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Etiqueta: evasión fiscal

Carta abierta al Presidente electo Rodrigo Chaves

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

San José, 11 de abril del 2022.

Señor
Dr. Rodrigo A. Chaves Robles
Presidente Electo
República de Costa Rica.

Presente.

Estimado Dr. Rodrigo Chaves, Presidente electo:

Este humilde servidor le escribe un 11 de abril, a escasos días de haber sido usted escogido por los costarricenses para que ejerza el mayor cargo que una persona pueda optar en esta Patria, una fecha que, en su connotación histórica, muchos políticos han dejado en el olvido. Aquel ejército libertador derramó su sudor y sangre para que sus hijos y nietos viviéramos en paz, libertad y con prosperidad. Hoy nuestra Patria lucha contra otras esclavitudes, usted las expuso en campaña, e incluso desde su paso por el Ministerio de Hacienda, ya anunciaba esas lacras, esos fardos que someten a nuestra gente.

Habló usted de la argollas políticas – empresariales que se benefician de exoneraciones tributarias vergonzosas, mientras el común resiste en medio de tributos injustos y regresivos.

Habló usted del contrabando que hacen los grandes empresarios y que por esa vía evaden el pago correspondiente de impuestos que podrían servir para el bienestar de la población, específicamente la más pobre.

Nos habló usted del lavado y del narcotráfico que laceran nuestra sociedad.

Nos habló usted de la corrupción que carcome las instituciones democráticas republicanas y cómo esta es hija de partidos políticos enquistados, corruptos y añejos.

Nos habló usted del robo de impuestos y de lo poco que se hacía desde el Ministerio de Hacienda y desde la misma clase política, que más bien protege a estos ladrones de impuestos por diversos mecanismos legales o no.

En fin, usted al hablar fuerte y claro sobre estos temas, esperanzó al pueblo costarricense que ha sido sometido a niveles de tales magnitudes y que hoy nos ubica entre las sociedades más concentradoras de riqueza a nivel planetario. De eso no le voy a saturar porque usted lo conoce muy bien.

Lo que quiero manifestarle, por medio de esta carta pública y con la esperanza que alguno de sus allegados se la transmita, es cómo podría ser usted objeto de las presiones de los grupos de poder real, esos grupos que se han visto beneficiados de la opacidad en las políticas públicas de los últimos cuarenta años y que los ha colocado como beneficiarios de la mayor concentración de riqueza de nuestra historia.

Lo primero es que a usted le van a llegar como dice nuestro pueblo por “debajo de la mesa”, le van a mandar mensajeros, muy probablemente de esos bufetes de abogados o periodistas de esos medios señalados por usted mismo, ambos con el objeto de amedrentar, para suavizar lo que ellos dirían sus “poses electoreras”. Van a medirlo, pero también van con mensajes claros: “aquí no cambia nada”, lo dicho por usted en cuanto a que se acaba la fiesta, para ellos para ellos son palabras que se las lleva el viento, es hora de demostrarles que la palabra del Presidente se hace sentir y que si se acabará la fiesta.

También le llegaran con propuestas para asumir las principales carteras ministeriales, seguramente le dirán “aquí estamos” y podemos ayudarle, recuerde que siempre han estado, con eso se garantizarían que no pase nada, le hablo de los ministerios de Hacienda, Economía y Planificación, pero no menos importante será el Banco Central, ellos querrán “todo”, no vaya a ser que pueda haber algún desliz inesperado en lo que han logrado construir en estos cuarenta años. Esta decisión suya será crucial y el pueblo verá con claridad en esta los signos de su gobierno.

Vendrán más presiones, esta vez desde la Asamblea Legislativa, de hecho ya las tiene, esos personajes de la política benefactora a unos pocos ricos, unos salientes, otros entrantes, ya han mostrado sus fauces rabiosas. Los salientes, son fieras heridas, el sueño de continuidad usted se los truncó con el apoyo popular, con el apoyo de un pueblo cansado de tanta robadera de esperanzas y atribulado por tantos impuestos; los entrantes ya preparan sus garras para terminar con el Estado de Derecho, ese que le permitió a la sociedad avanzar con mayores índices, en comparación con nuestros hermanos centroamericanos y que por cierto tanta guerra los terminó de mutilar socialmente, basta una pequeña mirada por nuestra Centro América para reconocerlo.

Le dirán qué hacer y cómo presentar los proyectos legislativos, para que no pase nada, con el engaño de que serán aprobados en favor de las mayorías empobrecidas por ellos mismos. Usted será al final el verdugo y ellos saldrán a esa prensa mentirosa y privilegiada a decir: ¡Vean que barbaridad lo que presenta el gobierno!, siendo que ellos mismos, no solo lo pujan, sino que lo imponen, recuerde esto por favor, don Rodrigo lo van a querer obligar y luego lo vilipendiaran, no lo permita, usted tiene un pueblo que lo colocó de Presidente. Recuerde que los ricos de la época de Don Juanito Mora no querían la Campaña, por ellos seríamos esclavos hoy.

Señor Presidente electo, Costa Rica tiene reservas patrióticas suficientes para enfrentar a esos pocos ricos privilegiados y que la clase política tradicional ha protegido por cuatro décadas. Ayer fueron filibusteros, hoy son mercenarios políticos al servicio de unos pocos. Ayer fue Don Juanito, el General Cañas, Juan Santamaría y Francisca Carrasco quienes nos evitaron el yugo, hoy le corresponde a usted asumir la tarea histórica de liberarnos de la corrupción, el contrabando, del robo de impuestos, el lavado y del narcotráfico. Recuerde Don Rodrigo, no está solo el pueblo le acompañará en estas tareas si el mensaje es claro.

Roberto Zeledón Arias

Cédula ciudadana Nº 106000540.

Compartido con SURCOS por Roberto Zeledon Arias

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La soga en la casa del ahorcado

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Al arribar a su final, se puede concluir que esta campaña electoral de cara las elecciones de este 6 de febrero, sigue sin mostrar la profundidad que ha debido tener ante la grave crisis múltiple que enfrenta Costa Rica en este duro y desafiante presente.

Casi todos los candidatos presidenciales se han dedicado a endulzar los oídos de los electores, practicando una comunicación política camaleónica. Sus estrategias de campaña se han centrado en ganar electores, o no perderlos si ya consideran que los han conquistado, evadiendo la apreciación diagnóstica rigurosa de la realidad del país. Consecuentemente, no han ahondado en soluciones que se ajusten a la gravedad de los problemas que enfrentamos como sociedad. Ese abordaje tangencial apenas ha rozado el epitelio de los problemas, desafíos y propuestas de solución que demanda el país, según hemos notado en entrevistas y declaraciones de la mayoría de los candidatos, así como en los debates presidenciales.

