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Etiqueta: ARESEP

Defensoría se opuso a incremento tarifario desproporcionado

En servicio de transporte público Orotina-Esparza-Puntarenas

La Defensoría de los Habitantes presentó formalmente su oposición a la solicitud de fijación tarifaria ordinaria planteada por la empresa JOALPA S.A. ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), expediente ET-007-2025, correspondiente a la denominada «Ruta Sin Número», que cubre distintos trayectos entre Orotina, Esparza y Puntarenas.

Según la solicitud presentada, algunos tramos tendrían aumentos tarifarios de hasta un 860%, afectando de forma significativa el bolsillo de las personas usuarias, especialmente de sectores con bajos ingresos. La Defensoría advirtió que estos aumentos no cuentan con una evaluación de impacto social y económico, lo que vulnera principios de racionalidad tarifaria y derechos fundamentales.

De acuerdo con datos del Índice de Desarrollo Cantonal y la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), las personas habitantes del cantón de Esparza tienen un ingreso promedio de ₡303.311, y actualmente destinan en promedio un 14,4% a transporte. Con el ajuste propuesto, este porcentaje podría duplicarse, comprometiendo seriamente su acceso a otros derechos esenciales como el trabajo, la salud y la educación. Además, la Defensoría expresó su preocupación por el hecho de que la ruta no cuenta con un número oficial asignado por el Consejo de Transporte Público, lo cual genera inseguridad jurídica, limita la trazabilidad administrativa y abre la puerta a solicitudes futuras de rutas informales.

En cumplimiento de la Ley N° 7593, la ARESEP debe procurar el equilibrio entre los intereses de los prestatarios del servicio y las necesidades de las personas usuarias. En este caso, la balanza parece inclinarse de forma desproporcionada hacia el operador privado, en detrimento de la ciudadanía. Por último, la Defensoría señala con preocupación que el actual rezago tarifario, de esta y otras rutas, se utilice como justificación para las solicitudes de tarifas, ante la falta de cumplimiento para una revisión anual, tal y como lo establece la normativa vigente.

Esta omisión, que no conlleva sanción alguna bajo el marco legal actual, termina trasladando una carga económica desproporcionada a las personas usuarias, quienes no tienen responsabilidad alguna en el retraso del procedimiento. La Defensoría, considera que es necesario revisar esta situación, pues la ausencia de consecuencias ante la inacción del prestador genera distorsiones que afectan el acceso equitativo y progresivo al transporte público como derecho humano.

ARESEP desconocía la reforma al reglamento de agua potable, a pesar de tener injerencia en la calidad del vital líquido

  • Las modificaciones al reglamento impactarían las tarifas al incluir nuevos costos.

  • La modificación debe fundamentarse en sólidos criterios científicos e involucrar de manera proactiva a todos los actores.

  • Recuerda que tiene en trámite un procedimiento administrativo ordinario sancionador contra la ASADA de Cipreses y el AYA, por contaminación por plaguicidas.

Ante la carta pública carta pública enviada por organizaciones ambientales y comunales preocupadas por la propuesta de modificación del Reglamento Para La Calidad Del Agua Potable, Decreto Ejecutivo No. 38924-S del 2 de enero de 2015, la ARESEP indicó que “es hasta este momento que conoce de dicha propuesta”; es decir, que se enteró gracias a la carta (4-2-25, ARESEP).

La ARESEP menciona que realizar un análisis de riesgo, tal como lo establece la propuesta de modificación, implicaría que el prestador debe realizar inversiones, como la toma de muestras de laboratorio, la contratación de personal y otros recursos según las disposiciones del Ministerio de Salud para la elaboración de estos estudios. Estos aspectos inciden en el reconocimiento tarifario por parte de la Autoridad Reguladora.

