El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, como órgano rector del ejercicio profesional de la psicología y defensor del bienestar psicológico de la población, manifiesta su profunda preocupación ante las múltiples formas de violencia que se presentan en contextos tales como familiares, comunitarios, académicos y laborales a lo largo y ancho del país, afectando gravemente la salud mental, la cohesión social y el desarrollo integral de las personas.
Reconoce que la violencia social se comprende como aquel acto con impacto social que atenta contra la integridad física, psíquica o relacional de una persona o un colectivo, llevado a cabo por un sujeto o por la propia comunidad. Estos actos adoptan expresiones complejas que van desde la delincuencia y el narcotráfico, hasta amenazas entre vecinos y formas más sutiles como la exclusión social, la estigmatización, la discriminación estructural y la falta de acceso a recursos y oportunidades.
Estas situaciones generan un clima constante de inseguridad, miedo e incertidumbre, especialmente en poblaciones en condición de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores, población migrante y personas con discapacidad.
Como órgano rector del ejercicio profesional de la psicología, hace un llamado urgente a visibilizar y atender las causas estructurales de la violencia social, entre las cuales destacan la pobreza, la desigualdad, el desempleo, el debilitamiento del tejido social y la ausencia o insuficiente ejecución de políticas públicas integrales.
Reafirma que la salud mental es un derecho humano fundamental que no se garantiza adecuadamente en contextos donde prevalecen el abandono, la impunidad y la desprotección institucional.
Por ello, insta a las autoridades nacionales, gobiernos locales, instituciones públicas, organizaciones comunitarias y a la sociedad civil a:
Promover espacios seguros, inclusivos y participativos en todos los contextos, en los que se escuche activamente a sus habitantes.
Educar para la convivencia pacífica, la empatía y la resolución no violenta de conflictos desde edades tempranas.
Fortalecer los programas de prevención de la violencia, con enfoque psicosocial, interseccional y basado en derechos humanos.
Impulsar redes comunitarias de apoyo y resiliencia con acompañamiento profesional desde la psicología comunitaria.
Generar accesos reales a servicios de salud mental y atención integral a víctimas de violencia, asegurando recursos humanos y materiales adecuados.
El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica se compromete a continuar contribuyendo activamente en el abordaje ético, científico y humano de la violencia, destacando que la construcción de una sociedad justa, solidaria y saludable es una responsabilidad colectiva que requiere una acción decidida y sostenida.
El aumento sostenido de la inseguridad y la delincuencia se mantiene como el problema que más preocupa a las y los costarricenses, según la última encuesta de opinión del CIEP de la UCR. Foto: Anel Kenjekeeva.
Resultados de la I Encuesta Trimestral de Opinión Pública del CIEP UCR
Ante la crítica situación de inseguridad que vivimos en el país, las personas tienen cada vez menos confianza en la capacidad del actual Gobierno para poder resolver esta problemática
Asesinatos por encargo (sicariatos), en los que no solo se matan entre delincuentes, sino que también incluyen víctimas colaterales; una creciente actividad del narcotráfico que aumenta los casos de corrupción; robos y asaltos; el aumento en los casos de femicidios, etc.; esos son los temas que observamos, leemos y escuchamos día a día en los noticieros nacionales.
Sumemos a esta lista de hechos terribles el aumento en el costo de la vida, la disminución de la inversión pública en los servicios sociales, los altos precios de los fármacos, las irreconocibles rutas del arroz y el preocupante estado de la educación, entre otras aristas.
Resulta lógico entonces que exista un descenso drástico en la valoración positiva que presentaba la gestión del presidente Rodrigo Chaves Robles, misma que pasó del 63 % en el mes de noviembre del 2024 a 54 % para este mes de abril del 2025.
Asimismo, la aprobación de la gestión del actual Gobierno también se redujo de un 57 % que ostentaba en noviembre pasado, a un 50 % en abril del presente año.
Estos datos y otros más de gran relevancia para el análisis de la realidad nacional se encuentran en la Primera Encuesta Trimestral de Opinión Pública, que elaboró el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP), y que fueron publicados este miércoles 2 de abril.
Resultados preocupantes
Para la población de Costa Rica, el principal problema continúa siendo la inseguridad y la delincuencia e inclusive esta valoración alcanza su punto más alto, al obtener un 43,7 %; además, la mayoría de las personas también mostraron poca o ninguna confianza en que el Gobierno liderado por Rodrigo Chaves pueda resolver, de alguna forma, esta situación. Un 74,3 % de las personas encuestadas muestra un disgusto con la gestión actual del Gobierno, lo que significa un aumento del 12 % en comparación con los resultados ofrecidos en noviembre del 2024.
Solo un 25,7 % dijo tener alguna o mucha confianza en el Gobierno para la solución de estos problemas.
Cuadro 5
Aunado a estos resultados, la población afirmó percibir que la educación ha desmejorado, pues el 50 % manifestó que ese sector está peor; esta medida inclusive aumentó en 10 puntos porcentuales con respecto a la que se obtuvo en mayo del 2024, cuando este indicador marcó 40 %. También bajó el porcentaje de personas quienes sienten que la educación ha mejorado, al pasar de 34 % en mayo del año pasado a 28 % en abril del 2025.
Otro de los indicadores que muestra la más reciente encuesta de opinión del CIEP UCR es que las personas perciben que la calidad de la educación ha disminuido. Foto Anel Kenjekeeva.
Otro indicador negativo es el de la percepción de la seguridad, en concordancia con los resultados de la inseguridad y delincuencia como el mayor problema del país.
Una aplastante mayoría del 78 % dijo que la situación de la seguridad está peor que hace un año, cuando este indicador marcó un 65 % (aumento del 13 %); mientras que la percepción de que está mejor disminuyó del 15 % en el 2024 a 12 % en este 2025.
Cuadro 8 y 9
Mientras tanto, de cara a las elecciones presidenciales y legislativas que se avecinan en febrero del 2026, las y los costarricenses siguen mostrando una actitud fría hacia esa campaña política.
