Al salir del poder, Netanyahu no podría librarse de las tres acusaciones de corrupción pendientes. Una por recibir hasta US$ 300.000 en artículos de lujo de parte de multimillonarios a cambio de favores políticos. Otra por fraude y abuso de confianza, por negociar un apoyo periodístico del diario Yedioth Ahronoth a cambio de impulsar leyes que perjudicaran al diario opositor Israel Hayom. Y por último el caso más grave: «soborno, fraude y abuso de confianza», por negocios millonarios con el dueño de la compañía de telecomunicaciones Bezeq y del portal Walla News, a cambio de cobertura mediática sumamente favorable para él y su familia.
Además, pende contra él una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad (asesinato y persecución) y de guerra (inanición como método de guerra) cometidos en la Franja de Gaza, donde han muerto más de 74.000 personas, entre ellas decenas de miles de niñas y niños.
Así como Flávio Bolsonaro buscó impunidad bajo la sombra protectora de Trump, para evitar los procesos que lleva en Brasil el Supremo Tribunal Federal por «blanqueo de capitales, corrupción y difamación contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva», no sería raro que Netanyahu, al salir del poder por la derrota electoral ante la oposición y la determinante coalición de partidos de palestinos israelíes, decidiera unirse a su amigo Bolsonaro… en algún lugar de los Estados Unidos.
En términos generales, acudimos al concepto de imperialismo para referirnos al período histórico que surge a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.
Vladimir de la Cruz
El siglo XIX se caracterizó por dos grandes revoluciones industriales. La primera ocupó los años finales del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, asociada a las industrias vinculadas al carbón, al hierro, a la máquina de vapor y al inicio de los ferrocarriles. El uso del vapor en el transporte naviero y ferrocarrilero fue clave para la expansión del comercio internacional de esa época.
La Segunda Revolución Industrial, en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX, se asoció al impacto de las leyes de Mendel en la intensificación de la reproducción animal y agrícola; al gas, a la electricidad, al petróleo, al acero y a la explotación minera de metales necesarios para este nuevo proceso industrial, tales como el hierro, el carbón mineral, el cobre, el aluminio, la bauxita, el zinc, el carbono, el plomo, el estaño, el oro y la plata. Las nuevas aleaciones de metales y el acero fueron los momentos estelares de este proceso, pues permitían grandes innovaciones en la producción, la elaboración masiva de productos y el desarrollo de grandes obras de infraestructura y transporte.
Con el hierro, el acero y los ferrocarriles se impulsaron obras de infraestructura como puentes y edificios elevados (los llamados rascacielos), que fueron diseñados con estructuras metálicas. Igualmente, esto influyó en la industria militar.
El cobre sirvió a la electricidad y a las comunicaciones. Los cables submarinos se impulsaron como conexión entre continentes; se promovió el desarrollo del telégrafo, del alumbrado público primero y luego del privado, así como de los telares. Se sentaron las bases de la industria automotriz y de la aviación, y se fortalecieron la industria naviera, la del cemento y la del concreto, claves para la ingeniería civil. La industria tipográfica y la siderúrgica crecieron. Todos esos metales y otros hicieron surgir el latón, el bronce, el acero, el oro para joyería (entre ellos el oro blanco) y los metales para soldar derivados del estaño.
A esos metales siguieron el níquel, el magnesio, el titanio y, hoy en día, la demanda de metales o elementos metálicos de las llamadas tierras raras, como el escandio, el itrio, el lantano, el cerio, el praseodimio, el samario, el gadolinio y el lutecio, entre otros.
La ubicación geográfica de los yacimientos de estos metales no es homogénea; se encuentran distribuidos de manera irregular en las diferentes partes del mundo. Algunos se concentran en regiones específicas que constituyen grandes reservas contenidas en determinados países.
El desarrollo industrial de finales del siglo XIX y principios del XX hizo surgir la necesidad, en los grandes países que impulsaban ese desarrollo, de controlar esas regiones estratégicas de materias primas. Para ello, se volcaron sobre ellas con el fin de someterlas a su dominio político y económico y extraer dichos metales. Así, controlaban países, regiones y poblaciones para trabajar en la explotación de esas materias primas, además de dominar esos países como mercados para vender caros los productos elaborados con esa mano de obra barata. Era un control absoluto de productos, mano de obra y mercados.
En este proceso se desarrolló una alianza estratégica entre el capital industrial y el bancario, lo que originó el capital financiero e hizo surgir nuevas corporaciones empresariales como los monopolios, oligopolios, trusts y cárteles, los cuales empezaron a proyectarse más allá de sus países de origen, controlando grandes regiones, naciones y mercados.
Algunos de esos monopolios, como la United Fruit Company —fundada en marzo de 1899 y dedicada a la explotación del banano en el Caribe y Centroamérica—, le dieron nombre y apellido a la región: las «Banana Republics» o Repúblicas Bananeras, debido a la enorme influencia y peso político y económico que ejercían en el interior de estos países.
La Primera Guerra Mundial, en cierta forma, fue el escenario donde las potencias europeas y los Estados Unidos se disputaron estas regiones de materias primas, mano de obra barata y mercados finales para los productos elaborados.
Esta situación del surgimiento de monopolios, oligopolios, trusts y cárteles es lo que caracterizó a finales del siglo XIX, y particularmente a inicios del siglo XX, el debate y la conceptualización sobre el imperialismo, principalmente desde su perspectiva económica, a la que luego se añadió la dimensión política.
El desenlace de la Primera Guerra Mundial conllevó la caída de varios imperios: el alemán, que perdió sus colonias en África y el Pacífico; el austrohúngaro, que quedó desintegrado en varios países; el otomano, que fue desmembrado en diversos países y mandatos en la región que hoy se denomina Medio Oriente (quedando bajo el control principal de Gran Bretaña y Francia); y la eliminación del imperio ruso, lo que facilitó el surgimiento de la Revolución Rusa de 1917 y la gestación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922.
La discusión teórica, económica y política sobre el imperialismo se desarrolló desde 1890 hasta 1917, cuando Lenin cerró ese capítulo con su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo.
Posteriormente, en el esquema del imperialismo del siglo XX, prosiguió la proyección de los Estados Unidos dentro de ese proceso, tanto a través de sus empresas imperialistas como mediante las políticas geopolíticas que venía desarrollando desde el siglo XIX y las que impulsó en el siglo XX.
Las primeras manifestaciones a inicios del siglo XIX obedecieron al principio de hegemonía hemisférica que Estados Unidos disputaba con Gran Bretaña tras la ruptura inicial de la presencia colonial española a raíz de los movimientos independentistas. Sin un enfrentamiento militar directo, luchaba por el control hegemónico comercial. Así se enfrentó a Inglaterra en el Cono Sur y lo justificó teóricamente. Gran Bretaña, en su pugna europea con España, contribuía a financiar los movimientos independentistas en América Latina procurando aumentar su presencia comercial, financiera y marítima en las naciones recién independizadas.
Eso llevó a los Estados Unidos a que en 1823, con el presidente Monroe, se proclamara en su discurso ante el Congreso el principio de «América para los americanos», advirtiendo a las potencias europeas que cualquier nueva colonización o intervención en el continente sería considerada un acto hostil contra Estados Unidos. De este modo, marcaba y definía su zona de influencia geopolítica.
Con ese planteamiento procuraba frenar el avance comercial y la presencia de las potencias europeas constituidas alrededor de los acuerdos del Congreso de Viena de 1815, frenando a Inglaterra y a Francia. Estos países rechazaban los intentos de España por recuperar sus colonias porque ello les dejaba el terreno libre para sus propios propósitos comerciales y geopolíticos.
A la Doctrina Monroe le siguió la Doctrina del Destino Manifiesto, dominante en la segunda mitad del siglo XIX. Con ella, Estados Unidos se presentó como la nación elegida por Dios para expandirse y dominar el continente americano. Esto le sirvió para ampliar sus territorios mediante la compra de Luisiana a Francia en 1803, así como con los territorios que despojó y anexó de México desde la década de 1840: Texas en 1845, California en 1848, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y partes de Kansas y Oklahoma (territorios que incluyeron Oregón), sumado a la imposición del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Asimismo, proyectó su poder a través de los filibusteros de William Walker en Centroamérica entre 1855 y 1860 (derrotado en su afán de anexar estos países a los estados esclavistas del sur de la Unión) y con la compra de Alaska a Rusia en 1867.
Resultado de esta doctrina fue la aniquilación de las poblaciones indígenas de los Estados Unidos, la reducción de sus territorios, los desplazamientos forzados para despojarlos de sus tierras y la lucha interna por asegurar su desarrollo industrial mediante la Guerra de Secesión, la cual Lincoln definió como «la última y mejor esperanza sobre la faz de la Tierra».
Fueron también las justificaciones legales que impulsaron para asegurar su expansión y sus guerras, las cuales culminaron al finalizar el siglo XIX con la Guerra Hispano-Estadounidense en 1898. Esta permitió, mediante el Tratado de París, dominar Puerto Rico, Guam y las Filipinas, imponer en 1902 la Enmienda Platt en Cuba e intervenir en la independencia de Panamá en 1903 para apropiarse del Canal y su Zona Canalera.