La ARESEP recuerda que, aunque no regula al Ministerio de Salud, de manera conjunta con otros actores clave, tiene competencias en la materia de calidad del servicio de acueducto. Asegura que, cuando la propuesta entre en vigencia, podrá analizar si se vulnera o no la calidad de la prestación del servicio de acueducto. Además, recuerda que en su labor de fiscalización “actualmente se tramita un procedimiento administrativo ordinario sancionador contra la ASADA de Cipreses y el AYA, por contaminación por plaguicidas, bajo los actuales parámetros. Este procedimiento se encuentra en curso y en análisis de los recursos presentados”.

Para la Autoridad Reguladora, esta problemática debe abordarse desde un enfoque preventivo, en el cual los operadores, dentro de su control de calidad, puedan realizar análisis frecuentes sobre la calidad del agua, específicamente respecto a moléculas de contaminantes específicos.

ARESEP asegura que, al tratarse de un asunto de salud pública y de interés colectivo, las decisiones, especialmente en lo relacionado con los valores de alerta establecidos, deben fundamentarse en sólidos criterios científicos que brinden seguridad a la población sobre el agua que consumen. Además, debe involucrarse de manera proactiva a todos los actores.

En cuanto a la participación en este proceso, tanto los sectores sociales como los académicos han argumentado que poner a consulta la propuesta en la última semana laboral del año no es una medida realmente participativa. Por ejemplo, la UNA afirmó que no se pronunció debido a que coincidió con el receso institucional del fin de año de la Universidad Nacional, dejando fuera que el IRET-UNA ha publicado diversas investigaciones sobre los riesgos significativos para la salud y el ambiente debido a la exposición a plaguicidas en distintas regiones del país, considerando diversas fuentes de exposición, un aspecto que este decreto no contempla (5-2-25, UNA Comunica).

En ese mismo sentido, la UCR solicitó “reconsiderar su decisión, en aplicación del principio precautorio, y conformar un comité técnico intersectorial que facilite una discusión más amplia sobre los mecanismos técnicos y logísticos para su implementación” (4-5-25, Consejo Universitario UCR).  

Posición de ARESEP: OF-0211-DGAU-2025

Texto con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Imagen: UCR.

Recurso de amparo contra la ARESEP por violaciones al derecho de participación ciudadana

En un recurso de amparo presentado ante la Sala Constitucional, Renier Canales Medina, usuario del servicio público de transporte, demandó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), a su regulador general, Eric Bogantes Cabezas, y al intendente de transportes, Edward Araya Rodríguez. Canales alega la violación de derechos constitucionales, incluyendo la participación ciudadana y el debido proceso, en relación con un controvertido aumento tarifario en la ruta de autobús San José-Bolsón.

Canales denuncia que las comunidades de Bolsón, Ortega, Santa Bárbara, San Antonio, Corralillo y Quebrada Honda, en Guanacaste, han sido gravemente afectadas por decisiones administrativas que alteraron la operación de la ruta 1501, previamente independiente. Según el recurso, el Consejo de Transporte Público (CTP) eliminó la ruta y la fusionó con la 1502, operada por la empresa Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG), sin realizar consultas públicas.

Lo más preocupante, según el documento, es el incremento abrupto de la tarifa: de 1,000 colones a 6,860 colones, lo que supone un aumento superior al 580%. Canales destaca que la ARESEP aún reconoce en su página web la tarifa de 1,000 colones como vigente, mientras TIG cobra el nuevo monto, lo que constituye un acto ilegal y desproporcionado.

El recurso señala que la empresa TIG, con el aval del Intendente de Transportes, solicitó y aplicó la tarifa más alta sin someterse a un proceso formal de fijación tarifaria, el cual incluye la obligatoriedad de una audiencia pública. Canales adjunta pruebas documentales, entre ellas fotografías de tiquetes de autobús y comunicaciones oficiales, que evidencian el cobro irregular.

El recurso enfatiza que las comunidades afectadas se encuentran entre las más pobres del país, según el Informe del Estado de la Nación. Además, estas áreas han sufrido recientemente los estragos de fenómenos climáticos, agravando su situación económica. Canales advierte que el incremento tarifario prácticamente imposibilita a los habitantes utilizar el transporte público, afectando su acceso al trabajo, la educación y otros servicios básicos.