Un ejemplo concreto de esta situación lo hallamos en el tema de un posible impuesto a las llamadas Zonas Francas; las cuales se han convertido en un componente importante de la economía costarricense. Al definir qué es una Zona Franca, el artículo 1 de la Ley N° 7210, expresa que “es el conjunto de incentivos y beneficios que el Estado otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país, siempre y cuando cumplan los demás requisitos y las obligaciones establecidos en esta ley y sus reglamentos.”

Los incentivos y beneficios que el país les otorga a diversas empresas que se han acogido al Régimen de Zonas Francas (RZF), han hecho que este sector –desde que se establecieron las primeras empresas en el año 1990–, haya crecido significativamente a los largo de los últimos 30 años. Valga destacar que durante el gobierno de Carlos Alvarado se sumaron 153, con lo que actualmente existen 546 empresas beneficiarias de este régimen.

Un incentivo que se vuelve muy atractivo para las empresas que se acogen al RZF, son las múltiples exenciones tributarias que ofrece el país. En este sentido, un dato publicado recientemente por el “Semanario Universidad”, es muy ilustrativo: En el año 2019, las exoneraciones en las Zonas Francas alcanzaron la suma de 375.784 millones de colones; lo que equivale a 1,04 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Cuando en los intercambios entre los candidatos y los partidos, lo mismo que en la propaganda prevaleciente, se ha asociado el crecimiento del RZF casi exclusivamente, a tales exenciones impositivas, se atisba un claro reduccionismo argumental. Siendo como lo es un atractivo muy importante, desde luego que no es el único. La histórica estabilidad política y social del país, los servicios que brinda, un Estado de Derecho robusto, la formación académica y técnica de un sector de la población, el bilingüismo que ofrecen muchos potenciales trabajadores y, desde luego, la cercanía sus con casas matrices, sobre todo las ubicadas en Estados Unidos, constituyen componentes (que combinados), han convertido al país en un país atractivo para la inversión extranjera directa (IED) y para que muchas compañías se hayan acogido al RZF.

Como se ha indicado, aun cuando la economía costarricense sufrió los duros embates de la pandemia de la Covid-19, el sector de las Zonas Francas siguió creciendo, manteniendo un significativo dinamismo. El sector creció un 8 % en producción y generó alrededor de 20.000 empleos nuevos en 2020.

Todo indica que en este año 2022 y venideros, las empresas extranjeras atraídas por el RZF pueden seguir arribando al país por dos factores combinados. Por un lado, muchas empresas estadounidenses asentadas en China esterarían considerando su migración, porque en los últimos años los salarios en ese país se han incrementado entre un 10 y 15 %, con lo que el atractivo de mano de obra muy barata ha empezado a desvanecerse. Por otra parte, el altísimo aumento en los costos de los fletes en el transporte marítimo, están generando un incremento significativo en el costo de las mercancías al arribar a sus destinos de venta al por menor.

Así el llamado “offshoring” está convirtiéndose en “reshoring”; es decir empresas que tenían asentada la producción lejos de Estados Unidos, están desarrollando procesos de retorno. Este proceso se empezó a desarrollar con el gobierno de Donald Trump, cuando su administración decretó un paquete de medidas para incentivar la producción nacional y recuperar empleos perdidos. Eso tuvo un efecto breve pero no tan relevante como se esperaba. Mientras tanto la administración de Joe Biden ha buscado incentivar el “reshoring”, con el fin de resolver los problemas en las cadenas productivas, que han hecho que anaqueles de supermercados y almacenes, se hayan mostrado vacíos en los meses recientes.

Es dentro de este contexto que el propósito de seguir atrayendo IED y que compañías estadounidenses lleguen a las Zonas Francas, se convierte en una posibilidad real para el país, en el marco del denominado “nearshoring”, que es la alternativa a la repatriación productiva y que significa que las empresas desarrollen su producción en el “vecindario”. Y Costa Rica está relativamente cerca de Estados Unidos. Este es un factor a considerar seriamente a la hora de ofrecer las ventajas comparativas del RZF costarricense en la presente coyuntura.

Así las cosas, ofreciendo tantos atractivos, ¿Por qué casi todos los candidatos presidenciales no entran a considerar fijar un impuesto, justo y razonable, a las jugosas ganancias que obtienen las empresas ubicadas en las Zonas Francas? En entrevistas y debates, los candidatos reaccionan tan rápido como tensos resortes, rechazando la idea aun cuando la obtención de recursos frescos es un imperativo ante la grave situación económica y fiscal que enfrenta el país y para poder estimular y desarrollar un sector económico tan alicaído como el conformado por los productores nacionales, medianos, pequeños y micro emprendedores, que no cuentan con ningún tipo de estímulos y exoneraciones de impuestos.

Sin duda que es necesario darle impulso a la estrategia de desarrollo del RZF, creando las condiciones para que éstas se ubiquen no sólo en la Gran Área Metropolitana. Es urgente y necesario que se sitúen también en zonas rurales y costeras, a fin de abrir oportunidades laborales en esas regiones. Por supuesto, al mismo tiempo que se ofrecen oportunidades educativas en carreras que hagan que trabajadoras y trabajadores de esas zonas, adquieran los conocimientos técnicos para aprovechas esas oportunidades.

Pero insisto: ¿Por qué prácticamente se sataniza la posibilidad de que se fije una tasa impositiva que permita que esas empresas contribuyan al desarrollo del país, en un aspecto que no sea solo la contratación de trabajadores?

Es bien sabido que habitamos un país donde la evasión fiscal, la elusión y el contrabando impiden la recaudación de los urgentes ingresos para atender las obligaciones de la deuda, las inversiones públicas, los programas sociales y, en general, el desarrollo del país. Hace falta un Gobierno que realmente le ponga coto al no pago de impuestos, de grandes empresas y personas sumamente ricas. Solo de esta manera, se puede reducir la desigualdad y la repudiable concentración de la riqueza en pocas manos. Por otro lado, la necesidad de una reforma fiscal, progresiva y justa sigue siendo un tema pendiente.

Pienso, en suma, que desde las Zonas Francas podrían provenir recursos que ayuden al mejor desarrollo de Costa Rica, sin afectar en forma significativa los estímulos y condiciones favorables que el país ofrece mediante el RZF. No se trata de afectarlas sino buscar una solución justa y razonable para el país y las empresas, especialmente por los desafíos que impone el periodo pandémico y post pandémico que vivimos. Por eso no se justifica que en un tema de debate tan relevante en está gélida campaña electoral, casi todos candidatos, partidos y la mayoría de los medios informativos, lo hayan tratado como si se hablara de la soga en casa del ahorcado.