Desde 1890, el Destino Manifiesto justificó intervenciones militares asociadas a la idea de una supuesta «misión» para promover y defender la democracia en todo el mundo.
Esto llevó al presidente Theodore Roosevelt, en 1904, a pregonar con más fuerza la Doctrina del Gran Garrote (Big Stick), la cual se extendió hasta 1940, cuando, en el contexto del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt impulsó por un breve período la Doctrina del Buen Vecino en América Latina. Con esta estrategia se buscaba asegurar el dominio absoluto en el hemisferio occidental, imponiéndose en el plano económico bajo la amenaza de la intervención militar y actuando como un «policía internacional» para corregir las faltas de los gobiernos y la inestabilidad regional, bajo la premisa de que las repúblicas latinoamericanas carecían de capacidad de autogobierno.
Al tiempo que intervenían en Panamá y Cuba, lo hicieron en Venezuela (Maracaibo, 1902-1903), luego de nuevo en Cuba (1906-1909), en la República Dominicana (1916-1924), en Haití (1915-1934) y en Nicaragua (1912-1925 y 1926-1933), e intentaron un desembarco de marines en Costa Rica en junio de 1919.
La Revolución Rusa hizo que en 1920 el presidente Woodrow Wilson señalara que «el mundo debía hacerse seguro para la democracia», enfatizando que «es ciertamente el destino manifiesto de los Estados Unidos realizar el esfuerzo para que este espíritu prevalezca».
Tras la Segunda Guerra Mundial, el presidente Truman reafirmó estos elementos doctrinales con el Plan Marshall para la reconstrucción europea y la Doctrina Clayton para América Latina en 1946 y 1947, acompañados por la Doctrina Truman, mediante la cual Estados Unidos brindaría asistencia política, militar y económica para evitar la expansión soviética y contener a los movimientos de izquierda, socialistas, comunistas y nacionalistas en el continente y en el resto del mundo.
De la Primera a la Segunda Guerra Mundial el escenario internacional cambió drásticamente. No solo se desintegraron los imperios decimonónicos, sino que la Revolución Rusa dividió al mundo en dos procesos políticos, históricos y económicos, enmarcados en la confrontación entre el socialismo mundial y el capitalismo, situación que se mantuvo desde 1917 hasta 1991. El orden colonial existente continuó debilitándose, siendo el nacimiento de la URSS y la lucha anticolonial que impulsó un factor determinante en ello.
La Sociedad de Naciones, nacida de las cenizas de la Gran Guerra, no logró evitar nuevos conflictos. El ascenso del fascismo en Italia y del nacionalsocialismo en Alemania en las décadas de 1920 y 1930 alertó sobre su peligro global.
El Partido Comunista de la URSS, bajo el liderazgo de Lenin, promovió la creación de la III Internacional en 1919 con el fin de impulsar el movimiento revolucionario mundial, orientar a los partidos comunistas y fortalecer a las organizaciones sindicales.
Los siete congresos internacionales que realizó la III Internacional desarrollaron estos ejes estratégicos: la dictadura del proletariado frente a la dictadura de la burguesía; la alianza obrero-campesina necesaria para la revolución socialista; la lucha antiimperialista mundial como elemento esencial de la época; y la lucha antinazi en defensa de la democracia mediante bloques de Frentes Populares, contienda que condujo a subordinar transitoriamente la lucha antiimperialista para priorizar la derrota del nazifascismo hasta 1945.
Terminada la Segunda Guerra Mundial y ante el nuevo panorama político europeo —con nuevas naciones en transición al socialismo, sumado a las luchas de liberación nacional en la India y China (esta última con la proclamación de la República Popular China en 1949)—, el anticomunismo resurgió con más fuerza, aun con el nacimiento de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, fundada en reemplazo de la Sociedad de Naciones para evitar futuros conflictos globales y fomentar la cooperación internacional.
La Guerra Fría se escudó en el concepto del «Telón de Acero» para aislar al hemisferio occidental de la influencia soviética e impedir revoluciones socialistas. Esto derivó en la formación de los bloques Occidental y Oriental, liderados por Estados Unidos y la URSS respectivamente, lo que alimentó conflictos territoriales, disputas regionales y alianzas militares como la OTAN (que perdura hasta hoy) y el Pacto de Varsovia (desaparecido tras la desintegración del bloque soviético).
Desde 1945 hasta la actualidad, la ONU pasó de los 51 Estados miembros fundadores a los 193 que la integran hoy. La inmensa mayoría emergió de las guerras de liberación nacional y de los procesos de descolonización.
El siglo XX fue el período que produjo la mayor liberación de países y pueblos a nivel global. Sin embargo, no se ha logrado neutralizar el afán de las potencias capitalistas hegemónicas por ejercer un control total en lo político, económico, financiero y geopolítico, tal como lo evidencia el papel predominante ejercido por los Estados Unidos.
Durante la Segunda Guerra Mundial surgieron instituciones globales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las cuales fijan pautas de desarrollo económico e institucional a sus países miembros. De hecho, actúan de forma análoga a como lo hicieron los monopolios, oligopolios, trusts y cárteles en la primera mitad del siglo XX.
La desintegración de la URSS y del Bloque Socialista convirtió a Estados Unidos en la potencia hegemónica unipolar casi absoluta desde 1990 hasta la década de 2020, cuando comenzó a resentir la contrapresión de Rusia y de la República Popular China en medio de las intervenciones militares estadounidenses en Medio Oriente.
De la disolución soviética, la Federación Rusa emergió como el actor más relevante en ese equilibrio de poder, reinsertándose como parte del sistema capitalista mundial. Por su parte, la República Popular China asumió el papel central en el desarrollo de una sociedad socialista con características propias, consolidándose como una superpotencia económica y comercial con proyección dominante. Desde finales de la década de 2000, China ya estaba afianzada como la segunda economía del mundo, con una enorme influencia geopolítica y tecnológica global.
Por otro lado, Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha intensificado sus esfuerzos por preservar la hegemonía global, proyectándose con rasgos imperialistas al servicio de corporaciones interesadas en el control de materias primas estratégicas.
Trump ha diseñado una geopolítica global de control e influencia directa. Ha alterado la dinámica de las relaciones internacionales al cuestionar o renegociar unilateralmente acuerdos comerciales con Europa, China y diversos países del continente americano (Canadá, México y Centroamérica), además de tensionar los vínculos en el seno de la OTAN. Asimismo, ha instrumentalizado conflictos territoriales y disputas allí donde considera conveniente a sus intereses económicos o geoestratégicos, especialmente en torno a las reservas de petróleo, gas y minerales de tierras raras.
En esta nueva proyección, ha sugerido cambiar el nombre del golfo de México por «Golfo de América» y el lago Ontario por «Lago de América». Ha manifestado posturas anexionistas respecto a Canadá, ha sostenido planteamientos similares respecto a México y se ha difundido un mapa de América del Norte cubierto por la bandera estadounidense que abarca México, Estados Unidos, Canadá, Alaska y Groenlandia (territorio este último sobre el que contempló opciones de compra o presión militar, llegando a negociar la ampliación de presencia militar).
El Caribe continúa siendo considerado como su área de influencia directa. En este esquema, Cuba se mantiene como un objetivo político estratégico con el fin de modificar su sistema político y controlar los pasos navales de la región. Destacan entre ellos los estrechos estratégicos como el Canal de la Florida (entre Cuba y EE. UU.), el Canal de Yucatán (que separa a México de Cuba), el Paso de la Mona (entre Puerto Rico y República Dominicana) y los pasos insulares de las Antillas Menores hacia América del Sur. Con respecto al Canal de Panamá, se ha llegado a utilizar la denominación informal de PanaMAGA.
Las presiones sobre Cuba y Nicaragua se enmarcan en un contexto donde la intervención del 3 de enero de 2026 en Venezuela marcó un hito en el control de sus recursos petroleros, gasíferos y mineros, incidiendo de forma directa en su dinámica institucional. Asimismo, se ha evidenciado un involucramiento activo en procesos electorales de la región mediante el apoyo explícito a alineamientos afines.
Son, sin duda, posturas imperialistas emparentadas con las doctrinas históricas mencionadas: en lo político, impulsando corrientes de derecha y extrema derecha, avivando el anticomunismo de la Guerra Fría con tintes macartistas, cuestionando el multilateralismo, promoviendo la salida de organismos y tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional y promoviendo la militarización de la lucha contra el narcotráfico, a pesar de que la evidencia histórica demuestra que el crimen organizado no se combate adecuadamente con enfoques estrictamente militares.
El propio Trump ha parafraseado la Doctrina Monroe denominándola, en un juego de palabras, la «Doctrina Donroe». Con esta postura reafirma la pretensión de hegemonía sobre el hemisferio occidental, abarcando desde América Latina hasta Canadá y Groenlandia.
Bajo esta línea se promueven acciones militares, el incremento de bases en el continente, intentos por reactivar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la Fuerza Interamericana de Paz, a pesar de sus fracasos históricos en crisis como la de las Malvinas o la invasión a Granada. Del mismo modo, se profundiza la militarización de la lucha antidrogas mediante iniciativas como el llamado Escudo de las Américas, aumentando los activos militares en Puerto Rico, al tiempo que desde la Portavocía de la Casa Blanca se ha reiterado que «el uso del Ejército de EE. UU. es siempre una opción».
