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Etiqueta: clientelismo político

Fin de una dictadura

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Sin duda, Johnny Araya se había constituido en un dictador para los josefinos. No importaba por cual partido se postulaba, el clientelismo político, unido al más alto abstencionismo del país, y con la maquinaria municipal a su servicio, hacía imposible enfrentarlo en una contienda electoral justa.

Pero al revelarse los actos de corrupción que están siendo procesados por la Fiscalía y la Contraloría, así como al haber fracasado sus intentos para que la Sala Constitucional, le abriera la puerta para otra reelección, empezó, como el tango, su cuesta abajo.

Al imponer a su vicealcalde Vargas como candidato, y al evidenciarse su maniobra para ser eventualmente nombrado como «gerente municipal», con la clara intención de seguir con su dictadura, empezó a perder el apoyo que tenía entre un grupito de humildes vecinos, que con oscuras maniobras, acudían a votar por él.

El joven historiador Diego Miranda, al irle conociendo mejor que nadie sus debilidades y ambiciones, percibió que, con esfuerzo y decisión, le podría ganar la elección al candidato que le iba a servir a Araya, desde la alcaldía. ¡Jamás Johnny lo creyó posible!, pues en su arrogancia, no concebía que ese «regidor, necio e inexperto», le podría derrotar en «su San José».

Ahora, desvelado por las siguientes semanas, y con una sanción de suspensión que lo alejará del municipio, seguramente le dirá a los periodistas, que él no fue derrotado pues no era candidato, y que, como bachiller en agronomía, se irá a sembrar cítricos a su finquita, para descansar merecidamente, después de haberse sacrificado más de 30 años, por los malagradecidos josefinos que ahora no apoyaron a su candidato a alcalde…

Dime a quién favoreces desde el gobierno y te diré qué tipo de gobernante eres

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

“Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo,

Pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”.

(Abraham Lincoln. Presidente de los EE. UU)

“Los políticos son iguales en todas partes.

Prometen construir un puente incluso donde no hay río”

(Nikita Kruschev. Presidente de la URSS)

Introducción.

En materia gubernamental, las promesas planteadas en una campaña electoral mueren en la propia acción de gobierno. Todo político acostumbrado a mentir para ganar votos tiene una vida política corta y no perdurará en el recuerdo del pueblo.

Siempre he creído que la mejor promesa es únicamente un programa de gobierno serio, hecho en equipo y que contenga en su base un análisis riguroso de la realidad. La improvisación en la política es el peor de los engaños; nadie sabe para donde va una agrupación que nace apenas unas pocas semanas antes del proceso de una elección. Por añadidura el agrupamiento de personas en torno a una figura exclusivamente impide que aflore la cohesión, disipa la solidez política que podría forjarse en el seno de la nueva agrupación, puesto que, la adhesión se producirá únicamente en torno a la figura del supuesto líder. Por otra parte, la improvisación alimenta el engaño y las promesas vacuas ante la debilidad programática. En este contexto crece la lealtad al líder como una forma de conseguir prebendas personales por eventuales puestos de gobierno y concesiones a proyectos particulares o familiares. Este contexto es propicio para que aflore el clientelismo político.

 Alguna gente piensa que los programas no sirven para nada; juicios como estos están basados en un conocimiento pobre y errado de la realidad política. La experiencia política demuestra por el contrario que, por lo general la propuesta programática forjada sobre la base del conocimiento y el estudio de una realidad concreta, cuando hay verdadera voluntad de llevarla a cabo es lo único que produce alguna garantía de seguridad en el curso de la futura acción de gobierno. Nada preconiza que las cosas saldrán bien, ese es otro asunto; porque la realidad es compleja como para asegurar que se alcanzará una “gobernanza” que permita unir la acción de gobierno con el deseo de cambio residente en las personas, en especial las más urgidas de políticas públicas que en verdad lleguen a ellas y viabilicen la participación ciudadana. La solidez programática lo que garantiza, como quedó expresado es un curso de acción del partido político; no significa que ese curso de acción sea el adecuado para comenzar a resolver los problemas sociales. El éxito dependerá de la orientación justa y equitativa de la propuesta. Lo dicho lo sustento en una vasta literatura politológica que ha estudiado experiencias en diferentes partes del mundo.

El primer año de gobierno de Rodrigo Chaves.

En el medio costarricense, algo se ha escudriñado sobre el primer año del gobierno del presidente Chaves. Por lo consiguiente intentaré referirme sobre todo a un punto de vista que no se ha vertido, o no con suficiente intensidad acerca del curso que lleva este gobierno. Mi planteamiento intentará examinar primordialmente hacia dónde se ha orientado la política pública del actual mandatario, valga decir a quién beneficia principalmente.

El “Partido Progreso Social Democrático” se fundó en Costa Rica desde el 2018, por Luz Mary Alpízar Loaiza, quien fue su presidenta. Luz Mary Alpízar provino del “Partido Nueva Generación” del cual fue su secretaria general entre el período del 2012 al 2017. Mediante conversaciones con Rodrigo Chaves, concede en favorecer la candidatura de este último a la presidencia de la República para las elecciones del 2022. Ella misma, fue postulada a una diputación por la provincia de San José en el tercer lugar; en estos comicios mencionados resultó electa dentro de la fracción del PPSD. A pesar de ser la presidenta del partido, se separó de la fracción oficialista en varias ocasiones en la Asamblea Legislativa, lo que provocó que fuese censurada por sus compañeros debido a su conducta política. Lo menciono porque es un claro ejemplo de un partido político que, no obstante haber sido inscrito formalmente por el Tribunal Supremo de Elecciones en el 2018, el agrupamiento de fuerzas para las elecciones de febrero del 2022 fue el resultado del prematuro liderazgo personalista ejercido principalmente por Rodrigo Chaves en conjunto con la periodista Pilar Cisneros.

