SURCOS comparte el siguiente documento presentado al Seminario Aportes de la Sociedad Civil Ante la Crisis de Seguridad Humana y el Desempeño Policial y Judicial. Ese esfuerzo ciudadano es coordinado por Walter Antillón Montealegre profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y Premio Rodrigo Facio Brenes 2022.

¿Cuáles son los hechos más relevantes ocurridos en el país en los dos últimos años, que configuran la crisis actual de seguridad humana?

Actualmente, el territorio nacional enfrenta condiciones sociales caóticas, caracterizadas por la situación general de la violencia en el país que se ha estado incrementando durante los últimos dos años. Al respecto de esto, es posible alinearse con perspectivas que consideren que las causas de la situación actual tienen su raíz en un periodo inmediato. Sin embargo, los hechos que suceden cotidianamente están cimentados sobre condiciones y eventos cristalizados a través del tiempo. Esto documenta los principales sucesos que, desde diferentes disciplinas teóricas y entidades, son considerados como los precursores de la situación de crisis de seguridad humana enfrentada actualmente en el país.

Línea del tiempo – Contexto histórico

La decadencia ochentera y el arrastre de los noventa

• Durante los años ochenta, estalló la Crisis de los Ochenta. Con esto, el territorio nacional afrontó condiciones económicas desfavorables debido al aumento del precio de los combustibles. Asimismo, se llevaron a cabo manifestaciones sociales que reflejaban el desencanto social con las condiciones de la época. (Ovares, 2020, párr. 4).
• La década de los noventa supone una disminución en la calidad de vida y los servicios públicos, provocando un cansancio poblacional debido a la insatisfacción de las necesidades básicas.Asimismo, comienza a cultivarse la desesperanza y el enojo debido a la falta de eficiencia en la solución de problemas del sistema público costarricense.
  • La desigualdad de ingresos está en un constante crecimiento desde la década de los años dos mil.Asimismo, esto se ha visto reforzado por los recortes presupuestarios en proyectos de inversión social. Con todo, se ha aletargado o negado el acceso a educación de calidad, becas y redes de cuido para las personas que las necesiten.

Línea del tiempo – 2020-2022

El frío baldazo de la pandemia y el 2020.

• Para introducir la problemática actual acerca de la seguridad ciudadana en el país resulta esencial traer a colación el hecho de que, esta, no es reducible a la reciente proliferación de las redes de narcotráfico y de crimen organizado en la región. Esta, pues, responde a las dinámicas estado-poblacionales de descontento y enojo de las personas.
  • En relación con las consecuencias de la época de pandemia en el país, es posible resaltar el estrés y la ansiedad desarrollados por dicha emergencia sanitaria.Asimismo, las condiciones de confinamiento y las políticas públicas propiciaron el desempleo, lo que provocó un aumento en los síntomas de ansiedad y depresión en la población costarricense. En relación con esto, el desempleo juvenil alcanzó un pico considerable en 2020.
  • Al respecto de la educación formal, ésta no escapó de los impactos que supuso la pandemia. Asimismo, los recortes presupuestarios asociados al sistema educativo público ocasionaron una disminución del acceso a la educación de calidad posterior al 2020.Asimismo, otros sectores también se vieron afectados debido a recortes presupuestarios considerables, como los programas sociales.
  • Estas condiciones dan paso a una creciente desigualdad, lo que ocasiona mecanismos de exclusión social de las personas en condición desventajosa.

Efectos post pandémicos inmediatos. El crimen organizado y el 2021.

• Algunas consecuencias del recorte presupuestario de la educación pública estuvieron reflejadas en la creación de los grupos criminales organizados locales.Al respecto de esto, estas agrupaciones adquirieron un atractivo para los jóvenes afectados por las carencias educativas de las zonas costeras y centrales. Esto procuró disputas por controles territoriales en la provincia de Limón y la Gran Área Metropolitana que, a su vez, aumentó la tasa de homicidios en dichas zonas.
• Asimismo, la inacción de las autoridades de justicia provocó una carencia de un abordaje estratégico para evitar la expansión de los grupos criminales organizados locales.
  • La cotidianidad con la que estos hechos se producen ocasiona sentimientos asociados al miedo en las comunidades afectadas, especialmente aquellas en la zona de Limón y la Gran Área Metropolitana.

Efectos post pandémicos. El ascenso de Chaves en 2022.

