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Etiqueta: clientelismo político

Balance del gobierno de Rodrigo Chaves Robles

Escrito en . Publicado en Análisis.

Gerardo Fumero Paniagua

Termina su periodo marcado por contrastes, una macroeconomía estable, pero con un país sumergido en la peor crisis de su historia en seguridad, salud y educación, un gobierno confrontado con toda la institucionalidad del Estado y con el más alto nivel de incumplimiento de promesas de campaña de nuestra historia.

Costa Rica alcanzó cifras récord de homicidios vinculados al narcotráfico y el crimen organizado, aunque para Chaves solo son «ajuste de cuentas entre delincuentes», “que se maten entre ellos”. Priorizó el equilibrio fiscal antes que el bienestar del pueblo, al recortar significativamente la inversión social.

Su liderazgo ha sido catalogado como populista, autoritario, narcisista y mesiánico. Se presenta a sí mismo como el único capaz de «limpiar la casa» y derrotar a las «estructuras de poder», «la prensa canalla» y «los mismos de siempre”. Su conducta representa una degradación de la investidura presidencial y una amenaza directa a la paz social y a la estabilidad democrática que nos ha caracterizado por siglos.

Su estilo ha sido de confrontación abierta con la Asamblea Legislativa, con el Poder Judicial, con la Contraloría, con la Prensa y con cualquier control de legalidad de sus proyectos -como fue el caso de Ciudad Gobierno y la Ley Jaguar-, lo que generó una fuerte polarización social entre «chavistas» y “opositores”.

En su comunicación rompió con la tradición del «lenguaje diplomático y protocolario”. Su discurso ha sido confrontativo, vulgar y soez. El uso de apodos, la burla hacia opositores y la descalificación de periodistas, han sido constantes. Su estilo ha servido para movilizar a una base electoral profundamente resentida, que se siente olvidada por la «clase política tradicional», pero a costa de una crispación -incluso violencia- social, tóxica, destructiva y creciente.

Por otra parte, sus intervenciones en compras pública, especialmente en Telecomunicaciones del ICE, dejan en entredicho la ética y la transparencia gubernamental. La vinculación entre el ICE, Racsa, Datasys, Cisco y figuras de su campaña, constituyen hitos históricos en la contratación administrativa del Estado.

En primer lugar, se ha denunciado la intervención directa en negociaciones que rompen la independencia técnica de las instituciones autónomas, para favorecer a financistas y colaboradores de su campaña, por ejemplo, a Carlos Valenciano Kamer, exsecretario del Partido Pueblo Soberano, dueño de Datasys y representante de Cisco, con compras millonarias del ICE y Racsa.

Segundo, publicó un Decreto sobre Ciberseguridad, que excluyó a empresas de países no firmantes del Convenio de Budapest (como China), lo cual eliminó a Huawei, el actual proveedor de la red celular 4G del ICE, eliminando la posibilidad de una actualización tecnológica de esa red para llevarla a 5G, cualquier otra solución será mucho más cara.

En tercer lugar, hubo reuniones en Casa Presidencial y Ministerios, en donde se discutieron detalles técnicos y financieros de licitaciones, en algunos casos se supone que para ordenar a quién y qué tecnologías adjudicar, mediante «contrataciones directas por excepción», con elevados sobreprecios.

En cuarto lugar, ante la opacidad de todos estos procesos, la Sala Constitucional obligó al ICE a revelar bitácoras de reuniones con representantes de la Embajada de EE. UU. y Cisco, que se mantenían en secreto, debilitando el derecho constitucional del acceso a la información.

Estas acciones son insólitas, pues el Estado no puede ser usado para pagar favores de campaña a través de contratos millonarios. Precisamente sus ataques constantes a la Contraloría buscan eliminar la vigilancia que ella ejerce sobre estas adjudicaciones «a dedo» y compromete “fondos públicos” del ICE en compras sumamente caras y de dudosas tecnologías, poniéndolo en grave riesgo. Estas intervenciones no son casos aislados, sino un patrón sistemático de desmantelamiento de los controles de contratación pública para favorecer una red de aliados políticos y económicos, bajo una narrativa de «eficiencia» que la ciencia, la probidad y la transparencia contradicen.

Otro capítulo oscuro es el desempeño de su gobierno en relación con el narco tráfico. Pasará a la historia como el periodo en el que Costa Rica perdió su estatus de «oasis de paz». El país cerró el 2025 con una tasa de 16 homicidios por cada 100,000 habitantes, cifra que casi duplica la del país que recibió. La respuesta del Ejecutivo ha sido culpar a las leyes y al Poder Judicial, sin hacer absolutamente nada para enfrentar tal inseguridad.

A pesar de la narrativa oficial de «mano dura», durante su administración el decomiso de cocaína ha sido casi una cuarta parte menor en comparación con el cuatrienio anterior, a pesar de los publicitados escáneres de Moín. Además, sacó la Policía contra las Drogas, PCD, de los puertos y fronteras y desmanteló los controles marítimos, todo lo cual permeó las fronteras, las costas y las exportaciones en contenedores, aumentando las sospechas de protección a ciertos grupos.

Concomitante con estos hechos, el tipo de cambio del dólar pasó en su gobierno de 700 a 460 colones, -retrocedió casi dos décadas- mientras el diario El Universal de México en setiembre del 2023 aseguraba que funcionarios del gobierno costarricense habrían buscado acuerdos con facciones de carteles mexicanos, y al interno del país, también se han denunciado presiones políticas en juntas directivas de bancos estatales y del INS, para recibir dinero de «dudosa procedencia”. Un mercado invadido de dólares -que solo se podrían explicar procedentes del naco tráfico-, justificaría no solo ese tipo de cambio tan bajo, sino la proliferación de personas en vulnerabilidad, dedicadas hoy a la venta y distribución de drogas y al sicariato, en los barrios más marginados del país, mientras el agro, la industria y el turismo sufren su peor crisis en décadas, por el encarecimiento de sus productos y servicios, al perder el país competitividad. Pierde también Costa Rica su base productiva y la soberanía alimentaria y se vuelve cada vez más vulnerable a las importaciones. Un tipo de cambio como el actual reduce la inflación y baja la deuda externa convertida a colones, lo cual ayuda al gobierno a “maquillar la macroeconomía” frente a los organismos internacionales y a aparentar estabilidad económica y una baja inflación, pero sacrifica el sector productivo nacional, enriquece a importadores y agentes financieros, concentra la riqueza, aumenta la inequidad y desacelera la economía interna, todo lo cual solo producirá pobreza. Ese manejo podría estar incubando una enorme burbuja económica que bien podría reventarle en la cara a su sucesora.

En relación con Celso Gamboa, en junio del 2025 el propio Chaves admitió que «todos sabíamos» de sus presuntos vínculos con negocios ilícitos, pero nunca lo mandó a investigar y figuras cercanas a su círculo han mantenido comunicación con el exmagistrado. Finalmente, el fiscal general, Carlo Díaz, ha tenido que defender la independencia del Ministerio Público ante los ataques de Chaves, mientras investiga posibles filtraciones de información desde el Ejecutivo, que podrían estar beneficiando a estructuras criminales.

En resumen, la reducción del decomiso de grandes cargamentos de drogas, el aumento de la violencia sin precedentes, el cambio en los protocolos policiales que debilitan la vigilancia en puertos, costas y fronteras y los ataques al Poder Judicial que investiga al narco, hacen sospechar que hay favorecimiento del narco tráfico.

Pero sus “abusos” no terminan ahí, veamos otros que harán historia.

