El Tribunal Contencioso Administrativo acogió a final de año una demanda presentada por la Red de Coordinación en Biodiversidad y la Federación Conservacionista de Costa Rica (FECON) contra la Oficina Nacional de Semillas (OFINASE) por el incumplimiento de la ley de Biodiversidad.
Las organizaciones denuncian a la OFINASE por otorgar “certificaciones de protección de obtenciones vegetales” sin cumplir con el artículo 80 de la Ley de Biodiversidad, el cual exige una “consulta previa obligada” para esa entidad ante la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO). El mismo artículo declara que “la oposición fundada de la Oficina Técnica impedirá registrar la patente o protección de la innovación”.
El artículo 80 de la Ley de Biodiversidad “busca resguardar el conocimiento tradicional de las comunidades locales campesinas e indígenas”, según lo dispuesto en esa misma Ley, así como en el Convenio de Diversidad Biológica. Además, es importante que se cumpla y se le consultara a CONAGEBIO pues es el órgano técnico especializado para determinar si una variedad vegetal, que se pretende registrar bajo derechos de obtentor, forma parte o no del conocimiento tradicional. Por ejemplo, determinar si las semillas son recogidas de una comunidad indígena o en un área silvestre protegida.
Las “certificaciones de protección de obtenciones vegetales” vendrían siendo una especie de patentes o mejor conocidas como “títulos de derecho de obtentor” otorgando protección de propiedad intelectual o industrial a las innovaciones mediante procesos que involucra elementos de la biodiversidad.
Esta certificación de protección de obtenciones vegetales que reconoce la propiedad intelectual plantas fue una obligación del país tras la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. La agenda de implementación del TLC incluyó la adhesión al Convenio de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales UPOV-91.
En 2008 ecologistas y distintas fuerzas sociales lograron juntar más de 100 mil firmas para someter consultar la aprobación del Convenio UPOV para solicitar un referéndum. Pero fueron obviadas por los diputados y la convirtieron Ley de la República, desechando la petición de referéndum. Pese a que UPOV contradice la Ley de Biodiersidad.
Esta contradicción entre la legislación nacional y el convenio internacional UPOV ha sido revisada por la Sala Cuarta por contener roces inconstitucionales. La Sala ha fallado a favor de la ley en el sentido de reconocer la potestad de la CONAGEBIO de negar permisos de obtentor debido a inconsistencias sobre permisos de acceso o de consentimiento libre e informado por parte pueblos indígenas o campesinos a los que afecte dicho permiso de obtentor.
Entre junio de 2012 y enero de 2016, la OFINASE otorgó doce títulos de protección de obtenciones vegetales. En todos estos casos, dicha dependencia omitió consultar el criterio de la Oficina Técnica de la Conagebio. Se trata de variedades de frambuesa, dracaena, banano, crisantemo, dos especies de arroz, café, tomate, melón y una papa desarrollada por la Universidad de Costa Rica.
Según la prueba aportada por Walter Quirós, director ejecutivo de la OFINACE, “UPOV es un convenio internacional y que no tenía que cumplir con una ley nacional”. Esta interpretación errada es la base de la demanda pues la Ley de Biodiversidad es también parte de la implementación de otro convenio internacional llamado el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). Según el funcionario el requisito establecido en la Ley de Biodiversidad, “queda tácitamente sin efecto” luego de que se promulgara la ley que concretó la adhesión al Convenio UPOV, “con rango superior a la ley, dentro de la jerarquía de las normas en Costa Rica”.
Informes Henry Picado, tel: 87609800, la Red de Coordinación en Biodiversidad
La UCR está en un momento histórico de crecimiento, lo cual es de beneficio para todo el país
La UCR no altera entornos que sean de dominio público, pero tampoco puede aceptar que sus terrenos sean considerados «un parque recreativo»
Rector Henning Jensen ordenó detener corta de árboles, pese a no contar con ningún documento formal de la Sala Constitucional
El rector Henning Jensen explica que se detuvo la corta de árboles pero la UCR no puede aceptar que sus terrenos sean considerados un «parque recreativo».
El informe realizado por la Escuela de Biología sobre evaluación de la biodiversidad en Finca 3, que sirvió de base para la nota publicada este martes 3 de enero por el sitio web AmeliaRueda.com, presenta una serie de inexactitudes que es importante considerar para comprender por qué la Universidad de Costa Rica (UCR) no ha cometido irregularidad alguna en el proceso de corta de árboles.
En primer lugar, la nota señala que el estudio realizado por la Escuela de Biología tomó en cuenta el certificado de origen necesario para hacer la tala de los árboles. Esto es imposible debido a que el informe mencionado fue presentado en octubre de 2016, mientras que el certificado de origen se concluyó hasta finales de diciembre del año pasado, momento en el que se procedió a hacer la tala de los árboles.
Hay que destacar que el informe de la Escuela de Biología difiere de las conclusiones de la Comisión Foresta, instancia oficial e interdisciplinaria, encargada de velar por el cumplimiento de las normas ambientales a lo interno de la UCR, de la cual forma parte la propia Escuela de Biología. Según un levantamiento hecho por esta comisión, alrededor del 20% de los árboles presentes en el área requerían ser cortados.
Además de contar con representantes de la Escuela de Biología, la Comisión Foresta está conformada por miembros de la Unidad de Gestión Ambiental, la Red de Áreas Protegidas, la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI), el Sistema de Información Geográfica de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) y la Vicerrectoría de Administración.