Condenas al AyA reflejan las fallas en la gestión del agua, asegura Defensoría

Dará seguimiento a cumplimiento de planes de inversión y del plazo establecido por la Sala Constitucional

La Defensoría de los Habitantes afirmó que las recientes condenas contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) por parte de la Sala Constitucional son un reflejo que el regulador y operador del servicio de agua han fallado a la población.

Para tal efecto requiere, de manera urgente, una planificación e inversión que permita garantizar el derecho al acceso del agua potable a las comunidades, en especial, a las más afectadas durante los últimos años con faltantes del líquido por periodos prolongados.

La Defensoría de los Habitantes ha venido alertando sobre la crisis que ha atravesado el país en esta materia debido a racionamientos prolongados y contaminación, al punto que, ha sido necesario, incluso, presentar como institución, informes técnicos ante el Tribunal Constitucional. Es por ello, que cómo órgano de control de legalidad dará seguimiento al cumplimiento del plazo otorgado por la Sala IV para satisfacer las necesidades de las poblaciones afectadas y además, seguirá pidiendo cuentas de los avances en los planes de inversión anunciados.

La Defensoría viene insistiendo en que el país debe implementar, con prioridad y previsión, una adecuada gestión integral del recurso hídrico, pues de lo contrario, el impacto para el próximo verano podría ser muy grave para las comunidades del Gran Área Metropolitana.

“Hay que aceptar que existe una crisis de gestión hídrica y en ese sentido, se vuelve indispensable que las medidas a implementar se dirijan más allá de acciones paliativas, porque es evidente que han resultado insuficientes ante la grave problemática. Se necesita una planificación y ejecución más eficiente de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo. Es imperativo que todos los prestatarios del servicio de agua potable actúen con urgencia para resolver los problemas existentes y aseguren una gestión sostenible del recurso hídrico”, recalcó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Defensoría formula batería de inquietudes al ICE y a ARESEP sobre cortes

La Defensoría de los Habitantes formuló al ICE y a la Aresep una serie de preguntas relacionadas con los cortes de energía eléctrica en el país.

En el caso del ICE se presentó un total de 17 inquietudes, en las que destacan las medidas tomadas -aparte de los anunciados cortes de la energía- para incrementar la capacidad de generación de electricidad en el corto plazo sobre todo ante el escenario del fenómeno El Niño. los procesos de contratación que se detuvieron en su oportunidad, y los canales que habilitará para atender las previsibles quejas, consultas o requerimientos de información por parte de la población, entre otros asuntos.

En el caso de la Aresep, se hicieron 9 consultas relacionadas al seguimiento que dará la Intendencia de Energía a las acciones del ICE y las demás empresas distribuidoras ejecuten cuando se inicien los racionamientos, así como si la Autoridad Reguladora, en el ejercicio de sus competencias, instruyó acciones preventivas que ICE pudiera o no incumplido, entre otras inquietudes.

Compartimos ambas gestiones elevadas por la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, a Roberto Quirós Balma, gerente de Electricidad del ICE y, a Mario Alberto Mora Quirós, intendente de Energía.

Preguntas para el ICE:

