Por Carlos Meneses Reyes
Este 07 de diciembre de 2.022 compareció Pedro Castillo ante la Fiscalía General, donde fue detenido, lo cual demuestra que no existe un régimen de fuero presidencial y de alto poder judicial para juzgar al presidente. En Colombia si el Congreso castiga o aplica moción de censura al presidente lo juzga la Corte Suprema de Justicia. Califican de error político haber acudido a la orden ineficaz de cerrar el congreso; pero en modo alguno ello violaba la normativa penal ipso facto y por ende el actuar de la Fiscalía obedeció a un esfuerzo conjunto de golpe de estado en Perú.
Los antecedentes de desequilibrio en el ejercicio del poder ejecutivo sobrevinieron desde el día siguiente a su posesión.
La estrategia “institucionalista” de allanarse a la OEA, respetar el statu quo y de acuerdos con la centroderecha (en Perú) produjo el aislamiento y pérdida de popularidad del entonces mandatario.
Desde el día siguiente de su triunfo no demostró capacidad para manejar la gobernabilidad. Acudió a exponentes de la izquierda con cuadros marxistas leninistas y le toco prescindir de ellos. Así fue el comienzo de lo frágil de su autoridad política.
Tres meses atrás se señalaba que el gobierno de Castillo ingresaba en una fase de derrumbe (¿Se derrumba el gobierno de Castillo?, Rebelión, 06/08/22), avizorando “altamente improbable que las FF.AA. vayan a apoyar el cierre del Congreso”. Esto nos permite una presentación comparativa. En el caso colombiano está demostrado que el generalato (en ejercicio activo y en uso de retiro impune), sin vocación de respeto constitucional, ausculta un proceso de “cambio de mentalidad” en la oficialidad debido a las etapas en marcha luego de la firma de los Acuerdos de La Habana y de perspectiva de finalización del conflicto armado con las insurgencias; lo cual ha traído aspectos de conflictividad profesional o toma de conciencia en la defensa efectiva de los derechos humanos y ser sujetos de objeto de experimentos de una justicia alterna diferente a la concepción paradigmática de una “justicia militar” ordinaria o independiente.
En Colombia al triunfar un presidente alternativo, socialdemócrata, progresista, no de izquierda, los llamados a un golpismo por parte de la derecha legislativa recalcitrante, no obtuvo eco en ese generalato que en buena parte viene siendo renovado. Tomaron la vocería los que disfrutan del retiro impune y ello demostró que carecen de mando y de capacidad de liderazgo. Mucho menos de arraigo popular que les apoyaren en decisiones desequilibradas y absurdas. Resultó catastrófica la aspiración de exponentes de la oficialidad en uso de retiro impune y cuestionada en su incursión electoral. No cuentan con una fuerza electoral que les crea y apoye o, por el contrario, ante el torrente de cualificación política del momento de auge de masas y popular en Colombia, mucho de esos ex militares optan por incursionar en las corrientes alternativas del movimiento de masas; bien sea en forma oportunista o como variable de paradigmas. Otros simplemente esperan que la egida de la impunidad les cobije…
El ascenso de Pedro Castillo al poder se dio en medio de una gran convulsión social. No obstante, el panorama y de reflejo con relación a Colombia, seguramente con igual génisis resulta total y objetivamente diferente. Esto, pues a diferencia la derecha militarista colombiana, no logró poner al movimiento alternativo encabezado por G. Petro y Francia Márquez a la defensiva, sino que sus iniciativas y propuestas de cambios profundos sirvieron de emulación a los voceros y representantes de esa derecha en competencia electoral. Desde la segunda vuelta electoral la derecha argumentó fraude, hubo llamados de asesinar al propio Castillo y sobrevino el desacierto al romper con el partido sostén Perú Libre (PL) purgándolo de sus cuadros marxistas y pactando “desde las alturas” con la derecha opositora repartiéndose el botín burocrático desde ministerios hacia abajo y en forma oportunista y precaria fue víctima de su propio invento siendo acusado de corrupto por los mismos comilones. Luego procedió a dar marcha atrás a las promesas electorales, entre las que se cuenta el aumento de presupuesto para la salud y educación, programas de nacionalizaciones y convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Al no contar con autoridad política, Pedro Castillo Comenzó por prescindir de los sectores de izquierda en que inicialmente se apoyó. En el caso colombiano el presidente G. Petro no se apoyó en la izquierda pese a su convocatoria y apoyo electoral de gran incidencia especial en sectores tradicionalmente abstencionistas. Con verdadera capacidad política y visión de estadista se