• Las elecciones de 2022 presenciaron un 40% de abstencionismo del padrón electoral.Esto fue un reflejo de la falta de participación política de la época. En relación con los elementos indicados anteriormente, podría indicarse que fue un efecto del descontento poblacional ocasionado por la ineficacia del sistema público.
  • La decepción y enojo poblacional, ocasionado por los eventos listados anteriormente, propiciaron un caldo de cultivo para la violencia. Esto propagó un favorecimiento de actitudes xenófobas, sexistas y antidemocráticas.
  • Al erigirse como presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles refleja el autoritarismo donde las condiciones de coexistencia pacífica son desplazadas en función del enojo y el irrespeto. Al respecto de esto, Chaves capitaliza el enojo popular y las actitudes antidemocráticas y autoritarias. Esto a su vez, propaga el clima de violencia en el territorio nacional.
  • El uso actual de las redes sociales propicia un ambiente donde se juzga y se acusa deliberadamente a cualquier persona. Asimismo, se propagan patrones de consumo masivo contrapuestos a comportamientos pacíficos.

La violencia en hechos y datos. ¿Qué pasó tras la elección? (2022-2024)

• Aproximadamente un mes antes de ascender a la presidencia de la República Rodrigo Chaves indicó, en marzo de 2022, que prefería que le tacharan de cavernícolaantes de firmar un compromiso contra la violencia de género.
• El FEES sufre un recorte de ₡129 000 en 2022. Esto significó un retroceso en materia educativa y en el financiamiento de la educación pública del territorio nacional.
• El asesinato del líder indígena Jehry Rivera fue aplaudido por representantes gubernamentales y finqueros mediante un vídeo publicado en redes sociales en agosto de 2022. Asimismo, aumentaron las agresiones de la fuerza pública y de los finqueros contra los pueblos originarios.
• Durante el año 2022 aproximadamente 6888 mujeres fueron víctimas de delitos sexuales, representando un 87% del total de los delitos sexuales reportados en el país.
  • La Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana de 2022 señaló que el delito más posible de experimentar es un asalto en la calle, con un 21% de las personas encuestadas indicando esa probabilidad.
    • Las agresiones físicas y sexuales proliferan en los espacios públicos, con un 75% de las personas encuestadas señalándolo.

• El desempleo juvenil aumentó durante el primer trimestre de 2023.
  • El asesino de Jehry Rivera fue puesto en libertad en julio de 2023. Esto da cuenta de la proliferación de conductas antidemocráticas, especialmente contra los pueblos originarios.
  • Se ha atacado a las universidades públicas, a sus estudiantes y sus movimientos de protesta en relación con el FEES. Esto ha ocasionado un debate en redes sociales acerca de la posición de la educación superior pública como un sujeto contrapuesto a la figura presidencial actual.
  • Los ataques contra la Contraloría General de la República han aumentado durante la gestión Chaves-Robles. Al respecto de esto, la CGR ha señalado, en los últimos años, irregularidades en las gestiones del SINART, ICE y CCSS.
  • El Informe del Estado de la Nación indicó, en noviembre de 2023, que la desigualdad mantiene una tendencia creciente en Costa Rica. Esto provoca un aumento en los índices de violencia.
    • Al menos, un 54% de los hombres asesinados durante 2023 eran menores de 35 años.

• La Ley Jaguar, Exp. No. 24 364, publicitada en junio de 2024, provocaría acuerdos menos transparentes y la eliminación de la fiscalización de los fondos públicos.
  • El sistema judicial nacional pierde confianza al reportarse la colaboración de varios jueces en casos de índole criminal relacionados al narcotráfico a través del Caso Madre Patria en junio de 2024. Esto remonta a lo mencionado por la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana de 2022 donde se reportó que un 59,2% de las personas no está de acuerdo con que los jueces cumplan prontamente la justicia.
    • Esto provoca que las familias tomen medidas como no permitir que los infantes jueguen fuera o que no visiten las casas de otros infantes. Esto podría, a su vez, ocasionar actitudes antidemocráticas basadas en el confinamiento, como reflejo de la época pandémica. Asimismo, las familias piensan que aumentar el número de policías de la fuerza pública podría solucionar los problemas de seguridad humanitaria.
      • Sin embargo, el encarcelamiento de jóvenes reflejaría las fallas del mismo sistema en auxiliar debidamente a dicho sector de la población.
      • Asimismo, es necesario anotar que, desde instituciones sociales como la educación, la familia y la comunidad, no se están identificando y reconociendo dichos casos con el suficiente tiempo. Esto podría manifestar el declive de la calidad social y educativa nacional actual.
    • El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señaló que un aproximado de 56% de los 406 homicidios contabilizados hasta mediados de junio de 2024 están vinculados a la delincuencia organizada.
  • La diversidad sexual es violentada a través del despido de la ministra de Cultura por tramitar un interés público para la marcha de la diversidad del mes del orgullo en junio de 2024.
  • Aproximadamente, un 38% de los infantes costarricenses conviven con condiciones desfavorables en sus hogares, especialmente en las zonas fronterizas y costeras del territorio nacional. Esto les hace vulnerables ante el abandono de los estudios escolares y los convierte en terreno para el cultivo del crimen organizado. Además, esas condiciones vulnerables aumentan la probabilidad del reclutamiento de los jóvenes en los gremios del crimen organizado.
    • La pronta entrada a la adolescencia provoca que las personas jóvenes tomen decisiones impulsivas. Asimismo, las sanciones legales dirigidas hacia este sector poblacional tienden a suavizarse. Esto, pues son dispositivos de apoyo de los grupos criminales organizados del país al momento de reclutar jóvenes en sus filas.