  1. La sombra de los «Oscuros Capitales». Los manejos de dinero para su campaña electoral llevaron a la Fiscalía General en junio de 2025 a acusar a Chaves, al vicepresidente Stephan Brunner y a otros altos funcionarios por presunto financiamiento ilícito a través de estructuras paralelas durante la campaña del 2022. Se uso un fideicomiso privado y cuentas personales para recibir dineros de empresarios y fuentes no reportadas al TSE, quien incluso solicitó a la Asamblea Legislativa el levantamiento de su inmunidad.
  2. Manipulación de la Opinión y «Granjas de Troles». El uso de granjas de troles para manipular la opinión política fue investigado por la Asamblea Legislativa (Caso Piero Calandrelli). Se hizo uso de perfiles falsos para atacar sistemáticamente a periodistas de medios críticos (La Nación, CRHoy y Semanario Universidad) y a diputados de oposición. Sus conferencias de prensa los miércoles funcionaron como un show de agitación y «permanente campaña», no como un ejercicio de rendición de cuentas, saturando las redes sociales con narrativas que a menudo carecen de sustento técnico.
  3. La «Posverdad» y los Desmentidos Institucionales. Un patrón recurrente ha sido la emisión de datos que luego son refutados por las mismas instituciones técnicas del Estado: a) Costo de la vida: Mientras el presidente celebra la baja inflación, el INEC y la UCR señalan que los bienes básicos y servicios siguen siendo inaccesibles para gran parte de la población, desmintiendo la sensación de «bonanza» que el Ejecutivo proyecta. b) Inseguridad: El mandatario ha intentado minimizar el récord de homicidios, pero los informes del OIJ han sido contundentes en señalar la falta de recursos y la ineficacia de los planes de seguridad del Ministerio de Seguridad Pública. c) Ruta del Arroz: Prometida como una baja masiva en el precio del grano, finalmente se estrelló contra la realidad, pero terminó favoreciendo a los grandes importadores y contribuyentes de su campaña, subiendo los precios a los consumidores y arruinando a cientos de pequeños productores, lo que ha venido sucediendo con la agricultura en general.
  4. Concentración de la Riqueza y Desigualdad. A pesar de los “buenos indicadores macroeconómicos” (PIB, exportaciones), la brecha social se ha profundizado: Hay una «Costa Rica de Zonas Francas» que prospera, frente a una «Costa Rica rural y costera» (especialmente Limón, Puntarenas y Guanacaste, las provincias que más votaron por Chaves), que se hunde en la pobreza y es cooptada por el narco ante la falta de inversión social. La desigualdad en el acceso a la riqueza sigue siendo de las más altas de la OCDE. El gobierno ha favorecido a una «nueva oligarquía» vinculada a sectores de importación y tecnología (caso del arroz y de Cisco), mientras recorta presupuestos en seguridad y educación y no le paga a la CCSS.

La acumulación de conductas como el financiamiento bajo sospechas, la manipulación mediática y el irrespeto a los datos técnicos, erosionan el Estado Social de Derecho para sustituirlo por un modelo de capitalismo de amigos. Todo esto conlleva al debilitamiento de la confianza ciudadana en la verdad: cuando el presidente miente y las instituciones lo desmienten, el ciudadano queda en un limbo informativo que es terreno fértil para el autoritarismo.

Al término de su gobierno tiene múltiples acusaciones y varios casos judicializados, que parecieran confirmar un patrón de clientelismo y uso de la estructura estatal para favorecer a círculos cercanos, por ejemplo:

  1. La Pista del Aeropuerto de Liberia. Se adjudicó por $40 millones a la empresa Meco la reparación de la pista del Aeropuerto Daniel Oduber. Se incluyeron requisitos técnicos que solo Meco podía cumplir en ese momento y bajo una declaratoria de «emergencia» por el Huracán Bonnie, justificación completamente insuficiente.
  2. Los «Cariñitos» y el Contrato del BCIE. El publicista Christian Bulgarelli obtuvo un contrato de $405 mil financiado por el BCIE, mediante un cartel de licitación que él mismo ayudó a redactar en Casa Presidencial mientras era asesor de Chaves. Hay grabaciones en donde el presidente pedía «chineos, cariñitos y antojos», refiriéndose al uso de esos fondos para favorecer a sus asesores, como Federico Cruz «Choreco».
  3. Violación a la normativa ambiental. Las denuncias sobre el proyecto urbanístico Místico, en Playa Hermosa de Garabito, salpicaron a su jefa de fracción Pilar Cisneros. Se ha dicho que el gobierno ha sido «extremadamente ágil» para otorgar viabilidades ambientales y concesiones de agua a este proyecto, en el que Pilar y su hermano tienen intereses comerciales. Mientras el gobierno ataca otros desarrollos por temas ambientales, en Místico se han señalado posibles afectaciones a humedales que han sido «pasadas por alto» por el MINAE. Pero hay muchos otros casos, como el de Gandoca-Manzanillo, de Pacheco Dent, amigo del presidente y el de Portalón de Quepos, de Arce Carranza, uno de sus mayores financistas de campaña. Claros ejemplos de cómo el Estado se puso al servicio de los «amigotes» de la cúpula oficialista.

A lo largo de estos 4 años, el abuso de poder para favorecer a familiares y amigos se ha manifestado también de otras formas: 1) Nombramientos a dedo: Desde juntas directivas de bancos estatales hasta embajadas, los puestos han sido ocupados por financistas de campaña o amigos personales, sustituyendo el criterio técnico por la lealtad política. 2) Uso de las instituciones: como el caso del ICE con Datasys-Equipos de Telecomunicaciones, el MOPT con Meco-Pista de Liberia y el MAG-MEIC-COMEX con la Ruta del Arroz. Todo lo cual consolida un nuevo grupo económico favorecido por Casa Presidencial.

Todos estos y otros cargos hará -muy probablemente- que busque inmunidad a través de algún cargo en el nuevo gobierno.

El discurso de que «los mismos de siempre» se robaban el país contrasta con estas nuevas estructuras. La diferencia es que ahora las irregularidades se cometen con un tono de desafío al orden legal, atacando a los jueces y a la Contraloría, cuando estos intentan frenar los casos de corrupción.

Por otra parte, Chaves ha vetado 10 leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, algunas tan importantes como sacar a CR de la lista de paraísos fiscales y permitir allanar propiedades de delincuentes las 24 horas del día, 4 de esas leyes incluso fueron reselladas por los Diputados.

Todos estos hechos y conductas representan la mayor mancha de un gobierno que prometió «comerse la bronca» de la corrupción, pero que terminó asediado por ella en sus círculos más íntimos y que le prometió a la “señora de Purral” sacarla de la pobreza y terminó empobreciéndola aún más, aunque muchos todavía no son conscientes de ello e irónicamente optaron por el continuismo en el 2026. Hacemos votos para que a doña Laura Fernández la ilumine el Cielo y pueda tener el valor y la sabiduría para dar un giro de 180 grados, de lo contrario, muy posiblemente este país tocará fondo en el 2030 o antes.

Hacia una nueva Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Arnoldo Mora

Como bien sabemos, la campaña electoral recién pasada culminó con el triunfo arrollador (en las urnas, es decir, en los votos emitidos, pero no así en el padrón electoral, que nos da el número de ciudadanos con derecho a votar, ejerzan o no ese derecho) de la candidata oficial y su partido. Esta campaña debe ser analizada con especial atención, pues no es una campaña más como las que se sucedieron ininterrumpidamente desde que la Constitución Política de 1949 rige la marcha de la política nacional. Esta campaña representa un salto cualitativo en nuestra historia política, lo cual significa que, a partir de ahora, viviremos una Costa Rica inédita, una Costa Rica que no tiene marcha atrás, nos guste o no nos guste. Habitualmente hemos hablado de que el Estado Social de Derecho está en juego, por lo que las fuerzas sociales y políticas del país se dividen entre quienes lo defienden e, incluso, desean ampliarlo y quienes lo combaten. Estos últimos emplean para lograr sus objetivos, en no pocas ocasiones, métodos autoritarios que rozan la Constitución, como en esta campaña, en que se incrementó el choque entre los dos polos ideológicos; por lo que se desarrolló con una confrontación en que, en no pocas ocasiones, afloraron los insultos y amenazas de agresión física, sobre todo, a través de las redes sociales.