(2 de febrero, 2022)

Comunicado del grupo Saberes Comunitarios ante declaratoria de 2022 como UCR Para las Comunidades

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

COMUNICADO DEL GRUPO SABERES COMUNITARIOS

4 de diciembre del 2021

Desde el grupo Saberes Comunitarios (de ahora en adelante SACO), conformado por representantes de Longo Mai y Volcán de la zona sur, Paraíso de Sixaola y territorio bribri de Talamanca, Los Almendros de Siquirres, Guacimal de Puntarenas y Guatuso de la zona norte, queremos manifestar nuestro sentir, ante este año 2022, en que la Universidad de Costa Rica lo ha declarado como año de la UCR para las comunidades.

Con esta pandemia, las comunidades rurales, costeras, campesinas e indígenas, hemos vivido de forma muy cruda los efectos de la crisis, y aunque en cada comunidad ha sido muy diferente, hay muchas cosas en común que hemos percibido: el desempleo, los pocos apoyos del Estado, la incertidumbre, el alza en los precios de absolutamente todo, la inflación, etc. Las comunidades y los territorios hemos vivido en carne propia el aumento de la pobreza, mientras vemos que hay otras personas, pertenecientes a los grupos de poder, a las que les exoneran los impuestos, y más bien han aprovechado la pandemia para acumular riqueza.

La primera línea de combate de esta pandemia no solo la forman las personas funcionarias de la CCSS, también la formamos las personas de los pueblos, de los territorios indígenas, de los asentamientos campesinos, de las comunidades costeras y rurales. Desde SACO hemos continuado trabajando la tierra, cuidando los bosques, protegiendo nuestros ríos, sembrando, manteniendo nuestras semillas y velando por la vida de nuestras familias.

Nos ha hecho mucha falta participar de actividades de forma presencial con la Universidad a través de la Acción Social, y en el caso de nuestro, con Kioscos Socioambientales, con quienes hemos trabajado en distintos proyectos desde hace muchos años, y luego a través de nuestro grupo SACO. Nos hace falta vernos, seguir trabajando en conjunto. Nos preocupan los recortes a las universidades públicas, porque las universidades no son solo los profesores y estudiantes, también somos todas las personas que trabajamos y participamos de proyectos de investigación y de acción social.

SACO es de suma importancia para nosotras y nosotros, y por eso mismo, esperamos que este año 2022, el año de las Universidades para las Comunidades, la Universidad de Costa Rica mantenga su compromiso de trabajar con las personas de los territorios, y seguirnos apoyando mutuamente en el conocimiento y las prácticas que realmente necesitamos.

El debate pendiente de las elecciones de 2022

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Es ya un lugar común decir que estas próximas elecciones serán las más atípicas de la historia, debido a una serie de causas y factores combinados. Observémoslos:

  • Se dan en medio de una pandemia que se ha convertido en un factor agravante de una crisis multidimensional, que el país ha venido acumulando a lo largo de varios lustros.
  • Se realizarán convocando a un electorado numerosamente apático que no ve un futuro claro y que ha acumulado la frustración de las promesas incumplidas por los gobernantes, ya sea desde Zapote o Cuesta de Moras.
  • Se desarrollarán con la mayor oferta de candidaturas a la presidencia y a diputados que registra la historia; lo que obliga al TSE a imprimir papeletas tan nutridas en nombres de partidos y colores de banderas, que muchos electores terminarán confundidos y empachados.
  • La atipicidad se muestra asimismo a que al llegar el 15 de noviembre (fecha en que escribo este artículo), la frialdad es lo que domina a sus anchas el escenario electoral. Pareciera que no estuvieran en el calendario nacional las que quizás deberían ser las más importantes elecciones en varias décadas.

Mientras tanto, el debate general que se expresa a través de los diversos escarceos e intercambios entre candidatos presidenciales, ya desarrollados o los que se avizoran para las próximas semanas, no tocan los temas que deben ser los más relevantes y claves de cara a las elecciones del año 2022: La gravedad y alcance de la crisis multi-dimensional, el deterioro del Estado Social de Derecho, sus causas reales y las propuestas de solución.

Emergen como grandes temas tópicos que, aun siendo importantes o de valor político, no pueden ser los que marquen el debate electoral. Muchos de ellos giran alrededor de las pifias y torpezas del gobierno de Carlos Alvarado; como por ejemplo la imposición vertical del código QR o la inclusión de preguntas impertinentes en las pruebas FARO.

Que se discuta alrededor de las acciones y omisiones de un gobierno desprestigiado y con la brújula hace tiempo extraviada, evidencia que el debate electoral sigue siendo tangencial; le hace falta profundidad y calado.

Un primer acercamiento a la causa de tal desenfoque se podría explicar por el hecho de que la profusa oferta de candidatos esté marcada por ambiciones personalistas con poco que ofrecer en propuestas programáticas. Cuando el país está urgido de estadistas lo que domina la escena son candidatos sin hondura de pensamiento y con trayectorias políticas y currículos que apenas les alcanzan para dirigir pequeñas instituciones públicas y algunos, ni para eso.

Sin embargo, tal perspectiva –aunque válida– no toca las causas más profundas de la superficialidad y aridez del debate político de cara a las elecciones de 2022. La crisis económica y social, previa a la pandemia, es la crisis de un modelo que fracasó, el modelo neoliberal que empezó a expresarse en la década de los ochenta del sigo anterior y que siguió con una zigzagueante agenda de declinación hasta el presente.

Lo que debía estar en el centro del debate es, ni más ni menos, el fracaso del modelo neoliberal que sustituyó los logros alcanzados por el Estado Social de Derecho, que Costa Rica construyó a partir de los años cuarenta del siglo XX, por números que muestran los alcances de una crisis multi-dimensional, que fija un horizonte sombrío al país si no se da el urgente cambio de rumbo requerido.

Tenemos por delante una grave situación de recaudación fiscal, con perdón de deudas a grandes “contribuyentes”, con cifras enormes en evasión y elusión fiscal, con grandes fortunas escondidas en paraísos fiscales como lo muestran los papeles de Panamá y de Pandora.

Enfrentamos sucesivos escándalos de corrupción que asocian delictivamente a empresarios privados y funcionarios públicos, que privan a las finanzas públicas de cuantiosas cifras. La “cochinilla” y el más reciente que involucra a varios alcaldes (“caso diamante”), son tan solo la punta del iceberg de casos de corrupción que, con certeza, todavía permanecen ocultos.

La crisis que amenaza a las finanzas de la CCSS –como lo demostró la comisión legislativa en su investigación–, no asegura el mejor porvenir al sistema de salud pública, que es un componente fundamental del erosionado Estado Social de Derecho y que ha sido positivamente determinante en el combate a la Covid-19.