La Comisión Foresta recomendó, como directriz interna para todos los proyectos, que por cada árbol cortado en la UCR se deben sembrar tres más, cuyas especies, desarrollo y plantación están estrictamente controladas. Desde junio del año pasado la UCR inició la siembra de 150 árboles y se espera que cuando inicie la estación lluviosa se siembren otros 150.
Es importante agregar que se está terminando el informe sobre los árboles enfermos y que necesitan ser cortados en Finca 3, situación que se confirmó con la tala reciente, lo que sin duda representa un riesgo para los usuarios de las instalaciones deportivas. Además, la UCR está en la obligación de dar seguridad a sus visitantes. También, en este informe se determina cuáles árboles están en buen estado y pueden ser trasplantados, según los lineamientos institucionales.
Sobre el proceso de trasplante de árboles, la UCR aclara que no es la primera vez que lo implementa: este procedimiento ya se aplicó en algunos proyectos de forma exitosa y con base en los lineamientos de la Comisión Foresta.
Según comentó Héctor Espinoza, regente ambiental de la institución, otro error presente en la nota es catalogar el árbol de balsa como de bálsamo, cuando en realidad se trata de un ceibo. Los bálsamos que están en el terreno de construcción serán preservados; es decir, no se cortarán.
Además, es equívoco señalar, como lo hace AmeliaRueda.com, que en ese terreno exista un sotobosque, el cual solo está presente en el área de reserva y protección del Río Torres, que se encuentra fuera de la zona señalada.
En general, el documento de la Escuela de Biología establece que realizar obras en Finca 3 tendría un impacto muy negativo sobre el área verde «que ya de por sí es muy reducida». No obstante, en ningún momento señala qué considera esta unidad académica como «reducida», para tener claridad y respaldar ese argumento.
En cuanto a la tala de los árboles antes de las fiestas de fin de año, esta decisión está fundamentada en el hecho de que la certificación de origen fue recibida la semana antes de Navidad. Hay que destacar que la UCR aún no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de la Sala Constitucional en la que se señalen medidas cautelares mientras se evalúa un recurso de amparo interpuesto por algunos vecinos de Finca 3, dado que la institución está en período de receso.
No obstante, el rector, Dr. Henning Jensen, recibió por parte de una vecina la copia de las medidas cautelares dictaminadas por la Sala Constitucional. Acto seguido, y pese a no contar con ningún documento formal, el rector ordenó detener la corta de árboles hasta que la situación sea aclarada.
Tal como afirma el jefe de la OEPI, Arq. Kevin Cotter, en la institución ha existido una comunicación clara, directa y franca con los vecinos. «La UCR no se ha cerrado al diálogo ni ha negado información o ha actuado en secreto. Si la corta de árboles inició en período navideño fue porque el certificado de origen se recibió a finales de año», explicó.
Por su parte, el regente ambiental recalcó que, en esta materia, la UCR está supeditada a la normativa nacional y siempre ha sido respetuosa de ella. Además, la institución ha trabajado en este proceso de construcción de la mano de la Secretaría Técnica Ambiental y del Ministerio de Ambiente y Energía, de modo que la institución actúe de conformidad con las políticas ambientales.
No obstante, la Administración de la UCR recuerda que, aunque la institución es pública, sus terrenos no lo son y en el caso de Finca 3 posee el permiso de uso de suelo para realizar obras en ese sitio, según el Plan Regulador Urbano de la Municipalidad de Montes de Oca.
Es importante destacar que las fincas de la Sede Rodrigo Facio constituyen espacios planificados con un equilibrio entre el entorno natural y el espacio construido, lo cual responde a las mejores políticas de desarrollo urbano. Un claro ejemplo es que pese a contar con la aprobación para desarrollar hasta un 85% de área de cobertura para edificios, en ninguno de los campus se llega a superar el 40% de ocupación, aun con sus nuevos desarrollos, afirmó Cotter.
La UCR se ha enfocado en mejoras, en nuevas oportunidades y en proyectarse hacia el futuro con un desarrollo respetuoso, responsable, planificado y equilibrado en los terrenos que han sido autorizados, dentro del ordenamiento jurídico respectivo.
La institución está en un momento histórico de crecimiento, lo cual es de beneficio para todo el país; no altera entornos que sean de dominio público, pero tampoco puede aceptar que sus terrenos sean un parque recreativo (como se les ha llamado) y ha demostrado ampliamente ante las autoridades competentes que no alberga bosques primarios en sus campus.
Finalmente, recordamos que el aporte en áreas protegidas y dedicadas a la investigación que posee la universidad, es información abierta y de acceso público.
Clausura Conferencia Internacional de la Madre Tierra
Campus Nicoya-UNA
28 octubre 2016
La declaratoria de la Universidad Nacional del año 2016 por la Madre Tierra aprobada por el Consejo Universitario, el 15 de setiembre del 2015, estableció entre otros alcances “la necesidad de generar, desde las universidades, espacios, acciones, conocimiento, reflexiones y metodologías que propicien nuevas convicciones, actitudes y formas de vida… una nueva cultura orientada al cuidado de la vida en todas sus formas, al compromiso con las poblaciones vulnerables y a la construcción de redes de respeto y de solidaridad”, declaratoria a la que se sumaron las universidades públicas de Costa Rica y las de Centroamérica.