En mi opinión, esta polarización tiene una raíz nueva que va más allá de la anteriormente mencionada. Es el contrato social básico en que se funda nuestra vida republicana, el que se ha roto tan hondamente que alcanza los orígenes mismos de la creación del Estado Nación, desde los ya los lejanos días de Don Braulio Carrillo y la Guerra de la Liga (1835), la segunda guerra civil de nuestra historia patria. Esta guerra civil que enfrentó a San José con las otras provincias vecinas y les infligió una derrota de la cual nunca se repusieron, trajo como consecuencia que la creación del Estado Nación convirtió al ganador en epicentro de la vida política, cultural y económica de la naciente nación. Poco a poco y de manera inexorable San José se fue engullendo a las ciudades vecinas, hasta el punto de que la GAM no es hoy más que un vecindario de San José. Pero ahora lo que debemos preguntarnos es qué tipo de nación queremos ser en la nueva era, en cuyos dinteles los más recientes eventos políticos nos han puesto. Comencemos por indagar qué pasó en el resto del país, ese que yo llamo LA OTRA COSTA RICA, esa Costa Rica que no gozó en el mismo grado de los beneficios que implica la concentración prácticamente omnímoda y, con ello, el disfrute del poder estatal.

Sin embargo, no deja de ser paradójico que la élite gobernante haya entregado las provincias costeñas al capital extranjero, especialmente de origen anglosajón. En concreto, con los liberales como D. Bernardo Soto, gran parte de la, hasta entonces inhóspita región del Caribe, fue entregada en las codiciosas manos del empresario inglés Minor Keith. Posteriormente, la situación se agravó con la construcción del ferrocarril, que indujo a los ingleses a traer trabajadores chinos, italianos y, particularmente, jamaiquinos en condiciones que rayaban en la esclavitud. Posteriormente se instaló la Compañía Bananera que, luego de la huelga de 1934, se trasladó a las regiones del Sur de Puntarenas (popularmente conocida como “Zona Bananera”). Todo el país que no fuera lo que hoy es la GAM se convirtió en la periferia de ésta, se entregó a las empresas transnacionales y la jurisdicción del Estado Nacional se redujo – y con ello la democracia real – a un mero formalismo. Porque sin soberanía no hay democracia real. El vacío dejado por el Estado Nación está siendo hoy en día llenado por la penetración de las mafias del narcotráfico. Éste se lleva a cabo actualmente por vía marítima. En concreto, en aguas del Océano Pacífico va hacia los Estados Unidos un 85% de la droga proveniente de los países de Sur América, porque el país del Norte, albergando tan sólo el 5% de la población mundial, consume un 30% de ese maléfico producto. Por su parte, desde nuestras costas del Caribe se trafica la droga hacia Europa, que consume 20% de la droga del mundo entero.

Lo dicho constituye el trasfondo de lo que ha pasado en la campaña recién pasada en las provincias costeñas. Como el chavismo no se ha organizado como un partido que merezca el calificativo de tal, sino que no pasa de ser un conglomerado heterogéneo unido tan sólo por el culto a un caudillo, el actual presidente Rodrigo Chaves, su candidata Laura Fernández buscó y logró concretar un acuerdo político con los pastores evangélicos de la región, dado que en las dos provincias porteñas ya los católicos son minoría. Esa alianza, coyuntural por el momento, nos recuerda el régimen político imperante durante los siglos de la Colonia entre el clero católico y la Corona Española, llamado en sociología de la religión “régimen de cristiandad”; según el cual el clero recibía privilegios del Estado a cambio de una lealtad acrítica. El gran perdedor de este pacto fue Fabricio Alvarado, quien había sido un furgón de cola del gobierno, hasta el punto de que en la nueva configuración de la Asamblea Legislativa su partido ni siquiera logró sacar un diputado. Esto explica el triunfo arrollador logrado por el chavismo que llevó como candidata, hasta hace poco una figura anodina en el ámbito político, que fue impuesta a dedo por el propio presidente Chaves. Quienes votaron por el Partido Pueblo Soberano no lo hicieron por Laura Fernández sino por Rodrigo Chaves, el gran triunfador de esta campaña. Por lo cual mucho me temo que nos estemos encaminando hacia un régimen caudillista, que tratará de impulsar aquellas reformas a la Constitución que lo faculten a gobernar a su gusto y talante. Lo que está en juego no es sólo la democracia, sino el régimen republicano forjado por nuestros próceres en el siglo XIX.

Frente a tan amenazante perspectiva, sólo cabe como alternativa patriótica el forjar la unión de todos aquellos que creemos que, en una crisis como la actual, no basta con defender el estado social de derecho que reproduzca tan sólo nuestra actual democracia representativa; hay que ir más allá en vistas a lograr poner las bases políticas para crear una democracia directa, popular y participativa. Para ello se debe comenzar por hacer un trabajo político en las zonas donde el chavismo se ha arraigado. No se trata solamente de que el Estado central asuma un papel protagónico para resolver a corto plazo los graves problemas que, dado el atraso en que con sistemática negligencia los han tenido los gobiernos anteriores, incluido el actual. Como primer paso se debe promover una organización desde las bases populares. En esto los partidos políticos deben jugar un papel protagónico; por lo que deben dejar de ser tan sólo aparatos burocráticos que consumen los descomunales recursos de la deuda política en hacer una contienda electoral que tiene más de “marketing” que de campaña masiva de formación cívica. Es en la sociedad civil donde se juega el futuro de la democracia. Sólo con una organización que desarrolle la conciencia cívica de toda la población y la implique en sus luchas, se logrará la construcción de una democracia viva. Sólo así será posible superar el clientelismo. Los dirigentes políticos de las zonas periféricas, especialmente de las municipalidades, no deben comportarse como mendigos pidiendo limosnas a quienes gobiernan desde la GAM, sino como ciudadanos que ejercen sus derechos constitucionales en igualdad de condiciones. Los derechos no se mendigan, sólo se logran mediante organización y luchas comunales. La democracia comienza desde abajo. La democracia real debe llegar hasta el último rincón de la Patria.

Honduras ante las urnas: entre el hartazgo y el temor a la continuidad

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por Juan Carlos Cruz – para SURCOS

Honduras vuelve a las urnas este domingo en lo que, en principio, debería ser un ejercicio democrático rutinario. Cada cuatro años el país renueva sus autoridades, y en teoría ese simple calendario electoral tendría que ser garantía de estabilidad. Pero en la práctica, la historia reciente hondureña muestra lo contrario: cada proceso electoral se transforma en un episodio tenso, cargado de desconfianza y con un trasfondo de maniobras políticas que erosionan la fe ciudadana en las instituciones.

Hoy el clima preelectoral vuelve a mostrar esos signos de desgaste. Para una parte significativa de la población —no únicamente sectores conservadores— la preocupación central no es qué proyecto político promete un rumbo más claro, sino evitar la continuidad del partido oficialista, Libertad y Refundación (Libre). Y ese rechazo no se explica por afinidades ideológicas, sino por la percepción acumulada de un gobierno que, lejos de romper con prácticas del pasado, terminó reproduciendo los mismos vicios que tanto criticó.

El partido Libre, fundado en torno al liderazgo de Manuel Zelaya, llega a esta elección con una candidata que se presenta como la versión más “revolucionaria” del proyecto: Ricci Moncada. Sin embargo, para muchos hondureños el discurso transformador contrasta con el balance que se le atribuye al oficialismo: corrupción, nepotismo, colusión con las Fuerzas Armadas, clientelismo político, injerencia sobre el Congreso Nacional y la Fiscalía, endeudamiento acelerado y escasos avances en servicios esenciales como salud y educación. En palabras de la ciudadanía más desencantada, “no hicieron ninguna diferencia”, salvo para el surgimiento de nuevos grupos privilegiados.

El problema de fondo es más hondo que una sola elección. Honduras parece atrapada en un ciclo donde cada gobierno promete refundación y termina consolidando nuevas élites, nuevos beneficiados y viejas prácticas. Por eso, para muchos votantes, este domingo no se trata de elegir entre proyectos sólidos, sino entre males relativos. Y aun así, el miedo a que la continuidad del partido gobernante empeore la situación pesa tanto como la falta de alternativas convincentes.