Una educación pública en grave crisis, que lo que hace la pandemia es mostrarla en una dimensión que raya en el desastre y en la severa incompetencia de las autoridades educativas.

Un desempleo superior al 15 %, una de las tasas de desempleo juvenil más elevado de América Latina y una informalidad creciente, que esconde el enorme subempleo que enfrenta el país, son causas coadyuvantes de una pobreza que afecta a más de la cuarta parte de la población nacional.

Unas cifras de desigualdad social que involucionaron desde finales del siglo anterior hasta convertir a Costa Rica en el octavo país más desigual del mundo.

Este panorama desolador –económico y social—muestra al mismo tiempo la aguda crisis que enfrenta el país y nuestra sociedad, que ha sido agravada por la pandemia (nunca causada) y el fracaso de la propuesta neoliberal, a la que han echado mano sucesivos gobiernos del PLN, PUSC y PAC, y diputados de esos partidos y de otras facciones legislativas.

En otros países de la región se ha venido cuestionando el neoliberalismo como un sistema fracasado que ha servido para concentrar la riqueza, incrementar la desigualdad social y depredar el ambiente, pero aquí este cuestionamiento es casi inexistente. Incluso, para no ir más lejos, los rectores de las universidades públicas cuando visualizan a la Costa Rica del año 2050, no lo señalan como causa sustancial de los problemas que enfrenta el país. El cálculo político deriva en timidez conceptual.

Así las cosas, el debate político en Costa Rica sigue encapsulado en una pecera. Y eso se debe –en gran medida– a que los causantes y cómplices del fracaso neoliberal y, la subsecuente, erosión del Estado Social de Derecho, no van a ser autocríticos en sus errores y menos aún, cuando son directos beneficiarios de tales políticas. Tampoco la plutocracia va ser la propiciadora de ese imprescindible debate. Nunca ha sido patriótica y menos lo va a ser ahora. Sus medios informativos (impresos, televisivos, radiales y digitales) que han venido adormeciendo y distrayendo a la ciudadanía de mil maneras, no lo van a generar. Seguirán con los mismos juegos de distracción.

El debate político que debe darse no vendrá desde arriba. Tendrá que venir desde abajo, desde la indignación ciudadana que llegará el momento en que dejará de comer cuento y se movilizará exigiendo el cambio hacia un impostergable Estado Social y Ecológico de Derecho.

(15 de noviembre, 2021)

Los jueguitos de un Presidente

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En un tono de regaño (que no le viene nada bien, por cierto), el presidente Carlos Alvarado les pidió a los candidatos presidenciales que “no pueden andarse con jueguitos” en lo concerniente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También sacó pecho para afirmar que dejará las finanzas públicas “estables” y que terminará su gobierno bien.

¿Bien para quién? Es la inevitable pregunta que habría que formularle a un presidente, tan devaluado en su credibilidad como el colón. Y tendríamos que responder que para quienes habitamos esta Costa Rica bicentenaria y pandémica, y somos una inmensa mayoría, las cosas están mal. Estaban mal antes de la pandemia y a partir de las decisiones y políticas del actual gobierno, las cosas –en muchos aspectos– han empeorado.

No estarán de ninguna manera bien para quienes el hambre ha venido tocando sus puertas, sin clemencia, en los últimos meses. Tampoco para quienes apenas sobreviven en medio de una informalidad laboral, que es la otra cara de un crudo desempleo.

Obviamente que las cosas no están nada bien para los millares de hogares y las casi millón y medio de personas sumidas en la pobreza. Menos aún la situación estará bien para los sectores medios empujados a la creciente incertidumbre económica.

Claro está: El optimismo presidencial no estará bien para las crecientes cifras en desigualdad social y concentración de la riqueza en pocas manos.

No estará bien asimismo el final de esta administración para el casi 17 % de personas desempleadas y con un horizonte laboral marcado por la inseguridad laboral. No estará tampoco nada bien para los pequeños y medianos agricultores, productores pecuarios y pescadores que esa administración los abandonó a su suerte.

No estará bien para la salud pública, ya que la crisis financiera que golpea la CCSS sigue fijando un futuro sombrío para esta institución señera, mientras este gobierno, la fracción legislativa del PAC y otros diputados cómplices, se negaron a tomar medidas de fondo, para resolver una situación gravísima como lo fijó el informe de la comisión legislativa que investigó sus finanzas.

Y ¿Cómo puede decir el presidente Alvarado que terminará bien su mal-gobierno con el desastre que hereda en educación pública? O con la incapacidad manifiesta de su gobierno, en hacer avanzar la conectividad y la alfabetización digital para millares de hogares que podrían tener tal acceso, si se hubiera aquilatado a tiempo, el tamaño de la emergencia para utilizar los más de $ 300 millones de dólares que tienen en sus arcas FONATEL para tal propósito.

En fin, las cosas no marchan nada bien para un Estado Social de Derecho, de cuyo deterioro son corresponsables administraciones del PLN, PUSC y PAC, mientras que, en la acelerada erosión reciente, el gobierno de Alvarado Quesada tiene una cuota de responsabilidad enorme.

Para quienes si estarán bien las cosas es para las grandes empresas y personas, evasoras y elusoras de impuestos, sea que guarden sus enormes riquezas en paraísos fiscales (Papeles de Panamá y de Pandora), o en bancos propios o ajenos. Forman parte también de quienes se regocijan de felicidad ante las políticas de esta administración, esos “grandes contribuyentes” a los que este mal-gobierno les perdonó sus deudas.

Del presidente Alvarado ya no se puede esperar otra cosa que frases que ya no pueden causar un efecto favorable. Se trata de un gobernante que, a lo largo de estos tres años y medio, mostró su falta de liderazgo y su incapacidad absoluta de autocrítica. Se regodea en una mediocridad de varios días.

¿Cuántos días falta para el próximo 8 de mayo? No tantos en el calendario gregoriano, pero si demasiados para el fin de un gobierno que ha gobernado contra las mayorías.

(25 de octubre, 2021)

LA DEMOCRACIA QUE NUNCA TUVIMOS

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS(10)
Tercera época

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

En Costa Rica la fragmentación política ha llegado a tal punto que resulta inútil intentar siquiera alguna explicación racional de un fenómeno tan avasallador: el pueblo tendrá frente a sus ojos un carnaval electoral con más de 25 carrozas, las que por sortilegio se convertirán en una sola al terminarse la fiesta, como en aquel cuento de la carroza y la calabaza, llegado ese momento de la verdad todos los feriantes supuestamente plurales recitarán en coro los salmos del credo falsamente liberal del neoliberalismo mercantilista, el de los monopolios y oligopolios privados, será un universo donde la regla fiscal y su rígida observancia representarán la mayor virtud teológica que se pudiera haber imaginado alguna vez, al igual que las muchas veces millonarias evasión y elusión fiscales.