La organización de la VI Conferencia de la Tierra: Foro Internacional de Medio Ambiente en la Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional de Costa Rica, Nicoya, Guanacaste, Costa Rica, en los días 26, 27 y 28 de octubre del 2016, se realizó con el fin de “propiciar el intercambio de saberes relacionados con la naturaleza, la socio biodiversidad y el desarrollo sostenible, entre científicos, académicos, estudiantes, funcionarios estatales y sector privado, con el noble y comprometido fin de concientizar a la sociedad para la protección de la Madre Tierra”.
La VI Conferencia de la Tierra, cuyo tema principal fue naturaleza, biodiversidad y sustentabilidad, ofreció un espacio para la reflexión y la discusión en torno a la Madre Tierra en los siguientes ejes temáticos: a) agua para la vida; b) paisaje, ecosistema y biodiversidad; c) seguridad alimentaria; d) acción y políticas públicas y e) educación ambiental, teniendo todos como eje transversal el cambio climático.
Chief Greywolf, presidente de la nación soberana Cherokee-Tejas
En la Conferencia participaron representantes de Brasil, Chile, Nicaragua, México, Serbia, Guatemala y Costa Rica, así como la participación de Chief Greywolf, presidente de la nación soberana Cherokee-Tejas y representantes del Consejo Indígena Madre Tierra de Costa Rica.
En las conferencias magistrales, en las mesas redondas organizadas, y en las manifestaciones de los participantes se evidenció una preocupación por lo que acontece con el ambiente a nivel mundial, y en particular en América Latina, desde el ámbito público como el privado, que afecta sensiblemente los diferentes ecosistemas y pone en riesgo la sostenibilidad del planeta y de todo ser vivo que en él convive.
Entre las preocupaciones expuestas están las siguientes:
1)Los modelos económicos que prevalecen en los países que promueven el consumo masivo, el uso desmedido y depredador de la naturaleza y la desigualdad social y económica. Se advierte la necesidad de que los países deben en forma conjunta realizar transformaciones profundas hacia un modelo más sostenible e inclusivo, respetuoso de la ecología y la diversidad cultural.
2)El planeta tiene límites ecológicos; sin embargo, la tendencia de un crecimiento económico desproporcionado e irresponsable, pone en peligro la existencia de la vida, en particular de la vida humana. El papel del estado y de los organismos intergubernamentales es asumir un compromiso universal para revertir los modelos de desarrollo hacia modelos de producción sustentables y de consumo humano responsable, fundamentado en los principios y valores biocéntricos
3) Como ciudadanos, como académicos y como parte de la sociedad global demandamos una política pública de carácter urgente, que sea consecuente con los principios y valores enunciados; conductas empresariales respetuosas del ambiente y el involucramiento de una sociedad civil mundial consciente de los límites planetarios.
Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector, Universidad Nacional de Costa Rica
Por tanto, las partes presentes acordamos el siguientemanifiesto por la Madre Tierra:
1) A los gobiernos del mundo
Demandamos el establecimiento de políticas públicas globales, nacionales y locales claramente comprometidas con el ambiente, vinculantes jurídicamente e incluyentes.
Exigimos que asuman la responsabilidad de ejecución y seguimiento de los acuerdos, manifiestos y acciones encaminados a la vigilancia y resguardo del patrimonio planetario.
Solicitamos a los gobiernos la fijación de límites absolutos para el uso de los elementos de la naturaleza que son vitales para la vida en el planeta.
Requerimos la aplicación efectiva de los acuerdos intergubernamentales atinentes a la protección y conservación del ambiente y su equilibrio con la sociedad.
2) A la sociedad global
Llamamos a la promoción de una nueva cultura ambiental basada en los procesos educativos con el enfoque biocéntrico orientado a comportamientos que favorezcan una relación en la que el ser humano se reconozca a sí mismo como parte de la naturaleza y, al mismo tiempo, como un agente consciente y responsable de la vida en el planeta.
Proponemos la divulgación del conocimiento abierto y accesible para todos los ciudadanos del mundo con el fin de fortalecer la conciencia ambiental, facilitar el flujo de información, propiciar espacios adecuados para la toma de decisiones y acciones concretas en todas las escalas, desde lo local hacia lo global para ir superando el antropocentrismo.
Sugerimos reorientar el uso de las plataformas tecnológicas de comunicación masiva y, de esta manera, otorgarles el estatus de herramientas facilitadoras de la inclusión y la participación equitativa a favor de temas ambientales para lograr una sociedad más justa y solidaria.
Solicitamos oponerse abierta y firmemente a cualquier intento de mercantilizar lo vivo y la naturaleza y del uso comercial de lo verde como una forma de contribuir falsamente a la causa ambiental.
3) A las personas
Alertamos que ante el gran desafío que significa la supervivencia digna de la vida, no es suficiente el compromiso y la acción de los gobiernos, las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil. También es necesario que las personas, cada una de ellas, cada uno de nosotros, emprendan y emprendamos de manera consciente, individual y colectiva, las acciones que hagan sustentable nuestro modo de vida.
Solicitamos compromiso para emprender proyectos culturales, educativos y productivos, así como todo lo que tengamos que hacer para mitigar y disminuir nuestra huella de carbono personal y colectiva, tal como lo viene proclamando el Consejo Indígena Madre Tierra y la Fundación Gaia de Costa Rica, alineadas con la meta país de carbono neutralidad.
Invitamos a todas las personas a concebir el planeta como una sola unidad viviente, el cual debe ser amado y cuidado como a una madre, y a utilizar su capacidad creativa para participar de forma activa en la evolución, según lo establecido en la declaración de principios para la evolución consciente de la Madre Tierra, acogida por el Consejo Indígena Madre Tierra y Fundación Gaia el 21 de diciembre del 2012.
