y preparar el camino para su recuperación. No entraremos aquí en detalles al respecto, aunque sí enfatizamos la centralidad de los valores de solidaridad, justicia y equidad que nos inspiran, de donde se deriva la obligación de que cada quien aporte según sus posibilidades, lo cual incluye a personas integrantes de este grupo.

En esta nota, en particular, queremos retomar dos propuestas de política que, en el contexto actual, estimamos que es urgente tener en cuenta.

Primero, en relación con las políticas sanitarias. Por un lado, la urgencia de fortalecer la institucionalidad a cargo de la atención de las enfermedades, que permite recuperar la salud de las personas y salvar vidas, lo cual atañe fundamentalmente a la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero también es importante ponerle atención y reforzar la red pública de bienestar: bonos, subsidios, servicios básicos (electricidad, agua, telecomunicaciones), educación, vivienda, entre otros.  Todo lo cual es fundamental, ya no solo para atender la enfermedad, sino, sobre todo, para la prevención y el cuido de  la salud, una responsabilidad que hoy es asumida principalmente en los hogares y sobre todo por parte de las mujeres, siendo que las situaciones de privación y carencia impiden a menudo que esa tarea pueda ser satisfecha apropiadamente. De ahí que, en contra de las usuales y muy dañinas tesis de austeridad fiscal, sea de la mayor importancia que se fortalezca la institucionalidad pública-estatal a cargo de apoyar esa labor de cuido y prevención.

Segundo, una propuesta de política que es urgente se ponga en marcha, a fin de preservar el normal funcionamiento del sector público, aliviar el déficit fiscal y fortalecer financieramente a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), todo lo cual es indispensable para mantener la estabilidad de la economía y la paz social.

Lo resumimos en lo siguiente: en el contexto deflacionario que vivimos, con una profunda recesión en curso y agravamiento extremo de los problemas del empleo y de la pobreza, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) debe asumir una posición mucho más proactiva, no sólo proveyendo liquidez al mercado financiero en general, sino también apalancando las necesidades de financiamiento del Gobierno Central y reduciendo la presión de la carga financiera de la deuda, mediante los mecanismos que hoy la ley le provee, y a través de los cuales pueden promover una baja considerable de las tasas de interés sobre la deuda.

Con este fin, el Banco Central en conjunto con el Ministerio de Hacienda, y a través de un equipo técnico conformado para tal fin, deben analizar las necesidades de financiamiento a corto y mediano plazo del Gobierno Central, incluyendo aspectos importantes como la deuda del Gobierno con la CCSS, necesidades de flujo de caja del Gobierno Central, riesgos monetarios, así como el costo actual de los intereses pagados por la deuda interna, entre otros.  El resultado de dicho análisis deberá derivar en una propuesta de apoyo financiero de parte del BCCR al Gobierno Central.

Dicha propuesta derivaría en la definición de un monto adecuado de dinero que el Ejecutivo podrá financiar vía emisión de deuda pública, en una o varias emisiones, según los plazos de vencimiento que el equipo técnico antes mencionado considere prudentes y con tasas de interés lo más bajas posibles.

Esta deuda será emitida en el mercado primario para ser adquirida, previo acuerdo, por un banco público.  Posterior a esta compra el BCCR intervendrá en el mercado secundario adquiriendo estas emisiones de deuda.

5. A modo de conclusión

Comprendemos y respetamos que el gobierno escuche y tome en cuenta lo que plantean organizaciones que representan a sectores de gran poder económico, como la UCCAEP y Horizonte Positivo. Pero resaltamos que, igualmente, es su deber ineludible escuchar y tomar en cuenta los planteamientos de otros grupos y sectores. En democracia, todas las voces ciudadanas están investidas de la misma legitimidad y todas por igual tienen derecho a ser escuchadas. No respetar este principio fundamental, conlleva falsear la democracia.

[i] El Grupo Economía Pluralista reivindica y busca visibilizar la diversidad de enfoques teóricos y epistémicos que enriquecen el bagaje científico de la economía, como asimismo enfatiza que la economía, desprovista de un compromiso ético y moral, deviene un ejercicio intelectual estéril y deshumanizado. Somos más de 25 profesionales en economía, y nos movemos en ámbitos diversos: la academia, el sector público y privado y las comunidades.

Foto: CCSS

Ante el Coronavirus, ¿la bolsa o la vida?, o ¿la sedición política?