El gabinete integrado por el presidente Chaves fue una ensalada de personas ideológicamente heterogéneas, la mayoría de los cuales tenían como único punto de contacto al presidente de la República. Un rápido examen desde un punto de vista formal, del programa de gobierno del PSD presentado ante el TSE, tal como fue analizado por el Programa Estado de la Nación (PEN) antes de las elecciones, evidenció que el documento contiene 105 propuestas de carácter general, o sea sin desarrollar los detalles, dice la PEN; 7 fueron las propuestas acompañadas de metas cuantificables; además presentaron 20 propuestas concretas, lo que significa según la PEN, aquellas propuestas que se formularon con un cierto grado de detalle de cómo lo realizarían. Por otra parte, el estudio de la PEN destaca que el partido oficialista presentó solamente tres propuestas que la misma PEN denominó “robustas” (frente a 32 del PLN, 22 del Frente Amplio, 17 del Partido Liberal Progresista y 2 del PUSC). Estas propuestas “robustas”, explica la PEN, son aquellas que tienen tres características a la vez: en ellas se señala lo que se pretende realizar, en segundo término, se describe una meta definida indicando cuánto va a ser el impacto y en tercer lugar se puntualiza cómo lo van a realizar de manera concreta.

En cuanto al análisis de contenido del programa de gobierno, hay una importante cantidad de promesas incumplidas por parte de la administración Chaves; especialmente se han dejado de lado aquellas que se orientan de alguna manera a disminuir el peso del costo de la vida y otras dificultades para sectores vulnerables, mientras se repuntan aquellas otras que tienden a beneficiar a los sectores cúpula de la sociedad.

Nos centraremos en algunas propuestas que permiten afirmar que el gobierno se orienta a impulsar una contrarreforma encaminada a desmontar el “Estado Social de Derecho” que Costa Rica había venido construyendo, no sin dificultades, desde los primeros años de la década de los cuarenta.

Algunas de las principales medidas del gobierno de Chaves.

Destaco un primer y notable cambio de perspectiva por parte del gobierno de Chaves, en lo concerniente a su promesa de bajar el costo de la vida. Es notable en su primer año de gobierno, que la Canasta Básica Alimentaria, de acuerdo con los cálculos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en lugar de bajar aumentó de mayo del 22 a marzo del 23, un 10,16%. En contraposición, cediendo a las presiones neoliberales provenientes tanto de fuera de la administración como dentro de ella, en el mes de agosto, el gobierno anunció su afán de vender el Banco de Costa Rica, junto con BICSA y el 49 % de las acciones del INS, para hacerle frente con ello a la deuda pública y a la vez recaudar recursos para supuestamente atender las necesidades del Estado. El proyecto presentado por el poder ejecutivo en setiembre fue severamente cuestionado en la Asamblea Legislativa (AL) así como por la Contraloría General de la República (CGR). En ambos casos se le formularon “fuertes cuestionamientos” relacionados con la transparencia. (Basado en datos de los periódicos La República y La Nación del 8 de mayo).

En este mismo orden de cosas, el gobierno también propuso la fusión de las instituciones del sector vivienda: el Ministerio de la Vivienda, el BANHVI y el INVU, con el fin de ahorrar recursos. Un propósito que podría ser loable, siempre que se evitara con ello la duplicidad del trabajo de las instituciones del sector, pero el proyecto fue elaborado de tal manera que recibió un sinfín de críticas de sectores y diputados, ya que en el texto queda eliminado el bono de vivienda para los sectores sociales más postergados, de igual manera, se afecta a las mutuales y por ende los créditos que ellas otorgan. Por su parte la CGR cargó contra el proyecto tras advertir que se traducía en un incremento de la burocracia, acarreando riesgos financieros. O sea, un desaguisado desde el punto de vista social y financiero.

Por otra parte, Chaves anunció en conferencia de prensa el propósito de enviar a la AL un proyecto de ley, que ya había sido presentado por el gobierno anterior en febrero del 2021, dirigido a crear el impuesto de “Renta Global Dual”, según el cual tanto las empresas como las personas físicas quedarían obligadas a declarar la totalidad de las ganancias. El proyecto, el 19 de mayo todavía no habíase presentado en la Asamblea Legislativa, aun cuando el asunto se anunció en conferencia de prensa argumentando que revestía cierta urgencia debido a que se orienta a equilibrar las finanzas públicas. Aunque el proyecto busca cobrar todos los ingresos de las personas asalariadas e independientes, para que no resulte tan regresivo, desde la administración pasada, se estableció una escala para reducir el impuesto según los gastos y, por otra parte, aplicar a la base imponible una escala progresiva de tarifas. Dice el proyecto literalmente: “La iniciativa incluye todos los ingresos de las personas asalariadas e independientes en un mismo “canasto” y a partir de allí, cobrar los tributos en una escala. Eso sí, con la opción de reducirse según los gastos.” (Cfr. https://observador.cr/gobierno-de-chaves-retoma-proyecto-de-impuesto-de-renta-global-dual-idea-fue-planteada-por-administracion-alvarado/).

