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Etiqueta: desarrollo inmobiliario

AEL insiste en mayor diligencia estatal para proteger el Refugio Gandoca-Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) remitió una réplica formal a la Dirección del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), en la que cuestiona la respuesta institucional ante los hechos denunciados en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el marco de la causa penal 23-000452-0829-PE.

En el oficio AEL-00242-2025, con fecha del 9 de junio, se señalan preocupaciones sobre presuntas omisiones del ACLAC en la atención de posibles afectaciones ambientales vinculadas a tala ilegal, drenaje de humedales e instalación de infraestructura sin estudios ni permisos ambientales en la zona protegida. La organización argumenta que las acciones institucionales no han sido suficientes y solicita mayor transparencia, así como el cumplimiento estricto de la Ley de Biodiversidad y la Ley Orgánica del Ambiente.

Entre las peticiones concretas dirigidas al ACLAC se encuentran la entrega de dictámenes técnicos, informes sobre el estado de regeneración del bosque y monitoreo ambiental, una justificación legal de por qué no se solicitaron medidas cautelares al Ministerio Público, y la articulación con la Municipalidad de Talamanca para investigar posibles desarrollos inmobiliarios en el área.

AEL también advierte sobre la importancia de cumplir con el principio de prevención ambiental y el deber de diligencia de las instituciones responsables de custodiar el patrimonio natural.

El oficio fue suscrito por Marco Levy Virgo, presidente de la asociación, y fue enviado con copia a entidades como la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la Procuraduría, el Ministerio Público y el MINAE.

Referencia de imagen adjunta:

Radio 8 de Octubre. (2023). Costa Rica: ¿Quiénes son los detenidos en el caso de la destrucción del bosque del refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo? Recuperado de:

https://radio8deoctubre.org/costa-rica-quienes-son-los-detenidos-en-el-caso-de-la-destruccion-del-bosque-del-refugio-de-vida-silvestre-gandoca-manzanillo

Desarrollo turístico Bahía Papagayo incumple las normas de protección y mitigación ambiental

El Proyecto Bahía Papagayo se plantea como un desarrollo turístico-habitacional, ubicado en Guanacaste específicamente en el cantón de Carrillo, distrito de Sardinal. El proyecto por medio de su extensión de 117.6 hectáreas, busca integrar complejos de hospedaje, residencias, áreas recreativas y un espacio privado con instalaciones deportivas, salones de eventos y zonas de juego infantil.

Así mismo, la propuesta del proyecto abarca desde un complejo hotelero con cocinas, terrazas, piscinas, spa, gimnasio y restaurantes, además de lotes residenciales destinados a futuros desarrollos habitacionales. Pese a la magnitud de la inversión se han identificado diversas deficiencias en el cumplimiento de normativas y en la presentación de estudios ambientales. Además, se destaca la falta de autorizaciones de instituciones como SENARA, MOPT y SINAC, así como la carencia de elementos técnicos, como estudios geotécnicos completos, planos detallados y registros fotográficos que respaldan la viabilidad técnica del terreno.

El desarrollo inmobiliario se encuentra a cargo de la empresa: Enjoy Hotels & Resorts Sociedad Anónima cuyo representante legal es Andrés Pacheco Albónico. Dicha empresa es parte del conglomerado Enjoy Group, donde también se encuentran otros restaurantes y hoteles distribuidos en todo el país tales como la Marina Golfito, Fiesta Resort, Hilton Garden Inn Guanacaste, Mangroove, P.F. Changs, Hotel Villa Lapas, entre otros.

La infraestructura prevista en este desarrollo abarca una región caracterizada por una significativa cobertura de bosques maduros y secundarios, igualmente existe la presencia de humedales y manglares cerca de la zona. Estos terrenos por su alta vulnerabilidad ambiental se encuentran protegidos por la legislación del país, lo que subraya la importancia de conservar estos valiosos ecosistemas en medio de cualquier actividad de desarrollo.

La pérdida de estos ecosistemas por parte del proyecto podría desencadenar efectos adversos en la calidad del suelo y en la estabilidad de las laderas, agravando los impactos ambientales y comprometiendo la integridad del paisaje. Los tipos de bosques encontrados en el terreno desempeñan un rol en la regulación de los ciclos hidrológicos y la prevención de la erosión. Por otro lado, los humedales estuarios y manglares fungen en los procesos de filtración del agua y suministran refugio a diversas formas de vida silvestre.