Apoyamos solidariamente el proyecto “Senderos de Paz Madre Tierra”, que ya cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional, la Nación Soberana Cherokee – Tejas, la AIESEC y Raleigh Internacional, para que las ocho etnias originarias de Costa Rica trabajen como una sola mano, para lograr la carbono neutralidad, rescatar y conservar sus tierras y sus bosques, con todo lo que ello implica, para el bien y la supervivencia de la humanidad.
4) Al sector empresarial
Exigimos implementar valores y conductas éticas y morales que protejan la naturaleza.
Solicitamos implementar tecnologías y procesos productivos efectivos que reduzcan los impactos al ambiente y a los seres vivos que la integran.
Los llamamos a promover entre los grupos de interés valores, actitudes y comportamientos pro ambientales.
Reclamamos aplicar responsablemente la normativa nacional e internacional en materia ambiental.
5) A la comunidad académica
Convocamos a comprometerse desde un punto de vista epistemológico, a pensar y producir conocimiento en una perspectiva socio ambiental, lo que implica reconceptualizar la vida a la luz de una nueva alianza entre naturaleza, ciencia y saberes culturalmente arraigados, lo que incluye un rescate de la ética para saber cuidar y saber escoger las mejores condiciones de vida en el planeta y en el universo.
Elegimos priorizar y promover investigaciones, grados curriculares e intervenciones interactivas con la sociedad que traduzcan esas nuevas orientaciones epistemológicas, metodológicas y sociopolíticas capaces de nuevos consorcios entre prácticas materiales, procesos de apropiación de lo material y nuevas interacciones simbólicas entre cultura y naturaleza.
Optamos por una universidad que busque nuevas asociaciones con lo local, lo regional, lo nacional y lo transnacional; para viabilizar y sustentar esa nueva epistemología académica, que incorpore en su identidad institucional los principios de la revalorización y democratización de los saberes sobre la naturaleza y la cultura de cada grupo social, pueblo y nación, revitalizándolos y devolviéndolos a sus cualidades esenciales.
Solicitamos reconstruir formas de producción de conocimiento para que éstas tengan: pertinencia cultural; valoración de nuestra memoria histórica; apertura al diálogo de saberes; reconocimiento de otras formas de conocimiento; creatividad e innovación para trabajar en contextos de limitación de recursos; y retroalimentación y orientación hacia un pensamiento propio latinoamericano.
Exigimos feminizar nuestras universidades potenciando el despliegue de la inteligencia, de la solidaridad, de la intuición, de la imaginación creadora, de la acogida, de la practicidad y de las relaciones de respeto entre los seres humanos, dimensiones olvidadas por nuestras tradiciones machistas.
Soñamos una universidad comprometida con su enraizamiento local y regional para revalorizar los intercambios nacionales, universales, multi-inter y transculturales; una universidad plural, multi-inter y transcéntrica, apoyada en una nueva pedagogía autoevaluativa e interactiva de sus prácticas, capaz de contribuir sustantivamente en la construcción de una nueva aproximación civilizatoria inter, multi y transcultural.
En representación de los participantes en la VI Conferencia de la Tierra firman:
-Chief Grey Wolf
Presidente de la Nación Soberana Cherokee – Tejas
-Giovanni de Farias Seabra
Presidente Internacional, Conferencia de la Tierra, Brasil
Con una participación de alrededor 150 personas inició la VI edición de la Conferencia de la Tierra: Foro de medio ambiente, naturaleza. Biodiversidad y sustentabilidad, organizada por la Sede Regional Chorotega, Campus Nicoyade la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad Paraíba, Brasil. Dicho encuentro se extenderá hasta el 29 de octubre, con la participación de destacados ponentes nacionales e internacionales, los cuales expondrán sobre temas referentes al agua, paisaje, ecosistema y biodiversidad, seguridad alimentaria, acción y políticas públicas, así como educación ambiental.
En el acto de apertura participó Olger Rojas, decano de la Sede Regional Chorotega, Rigoberto Rodríguez, coordinador de la conferencia en Costa Rica, Geovanny Seabra organizador del evento por la Universidad de Paraíba, Brasil, Alberto Salom, rector de la UNA y Fernando Mora, viceministro de Mares, Costas y Humedales.
Este encuentro tiene como fin poner a disposición de científicos, académicos, estudiantes, funcionarios estatales y del sector privado, los conocimientos más recientes en torno a la problemática ambiental y sus posibles soluciones, para concientizar a la sociedad en la protección del planeta. Se espera para el final de la jornada concluir con la redacción de una proclama por la Madre Tierra.
Giovanni Seabra, investigador de la Universidad Federal de Paraíba, Brasil y procursor del encuentro expresó que este foro académico-científico de gran importancia para Latinoamérica. “Costa Rica es una maqueta del mundo en relación con la naturaleza, aspectos sociales y políticos. Lo que ocurre con la Tierra sobre calentamiento global, desastres naturales y migraciones humanas y otras situaciones sociales también se desarrollan en este país”.
Olger Rojas, decano de Sede Chorotega, comentó que la declaratoria del 2016 de la UNA por la Madre Tierra, aprobada por el Consejo Universitario de la UNA y respaldada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), en setiembre del 2015, plantea en uno de sus considerandos la iniciativa de generar desde las universidades espacios, acciones, conocimientos y reflexiones que propicien actitudes y nuevas formas de vida hacia la construcción de redes de respeto y solidaridad.