Como se acaba de expresar, al 18 de mayo del 2023 y como ha ocurrido con otras tantas promesas de campaña electoral, el proyecto de ley no había sido enviado a la Asamblea Legislativa. Es notable que, el que por fin se envió a la corriente legislativa por parte del poder ejecutivo, llevaba un acento de regresividad, puesto que el peso impositivo se hizo recaer en los sectores de salarios bajos y medios, valga decir sectores por encima de la línea de pobreza y capas medias de la población.

En cambio, al tenor de esta orientación todavía no se presenta ante la Asamblea Legislativa el proyecto que se había prometido, para reducir las exoneraciones fiscales a diversos sectores. Mientras tanto, aun cuando se haya incrementado desde la administración anterior el monto de los tributos recaudados, la evasión y elusión fiscal por parte de las grandes empresas continúa siendo un deporte nacional para los grandes intereses. O sea, en lo medular se gobierna para favorecer los intereses de los sectores cúpula de la sociedad.

En lo concerniente a la producción interna el presidente Chaves había insistido en bajar el costo de la vida, pero, no se ve todavía que el camino emprendido esté dando resultado. En lo relativo a la producción interna de arroz, el gobierno emitió dos decretos el 3 de agosto del 2022 mediante los cuales se redujo drásticamente un arancel que existía a la importación del grano, arancel que protegía a los productores nacionales. En consonancia con lo anterior, el otro decreto eliminó el precio mínimo del grano. La respuesta del sector productivo nacional no se hizo esperar condenando ambos decretos. De acuerdo con datos de Conarroz, la actividad productiva del arroz se redujo un 43% comprendiendo los períodos 2021-2022 y 2022-2023, sin que la reducción de los precios del grano hubiese sido significativa. Los precios bajaron un 2,42% desde mayo 2022 a marzo del 2023, pero, ello ocurrió por efecto del crecimiento de los precios internacionales en dólares que subieron 11,85%. Al caer el precio del dólar el costo del grano de arroz importado bajó un 11,46%, pero en colones. Por último, a causa de la presión de los arroceros nacionales, el gobierno anunció que enviaría a la AL un proyecto para subsidiar a los productores que tuviesen 100 hectáreas o menos; en efecto, se anunció un subsidio de 2.800 millones de colones. El anuncio fue hecho sin reparar en que, la “Regla Fiscal” impide al gobierno otorgar subsidios, excepto si es autorizado por la AL; debe saberse que, el proyecto, luego de haberse presentado fue retirado de la corriente legislativa.

En otro orden de cosas, en varios asuntos, el gobierno deja en evidencia un supino desconocimiento de la administración pública y al mismo tiempo adolece del defecto de descoordinación. Por ejemplo, el proyecto de ley presentado a la AL en esta legislación contra la corrupción no aportó mayor cosa, repitiendo las leyes vigentes, por lo que la reforma tal como se presentó deviene innecesaria. Otro tanto ocurrió con la promesa de transmitir las sesiones del Consejo de Gobierno en un alarde populista con diversos sectores sociales. El mismo mandatario abandonó la idea, al reconocer que tal como estaba planteada era cosmética y contenía problemas técnicos en su realización. Ante la promesa de apertura total con la prensa, varios hechos demuestran que el afán del mandatario era una mera pose: las actas del Consejo de Gobierno son ahora puros resúmenes sin detalle alguno; asimismo se ordenó a las oficinas de información y comunicación de diversos ministerios e instituciones de gobierno, restringir la información a la prensa; en concreto, la ex titular de salud obligó a subalternos suyos a solicitar permiso a la jerarca del ramo antes de brindarle información a la prensa. En este caso la Sala Constitucional declaró la nulidad de la orden ministerial, tras encontrarla inconstitucional. En el INS, ocurrió otro tanto, ya que la presidenta ejecutiva, Mónica Araya ordenó la inspección de computadores de varios funcionarios, por una supuesta filtración de datos de interés público a la prensa. Todo esto se tradujo como lo expresa un reporte periodístico en que Costa Rica hubiese caído 15 puestos en el índice de libertad de prensa que realiza la organización no gubernamental internacional de origen francés y sin ánimo de lucro “Reporteros sin Fronteras”. (Cfr. La Nación, 8.05.23. pág. 6)

Entre lo más grave:

1. Educación. Sigue el “apagón educativo: Pese a la promesa hecha por el presidente Chaves de declarar una emergencia educativa, pasan los días y no ha habido declaratoria alguna en ese sentido, pese a la difícil situación por la que atraviesa el MEP. Este ministerio realizó pruebas nacionales para alumnos de sexto grado, undécimo y duodécimo año, sin que las pruebas piloto de abril pasado hubiesen realizado la evaluación prometida de la calidad del aprendizaje que Chaves había adelantado. Lo más grave es que las pruebas a realizarse en octubre y noviembre equivaldrán al 40% de la nota de los educandos. A su vez, las pruebas Faro para primaria (de ámbito internacional), fueron eliminadas por el Consejo Superior de Educación a tan solo cinco días de su realización. El gobierno ordenó la suspensión del arrendamiento de tres edificios por un costo de 3.000 millones de colones, también se decidió un traslado de supervisiones educativas a centros de educación para ahorrar 600 millones de colones; dichas supervisiones debieron terminarse en febrero del 2023. Hasta la fecha, el gobierno no brindó a los medios informativos una actualización acerca del estado de situación. Grave ha sido el intento por violar la autonomía de las universidades, tanto al pretender restringir el presupuesto de las universidades públicas (por ahora se echó marcha atrás, merced a una movilización de los estudiantes), como en cuanto a la pretensión de que cuatro ministros del gobierno intervengan en la discusión y aprobación de los presupuestos de las universidades públicas. El MEP ha sido omiso en brindar otra información relativa a la urgencia de construir 38 centros educativos integralmente por órdenes sanitarias presentadas. Las órdenes sanitarias fueron 722 en total. (Cfr. Ibid).