A pesar de la relevancia natural y ecológica la empresa desarrolladora ha fallado al presentar la documentación pertinente para demostrar la viabilidad ambiental del proyecto. Entre los incumplimientos, por los cuales se cuestiona dicho desarrollo inmobiliario se encuentran: la falta de permisos emitidos por SENARA, MOPT y SINAC, donde se garantice la legalidad del proyecto turístico, así como el pleno cumplimiento de las normativa en materia ambiental.

Una segunda polémica, se encuentra relacionada con la certificación de uso de suelo, a pesar de que la empresa cuenta con el certificado emitido por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) del 2019. Existen deficiencias en la documentación, donde se asegure el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el Plan Maestro del Polo Turístico Golfo Papagayo. En particular, con lo definido para las plantas de tratamiento de aguas residuales, elemento fundamental para mitigar impactos ambientales y garantizar la sostenibilidad en la protección de los ecosistemas circundantes.

El estudio biológico presentado por la empresa carece de la integridad necesaria para evaluar adecuadamente los impactos sobre la flora y fauna locales. Igualmente, las medidas planteadas de mitigación del riesgo ambiental resultan insuficientes para proteger especies vulnerables, como el mono congo, la tortuga roja y el tamandúa. Esto representa una omisión grave al no considerar de forma detallada la conservación de la biodiversidad en un área tan ecológicamente privilegiada.

En cuanto al estado de la cobertura forestal del área, un informe realizado en 2024 por el Ing. Álvaro Solano Acosta sobre el Polo Turístico de Papagayo resalta que la mayor parte de la propiedad presenta una densa cobertura forestal. Solo una pequeña sección del terreno carece de esta característica. Esto refuerza la idea de que el área se encuentra, en gran medida, preservada y ha mantenido su integridad natural.

El informe destaca la alta densidad de árboles en la zona, tales como el cenízaro, guanacaste y guácimos. Estos árboles constituyen elementos vitales en la conservación de la biodiversidad local, proporcionando hábitats esenciales para una variedad de especies y contribuyendo a la estabilidad ecológica del área.

Según los datos presentados, aproximadamente el 92.5% de la finca está cubierta por bosque. Este porcentaje se complementa con la identificación de áreas de matorral arbolado y zonas de protección absoluta, especialmente en aquellas áreas asociadas a recursos hídricos como ríos y quebradas. Dichas áreas representan un componente crucial en la valoración ambiental de la zona, destacando la relevancia de conservar estos ecosistemas.

Específicamente, los levantamientos muestran que 34.1 hectáreas corresponden a cobertura forestal, mientras que 4.0 hectáreas se destinan a la protección de quebradas y 2.25 hectáreas a matorrales arbolados. Por último, en el informe, se confirma la presencia de un manglar registrado, denominado «Manglar Panamá 1», el cual refuerza la importancia ecológica de la zona. Dicho ecosistema juega un papel crítico en la sostenibilidad de la biodiversidad local.

Hablemos de «territorios disonantes», más allá de la gentrificación

Esteban Barboza Núñez*

La popularización del término gentrificación nos convoca a discutir la situación que enfrenta el litoral guanacasteco en la actualidad, con un explosivo desarrollo inmobiliario a lo largo de sus costas, principalmente de residencias y condominios de lujo. Parte de la cobertura que se le ha dado a este fenómeno tiene que ver, precisamente, con el uso del vocablo en cuestión para describirlo, incluso en contextos académicos.

Ahora bien, ¿qué tan adecuado resulta denominar el fenómeno inmobiliario de Guanacaste, y otras zonas costeras del país como gentrificación o causante de esta? ¿Es el uso de este término suficiente para entender las dinámicas que suceden en torno al acelerado desarrollo inmobiliario en la región? ¿Deberíamos pensar en otros enfoques para así entender mejor las particularidades del litoral guanacasteco?

El término gentrificación, acuñado por la socióloga británica Ruth Glass en los años sesenta del siglo pasado, se refiere al reacondicionamiento de espacios urbanos para ser ocupados por personas de clases sociales más privilegiadas que sus habitantes tradicionales, quienes son expulsados.