  1. De acuerdo con el plan de expansión de la generación eléctrica 2022-2040; qué medidas está tomando el ICE, que no impliquen recortes de energía eléctrica, para incrementar la capacidad de generación de electricidad en el corto plazo (máximo 6 meses) sobre todo ante el escenario del “fenómeno del niño”.
  2. De acuerdo con las proyecciones de demanda que se encuentran en el documento “plan de expansión de la generación eléctrica 2022-2040”; qué factores extraordinarios (no afectadas por el fenómeno del niño) explican que estas proyecciones no se ajusten a la realidad ya que, de acuerdo con el escenario alto se estimaron 12532 GWh de energía y 1882 GWh de potencia.
  3. Cómo está conformada la capacidad instalada del Sistema Eléctrico al 30 de abril del 2024 según plantas: hidroeléctricas, térmicas, geotérmicas, eólicas,  biomasa y solar. Adicionalmente, cómo se encuentra dividida esta capacidad por operador, sea público o privado.
  4. De acuerdo con información del periódico La Nación del 9 de mayo; por qué el ICE detuvo los dos procesos de contratación, proceso 04-2023 para contratar generación solar y el 05-2023 para contratar producción eólica, y los retoma en marzo del 2024; yendo en contraposición de lo señalado en su plan de expansión.
  5. Dentro de la misma noticia mencionada en el punto anterior se indica que: que generar un kilovatio-hora (kWh) le cuesta al ICE, en promedio, un monto equivalente a $0,09, mientras que la electricidad importada el pasado 6 de mayo (117.000 kWh del Mercado Eléctrico Regional) la adquirió a un precio promedio de $0,41 cada uno (4,5 veces más de sus propios costos de generación); y la importada el martes 7 de mayo (92.000 kWh) a un costo unitario de $0,34 (3,7 veces que sus costos de generación); a partir de lo anterior, al momento de establecer las proyecciones de inversiones, de acuerdo con el plan de expansión, las mismas se realizan bajo el supuesto de autarquía o en función del MER?. Se le solicita incluir en su respuesta todos los detalles de análisis económico tomados en cuenta.
  6. Cuál es el peso de las inversiones vinculadas con la generación eléctrica, por fuente, dentro de la estructura tarifaria.
  7. Del 100% de la energía eléctrica generada, cuánto es a partir de combustibles fósiles. Indicar por planta en absolutos y relativos. Adicionalmente, para evitar los racionamientos de electricidad, cuánto se debería generar mediante combustibles fósiles, cuál sería el impacto en la tarifa y se cuenta con la capacidad instalada para ello.
  8. De acuerdo con el principio precautorio o de evitación prudente, referirse a las acciones que se están realizando para garantizar que la población no se vea afectada más allá de lo estrictamente necesario.
  9. Remitir copia del protocolo que se activa en este tipo de situaciones.
  10. Informar sobre los detalles operativos y los criterios que se utilizarán para establecer las zonas y los horarios en los que se ejecutarán los racionamientos.
  11. Indicar que zonas son las que más se van a ver afectadas y si se prevé que alguna zona no vaya a tener racionamiento y los motivos de ello.
  12. ¿Con qué antelación se informará a las y los abonados sobre la suspensión y restablecimiento del servicio? 
  13. Informar sobre los medios que pondrá a disposición de las y los abonados, para comunicar con suficiente antelación la suspensión del servicio.
  14. Informar sobre los canales extraordinarios que habilitará para atender las previsibles quejas, consultas o requerimientos de información por parte de las y los abonados, titulares de derechos ante ese Instituto.
  15. ¿Se prevé ofrecer una compensación económica a las y los consumidores, vía tarifaria o de otra índole, como consecuencia de la interrupción del servicio y consecuente afectación en sus actividades y necesidades?
  16. ¿Qué disposiciones adoptó el ICE ante el presunto incumplimiento contractual de algunos proveedores de plantas térmicas y generadores de electricidad con diésel, que incide en la insuficiencia eléctrica anunciada?
  17. ¿Qué medidas ha instruido para corregir las fallidas estimaciones de demanda eléctrica en los últimos años por parte de ese Instituto?