Agregó que la Sede Regional Chorotega de la UNA comprometida con el tema ambiental y en particular con la gestión de recuros hídrico, el calentamiento global, la seguridad alimentaria y el dearrollo local en Guanacaste vislumbró como una gran oportunidad realizar un evento internacional de suma trascendencia oomo lo es la Conferencia de la Tierra en sexta edición.
En su disertación, Alberto Salom, rector de la UNA, indicó que está convencido de que si la causa principal que afecta al planeta y produce el calentamiento global se propicia por las formas productivas del industrialismo, generadas por las personas, la problemática es remediable. “En cambio si ese calentamiento, así como lo señalaron en una ocasión las empresas causantes del calentamiento global, es producto de la interacción natural del planeta con el sol y otros astros no habría nada que hacer”, recalcó Salom.
Enfatizó que la buena noticia es que los defensores de la Madre Tierra se encuentran esperanzados en desarrollar nuevas formas de convivencia, producción y relación entre los humanos para frenar ese calentamiento global.
Por su parte, el viceministro Mora comentó que el gobierno de la República motivado por el liderazgo de la UNA, también ha respaldado el 2016 como año de la Madre Tierra y en ese marco ha hecho un pacto sobre los objetivos de desarrollo sostenible.
Enviado a SURCOS Digital por Msc. Efrain Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría, UNA.
Huerteros del país se reúnen para fortalecer la Red de Huertos Urbanos
Una nueva tendencia que consiste en saber de dónde vienen nuestros alimentos y cómo se cultivan llevó a un grupo de costarricenses a iniciar un movimiento urbano. El objetivo: fomentar el cultivo de huertas urbanas.
Este 2 de octubre se llevará a cabo la segunda serie de encuentros entre personas de todas las edades interesadas en compartir técnicas de cultivos, semillas y -sobre todo- expandir la idea de que, independientemente del espacio disponible en nuestros hogares, podemos ser capaces de producir parte de los alimentos que consumimos diariamente.
Se fomentarán ideas como:
Regenerar la vida del suelo y la biodiversidad
Economías locales, alternativas y solidarias
Soberanía y seguridad alimentaria
Reivindicar el valor a las comidas típicas y alimentos de la región
Huertos Urbanos de Costa Rica, promotora de la iniciativa, busca crear una red que identifique todas las iniciativas de huertas existentes en las ciudades, de manera que se puedan conectar personas con personas, proyectos con proyectos; que los mismos se apoyen promoviendo un ambiente propicio para el desarrollo de huertas en la ciudad, ya sea compartiendo conocimiento, experiencias o valores de solidaridad y ética en la producción de alimentos.
La inauguración oficial de la planta hidroeléctrica del Reventazón, la más grande de Centroamérica, es sin duda un gran acontecimiento en construcción de obra pública que ha despertado reacciones importantes de discutir.
En primer lugar, surgió una reacción adversa proveniente de algunos sectores preocupados por los impactos en los ecosistemas que una obra tan grande implica. Es sabido que las plantas hidroeléctricas tienen severas consecuencias sobre los causes de los ríos y por tanto sobre la biodiversidad; y también es conocido que la generación eléctrica en plantas térmicas implica grandes emisiones de gases con efecto invernadero. Estas preocupaciones evidencian una singular contradicción entre la estrategia para lograr la carbono-neutralidad y la de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Sobre este particular no se visualiza una solución que atienda ambos objetivos en el corto ni mediano plazo.
En segundo lugar, avivó la idea de que Costa Rica debe avanzar en la sustitución, parcial o total, de la actual flotilla vehicular, por una eléctrica o al menos híbrida; partiendo del supuesto de que la capacidad eléctrica instalada -pero principalmente potencial-, es capaz de atender una demanda energética como la que implica la movilidad de personas y mercancías, debido a que los vehículos eléctricos son más eficientes al gastar aproximadamente una tercera parte de la energía que consumen los vehículos de diésel para recorrer la misma distancia. De ahí que si fuera posible sustituir con vehículos eléctricos todas las unidades para movilizar personas y mercancías por vía terrestre, el consumo de energía para ese fin se reduciría a menos de la mitad de lo que se consume actualmente.
El problema técnico que plantea esta propuesta, a pesar de que supone una importante mejora en la eficiencia energética, es su relación con la matriz eléctrica en Costa Rica. La cantidad de energía consumida en la movilidad de personas y mercancías es aproximadamente el doble de la energía producida como electricidad según datos de la Dirección Sectorial de Energía (2016).
Si toda la flota vehicular actual fuese sustituida por una eléctrica, y suponiendo que la eficiencia energética de los vehículos eléctricos efectivamente permitiese reducir su consumo energético a una tercera parte del actual, y que la demanda de electricidad para otros usos se mantuviese constante, se ocuparía duplicar la actual producción de electricidad para poder movilizar esa hipotética flotilla eléctrica; pero si la oferta no crece lo suficiente, generaría rivalidad en mercado eléctrico con los usos doméstico, industrial y de los otros sectores, debido al gran incremento en la demanda. Esto podría presionar al alza el precio de la electricidad y promover la exclusión de este importante servicio a las familias más pobres del país.
De esta manera, una política orientada a la sustitución de la flotilla vehicular actual por una eléctrica necesariamente debe considerar el aumento en la producción eléctrica como una de sus prioridades, la cual tendría que provenir mayoritariamente de la hidroenergía, ya que como estimó El Estado de la Nación en el 2013, el 76% de todo el potencial geotérmico ya está siendo explotado, así como cerca del 50% del eólico y 50% del de la biomasa, mientras que sólo el 26% del potencial hidroeléctrico identificado está siendo aprovechado.
