-Memo Acuña González | ENSAYO–

En el año 2004, el productor y cineasta costarricense Hernán Jiménez presentó una de sus primeras obras audiovisuales en el país. La denominó Doble llave y cadena: el encarcelamiento de una ciudad, ganadora de la muestra de Cine y Video en aquel año.

En esta pieza, Jiménez expuso magistralmente las consideraciones sociológicas, psicológicas y urbanas de la transición entre una sociedad rural contemplativa y rupestre a una urbe urbana como San José, desordenada, fea e insegura. El eje con que presentó dicha transformación fue el aumento de la inseguridad. La pieza es narrada en primera persona, permitiendo conocer la forma como la subjetividad se va colocando frente a las transformaciones, los miedos, las incertidumbres del paso de un estado social, espacial, emocional, a otro.

Con el eje de la inseguridad, Jiménez no solo explicaba la reconfiguración estética de una ciudad como San José que en pocos años se convirtió en un «campo de concentración con seguridad perimetral». También planteaba la consolidación de un espacio geográfico y social donde se condensaron todas las desigualdades, tensiones sociales y destrucciones de confianzas mutuas y comunitarias, para dar campo a experiencias cada vez más individualizantes en los últimos 30 años. En este período, aparecieron los miedos hacia el otro, hacia los otros, generalmente diferenciados en razón de su color de piel y su proveniencia geográfica, fuera de las fronteras nacionales. Haciéndolo extensivo para el territorio costarricense, la sociedad en su conjunto se encerró en sí misma, se clausuró para resguardarse.

El audiovisual continua vigente luego de sus ya 16 años de estrenado. Sus premoniciones sobre un país que «se quedó por fuera» fueron cumplidas y se exacerbaron con la coyuntura de la pandemia COVID-19, que ha terminado por instalar el cierre de una comunidad política y social imaginada, hasta hace pocas décadas.

La base de esta clausura tiene múltiples dimensiones, algunas sociopolíticas, otras de orden sociocultural. Pero el principal rasgo que explica la fractura con la que cual Costa Rica acometió desde marzo de 2020 la actual coyuntura sanitaria, es la persistencia de un proceso cada vez más visible y permanente en esta sociedad: la construcción social de la desigualdad. Es este rasgo el que mejor describe una sociedad que se quedó por fuera, fue expulsada y contenida, mientras los vestigios de construcción social eran erosionados, minando la confianza y la solidaridad como construcciones identitarias comunes.

El escenario antes de la llegada del primer caso al país (6 de marzo de 2020) planteaba una sociedad profundamente desigual, que se había venido consolidando en los últimos lustros. De acuerdo con el Programa Estado de la Nación (2020), no todos los hogares costarricenses llegaron con las mismas condiciones a cumplir los requerimientos de las autoridades sanitarias en materia de confinamiento y distanciamiento social: de 1 600 000 hogares de Costa Rica, un 9 % de estos reside en viviendas en mal estado (144 000 hogares), y un 2 % vive en condiciones de hacinamiento (más de 3 personas por dormitorio, pulverizando así los requerimientos de casi dos metros de distancia dictados por las autoridades de salud); cerca de 15 % de las viviendas mide menos de 40 metros cuadrados y 104 000 viviendas (un 7 % del total) no tienen acceso a servicios básicos como agua, luz y manejo de residuos sólidos (PEN, 2020).

Los temas del distanciamiento social y la cuarentena, que en el caso de Costa Rica no es obligatoria completamente, desnudan realidades desiguales latentes en el ámbito de lo subjetivo y colectivo. Lo han planteado varios análisis desde la filosofía, la sociología, la psicología social, el arte. Lo dijo recientemente Boaventura De Souza Santos:

Cualquier cuarentena es siempre discriminatoria, más difícil para unos grupos sociales que para otros. Es imposible para un amplio grupo de cuidadores cuya misión es hacer posible la cuarentena al conjunto de la población. En este texto, sin embargo, atiendo a otros grupos para los que la cuarentena es particularmente difícil. Son los grupos que tienen en común una vulnerabilidad especial que precede a la cuarentena y se agrava con ella. Esos grupos conforman lo que llamo el Sur. En mi concepción, el Sur no designa un espacio geográfico. Designa un espacio-tiempo político, social y cultural. Es la metáfora del sufrimiento humano injusto causado por la explotación capitalista, por la discriminación racial y por la discriminación sexual (Recuperado el 8 de abril de 2020 de Surcos).