Preguntas para ARESEP:

  1. ¿Cuáles son los motivos que fundamentaron el anuncio de posibles racionamientos en la energía eléctrica?
  2. ¿Cuál es la responsabilidad del ICE como principal generador del país y cuáles son las responsabilidades de las empresas distribuidoras en relación con los abonados y la ejecución de los racionamientos?
  3. ¿Qué disposiciones regulan la obligación de brindar información oportuna, precisa y comprensible a los abonados afectados por los racionamientos y en particular a adultos mayores, personas con discapacidad, personas oxígeno dependientes entre otros y por qué medios se comunicarán los horarios de suspensión del servicio?
  4. En su condición de ente regulador y fiscalizador de la prestación óptima del servicio, ¿qué requerimientos mínimos considerará para evaluar la comunicación que brinde el operador a las y los usuarios, sobre la suspensión del servicio, y en qué criterios o normas fundamentará esa valoración?
  5. ¿Qué seguimiento dará la intendencia a las acciones del ICE y las demás empresas distribuidoras ejecuten cuando se inicien los racionamientos?
  6. Considerando que el racionamiento eléctrico anunciado incidirá en la calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio, ¿qué ajustes en precios y tarifas prevé exigir esa Autoridad Reguladora como compensación a las y los usuarios afectados?
  7. Considerando las responsabilidades de ARESEP en cuanto a velar por la calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio eléctrico en las etapas de generación, trasmisión, distribución y comercialización, ¿qué acciones instruyó al ICE para anticipar el inminente racionamiento que ahora se anuncia?
  8. Si esa Autoridad Reguladora, en el ejercicio de sus competencias, instruyó acciones preventivas que el ICE incumplió, ¿qué acciones correctivas ha instruido al respecto?
  9. ¿Qué disposiciones ha girado o prevé girar esa Autoridad Reguladora para anticipar el racionamiento futuro del servicio eléctrico?

SURCOS comparte los dos PDF con las preguntas.

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Contaminación por clorotalonil: auditora interna de AyA solicita auditar a la subgerencia por incumplimiento de funciones

Solicitan intervención de ARESEP

Ante una carta enviada por el Frente Ecologista de Cipreses la auditora interna del AyA Karen Espinoza Vindas fue clara en decir “creo fundamental desde mi incorporación a la Auditoría Interna que se audite la Subgerencia de Gestión de Sistemas delegados, para analizar si cumplen con el bloque de legalidad, en cuanto asesorar, evaluar, capacitar, fiscalizar, acompañar e intervenir a las Asadas (ver oficio de respuesta).

El AyA debió intervenir desde 2021 la ASADA de Cipreses de Cartago por denuncias comprobadas de “(…) desabastecimiento del servicio de agua potable, otorgamiento de nuevas disponibilidades sin tener la capacidad hídrica, inadecuado uso de fondos públicos, donaciones, compra de bienes y donaciones de propiedades sin contar con criterio técnico del AyA (…) Informe Administrativo número GSD-UEN-GAR-2021-00641 del 15-2-2021).

Sin embargo, a tres años de esta decisión es parte de la “papa caliente” de la contaminación no solo de tres ASADAS si no de una inminente emergencia de contaminación de toda la Zona Norte de Cartago. Mientras esto pasa, la junta directiva y el AyA hacen un esfuerzo incesante por no hacer nada y pasarse la responsabilidad de abajo para arriba y viceversa. Cartas van y vienen, no así una solución permanente y sobre todo un diagnóstico real de la contaminación por agroquímicos en la zona de Cartago.

Para el Frente Ecológico, el AyA está en desacato ante la solicitud de los Magistrados de analizar el agua de la Zona Norte de Cartago de forma integral considerando la comprobada contaminación con agrotóxicos degradados del Clorotalonil. Tampoco ha cumplido con el Ministerio de Salud, la Controlaría General de la República y la Defensoría de los Habitantes que solicitaron hace meses estudios hidrogeológicos en Cipreses de Oreamuno.