Ante la denominada «Doctrina Donroe», ¿nos encontramos frente a una nueva fase del imperialismo mundial? ¿Deben reorganizarse los movimientos antiimperialistas del mismo modo en que lo hicieron en las primeras décadas del siglo XX? ¿Debería impulsarse una Liga Antiimperialista Mundial como la que se fundó en Bruselas en 1927? ¿Qué significa ser antiimperialista en la actualidad?
El término antiimperialista como adjetivo describe a quien se opone y lucha de forma activa contra el imperialismo; es decir, contra el dominio político, económico, cultural o militar que ejerce una potencia extranjera sobre otros países o territorios.
Actualmente existe la llamada Plataforma Antiimperialista Mundial (PAM), una red internacional de organizaciones políticas, movimientos sociales y partidos de izquierda enfocada en la oposición a la hegemonía de Estados Unidos y la OTAN. Esta plataforma busca unificar las luchas de partidos, sindicatos y movimientos populares en diferentes continentes, concentrando su acción principalmente contra el imperialismo estadounidense y sus aliados, así como alertando sobre los riesgos de escalada bélica en Europa que podrían desencadenar un conflicto global de consecuencias irreversibles.
Si el trumpimperialismo constituye la nueva fase del imperialismo contemporáneo, con todas sus implicaciones, es allí donde se sitúa el debate sobre la articulación de la lucha internacional hoy. ¿Estamos, efectivamente, ante esa nueva fase del imperialismo actual: el trumpimperialismo?
No es suficiente con triturar vidas y hacerlas desaparecer hasta la nada.
No basta con detener personas por sus rasgos, su idioma, su origen y encerrarlas en unas cámaras tan frías que el lenguaje popular, o sea, el de todos los migrantes juntos (al decir del poeta chiapaneco Balam Rodrigo) las llama “las hieleras”.
No les incomoda descartar seres humanos en países distantes a los que les llaman “terceros países seguros”. Costa Rica, uno de ellos.
No.
Los métodos de disuasión para “limpiar” la frontera México-Estados Unidos de seres humanos han ido escalando en su precisión quirúrgica contra la migración irregular, a la que se acusa de amenaza, terrorista, indeseable.
Las narrativas se corresponden con las prácticas y aparecen entonces acciones impensadas contra la dignidad humana.
Como si la afrenta de la política migratoria y de gobiernos aliados como el de Costa Rica no fuera ya suficiente, esta semana que termina se conoció una nueva herramienta por aplicarse directamente contra los cuerpos de los migrantes que buscan cruzar la frontera.
Se denomina Sistema de Denegación Activa (Active Denial System o ADS), pero se aclara de inmediato que es un dispositivo no letal.
Consiste en la emisión “de un haz invisible de ondas electromagnéticas con un alcance de hasta 800 metros. Al tocar la piel humana, genera una intensa sensación de quemazón —comparada con abrir un horno caliente— que dura de 10 a 15 minutos y provoca un impulso instintivo de huida”.(Tomado de la página web de CNN en español).
Está pensada para dispersar conglomerados y cruces migratorios irregulares y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha sido autorizado por el Pentágono para su operación.
La historia de la humanidad está colmada de estas prácticas contra la vida, la dignidad y los cuerpos de los otros y las otras.
Lo que debemos preguntarnos a esta vergonzosa hora civilizatoria es si resultan suficientes la indignación, el amor y la ternura como actos revolucionarios para contrarrestar el odio y la barbarie.
En los comicios en Brasil cerca de 160 millones de ciudadanos están convocados a elegir presidencia.
Brasil es el gigante de nuestra América por la extensión territorial y economía y su sistema electoral es muy parecido al venezolano, mediante máquinas de votación que ya están siendo distribuidas en todo el país.
Ya se empiezan a sentir movimientos para enturbiar esas elecciones donde se enfrentan en segunda ronda el candidato izquierdista a la reelección Ignacio Lula y el hijo del exgobernante encarcelado por golpista Jair Bolsonaro, movimientos muy parecidos a los dados en los fraudes electorales en Perú, Bolivia, Chile, Honduras, Colombia, Perú; maquinados mediante diversos métodos por el movimiento trumpista internacional para montar presidentes de ultraderecha.
Precisamente fue en Venezuela donde la oposición derechista montó un sistema de actas falsificadas para anteponerlas al sistema automatizado venezolano y cuestionar la elección de Nicolás Maduro.
Tengo mis aprensiones sobre Lula da Silva por sus debilidades políticas e ideológicas, sin embargo, para la salud de la izquierda continental, es preferible sin duda al candidato ultraderechista Bolsonaro. Por cierto, no he visto reclamar porque sea el hijo de un expresidente el candidato por la ultraderecha en Brasil, pero si en Nicaragua pusieran a Laureano, el hijo de Daniel Ortega, como candidato presidencial, como es muy posible, los veríamos pegando el grito al cielo, dirán que es dinastía.
Para EEUU es muy importante traer esta potencia a su redil, país fundador de los BRICS y hará, sin ningún tipo de escrúpulos, todos los esfuerzos necesarios para ello… el fin justifica los medios.
Por su parte de los organismos multilaterales, para garantizar la pureza electoral, podemos esperar muy poco, sobre todo de la OEA, que es su subordinado.
No queda más que confiar en la entereza del pueblo brasileño y de cómo se plante para defender sus instituciones electorales y su democracia. También algo de acompañamiento, denuncia y solidaridad internacional en caso necesario.
Empiezan a salir a la luz pública costarricense casos denunciados por familiares de ticos detenidos en las instalaciones de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), en Estados Unidos.
La preocupación de estas personas es evidente: sus familiares permanecen en condiciones difíciles y algunos de ellos con problemas de salud que no han sido atendidos de forma adecuada.
Ya se han conocido dos casos en lo que va del año, de personas migrantes costarricenses que fallecieron en sus condiciones de detención o que fueron entregadas en mal estado de salud por las autoridades migratorias de aquel país.
Hasta ahora, la omisión oficial ha sido la respuesta.Consecuente, eso sí, con un burdo alineamiento diplomático local con las locuras desquiciantes del presidente Trump en materia migratoria.
No deja uno de pensar en lo que viene.
Porque lo que viene podría ser peor si se considera la forma en la que operadores de la política local asumen la diversidad y la entienden.Si es así, son explicables omisiones y emisiones de mal gusto.
Tiene uno que tomar aire para escribir sobre estas cosas.Ya se sabe, sí, que lo banal y superficial son los ejes que mueven los discursos y narrativas oficiales en el país.
Eso y esa mala retórica construida por las extremas políticas que campean en la región, en la que los odios suelen colocarse sobre los “otros”a los que se les denomina “zurdos” o lo que es peor, “bloque opositor comunista”.Sobre esto último escribiré en otro momento para el caso doméstico.
Me gustaría regresar a la banalidad que da paso al racismo y xenofobia solapadas. Como si hiciera gracia, el secretario general del partido oficialista Pueblo Soberano soltó una de sus tantas joyas del lenguaje y confirmó en su decir que “todos los chinos se parecen”.
Caso en desarrollo aparte, esta frase condensa cierto ADN que aparece cada cierto tiempo en buena parte de la población nacional, para la que origen, color de piel y clase son suficientes motivos en prácticas de discriminación.
Que la haya dicho el secretario del partido en el gobierno, ya no sorprende.Ya nada nos sorprende.
Si para este personaje “todos los chinos se parecen”, para nosotros hay cosas como la dignidad y la decencia que se van pareciendo menos a sus actos.Cada vez menos.Cada vez más pequeños.
Solicitó información sobre notificación de arrestos, visitas consulares y atención a personas en situación de vulnerabilidad ante procesos de deportación derivada de la privación de libertad y de la eventual separación de su entorno familiar y comunitario.
La Defensoría de los Habitantes solicitó información al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para conocer los mecanismos institucionales que garantizan la asistencia consular a personas costarricenses privadas de libertad en Estados Unidos, particularmente aquellas sometidas a procedimientos migratorios que podrían derivar en su deportación.
La consulta se enmarca en las competencias de la Defensoría como Institución Nacional de Derechos Humanos y responde a la relevancia del derecho a la asistencia consular, reconocido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-16/99, que establece obligaciones estatales para informar a las personas detenidas sobre este derecho y garantizar la comunicación con sus autoridades consulares.
La asistencia consular reviste particular importancia para el acceso a la información, la comunicación con las autoridades del país de origen y la protección de las garantías procesales.
La consulta abarca tres puntos fundamentales:
Notificación de detenciones: Si el Ministerio de Relaciones Exteriores recibe información sistemática de las autoridades estadounidenses o a solicitud expresa de la persona detenida, sus familiares o por intervención de autoridades consulares, sobre arrestos de costarricenses en procesos de deportación, y si existen protocolos o convenios de coordinación para ello.
Alcance de la asistencia consular: Qué acciones realizan los consulados —visitas, entrevistas privadas, orientación jurídica— y qué mecanismos existen para identificar a personas en situación de especial vulnerabilidad, como personas menores de edad dependientes, personas adultas mayores, mujeres en condición de embarazo o personas con necesidades médicas.