Vladimir de la Cruz

Cuando la Revolución Rusa, recién triunfada en noviembre de 1917, puso fin a su participación en la I Guerra Mundial, inició un proceso de negociaciones para logar la Paz, desde noviembre de 1917 hasta que firmó, el 3 de marzo de 1918, el Tratado Brest Litovsk, con el Imperio Austro Húngaro, con el Imperio Otomano y con Bulgaria, en la ciudad hoy bielorusa de Brest Litovsk, con el cual perdió muchos territorios que le pertenecían, o sobre los que ejercía dominio.

Lenin, el gran dirigente soviético, entendía que la Paz era esencial para la consolidación de la Revolución. Esta Paz lograda empezó Lenin a negociarla a los pocos días de triunfada la Revolución, ofreciendo la paz a los alemanes el 26 de noviembre de 1917.

Rusia perdió, principalmente, con la firma del Tratado el control de Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Besarabia y los territorios de Ardahan, Kars y Batumi.

Entre los dirigentes soviéticos que estuvieron a cargo de la negociación del Tratado de Brest Litovsk estaba León Trotski, que en ese momento era el Comisario de Relaciones Exteriores de la joven Revolución Rusa, y uno de sus grandes dirigentes, que estaba de acuerdo, y seguía las instrucciones de Lenin, de que era necesario esa firma para asegurar el triunfo de la Revolución.

La estabilidad lograda era lo que iba a ser la base para la preparación de los primeros años de la Revolución, de su consolidación inicial, de la gestación de la Unión Soviética poco tiempo después, y de la preparación para la dura guerra civil interna que le siguió.

Los primeros tres decretos de Lenin fueron el de la Paz, el del Pan y el de la Tierra. Eran tres elementos estratégicos que habían contribuido al triunfo revolucionario bolchevique.

Lenin fue enfrentado por algunos dirigentes y críticos por el acuerdo logrado. Su respuesta fue sencilla. Dijo: si uno va por una calle y le aparece un ladrón que, asaltándolo, a mano armada, le dice “la bolsa o la vida”, ¿qué se debe hacer? Y, él mismo respondió: entregar la bolsa, porque con la vida se puede volver a recuperar la bolsa.

Hago esta rememoración de este evento tan crucial para la entonces Revolución Rusa, como para la nueva época que surgía, a partir de entonces, para valorar la situación que tenemos de enfrentamiento de la pandemia del Coronavirus, o COVID-19, que ha socavado las bases económicas de las relaciones internacionales y que ha provocado inmensos daños en la economía mundial, y local de las diferentes naciones, de las cuales no escapamos en Costa Rica.

Esta Pandemia ha obligado a tomar medidas extremas de cuidar la población, al menos en países como el nuestro, asediada sigilosamente por el Coronavirus, que amenaza con expandirse de una manera exponencial, e impredecible, con el impacto que eso tiene en la estructura productiva de cada país, que ha paralizado muchas ramas de la economía, la producción, el comercio y los transportes…

Semanas enfrentamos de esta situación. Muchos países no están preparados en sus instalaciones sanitarias, hospitalarias, y de seguridad social, para atender enfermos y realizar exámenes masivos a la población, otros con alguna, pero deficiente infraestructura de esta naturaleza y, pocos, como Costa Rica, que si lo estamos, con un sistema de seguridad social, hospitalario, y de políticas de salud pública, que ha permitido hasta hoy un buen control de la expansión del virus sobre la población nacional, pero que no ha logrado activar los niveles de la producción y de la actividad económica al momento antes de la pandemia, como quisieran los empresarios, los comerciantes y diversos productores, y como quisiéramos todos los costarricenses.

Hasta hoy no ha habido carencia grave de productos agrícolas ni de primera necesidad para los ciudadanos, que genere una hambruna nacional. Procesos básicos productivos se han mantenido, especialmente en área de alimentos. Ciertamente hay limitaciones impuestas por la reducción de jornadas de trabajo y la reducción de salarios e ingresos por ellas ocasionados, por el despido de trabajadores de empresas, por el subempleo y el empleo informal a que se ha sometido una parte de la población. Tal vez todavía no tengamos conocimiento con mayor certeza del impacto social hasta ahora provocado por la pandemia en el país, pero pareciera que hasta hoy se ha impedido que esta situación explote en todos los sentidos.

Las políticas públicas, hasta hoy en ejecución, han logrado poner de relieve la vida de los ciudadanos costarricenses, y de los habitantes del territorio nacional, y de los extranjeros que viven y trabajan con nosotros.

Es cierto también que los empresarios, comerciantes y algunos productores pegan gritos en los cielos por los cierres impuestos a última hora, por las medidas tomadas con motivo de la explosión del crecimiento de enfermos detectados, que no bajan del promedio de 60 personas diarias en la última semana, con una amenaza de que ellos repercutan a razón de 10 por cada enfermo si no se toman las precauciones del caso.