A lo largo de las décadas, el término se utilizó para describir este fenómeno, causado no solamente por las movilidades de las clases más pudientes, sino también de estudiantes, inversionistas especuladores y turistas. Estos últimos son los que han popularizado el vocablo, sobre todo en ciudades como Venecia, Barcelona, Londres o Nueva York, en donde inmobiliarias han adquirido y remodelado casas y apartamentos en las zonas más turísticas para alquilarlas, por medio de plataformas como Airbnb o Booking, a visitantes que solo están de paso, pero que les producen mayores ingresos que los residentes permanentes.

Esta combinación de turistificación, es decir, la conversión de un lugar en un enclave dedicado y dependiente del turismo, y del cambio de uso de viviendas existentes o la demolición de viviendas y la construcción de nuevos apartamentos de alquileres temporales, es lo que genera la gentrificación en ciudades de alta visitación.

Ahora bien, ¿sucede esto en el litoral de Guanacaste, muy dependiente del turismo? En Guanacaste hay lugares muy turistificados, como Tamarindo o El Coco, pero no exactamente ha ocasionado la compra, por parte de nuevos residentes y especuladores, de viviendas ocupadas por locales y su reacondicionamiento, como sucedió en Venecia o Barcelona. Lo que se da más bien es el uso de territorios abiertos y sin construcciones existentes, cerca de la costa, dedicados a actividades agrícolas, o que permanecían ociosos, para construir viviendas y condominios de lujo.

Esto acontece a través de un cambio de uso del territorio, que no necesariamente provoca la salida de los habitantes locales, sino que genera la formación de lo que hemos llamado “territorios disonantes”, caracterizados por los contrastes escandalosos entre la opulencia y la carencia, el lujo y la precariedad, la desigualdad y la exclusión en contextos muy próximos entre sí, en donde conviven, en condiciones muy desiguales, barrios populares y empobrecidos con condominios cerrados y residencias de lujo.

En la gentrificación en contextos urbanos es claro que esta exclusión y desigualdad también se dan, pero existen más posibilidades de movilidad por parte de las personas que ya no pueden permitirse vivir en un barrio gentrificado. En contextos rurales—y en el guanacasteco en particular—estas posibilidades son mucho más limitadas. La falta de opciones laborales y la alta dependencia del turismo, así como las distancias mayores, limita que las personas puedan desplazarse a vivir a otras comunidades más accesibles y menos encarecidas.

Al anunciarse Costa Rica como un paraíso verde, con selvas y playas a entera disposición del turista y del inversionista—así nos hemos promocionado desde los ochenta—, la inversión y el desarrollo inmobiliario van a procurar los territorios que reúnan esas características.

Entonces, el auge de la construcción relacionada con el sistema turístico en Guanacaste hace que se construyan espacios en territorios que calzaban con ese imaginario: abiertos y naturales, de gran belleza escénica y próximos o con vista al mar. Esto no necesariamente va a provocar la salida de las poblaciones locales—los espacios donde viven los habitantes locales no son del interés de estos desarrolladores—pero sí los van a dejar en una situación de exclusión y desigualdad persistentes, y eso puede ser aún peor que la gentrificación.

La disonancia se manifiesta en el condominio de lujo, con su propio acueducto, encerrado en su propia burbuja de amenidad, con servicios de ocio hechos a su medida, a una calle de distancia de una población local con todo tipo de problemas y carencias como la de escasez de agua, la falta de alcantarillado, calles sin asfaltar, viviendas deterioradas, amenaza de desastres naturales, violencia y crimen organizado.

Vivir en estas condiciones por supuesto que encarece el costo de la vida, debido a que aumenta la oferta de servicios destinados a los nuevos ocupantes, pero no la dedicada a los locales. Todo esto conduce a la precarización de las condiciones de vida de los habitantes locales y de los migrantes internos o del sur global, dedicados a trabajos de servicio de menor remuneración.

Ahora bien, ¿deberíamos abandonar el término gentrificación al hablar de lo que sucede en Guanacaste? No necesariamente. Usar la palabra facilita que nos entendamos, en términos generales, y también ayuda a la divulgación de este tipo de problemas; tiene una ventaja en la escena política y activista.

Sin embargo, Guanacaste y otras regiones costeras del país tienen particularidades que también deben verse con cuidado, para no caer en las generalizaciones que nos llevan a ver realidades muy distintas como si fueran la misma cosa.

*Coordinador del Observatorio de Turismo y Migraciones (Obtur) de la Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional (UNA).