Además, consulta sobre las medidas que se adoptan para garantizar que las personas costarricenses detenidas conozcan su derecho a solicitar asistencia consular y puedan comunicarse efectivamente con las autoridades consulares, así como si hay orientación sobre los procedimientos migratorios, los recursos disponibles y las garantías procesales aplicables, dentro del ámbito de las competencias consulares.
Protección y seguimiento: Cómo se verifican las condiciones de detención, la coordinación con familiares en Costa Rica y las dificultades operativas y desafíos institucionales identificados para garantizar el acceso efectivo y oportuno a la asistencia consular en estos casos.
No lo digo yo, solo lo repito. La bien amada del chavismo y encartada en la fiscalía general la hoy simple asesora presidencial Pilar Cisneros, dijo el pasado mes de agosto del 2025 en el programa de televisión el Octavo Mandamiento, que a Doña Laura Fernández «a veces le cuesta concretar una idea sencilla«. Esto, que pudo ser una frase atribuible a los calores de la campaña y ella no la quería como candidata, por algunos «safis» que la señora presidenta ha tenido en estos cuatro meses supuestamente al mando del país, si nos vuelven un tanto terroríficos. Hoy vamos a dejarlos pasar un tanto inadvertidos, como eso de llamarle presidente a Rodrigo Chávez y para sacar las extremidades del barro dijo que ¡él también la llamaba ministra!, ¡más “pior!» dijo Gorgojo; para no distraernos de sus últimas declaraciones que resultan, simplemente, alarmantemente inaceptables.
Ante la afirmación hecha en declaraciones dadas a la agencia de noticias Reuter, en el sentido de que está anuente a recibir operaciones militares estadounidenses en Costa Rica, con el pretexto de combatir el narcotráfico y el terrorismo internacional, es preferible creer que el «síndrome pilarico» hizo su aparición, y no fue capaz de concretar claramente lo que talvez quiso decir, y por lo tanto, le salió semejante barbaridad.
Pero por si acaso, se le debe recordar a la presidencia de la República, a quienes la ejerzan de hecho y de derecho, que ellos tienen el poder y el gobierno de este país… prestado, por un tiempito. Y que, al ejercerlo, deben obedecer lo establecido en la Constitución y las leyes. En ellas, se les recuerda, está establecido que nosotros los costarricenses, desde 1848 vivimos en un país soberano y que ellos son guardianes de esa soberanía y nadie puede arrogarse ser ella y actuar por ella, fuera de las normas legales y constitucionales establecidas, sin caer en el delito de traición a la Patria.
En ese sentido, soberanamente los costarricenses desde 1949 abolimos el ejército y cualquier cambio, tratado o afectación a ese principio, debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa por 3/4 partes de la totalidad de sus miembros o sea 43 votos. Entonces, aunque alguien le silbe al oído que se pueden instalar bases militares gringas o traer fuerzas militares armadas sin la aprobación legislativa, seguro les está silbando desde una rama seca de alguna mata de cannabis.
No, miembros del régimen FER/CHA, por más convenios o acuerdos de escudos militares que hayan firmado -que deben ser conocidos por la Asamblea Legislativa- con el déspota de Trump y su aliado el genocida Netanyahu, aquí en nuestra querida Costa Rica la inmensa mayoría de verdaderos ciudadanos que no nos arrodillamos ni ante ustedes ni ante ellos y los fascistoides que han instalado en América Latina, vamos a permitir que las botas militares suenen en nuestro suelo…porque no somos siervos menguados y por eso vamos a exigirles que se respetan hasta la última palabra los derechos sagrados que la patria nos da.
Se ha dicho muchas veces que el 3 de enero de 2026, marcó un antes y un después en la historia reciente de Venezuela. La captura y posterior secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas de EEUU, abrió una situación completamente nueva, un país sometido a una fuerte influencia externa en materia política y económica, un gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, una oposición dividida y un pueblo que sigue siendo el verdadero protagonista de la historia.
Diversos medios internacionales han señalado que las negociaciones políticas, y el proceso de transición están fuertemente condicionados por la participación de Washington, para unos, esa presencia es una garantía de estabilidad; para otros, representa una forma de intervención que afecta la soberanía nacional del país.
Desde una mirada latinoamericana, cuesta aceptar que el futuro de un país sea definido bajo la influencia de una potencia extranjera; más allá de las diferencias que puedan existir con el gobierno de Nicolás Maduro y el rumbo de la Revolución Bolivariana, la participación directa de EEUU vuelve a poner sobre la mesa un viejo debate, el derecho de los pueblos a decidir su propio destino sin presiones externas.
En este nuevo escenario pueden identificarse, de manera general, cinco grandes sectores políticos y sociales, caractericemos:
La oposición tradicional, el regreso de los viejos actores
El primer sector está formado por la oposición llamada tradicional; son dirigentes y partidos que durante años participaron en elecciones, en la Asamblea Nacional y en distintos procesos de negociación con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a veces confrontaban al gobierno y otras veces se sentaban a dialogar.
Hoy este sector vuelve a tener protagonismo con dirigentes como Dinorah Figuera y otros representantes de la Asamblea Nacional de 2015, quienes regresaron al país para participar en las conversaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez; su apuesta es una transición negociada que permita acordar reformas políticas y convocar nuevas elecciones.
Un ejemplo de esta posición es que consideran preferible llegar a acuerdos, aunque eso implique negociar con antiguos adversarios; al mismo tiempo, dentro de la propia oposición hay quienes cuestionan estas conversaciones, porque dirigentes como María Corina Machado o Edmundo González no participan directamente en la mesa principal, esta diferencia muestra que la oposición tampoco es un bloque unido.
El chavismo institucional
El segundo sector es el chavismo que continúa al frente del gobierno y está encabezado por Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y otros dirigentes que durante años formaron parte del núcleo de dirección de la Revolución Bolivariana.
Su discurso gira alrededor de tres ideas principales: mantener la estabilidad del país, evitar un vacío de poder y recuperar la economía después de años de crisis, también sostienen que es necesario negociar para lograr el levantamiento de las sanciones y recuperar la normalidad institucional.
Por ejemplo, cuando el gobierno participa en conversaciones con actores internacionales, argumenta que lo hace para evitar un mayor deterioro económico y proteger el funcionamiento del Estado.
Sin embargo, muchos simpatizantes del propio chavismo observan una contradicción; mientras el gobierno sigue reivindicando el legado de Hugo Chávez, buena parte de las decisiones políticas y económicas parecen depender de acuerdos, donde USA tiene una influencia importante. Esta situación ha generado dudas y críticas incluso entre antiguos dirigentes chavistas.
La izquierda chavista llamada “crítica”
Quizá el cambio político más interesante sea el crecimiento de una izquierda chavista, que se declara opositora al gobierno, sin dejar de reivindicar el pensamiento de Hugo Chávez.
Dirigentes como Elías Jaua, Reinaldo Iturriza, Tony Boza, entre intelectuales, y comunicadores como Mario Silva han expresado diferencias importantes con el rumbo actual; aunque cada uno tiene su propio estilo y sus propios matices, coinciden en una idea central, consideran que el proyecto bolivariano no puede mantenerse si termina dependiendo de decisiones tomadas o supervisadas desde Washington.
Por ejemplo, algunos de ellos han planteado que defender la soberanía nacional debe estar por encima de cualquier acuerdo político, otros insisten en la necesidad de reconstruir la organización popular desde las comunas, los movimientos sociales y las bases del chavismo.
Documentos como la llamada “Declaración de Maracay” insisten precisamente en defender la Constitución, la soberanía nacional y el rechazo a cualquier forma de intervención extranjera.
Esta corriente no busca volver al viejo sistema político anterior a Chávez, ni convertirse en una oposición de derecha, lo que plantea es recuperar el proyecto original de la Revolución Bolivariana, corrigiendo los errores del madurismo y evitando que el país quede bajo la influencia de intereses extranjeros.
El pueblo chavista
Fuera de los partidos existe un actor mucho más grande, el pueblo chavista. Millones de venezolanos siguen sintiendo admiración por Hugo Chávez y recuerdan como importantes los avances sociales alcanzados durante los primeros años de la Revolución Bolivariana, pero este pueblo ya no piensa exactamente igual.
Un sector sigue apoyando al gobierno de Delcy Rodríguez, porque considera que, en las circunstancias actuales, representa la mejor opción para mantener la estabilidad y evitar una crisis aún mayor.
Otro sector continúa siendo profundamente chavista, pero cuestiona el rumbo que ha tomado el gobierno; no necesariamente milita, junto a Elías Jaua o Mario Silva, pero comparte la preocupación por la pérdida de soberanía y por la creciente influencia de EEUU en la política nacional.
Es común escuchar frases como, “Yo sigo siendo chavista, pero esto no era lo que Chávez quería”, o también, “Primero está la patria y después las diferencias entre nosotros”, este tipo de comentarios refleja una discusión que hoy existe en muchos barrios, comunidades y espacios populares.
Más que una división ideológica, se trata de distintas maneras de entender cómo defender el legado de Chávez en las condiciones actuales.
La mayoría popular
Finalmente existe un amplio sector de venezolanos que no se identifica plenamente con ninguno de los grupos anteriores.