La descomposición de las viejas maquinarias políticas, la podredumbre imperante en sus escuálidos aparatos electorales es de tal magnitud que ya nadie confía en nadie. Es por eso que al lado de aquellas han surgido una gran cantidad de meras franquicias electorales, de etiquetas y de figurones inimaginables que se mueven entre el falso liberalismo, los falsos cristianos y una serie de gentes que aseguran ser “de izquierda”, en un país donde la izquierda hace varias décadas que renunció a pensar siquiera, son gentes que se aferran al activismo electoral, y a la búsqueda de espacios en el parlamento (un sitio donde ya no se habla, se emiten gruñidos e interjecciones sí acaso) sin plantearse siquiera qué sentido podría tener su presencia en ese ámbito tan degradado.

El tema de la democracia pasa necesariamente por la posibilidad individual de disentir, de no tener que pensar y actuar dentro de los cánones o las maneras propias de aquellas gentes, esas que se ven a sí mismas como el non plus ultra de la moralidad pública y de todas las virtudes, a semejanza de lo que ocurría en la Roma de la antigüedad, tanto en su fase republicana aristocrática como en la posterior imperial, que fue la prevaleciente durante la mayor parte de ese prolongado período histórico del mundo antiguo. Las élites del poder, pero sobre todo aquellas conformadas por los que, en nuestro tiempo, llamamos con sobradas razones y evidencias sustanciales, integrantes de “los poderes fácticos”, esos que no siempre están a la vista del ciudadano de a pie, la verdadera víctima propiciatoria que paradojalmente sufre, con más intensidad e indefensión, las consecuencias de sus despiadados actos.

Esos poderes son en realidad la expresión de la voluntad manifiesta de quienes mandan y deciden, en lo esencial, los destinos de la cosa pública, con el agravante de que no son precisamente un dechado de virtudes morales y republicanas: esas  gentes, de quienes se dice que son los dueños de nuestros países, pocas veces aparecen en los eventos más teatrales de las llamadas democracias formales, como son los procesos electorales.

Esas puestas en escena de una gran cantidad de comediantes, más o menos buenos o malos, pero cuyos actos aún en el caso de lograr sus metas explícitas, como la de ser elegidos como presidentes o representantes parlamentarios, no cambiarán en lo esencial las decisiones políticas de verdad, esas que fueron tomadas en otra parte o en otros escenarios…mientras el pueblo es el gran ausente, excepto en los momentos circenses de la comedia electoral. Al pueblo Pan y Circo decían los patricios romanos de aquellos tiempos de antaño, el lema y las acciones se mantienen vigentes para la manipulación efectiva de las gentes.

Durante los meses venideros, en un lapso breve pero intenso, que habrá de transcurrir entre los primeros días del mes de noviembre del año que corre hasta febrero o abril del entrante, tres naciones centroamericanas estarán enfrascadas en esos eventos así llamados “democráticos”: Nicaragua, Honduras y Costa Rica en ese orden… Mientras el tema de Nicaragua ocupa las primeras planas de los diarios, los momentos de más rating en los noticieros de las televisoras más poderosas y en las radioemisoras con más sintonía, el caso de Honduras es silenciado deliberadamente, tal y como ha venido sucediendo durante estos cuatro años transcurridos desde que, en  la tercera semana de noviembre de 2017, un nuevo fraude electoral impuso al dictador neoliberal Juan Orlando Hernández, contra el que fuimos a protestar unos pocos frente a la Casa Amarilla o sede de la Cancillería en San José de Costa Rica.

El galimatías político electoral de Nicaragua, uno de los tres países de la región donde el gobierno de los Estados Unidos quiere cambiar al gobierno por uno más manejable, acorde con sus intereses geopolíticos, algo que resulta de suyo evidente, no hay quien lo entienda a estas alturas en todos sus alcances, es decir lo que está detrás del juego político electoral: al parecer habrán elecciones generales, según lo planeado y dispuesto por las leyes electorales, el primer domingo del mes de noviembre entrante, en  medio de acusaciones hacia quienes eran los potenciales candidatos de una oposición que no logra definirse todavía, al parecer enmarcada entre una disidencia sandinista que buscaría enmendar el rumbo y volver al proyecto original, según algunos actores de la “izquierda” regional (al menos eso vienen diciendo desde los disturbios de 2018) y las posiciones de una derecha no tan variopinta que rechazan abiertamente todo lo que representó la llamada revolución sandinista durante la década de los ochenta.

El candidato oficialista (para no entrar en satanizaciones oficiosas y deliberadas, por parte de uno y otro bando) tendría o tiene todas las de ganar en ese escenario, pero la exclusión del juego electoral de la casi totalidad de sus opositores, acusándolos al parecer con fundamento, de estar financiados por la CIA, la USAID y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos, ha tornado inmanejable la situación y ha permitido tejer un manto de sospechas sobre la legitimidad de esos comicios ¿será que la inteligencia militar del régimen nicaragüense develó algún asunto muy grave a punto de materializarse, tal cómo fueron los cruentos disturbios ocurridos entre abril y junio de 2018? Es ahí donde este galimatías resulta muy difícil de desentrañar, en todo caso, se trata de un conflicto entre las élites, donde las mayorías populares no deciden ningún asunto esencial que no sea el resultado electoral, todo eso en medio de un juego retórico muy manipulado por ambas partes.

En Honduras, por otra parte, cabe preguntarse si ¿se estará preparando un nuevo fraude electoral como los que vienen ocurriendo desde el año 2009 cuando los militares y la derecha troglodita derrocaron al entonces presidente Manuel Zelaya Rosales? ¿Volverán los del partido nacional o cachureco a comprar votos con la famosa tarjeta del mismo nombre? ¿La OEA y los voceros de la Casa Blanca tornarán los ojos hacia otro lado? Todo parece indicarnos que el mismo escenario se repetirá, salvo imprevistos.

Retornaremos sobre el tema político-electoral en Costa Rica, eso sin descuidar el de los dos países vecinos de un poco más al norte de nuestras fronteras.