2. Golpe a la cultura costarricense. El gobierno se propone recortar el 8.4% del presupuesto del ministerio de Cultura y Juventud, equivalente a 4.000 millones de colones. La medida que pretende el gobierno ha concitado al sector cultura que tomó las Instalaciones del Teatro Nacional y está solicitando la renuncia de la ministra de esa cartera Nayuribe Guadamuz. Semejante recorte no tiene precedentes en el país. Implicaría, entre otras cosas, la desaparición de nuestra emblemática Orquesta Sinfónica Nacional. (Cfr. Cultura CR.net, 18 de mayo 2023).

3. Graves retrasos en las obras de infraestructura pendientes: Sobre la carretera San José-San Ramón, todavía no se firma una adenda con el Banco de Costa Rica, que permita llevar el proceso de transición hasta el finiquito del contrato. La mayoría de las obras impostergables tienen un año de estar detenidas. Igualmente paralizada se encuentra la concesión de la ruta 27, cuyas negociaciones tenían un 80% de avance en el gobierno anterior. La ruta a San Carlos se continúa en las negociaciones con el BID y al 8 de mayo de este 2023, no se conocían los avances de dichas negociaciones. Semejante carencia de información existe sobre la ampliación de la ruta San José- Cartago; se sabe al menos que, el Consejo Nacional de Concesiones acordó no continuar con la iniciativa privada que llevaba la concesionaria MECO, para la ampliación de los 20 Kms de la ruta. Igual retraso sufre la ruta 32, carretera a Limón, ya que falta financiar obras por valor de $150 millones, pero, a la fecha se desconoce de dónde se obtendrán estos recursos. A estas alturas se carece de un plan para ejecutar las obras complementarias, así como también quedan pendientes 300 expropiaciones para poder completar la obra. A la fecha, también queda pendiente resolver si se aprueba o no la realización de la obra del tren eléctrico de carga para exportaciones, que conectaría la zona norte de Limón con el área metropolitana. Sobre esta obra el ministro Luis Amador señaló que tenía dudas sobre la ejecución de este plan, no obstante que el presidente se había mostrado interesado en ella. El proyecto de Ciudad-Gobierno para albergar más de 10.000 funcionarios públicos en el sur de la capital, se ejecutará mediante un préstamo con el BCIE. Todo parece indicar en este caso que el proyecto se desarrollará mediante un financiamiento de $450 millones.

4. Las finanzas públicas continúan siendo un tema harto complicado. Hay contradicciones en varios puntos: el presidente había expresado que negociaría con el FMI un programa completamente nuevo. Pero, el ministro Nogui Acosta ha sostenido que se ejecutará el mismo programa ya negociado con la Institución Financiera. Es decir, en las mismas condiciones. En cambio, hubo una flexibilización de la regla fiscal, para permitir aumentar el tope del gasto público en 433.000 millones de colones y otros cambios de significación. Por su parte la Ley de empleo público que fue aprobada, generó la protesta del Fondo Monetario Internacional, por el hecho de que el gobierno no entra a ejecutarla, sino que la ha sometido a un nuevo proceso de negociación con diversos sectores sociales. Lo anterior es debido a que, en este momento (19 de mayo), persisten contradicciones interinstitucionales con el gobierno, ya que más de 70 instituciones declararon que no acatarán lo dispuesto por MIDEPLAN relacionado con los salarios comunes.

En conclusión, en lo medular el gobierno comienza su segundo año dejando a su paso una estela de autoritarismo en las decisiones, falta de planificación, desorden, descoordinación en el seno de la institucionalidad pública y un apresuramiento por desmantelar la administración pública, en especial en lo concerniente al Estado Social de Derecho, sin que medie estudio alguno al respecto. En cambio, es clara la tendencia a favorecer el clima de negocios en la cúpula de la escala social, incumpliendo por contraposición compromisos contraídos con la ciudadanía de a pie en el proceso electoral. Hay una subvaloración de la importancia de la cultura nacional en el contexto costarricense, e igualmente un claro menosprecio por las universidades públicas y su autonomía. No se muestra una real decisión gubernamental por acometer un plan para hacerle frente a la seria problemática de la educación costarricense en sus niveles de preescolar, primaria, educación técnica y secundaria. Así como tampoco existe voluntad clara de ejecutar el plan nacional de infraestructura. Finalmente, grave es el desconocimiento mostrado por el presidente de la República y su equipo de trabajo en seguridad, acerca de la situación salarial de la policía y las condiciones deplorables de una buena parte de los inmuebles en los que deben trabajar los miembros de la fuerza pública, en momentos en los que se les exige el máximo esfuerzo para enfrentar la seria amenaza que constituyen para la seguridad ciudadana, tanto el sicariato como las bien asentadas y financiadas bandas del narcotráfico. En suma, el gobierno carece todavía de un verdadero plan de prioridades. Es lamentable, dados los muy diversos y serios problemas que afronta la sociedad costarricense.

LA ESPADA APARECE CUANDO LA JUSTICIA LLEGA TARDE

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Campos Rojas
30 de mayo de 2022

Así lo leí hace varios días, la frase es contundente por sí misma y por lo que representa en nuestro país en estos momentos.