La crisis sanitaria global ha supuesto, para el caso costarricense, la continuación de una serie de clausuras, de encerramientos, de puesta del cerrojo a un estilo de vida, un proyecto de sociedad, una conformación comunitaria, para dar paso a una serie de procesos aún en transcurso y que la dinámica de la pandemia ha acelerado sin pausa y con una velocidad impresionante.

A esta coyuntura el país llegó resquebrajado, polarizado, partido. El juego de contrarios que ha venido siendo construido bajo la figura de la polarización social ha devenido en un reconocimiento fracturado de pertenencia a una comunidad amplia y homogénea, lo que produce de plano un tercer proceso de clausura aún en transcurso (los otros dos tienen que ver con la terminación de la comunidad sociopolítica y la transformación sociocultural): la lucha discursiva entre quienes pueden quedarse en casa y aquellos que, dada su imposibilidad material, continúan trabajando en oficios subterráneos, precarizados y riesgosos, los empleados públicos versus los privados, las élites que continúan movilizándose versus aquellos que son confinados, recluidos; los que viven en segregación social y territorial versus quienes pueden hacer de su confinamiento, una experiencia agradable y casi vacacional.

Los dos procesos de clausura precedentes ya los habíamos enunciado en otra ocasión para hacer referencia a la coyuntura social y política instalada en el país durante las elecciones de 2018. En esa ocasión hacíamos notar la conclusión de eso que Carlos Sojo denominara «lo costarricense» como mecanismo de integración horizontal.

Vale la pena traerlos a colación y recordarlos, como eslabones concatenados de una transformación sin pausa que experimenta Costa Rica en la actualidad y que se suma a lo que la pandemia ha dejado ver sobre la constitución comunitaria y social en el país.

Primera clausura: una refundación sociopolítica insuficiente

Uno de los pensadores centroamericanos mas claros en materia sociopolítica, el guatemalteco Edelberto Torres-Rivas, fallecido a finales de 2018, hacía una referencia sobre el escenario costarricense de los años ochenta, en los siguientes términos: «La cultura política del país es sólida porque mantiene vivas las mejores tradiciones de paz interna, estabilidad política, disgusto por las adhesiones ideológicas extremas y tolerancia» (Torres-Rivas, 2006).

Por otra parte, Carlos Sojo, en su ya gustado texto sobre la desigualdad (Igualiticos: la construcción social de la desigualdad. FLACSO, 2010) señala tres referentes normativos de la cultura política costarricense: la convivencia horizontal, la tolerancia y el pacifismo. En los últimos años, la certeza de esos referentes parece haberse difuminado.

Tales rasgos fueron encontrando expresiones de agotamiento que se evidenciaron en señales de transición y cambio de un sistema político y de partidos, que cristalizó en la coyuntura electoral de 2018. Los descontentos que se venían construyendo décadas atrás, finalmente produjeron los resultados de aquel período y que podrían ser denominados como la conformación de una nueva identidad política en Costa Rica, todavía en gestación.

Este es un elemento que no fue procesado en los dos años de la administración Alvarado Quesada y que se consolidaron con proyectos impositivos en materia fiscal así como la inhibición para que los movimientos sociales costarricenses pudieran mostrar sus inquietudes y expresarlas pública y colectivamente en las calles. Frente a ello, la sensación de una impunidad selectiva a favor de sectores económicamente fuertes, ha provocado enojos sociales inconvenientemente manejados.

Estos enojos siguen intactos y ni siquiera las referencias a un «equipo nacional», un «nosotros» lejano y difuso, tan utilizadas por los diferentes actores a cargo del manejo de la emergencia sanitaria actual, han logrado reducir dichos descontentos y colocarlos en un momento de pausa mientras la curva de la pandemia logra ser aplanada.

Crisis de partidos, crisis de franquicias

Lo que en aquel momento se denominó como crisis sistémica de los partidos empezó a cristalizarse luego de los acontecimientos de mediados de los años noventa, cuando un pacto entre élites y cúpulas políticas, denominado «Pacto Figueres-Calderón», dejó por fuera amplios sectores de la población y produjo su deterioro en las condiciones sociales, laborales y económicas; de hecho, se constituyó en el primer pacto o acuerdo nacional luego de los acontecimientos de la década de los años 40 del siglo anterior, que no tomó en cuenta otros sectores que no fueran las élites y las cúpulas.

La expresión de la crisis se evidenció en el aumento del abstencionismo por primera vez desde los años 40, cuando en las elecciones que declararon presidente a Miguel Angel Rodríguez, en 1998, sobrepasó el 30 %, porcentaje que no ha bajado desde entonces.

A inicios de la década de los años dos mil, aparecen las primeras expresiones partidarias denominadas no tradicionales, con la entrada a escena del Partido Acción Ciudadana (PAC) como propuesta «alternativa» a los partidos políticos tradicionales. Luego haría su aparición con gran suceso electoral el izquierdista partido Frente Amplio, teniendo el resultado más contundente que registra la historia del país para una denominación de este tipo. Su posterior desempeño, errático y inexperto en las lides políticas, le pasaría factura al reducirle de nuevo la expresión a un partido nuclear y concentrado en el centro del país, pero sin llegar a tener un peso político fundamental hasta ahora.

También se producen en esa década las primeras expresiones de cambio en el sistema político electoral del país: irrumpen las segundas rondas como traducción del descontento con la política y los políticos y la imposibilidad de tomar decisiones entre la oferta existente; estalla un multipartidismo expresado en varias fracciones legislativas que vuelven complejo el escenario de construcción de consensos; se evidencian propuestas partidarias caracterizadas por constituir franquicias electorales más allá de su solidez ideológica y programática; se producen distribuciones y redistribuciones territoriales de clivajes tradicionales y, más recientemente, se acude a la conformación de un electorado «volátil», pero no maduro, que expresa en el fraccionamiento de sus intenciones de voto, esa crisis sociopolítica iniciada años atrás.

El primer cierre, el de la refundación política, deja atrás aquellos rasgos de especificidad marcados por Torres-Rivas y Sojo para la Costa Rica de los años ochenta. Denominada de muy diversas maneras (crisis de partidos, crisis de representación, colapso del sistema de partidos, etcétera), tal refundación parece dar paso a la conformación de una experiencia todavía no identificada, nuevas narrativas y prácticas político-partidarias que deberán asomarse tímidamente cuando la pandemia deje territorio costarricense, al despuntar el año 2021, apenas unos meses antes de las elecciones nacionales de 2022.

Finalmente, y no menos importante de considerar, resultan expresiones sociopolíticas que llegaron para quedarse. Forman parte de dinámicas regionales latinoamericanas gestadas durante décadas, con el aumento de la participación política de denominaciones religiosas evangélicas y neopetencostales.

Su trabajo de base les hizo pasar de 4 diputaciones en 2014 a 14 en 2018, pero en los años precedentes venían experimentando sus primeras incursiones en la arena política nacional. Con cerca de 4 000 congregaciones en todo el país, es una estructura que desearían tener algunos de los partidos políticos tradicionales para volver a reencantar a sus «feligresías» e incluyen más de 300 organizaciones entre las que figuran comedores, hogares para adultos mayores, casas de atención para indigentes, universidades, colegios, escuelas, fundaciones, guarderías, hospitales, clínicas, canales de televisión, emisoras de radio, programas para indígenas y privados de libertad (El Financiero).

Poseedoras de una sólida argumentación espiritual (construcción de una narrativa única sobre los valores a restablecer-restaurar) que supieron combinar con el ejercicio de la retórica política, hacen parte de estrategias ya utilizadas en el pasado para el convencimiento: en 2007 las empresas privadas amenazaron a sus trabajadores con el desempleo si no era aprobado el TLC con Estados Unidos; en 2018 las iglesias evangélicas prometían la salvación de las almas a sus seguidores, promoviendo el voto en masa para el partido Restauración Nacional.

Un ciclo político ha terminado en el país y ha comenzado otro. Lo costarricense que se afincaba en esa identidad, empezó a desdibujarse.

Segunda clausura: una transformación sociocultural en marcha

Costa Rica entró desde hace unos décadas en una ruptura sociocultural sin pausa, manifestada por los signos de conservadurismo, que han encontrado eco en expresiones políticas como las ya indicadas anteriormente. La transición entre una sociedad abierta y otra cerrada, como lo plantea el documental de Jiménez, ha sido intensa, furiosa y con efectos en las dinámicas sociales y colectivas que hoy mismo se visualizan en los efectos de la pandemia más allá de sus consideraciones para la salud pública.

Asistimos a los momentos más álgidos de tensión entre una sociedad liberal y una experiencia conservadora. Según Núñez (2000), los elementos aglutinadores e integradores de una sociedad parecen, en el caso de Costa Rica, haber cumplido su vida útil. La comunidad religiosa, en el sentido filosófico del término, sugiere estar siendo amenazada por la fragmentación identitaria que se manifiesta en la sociedad costarricense de la actualidad.

Desde hace algunas décadas se vienen agregando algunos ingredientes de estos cambios socioculturales, tales como la desafección con la institucionalidad en todos sus niveles, los marcos de convivencia fracturados (o, como señala Nuñez, un pacto social con límites) y procesos de individuación de las experiencias sociales que denotan la constitución de nuevas formas de cohesión social, basadas en la incorporación al mercado como organizador social.

Lo que Jiménez en su documental supone, es que ya la erosión de lo colectivo-comunitario estaba instalada en el escenario costarricense y que la inseguridad como problema contribuyó a agudizar: la gente se atrincheró sola, buscando su protección individual y no la resolución colectiva. Esta base de lo individualizante de los procesos, podría estar explicando por qué una porción no marginal de costarricenses insisten en desconocer las órdenes sanitarias de inmovilidad.

Pero luego vinieron otros procesos que fueron minando la confianza: la desafección política, los actos de corrupción cometidos por esa misma clase dirigente, la impunidad con que han sido tratados procesos de elusión, evasión y declaración de cero utilidades de parte de empresas provenientes de las élites económicas y financieras del país. Una sociedad así constituida permanece cerrada, una comunidad diluida en formas competitivas (revestidas bajo el mito del emprendedurismo) e individualizantes.

Otras identidades

Ahora bien. Existen seguramente otras configuraciones sociales basadas en el rubor del mercado. Lo que las encuestas sociopolíticas de los últimos años no lograron registrar fue el surgimiento y consolidación de un grupo social más grande que todos los demás en su identidad política: indecisos, abtencionistas, volátiles.

Se trata de la conformación de una comunidad que encuentra felicidad en su capacidad de consumo: Hacia finales de 2017, la deuda total con tarjetas de crédito en Costa Rica alcanzó, ₡1 196 995 millones, un 11 % más que el mismo trimestre del año anterior y calculó una circulación total de 2 628 751 plásticos para un promedio de deuda por tarjeta de ₡ 455 347. Estos números habrán aumentado pero deberíamos preguntarnos ahora si esta comunidad fue pulverizada por la pandemia o logró resistir sus embates.

Ante estos datos, no queda duda sobre el tipo de sociedad que está emergiendo. Aquellos mitos fundacionales (Sojo, 2011; PEN, 2016) sobre los que una vez descansó la constitución de la identidad nacional, parecieran estarse transformado en otro tipo de experiencia. La convivencia es una aspiración y no una realidad; la tolerancia, una exigencia, más que un valor.

En el marco de la coyuntura de la pandemia y las indicaciones de distanciamiento social provenientes de las autoridades de salud costarricenses, dueños de una desesperación al límite, grupos de costarricenses se han abalanzado sobre los supermercados, han agredido autoridades de tránsito o simplemente se han descolocado frente a la sospecha: una persona consultada en las inmediaciones del ferry de Paquera sobre su lugar de origen, insistía en diferenciarse de los otros: «yo no soy turista, yo no soy turista», decía.

La profundización de los miedos sociales y las incertidumbres se ha depositado una vez más sobre la desconfianza en los otros, los que están al otro lado de la frontera. Bajo la ilusión de un cuido colectivo (que existe comprometido, fragmentado, parcial), se argumenta que debido a la poca acción del Gobierno nicaragüense, los costarricenses corren peligro de ser infectados por ese otro cuerpo proveniente de afuera. De nuevo, una vez más, como en tantas coyunturas, la construcción del pánico social pone rostro, clase y nacionalidad a esos miedos construidos.

Estos procesos socioculturales se amplían sobre la base del desarrollo de dinámicas de larga data que han impactado en la sociedad como conjunto:

• Profunda fragmentación territorial que incide en experiencias de convivencia social y cultural. Este aspecto no es menor en el tipo de sociedad que está emergiendo.
• Continuo bloqueo al ejercicio de derechos de algunas agrupaciones sociales. En el 2015, una encuesta sobre temas de coyuntura elaborada por el Programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población, planteaba rasgos de desacuerdo importantes con las uniones civiles de personas del mismo sexo, el uso medicinal y recreativo de la marihuana y el aborto terapéutico o como producto de violación. Algunos de estos temas fueron parte de la agenda que polarizó política y electoramente al país hasta la fecha. Se trata de la expresión local, de un giro conservador de amplias manifestaciones que se viene produciendo en muchas partes del planeta. América Latina no escapa a estas manifestaciones, que seguirán operando sin lugar a dudas sobre los procesos de integración social en transcurso.
• Fortalecimiento de noción de patrimonio corporal hacia mujeres, niños, indígenas. Este aspecto evidencia ciertamente una fractura social sin retorno en el país. La relación entre algunas denominaciones evangélicas con el conservadurismo político son justamente la importancia asignada a la propiedad y el éxito material. Dos aspectos que en Costa Rica parecieran estarse solidificando. Y no hablamos solo de la propiedad material, sino de la propiedad sobre los sujetos, sobre los cuerpos. Por otro lado, el éxito comercial-religioso tiene caldo de cultivo en una sociedad cada vez más entregada al mercado, tal y como quedó evidenciado anteriormente.

Las anteriores manifestaciones indican rasgos de una transformación sociocultural en transcurso, que no ha detenido su marcha ni siquiera con la coyuntura de la pandemia. El consumo, la pertenencia a un mercado y el desarrollo de realidades sociales de verdadero distanciamiento suponen una clausura evidente que continúa su marcha.

Tercera clausura: la tensión entre nuevos enojos y la consolidación de una agenda económica y financiera hegemónica en tiempos de pandemia

Costa Rica arribó al escenario de la pandemia global con claros signos de agotamiento en su conformación como comunidad imaginada. A la clausura sociopolítica y la transformación sociocultural, base de nuevas identidades aún incompletas, se debe agregar el aumento de la desigualdad como la base de las principales dificultades en materia social, económica y cultural, lo que impacta y erosiona de forma directa la constitución de colectividad en Costa Rica.

Hoy no solo está simbólica y realmente encerrada esa comunidad: está clausurada. Existe mediana claridad que un punto de no retorno es lo que ocurrirá con un buen porcentaje de población nacional desempleado, viviendo en condiciones precarias y con acceso a servicios sociales comprometidos, producto de la segregación y fragmentación social en la que viven.

¿Irrespetos, desobediencias: nuevos enojos o continuación de los viejos?

Explicar el porqué de las diversas actitudes de desconocimiento y desobediencia a las indicaciones de las autoridades costarricenses es complejo, pero podría referirse a esa polarización ya instalada y a la idea de que una comunidad por la que todos se sentían interpelados e incluidos ha sido poco a poco clausurada, redefinida. El no reconocimiento a esa comunidad podría hacer perder el valor de defenderla, de jugar todos en un mismo equipo, de «remar parejo».

En el primer fin de semana de aplicación de multas «severas» a quien infringiera una restricción vehicular sanitaria (107 000 colones, un poco más de 200 dólares), fueron levantados 1 300 partes. Entre los multados se encontraban conductores infringiendo no solo esa disposición de contingencia, sino otras, relacionadas con documentos vencidos, placas de sus automóviles sin vigencia o conducción bajo los efectos del licor.

A inicios de Semana Santa, una familia intentó construir un campamento en una playa, pese a la orden de cierre y prohibición para visitar lugares turísticos, que fueron clausurados por disposiciones de las autoridades nacionales. («Guardacostas destruyen rancho levantado por vacacionistas en Limón». Recuperado el 8 de abril de 2020 en La Nación).

En la última semana, dos personas dedicadas a la actividad del surf fueron interceptadas por autoridades policiales costarricenses, en virtud de la violación a la prohibición de permanecer en playas nacionales que estaban presentando.

El continuo desafío, el permanente desconocimiento a las reglas del juego promovidas por las autoridades sanitarias en conjunto con las representantes en materia de seguridad, ejemplifican el quiebre de una noción colectivizada, la ruptura de una idea de solidaridad que poco a poco fue dando paso a la constitución de experiencias individualizantes que hoy cuestionan los procesos de cuido colectivo y comunitario en el caso costarricense.

Ni siquiera el coloquial «no jueguen de vivos», expresión utilizada en Costa Rica para caracterizar una actitud de arrogancia, de querer «pasarse de listos» y que fuera emitida por el Ministro de Seguridad para advertir a la población costarricense sobre el impacto de la multa en sus bolsillos y comportamiento, detuvo el permanente desafío de un sector de la población costarricense ante las solicitudes institucionales de confinamiento y aislamiento social.

Cabe señalar que la existencia de pequeños reductos de apoyo y confianza mutua, son resabios de identidades políticas y colectivas ya difuminadas. Las experiencias de ayuda con alimentos y dinero entre personas está siendo un lugar común en Costa Rica desde varias semanas, pero no alcanzan para constituir una nueva forma identitaria en el país.

¿Por qué, entonces, la actitud de muchos costarricenses? Hay quienes la señalan como irrespeto, otros indisciplina, otros desidia, otros falta de solidaridad con el colectivo. Son grupos pequeños pero persistentes. No tienen nada que ver con los cientos de costarricenses que aún se mantienen en sus puestos de trabajos, empezando por los de la primera línea en materia de salud pública y atención de la emergencia, siguiendo con los de los oficios informales y las actividades subterráneas y precarizadas que mantienen en pie a los negocios de ventas de comidas y entrega de medicamentos. Entre estos dos grupos, un verdadero contingente de personas trabajadoras en la informalidad salen si o si, con restricción o sin ella, a generar el único ingreso posible que les permita subsistir en la pandemia y cuando esta acabe.

Estudiar la base social de esos grupos en desacato es un reto y desafío en lo que viene. Podría explicarnos nuevas lógicas de enfrentamiento entre un sector de ciudadanía distante y el Estado, enojos y frustraciones que encuentran en la prohibición de la movilidad un motivo más para expresarse o simplemente una desconexión consiente con el contexto de riesgo y amenaza para la salud pública.

¿Estamos juntos en esto Fernández: reme?

En Costa Rica la expresión jugar de vivo, en buen coloquio, alude a aquella persona que valiéndose de circunstancias específicas acciona para sacar provecho de ellas: pagar coimas, saltarse una fila en un banco, cruzar en rojo en su semáforo, burlar la autoridad.

Sin embargo, esta expresión, utilizada por el Ministro de Seguridad de Costa Rica durante una de sus comparecencias para informar el estado del país en la materia y anunciar nuevas disposiciones en cuanto a la movilidad vehicular en tiempos de pandemia, bien podría ser útil para caracterizar los intentos de los sectores hegemónicos en materia económica y financiera del país, para impulsar su agenda y ser, de paso, salvados y protegidos por el Estado.

En las últimas semanas su llamado al Gobierno costarricense para que accione sobre el aparataje del sector público en materia salarial, bajo el discurso sacrificial del bien común, no se corresponde con las denuncias sobre elusión y evasión fiscal, deudas a las instituciones costarricenses y declaración de ganancias cero para no pagar la carga impositiva respectiva, que pesa sobre sus espaldas. Son aquellos personajes de la viñeta de Quino, todos sentados en el mismo lado de una embarcación pequeña azotada por una tempestad y a punto de hundirse, obligando al empleado Fernández a remar bajo la consigna de salvarse todos. Sabrá el lector o lectora, a cual Fernández nos estamos refiriendo.

La restitución de los mecanismos de confianza y de acciones colectivas serán oportunas para avanzar hacia la refundación de una experiencia distinta de país. Por lo pronto, no solo la amenaza de la pandemia se cierne sobre su geografía social y cultural. Para que esa confianza nazca de nuevo, deben ser removidas las cadenas y las llaves que llevaron al país a clausurar su comunidad política y social construida, encontrar otras formas de «lo costarricense» al decir de Carlos Sojo, que sin escencializar el término, permita a esta sociedad sentirse con la capacidad y la certidumbre de remar en condiciones de igualdad hacia un mismo objetivo.

Mientras sectores extractivos como los del empresariado de élite costarricense sigan su juego de desmantelar el Estado y destruir el empleo público, la tempestad seguirá arreciando y ni Fernández ni ellos mismos tendrán oportunidad de salvarse.

El proceso de prevención del aislamiento social que ha transformado sujetos en vectores sociales (Citro y Roa, 2020) ha producido además una peligrosa reedición de la individualidad que dificulta la construcción de un nosotros social. «Yo me quedo en casa», «yo me lavo las manos», «yo hago la cuarentena», son discursos e interpelaciones que permean la voluntad de una construcción colectiva y una actitud política distinta.

En el documental de Hernán Jiménez queda claro el mensaje: es necesario abrir las puertas para reconstruir eso que hoy es un concepto quizá muy complejo de entender: construir solidaridad comunitaria como eje fundamental de la experiencia social. O como Citro y Roa plantean en su reciente reflexión: es urgente la necesidad de recuperar, transformar y reinventar las artes de la reexistencia colectiva, para generar lazos sociales de igualdad confraternidad incluidos en una communitas diversa y solidaridad, la necesidad de trabajar las micropolíticas intersubjetivas colaborativas a fin de romper esa asilamiento político y social provocado no solo por la pandemia, sino por décadas de destrucción del tejido social y colectivo.

A ese proceso, mientras quienes podamos quedarnos en casa, deberemos de abocarnos todos y todas como base de construcción de un activismo que devuelva ese sentido de participación, comunidad, proyecto. Es esencial volver a ello.

Referencias

Citro, Silvia y Roa, María Luz. (2020). Pandemia: yo me quedo en casa pero en communitas. Disponible en LATFEM

De Souza santos, Boaventura. (2020). Al sur de la cuarentena. Disponible en Surcos.

El Financiero. (2018). Movimiento evangélico en Costa Rica. Del servicio de Dios a la conquista política. Disponible en El Financiero.

Jiménez, Hernán. (2004). Doble llave y cadena: el encarcelamiento de una ciudad. Audiovisual. Disponible en YouTube.

Nuñez Ladeveze, Luis. (2000). La ficción del pacto social. Editorial Anaya, Madrid.

Programa Estado de la Nación. (2020). Las desigualdades que enfrentan los hogares en cuarentena. Disponible en Estado Nación

Torres- Rivas, Edelberto (2006). La piel de Centroamérica. Una visión epidérmica de 75 años de su historia. Flacso, Costa Rica. Disponible en Flacso

Sojo, Carlos. (2010). Igualiticos: la construcción social de la desigualdad en Costa Rica. Flacso, Costa Rica. Disponible en Flacso

Fotografía principal de EFE/Jeffrey Arguedas, tomada de EFE.

 

Fotografía principal de EFE/Jeffrey Arguedas, tomada de EFE.

Fuente: https://gazeta.gt/

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