Erradicar la corrupción, para un desarrollo país ético

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mainier Barboza Soto, miembro Movimiento Patriótico por Costa Rica

mainierbarbo@gmail.com

Más allá del combate a la corrupción, que pasa por la recuperación de valores y principios morales, es necesario crear estructuras, organismos, normativas, leyes, que tengan su asidero en la Sociedad Civil, de manera que desde ésta como eje emerjan tales organismos, estructuras, normativas, leyes…

Así, amparados en el artículo 9 de nuestra CONSTITUCIÓN POLÍTICA, (así con mayúsculas), está el sustento legal y democrático, para impulsar lo que se expone a continuación:

Creación del Foro de la Sociedad, que incluye a todos los sectores de la sociedad y factores claves de la producción nacional – (Trabajadores, empresarios, en especial medianas y pequeñas, cooperativas, organizaciones de mujeres, de jóvenes, cooperativas, asociaciones de desarrollo comunal, de deportes, del agro, grupos organizados de Iglesias, católica, protestantes, luteranas, evangélicas, otras), el gobierno por medio de la Contraloría, tendrá representación conjunta con las universidades públicas, las que serán las encargadas del trabajo de análisis técnico y profesional de los proyectos, que aprobaran consensual me en una Asamblea General que se reunirá 4 veces al año; para el trabajo cotidiano se formará una dirección conjunta con un(a) representante por sector, con reuniones bimensuales…

Tareas que tendrá: participación en el análisis del presupuesto nacional, y de autónomas con el Ministerio respectivo, así como los empréstitos nacionales y de las autónomas.

Analizará la pertinencia de los préstamos con organismos internacionales, (BID, FMI, BM.).

En materia fiscal creará la auditoría fiscal de la producción, Privada y Pública, que ejecutará las acciones propias de su función tales como control de la producción y su seguimiento hasta el destino final en los mercados nacional o extranjero, ejercerá controles y tendrá poder de intervención en la planta industria, comercio, exportación e importación, para evitar la evasión, elusión y fraude fiscales (verdaderos focos de corrupción). Sus acciones y señalamientos estudios y veredictos tendrán carácter vinculante.

En la actualidad el monto de la evasión, elusión, sin contar el fraude comercial, el blanqueo de capitales vía paraísos fiscales, (Cepal 2016), supera el 8 % del PIB, (cerca de $5 mil millones de dólares, casi tres veces el cacareado préstamo FMI de $175O millones).

Es urgente tomar estas medidas y crear proyectos de ley, vía rápida para recuperar la economía y dar estabilidad a la mayoría de la población que, además de pagar más impuestos (indirectos) recibe menos ingresos cada día que pasa.

La pandemia solo aceleraría algo que el modelo económico monetarista del neoliberalismo no podía contener, una crisis económica, social y de valores, que ha sumido en la pobreza extrema, en un vacío ético y un Estado maltrecho a nuestra Patria.

En tanto, la acumulación en menos manos es cada vez mayor, + al 2019 190 personas y/o familias tenían fortunas en capital y bienes superiores a los $14 mil millones de dólares, un 22% del PIB, de ese año, en tanto, la pobreza superaba el 22%, con un 6% de extrema, sin contar el subempleo, ni la informalidad).

Se ha planteado la eliminación de las Juntas Directivas y Superintendencias de las entidades autónomas, (controladas por sectores privados adscritos a los Partidos Políticos Tradicionales, lo que podría decirse por analogía,» durmiendo con el enemigo».

Las Municipalidades finalmente deben recuperar su rol ejecutivo y de gobierno local, por ejemplo, en el caso de las carreteras nacionales, bajo cargo del MOPT, cada municipio debería trabajar el mantenimiento, renovación y cuido de la red vial y cobrar al MOPT, su respectivo gasto o inversión, el Ministerio tendría solo la supervisión de las obras, en conjunto con la Municipalidad respectiva. ¿Qué se logra?, incorporar población local emprendimientos, pequeños y medianos, y una mejor distribución de la inversión entre más personas, la inversión Pública debe ser para el desarrollo del país, no para acumulación y amañada capitalización de unos pocos…

Seguiremos con las propuestas políticas y de reactivación desde el mar y las municipalidades y las alianzas cooperativas…

Imagen: AuditoriaCiudadanaTV

Proclama del movimiento sindical “por el derecho a la vida, al trabajo, a salarios dignos”

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte la siguiente proclama:

La clase trabajadora a nivel global conmemora este 1 de Mayo, el Día Internacional de las y los trabajadores, luchando contra la pandemia por COVID-19, con un altísimo costo en vidas y un terrible impacto económico y social.

En nuestro país, miles de trabajadores, públicos y privado, están en la primera línea: sosteniendo la continuidad de la vida en hospitales y clínicas; garantizando el acceso a electricidad, agua potable, educación, supermercados, pulperías, tiendas, a transporte público; produciendo productos y bienes en fábricas e industrias; que con su labor diaria posibilitan que la vida continúe a pesar de la grave crisis sanitaria.

La pandemia ha sido utilizada por las élites económicas y políticas del PLN, PUSC, PAC, Restauración Nacional y Nueva República para precarizar, aún más, las deterioradas condiciones laborales y salariales: reducción de jornadas, suspensión “express” de contratos laborales, congelamiento y reducción de salarios.

La jerarca del Ministerio de Trabajo se ha dedicado a instrumentalizar todas las medidas antilaboralles para proteger los intereses empresariales, con el eufemismo de “proteger el empleo”, ignorando toda protección y norma laboral.

Un gobierno absolutamente insensible al clamor de miles de compatriotas trabajadores, que sólo atien­de a las élites empresariales y cuya única estrategia económica son las propuestas neoliberales de austeridad para desmantelar nuestro Estado Social de Derecho.

Por tanto, rechazamos:

1- El Acuerdo con el FMI y su agenda complemen­taria de 7 proyectos legislativos que golpean nuestra institucionalidad pública e impone más impuestos al pueblo.

2- La política de recortes presupuestarios que deteriora servicios públicos esenciales para la vida y que abren el camino a la privatización.

3- La actual política económica del gobierno y sus aliados políticos que empobrece más al conjunto de la sociedad costarricense.

Exigimos:

1- Que se garantice que los patronos cumplan con su obligación de dotar de equipos de protección a los trabajadores, para evitar que tengan que costearlo los trabajadores.

2- Que el Ministerio de Trabajo, en forma inmediata, ponga en marcha la operación de las Comisiones de Salud Ocupacional en todos los centros de trabajo a fin de fiscalizar el cumplimiento de protocolos de protección.

3- Que el Ministerio de Trabajo ponga a la Inspección Laboral a verificar el cumplimiento de las condiciones laborales y las medidas y protocolos de salud en todos los centros de trabajo, privados y públicos.

4- Que el MOPT destine a los oficiales de tránsito necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias en las unidades de transporte público, para proteger a miles de personas trabajadoras.

5- Que las autoridades sanitarias, en particular el Ministerio de Salud, acelere el ingreso de vacunas y se garantice la inmunización a todos los habitantes.