Y es que, el 87 % de las personas encuestadas dijeron que no tienen ninguna simpatía partidaria, en contraposición al 13 % quienes sí manifestaron seguir a una agrupación política.
Al consultársele a ese 13 % sobre su afinidad con un partido político específico, el 4 % contestó que el Partido Liberación Nacional (42 personas); 3 % el Partido Progreso Social Democrático (32 personas); 1 % el Partido Unidad Social Cristiana (11 personas); 1 % el Frente Amplio (8 personas); y 0,5 % el Partido Liberal Progresista (5 personas).
“Este es un excelente ejemplo de que esta campaña política del 2026 no se caracteriza por la afinidad partidaria, sino que prevalecerá la imagen del candidato o candidata, o sea, la persona más que el partido político”, comentó al respecto el Dr. Ronald Alfaro Redondo, investigador del CIEP y docente de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica.
Otro indicador que aclara el panorama sobre cómo se comporta la población del país ante las próximas elecciones es el de la intención del voto: al realizar la consulta sobre por quién votará en las próximas elecciones, tres de cada cuatro personas (73 %) respondieron que sí lo harán pero que todavía no saben por quién.
“Es importante aclarar que en este trabajo estadístico no le damos las opciones de respuestas a quienes encuestamos. Aun así, vemos que entre la polarización política que caracteriza a Costa Rica en este momento de la historia, en cuanto a la intención de voto de la ciudadanía, más bien se da un fenómeno de despolarización, pues la gran mayoría no sabe por quién va a votar”, agregó Alfaro.
¿Cuál institución pública tiene la mejor valoración?
Finalmente, la Universidad de Costa Rica se mantiene como la mejor institución pública en cuanto a la valoración y evaluación de las labores que realizan, y es la única entidad estatal que sobrepasa la calificación de 8 en un total de 10, al obtener un 8,1 %.
Le siguen el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con un 7 %; el Banco Central con un 6,8 %; el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con un 6,7 %; el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Policía con un 6,6 %; y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) con un 6,2 %.
De últimos en esta calificación, se encuentran la Asamblea Legislativa con una valoración del 4,5 %; y los Partidos Políticos con 3,6 %.
Cuadro 7
Para crear la Primera Encuesta Trimestral de Opinión Pública del 2025 del CIEP entrevistó a ciudadanas y ciudadanos costarricenses que tuvieran teléfono celular, una característica que abarca al 97.5 % de la población del país.
Para ello, se utilizó un marco muestral del Plan Nacional de Numeración de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), al que se le aplicó un muestreo aleatorio para completar un total de 1001 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años.
Este trabajo se hizo entre el 24 y el 27 de marzo del presente año donde se utilizó un nivel de confianza del 95 %. Los responsables de este estudio calculan un error muestral máximo de ±3 puntos porcentuales.
Además, aclaran que cualquier generalización que se realice al utilizar los resultados de esta encuesta debe aplicarse únicamente hacia la población que cuenta con un teléfono celular y no a la totalidad de la población.
Otto Salas Murillo Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Dra. Yamileth González Ex-Rectora UCR, Colectivo Mujeres por Costa Rica
Hemos escuchado al presidente decir que gobierna para los pobres y que va a eliminar las “coronas” que tradicionalmente llevaron algunos funcionarios de gobiernos anteriores. Nada más alejado de la verdad, sus años de gobierno muestran lo contrario: la reducción del presupuesto en educación ha tenido como consecuencia el empobrecimiento de los grupos más vulnerables, precisamente esos que dice proteger y ¡gran contradicción! muchos de los cuales, absurdamente, son, engañados, los que le dan apoyo.
La crisis educativa que hoy se vive, profundizada por este gobierno, tiene como efecto que miles de estudiantes, la mayoría de las zonas urbanas marginales y costeras, dejen las aulas: en 2023, más de 23 mil abandonaron los centros educativos a consecuencia de la reducción de las becas, de la alimentación y del transporte; servicios que, tradicionalmente, recibían y ahora, el gobierno les quita; imposible para este grupo, estudiar sin esos beneficios, son jóvenes de hogares muy pobres, muchos de Puntarenas (el 22% ) y de Limón ( 23% ). Otro severo golpe lo constituye el reciente recorte al presupuesto de los colegios científicos, un bastión significativo de la educación pública.
Se ha estimado que sólo en 2023, el recorte de becas lleva a casi 6 mil hogares a la pobreza y a muchos menores de edad a la pobreza extrema y que 7.000 estudiantes dejaron las aulas. El problema crece ya que no solo caen en la pobreza, sino que, al abandonar sus estudios, son fácilmente reclutados por bandas criminales, o sea, que estos recortes expulsan a los jóvenes de los centros escolares, los empobrecen y los llevan a las filas de la delincuencia y del narcotráfico. ¿Será esta la nueva ruta de la educación costarricense?
Así, el panorama nacional es desolador: con este gobierno se ha ampliado la desigualdad y la brecha entre la educación pública y la privada ha crecido; los recortes, además de menoscabar los programas de equidad ya mencionados, dejan a la enseñanza pública sin la posibilidad de enfrentar los rezagos existentes, sin la opción de crecer y mejorar, por ejemplo, la conectividad a internet de banda ancha, de acceder a servicios informáticos, al equipamiento de las bibliotecas, al desarrollo de colegios científicos, a los bilingües y del bachillerato internacional; no permiten fomentar habilidades científicas en la juventud, ni ampliar el currículo completo para educación primaria…, condiciones con las que si cuenta la educación privada.
Los estudiantes de colegios públicos quedan en condiciones de inferioridad, sin posibilidad de avanzar, de tener en el futuro trabajos más calificados o ingresar a la educación superior. ¿Tienen las universidades la responsabilidad de que no ingresen a sus aulas más estudiantes de colegios públicos? ¿o es el gobierno que, con sus políticas, propicia esa desventaja? Es urgente hacer valer el derecho de la juventud de las zonas marginales y menos favorecidas, a tener una formación que les de mejores posibilidades de desarrollo.