Lo más violento de esta situación se ha dado en estos últimos días, cuando en las regiones agrícolas del norte, especialmente, se ha detectado más de 30 empresas que violando sistemas de contratación laboral emplean personas ilegales en el país, con un estatus migratorio irregular, sin pago y cubrimiento del Seguro Social, haciéndolos vivir en condiciones muy precarias, que los pone en alto riesgo de enfermarse, o de multiplicar más fácilmente su condición de trasmisores del coronavirus, si han llegado enfermos a esos trabajos, o han adquirido la enfermedad en el país.

La violencia de los empresarios irresponsables ha llegado casi al límite de la sedición política, al anunciar públicamente que no aceptarán ni acatarán las disposiciones del Gobierno y del Ministerio de Salud, en las medidas restrictivas que se han vuelto a poner o establecer.

En Costa Rica la Ley se respeta. Este pronunciamiento es inaceptable desde todo punto de vista. Hasta ahora ningún partido político, ni los diputados en la Asamblea Legislativa, ha levantado la voz sobre este llamamiento sedicioso y peligroso para la salud pública, la salud de todos los ciudadanos y la propia estabilidad democrática.

Lo que tenemos que tener claro es que el Gobierno de la República, sus autoridades de Salud, de Seguridad Social, de Seguridad Pública, de Migración y Extranjería, de la Comisión Nacional de Emergencias y de Comercio Exterior, que han estado al frente de la conducción de esta situación, han hecho, y hacen, lo posible por normalizar la situación económica, comercial y productiva del país, pero sobre todo han puesto en primer lugar la vida de los costarricenses, en medio de las dificultades económicas que afrontamos como país.

El dilema de ¿la bolsa o la vida? se ha ido resolviendo a favor de la vida de los costarricenses, porque sin la vida de los costarricenses, sin la buena salud de los costarricenses, sin las buenas condiciones de vida y de salud de los trabajadores no va a ser posible activar la producción ni la economía.

Habrá empresarios que no les importará la vida de un trabajador si pueden contratar a otro por hambre, a bajos salarios, al margen de la seguridad social y de la protección social existente en el país, fácilmente sustituible por otro, en iguales o peores condiciones, cuyo círculo de la muerte solo terminará con la muerte misma de esos empresarios, por la enfermedad que les pueda alcanzar o por rebeliones sociales que no puedan evitar…

Las fuerzas patrióticas, las fuerzas sociales ciudadanas, las fuerzas populares conscientes de esta situación deben apoyar las políticas públicas que se impulsan para frenar la pandemia, para asegurar en el plazo más breve posible poder volver a la normalidad, llámese “nueva normalidad”, “normalidad anterior al coronavirus”, o como la queramos llamar, cuyo eje fundamental descanse en lograr el menor número de enfermos y contagiados del coronavirus, la mayor y mejor salud posible de todos los costarricenses y habitantes de la República, la que garantiza la mejor incorporación de la fuerza de trabajo para poder activar de nuevo la economía nacional, y recuperar, hasta donde sea posible, el “tiempo perdido” en las empresas y actividades económicas que más han sufrido esta situación, y para poder salir adelante como nación, como pueblo, como país, bajo el manto protector de la Gran Bandera Nacional.

Y, en este esfuerzo, hay que estar atentos a los intentos debilitadores, desestabilizadores y sediciosos, de quienes anteponiendo sus intereses económicos particulares, en esta pandemia, amenazan, en el fondo, a todo el sistema democrático nacional, y hay que impedir, ante estas posturas casi golpistas, que populistas de cualquier signo, aprovechando el natural malestar que causa el encierro obligado y la paralización de actividades sociales, puedan poner en peligro la estabilidad política nacional, las libertades públicas y el propio régimen democrático.

Activar la economía a costa de fracturar las medidas para la mitigación de la pandemia: mal presagio

Juan Huaylupo Alcázar

El poder estatal y los medios de la opinión privada, callan los peligros para la ciudadanía al debilitar, flexibilizar o eliminar las restricciones sanitarias para el resguardo de la salud pública. Ante el aumento de infectados con el virus pandémico, se culpa a quienes carecen de alternativas de supervivencia y se exime de responsabilidad a los que presionan y deciden la apertura de comercios y negocios. Esto es, inmoralmente se acusa a las víctimas y se oculta a los culpables, que se imaginan héroes y benefactores.

La visión autoritaria y el posicionamiento político de los empresarios, una vez más, imponen sus intereses privados como si fueran intereses de todos, de la sociedad y del Estado. Los que se creen dueños de la sociedad y del destino de las personas, están imponiendo exigencias y sacrificios a todos para beneficios privados. En la actual coyuntura crítica una vieja historia se repite: la necesidad de salarios de quienes históricamente han sido despojados de los recursos para la vida, que no es un apoyo a los empresarios que se enriquecen con su trabajo y consumo, es la imposibilidad de vivir sin vender su trabajo.

La economía es falsamente considerada como el único determinante para definir la condición y calidad de vida de los individuos, poblaciones y sociedades, y a partir de ello se busca reactivar la economía, independientemente de sus implicaciones en la salud y la condición vida de las poblaciones. Reactivar la economía sin cambiar los modos de apropiación de las ganancias generadas colectivamente, que generan pobreza, miseria y hambre en los espacios sociales nacionales, es una contradicción, que no se resuelve con el crecimiento empresarial ni con los dogmas simplistas de modelos macroeconómicos. La concentración y centralización de la riqueza privada tiene su correlato en la pobreza cada vez más profunda y generalizada.

América Latina es el espacio de mayor polaridad social del mundo, la brecha entre ricos y pobres es abismal, como también lo es para Costa Rica, pero no son los trabajadores ni sus salarios los responsables. La economía latinoamericana y costarricense crece e enriquece a empresas mundiales y empresarios nacionales con masivos desempleados y pobres.

Las dramáticas consecuencias del Covid-19 y las desigualdades con que se vive la cuarentena o la enfermedad misma, deja al desnudo la esencia del capitalismo en su devenir histórico. La pandemia ha agudizado las tendencias imperantes en el mundo, han fallecido cerca de medio millón de personas e infectado a siete millones, pero está condenando a la miseria y hambre a cerca cinco mil millones de personas. Las víctimas del virus en su mayoría son producto de las inequitativas relaciones económicas imperantes y por el dominio político-militar, dispuesto a liquidar a toda la humanidad.

Efectivamente el Covid-19 está evidenciado la vulnerabilidad de la economía, pero no es el virus quien la ha paralizado, se ha frenado porque los trabajadores han debido dejar de trabajar y se les ha reducido sus jornadas y salarios, en un contexto desocupación y pobreza, a otros en cambio, como ocurre con trabajadores de la agricultura de exportación (piña, banano, tubérculos), les ha significado el aumento de las jornadas, con míseras compensaciones y en riesgosas condiciones sanitarias para nacionales, indocumentados e informales, sin cobertura de seguridad social. Los trabajadores se han empobrecido y los empresarios han dejado de ganar en este período, que no es lo mismo que perder, sin embargo, esos patronos lo consideran intolerable e inaceptable.

La presión política empresarial para liberalizar las restricciones sanitarias, en colusión gubernamental y legislativa, está propiciando la proliferación de infectados con el coronavirus que, sin medicamentos, vacunas ni alternativas, ponen en riesgo sus vidas y la de otros.

Eliminar las restricciones sanitarias no resuelve la reactivación económica en un contexto que ha empobrecido y desempleado masivamente a trabajadores, que no serán reincorporados ni recuperarán sus montos salariales, menos aún, cuando aumentan los precios de mercancías y servicios que ofrecen las empresas. Esto es, la disminución de la capacidad adquisitiva de gran parte de la población impide satisfacer sus necesidades, como limita a los empresarios a recuperar las inversiones y materializar las ganancias en las mercancías que no se consumirán. Pese a que la ruta tomada para la apertura, reproduciendo e incluso profundizando las condiciones de desigualdad previas a la pandemia, no reactivará la economía. Sin embargo, aumentar la absorción laboral y los salarios, no son alternativas imaginadas por el poder totalitario imperante en nuestro tiempo, aunque fueron una realidad exitosa con el New Deal, que en 1929-1932 reactivó la economía en la mayor crisis conocida en el capitalismo. Asimismo, se olvida los resultados económicos que trajo consigo el esfuerzo y contribución de miles de trabajadores que levantaron las fabricas terminada la Segunda Guerra Mundial, para luego ser entregadas a sus dueños, así como se omite la significación de la solidaridad internacional con el Plan Marshall para la Europa destruida de la postguerra.

Aquí, los propietarios de la UCCAEP muestran su ignorancia al creer que solo su visión de la economía es la única y verdadera, como un dogma divino, reclamando y exigiendo beneficios, subsidios y condonaciones o amnistías tributarias, aunque ello signifique el sacrificio de muchos para pocos.