Proponemos:

1- Se impulse una política de “reconstrucción económica” que ponga en el centro la creación de empleos permanentes y sostenibles, con salarios dignos; incrementando la capacidad de consumo, el fortalecimiento del mercado interno y contemple estímulos a los pequeños agricultores y a las micro y pequeñas empresas.

2- Garantizar el mejoramiento de las finanzas públicas por medio de una política fiscal orientada no a gravar el consumo, sino al patrimonio, a las ganancias de capital, a las herencias y a las grandes fortunas y riquezas.

3- Establecer una política de nuevos ingresos tributarios por medio del combate a la evasión y elusión fiscal corporativa, ilegalizando las sociedades offshore; quitando el secreto bancario y tributario; ilegalizando la práctica de trasladar ganancias a paraísos o guaridas fiscales y convirtiendo el fraude fiscal y a la seguridad social en un delito penal.

Llamamos a la clase trabajadora:

1- A no dejarse engañar por los mismos de siempre con sus promesas electorales. El PAC, PLN, PUSC, Restauración Nacional y Nueva República son responsables de que tengamos mayor pobreza, desempleo y la reducción de los salarios y otros.

2- A organizarnos y redoblar nuestra capacidad de lucha contra la élite neoliberal que busca desmantelar nuestro Estado Social, privatizar los servicios públicos y empobrecernos día a día.

3- A construir un imponente movimiento de resistencia, lucha e indignación social, que abra paso a la transformación de una Costa Rica verdaderamente incluyente, equitativa y solidaria.

Movimiento sindical y social en lucha

1 de mayo 2021

Costa Rica: trabajadorxs públicxs enfrentan un nuevo ataque hacia su sistema laboral y la Constitución

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Para diversas organizaciones sindicales costarricense afiliadas a la Internacional Servicios Públicos (ISP), el proyecto de Ley Marco de Empleo Público representa un ataque a la Constitución Política costarricense y quebranta la propia democracia, ya que limitaría la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial, universidades públicas, municipalidades y instituciones estatales. Por Eugenio Guerrero Cascante

Nuevamente Costa Rica se ve envuelta en un ambiente político-social bastante convulso, tónica que se ha repetido durante el actual gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada, primero con la entrada en vigencia del Impuesto al Valor Agregado (13%) en 2018, lo que provocó grandes movilizaciones que se extendieron por 89 días a lo largo y ancho del país, principalmente con la participación de trabajadores públicos, además de ciudadanos y organizaciones sociales.

Esta gran movilización laboral, que no se observaba en Costa Rica desde la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC) en el año 2007, llevó al gobierno Alvarado Quesada y a la Asamblea Legislativa a modificar lo establecido en la Ley de la Reforma Procesal Laboral respecto al derecho de huelga de los trabajadores, implementando la “Ley para brindar seguridad jurídica a las huelgas y sus procedimientos”, denominada por los sectores sociales como ley “anti huelgas”; ya que se impusieron una serie de modificaciones y limitaciones al ejercicio efectivo del derecho fundamental a la huelga. Para los sectores sociales esto representó una clara estrategia gubernamental y de los sectores económicos más poderosos del país para allanar el camino para lo que venía.

La situación económica que enfrenta Costa Rica desde hace varios años por la falta de leyes y controles en contra de la evasión y elusión fiscal, así como los altos intereses de la deuda pública provocaron que el país cerrara en el año 2019 con un déficit fiscal de 6.96% del Producto Interno Bruto (PIB), el cual se incrementó a finales del 2020, cerrando en 8.1% de PIB. Cifra que representa la diferencia entre ingresos y gastos más alta de los últimos 40 años, según el Ministerio de Hacienda de Costa Rica.

Esta situación allanó el camino para que en el país se desatará una “guerra” ideológica en contra de los funcionarios públicos, achacándoles toda la responsabilidad de la situación fiscal del país, aunque esta última aseveración fue desmentida por varios Ministros de Hacienda de turno, sindicatos e incluso algunos diputados costarricenses.

Sin embargo, esto no impidió que actualmente se discuta en la Asamblea Legislativa el proyecto Ley Marco de Empleo Público (Expediente Legislativo 21.336), bajo esa misma estampa ideológica. Incluso fue utilizado por el propio presidente de la República para condicionar un préstamo por 1.750 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), asegurando que, “de no aprobarse dicho proyecto de ley, el FMI no giraría el dinero”; situación que fue desmentida por el propio FMI.

Trabajdorxs afiliadxs al SITUN y organizaciones de BUSSCO protestan en las afueras de la Asamblea Legislativa contra el Proyecto Ley Marco de Empleo Público. Foto: SITUN.

ATAQUE A LA INSTITUCIONALIDAD Y A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Para diversas organizaciones sindicales costarricense afiliadas a la Internacional Servicios Públicos (ISP), como el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD), el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda (SINDHAC) y la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), el proyecto de Ley Marco de Empleo Público representa un ataque a la Constitución Política costarricense, la autonomía institucional y quebranta la propia democracia.

Esto por cuanto los tres poderes supremos del Estado costarricense (el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial), son vulnerados, de manera peligrosa, en el proyecto Ley Marco de Empleo Público; puesto que será el Ejecutivo el que tenga el poder sobre los otros dos (Legislativo y Judicial), en todo el ámbito de las políticas de gestión de los recursos humanos, integralmente conceptuada.

Para las organizaciones sindicales anteriormente mencionadas, la aprobación del Proyecto Ley Marco de Empleo Público traería consigo, implicaciones profundas que contaminarán los procesos administrativo-financieros de esos dos poderes que, de un modo u otro, pasarán a sufrir un control ejecutivo desde la Casa Presidencial de turno a través del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y Dirección General de Servicio Civil (DGSC). A esto se suma la autonomía institucional que perderían cinco universidades públicas, ochenta y dos municipalidades e instituciones como la emblemática Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Para Álvaro Madrigal Mora, Secretario General del SITUN, es claro que el proyecto Ley Marco de Empleo Público atenta flagrantemente la Constitución Política, donde está establecida la autonomía universitaria, la cual a través de los años ha fungido como una herramienta para ser un baluarte en la creación del Estado Social de Derecho Costarricense.

“El proyecto hace una intromisión en la potestad que se le ha dado a las universidades para su propia forma de organización y administración. Incluso toca hasta la libertad de cátedra. Sin embargo, independientemente de que este proyecto afecte de una forma diferente a las universidades públicas, debemos luchar por la defensa del Estado Social de Derecho de este país, que con este proyecto y otros que se han aprobado, más los que vienen haciendo fila, buscan la destrucción total de ese estado social de derecho” detalló Madrigal.