En Costa Rica hemos tenido un estado social de derecho, que debemos defender, con oportunidades para todos los grupos sociales que, sin embargo, ha venido deteriorándose, y este gobierno ha agudizado con acciones inauditas, afectando principalmente a la población que vive en zonas marginales y restando así las posibilidades de movilidad social, que, en otro momento, como en mi caso y muchos más, pudimos acceder a una educación universitaria de calidad para poder, de ese modo servir al país.
Imagen: compartida en varias cuentas de redes digitales.
El itinerario de una causa penal por corrupción privado-pública está plagado de accidentes, trampas, baches y emboscadas. Dado el perfil de los sospechosos, individuos con poder económico, político, religioso o de influencia social, llegar al puerto de la Justicia no resulta sencillo. En el marco de un debido proceso legal, más allá de la inocencia o culpabilidad de los involucrados, o de los recursos extraordinarios con que cuenta su defensa, existen condicionamientos estructurales que resultan, al fin de cuentas, determinantes: un sistema económico que no dibuja con claridad dónde terminan los negocios lícitos y dónde comienzan los abusos con la cosa pública; la imperiosa necesidad de contar con instituciones judiciales bien financiadas, con suficiente personal capacitado, salarios competitivos, derechos laborales garantizados y expectativas de jubilaciones dignas, entre otros factores.
La mayoría de los hechos por corrupción ni siquiera son conocidos o denunciados. Habitan la zona oscura de las prácticas burocráticas viciadas por décadas y siglos. La realidad evidencia que los cambios de gobierno sólo tienen un peso relativo en el descontrol o agravamiento delictivos, pues los verdaderos expertos se encuentran enquistados, por una parte, en poderosas cúpulas empresariales; y por otra, en los mandos medios del aparato estatal, verdaderos conocedores y practicantes de las conductas ilícitas. En las sociedades modernas, casi siempre es la casualidad, la denuncia mediática o la obviedad del daño, las vías por las que se destapan los hechos irregulares y se convierten en escándalos públicos.
Si la denuncia logra concretarse, se abren tiempos de investigación preliminares con frecuencia interminables. Años y años de supuestos esfuerzos por acopiar las pruebas y construir la base acusatoria. En el mejor de los casos –dicho con ironía- nos enfrentamos a instancias policiales y fiscales incompetentes, negligentes o ignorantes. En la peor de las situaciones, la cuestión tiene que ver con cálculos politiqueros, deliberados atrasos, o abierta búsqueda de impunidad mediante eventuales prescripciones de las acciones delictivas. La lentitud es una variable transversal a lo largo de todo el proceso. La prescripción, y con ella la impunidad, puede finalmente alcanzarse en cualquier etapa del juicio.
La culminación de este itinerario puede ser una acusación débil o defectuosa, que omita hechos graves y relevantes, o saque del expediente a los acusados más “notables”. Es también el momento en que un Ministerio Público complaciente facilita las salidas alternas al proceso, llegando a acuerdos y conciliaciones que le permita a sujetos connotados burlar el rigor de la ley, sólo aplicable al común de los mortales. No debe olvidarse que las alternativas al proceso ordinario, -en principio un buen mecanismo para descongestionar tribunales y cárceles-, se aplican en nuestro medio si acaso a un 3% de los asuntos. El problema no está en los mecanismos en sí, sino en acordarse de ellos sólo frente a cierta categoría de delincuentes.
Si al final de este tortuoso trayecto, el caso llega a la etapa de juicio, no hay como anular, es decir, eliminar del conjunto probatorio, elementos de juicio esenciales y determinantes. Eliminada la prueba decisiva, el juzgador puede cómodamente justificar una absolutoria, por duda y hasta por certeza. No importa si hay precedentes jurisprudenciales del más alto rango que contradicen esas anulaciones. La cuestión es encontrarle salida jurídicamente “creíble” a la impunidad.
Y todavía más. Existiendo una sentencia condenatoria, se encontrarán subterfugios e interpretaciones judiciales o administrativos para que la persona convicta, con todo y su cuello blanco, no ponga un pie en la cárcel, destino sólo padecido por los desheredados de la tierra.
El daño irreparable se le estará haciendo al régimen democrático. La responsabilidad, sobre todo de los jueces y juezas, es de una trascendencia escalofriante. Un juzgador con miedo a los medios de comunicación o a los poderosos que procesa debería buscar otra forma digna de ganarse la vida. Un juzgador lo suficientemente ambicioso para sacrificar la justicia en aras de alcanzar metas en su carrera, es la negación misma de la independencia judicial. Como pesadas sombras, el miedo y la ambición corroen personas e instituciones por igual.
Cuando las instancias que deciden los nombramientos, en nuestro caso el Consejo Superior del Poder Judicial (jueces 1 a 3), la Corte Plena (jueces 4 y 5) y la Asamblea Legislativa (magistrados), quebrantan las reglas objetivas, se burlan de los concursos y sacrifican méritos y atestados en aras de cercanías y afinidades personales o partidarias, se está contribuyendo al descrédito de la Justicia y a la desconfianza fundada de la gente.
Uno de los mecanismos más conocidos universalmente, es la promoción y designación de jueces amigos o afines, a los que se pueda llamar o manipular en ciertos expedientes delicados, como son los de corrupción. El colmo de esta decadencia se perpetra cuando el nombramiento está atado a una encomienda específica, sea un cambio jurisprudencial, sea el favorecimiento a alguien con nombres y apellidos.
El caldo de cultivo estará preparado, en una “democracia plena”, para que florezca el demagogo populista, de derecha o de izquierda. Las deficiencias de las instituciones le servirán, no para enmendarlas, sino para destruirlas. Será tan autoritario y corrupto como muchos de los viejos políticos, y sólo querrá cambiar la camarilla tradicional por la suya propia, incluidos sus jueces de confianza, si pudiera. Por desgracia, los abusos, excesos y vicios del pasado juegan a su favor. Le darán todo el argumentario requerido para que un pueblo cansado y decepcionado le crea las mentiras y medias verdades que dice. Y aprovechará cualquier ocasión para recordarnos que hubo jueces y otras instancias de control que fueron designados por meras cercanías personales o partidarias, que se intentó controlar la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa para buscar objetivos espurios, y que andan por ahí sueltos algunos personajes, eternos procesados y hasta condenados, pavoneando su impunidad.