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Marco Levy Virgo expone a la Sala IV urgencia de que se ocupen de los temas ambientales y no los remitan a un Tribunal Contencioso

El abogado y ambientalista del Caribe, Marco Levy Virgo envió una carta a las magistraturas de la Sala Constitucional en la cual indica que la defensa de los recursos naturales evoluciona con innovadores conceptos como la no regresión en materia ambiental.

No obstante, al revisar la práctica del alto tribunal se percibe la urgencia de que se ocupen de los temas ambientales y no los remitan a un Tribunal Contencioso como han estado haciendo.

“Esa Sala, casi que de manera automática, remite cada vez más asuntos al Tribunal Contencioso, sin siquiera discriminar que de manera muy sutil, se están haciendo nugatorios derechos fundamentales de las personas y la población en general, en virtud de que ante la negativa o rechazo de la Sala, ningún ciudadano en su sano juicio va a exponer de su propio peculio, millonarias sumas de dinero para defender derechos colectivos y con resultados inciertos ante un Tribunal Contencioso, que dicho sea de paso, se encuentra saturado de expedientes, en parte por responsabilidad de ustedes mismos señores y señoras Magistradas, que han permitido que sus resoluciones se conviertan en muchos casos en poco eficaces, al delegar en las mismas instancias recurridas, el cumplimiento de sus sentencias, tal es el caso de la resolución número No. 2019-12745 del 10 de julio de 2019, que anuló la Ley No. 9223 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa (expediente 14-19174-007-CO)”, se lee en el escrito remitido por Marco Levy Virgo.

En la misiva se agrega que “es necesario poner pies en tierra y tratar de comprender qué sucede a los ciudadanos que luchamos por defender el ambiente, porque sentimos que algunos de ustedes deberían tomar conciencia y valorar con detenimiento, lo desproporcionadas que resultan algunas de sus resoluciones en materia ambiental, como cuando remiten a un activista ambiental que está defendiendo derechos colectivos al Tribunal Contencioso, cuando ustedes son absolutos conocedores de que se requiere patrocinio legal y que dicho patrocinio no es gratuito y muchas veces muy oneroso, según el caso”.

“En cuanto a este delicado tema, dice Marco Levy Virgo, del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA), que es vital para el futuro del Caribe Sur, tenemos una enorme preocupación y una serie de opiniones, que nos gustaría muchísimo poder compartir con ustedes, con todo respeto. Por ejemplo, un caso paradigmático: tenemos que en relación con diversos intentos por reducir los límites del REGAMA, ya esa Sala se había pronunciado en relación con varios decretos y leyes presentadas por diputados y desarrolladores años atrás, donde la Sala rechazo tajantemente dichos esfuerzos”.

“Para cumplir lo anterior, continua, en la sentencia número No. 2019-12745 del 10 de julio de 2019, la Sala consideró suficiente dejar al arbitrio de las instituciones recurridas, ejercer sobre esa valiosa Área Silvestre Protegida una vigilancia que nunca se dio y que finalmente más bien terminó legalizando (al cobijo de dicha resolución de la Sala) un desarrollo inmobiliario y sobreexplotación de recursos naturales mediante el progresivo cambio del uso del suelo debidamente documentado y que nos hemos encargado de hacer del conocimiento de la Sala; peor aún, la resolución que hemos cuestionado y que fue motivo de la gestión de incumplimiento de la Procuraduría General de la Republica y el suscrito, está generosamente vencida desde hace casi 5 años, pero se han autorizado proyectos inmobiliarios dentro de la zona 1 del REGAMA ilegalmente (¡oh contradicción!, ¡qué ironía!), según alegan los involucrados, al amparo de ese alto Tribunal (sic) y en nombre de la Sala se están cometiendo una serie de atropellos legales en un Área Silvestre Protegida creada hace 39 años, cuando el espíritu de la resolución supra citada era absolutamente clara en defensa de Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA)”.

Marco Levy Virgo dice a la Sala Constitucional: “Yo comprendo que ustedes tienen una agenda sumamente comprometida y que sobre la Sala recaen sesudos problemas de gran repercusión nacional, sin embargo, si los ciudadanos no podemos recurrir a la Sala, ¿adónde iremos? Yo quisiera exponerles de manera personal una serie de inquietudes e informaciones que estoy seguro, serán motivo de reflexión posterior para esa honorable Sala. Por ello, les solicitó formalmente valorar la posibilidad de brindarme una audiencia en el momento que estimen oportuno y con gusto acudiré, con todo respeto, a brindarles información que ustedes sabrán apreciar y dimensionar y quizás, solo quizás, humildemente, podamos ayudar a enriquecer la visión de la Sala sobre cuestiones ambientales”.