Son trabajadores, campesinos, comerciantes, estudiantes, profesionales, pensionados y jóvenes que durante años han vivido las consecuencias de la crisis económica, las sanciones, la polarización política y la migración, muchos simplemente quieren que el país vuelva a funcionar con normalidad.
Por ejemplo, para una madre lo más importante puede ser conseguir medicinas; para un joven, encontrar empleo sin tener que emigrar; para un pequeño comerciante, que haya estabilidad económica; para un campesino, producir sin tantas dificultades.
Este sector discute todos los días y lo que espera es que haya seguridad, servicios públicos, oportunidades de trabajo, instituciones que funcionen y una economía que permita vivir con dignidad.
En buena medida, el éxito de cualquier proyecto político dependerá de su capacidad para responder a estas necesidades concretas.
Una nueva etapa de la política venezolana
Todo indica que el viejo mapa político venezolano está cambiando. Durante más de veinte años parecía que todo se reducía a dos bandos, chavismo y antichavismo, hoy esta realidad es mucho más compleja.
Hay sectores de la oposición que prefieren negociar antes que confrontar, hay chavistas que siguen apoyando al gobierno y otros que ahora lo critican desde posiciones de izquierda, hay antiguos aliados que hoy mantienen diferencias profundas, y también existe una mayoría de ciudadanos que está cansada de la confrontación permanente.
Al mismo tiempo, muchos venezolanos/as coinciden en una preocupación común, quieren que el país recupere la capacidad de tomar sus propias decisiones, sin depender de intereses externos.
Desde una perspectiva de izquierda latinoamericana, el gran desafío consiste en encontrar una salida democrática que preserve la soberanía nacional, respete la voluntad popular y permita que el pueblo vuelva a ser el principal protagonista del destino del país.
Porque, más allá de las diferencias entre dirigentes o partidos, sigue vigente una idea que ha acompañado a América Latina desde las luchas por la independencia; ningún proyecto nacional puede desarrollarse plenamente, si las decisiones fundamentales terminan dependiendo de una potencia extranjera.
La Venezuela que surge después del 3 de enero de 2026, ya no puede explicarse solamente como una disputa entre gobierno y oposición; hoy conviven distintas izquierdas, distintas oposiciones y una mayoría popular que busca estabilidad, justicia social y soberanía. Comprender este nuevo mapa político, será fundamental para entender los debates y las decisiones que marcarán el futuro del país.
El nuevo Plan de Acción sobre la Gobernanza Ética Internacional de la Inteligencia Artificial, presentado en Shanghái durante la Conferencia Mundial de IA 2026, trasciende ampliamente el ámbito tecnológico. Constituye una propuesta para definir quién establecerá las normas del desarrollo de la inteligencia artificial durante las próximas décadas y refleja una concepción distinta del orden internacional, del papel del Estado y del lugar que deben ocupar los países en desarrollo en la revolución tecnológica.
Durante décadas, la geopolítica estuvo determinada por el control de territorios, recursos naturales, rutas marítimas o capacidad militar. En el siglo XXI, esos factores continúan siendo decisivos, pero sobre ellos emerge una nueva dimensión del poder: la capacidad para desarrollar, entrenar, regular y gobernar la inteligencia artificial.
No se trata únicamente de quién construye los modelos más avanzados o fabrica los chips más sofisticados. La disputa también gira en torno a quién escribirá las reglas que definirán el funcionamiento de esa tecnología para el resto del planeta.
Con ese propósito, China presentó el 17 de julio de 2026, durante la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC) celebrada en Shanghái, un Plan de Acción sobre la Gobernanza Ética Internacional de la Inteligencia Artificial. El documento fue elaborado bajo la coordinación del Ministerio de Industria y Tecnología Informática y se enmarca explícitamente en el Pacto para el Futuro y el Pacto Digital Global aprobados por las Naciones Unidas.
La decisión no es casual. Mientras buena parte del debate internacional continúa concentrándose en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, Pekín intenta situar otra discusión en el centro del escenario: la construcción de una arquitectura internacional para gobernar la inteligencia artificial antes de que su desarrollo supere definitivamente la capacidad de regulación de los Estados.
La diferencia es profunda. Para China, la inteligencia artificial no constituye únicamente una industria estratégica ni un mercado de enorme valor económico. Es una infraestructura civilizatoria destinada a transformar la producción, la educación, la medicina, la investigación científica, la administración pública, las finanzas, el transporte, la seguridad y prácticamente todas las actividades humanas. Precisamente por ello sostiene que su desarrollo no puede quedar determinado exclusivamente por intereses comerciales o por la competencia entre empresas, sino que requiere una gobernanza capaz de proteger el bien público global.
Desde esta perspectiva, la ética deja de ser un conjunto de principios abstractos y se convierte en una tecnología política. Gobernar éticamente la inteligencia artificial significa decidir cómo será diseñada, quién asumirá responsabilidades cuando produzca daños, qué riesgos serán aceptables y quién participará en la definición de esas reglas.
Uno de los conceptos centrales del plan consiste en establecer una gobernanza durante todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial. La expresión puede parecer técnica, pero representa un cambio importante respecto de los enfoques tradicionales. En lugar de supervisar únicamente los productos terminados, la propuesta plantea incorporar mecanismos de evaluación desde el origen mismo de cada sistema. Ello comprende la obtención de datos, los procesos de entrenamiento, el diseño de los modelos, las pruebas de seguridad, su implementación, las actualizaciones posteriores e incluso su eventual retiro cuando un sistema genere riesgos que ya no puedan ser controlados.
En la práctica, ello supone que la responsabilidad deja de concentrarse exclusivamente en el usuario final. Los desarrolladores, los proveedores de datos, las empresas tecnológicas, las instituciones de investigación y los organismos reguladores comparten obligaciones durante todo el proceso de construcción tecnológica. La inteligencia artificial deja así de entenderse como un simple producto comercial para convertirse en una cadena completa de responsabilidades.
Otro eje fundamental consiste en clasificar los riesgos según categorías y niveles. La lógica es relativamente sencilla: no toda inteligencia artificial posee el mismo potencial de daño. Un modelo utilizado para traducir documentos no presenta los mismos riesgos que un sistema capaz de intervenir en infraestructuras energéticas, procesos financieros, diagnósticos médicos o decisiones militares. En consecuencia, el plan propone que las obligaciones regulatorias sean proporcionales al impacto potencial de cada aplicación, evitando tanto la ausencia de controles como prohibiciones generales que podrían obstaculizar la innovación.
El documento también introduce la idea de una gobernanza ágil. China reconoce que la velocidad del desarrollo tecnológico supera ampliamente los tiempos tradicionales de producción legislativa. Una ley puede requerir años de discusión parlamentaria, mientras que un modelo de inteligencia artificial puede evolucionar en cuestión de meses o incluso semanas. Frente a esa realidad, propone mecanismos regulatorios capaces de actualizarse continuamente mediante normas técnicas, evaluación permanente y coordinación institucional. La regulación deja de concebirse como un texto inmóvil para transformarse en un proceso dinámico.
Otro aspecto especialmente significativo es el fortalecimiento de un ecosistema colaborativo. En el enfoque chino, la inteligencia artificial no constituye una actividad exclusiva de grandes corporaciones tecnológicas. Universidades, laboratorios públicos, centros de investigación, industrias manufactureras, desarrolladores de código abierto, organismos internacionales y gobiernos forman parte de una misma cadena de innovación. Esa visión responde a una característica histórica del modelo chino de desarrollo, donde la planificación estatal busca coordinar capacidades provenientes de distintos sectores para acelerar la innovación tecnológica.
En este contexto adquiere especial relevancia el impulso a la investigación sobre explicabilidad, privacidad y mitigación de sesgos. La llamada «explicabilidad» intenta responder una de las preguntas más complejas de la inteligencia artificial contemporánea: ¿es posible comprender cómo un modelo llegó a una determinada conclusión? A medida que los sistemas adquieren mayor complejidad, muchas de sus decisiones funcionan como una auténtica «caja negra». El plan considera prioritario desarrollar tecnologías capaces de hacer comprensibles esos procesos internos, fortaleciendo simultáneamente la protección de datos personales y la reducción de discriminaciones algorítmicas.
Llama igualmente la atención el respaldo explícito al intercambio tecnológico y al desarrollo de código abierto en aquellas áreas relacionadas con la seguridad, la transparencia y la explicabilidad. En un contexto internacional marcado por restricciones comerciales, controles de exportación y creciente competencia tecnológica, esta posición busca proyectar una imagen de cooperación científica internacional y facilitar que países con menores capacidades tecnológicas puedan participar en el desarrollo de herramientas avanzadas.
El plan también incorpora un componente social que trasciende la ingeniería. Propone integrar la educación ética científica y tecnológica dentro del sistema educativo nacional, proteger específicamente a mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, y reducir la brecha digital. Desde la perspectiva china, la inteligencia artificial no debe profundizar desigualdades existentes, sino convertirse en una herramienta para ampliar las capacidades de desarrollo humano.