SURCOS comparte el siguiente documento presentado al Seminario Aportes de la Sociedad Civil Ante la Crisis de Seguridad Humana y el Desempeño Policial y Judicial. Ese esfuerzo ciudadano es coordinado por Walter Antillón Montealegre profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y Premio Rodrigo Facio Brenes 2022.
¿Cuáles son los hechos más relevantes ocurridos en el país en los dos últimos años, que configuran la crisis actual de seguridad humana?
Actualmente, el territorio nacional enfrenta condiciones sociales caóticas, caracterizadas por la situación general de la violencia en el país que se ha estado incrementando durante los últimos dos años. Al respecto de esto, es posible alinearse con perspectivas que consideren que las causas de la situación actual tienen su raíz en un periodo inmediato. Sin embargo, los hechos que suceden cotidianamente están cimentados sobre condiciones y eventos cristalizados a través del tiempo. Esto documenta los principales sucesos que, desde diferentes disciplinas teóricas y entidades, son considerados como los precursores de la situación de crisis de seguridad humana enfrentada actualmente en el país.
Línea del tiempo – Contexto histórico
La decadencia ochentera y el arrastre de los noventa
Durante los años ochenta, estalló la Crisis de los Ochenta. Con esto, el territorio nacional afrontó condiciones económicas desfavorables debido al aumento del precio de los combustibles. Asimismo, se llevaron a cabo manifestaciones sociales que reflejaban el desencanto social con las condiciones de la época. (Ovares, 2020, párr. 4).
La década de los noventa supone una disminución en la calidad de vida y los servicios públicos, provocando un cansancio poblacional debido a la insatisfacción de las necesidades básicas.Asimismo, comienza a cultivarse la desesperanza y el enojo debido a la falta de eficiencia en la solución de problemas del sistema público costarricense.
La desigualdad de ingresos está en un constante crecimiento desde la década de los años dos mil.Asimismo, esto se ha visto reforzado por los recortes presupuestarios en proyectos de inversión social. Con todo, se ha aletargado o negado el acceso a educación de calidad, becas y redes de cuido para las personas que las necesiten.
Línea del tiempo – 2020-2022
El frío baldazo de la pandemia y el 2020.
Para introducir la problemática actual acerca de la seguridad ciudadana en el país resulta esencial traer a colación el hecho de que, esta, no es reducible a la reciente proliferación de las redes de narcotráfico y de crimen organizado en la región. Esta, pues, responde a las dinámicas estado-poblacionales de descontento y enojo de las personas.
En relación con las consecuencias de la época de pandemia en el país, es posible resaltar el estrés y la ansiedad desarrollados por dicha emergencia sanitaria.Asimismo, las condiciones de confinamiento y las políticas públicas propiciaron el desempleo, lo que provocó un aumento en los síntomas de ansiedad y depresión en la población costarricense. En relación con esto, el desempleo juvenil alcanzó un pico considerable en 2020.
Al respecto de la educación formal, ésta no escapó de los impactos que supuso la pandemia. Asimismo, los recortes presupuestarios asociados al sistema educativo público ocasionaron una disminución del acceso a la educación de calidad posterior al 2020.Asimismo, otros sectores también se vieron afectados debido a recortes presupuestarios considerables, como los programas sociales.
Estas condiciones dan paso a una creciente desigualdad, lo que ocasiona mecanismos de exclusión social de las personas en condición desventajosa.
Efectos post pandémicos inmediatos. El crimen organizado y el 2021.
Algunas consecuencias del recorte presupuestario de la educación pública estuvieron reflejadas en la creación de los grupos criminales organizados locales.Al respecto de esto, estas agrupaciones adquirieron un atractivo para los jóvenes afectados por las carencias educativas de las zonas costeras y centrales. Esto procuró disputas por controles territoriales en la provincia de Limón y la Gran Área Metropolitana que, a su vez, aumentó la tasa de homicidios en dichas zonas.
Asimismo, la inacción de las autoridades de justicia provocó una carencia de un abordaje estratégico para evitar la expansión de los grupos criminales organizados locales.
La cotidianidad con la que estos hechos se producen ocasiona sentimientos asociados al miedo en las comunidades afectadas, especialmente aquellas en la zona de Limón y la Gran Área Metropolitana.
Efectos post pandémicos. El ascenso de Chaves en 2022.
Las elecciones de 2022 presenciaron un 40% de abstencionismo del padrón electoral.Esto fue un reflejo de la falta de participación política de la época. En relación con los elementos indicados anteriormente, podría indicarse que fue un efecto del descontento poblacional ocasionado por la ineficacia del sistema público.
La decepción y enojo poblacional, ocasionado por los eventos listados anteriormente, propiciaron un caldo de cultivo para la violencia. Esto propagó un favorecimiento de actitudes xenófobas, sexistas y antidemocráticas.
Al erigirse como presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles refleja el autoritarismo donde las condiciones de coexistencia pacífica son desplazadas en función del enojo y el irrespeto. Al respecto de esto, Chaves capitaliza el enojo popular y las actitudes antidemocráticas y autoritarias. Esto a su vez, propaga el clima de violencia en el territorio nacional.
El uso actual de las redes sociales propicia un ambiente donde se juzga y se acusa deliberadamente a cualquier persona. Asimismo, se propagan patrones de consumo masivo contrapuestos a comportamientos pacíficos.
La violencia en hechos y datos. ¿Qué pasó tras la elección? (2022-2024)
Aproximadamente un mes antes de ascender a la presidencia de la República Rodrigo Chaves indicó, en marzo de 2022, que prefería que le tacharan de cavernícolaantes de firmar un compromiso contra la violencia de género.
