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SURCOS, recibió la siguiente propuesta para los diferentes sectores de la ciudadanía costarricense para unirse por la defensa del Estado Social de Derecho de nuestro país, propiciando una articulación y alianzas entre grupos con iniciativas ya planteadas y con propuestas de soluciones integrales y conjuntas:

Convocatoria-propuesta para un movimiento nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas

En esta hora difícil de la vida del país, proponemos respetuosamente a las asociaciones culturales, cooperativas, sindicatos y centrales sindicales, asociaciones de mujeres, universidades públicas, grupos comunales, grupos artísticos, asociaciones ambientalistas, grupos de científicos y a todos los sectores de la ciudadanía unirse por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense, sus conquistas e instituciones, entre ellas, CCSS, INS, ICE, bancos del Estado, INA y las universidades públicas, de modo que se propicie una articulación, con una agenda común, en la búsqueda de las respuestas necesarias desde la ciudadanía, concernida por la Constitución Política de la República, artículo 9o. Para lograrlo, se procuren alianzas entre grupos con iniciativas ya planteadas y otros, en la tarea de proponer soluciones integrales y conjuntas, ante el momento actual y sus desafíos.

Esa unión de todos los sectores sociales es indispensable para la defensa de la institucionalidad democrática, frente a las acciones de las fuerzas políticas y económicas neoliberales, que impactan fuertemente en la conducción del Estado costarricense, mediante una alianza de partidos políticos, en la Asamblea Legislativa. Esos grupos, desde hace varias décadas, partiendo de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs) pretenden cambiar, de manera regresiva, el modelo propio del Estado social costarricense. En la actualidad, ubicados en distintos espacios, están tomando medidas económicas que impactan muy seriamente a la clase media y a los grupos menos favorecidos del país, aprovechando el contexto del COVID-19, que inmoviliza al pueblo costarricense por la cuarentena. Aprobar, en estas circunstancias, leyes y medidas económicas sin fundamentos técnicos, que podrían ser violatorias de los derechos laborales adquiridos, e incluso, algunas de carácter retroactivo, sería un acto lesivo, recordado por generaciones.

En efecto, desde los poderes del Estado, luego de haber hecho recaer el peso de la crisis fiscal sobre el pueblo trabajador y los grupos de jubilados, cargándolos de impuestos, se eximen y perdonan las deudas a los grupos poderosos del capital financiero y empresarial, incluidos a los evasores de impuestos. Paralelamente, se han reducido las libertades de protesta y manifestación públicas, mediante, leyes insólitas, como la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”. Otras amenazas penden sobre nuestras cabezas, a saber, un pretendido rebajo del 15% de la jornada laboral y la sugerencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de crear un impuesto sobre el salario escolar y el aguinaldo. La meta final de esos sectores parece ser borrar lo que sobrevive del Estado de bienestar costarricense, construido históricamente con el esfuerzo democrático y solidario de las generaciones que nos preceden.

Con ese nuevo estilo de gobierno, se diría que buscan imponer la forma del Estado propio de las sociedades neoliberales, sobre la base del fundamentalismo de mercado y la privatización. Al priorizar los objetivos económicos y una tecnología excluyente, sobre la dignidad de la vida humana, concentran la riqueza y exacerban la brecha social entre pobres y ricos. Se destruyen así las condiciones estructurales sobre las que se edifica la paz social, la dignidad humana, la justicia social, la equidad y la búsqueda del consenso, pilares del estilo de vida democrático costarricense. Con todo ello, se obedece también a los dictados de los organismos internacionales, cuyo propósito es enfatizar una globalización neoliberal en el país, cuando ya está cuestionada y en retroceso en varias partes del mundo. A pesar de haber encontrado resistencia social, estas políticas han logrado colocar a Costa Rica entre los diez países más desiguales del mundo, lo que significa que han producido una enfática polarización social en los últimos cuarenta años.Finalmente, por lo que se ha anunciado, se avecina una escalada mayor, pues la búsqueda de préstamos multimillonarios dejaría a Costa Rica más endeudada y a merced de los organismos internacionales y sus dictados. Es así que sectores del gran empresariado, como el grupo Horizonte Positivo, con el respaldo de la Unión Costarricense de Cámaras empresariales (UCCAEP), han pedido la venta de los activos más lucrativos del Estado, entre ellos, la FANAL y KÖLBI, mientras que, por otra parte, existe la negativa a financiar debidamente instituciones de bien común, tales como la CCSS y las universidades públicas, todo ello, sin que se ofrezca la fundamentación fidedigna.