Por todo esto, las políticas energéticas orientadas a la movilidad terrestre de personas y mercancías requiere de una planificación que incluya, en primer lugar, un proceso de transición en el uso de fuentes alternativas a los hidrocarburos, como los biocombustibles, que no suponga un riesgo para la producción de otros bienes como alimentos; en segundo lugar, que considere la reducción en el consumo de energía mediante una mejora en los medios de transporte públicos, tanto de personas como de mercancías, como por ejemplo una red ferroviaria y; en tercer lugar, una producción eléctrica que concilie los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas, por ejemplo, mediante el aprovechamiento energético de algunos residuos.
Este reto debe asumirlo toda la sociedad costarricense, y si bien el gobierno actual puede jugar un papel destacado, la principal responsabilidad recaerá sobre los gobiernos futuros, ya que tanto el sector energético como el de transporte tienen dinámicas de largo plazo.
*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
***Para mayor información comuníquese con Diego Zárate (88020925) o con la Oficina de Comunicación de la UNA (2277-3067).
Imagen con fines ilustrativos tomada de columbia.co.cr
Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación de la UNA.
La actividad es organizada por la carrera de Manejo de Recursos Naturales, de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales (ECEN)
Por Karol Ramírez Chinchilla
En aras de establecer espacios para el intercambio de experiencias en el Manejo de Recursos Naturales, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) celebrará del 22 al 24 de setiembre el III Encuentro de Manejo de Recursos Naturales, en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós, del campus universitario Fernando Volio Jiménez, en Mercedes de Montes de Oca.
El encuentro analizará temáticas como Energías limpias, Restauración ecológica, Biodiversidad, Recurso hidríco, Usos de las TIC en la gestión de recursos naturales y Ciudades sostenibles. La actividad está dirigida a estudiantes, egresados y público general.
De acuerdo con Gloria Mariana Rojas Rojas, funcionaria de la ECEN, el encuentro se propone conocer el estado actual de la conservación ambiental y el desarrollo tecnológico y científico, que propicien el conocimiento de los recursos naturales.
Asimismo, busca “fortalecer la comunicación entre los estudiantes de la carrera de diversos centros universitarios y propiciar intercambios entre los estudiantes y los profesionales de manejo de recursos naturales para futuras alianzas de estudio y trabajo”, dijo.
El encuentro se realizará de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. La inauguración será el 22 de setiembre, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
El costo de inscripción para estudiantes es de ¢15.000, para estudiantes externos y profesionales de la UNED es de ¢20.000, y para profesionales externos es de ¢25.000.
Si usted desea más información puede llamar al número telefónico 2202-1904, o bien escribir al correo electrónico marena@uned.ac.cr
Puede también encontrar más información dando clic aquí.
Pronunciamiento de la Federación Conservacionista (FECON) y la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)
Una nueva política y estrategia para el manejo de la biodiversidad recién fue aprobada por el Comisión Nacional de Gestión para la Biodiversidad (CONAGEBIO) del MINAE, a pesar de las observaciones y críticas del sector ecologista que en repetidas ocasiones señaló que desde el inicio carece de consulta y trabajo conjunto con las comunidades campesinas e indígenas, así como de organizaciones comunitarias y civiles.
La importancia de la consulta civil en la gestión de la diversidad radica en que son precisamente estas comunidades rurales e indígenas las que mantienen una relación directa con la dinámica de la biodiversidad que está fuera de las áreas protegidas. Sectores comunitarios y ecologistas consideran que la gestión la «esa» biodiversidad y los conflictos por su uso y destrucción no fue la prioridad del proceso oficial de creación de esta nueva política estatal.
FECON y la RCB consideran que estos instrumentos son “enlatados” definidos con base en directrices internacionales desde su visión, misión y metas, en la práctica no parten de la realidad y conocimiento de comunidades que protegen la biodiversidad en una interacción con ella para sostener la vida en fincas campesinas, territorios indígenas y comunidades urbanas y rurales, que a su vez están inmersos en conflictos por la expansión de monocultivos, minería, transgénicos, contaminación, urbanización no planificada, entre otros y las propuestas que desarrollan al respecto, no son un componente sustantivo de estos documentos aprobados como política estatal.
La falta de participación de dichos procesos se pretendió enmendar “discutiendo” en talleres breves un documento complejo, para afirmar, sin respaldo real alguno, que “el proceso fue altamente participativo”. Sin los actores que conviven con la biodiversidad realmente involucrados, es casi imposible que estos documentos no sean otra consultoría superficial más.
Otra de las críticas desde los sectores ambientalistas a estos instrumentos es que están cruzados por la visión neoliberal que aborda la biodiversidad y los beneficios ambientales que genera como mercancías, es decir la llamada “economía verde”.
Tampoco fue prioridad dentro de esta política incluir según el pronunciamiento ecologista “las amenazas para la biodiversidad relacionadas con tecnologías, como la manipulación genética y la biología sintética, los sistemas de propiedad intelectual restrictivos y su papel en la apropiación privada de la biodiversidad, la producción corporativa de alimentos, y la preponderancia de los tratados comerciales y de propiedad intelectual (como el Tratado de Budapest y la UPOV) sobre los acuerdos y políticas socioambientales”.