El FEES sufre un recorte de ₡129 000 en 2022. Esto significó un retroceso en materia educativa y en el financiamiento de la educación pública del territorio nacional.
El asesinato del líder indígena Jehry Rivera fue aplaudido por representantes gubernamentales y finqueros mediante un vídeo publicado en redes sociales en agosto de 2022. Asimismo, aumentaron las agresiones de la fuerza pública y de los finqueros contra los pueblos originarios.
Durante el año 2022 aproximadamente 6888 mujeres fueron víctimas de delitos sexuales, representando un 87% del total de los delitos sexuales reportados en el país.
La Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana de 2022 señaló que el delito más posible de experimentar es un asalto en la calle, con un 21% de las personas encuestadas indicando esa probabilidad.
Las agresiones físicas y sexuales proliferan en los espacios públicos, con un 75% de las personas encuestadas señalándolo.
El desempleo juvenil aumentó durante el primer trimestre de 2023.
El asesino de Jehry Rivera fue puesto en libertad en julio de 2023. Esto da cuenta de la proliferación de conductas antidemocráticas, especialmente contra los pueblos originarios.
Se ha atacado a las universidades públicas, a sus estudiantes y sus movimientos de protesta en relación con el FEES. Esto ha ocasionado un debate en redes sociales acerca de la posición de la educación superior pública como un sujeto contrapuesto a la figura presidencial actual.
Los ataques contra la Contraloría General de la República han aumentado durante la gestión Chaves-Robles. Al respecto de esto, la CGR ha señalado, en los últimos años, irregularidades en las gestiones del SINART, ICE y CCSS.
El Informe del Estado de la Nación indicó, en noviembre de 2023, que la desigualdad mantiene una tendencia creciente en Costa Rica. Esto provoca un aumento en los índices de violencia.
Al menos, un 54% de los hombres asesinados durante 2023 eran menores de 35 años.
La Ley Jaguar, Exp. No. 24 364, publicitada en junio de 2024, provocaría acuerdos menos transparentes y la eliminación de la fiscalización de los fondos públicos.
El sistema judicial nacional pierde confianza al reportarse la colaboración de varios jueces en casos de índole criminal relacionados al narcotráfico a través del Caso Madre Patria en junio de 2024. Esto remonta a lo mencionado por la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana de 2022 donde se reportó que un 59,2% de las personas no está de acuerdo con que los jueces cumplan prontamente la justicia.
Esto provoca que las familias tomen medidas como no permitir que los infantes jueguen fuera o que no visiten las casas de otros infantes. Esto podría, a su vez, ocasionar actitudes antidemocráticas basadas en el confinamiento, como reflejo de la época pandémica. Asimismo, las familias piensan que aumentar el número de policías de la fuerza pública podría solucionar los problemas de seguridad humanitaria.
Sin embargo, el encarcelamiento de jóvenes reflejaría las fallas del mismo sistema en auxiliar debidamente a dicho sector de la población.
Asimismo, es necesario anotar que, desde instituciones sociales como la educación, la familia y la comunidad, no se están identificando y reconociendo dichos casos con el suficiente tiempo. Esto podría manifestar el declive de la calidad social y educativa nacional actual.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señaló que un aproximado de 56% de los 406 homicidios contabilizados hasta mediados de junio de 2024 están vinculados a la delincuencia organizada.
La diversidad sexual es violentada a través del despido de la ministra de Cultura por tramitar un interés público para la marcha de la diversidad del mes del orgullo en junio de 2024.
Aproximadamente, un 38% de los infantes costarricenses conviven con condiciones desfavorables en sus hogares, especialmente en las zonas fronterizas y costeras del territorio nacional. Esto les hace vulnerables ante el abandono de los estudios escolares y los convierte en terreno para el cultivo del crimen organizado. Además, esas condiciones vulnerables aumentan la probabilidad del reclutamiento de los jóvenes en los gremios del crimen organizado.
La pronta entrada a la adolescencia provoca que las personas jóvenes tomen decisiones impulsivas. Asimismo, las sanciones legales dirigidas hacia este sector poblacional tienden a suavizarse. Esto, pues son dispositivos de apoyo de los grupos criminales organizados del país al momento de reclutar jóvenes en sus filas.
Pareciera ser que las consecuencias del crimen organizado suponen un golpe bajo hacia la calidad de la seguridad humanitaria actual. Sin embargo, estas secuelas también poseen una presencia física y psicológica. Con esto, es posible referirse a las recuperaciones físicas de las heridas provocadas en un asalto, así como al abordaje psicológico de las emociones de miedo, depresión y ansiedad ocasionadas por estos eventos. Asimismo, los homicidios embebidos de las condiciones deplorables de la seguridad ciudadana actual suponen desintegraciones familiares, gastos fúnebres y desencanto comunitario.
Así pues, pueden listarse los siguientes elementos clave para comprender la configuración de la crisis de seguridad humanitaria vivida en el territorio nacional:
La pandemia ocasionó un impacto considerable. El aumento del desempleo provocó dinámicas de desigualdad de ingresos, resultando en la exclusión social de las personas desposeídas.
La crisis de seguridad humanitaria no representa un problema nuevo. Esta es identificable a través de sucesos económicos y sociales ocurridos durante los últimos cuarenta años.
Los recortes presupuestarios a programas educativos (como el FEES), así como a la inversión social y comunitaria general están asociados con la disminución de la calidad de la educación pública y la integración social comunal. Esto provoca condiciones de cultivo para la inseguridad social a través de la deserción escolar y las oportunidades para que las personas accedan a educación universitaria becada y de calidad.
El crimen organizado es un síntoma tangible de la crisis humanitaria de seguridad que vive el territorio nacional. El declive de la calidad de vida y de educación supone que las personas jóvenes encuentren un atractivo en pertenecer a un grupo criminal organizado.
El ascenso de la administración Chaves-Robles al poder está aparejada con sentimientos y emociones de descontento, enojo, rencor y actitudes antidemocráticas heredadas por el confinamiento durante la pandemia, el deterioro económico-social de décadas, y el desencanto con la función pública.