Queda, entonces, una esperanza mínima pero esencial: que las elecciones transcurran en paz, que el proceso sea transparente y que los resultados se respeten. Suena elemental, casi obvio, pero en Honduras —como en buena parte de la región— esas reglas básicas suelen ser las primeras en tambalear.

El país necesita recuperar la normalidad democrática. No una utopía, no una refundación eterna, sino algo mucho más simple y urgente: que las elecciones vuelvan a ser elecciones, y no un campo de batalla donde el poder se aferra con uñas y dientes, aunque la ciudadanía ya no quiera verlo “ni en pintura”. El domingo será una prueba de madurez institucional. Ojalá esta vez el Estado esté a la altura.

Elaborado a partir de entrevistas a periodistas hondureños.

Foro Nacional de Vivienda denuncia uso político y clientelista de la política habitacional

Escrito en . Publicado en Vivienda.

El Foro Nacional de Vivienda, movimiento social con representación en todo el país e integrado por más de 36 liderazgos comunitarios, activistas y representantes de asentamientos y territorios que históricamente han defendido el derecho humano a una vivienda digna, denunció ante la ciudadanía, la Asamblea Legislativa y los poderes de la República las prácticas de manipulación política y uso clientelar de los programas de vivienda por parte del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles y del partido Pueblo Soberano, en el marco de la actual coyuntura electoral.

En su comunicado, el Foro recordó que desde su creación se ha consolidado como un espacio de articulación social y política no partidaria, orientado a visibilizar las demandas de miles de familias en situación de exclusión, promoviendo el acceso equitativo y transparente a soluciones habitacionales a través de la institucionalidad pública. Sin embargo, advierte que en los últimos meses ha constatado acciones sistemáticas que atentan contra estos principios y contra la ética pública.

Denuncias principales

  1. Uso político del BANVHI y del MIVAH.
    El Foro señala la utilización del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANVHI) y del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) como instrumentos de coacción y clientelismo electoral, aprovechando la vulnerabilidad de las familias beneficiarias.
    Entre los casos mencionados figura el Proyecto de Vivienda Santa Cecilia, en La Cruz de Guanacaste, donde se habría identificado la intervención directa de candidatos a diputación del partido Pueblo Soberano, quienes convocaron a reuniones con beneficiarios durante actividades institucionales, buscando capitalizar electoralmente el acceso a la vivienda, derecho humano garantizado por el Estado y no un favor político.

  2. Instrumentalización de actos públicos.
    El Foro también denuncia la utilización de entregas de viviendas y visitas regionales de la ministra de Vivienda como actos proselitistas y de promoción política, lo que califica como abuso de poder y violación al principio de neutralidad del Estado.
    A ello se suma —indica el comunicado— la intención de la jerarca de eliminar el bono del artículo 59, herramienta histórica que permite a familias de escasos recursos acceder tanto al lote como a la construcción de su vivienda, medida que agravaría las condiciones de exclusión social.

Llamado a las instituciones

El Foro Nacional de Vivienda rechaza categóricamente la utilización del derecho a la vivienda como mecanismo de control político, coacción o chantaje electoral, y exige a la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Asamblea Legislativa investigar de forma urgente y exhaustiva los hechos denunciados.

El movimiento enfatiza que la vivienda es un derecho humano, no un instrumento electoral, y hace un llamado a la transparencia, la justicia social y el respeto a la dignidad de las familias costarricenses.

“¡Por una política de vivienda justa, transparente y libre de clientelismo!”, concluye el comunicado.

El documento completo puede descargarse en el siguiente enlace:
Comunicado del Foro Nacional de Vivienda (PDF)

Fin de una dictadura

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Sin duda, Johnny Araya se había constituido en un dictador para los josefinos. No importaba por cual partido se postulaba, el clientelismo político, unido al más alto abstencionismo del país, y con la maquinaria municipal a su servicio, hacía imposible enfrentarlo en una contienda electoral justa.

Pero al revelarse los actos de corrupción que están siendo procesados por la Fiscalía y la Contraloría, así como al haber fracasado sus intentos para que la Sala Constitucional, le abriera la puerta para otra reelección, empezó, como el tango, su cuesta abajo.

Al imponer a su vicealcalde Vargas como candidato, y al evidenciarse su maniobra para ser eventualmente nombrado como «gerente municipal», con la clara intención de seguir con su dictadura, empezó a perder el apoyo que tenía entre un grupito de humildes vecinos, que con oscuras maniobras, acudían a votar por él.

El joven historiador Diego Miranda, al irle conociendo mejor que nadie sus debilidades y ambiciones, percibió que, con esfuerzo y decisión, le podría ganar la elección al candidato que le iba a servir a Araya, desde la alcaldía. ¡Jamás Johnny lo creyó posible!, pues en su arrogancia, no concebía que ese «regidor, necio e inexperto», le podría derrotar en «su San José».

Ahora, desvelado por las siguientes semanas, y con una sanción de suspensión que lo alejará del municipio, seguramente le dirá a los periodistas, que él no fue derrotado pues no era candidato, y que, como bachiller en agronomía, se irá a sembrar cítricos a su finquita, para descansar merecidamente, después de haberse sacrificado más de 30 años, por los malagradecidos josefinos que ahora no apoyaron a su candidato a alcalde…

Dime a quién favoreces desde el gobierno y te diré qué tipo de gobernante eres

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

“Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo,

Pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”.

(Abraham Lincoln. Presidente de los EE. UU)

“Los políticos son iguales en todas partes.

Prometen construir un puente incluso donde no hay río”

(Nikita Kruschev. Presidente de la URSS)

Introducción.

En materia gubernamental, las promesas planteadas en una campaña electoral mueren en la propia acción de gobierno. Todo político acostumbrado a mentir para ganar votos tiene una vida política corta y no perdurará en el recuerdo del pueblo.

Siempre he creído que la mejor promesa es únicamente un programa de gobierno serio, hecho en equipo y que contenga en su base un análisis riguroso de la realidad. La improvisación en la política es el peor de los engaños; nadie sabe para donde va una agrupación que nace apenas unas pocas semanas antes del proceso de una elección. Por añadidura el agrupamiento de personas en torno a una figura exclusivamente impide que aflore la cohesión, disipa la solidez política que podría forjarse en el seno de la nueva agrupación, puesto que, la adhesión se producirá únicamente en torno a la figura del supuesto líder. Por otra parte, la improvisación alimenta el engaño y las promesas vacuas ante la debilidad programática. En este contexto crece la lealtad al líder como una forma de conseguir prebendas personales por eventuales puestos de gobierno y concesiones a proyectos particulares o familiares. Este contexto es propicio para que aflore el clientelismo político.

 Alguna gente piensa que los programas no sirven para nada; juicios como estos están basados en un conocimiento pobre y errado de la realidad política. La experiencia política demuestra por el contrario que, por lo general la propuesta programática forjada sobre la base del conocimiento y el estudio de una realidad concreta, cuando hay verdadera voluntad de llevarla a cabo es lo único que produce alguna garantía de seguridad en el curso de la futura acción de gobierno. Nada preconiza que las cosas saldrán bien, ese es otro asunto; porque la realidad es compleja como para asegurar que se alcanzará una “gobernanza” que permita unir la acción de gobierno con el deseo de cambio residente en las personas, en especial las más urgidas de políticas públicas que en verdad lleguen a ellas y viabilicen la participación ciudadana. La solidez programática lo que garantiza, como quedó expresado es un curso de acción del partido político; no significa que ese curso de acción sea el adecuado para comenzar a resolver los problemas sociales. El éxito dependerá de la orientación justa y equitativa de la propuesta. Lo dicho lo sustento en una vasta literatura politológica que ha estudiado experiencias en diferentes partes del mundo.

El primer año de gobierno de Rodrigo Chaves.

En el medio costarricense, algo se ha escudriñado sobre el primer año del gobierno del presidente Chaves. Por lo consiguiente intentaré referirme sobre todo a un punto de vista que no se ha vertido, o no con suficiente intensidad acerca del curso que lleva este gobierno. Mi planteamiento intentará examinar primordialmente hacia dónde se ha orientado la política pública del actual mandatario, valga decir a quién beneficia principalmente.