Lo vengo diciendo y documentando hace ya tiempo: la institucionalidad ha venido cayendo en un profundo descrédito, no importándoles a quienes están al frente de ella, en llevarse en banda institutos fundamentales de la República, como por ejemplo el sufragio, la justicia, la transparencia, la paz, la educación, el trabajo, la honradez, la legitimidad.

La corrupción y la impunidad toman fuerza en nuestro país a raíz del autoritarismo -propio del sistema de representatividad a que nos han sometido los sectores dominantes-: la cultura del sometimiento, de pedir, de la subordinación y la sumisión, ha fortalecido el comportamiento de masa, abandonando aquel pueblo viril del que habla y nos enaltece nuestro Himno Nacional, a mantenerse en la ignorancia. De eso se han encargado quienes manipularon nuestro sistema educativo para llevar nuestras últimas generaciones a crecer sin raíces históricas para ser presa fácil del clientelismo político y el asistencialismo. La línea que ahora nos divide del totalitarismo es muy tenue. Esa corrupción se ha apoyado en el miedo y la ignorancia, que han naturalizado en la población, contando diariamente con la prensa mediática y la academia. Esto les ha permitido legitimar la inmoralidad como forma de administrar el país, sin importarles las consecuencias, solo sus intereses y los de sus amistades, sin que se debatan en problemas de género.

He sido claro que los tres poderes que se mencionan en la Constitución Política no son poderes, son simplemente Órganos Superiores de Administración; y se deben a la persona ciudadana, porque están a su servicio. El único dueño del poder y que debe ejercerlo diariamente, es la persona ciudadana, El Soberano, establecido así constitucionalmente.

“Eso dice la Constitución, pero la ley dice otra cosa”, nos señalan a menudo, especialmente desde la institucionalidad, como si la ley naciera por sí sola, sin considerar siquiera nuestra Carta Magna, así de irresponsable se ha vuelto el sistema.

Entendamos esto: la ley se promueve en la Asamblea Legislativa, pero se legitima en la Corte Suprema de Justicia y lo que se deriva de ella. Son los Magistrados de la República, los que validan las leyes, a través de ficciones jurídicas que varían según el día y los humores que los mueven. Los procedimientos para definir la integración de la Corte, son uno de los eventos más llenos de interés estratégico de los partidos políticos, y eso facilita una connivencia incesante.

Para ejemplos: las pensiones de lujo, los procesos de elección de magistrados y su reelección continua, la ley del referéndum, la imposibilidad de discutir y poner en marcha el referéndum revocatorio para quitar presidentes/diputados/representantes de gobiernos locales cuando no cumplen con su responsabilidad; el voto de la Sala Constitucional para permitirle a Arias su reelección; los procedimientos irregulares para escoger y definir los magistrados suplentes de la Sala Constitucional; Magistrados que hace rato debieron irse, languidecen cuidando feudos; los desvaríos recientes de la vicepresidente de la Corte; la forma de designar a quien ocupa la Fiscalía General… y podemos seguir.

Al final, la ley se legitima, pero es inmoral, porque se imponen formas oscuras para establecer su justicia, dejando de ser hace tiempo, pronta y cumplida.

Así, la Corte Suprema de Justicia, ha venido perdiendo su decoro, debido a eso en julio del 2018 fui partícipe directo en organizar con la ciudadanía y el apoyo de gremios judiciales, una marcha para expulsar al entonces Presidente de la Corte y algunos magistrados por sus niveles de corrupción. El Soberano demostrando su responsabilidad y poder constitucional. La experiencia no les sirvió para poner sus barbas en remojo, sino que lo aprovecharon para mejorar las formas de mantener sus oscuros feudos. Se equivocaron, no somos flor de un día.

Hoy el Ministerio Público (la Fiscalía General de la República), ausente y desentendido de ser garante de su labor persecutoria, busca justificar su inacción en todo el país con argumentos falaces. De este modo y amparados en el autoritarismo, rehúyen su responsabilidad constitucional de rendir cuentas a la ciudadanía, alegando como si fuese cierto, que su jefe es la Corte Suprema: es la Fiscalía General quien debe perseguir a los corruptos, no importa el rango jerárquico que tenga quien sea, pero la reelección está a las puertas y es mejor no hacer olas.

El remate en este chiste de mal gusto, es que de todo esto, el gran ganador es el narcotráfico. He sostenido que para que exista, se requieren tres actores: un político que le abra las puertas de par en par, un juez que no lo meta a la cárcel y un banquero que le guarde el dinero. Para vencer el narcotráfico solo se necesita actuar sobre alguno de ellos, hasta el momento el instrumento de que dispone la República, es la Fiscalía, la cual justifica sus desaciertos de manera lamentable.

Nuestra Patria todavía puede salvarse, no podemos repetir la situación de otros países, donde el narcotráfico tiene que hacerse presente a imponer orden y justicia, porque el Estado no fue capaz de cumplir su cometido.

Cuando vemos estos desaciertos en el establecimiento de los procesos de cumplimiento de la justicia, sabiendo que a lo interno hay funcionarios decentes y honorables, pareciera que hay una mano que mece la cuna, que pretende hacernos creer que está imbuida de poder, que maneja los hilos, pero lo más seguro es que solo sea un muñeco como “Chuky” aquel personaje de la saga icónica de terror.