El estilo autoritario para gobernar, sumado a otras expresiones de violencia discursiva que pululan en redes sociales y en representantes de algunos sectores sociales, políticos y deportivos configuran el caldo de cultivo para manifestaciones de violencia generalizada, más allá de los hechos atribuibles al crimen organizado.
Personas, entidades y otras fuentes consultadas
Allen Cordero Ulate. Sociólogo.
Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica
Henry Mora Jiménez. Escuela de Economía de la UNA.
Isabel Ducca Durán. Socióloga.
José Andrés Díaz González. Politólogo, IDESPO, UNA.
José Francisco Pacheco Jiménez. Economista, consultor internacional.
Laura Fernández Díaz – directora del Área de Niñez y Adolescencia, Defensoría de los Habitantes.
Marco Vinicio Fournier. Psicólogo.
Pablo Chaverri Chaves. Académico INEINA, UNA.
Observatorio Económico y Social. Escuela de Economía UNA.
Oficina de Comunicación. Universidad Nacional de Costa Rica
Ovares, C. (18 de octubre de 2020). ¿Otra ‘década perdida’ en Costa Rica? AgendaPública.
SURCOS Digital
Las imágenes son parte de un estudio de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica.
Redactado por Sofía Jiménez Murillo, estudiante de Sociología UCR, carné universitario C19987.
Recolección de información y coordinación: Magister Héctor Ferlini Salazar, comunicador, administrador, docente UCR, director de SURCOS Digital.
Si cruelmente esperamos un pobre se muera para darle la pensión a otro en la miseria.
Si le negamos ayuda a más de 100.000 niños y jóvenes de barrios marginales o en condición de extrema pobreza: primaria ₡18.000 mensuales, secundaria ₡30.000 (de sétimo a noveno año) y ₡40.000 (de décimo a quinto o sexto año) por mes.
Los estamos entregando en las manos del sicariato y la delincuencia.
Mientras los jerarcas del ICE, Hacienda , Seguro Social, muestran músculo con los balances macroeconómicos, los servicios esenciales (educación, salud, vivienda, seguridad) desmejoran.
Los organismos financieros internacionales aplauden, como nación, somos candil en la calle, oscuridad en la casa.
La venta de humo nubla algunas entendederas.
Tristemente:
“¡Así hasta yo!
Expresión icónica de doña Niní Chinchilla, ilustre educadora, costarricense.
La foto recuerda al presidente Chaves fuertemente custodiado por guardaespaldas con armas de grueso calibre, una foto indigna para nuestro país. Ante la crítica, el presidente Chaves contestó que se debía a que estaba tocando los grandes intereses del narcotráfico: “vean estamos poniendo escáner tocando los grandes intereses de los carteles, que impedirá que un solo gramo de droga salga de nuestros puertos, ¿cómo no debo cuidarme?”.
Independientemente de valorar que el escáner no sirvió de mucho, unos días atrás el ministro Nogui informó al país que no había plata para la instalación de los otros dos escáneres y que su manteniendo costaba mucho dinero (esta noticia se lee el 22 marzo en La Nación). El presidente Chaves renunciaba a tocar los poderosos intereses del narco, para usar sus palabras.
Sin embargo, la generala Laura Richardson jefa del Comando Sur del Ejército de los EEUU ya había ofrecido que su país y su ejército otorgarían 4 escáneres al país, los cuales regalaría junto con su instalación y mantenimiento. En otras palabras, que el control directo de la exportación e importación de cocaína estaría en manos del Army. El país solo pondría y tal vez, la electricidad. Todo quedaría en manos del ejército gringo con la contribución de la DEA.
La generala Richardson como buena militar imperial no se anda con pelos en la lengua; su interés -dice- es asegurar los intereses de EEUU en la América Latina, especialmente en dos campos: los recursos naturales y la eliminación de la influencia china. Por supuesto, todo en beneficio de los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos.
El contexto de esta política es la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, combatir la inseguridad. Ya en el pasado la lucha contra el narco y la inseguridad, como ahora, sirve para militarizar a los países y afianzar los intereses de la potencia norteamericana. En este ambiente las políticas que limitan y anulan la soberanía nacional, son bienvenidas por la ciudadanía sin que noten cuáles son los verdaderos intereses de fondo.
En la Asamblea Legislativa además de los proyectos para aumentar penas y disminuir derechos de los ciudadanos, también se proponen facilitar y ampliar todo lo referente a escuchas telefónicas, geoubicación, visualización de mensajes y cosas tan graves como el intercambio de información de este tipo entre policías de diferentes países. Ya sabemos que actualmente la Embajada de Estados Unidos tiene datos en tiempo real de toda la información y el monitoreo que hace el Centro dedicado a esta actividad en el OIJ. En otras palabras, sin que un juez lo ordene y sin que el cuerpo policial extranjero lo solicite. Y ¿cuál es la razón de ello? En primer lugar, la complicidad de los jueces y funcionarios encargados del Centro, así como de las autoridades judiciales. En segundo lugar, la amenaza de las policías estadounidenses de retirar el software de escuchas que regaló o prestó los EEUU a Costa Rica.
Un proyecto de ley en la AL quiere legalizar esta entrega.
En México el presidente López Obrador continuó la colaboración con la DEA y otras policías, pero no de manera como ocurría en el pasado que disponían por la libre de todo, sino ordenando y poniendo bajo la soberanía del país la información que se les entrega. Así debería ser en nuestro país.
Sin embargo, la generala Laura Richardson y demás autoridades estadounidenses se han encontrado con un presidente, Rodrigo Chaves, absolutamente convencido de entregar este país no solo a los bancos internacionales y al capital financiero, sino que también la soberanía política y judicial a otras instituciones y cuerpos del extranjero.
Estamos en presencia de un presidente, Rodrigo Chaves, tal vez el más entreguista de los últimos años.
Si algo nos indicaban los resultados de las recientes elecciones municipales no era solo el arcoíris con el que se colorearán las municipalidades a partir de mayo próximo, sino cómo esa configuración política está expresando un rápido deslizamiento político ideológico del país hacia la derecha y al conservadurismo, por un lado, y al ensanchamiento de las brechas sociales, de las desigualdades y las exclusiones, y, quizás, de peligrosas fracturas territoriales, por el otro; sin que este resultado ni el rumbo en el resto de los escenarios políticos esté marcando ningún giro esperanzador para el futuro del país.
Ese resultado manifiesta la caída tendencial, de largo plazo, del bipartidismo histórico que marcó la alternancia entre Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana, tanto a nivel nacional como provincial y local. De 84 alcaldías, juntos ganaron 49, o sea el 58 por ciento de los municipios. El PLN resultó ser el más castigado, pero el PUSC apenas logró hacer un reacomodo territorial de sus votos para alcanzar 5 alcaldías más que en 2020, pues en número de votos a nivel nacional no creció, sino que perdió más de un centenar de votos. Fue la aritmética local la que le ayudó.
Sin duda, en cada periodo electoral se producen reacomodos que pueden cambiar los mapas, algo parecido a la activación que se observa con los enjambres sísmicos. Pero en esos huecos que van dejando localmente los cambios de las hegemonías cacicales, no emergen salidas políticas que contengan respuestas esperanzadoras a los caldos de cultivo de la descomposición social, ni siquiera remaches a las fracturas y menos frenos al acercamiento acelerado a los abismos. Ni el PLN y mucho menos el PUSC escapan a la derechización política y al conservadurismo. Y las otras opciones que esperábamos más progresistas están estancadas o quizás también en caída.
Ese deslizamiento, casi sin freno, a un abismo de crisis ha sido causado por una intensa acumulación de tensiones sociales, de los cuales situaciones como el aumento de la desigualdad y de la pobreza, la delincuencia y la inseguridad, la desconfianza social en las instituciones son sus irrupciones en la superficie. Pero esa misma crisis expresa un deterioro de la conciencia cívica, de la crítica y de la rebeldía social frente al statu quo.
Nos falta preguntarnos sobre la (re) configuración territorial del poder y de la dominación en Costa Rica a partir del juego de fuerzas en la escala local. Para eso habrá que leer lo que ocultan las banderas que colorearán a cada municipalidad, pero también más allá y, sin caer en maniqueísmos ni determinismos, conjeturar un poco sobre el movimiento de las dinámicas locales. No hay leyes físicas para explicar esto y nos falta investigación social sobre esos escenarios.
También posiblemente las banderas nos dirán muy poco, sobre todo porque el abstencionismo tiene una oculta que no sabemos cómo colorear. Pese a que alcanzó el 68 por ciento, la estadística electoral en vez de colorearlo, lo sombrea bajo el sofisma de la poca conciencia y compromiso cívico de los abstencionistas. Los abstencionistas, creo yo, nos están diciendo otras cosas y quizás son evidentes, pero eso no estuvo ni está en la agenda de los partidos. Algunos apostaron por mantener el abstencionismo a raya y moverse dentro de círculos de electores manipulables.
Todo lo anterior es la expresión no de una sino de múltiples fracturas. Estamos viviendo sobre un enjambre socioterritorial que políticamente no se termina de acomodar, pero como en la sismografía se van acumulando tensiones y generando simultáneamente una liberación de energías que podría ser gradual o llevarnos a una catástrofe. También no podemos obviar que la cartografía política posiblemente esté expresando las distorsiones de la fragmentación derivada de la división territorial por cantones, cosa que no parece solucionarse en breve pues abundan caudillos locales con sueños imperiales y diputados que convierten la creación de nuevos cantones en moneda de cambio.
En fin, como mera especulación final agrego que quizás debamos seguir preparándonos para otros posibles nuevos remezones, la rebatiña que está protagonizando el refrito que nos gobierna apenas parece anunciarnos que todavía tendremos que ver mucho más de aquí a las próximas elecciones.
(*) Sociólogo, comunicador social e internacionalista.
Así puede definirse la política penal que marca el país. Efectivamente el país, porque todo mundo está de acuerdo en combatir la delincuencia a base de más punición, castigo y represión.
La Asamblea Legislativa tramita a golpe de tambor leyes que aumenten penas y limiten garantías. Aplican la doctrina Bukele en su esencia: represión y castigo.
Por supuesto que la política criminal, aprobada por los diputados y el poder ejecutivo, con el aplauso generalizado está principalmente dirigida hacia los sectores más pobres y marginados de la sociedad.
Cuando se castiga a la gente mediante reformas penales hay que tener presente que también se les está castigando cuando se reducen las partidas presupuestarias para educación, salud, Cen-Cinai, apoyo a la infancia y reducción de presupuesto universitario. Unas son represivas pero las otras reducen y limitan la prevención. En otras palabras, se privilegia el castigo sobre la prevención.
Un Estado que actúe de esta manera está condenando a los pobres, a los marginados, al círculo de la violencia. Y en esta tesitura está prácticamente toda la sociedad, hasta nuestros llamados “expertos” penalistas y criminólogos. ¿Cómo ir a contracorriente?
Un clásico ejemplo de una política penal o punitiva del Estado costarricense es la reforma que se pretende para aumentar los periodos de tiempo o de vigencia en que los delitos aparecerán en la llamada Hoja de Delincuencia. Si en estos momentos un delito que alguien cometa aparecerá en esa Hoja en un determinado plazo, ahora con la reforma se pretende que aparezca en un tanto de años más. ¿Es esta una política correcta? Las personas que han delinquido y solicitan posteriormente trabajo es porque quieren reconciliarse con la sociedad, pretenden reinsertarse, como dicen. Pero el Estado se las pone más difícil por mayor tiempo. ¿Y quiénes buscan trabajo? Por supuesto no son los hijos de las clases medias altas o clases altas, sino los hijos de los sectores pobres, los más necesitados. Están creando un verdadero círculo vicioso, contra los que más los necesitan.