apoyó en los sectores socialdemócratas, progresistas, reformistas sin cuestionar el fondo del establecimiento capitalista, sino por el contrario impulsando el desarrollo de las fuerzas productivas acorde con un conocimiento de los fundamentos de la economía política. Al presidente G. Petro, más le podía afectar la humedad al pato que el calificativo derechista de “ex guerrillero”. La guerrilla del M-19 no fue marxista leninista ni producto de la escisión del movimiento socialista internacional (en 1963) como si resulto inmerso el surgimiento de las FARC-EP, el EPL y el ELN. Una guerrilla como el M-19, producto de la reacción rebelde por un fraude electoral, no fue resultado de la profundización de la lucha de clases y por el poder (armado) en Colombia. En este país con el triunfo alternativo y de inspiración popular se desmoronó lo esquemático de una “centro izquierda” o una “centro derecha” cual galimatías de un poco más a la izquierda o más al ladito de la derecha. El centrismo como planteamiento político fracasó, quedó sepultado en Colombia y la derecha militarista recalcitrante opuesta a todo cambio determina una corriente ante una izquierda, en modo alguno vergonzante, identificada con alianzas para la obtención de profundos cambios, con realismo político y amplio espectro en el movimiento popular cual motor impulsor, que a su vez le garantiza permanencia y vigencia política. Es sabido que el presidente G. Petro fundo su equipo de gobierno primordialmente en el entorno de sus antiguos compañeros de filas ex guerrilleras del M.19 y cuadros conocedores del manejo administrativo durante su paso por la alcaldía de Bogotá, hoy Distrito Capital y en cogobierno con sectores de la derecha moderada…
A diferencia del manejo de G. Petro en Colombia, la marcha atrás de Pedro Castillo desmoralizó y desmovilizó a las masas populares y no contó con su apoyo en momentos que se impuso la ingobernabilidad y ahondaron las contradicciones en el manejo burocrático y ejercicio armónico de los poderes constitucionales.
Un aspecto álgido en el panorama político analizado en Perú lo constituye el hecho que la derecha capitalizó el resultado de las últimas elecciones municipales y regionales potenciando el golpismo dadas las relaciones ejecutivo con el legislativo y el poder judicial. Para Estados Unidos y la clase capitalista nacional el control de la vida política peruana estaba asegurado coincidiendo en un compás de espera pues no encontraban en la oposición un líder que aglutinara a sus intereses. Le apostó a la ineficacia de los nacionalistas y al juego de la intriga y la traición logrando resultados favorables en detrimento al respaldo al mandatario. La abogada Dina Boluarte, quien pregonaba lealtad al presidente, optó por aceptar reemplazarlo inmediatamente es detenido el presidente Pedro Castillo y ella, conforme a lo planeado, anuncia que asume y formará un consejo ministerial de “unidad nacional” cuya esencia es de cogobierno con la derecha golpista. No obstante, vendrán las movilizaciones populares exigiendo descongelar el ideario de reformas amplias y represadas con la no sepultada propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente que dará paso a un gobierno transicional y de un encausamiento hacia el orden constitucional.
A manera de conclusión en modo alguno se pude desgajar la situación de Perú en relación con la de Colombia. No hacen parte de un todo, obviamente. No obstante, nos encontramos en Colombia con una derecha militarista resentida y con ejercicio de poder. Centra sus esperanzas en el mantenimiento de privilegios electorales y obtención de triunfos en ese campo, en un escenario de un sistema electoral corrupto de casino, inmoral y filtrado por la mafia y el narcotráfico. Aspira cercar al gobierno nacional desde los gobiernos locales y regionales. Constituyen una oposición que no cuenta con un líder carismático que la represente y pueda superar al gran estadista de talla internacional como lo es G. Petro y Francia Márquez, como una líder y adalid que defiende ideas y propuestas de un movimiento político social, cultural, multiétnico, con derrotero claro cada día en la creación de un partido político de orientación nacional.
Pero a diferencia con Perú en Colombia se transita por una cualificación política del movimiento de masas y popular. Decanta su peso político especifico el movimiento insurgente en un accionar participativo de la organización de la sociedad civil como actor principal. Nunca como antes se había visto un panorama de fin del conflicto armado interno lo cual será desvirtuado y atacado por una derecha recalcitrante en espera del resultado electoral regional y local en el año 2.023.