La Sala Constitucional dictó hace casi dos años que: “… para solucionar de manera integral y definitiva la situación de contaminación por metabolitos de clorotalonil en las nacientes de Plantón y Carlos Calvo de la ASADA de Cipreses de Oreamuno; y 2) investigar si el problema de contaminación en las nacientes supracitadas ha perjudicado a otras comunidades de la zona. En el ínterin, las autoridades supracitadas deberán garantizar el suministro de agua potable a las comunidades afectadas mediante camiones cisterna u otra alternativa. Lo anterior se dicta con la advertencia de que, según lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión…” (Exp: 22-015651-0007-CO)

Por otro lado las fuentes contaminadas siguen desprotegidas y siguen siendo fumigadas a vista y paciencia de todas las autoridades, ante esta situación tan prolongada y desesperante el Frente Ecológico está solicitando una intervención del intendente de aguas de ARESEP Marco Cordero a quien invitan a la comunidad para “comprender la desesperación que sentimos al ver que el AyA no ha tenido la capacidad (o la voluntad) de resolver este problema que se encuentra absolutamente documentado en todas sus aristas: financiero, ecológico y social y sobre el cual en tres ocasiones la Sala Constitucional nos ha dado la razón” (ver solicitud de intervención).

Además, cierran diciendo que “ya es momento que su representada intervenga el AyA” (…) y “ARESEP no puede hacerse de la vista gorda ante este problema”.

Documentación: https://drive.google.com/drive/folders/1gDynj9hRSJSyNX7W7VBaogpGs4wCy3KG?usp=sharing

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Imagen ilustrativa, UCR.

ARESEP discrimina a la comunidad de Cipreses que sigue pagando por el servicio de agua “potable” contaminado

Queremos para nuestras comunidades el trato de San José con la contaminación por hidrocarburos”

La lucha por el problema de contaminación del agua en Cipreses de Oreamuno ha estado presente hace aproximadamente 3 años. Tras el conocimiento de que las nacientes estaban contaminadas con clorotalonil, la comunidad de Cipreses ha sido abastecida por cisternas desde hace más de un año, donde la tarifa y el cobro del servicio hídrico ha permanecido desde entonces a pesar de que se ha solicitado a la ARESEP la rebaja en el pago mensual (expediente OT-247-2023).

El pasado 10 de noviembre del 2023, la ARESEP convocó a una mesa de trabajo a la Gerencia General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, a la ASADA de Cipreses, al Frente EcoCipreses, al Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y a la Defensoría de los Habitantes, con el fin de tratar el tema de la contaminación del Acueducto de Cipreses.

Ante esto y en contraste con la situación de contaminación del agua por hidrocarburos en varias zonas de San José, el Frente EcoCipreses ha enviado una carta a la ARESEP solicitando el criterio técnico que justifica que los vecinos de Guadalupe en Goicochea sí fueron exentos del pago y se niegue la solicitud que anteriormente había realizado la comunidad de Cipreses. La carta en concreto dice que:

¿Cuál es el sustento técnico que justifica el hecho de que los vecinos del cantón de Goicoechea, Guadalupe hayan sido exentos al pago del servicio, mientras que la respuesta ante la misma solicitud para los vecinos del distrito de Cipreses fuera negativa? Con todo respeto consideramos que estamos siendo víctimas de una decisión arbitraria”.

El Frente EcoCipreses menciona que el problema que se presentó en la capital ha tomado espacio reciente, no mayor a hace una semana, mientras que en Cipreses ha sido una realidad desde hace varios años. Esta organización considera que los vecinos están “siendo víctimas de una decisión arbitraria, que impacta de forma negativa a toda una población en Cartago, que ha arrastrado una problemática por años, aunadas luchas y un sinfín de gestiones, y qué a pesar de ello, vemos como desde ayer (1 de febrero) sí se les aplicó a los vecinos de Goicoechea este beneficio, a pesar de que ambas poblaciones comparten la misma circunstancia respecto a la falta de acceso al recurso hídrico potable”.

Lo anterior hace referencia de que hay un comunicado de prensa donde se le ordena al prestador del servicio hídrico, que deje sin efecto el cobro total del servicio de acueducto para los abonados que son abastecidos por la Planta Potabilizadora de Agua en Guadalupe mientras que, en Cipreses, el cobro mes a mes no ha sido regulado o detenido y la solicitud a ARESEP ha sido negada.