Desarrollos inmobiliarios en costas guanacastecas dieron pie a protestas por el agua

Los ciclos de aumento en el ritmo de construcción inmobiliaria concuerdan con episodios de protestas socioambientales en comunidades costeras de Guanacaste, señala el OBTUR-UNA.

El hecho de que Santa Cruz, Nicoya, Liberia y Carrillo concentren la mayor cantidad de metros cuadrados en desarrollos inmobiliarios de alto valor adquisitivo durante 2023, evidencia que Guanacaste vive un segundo repunte de inversión igual al experimentado en la primera década del siglo XXI; sin embargo cada ciclo de construcción fue antecedido por protestas comunales socioambientales en defensa del recurso hídrico, así lo informó el Observatorio de Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (OBTUR-UNA).

Una primera lectura hecha por el Observatorio a los datos emanados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reveló que la provincia de Guanacaste afronta un segundo repunte de inversión igual de importante a la experimentada entre los años 2002 y 2007, hasta la crisis financiera global del 2008, con la diferencia que el repunte actual presenta un mayor ritmo en un periodo de tiempo más corto.

Un análisis bibliográfico realizado por los académicos de OBTUR-UNA, Esteban Barboza y Arturo Silva determinó que los principales conflictos socioambientales en Guanacaste, relacionados con desarrollos turísticos e inmobiliarios, han tenido su asidero en movimientos sociales (bloqueos, marchas, perifoneo o vigilias), los cuales suceden cada periodo de aumento en inversión turística e inmobiliaria en comunidades costeras.

Defensa del agua

Barboza y Silva detallaron que desde el inicio de la explosión inmobiliaria en el 2000 hasta 2021 ocurrieron 17 acciones directas en cuatro comunidades de la provincia.

La comunidad de la Lorena de Santa Cruz, registró en el 2000 cuatro manifestaciones contra la intención del hotel Meliá Conchal de tomar agua del acuífero Nimboyores para abastecer sus instalaciones. Posteriormente, en 2014 y 2018 ocurrieron dos movilizaciones más por el mismo motivo. En 2008, en Sardinal de Carrillo, los pobladores se lanzaron a las calles en siete ocasiones oponiéndose a la instalación de un acueducto para trasladar agua de los acuíferos locales a un conglomerado residencial en playas del Coco. Posteriormente, en 2019 se dio una última movilización en contra de la inauguración formal del acueducto.

La comunidad de Potrero de Santa Cruz en 2014 se manifestó frente a las oficinas administrativas del acueducto rural que incluyó un enfrentamiento con la policía; luego se realizó una vigilia nocturna en las bombas de agua que abastecen a la comunidad. Ambas acciones rechazaban la pretensión de varios complejos residenciales lujosos de tomar agua para abastecer sus instalaciones.

Para 2021, en Nosara de Nicoya, grupos organizados marcharon en apoyo a un reglamento que pretendía regular el crecimiento de residencias turísticas en dicho distrito y áreas circundantes al Refugio de Vida Silvestre Ostional. El acto fue en respuesta a la suspensión del reglamento provocado por un desarrollador inmobiliario de la zona.

Basados en lo anterior, los investigadores de OBTUR concluyen que el ritmo de inversión actual provincial muestra una mayor recuperación que en el periodo previo de 2002 al 2007. A la vez, cada ciclo de aumento de inversión se vincula con episodios de protestas y movilización social en comunidades costeras de la provincia.

La concordancia inversión inmobiliaria y conflictos socioambientales, basados en la defensa del agua, se mueve históricamente hacia las playas ubicadas al sur de la provincia, en las cuatro comunidades señaladas.

VÍDEO:

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Hasta 400% de precio incrementaron propiedades en costas de Guanacaste

Santa Cruz, Nicoya, Liberia y Carrillo concentran la mayor cantidad de proyectos de construcción habitacionales y comerciales en la provincia.

Datos del Observatorio de Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible de la Región Chorotega de la Universidad Nacional (OBTUR-UNA), revelaron que de 2020 a 2023, las propiedades en la zona costera de Guanacaste subieron hasta un 400% de precio con respecto a la inflación inmobiliaria y, por ende, al desarrollo inmobiliario del país, en cuanto a residencias de alto valor adquisitivo.