El “Partido Progreso Social Democrático” se fundó en Costa Rica desde el 2018, por Luz Mary Alpízar Loaiza, quien fue su presidenta. Luz Mary Alpízar provino del “Partido Nueva Generación” del cual fue su secretaria general entre el período del 2012 al 2017. Mediante conversaciones con Rodrigo Chaves, concede en favorecer la candidatura de este último a la presidencia de la República para las elecciones del 2022. Ella misma, fue postulada a una diputación por la provincia de San José en el tercer lugar; en estos comicios mencionados resultó electa dentro de la fracción del PPSD. A pesar de ser la presidenta del partido, se separó de la fracción oficialista en varias ocasiones en la Asamblea Legislativa, lo que provocó que fuese censurada por sus compañeros debido a su conducta política. Lo menciono porque es un claro ejemplo de un partido político que, no obstante haber sido inscrito formalmente por el Tribunal Supremo de Elecciones en el 2018, el agrupamiento de fuerzas para las elecciones de febrero del 2022 fue el resultado del prematuro liderazgo personalista ejercido principalmente por Rodrigo Chaves en conjunto con la periodista Pilar Cisneros.

El gabinete integrado por el presidente Chaves fue una ensalada de personas ideológicamente heterogéneas, la mayoría de los cuales tenían como único punto de contacto al presidente de la República. Un rápido examen desde un punto de vista formal, del programa de gobierno del PSD presentado ante el TSE, tal como fue analizado por el Programa Estado de la Nación (PEN) antes de las elecciones, evidenció que el documento contiene 105 propuestas de carácter general, o sea sin desarrollar los detalles, dice la PEN; 7 fueron las propuestas acompañadas de metas cuantificables; además presentaron 20 propuestas concretas, lo que significa según la PEN, aquellas propuestas que se formularon con un cierto grado de detalle de cómo lo realizarían. Por otra parte, el estudio de la PEN destaca que el partido oficialista presentó solamente tres propuestas que la misma PEN denominó “robustas” (frente a 32 del PLN, 22 del Frente Amplio, 17 del Partido Liberal Progresista y 2 del PUSC). Estas propuestas “robustas”, explica la PEN, son aquellas que tienen tres características a la vez: en ellas se señala lo que se pretende realizar, en segundo término, se describe una meta definida indicando cuánto va a ser el impacto y en tercer lugar se puntualiza cómo lo van a realizar de manera concreta.

En cuanto al análisis de contenido del programa de gobierno, hay una importante cantidad de promesas incumplidas por parte de la administración Chaves; especialmente se han dejado de lado aquellas que se orientan de alguna manera a disminuir el peso del costo de la vida y otras dificultades para sectores vulnerables, mientras se repuntan aquellas otras que tienden a beneficiar a los sectores cúpula de la sociedad.

Nos centraremos en algunas propuestas que permiten afirmar que el gobierno se orienta a impulsar una contrarreforma encaminada a desmontar el “Estado Social de Derecho” que Costa Rica había venido construyendo, no sin dificultades, desde los primeros años de la década de los cuarenta.

Algunas de las principales medidas del gobierno de Chaves.

Destaco un primer y notable cambio de perspectiva por parte del gobierno de Chaves, en lo concerniente a su promesa de bajar el costo de la vida. Es notable en su primer año de gobierno, que la Canasta Básica Alimentaria, de acuerdo con los cálculos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en lugar de bajar aumentó de mayo del 22 a marzo del 23, un 10,16%. En contraposición, cediendo a las presiones neoliberales provenientes tanto de fuera de la administración como dentro de ella, en el mes de agosto, el gobierno anunció su afán de vender el Banco de Costa Rica, junto con BICSA y el 49 % de las acciones del INS, para hacerle frente con ello a la deuda pública y a la vez recaudar recursos para supuestamente atender las necesidades del Estado. El proyecto presentado por el poder ejecutivo en setiembre fue severamente cuestionado en la Asamblea Legislativa (AL) así como por la Contraloría General de la República (CGR). En ambos casos se le formularon “fuertes cuestionamientos” relacionados con la transparencia. (Basado en datos de los periódicos La República y La Nación del 8 de mayo).

En este mismo orden de cosas, el gobierno también propuso la fusión de las instituciones del sector vivienda: el Ministerio de la Vivienda, el BANHVI y el INVU, con el fin de ahorrar recursos. Un propósito que podría ser loable, siempre que se evitara con ello la duplicidad del trabajo de las instituciones del sector, pero el proyecto fue elaborado de tal manera que recibió un sinfín de críticas de sectores y diputados, ya que en el texto queda eliminado el bono de vivienda para los sectores sociales más postergados, de igual manera, se afecta a las mutuales y por ende los créditos que ellas otorgan. Por su parte la CGR cargó contra el proyecto tras advertir que se traducía en un incremento de la burocracia, acarreando riesgos financieros. O sea, un desaguisado desde el punto de vista social y financiero.

Por otra parte, Chaves anunció en conferencia de prensa el propósito de enviar a la AL un proyecto de ley, que ya había sido presentado por el gobierno anterior en febrero del 2021, dirigido a crear el impuesto de “Renta Global Dual”, según el cual tanto las empresas como las personas físicas quedarían obligadas a declarar la totalidad de las ganancias. El proyecto, el 19 de mayo todavía no habíase presentado en la Asamblea Legislativa, aun cuando el asunto se anunció en conferencia de prensa argumentando que revestía cierta urgencia debido a que se orienta a equilibrar las finanzas públicas. Aunque el proyecto busca cobrar todos los ingresos de las personas asalariadas e independientes, para que no resulte tan regresivo, desde la administración pasada, se estableció una escala para reducir el impuesto según los gastos y, por otra parte, aplicar a la base imponible una escala progresiva de tarifas. Dice el proyecto literalmente: “La iniciativa incluye todos los ingresos de las personas asalariadas e independientes en un mismo “canasto” y a partir de allí, cobrar los tributos en una escala. Eso sí, con la opción de reducirse según los gastos.” (Cfr. https://observador.cr/gobierno-de-chaves-retoma-proyecto-de-impuesto-de-renta-global-dual-idea-fue-planteada-por-administracion-alvarado/).

Como se acaba de expresar, al 18 de mayo del 2023 y como ha ocurrido con otras tantas promesas de campaña electoral, el proyecto de ley no había sido enviado a la Asamblea Legislativa. Es notable que, el que por fin se envió a la corriente legislativa por parte del poder ejecutivo, llevaba un acento de regresividad, puesto que el peso impositivo se hizo recaer en los sectores de salarios bajos y medios, valga decir sectores por encima de la línea de pobreza y capas medias de la población.

En cambio, al tenor de esta orientación todavía no se presenta ante la Asamblea Legislativa el proyecto que se había prometido, para reducir las exoneraciones fiscales a diversos sectores. Mientras tanto, aun cuando se haya incrementado desde la administración anterior el monto de los tributos recaudados, la evasión y elusión fiscal por parte de las grandes empresas continúa siendo un deporte nacional para los grandes intereses. O sea, en lo medular se gobierna para favorecer los intereses de los sectores cúpula de la sociedad.

En lo concerniente a la producción interna el presidente Chaves había insistido en bajar el costo de la vida, pero, no se ve todavía que el camino emprendido esté dando resultado. En lo relativo a la producción interna de arroz, el gobierno emitió dos decretos el 3 de agosto del 2022 mediante los cuales se redujo drásticamente un arancel que existía a la importación del grano, arancel que protegía a los productores nacionales. En consonancia con lo anterior, el otro decreto eliminó el precio mínimo del grano. La respuesta del sector productivo nacional no se hizo esperar condenando ambos decretos. De acuerdo con datos de Conarroz, la actividad productiva del arroz se redujo un 43% comprendiendo los períodos 2021-2022 y 2022-2023, sin que la reducción de los precios del grano hubiese sido significativa. Los precios bajaron un 2,42% desde mayo 2022 a marzo del 2023, pero, ello ocurrió por efecto del crecimiento de los precios internacionales en dólares que subieron 11,85%. Al caer el precio del dólar el costo del grano de arroz importado bajó un 11,46%, pero en colones. Por último, a causa de la presión de los arroceros nacionales, el gobierno anunció que enviaría a la AL un proyecto para subsidiar a los productores que tuviesen 100 hectáreas o menos; en efecto, se anunció un subsidio de 2.800 millones de colones. El anuncio fue hecho sin reparar en que, la “Regla Fiscal” impide al gobierno otorgar subsidios, excepto si es autorizado por la AL; debe saberse que, el proyecto, luego de haberse presentado fue retirado de la corriente legislativa.

En otro orden de cosas, en varios asuntos, el gobierno deja en evidencia un supino desconocimiento de la administración pública y al mismo tiempo adolece del defecto de descoordinación. Por ejemplo, el proyecto de ley presentado a la AL en esta legislación contra la corrupción no aportó mayor cosa, repitiendo las leyes vigentes, por lo que la reforma tal como se presentó deviene innecesaria. Otro tanto ocurrió con la promesa de transmitir las sesiones del Consejo de Gobierno en un alarde populista con diversos sectores sociales. El mismo mandatario abandonó la idea, al reconocer que tal como estaba planteada era cosmética y contenía problemas técnicos en su realización. Ante la promesa de apertura total con la prensa, varios hechos demuestran que el afán del mandatario era una mera pose: las actas del Consejo de Gobierno son ahora puros resúmenes sin detalle alguno; asimismo se ordenó a las oficinas de información y comunicación de diversos ministerios e instituciones de gobierno, restringir la información a la prensa; en concreto, la ex titular de salud obligó a subalternos suyos a solicitar permiso a la jerarca del ramo antes de brindarle información a la prensa. En este caso la Sala Constitucional declaró la nulidad de la orden ministerial, tras encontrarla inconstitucional. En el INS, ocurrió otro tanto, ya que la presidenta ejecutiva, Mónica Araya ordenó la inspección de computadores de varios funcionarios, por una supuesta filtración de datos de interés público a la prensa. Todo esto se tradujo como lo expresa un reporte periodístico en que Costa Rica hubiese caído 15 puestos en el índice de libertad de prensa que realiza la organización no gubernamental internacional de origen francés y sin ánimo de lucro “Reporteros sin Fronteras”. (Cfr. La Nación, 8.05.23. pág. 6)

Entre lo más grave:

1. Educación. Sigue el “apagón educativo: Pese a la promesa hecha por el presidente Chaves de declarar una emergencia educativa, pasan los días y no ha habido declaratoria alguna en ese sentido, pese a la difícil situación por la que atraviesa el MEP. Este ministerio realizó pruebas nacionales para alumnos de sexto grado, undécimo y duodécimo año, sin que las pruebas piloto de abril pasado hubiesen realizado la evaluación prometida de la calidad del aprendizaje que Chaves había adelantado. Lo más grave es que las pruebas a realizarse en octubre y noviembre equivaldrán al 40% de la nota de los educandos. A su vez, las pruebas Faro para primaria (de ámbito internacional), fueron eliminadas por el Consejo Superior de Educación a tan solo cinco días de su realización. El gobierno ordenó la suspensión del arrendamiento de tres edificios por un costo de 3.000 millones de colones, también se decidió un traslado de supervisiones educativas a centros de educación para ahorrar 600 millones de colones; dichas supervisiones debieron terminarse en febrero del 2023. Hasta la fecha, el gobierno no brindó a los medios informativos una actualización acerca del estado de situación. Grave ha sido el intento por violar la autonomía de las universidades, tanto al pretender restringir el presupuesto de las universidades públicas (por ahora se echó marcha atrás, merced a una movilización de los estudiantes), como en cuanto a la pretensión de que cuatro ministros del gobierno intervengan en la discusión y aprobación de los presupuestos de las universidades públicas. El MEP ha sido omiso en brindar otra información relativa a la urgencia de construir 38 centros educativos integralmente por órdenes sanitarias presentadas. Las órdenes sanitarias fueron 722 en total. (Cfr. Ibid).

2. Golpe a la cultura costarricense. El gobierno se propone recortar el 8.4% del presupuesto del ministerio de Cultura y Juventud, equivalente a 4.000 millones de colones. La medida que pretende el gobierno ha concitado al sector cultura que tomó las Instalaciones del Teatro Nacional y está solicitando la renuncia de la ministra de esa cartera Nayuribe Guadamuz. Semejante recorte no tiene precedentes en el país. Implicaría, entre otras cosas, la desaparición de nuestra emblemática Orquesta Sinfónica Nacional. (Cfr. Cultura CR.net, 18 de mayo 2023).

3. Graves retrasos en las obras de infraestructura pendientes: Sobre la carretera San José-San Ramón, todavía no se firma una adenda con el Banco de Costa Rica, que permita llevar el proceso de transición hasta el finiquito del contrato. La mayoría de las obras impostergables tienen un año de estar detenidas. Igualmente paralizada se encuentra la concesión de la ruta 27, cuyas negociaciones tenían un 80% de avance en el gobierno anterior. La ruta a San Carlos se continúa en las negociaciones con el BID y al 8 de mayo de este 2023, no se conocían los avances de dichas negociaciones. Semejante carencia de información existe sobre la ampliación de la ruta San José- Cartago; se sabe al menos que, el Consejo Nacional de Concesiones acordó no continuar con la iniciativa privada que llevaba la concesionaria MECO, para la ampliación de los 20 Kms de la ruta. Igual retraso sufre la ruta 32, carretera a Limón, ya que falta financiar obras por valor de $150 millones, pero, a la fecha se desconoce de dónde se obtendrán estos recursos. A estas alturas se carece de un plan para ejecutar las obras complementarias, así como también quedan pendientes 300 expropiaciones para poder completar la obra. A la fecha, también queda pendiente resolver si se aprueba o no la realización de la obra del tren eléctrico de carga para exportaciones, que conectaría la zona norte de Limón con el área metropolitana. Sobre esta obra el ministro Luis Amador señaló que tenía dudas sobre la ejecución de este plan, no obstante que el presidente se había mostrado interesado en ella. El proyecto de Ciudad-Gobierno para albergar más de 10.000 funcionarios públicos en el sur de la capital, se ejecutará mediante un préstamo con el BCIE. Todo parece indicar en este caso que el proyecto se desarrollará mediante un financiamiento de $450 millones.

4. Las finanzas públicas continúan siendo un tema harto complicado. Hay contradicciones en varios puntos: el presidente había expresado que negociaría con el FMI un programa completamente nuevo. Pero, el ministro Nogui Acosta ha sostenido que se ejecutará el mismo programa ya negociado con la Institución Financiera. Es decir, en las mismas condiciones. En cambio, hubo una flexibilización de la regla fiscal, para permitir aumentar el tope del gasto público en 433.000 millones de colones y otros cambios de significación. Por su parte la Ley de empleo público que fue aprobada, generó la protesta del Fondo Monetario Internacional, por el hecho de que el gobierno no entra a ejecutarla, sino que la ha sometido a un nuevo proceso de negociación con diversos sectores sociales. Lo anterior es debido a que, en este momento (19 de mayo), persisten contradicciones interinstitucionales con el gobierno, ya que más de 70 instituciones declararon que no acatarán lo dispuesto por MIDEPLAN relacionado con los salarios comunes.