La reproducción del infame círculo de miseria no se resuelve eliminando las restricciones sanitarias, como tampoco los Estados, pueden ni intentan satisfacer las necesidades básicas, salud y vida de los pobres y desempleados, menos aún en Costa Rica, con un gobierno, legisladores y magistrados que imponen, legislan y consienten la usura, las confiscaciones salariales, los aumentos impositivos a los trabajadores y sectores medios, e incluso absurda y anticonstitucionalmente, se pretende estrangular el presupuesto de las universidades públicas y particularmente de la Universidad de Costa Rica, benemérita institución pública que es orgullo nacional, reconocida internacionalmente por sus aportes científicos, técnicos e investigativos, así como por su contribución a la educación superior y a las esperanza de bienestar, vida digna y democracia para todos.

El terror empresarial de desaparecer agudiza su prepotencia totalitaria al querer apropiarse de los recursos y riquezas de la sociedad, así como, por su desprecio al pueblo, atenta contra sus vidas.

Reactivar la economía sin bienestar, contra los derechos, la educación y la vida, solo trae malos presagios que auguran enfrentamientos inconvenientes, donde todos seremos perdedores. La miopía estatal y empresarial, es tal, que no se percatan que una sociedad próspera, sana, segura y sin miedos conviene a todos, incluso a los dueños del capital.

(*) Juan Huaylupo Alcázar es catedrático en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Costa Rica.

Enviado a SURCOS por el autor.

Clorito Picado como modelo de vida

Luko Hilje

Publicado originalmente en el año 2002, en la revista Manejo Integrado de Plagas (No. 64: 1-4), del CATIE.*

Introducción

Se puede decir que en Costa Rica, Clorito Picado tiene una presencia permanente en la vida cotidiana: es Benemérito de la Patria; su imagen aparece en los billetes de dos mil colones; un instituto para la investigación y producción de sueros antiofídicos, una clínica médica y un colegio públicos (el de Turrialba), así como el auditorio principal de la Universidad Nacional (UNA), portan su nombre; en esos lugares y en la Universidad de Costa Rica hay estatuas en su memoria; también llevan su nombre los galardones nacionales anuales en ciencia y tecnología; y hasta se le cita con cierta frecuencia en la prensa, aún casi 60 años después de su muerte, tanto en aspectos científicos, como filosóficos y políticos.

No obstante tal ubicuidad, son pocas las personas que realmente conocen sus múltiples, ricos y profundos aportes. Pero resulta aún más desconocido que Clorito hiciera importantes y pioneras contribuciones en el campo del manejo de plagas, que es lo que nos interesa resaltar en este artículo. Sin embargo, para comprender a cabalidad dichos aportes, es preciso contextualizar a este hombre excepcional, en el tiempo y el ambiente en que le correspondió vivir.

Un esbozo de su vida

El mejor recuento biográfico de Clorito, sumamente ameno por su gran calidad literaria y científica, fue escrito por el Dr. Manuel Picado Chacón, pariente suyo (Picado 1964). Es un texto proveniente del cerebro y mano de un verdadero enciclopedista, pues a la inédita mezcla de microbiólogo y economista que fue, él sumó sus destrezas como pintor, escultor, musicólogo, poeta, cuentista y ensayista. De ahí hemos tomado los datos necesarios para elaborar el siguiente esbozo biográfico.

El diminutivo Clorito, correspondiente al nombre Clodomiro, le fue adjudicado de por vida, debido a su pequeña y frágil complexión. Fue hijo único de un profesor de matemática, Clodomiro Picado Lara, y de la señora Carlota Twight Dengo, hija de don Enrique Twight, escocés y profesor de ciencias. Aunque ambos padres eran costarricenses, Clorito nació en San Marcos, en Jinotepe, el 17 de abril de 1887, pues su padre había sido contratado como profesor en Granada, Nicaragua.

A los tres años de edad regresó con su familia a Cartago, ciudad nativa de sus padres, cuando ya el abuelo había muerto. Sin embargo, los libros que éste dejó, sumados a la exuberante naturaleza de la zona, cuyos misterios lo cautivaron e invitaron a desentrañarlos, precozmente estimularon en él una fuerte inclinación hacia las ciencias naturales. Ahí realizó sus estudios primarios, y los secundarios en el vetusto y célebre Colegio San Luis Gonzaga, aunque para obtener el bachillerato de secundaria debió viajar a San José, la capital del país, al Liceo de Costa Rica. Brillante desde siempre, y cimentada su vocación hacia las ciencias naturales, recién graduado y con apenas 20 años de edad, fue contratado como profesor de dicha materia en el Colegio de su amada ciudad.