Debemos ser conscientes que los impuestos de cada persona, especialmente los de las mujeres y jóvenes vulnerables, que dejan de lado sus necesidades básicas, son para pagar los salarios de quienes tienen en sus manos fortalecer la credibilidad en la institución de la justicia, por eso tienen una responsabilidad que cumplir.

Debemos convocarlos a que nos rindan cuentas, haciendo prevalecer la transparencia, el respeto a la ciudadanía, retomando la paz, demostrando que su espada no tiene espacio en esta República Participativa que nuestra Constitución Política nos manda a construir responsablemente.

La dignidad nacional, la fortaleza de la ciudadanía debe dar el paso al frente, sin miedo, con la responsabilidad constitucional de El Soberano. Nos acompañarán las personas funcionarias públicas decentes, las mujeres y jóvenes que no se someten, pues seremos suficientes para extirpar a quienes usurparon el poder que no les pertenece.

Debemos tomar en cuenta que no se rendirán fácilmente, pero les demostraremos que, si no hay justicia, no será su espada la que prevalecerá.

 

Imagen tomada de la publicación del autor en Facebook.

¿REALMENTE ELEGIMOS?

Escrito el . Publicado en Análisis, Coyuntura.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         En medio del ruido, la niebla y la incertidumbre electorales, cabe preguntarse dónde estamos, qué pocas cosas podemos reconocer, hacia dónde vamos como nación supuestamente democrática.

         La oferta partidaria es ampliamente conservadora, cuando no abiertamente neoliberal.  Hay un vacío en el centro-izquierda que nadie parece interesado en llenar. La socialdemocracia es un ideal muerto y enterrado. La izquierda no termina de salir de la Guerra Fría, ni de reconocer los radicales cambios que en este sector están ocurriendo en América Latina.

         Existe un ruido ensordecedor emitido por la mayoría, también ultraconservadora,  de los medios de comunicación y una importante legión de resentidos que han convencido a una buena parte del electorado de que vivimos en el peor de los mundos posibles; que el gobierno en ejercicio lo ha hecho todo mal y que es prácticamente una dictadura. Se da por un hecho consumado que habrá un cambio, sin que sepamos con exactitud si eso es cierto, o en qué dirección se dará. No hay ningún reconocimiento, ni en el manejo de la pandemia, (aunque los datos comparativos arrojan logros más que buenos); ni en la construcción de obra pública sin precedentes, (y que se ha tratado de descalificar por los actos de corrupción ajenos al núcleo central del gobierno,  y a pesar de haber sido debidamente detectados, denunciados y puestos ante estrados judiciales);  tampoco hay reconocimiento a los  avances y logros en materia ambiental o de derechos de minorías; y en general, aunque la haya, tampoco se está dispuesto a aceptar que ha habido una relativa estabilidad macroeconómica o que se empiezan a dar indicios de reactivación de la economía.

         A estas alturas hay un importante sector que está considerando volver al pasado.  Se están tragando el cuento de que la experiencia, el mayor tiempo controlando el gobierno y la existencia de cuadros preparados, son méritos suficientes para olvidar décadas de irresponsabilidad en la gestión, clientelismo politiquero y abierta corrupción.   La cuestión no es si se tiene mayor experiencia, la cuestión es preguntarse qué se hizo en el pasado con esa experiencia,  para qué sirvió o, mejor dicho, a quién sirvió. Si las proyecciones de las últimas encuestas resultan ciertas, pues que venga el Pisuicas y elija, porque lo que es este ciudadano no se va a prestar a una burla más. Sea que ganen los blanqui-verdes o los roji-azules, Costa Rica vivirá los últimos estertores del 48 en un cuatrienio que se nos volverá trágicamente agónico. Una larga agonía que este pueblo no se merece. Entre el PLN y el PUSC no hay diferencias ideológicas, sólo grupúsculos y personajillos disputándose figurar y tener poder para servir a las mismas élites económicas. Pero en lo esencial, no sé qué nos espera cuando lleguen estos nuevamente al poder, después de una sequía de 16 años en el PUSC y de 8 años en el PLN, sequía sin negocios a la vista, sin puestos que repartir, sin presupuestos que festinar, sin clientela que alimentar.

         En el espectro de las nuevas derechas, el problema no es que Feinzaig coma chiquitos, es que no le importe si hay chiquitos que no coman. En el caso de Rodrigo Chaves, el problema no es que haya pensiones de lujo, que parece ser el único tema que le queda, sino que está descalificado por acoso y por una pensión en dólares respecto de la que no sabemos monto, años y porcentajes cotizados y origen de los recursos de Naciones Unidas con los que se le paga. El problema de Rolando Araya no es que nos haya mandado a tomar cloro para salvarnos de la pandemia, es que sigue creyendo en el modelo de los hidrocarburos y de la extracción salvaje como alternativa al desarrollo. El problema de Fabricio, en fin, no es que confunda política con religión y Constitución con Biblia, sino que en buena medida suma las debilidades de todos los anteriores.

         Por lo pronto, los mecanismos más sucios están entrando en juego. Encuestadoras de poca credibilidad determinan que ciertos medios de comunicación influyentes den visibilidad o no  a ciertos partidos o candidatos; a su vez, este pretexto espurio determina que  los banqueros decidan dar financiamiento o no a determinada propuesta política y que, al fin de cuentas, tengamos que escoger entre quienes ellos deciden.