En conclusión, en lo medular el gobierno comienza su segundo año dejando a su paso una estela de autoritarismo en las decisiones, falta de planificación, desorden, descoordinación en el seno de la institucionalidad pública y un apresuramiento por desmantelar la administración pública, en especial en lo concerniente al Estado Social de Derecho, sin que medie estudio alguno al respecto. En cambio, es clara la tendencia a favorecer el clima de negocios en la cúpula de la escala social, incumpliendo por contraposición compromisos contraídos con la ciudadanía de a pie en el proceso electoral. Hay una subvaloración de la importancia de la cultura nacional en el contexto costarricense, e igualmente un claro menosprecio por las universidades públicas y su autonomía. No se muestra una real decisión gubernamental por acometer un plan para hacerle frente a la seria problemática de la educación costarricense en sus niveles de preescolar, primaria, educación técnica y secundaria. Así como tampoco existe voluntad clara de ejecutar el plan nacional de infraestructura. Finalmente, grave es el desconocimiento mostrado por el presidente de la República y su equipo de trabajo en seguridad, acerca de la situación salarial de la policía y las condiciones deplorables de una buena parte de los inmuebles en los que deben trabajar los miembros de la fuerza pública, en momentos en los que se les exige el máximo esfuerzo para enfrentar la seria amenaza que constituyen para la seguridad ciudadana, tanto el sicariato como las bien asentadas y financiadas bandas del narcotráfico. En suma, el gobierno carece todavía de un verdadero plan de prioridades. Es lamentable, dados los muy diversos y serios problemas que afronta la sociedad costarricense.

LA ESPADA APARECE CUANDO LA JUSTICIA LLEGA TARDE

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Campos Rojas
30 de mayo de 2022

Así lo leí hace varios días, la frase es contundente por sí misma y por lo que representa en nuestro país en estos momentos.

Lo vengo diciendo y documentando hace ya tiempo: la institucionalidad ha venido cayendo en un profundo descrédito, no importándoles a quienes están al frente de ella, en llevarse en banda institutos fundamentales de la República, como por ejemplo el sufragio, la justicia, la transparencia, la paz, la educación, el trabajo, la honradez, la legitimidad.

La corrupción y la impunidad toman fuerza en nuestro país a raíz del autoritarismo -propio del sistema de representatividad a que nos han sometido los sectores dominantes-: la cultura del sometimiento, de pedir, de la subordinación y la sumisión, ha fortalecido el comportamiento de masa, abandonando aquel pueblo viril del que habla y nos enaltece nuestro Himno Nacional, a mantenerse en la ignorancia. De eso se han encargado quienes manipularon nuestro sistema educativo para llevar nuestras últimas generaciones a crecer sin raíces históricas para ser presa fácil del clientelismo político y el asistencialismo. La línea que ahora nos divide del totalitarismo es muy tenue. Esa corrupción se ha apoyado en el miedo y la ignorancia, que han naturalizado en la población, contando diariamente con la prensa mediática y la academia. Esto les ha permitido legitimar la inmoralidad como forma de administrar el país, sin importarles las consecuencias, solo sus intereses y los de sus amistades, sin que se debatan en problemas de género.

He sido claro que los tres poderes que se mencionan en la Constitución Política no son poderes, son simplemente Órganos Superiores de Administración; y se deben a la persona ciudadana, porque están a su servicio. El único dueño del poder y que debe ejercerlo diariamente, es la persona ciudadana, El Soberano, establecido así constitucionalmente.

“Eso dice la Constitución, pero la ley dice otra cosa”, nos señalan a menudo, especialmente desde la institucionalidad, como si la ley naciera por sí sola, sin considerar siquiera nuestra Carta Magna, así de irresponsable se ha vuelto el sistema.

Entendamos esto: la ley se promueve en la Asamblea Legislativa, pero se legitima en la Corte Suprema de Justicia y lo que se deriva de ella. Son los Magistrados de la República, los que validan las leyes, a través de ficciones jurídicas que varían según el día y los humores que los mueven. Los procedimientos para definir la integración de la Corte, son uno de los eventos más llenos de interés estratégico de los partidos políticos, y eso facilita una connivencia incesante.

Para ejemplos: las pensiones de lujo, los procesos de elección de magistrados y su reelección continua, la ley del referéndum, la imposibilidad de discutir y poner en marcha el referéndum revocatorio para quitar presidentes/diputados/representantes de gobiernos locales cuando no cumplen con su responsabilidad; el voto de la Sala Constitucional para permitirle a Arias su reelección; los procedimientos irregulares para escoger y definir los magistrados suplentes de la Sala Constitucional; Magistrados que hace rato debieron irse, languidecen cuidando feudos; los desvaríos recientes de la vicepresidente de la Corte; la forma de designar a quien ocupa la Fiscalía General… y podemos seguir.

Al final, la ley se legitima, pero es inmoral, porque se imponen formas oscuras para establecer su justicia, dejando de ser hace tiempo, pronta y cumplida.

Así, la Corte Suprema de Justicia, ha venido perdiendo su decoro, debido a eso en julio del 2018 fui partícipe directo en organizar con la ciudadanía y el apoyo de gremios judiciales, una marcha para expulsar al entonces Presidente de la Corte y algunos magistrados por sus niveles de corrupción. El Soberano demostrando su responsabilidad y poder constitucional. La experiencia no les sirvió para poner sus barbas en remojo, sino que lo aprovecharon para mejorar las formas de mantener sus oscuros feudos. Se equivocaron, no somos flor de un día.

Hoy el Ministerio Público (la Fiscalía General de la República), ausente y desentendido de ser garante de su labor persecutoria, busca justificar su inacción en todo el país con argumentos falaces. De este modo y amparados en el autoritarismo, rehúyen su responsabilidad constitucional de rendir cuentas a la ciudadanía, alegando como si fuese cierto, que su jefe es la Corte Suprema: es la Fiscalía General quien debe perseguir a los corruptos, no importa el rango jerárquico que tenga quien sea, pero la reelección está a las puertas y es mejor no hacer olas.

El remate en este chiste de mal gusto, es que de todo esto, el gran ganador es el narcotráfico. He sostenido que para que exista, se requieren tres actores: un político que le abra las puertas de par en par, un juez que no lo meta a la cárcel y un banquero que le guarde el dinero. Para vencer el narcotráfico solo se necesita actuar sobre alguno de ellos, hasta el momento el instrumento de que dispone la República, es la Fiscalía, la cual justifica sus desaciertos de manera lamentable.

Nuestra Patria todavía puede salvarse, no podemos repetir la situación de otros países, donde el narcotráfico tiene que hacerse presente a imponer orden y justicia, porque el Estado no fue capaz de cumplir su cometido.

Cuando vemos estos desaciertos en el establecimiento de los procesos de cumplimiento de la justicia, sabiendo que a lo interno hay funcionarios decentes y honorables, pareciera que hay una mano que mece la cuna, que pretende hacernos creer que está imbuida de poder, que maneja los hilos, pero lo más seguro es que solo sea un muñeco como “Chuky” aquel personaje de la saga icónica de terror.

Debemos ser conscientes que los impuestos de cada persona, especialmente los de las mujeres y jóvenes vulnerables, que dejan de lado sus necesidades básicas, son para pagar los salarios de quienes tienen en sus manos fortalecer la credibilidad en la institución de la justicia, por eso tienen una responsabilidad que cumplir.

Debemos convocarlos a que nos rindan cuentas, haciendo prevalecer la transparencia, el respeto a la ciudadanía, retomando la paz, demostrando que su espada no tiene espacio en esta República Participativa que nuestra Constitución Política nos manda a construir responsablemente.

La dignidad nacional, la fortaleza de la ciudadanía debe dar el paso al frente, sin miedo, con la responsabilidad constitucional de El Soberano. Nos acompañarán las personas funcionarias públicas decentes, las mujeres y jóvenes que no se someten, pues seremos suficientes para extirpar a quienes usurparon el poder que no les pertenece.

Debemos tomar en cuenta que no se rendirán fácilmente, pero les demostraremos que, si no hay justicia, no será su espada la que prevalecerá.

 

Imagen tomada de la publicación del autor en Facebook.

¿REALMENTE ELEGIMOS?

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         En medio del ruido, la niebla y la incertidumbre electorales, cabe preguntarse dónde estamos, qué pocas cosas podemos reconocer, hacia dónde vamos como nación supuestamente democrática.

         La oferta partidaria es ampliamente conservadora, cuando no abiertamente neoliberal.  Hay un vacío en el centro-izquierda que nadie parece interesado en llenar. La socialdemocracia es un ideal muerto y enterrado. La izquierda no termina de salir de la Guerra Fría, ni de reconocer los radicales cambios que en este sector están ocurriendo en América Latina.