Quizás el elemento más relevante desde una perspectiva geopolítica sea la insistencia en fortalecer la cooperación con los países en desarrollo. El documento plantea ampliar capacidades regulatorias, compartir experiencias institucionales y facilitar el acceso a conocimientos técnicos para que la gobernanza de la inteligencia artificial no quede concentrada en un reducido número de economías avanzadas. Esa orientación se encuentra estrechamente vinculada con otras iniciativas impulsadas por China durante la última década, como la Franja y la Ruta, la Iniciativa para el Desarrollo Global y la creciente cooperación tecnológica con Asia, África y América Latina.
Este enfoque contrasta con la trayectoria seguida por Estados Unidos. Aunque Washington también ha desarrollado iniciativas regulatorias y reconoce la necesidad de abordar riesgos asociados a la inteligencia artificial, históricamente ha otorgado un papel predominante al dinamismo del sector privado y a la preservación de su liderazgo tecnológico. Las grandes empresas han desempeñado un papel central en el desarrollo de los modelos más avanzados, mientras que las políticas públicas han combinado regulación, incentivos a la innovación y medidas orientadas a proteger capacidades estratégicas, como los controles a la exportación de semiconductores de alto rendimiento.
China propone una aproximación diferente. Considera que la gobernanza internacional no debe construirse únicamente alrededor de la competencia tecnológica, sino mediante mecanismos multilaterales que permitan establecer normas compartidas para el desarrollo futuro de la inteligencia artificial. Desde esta perspectiva, la regulación no constituye un obstáculo para la innovación, sino una condición necesaria para que ésta pueda sostenerse de manera estable y generar beneficios distribuidos de forma más amplia.
En el fondo, el debate excede ampliamente la tecnología. Lo que comienza a definirse es la arquitectura normativa del siglo XXI. Las reglas que hoy se establezcan determinarán quién controla los datos, quién fija los estándares internacionales, quién asume responsabilidades frente a los riesgos y quién participa en la distribución de los beneficios derivados de la inteligencia artificial.
El plan presentado en Shanghái refleja la voluntad de China de intervenir activamente en esa construcción. Más que responder a la competencia tecnológica inmediata, busca ocupar un espacio en la definición de las reglas del nuevo orden digital internacional. La discusión ya no gira únicamente en torno a quién desarrolla la inteligencia artificial más poderosa. La pregunta decisiva pasa a ser quién tendrá la capacidad de definir las normas bajo las cuales esa inteligencia transformará el mundo.
Fuentes:
Ministerio de Industria y Tecnología Informática de la República Popular China (MIIT). Comunicados oficiales sobre la Conferencia Mundial de IA 2026.
Xinhua News Agency. «Action Plan on International AI Ethical Governance», 17 de julio de 2026.
Naciones Unidas. Pacto para el Futuro y Pacto Digital Global, 2024.
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China. Global AI Governance Action Plan, 2025.
World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026. Discursos oficiales y documentos de la conferencia.
Una propuesta que hasta hace poco habría parecido confinada a los márgenes más excéntricos del fundamentalismo religioso ha comenzado a circular con inesperada naturalidad en Estados Unidos: sustituir el sufragio individual por un único “voto por hogar”. Según sus promotores, cada familia debería expresarse políticamente como una sola unidad, representada por quien ejerza su jefatura. Aunque el lenguaje utilizado evita algunas veces decir abiertamente que las mujeres deben perder el derecho al voto, la consecuencia material resulta difícil de ocultar: dentro del modelo tradicional defendido por estos sectores, la voz política del hogar sería ejercida normalmente por el esposo.
La controversia adquirió mayor visibilidad durante la Women’s Leadership Summit de Turning Point USA, celebrada en junio de 2026. La reunión, encabezada por Erika Kirk, directora ejecutiva de esa organización, presentó como oradora a Savanna Faith Stone, una joven influenciadora que cuestiona abiertamente el sufragio femenino y defiende la representación política por hogares. Algunas asistentes declararon incluso que estarían dispuestas a renunciar a su voto si ello contribuyera al triunfo de un proyecto político más conservador. El encuentro combinó activismo electoral, religiosidad cristiana, maternidad idealizada, rechazo del feminismo y exaltación de los papeles tradicionales de género.
No existe, hasta el momento, una declaración inequívoca de Erika Kirk solicitando formalmente la derogación de la Decimonovena Enmienda. Pero la responsabilidad política no se determina solamente mediante confesiones literales. También se infiere de las ideas a las que se concede tribuna, de los públicos que se organizan, de las sensibilidades que se educan y de los límites que deliberadamente se hacen retroceder. Dirigir una organización que legitima y amplifica una doctrina supone algo más que permanecer neutral ante ella.
La Decimonovena Enmienda prohíbe que el Gobierno federal o los estados nieguen o restrinjan el voto por razón del sexo. Una reforma directa de esa disposición enfrenta enormes obstáculos constitucionales. Sin embargo, reducir el problema a la improbabilidad inmediata de su derogación sería un grave error. La amenaza más profunda no consiste en que mañana desaparezca jurídicamente el sufragio femenino, sino en que la desigualdad política de las mujeres vuelva a ser presentada como una opción legítima, discutible y hasta moralmente virtuosa.
Las regresiones democráticas rara vez comienzan con la aprobación de su medida más extrema. Comienzan haciendo imaginable aquello que una sociedad había aprendido a considerar inadmisible.
La familia no habla: alguien habla en su nombre
La expresión “voto por hogar” puede parecer, a primera vista, una propuesta para fortalecer la familia. Su formulación contiene palabras afectivamente poderosas: unidad, compromiso, responsabilidad, tradición. Pero debajo de ellas se oculta una transformación radical del concepto moderno de ciudadanía.
La democracia reconoce, al menos normativamente, a cada persona adulta como sujeto autónomo de derechos políticos. El voto por hogar reemplazaría a la persona por una entidad colectiva llamada familia. Esa familia tendría una sola voluntad y una única voz. Pero la familia no habla. Alguien habla en su nombre.
Dentro de la antropología cristiana patriarcal que sostiene la propuesta, esa persona no sería escogida mediante una deliberación democrática entre sus integrantes. La autoridad vendría definida de antemano por una supuesta ley natural o divina: el marido representa, la esposa acompaña y los hijos obedecen.
La mujer no sería necesariamente expulsada de la comunidad política. Su personalidad política sería absorbida por la del esposo. Se recuperaría así, bajo formas contemporáneas, la antigua lógica jurídica de la coverture, según la cual la personalidad civil de la mujer casada quedaba subsumida en la de su marido.
La pregunta fundamental no es, entonces, si la familia debe tener reconocimiento social. Por supuesto que debe tenerlo. La pregunta es quiénes integran esa familia, cómo se distribuye el poder dentro de ella y qué ocurre con quienes no se ajustan al modelo declarado como natural.
¿Qué persona representaría a un hogar encabezado por una mujer? ¿Qué sucedería con las personas solteras, viudas o divorciadas? ¿Quién votaría en una vivienda compartida por varios adultos? ¿Qué posición ocuparían las parejas del mismo sexo? ¿Se reconocería como familia a un matrimonio igualitario? ¿Quién sería considerado su cabeza? ¿Tendría el mismo valor político una casa habitada por seis personas adultas que una persona que vive sola?
Estas preguntas muestran que el voto por hogar no es únicamente un ataque contra las mujeres. Es el borrador de un orden político en el que la ciudadanía dependería de la pertenencia a una familia heterosexual, reproductiva, jerarquizada y religiosamente legitimada.
Una vez aceptado ese principio, la distancia entre restringir la autonomía de las mujeres y negar el reconocimiento de las familias constituidas por personas del mismo sexo se vuelve muy corta. Si existe una única familia natural, todas las demás formas de convivencia quedan reducidas a excepciones toleradas, arreglos privados o desviaciones carentes de igual dignidad pública.
Reconocer una incomodidad sin convertirla en prohibición
En este punto debo admitir algo que puede resultar incómodo. Como hombre homosexual, no todas las expresiones contemporáneas del género me producen identificación o cercanía. Algunas representaciones que observo constantemente en las redes sociales, la televisión y el espacio público me generan distancia, desconcierto e incluso cansancio.
Negarlo para cumplir con una expectativa de corrección política sería intelectualmente deshonesto.
También sería deshonesto suponer que esa reacción existe únicamente entre personas conservadoras o religiosas. Dentro de las propias diversidades sexuales hay diferencias generacionales, culturales, estéticas y políticas. No todas las personas homosexuales se reconocen en las mismas expresiones, símbolos, lenguajes o formas de representar el género. La sigla LGBTIQ reúne experiencias distintas, pero no elimina sus tensiones.
Ahora bien, una incomodidad personal no constituye un argumento jurídico ni una autorización para excluir.
Es necesario distinguir entre tres planos. El primero corresponde al gusto, la afinidad o la identificación personal: nadie está obligado a sentirse representado por todas las manifestaciones de la diversidad. El segundo pertenece al debate político: los movimientos sociales pueden discutir críticamente sus estrategias, lenguajes, prioridades y formas de presentación pública. El tercero corresponde a la dignidad y los derechos: ninguna persona puede quedar desprotegida porque su apariencia, su identidad o su manera de habitar el cuerpo produzcan extrañeza en otras.
La igualdad democrática no exige que todas las formas de vida nos resulten familiares. Exige que la falta de familiaridad no se convierta en inferioridad jurídica.
Judith Butler ha mostrado que aquello que una sociedad reconoce como masculino o femenino no surge exclusivamente de una esencia inmutable, sino de normas, actos y repeticiones históricas. Esto no significa que todas las personas deban abandonar las categorías de hombre o mujer, ni que debamos sentirnos emocionalmente cercanos a cualquier expresión de género. Significa que las fronteras entre lo masculino y lo femenino han sido socialmente producidas y, por tanto, están sometidas a transformaciones, conflictos y resistencias.
También debemos considerar que las plataformas digitales no ofrecen una representación equilibrada de la realidad. Los algoritmos privilegian aquello que produce sorpresa, indignación, admiración o rechazo. Las expresiones más intensas, teatrales o polémicas obtienen mayor circulación y terminan presentándose como si fueran la totalidad de un colectivo enormemente diverso.
Por eso es legítimo analizar críticamente la espectacularización o mercantilización de ciertas identidades. Lo que no sería legítimo es trasladar esa crítica hacia la negación de derechos de las personas que las encarnan.
Mi incomodidad puede hablar de mis códigos generacionales, de mi historia y de mi propia socialización. También puede señalar problemas reales de comunicación y representación dentro de los movimientos. Pero no determina la dignidad de nadie.
El conservadurismo político opera precisamente sobre estas zonas de incomodidad. No necesita inventarlas: las recibe, las organiza y les proporciona una explicación. Stuart Hall mostró cómo el autoritarismo puede convertir ansiedades dispersas en un nuevo “sentido común”. El malestar deja de ser una experiencia abierta a la reflexión y se transforma en una certeza política: alguien está destruyendo nuestra familia, nuestra cultura o nuestra forma de vida.
Así, la persona trans, el hombre femenino, la mujer masculina, la feminista, el migrante o la pareja homosexual son convertidos en rostros visibles de una crisis que no produjeron.
El reconocimiento jurídico y sus límites
Las luchas feministas y de las diversidades sexuales han conseguido transformaciones jurídicas fundamentales. El matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género, la protección contra la discriminación y la ampliación de los derechos sexuales y reproductivos no son concesiones superficiales. Modifican vidas concretas, protegen vínculos afectivos, permiten heredar, acceder a la seguridad social, tomar decisiones médicas, formar familias y vivir con mayor libertad.
Sería profundamente injusto minimizar esas conquistas.
Sin embargo, también es necesario reconocer los límites de una política centrada exclusivamente en el reconocimiento legal. Nancy Fraser advirtió hace décadas que la justicia requiere articular dos dimensiones inseparables: reconocimiento y redistribución. Una sociedad puede reconocer simbólicamente ciertas identidades y mantener intactas las estructuras económicas que producen explotación, pobreza y exclusión.
Lisa Duggan utilizó el concepto de homonormatividad para describir una política sexual compatible con el neoliberalismo: determinados gays y lesbianas pueden ser incorporados como parejas respetables, propietarios, consumidores y contribuyentes, sin que esa inclusión cuestione las relaciones dominantes de clase, raza, trabajo y propiedad.
El problema no radica en que las personas homosexuales puedan casarse. El problema aparece cuando el matrimonio se convierte en el horizonte máximo de la emancipación y se pierde de vista que muchas personas LGBTIQ continúan enfrentando desempleo, pobreza, expulsión familiar, violencia policial, falta de vivienda, precariedad laboral y dificultades para acceder a servicios públicos.
El reconocimiento jurídico puede integrar a algunas personas sin emancipar al conjunto.
Aquí adquiere importancia la interseccionalidad formulada por Kimberlé Crenshaw. No se trata de confeccionar una lista cada vez más extensa de identidades, sino de examinar cómo diferentes relaciones de poder actúan conjuntamente. Una mujer lesbiana, indígena y empobrecida no experimenta por separado el género, la orientación sexual, la etnia y la clase. Estas condiciones se entrecruzan y producen una posición social específica que no puede comprenderse atendiendo solamente a una de ellas.
Lo mismo ocurre dentro de las diversidades sexuales. No vive de igual manera su ciudadanía un empresario homosexual con acceso a vivienda, educación y servicios privados que una mujer trans migrante, racializada y excluida del mercado laboral formal. Ambos pueden experimentar discriminación, pero no poseen los mismos recursos para enfrentarla.
Una política verdaderamente interseccional no sustituye la clase por la identidad ni la identidad por la clase. Estudia cómo se construyen mutuamente dentro de relaciones históricas de poder.
La institucionalización de los movimientos
También debemos examinar críticamente el proceso mediante el cual numerosos movimientos sociales se han convertido en organizaciones profesionales dependientes de proyectos, consultorías, indicadores y financiamiento internacional.
Fundaciones como Open Society han apoyado litigios, organizaciones y programas que han resultado esenciales para comunidades perseguidas o abandonadas por sus Estados. Reconocerlo es necesario para evitar explicaciones conspirativas o simplificaciones alrededor de la figura de George Soros.
No obstante, el financiamiento institucional produce efectos políticos, aunque no exista una orden directa del donante. Sonia Álvarez y autoras vinculadas a la crítica de la “oenegización” de los movimientos sociales han mostrado que la profesionalización puede transformar las formas de militancia, las prioridades y los lenguajes.
Los proyectos financiados suelen exigir objetivos delimitados, resultados medibles, informes, productos jurídicos y poblaciones específicas. Esto puede favorecer campañas sobre una ley determinada, una sentencia, una capacitación o una política pública concreta. Resulta mucho más difícil traducir en indicadores un proceso político prolongado que cuestione la concentración de la riqueza, la explotación laboral, la propiedad, la deuda, la privatización de los cuidados o la subordinación económica de América Latina.
Además, cuando cada organización debe competir por fondos destinados a una población o problema específico, la fragmentación puede institucionalizarse:
unas organizaciones trabajan sobre matrimonio igualitario;
otras sobre identidad de género;
otras sobre violencia contra las mujeres;
otras sobre derechos reproductivos;
otras sobre racismo;
otras sobre pobreza o trabajo.
Cada una administra su expediente, su vocabulario y sus indicadores.
Mientras tanto, el conservadurismo articula todos estos asuntos dentro de una sola visión del mundo. Para la derecha religiosa, el feminismo, la identidad de género, el aborto, la educación sexual, el matrimonio igualitario, la secularización y la caída de la natalidad forman parte de una única crisis civilizatoria.
El adversario posee una teoría general de la sociedad. Los movimientos democráticos responden demasiadas veces con expedientes separados.
Esta asimetría ayuda a explicar por qué no se advierte todavía una respuesta pública articulada y proporcional de las principales organizaciones LGBTIQ frente al “voto por hogar”. No significa que estas organizaciones permanezcan inactivas. Muchas están enfrentando amenazas judiciales, administrativas y legislativas urgentes. Pero la especialización puede llevarlas a considerar la supresión del voto femenino como un asunto exclusivo de las mujeres, sin advertir que detrás de ella se encuentra el mismo concepto de familia que amenaza el matrimonio igualitario, la identidad de género y la ciudadanía sexual.
Neoliberalismo y restauración patriarcal
La ofensiva conservadora no puede explicarse solamente como una reacción cultural ante la visibilidad de las diversidades sexuales. Debe ser situada dentro de las transformaciones económicas de las últimas décadas.
Melinda Cooper ha mostrado que el neoliberalismo económico y el conservadurismo familiar no son necesariamente adversarios. Ambos pueden complementarse. Cuando el Estado reduce la protección social, privatiza servicios y traslada a las personas los riesgos del desempleo, la enfermedad, la vejez y el cuidado, la familia debe asumir las responsabilidades abandonadas por las instituciones públicas.
Pero no cualquier familia puede realizar ese trabajo. El modelo requiere una estructura doméstica en la que alguien —normalmente la mujer— realice gratuitamente las tareas de reproducción, crianza y cuidado.
El neoliberalismo debilita materialmente a las familias mientras el conservadurismo religioso exige que ellas resuelvan privadamente las consecuencias de ese debilitamiento.
El encarecimiento de la vivienda, la precarización del empleo, la deuda, la falta de servicios públicos de cuidado y la incertidumbre económica dificultan que millones de personas puedan sostener una vida familiar estable. Sin embargo, en lugar de cuestionar estas condiciones, la derecha traslada la responsabilidad hacia el feminismo, la autonomía de las mujeres, la diversidad sexual y la supuesta desaparición del varón proveedor.
Una crisis producida por relaciones económicas es reinterpretada como una crisis moral.
La solución propuesta no consiste en elevar salarios, garantizar vivienda, fortalecer la seguridad social, reducir las jornadas laborales o construir sistemas públicos de cuidados. Consiste en restaurar la autoridad masculina y la obediencia doméstica.
La estética que rodea encuentros como el de Turning Point USA resulta reveladora. Se presenta un universo aspiracional de bienestar, consumo, maternidad idealizada, matrimonio temprano, belleza cuidadosamente construida y religiosidad. No puede afirmarse que todas las asistentes pertenezcan a sectores económicamente privilegiados, pero el modelo ofrecido presupone condiciones materiales que millones de familias estadounidenses y latinoamericanas no poseen.