Sobre el tema de transgénicos los ecologistas reiteraron “que su convivencia con formas de producción sustentables y agroecológicas es imposible, como se ha documentado a nivel mundial (ver https://goo.gl/uM3tk1), por lo que una protección efectiva de la biodiversidad debería contemplar la prohibición o al menos una sólida moratoria para la liberación de transgénicos en nuestros campos”.
Posición de la Red de Coordinación en Biodiversidad sobre la propuesta de política y plan estratégico nacionales de biodiversidad 2014-20201, el 13 de julio de 2014. goo.gl/f0J6rb
Posición de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Federación Conservacionista (FECON) sobre la propuesta de Política Nacional de Biodiversidad 2014-2020, el 9 de marzo de 2015. goo.gl/yhb5hC
Observaciones al documento final de la “Política Nacional de Biodiversidad 2015-2030” (PNB) y al borrador de la” Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) y su Plan de Acción” (2016), el 30 de marzo de 2016. goo.gl/Ft6P03
Cada 48 horas un activista es asesinado en el mundo por defender el ambiente
Según un informe de la ONG Global Witness, cada dos días matan a un ambientalista y cuatro de cada diez pertenecen a pueblos indígenas. El 66 por ciento de los crímenes se produce en Latinoamérica. Brasil es el más sufrido, con 50 muertes
Por Darío Aranda
Durante 2015, según la Global Witness, fueron asesinados 185 ambientalistas, 69 más que en 2014.
Cada 48 horas es asesinado un activista que lucha contra el extractivismo minero, petrolero, forestal y el agronegocios. Durante 2015 fueron acribillados 185 militantes socioambientales en el mundo, el 66 por ciento de ellos en América latina. Así lo revela un informe de la ONG europea Global Witness, que precisó que cuatro de cada diez asesinados pertenece a pueblos indígenas. En lo que va de 2016 ya hubo al menos cuatro asesinatos en Honduras y Brasil.
“En terreno peligroso” es el nombre del informe que acaba de publicar la Global Witness (Testigo Global), donde recopila el asesinato de activistas durante 2015. Contabilizaron 185 casos (69 más que en 2014). El 66 por ciento se produce en Latinoamérica. Los países con más víctimas son Brasil (50), Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12), Congo (11), Guatemala (10), Honduras (8), India (6) y México (4), entre otros.
Los pueblos indígenas son unos de los principales defensores de la biodiversidad y los territorios en todo el mundo, con derechos reconocidos por normativas nacionales e internacionales (Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros). A pesar de todas las leyes en su favor, están entre los principales afectados por el extractivismo y la violencia. El informe da cuenta que el 40 por ciento de los asesinatos se produce sobre pueblos originarios.
La ONG también puntualiza los sectores corporativos que más vinculación tienen con los crímenes: megaminería (42 asesinatos), agronegocios (20), tala de bosques (15), represas (15) y caza furtiva (13). Sobre quiénes son los victimarios, advierte que en muchos casos no han sido identificados los autores. En los que sí: los paramilitares asesinaron a 16 activistas, el ejército a 13 y la policía a 11. “El ambiente es un escenario donde se defienden los derechos humanos. Y los activistas son tratados como enemigos por el Estado, cuando deberían ser tratados como héroes”, afirmó Billy Kyte, de la ONG Global Witness. El informe destaca la complicidad entre gobiernos y empresas extractivas, tanto para el extractivismo como para la violencia.
Entre 2010 y 2015 se produjeron 753 asesinatos. Ocho de cada diez casos sucedieron en América Latina. Los países con más víctimas son Brasil (207), Honduras (109) y Colombia (105). Si se calcula en porcentaje a la población, Honduras es el país con más asesinatos.
La ONG remarca que se trata de un piso de asesinatos, ya que su base de información son los medios de información y afirma que existen asesinatos que son invisibilizados y no aparecen en las noticias.
Uno de los casos señalados de 2015 es el de María Chávez Lima y su esposo Raimundo Dos Santos Rodríguez, defensores de la selva en el nordeste de Brasil. Fueron emboscados y acribillados. Rodríguez sufrió doce disparos y falleció. Lima, que fue herida pero sobrevivió, colabora con el Instituto Chico Mendez (emblema mundial del activismo socioambiental, defensor de la Amazonía, asesinado en 1988).
El trabajo de la ONG también señala las responsabilidades de los países donde no ocurren los asesinatos, pero que impulsan las actividades extractivas en otras regiones. Ejemplifica con el caso de Brasil, donde el 80 por ciento de la madera que se extrae es ilegal y sus principales destinos son Estados Unidos, Gran Bretaña y China.
En lo que va de 2016 ya ocurrieron al menos cuatro asesinatos más en América Latina. Berta Cáceres, líder indígena hondureña y activista contra las represas que avasallan territorios comunitarios, fue asesinada en marzo pasado. El 14 de junio fue asesinado el indígena Cloudione Souza en el oeste de Brasil. La violencia fue ejercida por terratenientes que hirieron a otros diez indígenas. El Consejo Indigenista Misionero denunció que los pueblos originarios de ese país están sufriendo una “matanza”.
El 21 de junio pasado fue encontrado el cuerpo sin vida de Nilce de Souza, del Movimiento de Afectados por Represas, en Puerto Velho (norte de Brasil). Había desaparecido el 7 de enero, luego de múltiples amenazas por su lucha contra las hidroeléctricas. Su cuerpo fue encontrado atado de pies y manos a una gran piedra, en el mismo lago de la Usina Hidroléctrica de Jirau, de la denunciada “Empresa de Energía Sustentable de Brasil”.