Pareciera ser que las consecuencias del crimen organizado suponen un golpe bajo hacia la calidad de la seguridad humanitaria actual. Sin embargo, estas secuelas también poseen una presencia física y psicológica. Con esto, es posible referirse a las recuperaciones físicas de las heridas provocadas en un asalto, así como al abordaje psicológico de las emociones de miedo, depresión y ansiedad ocasionadas por estos eventos. Asimismo, los homicidios embebidos de las condiciones deplorables de la seguridad ciudadana actual suponen desintegraciones familiares, gastos fúnebres y desencanto comunitario.

Así pues, pueden listarse los siguientes elementos clave para comprender la configuración de la crisis de seguridad humanitaria vivida en el territorio nacional:

1. La pandemia ocasionó un impacto considerable. El aumento del desempleo provocó dinámicas de desigualdad de ingresos, resultando en la exclusión social de las personas desposeídas.
2. La crisis de seguridad humanitaria no representa un problema nuevo. Esta es identificable a través de sucesos económicos y sociales ocurridos durante los últimos cuarenta años.
3. Los recortes presupuestarios a programas educativos (como el FEES), así como a la inversión social y comunitaria general están asociados con la disminución de la calidad de la educación pública y la integración social comunal. Esto provoca condiciones de cultivo para la inseguridad social a través de la deserción escolar y las oportunidades para que las personas accedan a educación universitaria becada y de calidad.
4. El crimen organizado es un síntoma tangible de la crisis humanitaria de seguridad que vive el territorio nacional. El declive de la calidad de vida y de educación supone que las personas jóvenes encuentren un atractivo en pertenecer a un grupo criminal organizado.
5. El ascenso de la administración Chaves-Robles al poder está aparejada con sentimientos y emociones de descontento, enojo, rencor y actitudes antidemocráticas heredadas por el confinamiento durante la pandemia, el deterioro económico-social de décadas, y el desencanto con la función pública.
6. El estilo autoritario para gobernar, sumado a otras expresiones de violencia discursiva que pululan en redes sociales y en representantes de algunos sectores sociales, políticos y deportivos configuran el caldo de cultivo para manifestaciones de violencia generalizada, más allá de los hechos atribuibles al crimen organizado.

Personas, entidades y otras fuentes consultadas

• Allen Cordero Ulate. Sociólogo.
• Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica
• Henry Mora Jiménez. Escuela de Economía de la UNA.
• Isabel Ducca Durán. Socióloga.
• José Andrés Díaz González. Politólogo, IDESPO, UNA.
• José Francisco Pacheco Jiménez. Economista, consultor internacional.
• Laura Fernández Díaz – directora del Área de Niñez y Adolescencia, Defensoría de los Habitantes.
• Marco Vinicio Fournier. Psicólogo.
• Pablo Chaverri Chaves. Académico INEINA, UNA.
• Observatorio Económico y Social. Escuela de Economía UNA.
• Oficina de Comunicación. Universidad Nacional de Costa Rica
• Ovares, C. (18 de octubre de 2020). ¿Otra ‘década perdida’ en Costa Rica? AgendaPública.
• SURCOS Digital

Las imágenes son parte de un estudio de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica.

1. Redactado por Sofía Jiménez Murillo, estudiante de Sociología UCR, carné universitario C19987.

Recolección de información y coordinación: Magister Héctor Ferlini Salazar, comunicador, administrador, docente UCR, director de SURCOS Digital.