         Existe un ruido ensordecedor emitido por la mayoría, también ultraconservadora,  de los medios de comunicación y una importante legión de resentidos que han convencido a una buena parte del electorado de que vivimos en el peor de los mundos posibles; que el gobierno en ejercicio lo ha hecho todo mal y que es prácticamente una dictadura. Se da por un hecho consumado que habrá un cambio, sin que sepamos con exactitud si eso es cierto, o en qué dirección se dará. No hay ningún reconocimiento, ni en el manejo de la pandemia, (aunque los datos comparativos arrojan logros más que buenos); ni en la construcción de obra pública sin precedentes, (y que se ha tratado de descalificar por los actos de corrupción ajenos al núcleo central del gobierno,  y a pesar de haber sido debidamente detectados, denunciados y puestos ante estrados judiciales);  tampoco hay reconocimiento a los  avances y logros en materia ambiental o de derechos de minorías; y en general, aunque la haya, tampoco se está dispuesto a aceptar que ha habido una relativa estabilidad macroeconómica o que se empiezan a dar indicios de reactivación de la economía.

         A estas alturas hay un importante sector que está considerando volver al pasado.  Se están tragando el cuento de que la experiencia, el mayor tiempo controlando el gobierno y la existencia de cuadros preparados, son méritos suficientes para olvidar décadas de irresponsabilidad en la gestión, clientelismo politiquero y abierta corrupción.   La cuestión no es si se tiene mayor experiencia, la cuestión es preguntarse qué se hizo en el pasado con esa experiencia,  para qué sirvió o, mejor dicho, a quién sirvió. Si las proyecciones de las últimas encuestas resultan ciertas, pues que venga el Pisuicas y elija, porque lo que es este ciudadano no se va a prestar a una burla más. Sea que ganen los blanqui-verdes o los roji-azules, Costa Rica vivirá los últimos estertores del 48 en un cuatrienio que se nos volverá trágicamente agónico. Una larga agonía que este pueblo no se merece. Entre el PLN y el PUSC no hay diferencias ideológicas, sólo grupúsculos y personajillos disputándose figurar y tener poder para servir a las mismas élites económicas. Pero en lo esencial, no sé qué nos espera cuando lleguen estos nuevamente al poder, después de una sequía de 16 años en el PUSC y de 8 años en el PLN, sequía sin negocios a la vista, sin puestos que repartir, sin presupuestos que festinar, sin clientela que alimentar.

         En el espectro de las nuevas derechas, el problema no es que Feinzaig coma chiquitos, es que no le importe si hay chiquitos que no coman. En el caso de Rodrigo Chaves, el problema no es que haya pensiones de lujo, que parece ser el único tema que le queda, sino que está descalificado por acoso y por una pensión en dólares respecto de la que no sabemos monto, años y porcentajes cotizados y origen de los recursos de Naciones Unidas con los que se le paga. El problema de Rolando Araya no es que nos haya mandado a tomar cloro para salvarnos de la pandemia, es que sigue creyendo en el modelo de los hidrocarburos y de la extracción salvaje como alternativa al desarrollo. El problema de Fabricio, en fin, no es que confunda política con religión y Constitución con Biblia, sino que en buena medida suma las debilidades de todos los anteriores.

         Por lo pronto, los mecanismos más sucios están entrando en juego. Encuestadoras de poca credibilidad determinan que ciertos medios de comunicación influyentes den visibilidad o no  a ciertos partidos o candidatos; a su vez, este pretexto espurio determina que  los banqueros decidan dar financiamiento o no a determinada propuesta política y que, al fin de cuentas, tengamos que escoger entre quienes ellos deciden.

         Lastimosamente no es sólo cuestión de manipulación mediática o asfixia financiera lo que nos tiene donde estamos. Es cierto que las formas de manipulación son múltiples y también sutiles, pero la tragedia consiste, una vez más, en ver a tanta gente de los sectores populares, los más pobres y vulnerables, desfilar a votar masivamente por los partidos que representan los intereses de los sectores económica y socialmente más poderosos. Como bien se explica desde la sociología contemporánea, no es que estos ciudadanos sean poco inteligentes y se dejen manipular. El problema es mucho más complejo. En una cultura donde predomina el mandato consumista (quien no consume, no existe),  y se promueve el predominio de la apariencia sobre la esencia; el tener sobre el ser. Nadie quiere ser identificado como marginal o desposeído ni pertenecer al partido de los desposeídos; la clase media aspira a consumir como lo hace la clase alta y estira el cuello mientras los de más arriba les serruchan el piso; todos queremos vernos y que nos vean como exitosos y enriquecidos; así, la clase alta sabe que cuenta con amplio abanico que estará a su servicio en la Asamblea Legislativa, en el Poder Ejecutivo y cuidado si no también, en el Poder Judicial.

La chispa

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Manuel Delgado

Pocas veces el país ha estado enfrentado a un peligro tan determinante como la pretendida Ley de Empleo Público.

Es un adefesio jurídico; es un adefesio político, pero, sobre todo, es un adefesio moral.

Lo primero que llama la atención es que se le propone como una medida para ayudar a paliar la crisis fiscal y el déficit público. Pero la justificación económico-financiera no está ni medianamente clara. El gobierno dijo al principio que la ley iba a ahorrar un equivalente al 1,5% del PIB. Nunca dijo de dónde salió ese cálculo, pero más el Ministerio de Planificación estimó ese ahorro en una cifra situada entre un 0,6 y 0,9% del PIB. Ahora que se desvincularon de ella el Poder Judicial, las Universidades, las municipalidades y, al menos en parte, la Caja, ese mal llamado ahorro posiblemente sería muchos menos. Pero nadie ha dicho cuánto.

En los aspectos económicos ahondaremos más adelante, pero ahora quiero referirme a lo más aterrador de esa ley, que es el llamado Sistema de Gestión del Desempeño que le da al ejecutivo poderes absolutos sobre cuerpos y almas.

Se trata de darle a MIDEPLAN el poder rector sobre el empleado público, la posibilidad de determinar a quién se contrata y a quién se despide prácticamente sin cortapisas.

Para ello se le dota de una guillotina: los empleados públicos pueden ser despedidos con dos calificaciones anuales de menos del 70%. Los motivos de esa calificación son tan abstractos, que se le da al jerarca el poder omnímodo de echar sin responsabilidad patronal a los empleados que no le conviene a la administración o al partido de turno. O a él personalmente. Por supuesto, ya sabemos que los primeros que irán para fuera son los activistas sindicales.

Ese poder ilimitado de la administración, me decía una activista, alimentará el acoso laboral pero sobre todo el acoso sexual, porque los empleados y empleadas saben que tienen que estar bien con los jefes si quieren conservar sus puestos.

La ley le da a ese ministerio, además, potestades de adoctrinamiento de su mano de obra de manera ilimitada: formarán a los empleados de acuerdo con los intereses del grupo o grupos en el poder. Es lo que se conoce como Estado corporativo. Por cierto, esos grupos de poder y los partidos que los representan han dejado mucho que desear en materia moral como para que pongamos en sus manos tanta responsabilidad.

Todos queremos una administración pública más eficiente, pero ese proyecto no lleva como fin lograr esa meta. Muy al contrario: logrará un estado más autoritario, menos participativo, con jerarcas de más poder y, por tanto, un sistema más propenso a la corrupción.

Nosotros tenemos una excelente institución en materia de manejo del sector público. Es el Servicio Civil, creado por impulso de los trabajadores precisamente para frenar la práctica del clientelismo, que cada cuatro años cambiaba despedía a unos y contrataba a otros según la bandera del partido vencedor en las elecciones. Estamos a un tris de volver a esas prácticas de los años treintas y cuarentas.

Lo que hay que hacer es limpiar esa institución, e impulsar el control desde abajo, desde las asociaciones de beneficiarios, de pacientes del seguro, de clientes de los bancos, de abonados a los servicios de agua y luz, de estudiantes y padre de familia, de los ciudadanos corrientes. Precisamente la solución somos nosotros, los que financiamos ese aparato y no tenemos ningún poder en esas instituciones.