Esteban Barboza Núñez, coordinador del (OBTUR-UNA), explicó que esto obedece al fenómeno provocado por la pandemia entre 2021 y 2022, donde cientos de personas huyeron de las conglomeraciones hacia zonas alejadas menos pobladas, generando la movilización de grandes cantidades de capital mobiliario internacional hacia diferentes lugares del mundo con ciertas condiciones, entre ellos la zona costera de Guanacaste. Agregó que además, de 2017 a 2019, ya se notaba el incremento en la construcción de estos tipos de inmuebles, que en 2020 desaceleró; pero dos años después repuntó en casi el doble el registro en metros cuadrados para construir.

Según estadísticas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), se pasó de construir, en proyectos habitacionales, 456.000 m2, en 2019, a 866.000, en 2022. Esto significa un aumento de casi el doble en solo tres años; mientras que el sector comercial en Guanacaste pasó de construir 131.000 m2, en 2019, a 209.000, en 2022, lo que representa un aumento menos dramático, pero muy significativo. Se consideraron estos dos sectores porque son los más relacionados con el turismo y las segundas residencias, principalmente en zonas costeras, donde se dieron los mayores registros.

Incremento abismal

El investigador explicó que en los cantones de Santa Cruz, Nicoya, Liberia y Carrillo es donde se concentran la mayor cantidad de proyectos de construcción habitacionales y comerciales en la provincia. En 2022, en estos cantones se construyó el 89% de los metros cuadrados registrados en proyectos habitacionales de todo Guanacaste. Además, los distritos costeros de Nosara (131.000 m 2 ), Tamarindo (128.000 m2), sardinal (117.000 m2 ), Cabo Velas (98.000m 2), sámara (28.000 m 2 ), y Nacascolo (24.000 m2 ), más el distrito central de Liberia (83.000 m2 ), concentran la mayor parte de los proyectos, para un total de 609.000 m2, lo que significa que en estos seis distritos se concentra el 70% de los metros cuadrados registrados en 2022 en proyectos habitacionales de Guanacaste.

El coordinador de OBTUR sostiene que estos números representan un dato significativo en el ámbito nacional, pues en 2022 solamente San José registró una mayor cantidad de metros cuadrados en proyectos habitacionales y comerciales que Guanacaste. Destacó que según indagaciones recientes, a julio de 2023, de todos los metros cuadrados tramitados para construir desarrollos inmobiliarios en el país, un 25% se concentran en Guanacaste, lo que podría representar entre 900.000 m2 a 1.000.000 m2 solo en esta provincia y en la franja costera mencionada. “Por ejemplo, el cantón de Santa Cruz tiene un mayor desarrollo inmobiliario que todos los cantones sin costa juntos (Tilarán, Nandayure y Hojancha). No hay ninguna otra región del país que supera a Guanacaste con estas cifras”, precisó Barboza.

Desposesión de las comunidades

Para Barboza todo este incremento exorbitante de metros cuadrados en zonas costeras de Guanacaste trae consigo señales de alerta, como desembocar en una inflación inmobiliaria; es decir, que si una propiedad hace cuatro años valía $100.000, en la actualidad ronda los $400.000 o $500.000. No obstante, su mayor preocupación son los habitantes nativos de esas regiones; recientemente se demostró que el alquiler de un aposento de 15 m 2 a 20 m2 , en Nosara, ronda los $700 o $800 mensuales, mientras que alquiler de una casa de interés social en esa misma localidad alcanza los $1.500, por lo que no quedan opciones para los pobladores de la zona, lo cual activa un proceso de desposesión.

Subrayó que todos esos procesos, donde se concentran desarrollos inmobiliarios lujosos, tienden a desplazar a las personas que no pueden optar ni costear ese tipo de viviendas. “Otro punto que demanda atención es el despilfarro del recurso hídrico por parte de los desarrolladores, pues resulta común, en las propiedades onerosas, la construcción de una o dos piscinas, canchas de golf, varios jardines y hasta duchas en cada dormitorio, cuando es sabido por todos el problema de la escasez del agua en la primera mitad del año en todo Guanacaste”, señaló Barboza.

Un tercer riesgo que advierte el investigador es el auge del capital especulativo transnacional, que se refleja sobre todo cuando una corporación hotelera internacional construye un hotel de cinco estrellas, un consorcio levanta un condominio de lujo o aquella pareja de jubilados extranjeros que deciden instalarse en las montañas de la península de Nicoya.

VÍDEO: