Obligan a campesinos de Chánguina a ir a juicio, aunque Sala IV condenó al Estado a indemnizarlos
Continúa la criminalización de la protesta social de los campesinos de Palmar Sur, quienes demandan que se resuelva el conflicto de tenencia de la tierra que enfrentan desde hace años.
Fabiola Pomareda García / pomaredafabiola@gmail.com
El poder judicial está obligando a un grupo de campesinos de Finca Chánguina, en Palmar Sur, a ir a juicio mañana en Ciudad Cortés, a pesar de que la Sala IV ya les dio la razón y, más bien, condenó la actuación policial contra las personas manifestantes en el puente sobre el río Grande de Térraba, ese día de 2016.
Pero además, el Poder Judicial está citando a Daniel Villalobos -quien es testigo del caso que se verá mañana en Ciudad Cortés-, a presentarse el mismo día, a juicio en San José, para enfrentar la demanda por calumnia que le hizo el empresario Óscar Echeverría Heigold.
Las autoridades notificaron a 6 personas, que deben presentarse a juicio los días 5, 6, 7 y 8 de febrero, en los Tribunales del Cantón de Osa, en Ciudad Cortés. Los seis fueron arrestados durante las protestas de 2016 y fueron acusados por los policías de resistencia agravada y obstrucción de la vía pública.
El martes 16 de febrero de 2016 y durante el Gobierno de Luis Guillermo Solís, decenas de familias campesinas de Finca Chánguina y Finca Térraba realizaron una manifestación en el puente sobre el río Grande de Térraba, en contra del desalojo de las fincas, ordenado por el empresario Óscar Echeverría Heigold.
Ese día fueron golpeados y detenidos seis campesinos y los videos y fotografías de ese día y la cobertura de medios de comunicación demuestran que hubo un exceso de fuerza y abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública al momento de llevar a cabo esas detenciones. Así lo ha argumentado COOTRAOSA R.L. y el Grupo Campesino Chánguina, organizaciones que agrupan a estas familias.
Quienes fueron golpeados y detenidos fueron Luis Chinchilla Montero, Alexander Azofeifa Castro, Mauro Meza Arias, Erick Morales Saballo, Laureano Díaz Fernández y Emanuel Avila Amador, todos los cuales fueron acusados por los policías y deberán enfrentar juicio mañana.
Según afirman COOTRAOSA R.L. y el Grupo Campesino Chánguina: “Ese día no se va a procesar a seis compañeros, sino a más de 160 familias a las cuales ellos representan”.
Manifestación en contra del desalojo
Ese martes 16 de febrero y después de la actuación de los policías y antimotines, el grupo -apoyado por organizaciones sociales- presentó un recurso de hábeas corpus a favor de los detenidos, y éstos fueron liberados 30 horas después. El 10 de marzo los campesinos detenidos, además del dirigente Daniel Villalobos, comparecieron ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea legislativa, que investigó el actuar de la Fuerza Pública. Posteriormente los campesinos demandaron al Estado.
Como destacó COOTRAOSA R.L. y el Grupo Campesino Chánguina: “Por estos abusos de autoridad la Sala Constitucional nos da la razón y por ello mismo hemos demandado al Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo en el Segundo Circuito Judicial de Goicoechea en San José por el actuar violento e irrespetuoso de nuestro derecho a la protesta, privación de libertad y agresiones físicas con lesiones a quienes demandábamos justicia y solución del conflicto por la tenencia de la tierra”.
De acuerdo con el Poder Judicial, consta en el expediente No. 16-2193-0007-CO y en la sentencia de la Sala Constitucional No. 2016-6789 que: “la Sala condenó al Ministerio de Seguridad Pública al pago de daños y perjuicios por detener de manera arbitraria a un grupo de personas durante una manifestación pacífica en el puente sobre el Río Térraba. Los afectados presentaron un hábeas corpus porque los policías aparentemente los aprehendieron sin un motivo válido. El recurso fue a favor de seis campesinos de Finca Chánguena que protestaban contra la orden de desalojo”.
“Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”, se lee en el documento.
Dos procesos judiciales de forma simultánea
El dirigente Daniel Villalobos, uno de los detenidos en el puente y testigo en el caso que se sigue contra sus compañeros en Ciudad Cortés, deberá presentarse el 6 de febrero a una audiencia oral y pública en el Tribunal Penal del 1 Circuito Judicial de San José, por el delito de calumnia, ya que fue demandado por el empresario Echeverría Heigold.
Estado actual del conflicto
Erick Morales, de COOTRAOSA R.L., conversó con Voces Nuestras en una reciente visita que hicimos a Finca Chánguina y explicó:
“Aquí estamos desde el 23 de mayo de 2014, alrededor de 80 familias necesitadas de tierra pues vivimos en una zona donde el empleo es muy escaso y las posibilidades económicas también son muy limitadas. En aquel momento decidimos entrar a esta finca, Finca Chánguina, también conocida como Bananera Chánguina, porque en algún tiempo este terreno fue parte de la compañía bananera”.
“El arrendatario es el que tiene deudas con el banco. En 1991 COOPALCA del Sur decide arrendarle la propiedad a Óscar Echeverría Heigold por 20 años para que él hiciera lo que quisiera en la finca. El arrendamiento se interrumpió por incumplimientos laborales con los peones agrícolas que tenía en aquel momento Echeverría. De ahí nació por algunas personas tomar la tierra como medida de presión para que Echeverría se hiciera cargo de las deudas y ellos poder recuperar el dinero que se les adeudaba”.
“Hemos sido sujetos de varios desalojos administrativos; el último se dio en el 2015. A partir de ahí iniciamos negociaciones con el Gobierno, logrando en el 2017 que se declarara de interés público la finca. Posteriormente el Gobierno decide expropiar a la cooperativa dueña del inmueble COOPALCA y en este momento estamos en un proceso de expropiación que es el que está llevando el Contencioso Administrativo en este momento. Estamos esperando que el Contencioso se pronuncie y ordene al INDER la expropiación y después el parcelamiento de la finca. El INDER maneja la cifra de que son 3.5 hectáreas para cada familiar”.
Foto: Cortesía COOTRAOSA
Tomado de http://www.vocesnuestras.org
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