Sus sobresalientes méritos intelectuales justificaron que, muy pronto, sus colegas lo postularan para que recibiera una beca del Estado, y fue así como en 1908 partió hacia Francia. Allá obtuvo diplomas superiores en Zoología y Botánica en La Sorbona y, en 1913, el doctorado de la Universidad de París. Aunque su tesis doctoral versó sobre un tema de biología básica, como lo es la fauna asociada con plantas epífitas (“piñuelas” o bromeliáceas) en regiones tropicales, era evidente que tenía inquietudes científicas y sociales más amplias. Y ese mismo año, aún sin haber defendido su tesis doctoral, fue invitado a incorporarse como alumno en el Instituto Pasteur y en el Instituto de Medicina Colonial de París, donde al lado de prominentes sabios realizó estudios de serología, bacteriología y enfermedades tropicales.

Su regreso a Costa Rica, en 1914, marcó el inicio inmediato de la que sería una carrera incesante y fecunda de entrega a su patria y sus semejantes. Desde la dirección del Laboratorio de Análisis Clínicos en el Hospital San Juan de Dios, y después como profesor de enseñanza secundaria y universitaria, demostró ser muy versátil, incursionando en campos tan disímiles como la endocrinología, la hematología, la inmunología, los sueros antiofídicos, varios temas de salud pública, e incluso la agricultura.

Pero, a la vez, lejos del riesgo de ser superficial por abarcar tantos campos, Clorito resultó prolífico no solo por sus originales hallazgos científicos, sino también en soluciones prácticas a problemas cotidianos, ya fueran de salud pública o de producción agrícola. En medio de muy serias limitaciones de infraestructura para hacer ciencia, que él logró paliar gracias a su tenacidad, creatividad e inventiva, consolidó su inmensa obra.

Incluso hoy todavía se argumenta que, en realidad, él fue el descubridor de la penicilina, pues se anticipó al hallazgo del célebre Dr. Alexander Fleming en 1939. Desde 1923, Clorito había observado la destrucción de bacterias causada por sustancias emitidas por hongos del género Penicillium, las cuales aisló, describió y hasta utilizó para curar pacientes, como lo informó en el artículo Vacuna curativa no específica, publicado en 1927 en una revista de la Sociedad de Biología de París, el cual, evidentemente, fue ignorado por la comunidad científica universal.

Asimismo, además de su inmensa labor científica sensu stricto y su vasta producción en revistas científicas nacionales e internacionales, así como sus indisolubles vínculos con la ciencia francesa y universal, Clorito, humilde y noble, no olvidó el deber social de compartir su conocimiento con aquellos semejantes ajenos a los círculos académicos. Fue por ello que escribió con mucha frecuencia sobre temas científicos, siempre con palabras sencillas, tanto en la prensa como en revistas divulgativas.

Pero, en realidad, su compromiso fue mucho más allá. Su mente crítica y escéptica, sumada a su carácter irónico, fuerte, e incluso áspero, lo llevó a tomar, por escrito, posiciones valientes e indoblegables en temas de importancia social y económica, así como de política nacional e internacional; pero también hizo apreciaciones sobre arte y literatura, intereses que supo cultivar desde joven y que acrecentó en su contacto con la refinada cultura francesa, para convertirse así en un verdadero humanista y enciclopedista.

Sin embargo, como era de esperar, la dimensión cívica de Clorito, bastante inusitada en el mundo de las ciencias fácticas, le significó no solamente incomprensión, sino también ofensa y escarnio por parte de algunos detractores, pues contrariaba los convencionalismos de un medio más bien complaciente y anodino, como el costarricense, así como los intereses de ciertos sectores poderosos. Pero nunca se amedrentó. Murió, tras una prolongada enfermedad, el 16 de mayo de 1944, en compañía de su esposa, doña Margarita Umaña, y de su hijo adoptivo Mario Picado Umaña (destacado poeta nacional, ya fallecido). Sin embargo, a pesar de tal enfermedad, nunca dejó de asistir a su laboratorio, e incluso pocos días antes de morir, Clorito aún estaba activo con sus lúcidas opiniones por la prensa.

Por fortuna, para conocer y valorar estos aportes de Clorito, además del libro antes citado (Picado 1964), el cual incluye fragmentos de muchas de sus publicaciones, hoy contamos con un libro de gran valor analítico (Manzanal 1987) y con siete volúmenes de sus Obras completas (Picado 1988); éstas se publicaron para conmemorar el centenario de su nacimiento, gracias al enorme esfuerzo de un discípulo suyo, el Dr. Alfonso Trejos Willis (quien, lamentablemente, murió poco antes de la aparición de los libros), y de la Editorial Tecnológica de Costa Rica.