Aunque no lo digamos, pensamos como Bukele, que las cárceles son la solución a la delincuencia y el narcotráfico.
1.- Desde hace años he venido observando una práctica que me parece institucionalmente incorrecta y que consiste en que, cada cierto tiempo, Ministros o funcionarios de los Ministerios de Justicia, o de Seguridad Pública, han convocado al Ministerio Público, o personalmente al Fiscal General de la República, a participar en reuniones heterogéneas (a veces con participación de la DEA u otros cuerpos policiales extranjeros) para discutir y convenir en políticas, tácticas o campañas dirigidas a combatir ciertas formas de delincuencia que, se estima, amenazan la vida o la seguridad de los ciudadanos. Mi discrepancia se funda en que la Fiscalía es el órgano de la Justicia que con absoluta autonomía e imparcialidad ejercita la acción penal, esto es, la función requirente del Estado, contra cualesquiera personas sin distinción, según el mérito de la causa; de manera que sus agentes, por elementales reglas de higiene institucional, deberán sustraerse de toda ocasión que pueda conducirlos a participar en planes de cooperación o acciones conjuntas con otros cuerpos funcionariales de donde puedan resultar situaciones de influencias, empatías o sentimientos afines con funcionarios públicos nacionales o extranjeros; funcionarios a quienes eventualmente, el día de mañana, los fiscales podrían estar llamados a acusar como presuntos autores de delito (como, por lo demás, ocurre con alguna frecuencia).
2.- Ahora bien, en los últimos tiempos, y particularmente en el actual Gobierno, se ha recaído lamentablemente en dicha práctica, pero en grado mayor, cuando se convoca a los señores Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Fiscal General de la República, junto con Diputados, Ministros y otros, a reuniones de urgencia en Casa Presidencial; reuniones lideradas por el señor Presidente de la República con el justo empeño de detener la ola de violencia que viene padeciendo nuestro País. Me parece que la última de dichas convocatorias ha tenido lugar el 3 de octubre del año próximo pasado (ver “elmundo.cr” del 2 de octubre citado).
3.- Igualmente ahora, y con mayor razón, los ciudadanos debemos señalar lo gravemente incorrecto de dicha práctica. El ejercicio independiente e imparcial de la potestad jurisdiccional del Estado (en sus formas judicante y requiriente) que ejercen en forma ordinaria jueces, magistrados, fiscales y defensores del Poder Judicial, consiste en la aplicación de la Constitución y las Leyes a los casos concretos sometidos a su conocimiento; de manera que perseguir y cumplir objetivos como “combatir”, “detener” o “contener” actos individuales o procesos sociales precalificados como dañinos, peligrosos, etc., son, por definición, ejecución de políticas criminales, lo cual es actividad radicalmente ajeno a la esfera de competencias de aquel Poder.
Tanto es así que, por ejemplo, como resultado del proceso jurisdiccional seguido contra una persona, podría ocurrir, tanto la condena penal de ésta, como también su absolución, con eventuales cargos criminales contra las autoridades que torpe y maliciosamente la implicaron en el caso; porque jueces y fiscales, al examinar objetivamente la conducta de un imputado, también tienen el deber de detectar e identificar los eventuales abusos e infracciones de las autoridades que intervinieron en el caso, y proceder de conformidad.
4.- Las anteriores consideraciones vienen primariamente respaldadas en la tradición liberal y garantista del constitucionalismo moderno, de matriz ilustrada (Locke, Montesquieu). Y al respecto los ciudadanos tenemos el deber de destacar y señalar el amplio desarrollo que en nuestra época ha experimentado la clásica doctrina de la separación entre las funciones y los poderes supremos del Estado.
Porque, en efecto, dichas funciones e instituciones/poderes han sido objeto de renovados análisis doctrinarios, con notables resultados a partir de la consideración de las dos grandes dimensiones de la fenomenología de la producción jurídica, a saber:
a) Una dimensión activa, que corresponde a la función general de gobernar (legislar y ejecutar a tenor de lo legislado) y se expresa en forma de voluntad, poder, innovación y disposición.
b) Una dimensión no activa, que corresponde a la función general de garantizar secundariamente el derecho (juzgar), y se expresa como conocimiento, saber, conservación y constatación.
(ver, por todos, Luigi Ferrajoli: Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia; Laterza, Bari, 2007; pág. 871 y sigtes.)
5.- La evolución institucional en los países más avanzados acusa claramente la tendencia a atenuar la distancia entre ambas instituciones representativas (parlamento y gobierno: legislar y administrar), conformando entre ellas una relación de condivisión funcional; y opuestamente, la tendencia a acentuar la distancia de las dos frente a la otra institución: la no representativa (judicial), cuya función (y también su legitimación) es garantizar el derecho, caso de fallar otras garantías de carácter primario.
Por ejemplo, la salud de los costarricenses goza de la garantía primaria de la Caja Costarricense de Seguro Social; pero si, debido a las alevosías de presidencias y directivas neoliberales que la apuñalan desde adentro, o corruptelas similares, la garantía primaria falla, bien sabemos los usuarios de las múltiples veces que la Sala Constitucional ha hecho funcionar la garantía secundaria.
6.- En conclusión, el carácter esencial, vital, de la función de garantía secundaria del Poder Judicial para asegurar el Estado Constitucional de Derecho y la vigencia de los derechos humanos de la población, nos obligan a extremar las salvaguardas de la independencia interna y externa, y la alta dignidad de cada uno de los jueces y magistrados de dicho Poder, así como del Fiscal General de la República y, plausiblemente, de los restantes fiscales y defensores.
7.- Ni amigos, ni pares, ni adversarios de los demás funcionarios públicos, los fiscales, los defensores, los jueces y los magistrados del Poder Judicial constituyen un orden aparte, cuya distancia y condición deben ser escrupulosamente respetadas; bajo pena de incurrir, en el más leve de los casos, en violación a las normas de corrección constitucional vigentes en todo país civilizado.