Finalmente, la organización ecologista se pregunta: ¿Por qué importa más unas personas o lugares sobre otros? ¿Habrá una diferencia si el prestador del servicio es el AYA o una figura como ASADA? ¿Será la diferencia por las moléculas de clorotalonil son cancerígenas y las de xileno no? ¿Será que además de morirnos de algún tipo de cáncer tenemos que subsidiar la enfermedad?

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Imagen ilustrativa, UCR.

ARESEP y CTP no bajaron tarifas de TRACOPA a pesar del alto número de personas que movilizó

SURCOS recibió el siguiente comentario de Renier Canales Medina:

“Casi 400 mil migrantes, que movilizó en su mayoría la empresa TRACOPA LTDA, sin que ARESEP y CTP lo tomaran en cuenta para impactar hacia la baja las tarifas de buses más altas del país, pagadas por los usuarios de las comunidades más pobres, y eso, sin tomar en cuenta los años anteriores”.

Para respaldar su comentario, Renier Canales Medina compartió con SURCOS la siguiente infografía:

La Asada de San Pablo de Oreamuno estaría contaminada con moléculas de Clorotalonil

Mesa de trabajo ARESEP.

El pasado 10 de noviembre, la ARESEP convocó al funcionario del AYA y de la oficina regional de Acueductos Rurales Cartago Vladimir Mesén Montenegro a una mesa de trabajo para discutir la contaminación del acueducto de Cipreses de Cartago.

En dicha mesa participaron la Gerencia General Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Asada Cipreses, Frente EcoCipreses, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y la Defensoría de los Habitantes.

El funcionario Mesén no quiso dar mayor detalle de las fuentes de agua comprometidas. Además, ante la pregunta de EcoCipreses de por qué no hacer público en la comunidad la información aseguró que “no estaban listos los reportes de laboratorio”. Hace meses se escuchaba el rumor en las comunidades de San Pablo presentaba una contaminación similar que la registrada en Santa Rosa y Cipreses que reciben agua en cisternas desde hace un año. Esto es importante porque en teoría debería estar girando las órdenes sanitarias de prohibición del agua para consumo humano, así como la preparación de la logística de suministro de agua en cisternas, sin embargo, aún se desconoce las gestiones formales del caso en San Pablo.

En una Evaluación de la gestión de la ASADA de San Pablo, Santa Rosa, Oreamuno, realizada en 2016 por el Centro de Investigación en Protección Ambiental del ITEC, se aseguró que el acueducto abastece aproximadamente 410 abonados con una población de alrededor 1800 habitantes y estaba conformado por las nacientes Birrís N°1, Birrís N°2, Sanabria Alto, Rosca Van Alto y Ulloa, tres de estas presentaban riesgos altos y dos intermedios donde uno de los parámetros evaluado era la “existencia de fuentes de contaminación alrededor del tanque (letrinas, animales, viviendas, basura, actividad agrícola o industrial) (crítica)”.

Con esta tercer ASADA contaminada serían más de 12 mil personas afectadas aun que en los Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA que justificaron la prohibición de clorotalonil acogidos por la Sala Constitucional aseguran que habían alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».

La pregunta que surge es ¿Por qué no se han hecho análisis de agua de manera más expedita?, la respuesta es porque no hay capacidades para hacerlos y es gracias a esta lucha de Ecocipreses que podrán aumentar la realización de pruebas por que se le dio el empujón al decreto N° 44200-MINAE, publicado en La Gaceta el pasado 8 de noviembre, donde el Poder Ejecutivo declaró de conveniencia nacional la construcción del Nuevo Laboratorio Nacional de Aguas (LNA).