Ante este escenario, consideramos indispensable la unión del pueblo costarricense y, en consecuencia, hacemos una vehemente excitativa para que se cree un Movimiento Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y sus instituciones, como alianza duradera de todos los sectores sociales frente a los objetivos económicos y las acciones políticas que profundizan las brechas económicas, tecnológicas, legales, culturales y sociales. Se debilita de ese modo a la clase media y se lanza a muchos sectores a una pobreza cada vez mayor.

Se trataría de un movimiento pacífico, en el marco del ordenamiento jurídico costarricense.

Sugerimos los siguientes objetivos, entre otros muchos:

1. Defender, a partir de una agenda nacional compartida, las garantías constitucionales y sociales que le confieren identidad al Estado costarricense y a sus instituciones, a saber, CCSS, ICE, INS, RECOPE, bancos del Estado, las universidades y demás instituciones públicas, frente a la amenaza de eliminación o privatización, explícita o implícita, muy evidente en el momento actual de crisis sanitaria y social.
2. Analizar e informar sobre los distintos proyectos de ley, decretos, programas y otros que pretendan direccionar el Estado costarricense hacia los objetivos neoliberales y otros que buscan la polarización económica y social, desoyendo las necesidades de las mayorías o actuando contra ellas.
3. Informar y alertar a la población costarricense sobre proyectos y programas económicos y otras medidas, como préstamos y firma de tratados internacionales, así como sobre personas físicas y jurídicas que los promueven, atentando contra el Estado Social de Derecho, la democracia y sus instituciones.
4. Llamar a la población costarricense a analizar y pronunciarse colectivamente sobre actos de corrupción, favorecimiento de las empresas privadas frente a las públicas, traslado o conversión indebida de bienes públicos en privados, deterioro de los servicios públicos, deudas acumuladas y no pagadas a las instituciones públicas y creación de impuestos no equitativos, entre otros.
5. Denunciar y repudiar las acciones económicas y políticas lesivas contra las mayorías en tiempo de pandemia, o el aprovechamiento de las condiciones de aislamiento social, para impulsar leyes por la vía rápida y sin la discusión política debida, de cara al pueblo costarricense.
6. Propiciar el diálogo, el análisis y la discusión de todos los temas de interés colectivo mayoritario, tales como proyectos, programas, leyes y decretos de primera importancia para la vida nacional; igualmente, el resguardo de la privacidad de los miembros de la ciudadanía, las estrategias sanitarias y alimentarias ante emergencias y otros similares, procurando el más amplio acceso, mediante plataformas de alcance masivo.

San José, 18 de agosto de 2020

CONVOCATORIA-PROPUESTA PARA UN MOVIMIENTO NACIONAL POR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO COSTARRICENSE Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

LISTADO DE FIRMANTES

Un total de cincuenta y cinco personas son firmantes de este documento:

1. Alice Ramírez Ramírez. Educadora jubilada. Consultora independiente en temas relacionados con la educación superior y área curricular.
2. Ana Lorena Ulate Rodríguez. Educadora comprometida con las luchas patrióticas costarricenses. Defensora de los derechos de las mujeres y promotora cultural.
3. Anacristina Rossi. Escritora, traductora, especialista en estudios de la mujer, ambientalista y profesora universitaria, Universidad de Costa Rica.
4. Aquiles Jiménez Arias. Escultor, dos veces Premio Nacional Aquileo Echeverría en escultura.
5. Arnoldo Mora Rodríguez. Filósofo costarricense, académico distinguido de varias universidades, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría y Premio Joaquín García Monge, Miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.
6. Carmen Camacho Rodríguez. Socióloga, docente universitaria, investigadora y consultora internacional.
7. Carmen María Méndez Navas. Catedrática jubilada, UNA-UCR; doctora en Cultura Artística Centroamericana. Directora de la Fundación Academia ACUA. Exdirectora General de la Orquesta Sinfónica Nacional.
8. Daniel Camacho Monge. Abogado, académico, Profesor Emérito de la UCR, sociólogo de muy destacada trayectoria nacional e internacional.
9. Eduardo Madrigal Muñoz. Doctor en Historia, profesor catedrático de UCR e investigador (CIICLA-UCR)
10. Federico Molina Campos. Pianista y educador de la Escuela de Artes Musicales, UCR. Pianista titular de la Compañía Lírica en dos oportunidades, cofundador de la Orquesta Sinfónica Municipal de Cartago.
11. Flora Fernández Amón. Administradora de Empresas, empresaria. Fue parte de la Comisión Económica para América Latina.
12. Gabriel Mejía Ramírez. Catedrático jubilado, Doctor en Educación, consultor internacional, autor de varios libros sobre educación para la salud y la tercera edad.
13. Gerardo Meza Sandoval. Pianista con un doctorado interdisciplinario en Letras y Artes de la Universidad Nacional.
14. Giselle Virginia Chang Vargas. Antropóloga, doctorado en Sociedad y Cultura. Premio UNESCO, Premio Tenerife, España, autora, editora, experta en patrimonio cultural.
15. Grettel Balmaceda García. Maestría en Salud Pública. Exfuncionaria del Ministerio Salud. Docente de UCIMED y UNED.
16. Guillermo Miranda Camacho. Sociólogo, especialista en Sociología de la Educación, Doctor en Educación. Catedrático jubilado, UNA-UCR.
17. Hannia Franceschi Barraza. Especialista en trabajo social y desarrollo sostenible.
18. Harry Castillo Valle. Ingeniero Químico. Investigador jubilado de la Escuela de Ingeniería Química de la UCR.
19. Hazel Vargas Zeledón. Catedrática jubilada UNA y UCR. Ex decana Centro de Estudios Generales UNA, Ex Secretaria Adjunta del CSUCA.
20. Henry G. Arce Arce. Fundador del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT) de la UNA.
21. Henry Orlando Vargas Benavides. Catedrático, Fundación InterArtes.
22. Isabel Zúñiga Narváez. Educadora.
23. Javier Solís Herrera. Periodista y teólogo. Diputado en el período 1986-1990.
24. Jorge Eduardo Carmona Ruiz. Pianista, doctor en Cultura Musical Centroamericana, miembro Comisión CR-UNESCO, miembro FLADEM, Premio Nacional de Música. Catedrático jubilado, UCR.
25. Jorge Hernández Cascante. Sociólogo. Estudios sobre campesinado.
26. José Luis Vega Carballo. Sociólogo. Académico jubilado. Dedicado a investigar, escribir y promocionar causas de la lucha social.
27. José Solano Alpízar. Historiador y pedagogo, doctor en Ciencias Humanas, con Mención en Análisis del Discurso y la Cultura.
28. Julieta Dobles Yzaguirre. Poeta, Premio Magón, catedrática jubilada UCR, Miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.
29. Leiner Vargas Alfaro. Economista. Profesor e Investigador del CINPE-UNA. Profesor invitado en varias universidades de Europa.
30. Lorena Flores Solano. Profesora jubilada, ex coordinadora de la Oficina de Pensiones de APSE.
31. Luis Jorge Poveda Álvarez. Biólogo, taxónomo. Cofundador del Herbario Juvenal Valerio de la UNA. Profesor Emérito. Investigador de antioxidantes para beneficio de la salud, identificación de plantas medicinales contra el cáncer.
32. Luis Paulino Vargas Solís. Economista, catedrático universitario, académico del CICDE-UNED. Ha publicado doce libros y diversos artículos científicos. Premio Nacional Aquileo Echeverría.
33. Luis Sánchez Chaves. Catedrático, especialista en apicultura tropical. Coordinador de la Maestría en Apicultura del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT)-UNA.
34. Macarena Barahona Riera. Catedrática UCR. Investigadora en temas culturales, políticos y de las humanidades; poeta.
35. Magda Zavala. Escritora, catedrática UNA, investigadora y gestora cultural. Fundadora, entre otros, de Asociación Costarricense de Escritoras y Revista ÍSTMICA.
36. María Elena Salazar. Profesora. Dirigente magisterial y sindical, activista social, miembro del Consejo Consultivo de CONAPAM.
37. María del Rosario Alfaro González. Catedrática Jubilada. Especialista en Ciencias Ambientales. Consultora Ambiental internacional. Impulsora del programa Calidad del aire (ProEco) para Centroamérica y Panamá.
38. Mariano Rodríguez Pacheco. Profesor en la enseñanza del Francés, jubilado; Exsecretario General de APSE (2011-2013).
39. Marino Protti Quesada. Geólogo. Catedrático del Ovsicori, UNA, Premio Nacional de Ciencia y Tecnología “Clodomiro Picado Twight”, Miembro de la Academia Nacional de Ciencias.
40. Mario Alfagüell. Catedrático jubilado UCR, pianista y compositor. Premio Ones (España), Premio Nacional Aquileo J. Echeverría (3 veces), Premio Áncora (2 veces), Premio Jorge Volio y obra seleccionada en TRIMALCA.
41. Mario Devandas Brenes. Doctor en Educación, Exdiputado (1978-1982), fundador de FENATRAP, cofundador del Frente Nacional por la Seguridad Social, Representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS.
42. Maynor Carranza Varela. Investigador del Herbario Juvenal Valerio de la UNA, colaborador en la recolección, identificación plantas como potenciales antioxidantes.
43. Melvin Durán Carballo. Empresario.
44. Leda Méndez. Abogada, activista social.
45. Michael McCoy. Biólogo, cofundador del Programa de Maestría de Vida Silvestre, UNA. Diversas publicaciones sobre conservación y manejo de la Fauna Silvestre.
46. Miguel Picado Gatjens. Teólogo, presbítero católico, investigador, catedrático, UNA; historiador.
47. Osvaldo Durán Castro. Sociólogo y ecologista. Catedrático Instituto Tecnológico de Costa Rica.
48. Pablo Sánchez Vindas. Botánico, cofundador del Herbario Juvenal Valerio, taxónomo e investigador de antioxidantes para beneficio de la salud. Autor de varios libros sobre plantas.
49. Raziel Acevedo Álvarez. Musicólogo, investigador. Catedrático de la Sede de Guanacaste, amplia producción investigativa, UCR.
50. Roberto Villalobos Ardón. Arquitecto, Rector ITCR 1983-1987, miembro de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, presidió el Colegio de Arquitectos de Costa Rica entre 1982-1984.
51. Ronald Bonilla Carvajal. Escritor. Maestro de talleres literarios. Premio Nacional de Cultura Magón.
52. Roxana Salazar Bonilla. Artista plástica. Profesora jubilada. Fungió como directora del Museo de San Ramón y directora de la Sede de Occidente, UCR, en San Ramón.
53. Vera Ramírez Marín. Abogada.
54. Virginia Vargas. Economista, empresaria, activista en derechos de las mujeres
55. Walter Antillón Montealegre. Jurista y académico, Profesor Emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Nota final

Las organizaciones y personas interesadas en mayor información sobre esta iniciativa pueden comunicarse con el grupo proponente en el siguiente correo electrónico: redcientificocultural@gmail.com