         Lastimosamente no es sólo cuestión de manipulación mediática o asfixia financiera lo que nos tiene donde estamos. Es cierto que las formas de manipulación son múltiples y también sutiles, pero la tragedia consiste, una vez más, en ver a tanta gente de los sectores populares, los más pobres y vulnerables, desfilar a votar masivamente por los partidos que representan los intereses de los sectores económica y socialmente más poderosos. Como bien se explica desde la sociología contemporánea, no es que estos ciudadanos sean poco inteligentes y se dejen manipular. El problema es mucho más complejo. En una cultura donde predomina el mandato consumista (quien no consume, no existe),  y se promueve el predominio de la apariencia sobre la esencia; el tener sobre el ser. Nadie quiere ser identificado como marginal o desposeído ni pertenecer al partido de los desposeídos; la clase media aspira a consumir como lo hace la clase alta y estira el cuello mientras los de más arriba les serruchan el piso; todos queremos vernos y que nos vean como exitosos y enriquecidos; así, la clase alta sabe que cuenta con amplio abanico que estará a su servicio en la Asamblea Legislativa, en el Poder Ejecutivo y cuidado si no también, en el Poder Judicial.

La chispa

Escrito el . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Manuel Delgado

Pocas veces el país ha estado enfrentado a un peligro tan determinante como la pretendida Ley de Empleo Público.

Es un adefesio jurídico; es un adefesio político, pero, sobre todo, es un adefesio moral.

Lo primero que llama la atención es que se le propone como una medida para ayudar a paliar la crisis fiscal y el déficit público. Pero la justificación económico-financiera no está ni medianamente clara. El gobierno dijo al principio que la ley iba a ahorrar un equivalente al 1,5% del PIB. Nunca dijo de dónde salió ese cálculo, pero más el Ministerio de Planificación estimó ese ahorro en una cifra situada entre un 0,6 y 0,9% del PIB. Ahora que se desvincularon de ella el Poder Judicial, las Universidades, las municipalidades y, al menos en parte, la Caja, ese mal llamado ahorro posiblemente sería muchos menos. Pero nadie ha dicho cuánto.

En los aspectos económicos ahondaremos más adelante, pero ahora quiero referirme a lo más aterrador de esa ley, que es el llamado Sistema de Gestión del Desempeño que le da al ejecutivo poderes absolutos sobre cuerpos y almas.

Se trata de darle a MIDEPLAN el poder rector sobre el empleado público, la posibilidad de determinar a quién se contrata y a quién se despide prácticamente sin cortapisas.

Para ello se le dota de una guillotina: los empleados públicos pueden ser despedidos con dos calificaciones anuales de menos del 70%. Los motivos de esa calificación son tan abstractos, que se le da al jerarca el poder omnímodo de echar sin responsabilidad patronal a los empleados que no le conviene a la administración o al partido de turno. O a él personalmente. Por supuesto, ya sabemos que los primeros que irán para fuera son los activistas sindicales.

Ese poder ilimitado de la administración, me decía una activista, alimentará el acoso laboral pero sobre todo el acoso sexual, porque los empleados y empleadas saben que tienen que estar bien con los jefes si quieren conservar sus puestos.

La ley le da a ese ministerio, además, potestades de adoctrinamiento de su mano de obra de manera ilimitada: formarán a los empleados de acuerdo con los intereses del grupo o grupos en el poder. Es lo que se conoce como Estado corporativo. Por cierto, esos grupos de poder y los partidos que los representan han dejado mucho que desear en materia moral como para que pongamos en sus manos tanta responsabilidad.

Todos queremos una administración pública más eficiente, pero ese proyecto no lleva como fin lograr esa meta. Muy al contrario: logrará un estado más autoritario, menos participativo, con jerarcas de más poder y, por tanto, un sistema más propenso a la corrupción.

Nosotros tenemos una excelente institución en materia de manejo del sector público. Es el Servicio Civil, creado por impulso de los trabajadores precisamente para frenar la práctica del clientelismo, que cada cuatro años cambiaba despedía a unos y contrataba a otros según la bandera del partido vencedor en las elecciones. Estamos a un tris de volver a esas prácticas de los años treintas y cuarentas.

Lo que hay que hacer es limpiar esa institución, e impulsar el control desde abajo, desde las asociaciones de beneficiarios, de pacientes del seguro, de clientes de los bancos, de abonados a los servicios de agua y luz, de estudiantes y padre de familia, de los ciudadanos corrientes. Precisamente la solución somos nosotros, los que financiamos ese aparato y no tenemos ningún poder en esas instituciones.

La política social según el enfoque sobre la pobreza y el ajuste institucional regional

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Miguel Sobrado

Nuestro país realiza una de las mayores inversiones per cápita, en política social en el continente, pero está estancado desde hace 20 años en su esfuerzo por reducir la pobreza, mientras que Uruguay en ese mismo período de tiempo eliminó la pobreza extrema y redujo la pobreza a un 7%.

Conviene rastrear nuestra política social, especialmente la promocional para hacerla más efectiva. En días recientes se realizó un video foro en el Museo de Jade sobre algunos de los productos del proyecto Germinadora realizado durante la última década en 5 cantones de la región sur, mostrando los resultados que puede dar la inversión social cuando, por una parte se incorpora a la comunidad organizada a las soluciones, y por otra se ajusta el quehacer del órgano regional, en este caso JUDESUR, a las necesidades de la gente organizada.

Las visiones contrapuestas y la participación

Existen dos enfoques predominantes en la aplicación en las diversas modalidades de la política social, de los cuales dependen los resultados obtenidos.