En lo personal, siempre he sentido una profunda admiración por esa vertiente cívica de Clorito. Por eso creo resumir cabalmente mis sentimientos en las siguientes palabras, publicadas al conmemorarse el centenario de su nacimiento (Hilje 1987): “Buscó un rincón, porque los escenarios mayores y las palestras estaban reservados para otros:  para los que hallaron formas fáciles de vivir a través de la política. Y ese fue un rincón portentoso, prodigioso, desde donde su luz y su voz no cesaron de brillar y resonar. Su silencio fue el del hacedor de ciencia, del creador, del sabio. Su sonoridad, la necesaria para enfrentar con dignidad y sentido de humanidad a los corruptos, los hipócritas, los pusilánimes y los déspotas. No fue, entonces, el científico timorato, presuntamente aséptico, tan común hoy, sino el hombre comprometido -en su amor y vocación por la verdad- con su ciencia y los problemas sociales de su tiempo, con la humanidad. Por eso fue que Clorito se hizo parte de la Patria”.

Sus aportes a la protección vegetal

Uno de los mejores intentos por ponderar la obra plural y multidimensional de Clorito aparece en el último volumen de sus Obras completas (Picado 1988), en el cual varios autores analizan, en artículos separados, dicha obra desde diversos ángulos disciplinarios (fisiopatología tiroidea, serpientes venenosas, salud pública, endocrinología, biología, agricultura, educación superior y literatura). Entre ellos, hay dos de gran interés para los propósitos de este artículo, escritos por un fitopatólogo (Gámez 1988) y un entomólogo (Jirón 1988), quienes identifican y valoran planteamientos y técnicas claramente relacionados con la protección vegetal.

Gámez (1988) se atreve a postular a Clorito como el primer fitopatólogo costarricense, resaltando sus aportes en el conocimiento detallado de enfermedades entonces novedosas, como la “helada” del frijol, debida a bacterias, y la “chasparria” del café, causada por hongos. Pero, sobre todo, destaca que Clorito supo transferir sus conocimientos de microbiología y endocrinología humanas para realizar hallazgos y propuestas muy originales, al demostrar que las plantas podían producir anticuerpos y, en tal medida, se abría la posibilidad de inmunizar los cultivos, para protegerlos contra enfermedades.

En otro campo, en su tesis doctoral ya era evidente el vasto conocimiento entomológico de Clorito, quien incluso descubrió entonces nuevas especies de insectos. A esto sumó sus aportes en el control biológico de las moscas de las frutas (Anastrepha spp.) y de la langosta migratoria Schistocerca piceifrons (= paranensis) (Jirón 1988). En el primer caso, sugirió su combate mediante el parasitoide Doryctobracon (= Diachasma) crawfordi, sobre el cual hizo valiosas observaciones de tipo básico y aplicado. En el segundo caso, realizó aplicaciones exitosas de la bacteria Coccobacillus acridiorum en la región de Guanacaste, para lo cual debió recurrir a su ingenio y hacer adaptaciones del método de inoculación de Herelle a ciertas condiciones de dicha región.

Estos hechos demuestran que a Clorito no le bastó con ser un científico de gran calibre en varios campos de la medicina humana, así como un hombre de refinada cultura y de pluma privilegiada, sino que también hizo aportes en la protección vegetal. Pero quizás lo más importante fue que, más allá de estos aportes concretos y valiosos en el campo de la fitoprotección, convirtió su obra en un modelo fehaciente de la interdependencia y conjunción del conocimiento básico con el aplicado, para contribuir en el desarrollo económico y social de su país. En nuestro ámbito de interés, supo capitalizar su vasto acervo científico para fusionar sabiamente el conocimiento biológico (básico) con el agronómico (aplicado), y así generar opciones tecnológicas que permitieran mejorar la producción agrícola del país.

En mi caso personal, debo mucho a esta figura cardinal que fue Clorito, pues ha dejado su impronta en mi vida. Recuerdo que, cuando comenzaba mi educación secundaria en el Liceo de San José, un día nos llevaron a la inauguración de la Clínica Periférica Dr. Clodomiro Picado, en el cantón de Tibás. A esa edad de adolescente, para mí ese fue un acto sin mayor trascendencia, y más bien largo y monótono, pero ¡cómo ignoraba yo -en medio del aburrimiento y la fatiga- el significado que Clorito tendría en mi vida profesional!

Fue cuando ingresé a la carrera de Biología en la Universidad de Costa Rica, en 1972, que de veras hallé a Clorito, y de manera más bien casual. Aunque afuera del edificio de la Escuela de Biología hay un inmenso busto de Clorito, tampoco había reparado en su vida ni su obra científica. Hasta ese entonces pensaba que yo sería un biólogo “puro”, y no tenía interés alguno en campos aplicados.