A finales de octubre Ecocipreses realizó la consulta al director del Laboratorio Nacional de Aguas, Darner Mora, sobre el estado en el que se encuentra el proceso de generar una mayor capacidad técnica del Laboratorio Nacional de Aguas para detectar los degradados de Clorotalonil que fue demandado por el fallo de la Sala Cuarta. A lo que responde que se contactó con diferentes oferentes de los equipos e insumos necesarios y se estudiaron aspectos como características técnicas basadas en los requerimientos del Laboratorio Nacional de Aguas y se obtuvieron cotizaciones de los diferentes requerimientos, así como el presupuesto que se estimó necesario. Posteriormente han realizado gestiones ante la dirección del AyA, “en busca del aval para realizar la licitación para la construcción del nuevo edificio del LNA, aprobado mediante un préstamo del BCIE por un monto de 11,25 millones de dólares, sin embargo, de momento no se cuenta con una respuesta positiva”.

El gobierno al inicio mostró resistencia a responder positivo, pero gracias a las gestiones de presión de este caso que demuestra la importancia para la salud pública, se logró la anuencia del gobierno. Entre las razones de la declaratoria el Ejecutivo reconoce que las instalaciones del actual laboratorio son limitadas en su crecimiento por la infraestructura con la que cuenta. Esta se ubica en Tres Ríos en una casa construida hace cerca de 100 años.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

ARESEP convoca mesa de trabajo sobre contaminación del acueducto de Cipreses de Cartago

Después de más de un año de recibir agua en cisterna y estar pagando la misma tarifa por agua contaminada con metabolitos de clorotalonil ARESEP convocó el 10 de noviembre a la Gerencia General Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Asada Cipreses, Frente EcoCipreses, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y a la Defensoría de los Habitantes.

Según la convocatoria de ARESEP “en atención a la situación que vive el acueducto de la comunidad de Cipreses en Oreamuno de Cartago y debido a varias consultas realizadas a la Intendencia de Agua referentes a temas de calidad del agua y tarifas, aunado también al objetivo de armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios públicos, es de interés realizar una mesa de trabajo para abordar desde un punto integral dicha situación”.

La Intendencia de Agua está solicitando al: “AyA su participación es requerida en calidad de ente rector y delegante del servicio de acueducto, donde es de interés contar con un representante de la Presidencia Ejecutiva, Orac Central Este y Laboratorio Nacional de Aguas, los cuales puedan ampliar la situación que se vive en la comunidad de Cipreses”.

También de la Asada Cipreses “se requiere de su presencia a fin de indique las acciones que han desarrollado para abarcar el manejo de la no conformidad asociada a la presencia de metabolitos de la molécula de Clorotalonil”.

Mientras aseguró que “en vista de las consultas realizadas por representantes de la organización Eco Cipreses, es de interés que participen en la mesa de trabajo a fin de que puedan manifestar las dudas y consultas referentes al manejo del caso en la comunidad de Cipreses”.

Por otra parte, ARESEP solicitó: “debido a su importancia en la búsqueda de soluciones al caso de Cipreses se extiende la invitación al Ministerio de Salud, ya que su presencia es de suma importancia para comprender la atención del tema, lo anterior debido a su rol como ente rector de la salud en el país”.

El pasado 06 de junio del 2023, la Sala Constitucional como respuesta al recurso de amparo presentado por Frente Ecocipreses solicita que se adopten y ejecuten las recomendaciones del «Informe Técnico Clorotalonil” emitido por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, donde se explicita que: “Ante esta solicitud de prohibición de la molécula se recomienda iniciar un proceso de coordinación con la Dirección de Productos de Interés Sanitario (DRPIS) y los jerarcas del Ministerio de Ambiente y Energía, así como del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el fin de redactar un decreto que lleve a una prohibición en el menor tiempo posible (…)”.

Pese a lo anterior el AYA ya solicitó una prórroga a la Sala Cuarta hasta el 2026 evidenciando la intención de heredar al siguiente gobierno el problema, el MAG ha dado mensajes contradictorios y el Ministerio de Salud guarda silencio. La Sala IV le dio tiempo al AYA hasta febrero de 2024 para resolver la situación.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.