Estos enfoques van más allá de las declaraciones de la política y de sus de principios formales. Se definen por su aplicación en la práctica, esto es en el diseño institucional y con la consecuente forma de elaborar y aplicar los programas y proyectos en las comunidades y grupos.

Los perdedores

Se trata de un enfoque ideológico, a menudo subyacente que se sustenta en las relaciones sociales y políticas prevalecientes, que ve a la población pobre como perdedores, en contraposición con los “ganadores” que tienen buen ingreso. Esto se le atribuye a que carecen de capacidades adaptativas, interés y voluntad de tensar el arco creativo para superarse. En otras palabras la pobreza, aunque tenga diversas causas, es un problema de las personas que solo puede resolverse a través de una intervención realizada por profesionales capacitados desde las instituciones. Esta intervención puede adquirir forma de asistencia con las personas que no pueden valerse por sí mismas, donde los profesionales definen criterios para asignar recursos. O puede adquirir forma “promoción” donde los especialistas intervienen para que los pobres salgan adelante, elaborando desde los escritorios proyectos o designando a los ejecutivos su tutelaje directo. En este proceso, rara vez los beneficiarios participan en la definición y ejecución del proyecto. De tal forma que éstos lo ven como un proyecto institucional, no como algo propio, y así asumen su éxito o fracaso. Los funcionarios institucionales, por su parte, ven los fracasos como una confirmación de la incapacidad de los perdedores.

Este tipo de enfoque es simbiótico con los sistemas de clientelismo político, donde se buscan grupos de apoyo y lealtades, más que resultados. No es casual que desde el diseño institucional se impulse el paternalismo y la intervención de los funcionarios “para ayudar a la gente”, castrando simultáneamente la iniciativa y creatividad de los supuestos beneficiarios.

La construcción de capacidades y apoderamiento a través de la actividad objetivada impulsada por la capacitación masiva.

Aquí hay también visión ideológica, que habla del potencial humano, incluso en los casos donde se requiere de asistencia por razones de edad y salud, ya que no se limita a facilitar recursos básicos, sino que estimula la calidad de vida con actividades y ocupaciones.

Para efectos de promoción social, esta concepción parte que los seres humanos estamos configurados por el papel y la experiencia organizativa que hemos desempeñado hasta el momento pero, y esto es fundamental, no estamos determinados. Podemos reconfigurarnos, eso sí, a través de una nueva práctica. Un proceso de capacitación donde percibamos lo límites de las inercias históricas y sus techos sociales, al mismo tiempo que descubrimos y aprehendemos los nuevos modelos organizacionales y sociales, ajustando simultáneamente las expectativas a las nuevas realidades y posibilidades.

Dentro de esta visión los excluidos son considerados protagonistas activos de su propio desarrollo que requieren, de capacitación organizacional y alfabetización en el montaje de sus propios proyectos. Al apoderarse organizacionalmente en el montaje de sus propios proyectos se inician también el sendero de gestión ciudadana.

Con este tipo de participación se formaron las primeras cooperativas de autogestión con campesinos y obreros bananeros en Costa Rica; se desarrolló el programa Hospital sin Paredes en cinco cantones con más de 161 puestos de salud con resultados que fueron premiados por la Organización Mundial de la Salud. Se construyeron 1063 empresas asociativas también con campesinos y obreros en el proceso de reforma agraria hondureña en los años 70 y centenares de experiencias en Brasil, México, y Sur África donde actualmente aplica en 49 cantones de seis provincias para el desarrollo municipal.

Evidencias de la efectividad del método están registradas en artículos, informes e incluso libros donde se detallan experiencias en tres continentes como “Un futuro para los excluidos” de la editorial de UNA. La resistencia a su aplicación, producto de su choque con las relaciones de poder y el paternalismo y comodidad institucional, que prefiere servirse que servir a las comunidades, también está documentada en artículos e informes. Un caso reciente ha sido el informe sobre una década de obstáculos en la aplicación del proyecto Germinadora en la zona sur del país, que a pesar de todos los obstáculos que se le interpusieron, pudo presentar logros destacados.

El problema del archipiélago institucional y ajuste institucional

En el caso costarricense vale la pena destacar que la evaluación intermedia del proyecto Germinadora en 2103, señaló por una parte, la eficacia de la metodología de capacitación masiva aplicada e incluso la recomienda como método para un proyecto país, pero por otra parte la incapacidad institucional de darle seguimiento. Por tal razón pide suspender la capacitación porque el aparato institucional, no ofrece seguimiento ni atiende al decreto presidencial que declara al proyecto de interés público, y propone concentrarse en el seguimiento. El aparato institucional nacional es un archipiélago, donde cada isla desciende hasta lo local, que no tiene instancias regionales de coordinación y ejecución. En el caso de Germinadora, aunque está pendientes el ajuste de la estructura institucional nacional, se dio un fenómeno regional a través de la asignación de recursos financieros y acompañamiento por parte de los Grupos de Acción Territorial. Esta fue una pieza complementaria que ajusto la acción institucional a las necesidades de los emprendedores generando éxitos en el proyecto. Pero este es un tema que amerita estudio y aprendizaje para quienes trabajan en la reforma del Estado. Más claro no canta un gallo, incorporar a las comunidades como actores de un quehacer institucional articulado a sus necesidades es fundamental para incorporar el haz de voluntades local y obtener resultados y productos. Sin este ajuste, por más funcionarios que se contraten no se pueden realizar las transformaciones necesarias ya que va contra naturaleza de la capacitación y el aprendizaje de adultos.

Foto: Semanario Universidad