Pero fue justamente al tomar el curso de Historia natural de Costa Rica, bastante básico y enriquecedor, que me asignaron escribir una monografía y presentar un seminario. En esos días ayudaba a un hermano mayor que estudiaba Agronomía a preparar su colección entomológica, y me empecé a interesar por los insectos. Como en el patio de mi casa había un árbol de guayaba, del cual obteníamos larvas para criarlas hasta el estadio adulto, pensé que mi trabajo podría versar sobre el gusano de la guayaba (Anastrepha spp.). Cuando planteé el tema a mi profesor, Sergio Salas, me sugirió incluir aspectos de su control biológico, algo sobre lo cual nunca había escuchado nada.

Días después, ya inmerso en la biblioteca buscando información, quedé asombrado: ¡ahí estaba justo lo que buscaba! Hallé un pequeño artículo titulado Historia del gusano de la guayaba (publicado en 1920) que, en palabras sencillas y con abundantes ilustraciones, relataba numerosos aspectos de la historia natural de dichas plagas, así como de su control biológico mediante el parasitoide antes mencionado. Leí y releí ese texto, deslumbrado ante tantas cosas maravillosas y potencialmente útiles para la agricultura. Entusiasmado, en mi casa establecí crías rústicas de las moscas, esperando hallar parasitoides. Y si bien es cierto que nunca los encontré, en aquel momento hallé algo mucho más significativo y profundo: mi vocación definitiva por el manejo de plagas.

Decidí entonces que me especializaría en el manejo de plagas. Pero como en nuestra Escuela, obviamente, no había cursos aplicados, me matriculé en cursos optativos de las facultades de Agronomía y Microbiología, para acercarme así a la formación que deseaba. Y posteriormente, al concluir mi carrera en 1975, tuve la fortuna de obtener una beca de la Organización de Estados Americanos (OEA) para tomar un curso internacional de Control biológico de insectos, por varias semanas, en Tapachula, México. Esto reafirmó mis convicciones y expectativas. Ya después vendría la oportunidad de culminar mis anhelos, al realizar estudios de doctorado en manejo de plagas en el prestigioso campus de Riverside, de la Universidad de California, y regresar a mi patria para ejercer en dicho campo, primero en la UNA y hoy en el CATIE.

Colofón

Con los años, tuve la fortuna de acrecentar mi conocimiento sobre Clorito, al aumentar mis lecturas de su obra, y conocer y conversar con personas que lo trataron de cerca. Entre ellas sobresalió el amado Dr. Trejos Willis, quien fue un cabal discípulo de su maestro, no solo por sus notables aportes científicos, sino también por su honestidad y amor al prójimo, así como por la valentía y gallardía con la que defendió causas plenas de justicia social y de reivindicación nacional.

A su manera, él fue el relevo de su querido mentor. Y, de hecho, conocer a profundidad a don Alfonso fue lo que me inspiró para escribir las siguientes palabras en el artículo antes aludido (Hilje 1987): “Y si bien la figura de Clorito es paradigmática, simbólica, debemos cuidarnos de convertirlo en ícono, en santo acartonado, en mero objeto de ceremonias. Sí debemos portar y avivar en nosotros la pequeña llama de su actitud vital y convertir sus enseñanzas en una forma de vivir, de asumir la vida como científicos y ciudadanos, especialmente en tiempos en que nuestra identidad como pueblo parece desvanecerse entre la manipulación, la indolencia y el desaliento”.

Es decir, el legado científico y cívico de Clorito sigue vivo, y lo estará siempre y cuando sepamos inculcar en las nuevas generaciones de investigadores agrícolas las actitudes que él cultivó en abundancia: el apego a la verdad científica, y la generosidad y compromiso con sus semejantes más humildes.

Referencias

Gámez, R. 1988. Una apreciación de la contribución de Clodomiro Picado a la patología vegetal. In Obras completas (Picado, C.). Vol. 7. Editorial Tecnológica de Costa Rica. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cartago, Costa Rica. p. 159-167.

Hilje, 1987. Donde está Clorito. Semanario Universidad No. 771. 30-IV-87. p. 4.

Jirón, L.F. 1988. El Dr. Clodomiro Picado y la agricultura en Costa Rica. In Obras completas (Picado, C.). Vol. 7. Editorial Tecnológica de Costa Rica. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cartago, Costa Rica. p. 168-171.

Manzanal, S. 1987. Filosofía y ciencia en Clodomiro Picado Twight. Editorial Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica. 181 p.

Picado, M. 1964. Vida y obra del doctor Clodomiro Picado T. Editorial Costa Rica. San José, Costa Rica. 286 p.

Picado, C. 1988. Obras completas. 7 v. Editorial Tecnológica de Costa Rica. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cartago, Costa Rica.

* Compartido con SURCOS por el autor.

Foto de cabecera: Semanario Universidad.