La mujer que puede abandonar su trabajo para dedicarse exclusivamente al hogar necesita que alguien genere ingresos suficientes para sostenerlo. La exaltación de la esposa dependiente oculta a las trabajadoras pobres, a las madres solas, a las migrantes, a las mujeres afrodescendientes e indígenas y a quienes realizan múltiples jornadas para sobrevivir.
La CEPAL ha identificado precisamente la desigualdad socioeconómica, los patrones patriarcales, la división sexual del trabajo, la injusta organización de los cuidados y la concentración del poder como desafíos estructurales que se refuerzan mutuamente en América Latina. Su Estrategia de Montevideo advierte, además, sobre el resurgimiento del conservadurismo y las restricciones contra el reconocimiento de la diversidad sexual, la identidad de género y las diferentes formas de familia.
Una ofensiva transnacional con actores locales
Sería equivocado considerar estas ideas como fenómenos exclusivamente estadounidenses. También sería simplista imaginar a América Latina como una región pasiva que obedece mecánicamente instrucciones procedentes de Washington.
Lo que existe es una circulación transnacional de discursos, recursos, métodos de movilización, estrategias jurídicas y modelos legislativos. Iglesias, centros de pensamiento, organizaciones conservadoras, partidos políticos, influenciadores digitales y sectores empresariales traducen esos repertorios a las condiciones de cada país.
Sonia Corrêa, Roman Kuhar, David Paternotte y Juan Marco Vaggione han estudiado la formación de campañas que utilizan la expresión “ideología de género” para reunir bajo un mismo enemigo al feminismo, la educación sexual, los derechos reproductivos, las personas trans y las diversidades sexuales. Estas campañas no se limitan a defender convicciones religiosas privadas. Buscan intervenir en la legislación, la educación, los tribunales, las políticas públicas y la definición misma de ciudadanía.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido sobre la expansión de sectores contrarios a los derechos LGBTI dentro de los propios poderes estatales, así como sobre campañas de desinformación dirigidas a obstaculizar el reconocimiento de esos derechos.
El contexto actual de Estados Unidos aumenta la relevancia regional de esta ofensiva. Desde enero de 2025, su Gobierno ha adoptado una definición federal binaria e inmutable del sexo, eliminado políticas de diversidad y empleado oficialmente la expresión “ideología de género”. Estas disposiciones no se han limitado a la administración interna. El Departamento de Estado ha incorporado condiciones relacionadas con la denominada “ideología de género” en instrumentos y programas de asistencia exterior, mostrando que este marco forma parte de la política internacional estadounidense.
Esto no significa que toda regresión latinoamericana sea ordenada desde Estados Unidos. En nuestros países existen tradiciones patriarcales, élites conservadoras, iglesias políticamente organizadas y desigualdades históricas capaces de producir sus propias formas de autoritarismo.
La influencia externa encuentra aliados internos porque responde a intereses y conflictos ya presentes.
En América Latina, la “defensa de la familia” puede vincularse con el rechazo a la educación sexual, la oposición al Estado laico, la restricción de los derechos reproductivos, la persecución de las identidades trans y la impugnación del matrimonio igualitario. Pero también puede ser utilizada para desviar la atención de la desigualdad, la corrupción, la concentración económica y el deterioro de los servicios públicos.
La cruzada moral organiza políticamente frustraciones que tienen raíces materiales.
La fragmentación como derrota anticipada
Las divisiones entre feminismos, movimientos homosexuales, activismos trans y otras expresiones de la diversidad no son inventadas por la derecha. Existen desacuerdos auténticos sobre el cuerpo, el sexo, la identidad, el lenguaje, la representación y las estrategias políticas.
El conflicto con sectores identificados como TERF, el antifeminismo presente en algunos espacios trans, la misoginia dentro de comunidades homosexuales y la transfobia dentro de movimientos gays y lésbicos muestran que ninguna sigla garantiza por sí misma una política emancipadora.
Pero una cosa es reconocer los conflictos y otra permitir que estos destruyan toda posibilidad de alianza.
La interseccionalidad no exige negar las contradicciones. Exige comprender que ninguna de las poblaciones involucradas podrá defenderse aisladamente frente a una ofensiva que pretende reorganizar la sociedad entera.
Cuando se afirma que la familia heterosexual es la célula natural de la nación, no se amenaza solamente a las personas trans. Se amenaza a las mujeres que no desean someterse a un esposo, a las personas homosexuales que han construido sus propias familias, a quienes deciden no reproducirse, a las madres solas, a las parejas divorciadas, a las personas ateas, a las juventudes que cuestionan la autoridad religiosa y a todas aquellas vidas que no caben dentro de una única moral oficial.
La restauración patriarcal distribuye sus ataques por etapas, pero el proyecto que los articula es común.
Reconstruir una ciudadanía democrática común
La respuesta no puede consistir en abandonar las identidades ni en reducir todos los conflictos a la clase social. Tampoco puede limitarse a defender cada derecho cuando ya se encuentra ante los tribunales.
Hace falta reconstruir una ciudadanía democrática común.
Su punto de partida debe ser sencillo: “la persona, y no la familia, la iglesia, el marido, el mercado o una identidad aislada, es el sujeto originario de los derechos”.
La familia debe ser protegida porque está integrada por personas, no porque posea una voluntad superior a ellas. Su reconocimiento debe abarcar la pluralidad de vínculos afectivos y formas de convivencia existentes, siempre que se respeten la autonomía, la igualdad y la dignidad de sus integrantes.
Una respuesta interseccional tendría que reunir a movimientos feministas, organizaciones LGBTIQ, sindicatos, comunidades afrodescendientes e indígenas, movimientos campesinos, defensores del Estado laico, organizaciones juveniles y luchas por los servicios públicos.
No se trataría únicamente de formar una coalición electoral o emitir comunicados conjuntos. Sería necesario reconstruir procesos de formación política, recuperar la presencia en comunidades populares y vincular la defensa de la autonomía corporal con las condiciones materiales que permiten ejercerla.
La libertad de una mujer no depende solamente de que pueda votar, sino también de que cuente con ingresos propios, educación, vivienda, seguridad social y servicios de cuidado. La libertad de una persona homosexual no termina con el derecho a casarse si puede ser despedida, expulsada de su hogar o condenada a la pobreza. El reconocimiento de una persona trans permanece incompleto mientras la discriminación le cierre el acceso al trabajo, la salud y la educación.
La CEPAL ha insistido en que una perspectiva de género rigurosa debe reconocer los efectos diferenciados de la desigualdad sobre mujeres sexualmente diversas y sobre la población LGBTIQ en su conjunto. También ha señalado que la autonomía económica, física y política se encuentra estrechamente relacionada con el acceso a recursos, la participación pública, el trabajo, los cuidados y la posibilidad de vivir sin violencia.
El frente democrático que necesitamos debe defender simultáneamente el sufragio femenino, la diversidad familiar, los derechos laborales, la seguridad social, la autonomía corporal, la educación pública, la libertad religiosa, el Estado laico y la igualdad de las personas LGBTIQ.
No porque todas estas luchas sean idénticas, sino porque están amenazadas por una misma concentración del poder.
La distopía no empieza mañana
Quizás el “voto por hogar” no llegue a convertirse pronto en una reforma constitucional. Tal vez permanezca durante algún tiempo como una idea minoritaria. Pero su importancia política no debe medirse únicamente por sus posibilidades legislativas inmediatas.
Su avance demuestra que una parte de la derecha contemporánea ya no se limita a detener nuevas conquistas. Está dispuesta a revisar derechos que parecían definitivamente consolidados.
Hoy se discute si la mujer debería votar de manera autónoma. Mañana podrá discutirse si todas las familias merecen igual reconocimiento. Después, si la identidad, la orientación sexual o la religión deben condicionar el ejercicio de la ciudadanía.
La analogía con los fundamentalismos que Occidente solía atribuir exclusivamente a otras culturas no debe formularse como una equivalencia mecánica. Existen diferencias institucionales, históricas y coercitivas evidentes. Pero la gramática profunda resulta inquietantemente semejante: autoridad religiosa, subordinación femenina, heterosexualidad obligatoria, control de la sexualidad y negación de la autonomía individual.
El fundamentalismo occidental ha aprendido, sin embargo, a presentarse con una estética moderna. No siempre utiliza uniformes, prohibiciones explícitas o tribunales religiosos. Puede hablar mediante influenciadoras, productos de bienestar, campañas electorales, conferencias juveniles y mensajes sobre el amor, la maternidad y la unidad familiar.
La dominación no se anuncia necesariamente como dominación. Puede presentarse como protección.
Frente a ella, no basta con defender nuestras parcelas ni con exigir que nadie manifieste incomodidad. Debemos ser capaces de escuchar los malestares sociales, discutir nuestras propias contradicciones y evitar que la derecha los convierta en odio organizado.
No toda manifestación de la diversidad tiene que representarnos. Pero todas las personas deben ser representadas por sí mismas en la vida política.
Ese es el límite democrático que no podemos entregar.
Porque cuando la familia sustituye a la ciudadanía, alguien adquiere el poder de hablar por los demás. Y cuando aceptamos que una persona hable políticamente por otra, la democracia comienza a convertirse en obediencia.
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