Yenén Mejías San Lee
Hace un mes, el poder ejecutivo presentó a la corriente legislativa el proyecto 24364, “Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”. Aunque el proyecto aún no se ha votado en el plenario, las consultas de constitucionalidad y las dudas que genera siguen vigentes. Aprovechando la pausa legislativa y en espera de una resolución de la Sala IV, comparto estas reflexiones en la discusión pública desde mi posición como economista.
Según la exposición de motivos, el proyecto de Ley Jaguar busca impulsar el desarrollo de Costa Rica mediante reformas para agilizar la ejecución de proyectos de infraestructura clave, como Ciudad Gobierno y la Terminal de Cruceros y Marina de Limón. Las reformas se plantean en tres capítulos: el primero pretende fortalecer la fiscalización de la hacienda pública, el segundo optimiza la gestión contractual del sector público, permitiendo la compra y arrendamiento de inmuebles con mayor flexibilidad, y el tercero facilita la ejecución de alianzas estratégicas por JAPDEVA.
Las críticas principales al proyecto se centran en el incremento de la discrecionalidad en la acción pública, lo que podría permitir que el gobierno actúe con demasiada libertad, especialmente en los contratos públicos. Esto es preocupante considerando los escándalos de corrupción relativamente recientes, como el caso “Cochinilla”, que involucró a funcionarios públicos y privados bajo una supervisión inadecuada.
Desde la perspectiva económica, la preocupación sobre la «Ley Jaguar» puede entenderse a través del concepto de “riesgo moral”. Aumentar la discrecionalidad en la acción pública, como propone la ley, puede llevar a decisiones arriesgadas o ineficientes, ya que no estarían sujetas a una supervisión estricta. Esto es similar al clásico ejemplo del mercado de seguros, donde la cobertura puede llevar a comportamientos más arriesgados, afectando a la aseguradora.
El caso «Cochinilla» es un claro ejemplo de riesgo moral, pues los agentes que participaban en las licitaciones coludieron mediante prácticas oligopólicas, y confiados en lo permisivo del sistema, actuaron causando perjuicio al interés público. Curiosamente, fue la Contraloría General de la República quien detectó e informó entre 2018 y 2020 sobre pagos irregulares y otros problemas administrativos a través de informes. Sin embargo, las medidas preventivas fueron insuficientes para detener la corrupción a gran escala, a pesar de los esfuerzos de la Contraloría. Invito a la persona lectora a investigar el caso de Petrobras en Brasil en 2014, un ejemplo internacional relevante para profundizar en esta temática, donde la corrupción y la falta de controles administrativos efectivos causaron problemas a una escala aún mayor.
Eliminar los controles preventivos de la Contraloría y otras barreras podría aumentar la posibilidad de que ocurran nuevos casos de riesgo moral, como los mencionados anteriormente. Estos casos podrían surgir tanto en el presente como en el futuro. En el presente, porque la propuesta de ley no incluye una solución que actúe como un legítimo contrapeso ante la reducción de los controles de la CGR, lo que generará dudas sobre las acciones del gobierno actual, sin importar cuánto afirmen que sus intenciones son las mejores. En el futuro, porque no hay forma de garantizar que los próximos gobernantes eviten cometer actos de corrupción.
Además, este aumento del riesgo plantea una interrogante desde la perspectiva del costo de oportunidad: ¿existe alguna prueba de que habrá una ganancia garantizada en la gobernanza al ejecutar proyectos a costa de restar competencias a la Contraloría? En los debates públicos, esto se repite como un resultado indiscutible, pero sin datos concretos y considerando la idiosincrasia costarricense, tengo mis dudas al respecto.
Desde el punto de vista económico, el impacto esperado en variables como el desempleo, desarrollo regional e inversión es necesario y deseable. Según datos de MIDEPLAN, la construcción de Ciudad Gobierno permitiría al Estado ahorrar $357.8 millones en alquileres, generar más de 3,044 empleos directos e indirectos durante su ejecución y 600 durante la construcción. El gobierno también ha dado cifras prometedoras sobre la inversión en la Terminal de Cruceros y Marina de Limón, lo cual es vital para una provincia rezagada económicamente.
El pueblo de Costa Rica comprende la necesidad de avanzar y crecer económicamente. La discusión no es si queremos desarrollo, sino cómo lo queremos. La idiosincrasia costarricense valora la transparencia, participación ciudadana y la sostenibilidad en los procesos de desarrollo. Este proyecto de ley choca con un estilo de gobernanza que por décadas, ha preferido procedimientos rigurosos y controles preventivos para asegurar la integridad y eficacia en la gestión pública, aunque el costo sea un crecimiento más lento, es un crecimiento consistente; la historia y los datos respaldan este enfoque. En ese contexto, la propuesta de ley, al reducir los controles de la Contraloría General de la República, plantea serios interrogantes sobre la garantía de transparencia y la prevención de la corrupción. Por tanto, aunque el objetivo de impulsar el desarrollo económico es compartido, es crucial que los mecanismos de supervisión y control se mantengan robustos para asegurar que el progreso se logre de manera ética y sostenible.