En Honduras, el 5 de julio, fue asesinada Lesbia Janeth Urquía, también activista en contra de las represas que se apropian de los ríos.
“El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive”, señala la investigación y destaca que en la mayoría de los casos “claramente el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos”.
En los últimos años en Argentina hubo decenas de represiones sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Los casos más trágicos los sufrieron, entre otros, el diaguita Javier Chocobar (asesinado el 12 de octubre de 2009 en Tucumán), la campesina Sandra “Eli” Juárez (marzo de 2010 en Santiago del Estero), el qom Roberto López (noviembre de 2010 en Formosa), Cristian Ferreyra y Miguel Galván (2011 y 2012, respectivamente, ambos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina).
La ONG señala que una constante en todos los casos es la inacción de las autoridades judiciales y de los gobiernos para que se investiguen exhaustivamente los delitos o se adopten medidas para proteger a los activistas. “Existe una connivencia entre Estados y los intereses corporativos que protege a los responsables de los asesinatos”, asegura la investigación.
*Imagen principal con fines ilustrativos tomada de www.prensa.com
Enviado a SURCOS Digital por Confraternidad Guanacasteca.
Este martes 5 de julio distintos sectores comunales del cantón de Los Chiles solicitarán al Concejo Municipal de Los Chiles que declare una moratoria de 5 años a la expansión del monocultivo de la piña, mientras la Municipalidad termina de hacer el Plan Regulador y se realizan estudios hidrogeológicos.
El acercamiento con el Gobierno local es producto del trabajo que llevan a cabo pequeños productores y ganaderos, asociaciones comunales y personas preocupadas por el fuerte impacto ambiental de la producción piñera. Este esfuerzo es acompañado por distintas organizaciones nacionales y por legisladores y legisladoras.
Mañana se pedirá a la Municipalidad que declare una moratoria de cinco años al otorgamiento de permisos, autorizaciones municipales y certificados de uso para la construcción e instalación de fincas piñeras en el cantón de Los Chiles.
Si el Concejo Municipal aprueba la moratoria, después la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad deberá coordinar con las entidades competentes para realizar los estudios necesarios del impacto socioambiental acumulado de las fincas piñeras existentes, y definir así si es ambientalmente sostenible la expansión del cultivo.
La moratoria se está pidiendo porque la expansión piñera ha provocado graves daños a la biodiversidad del país. El Informe del Estado de la Nación 2012 menciona cómo los cultivos de piña “causan problemas directos, por su descomposición, e indirectos, por la aplicación de herbicidas quemantes, como paraquat, para desecar el rastrojo. Además, en el rastrojo prolifera la mosca del establo (Stomoxyscalcitrans), que ocasiona graves daños a la ganadería en áreas aledañas a las plantaciones”.
Álvaro Álvarez, ganadero de la Zona Norte, relató en el programa televisivo Era Verde que el primer problema que se empezó a visualizar, producto de los sembradíos de piña, fue la proliferación de las moscas de la piña, porque ésta se alimenta de la sangre del ganado: “(…) si el animal no se trata con los alimentos adecuados y a tiempo, pues el animal se muere”. Álvarez también expuso que el uso de los agroquímicos que utilizan las empresas piñeras, hacen que las vacas aborten, se enfermen del estómago y hasta mueran.
Varias comunidades se han visto afectadas por este cultivo y su expansión de manera directa, incluyendo las y los estudiantes de escuelas y colegios de estas zonas, perjudicados por los rocíos de los químicos, malos olores y el nacimiento de la mosca Stomoxyscalcitrans.
Específicamente en la Zona Norte, ya desde el 2010 las autoridades se encuentran en vigilancia tras las diferentes problemáticas asociadas al cultivo de la piña y la manera en la que se afecta negativamente el humedal Caño Negro. El Tribunal Ambiental Administrativo comunicó: “Tala, invasión de áreas de protección, cambio de uso del suelo, afectación de la laguna y su fauna, construcciones que afectan los corredores biológicos y una expansión de la actividad piñera son parte de la larga lista de problemas ambientales que están presionando fuertemente el Humedal de Caño Negro y sus alrededores (…). En el caso de las piñeras, el problema es que se están desarrollando en una de las regiones del bosque tropical lluvioso de la zona, reduciendo los hábitats de la flora y fauna al fragmentar y eliminar la vegetación, quedando únicamente pequeños islotes de cobertura arbórea que imposibilita la integración de corredores biológicos naturales y fragmenta esos sitios
Este esfuerzo de organización es compartido a nivel nacional por comunidades afectadas, organizaciones ecologistas y sociales, representantes sindicales y legisladores y legisladoras, que están proponiendo estrategias conjuntas para construir soluciones frente a las problemáticas socioambientales y laborales asociadas a la expansión intensiva y extensiva del monocultivo de la piña en Costa Rica.
En este espacio participan personas del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Actividad Piñera (FRENASAPP), la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, la Coordinadora de Lucha Ambientalista Norte-Norte (CLANN) con el acompañamiento del Programa Kioskos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Coordinadora Norte, Tierra y Libertad, la Coordinadora de Lucha Sur Sur, el Foro Ecuménico para el Desarrollo Alternativo de Guanacaste (FEDEAGUA), el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas de Costa Rica (SITRAP), los despachos de la diputada Patricia Mora y del diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, el programa Era Verde de la Universidad de Costa Rica, COECOCEIBA y la Red de Coordinación en Biodiversidad, entre varios otros.