Por su parte Rebeca Céspedes Alvarado, representante sindical de la ANEP en la Municipalidad de Goicoechea, detalló que el proyecto Ley Marco de Empleo Público quita toda potestad de decisión a los alcaldes o alcaldesas, así como a los Concejos Municipales afectando el desarrollo de los cantones y comunidades.

“Exigimos a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que excluyan a las municipalidades de dicha ley, ya que viene a afectar la autonomía municipal que nos otorga la Constitución Política, esto perturbaría gravemente el desempeño administrativo, económico y comunal. Prácticamente las municipalidades pasarían a manos del Poder Ejecutivo por medio del MIDEPLAN, incluso atentando contra la elección popular de los alcaldes y alcaldesas por medio del voto”, manifestó Céspedes.

El 24 de marzo trabajadores y trabajadoras municipales afiliadxs a la ANEP marcharon por las calles de la capital San José y entregaron a la Asamblea Legislativa el Segundo manifiesto en favor de la Autonomía Municipal y en contra del proyecto Ley Marco de Empleo Público.

Trabajadorxs del Poder Judicial colocan carteles en las puertas de ingreso de los edificios judiciales para mostrar su rotunda oposición al proyecto de ley y mostrar a la ciudadanía sus efectos. Foto: ANEJUD

Otro de los sindicatos en alzar la voz en contra de este proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa es ANEJUD, organización sindical del Poder Judicial, que califica el proyecto de ley como un ataque directo en contra del empleo público y la clase trabajadora.

“Creemos que es una ley con la finalidad de reconfigurar el Estado y centralizarlo, desde el Poder Judicial. No vemos como pueden [gobierno] tener el poder sobre los jueces, fiscales o defensores, eso sería peligroso para la democracia de este país, esto es completamente inconstitucional, como también lo es, por ejemplo, el tema del salario global, que no exista ahora ya el principio de la retroactividad de la ley”, indicó Mario Mena, presidente de ANEJUD

Otra de las instituciones que se vería vulnerada con la Ley Marco de Empleo Público es la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por lo que los sindicatos de esta emblemática institución también alzan la voz en defensa de su institución, calificándola como una legislación desregulatoria y que atenta contra las garantías sociales.

“Esta ley es una de las maniobras más descaradas del gobierno que viene a romper y golpear las garantías sociales y la solidez en la autonomía de la institucionalidad costarricense, la cual ha brindado una estabilidad en temas como educación, salud, gestión municipal y acceso a servicios esenciales como agua y electricidad. Claramente esto tiene un trasfondo más grande, y es servir en bandeja de plata las prestatarias de los servicios públicos en Costa Rica hacia la tercerización o privatización, lo que significaría un duro golpe a la Caja Costarricense del Seguro Social y las Garantías Sociales”, aseveró Rodrigo López, Secretario General de ANPE.

Para las organizaciones sindicales costarricenses integrantes de la Internacional de Servicios Púbicos (ISP), es claro que las autoridades gubernamentales han decidido ignorar lo establecido en la Constitución Política, por lo que de aprobarse este proyecto será elevado de forma inmediata a la Sala Constitucional.

Además, no se descartaría iniciar acciones internacionales, ya que este violenta las obligaciones del país, establecidas por la propia Asamblea Legislativa de Costa Rica, con entidades de peso a nivel mundial, como lo es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), parte esencial del sistema de las Naciones Unidas (ONU).

 

Imagen principal: Trabajadorxs municipales afiliadxs a la ANEP rumbo a la Asamblea Legislativa por la defensa de la autonomía municipal y en contra del proyecto Ley Marco de Empleo Público. Foto: ANEP.

Enviado por Óscar Rodríguez.

Se nos fue el 2020 y nos quedan retos para el 2021

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Lic. Miguel Ureña Cascante*

Se nos fue el 2020, año del COVID y con él se puso en evidencia de manera más clara los mega negocios producto de una administración deficitaria en planificación, controles. La ciencia de la administración y los grandes tratadistas en esta área, en este periodo; pudieron quizás demostrar sus teorías.

El “Principio de Peter” queda en evidencia, ante un grupo de connotados académicos que nos demostraron quizás que la teoría y la práctica son cosas diferentes, como dirían los abuelos, “no es lo mismo verla venir, que bailar con ella”, esto no justifica que una pandemia llega sin avisar, pero deja en evidencia, que los sectores sociales de este país siempre estuvieron bien orientados, tuvieron la razón, siempre promovieron que el Estado, centralizado en Hacienda, tuviera los recursos económicos necesarios para la pandemia fiscal, siempre latente en la espaldas del pueblo, pero resolviéndola de manera equitativa, justa y progresiva, que paliaran cualquier déficit financiero responsablemente.

Quedó en evidencia, que las “luminarias” que ocuparon los puestos principales de batalla ante el COVID, no pueden comprar mascarillas de óptima calidad, las compran a sobreprecios o simplemente no les importa pagar $46 USA por una vacuna, que en apariencia la empresa fabricante, la vende a 12 euros, situación que debe denunciarse; eso no se puede convalidar con un silencio de la contraparte.

A pesar de que el sector sindical tenía una plaza en un puesto de control adecuado, faltó más eco de esas luchas o denuncias que de ahí surgieron.

El blindaje al sector financiero y empresarial fue connotado con leyes de usura reformadas en tiempo récord, leyes de moratoria fiscal, ley de suspensión de contratos laborales, pero en nada se evidenció el interés para atacar el fraude, el contrabando, o la evasión.

Nuestros padres de la patria se tiraron al piso, por no decir quizás, en forma despectiva, se “bajaron los pantalones”, ante la cantidad de demandas promovidas por un sector golpeado ciertamente, necesarísimo para la economía misma, como es el sector privado y productivo, pero maltrecho por la voracidad de sectores privilegiados, como el turismo, el sector salud dentro del campo de la medicina privada y agropecuario entre otros, que aprovechando la poca cantidad de ojos humanos, utilizaron “los vivillos” esa debilidad, para mandar a USA y a EUROPA algunas frutas alteradas y conteniendo premios a actividades delictivas.

El sector privado es necesario y hay que fortalecerlo, sin afectación al consumo producto de una disminución de la capacidad de compra del consumidor final, el cambio de leyes como el ROP y el FCL contribuirían notablemente a mejorar la demanda, pero no se vale que PAPÁ ESTADO asuma las consecuencias del COVID nos gastemos recursos públicos en Bonos Proteger, cuando la empresa privada misma, en su contabilidad año a año, inserta la provisión de derechos laborales como un escudo en materia fiscal.

Quizás una ley de dotación del 50% de los derechos laborales sea necesaria, ante el galopante incremento de ingresos que muchos empresarios a pesar de la pandemia continuaron acumulando, entre ellos el sector médico, el sector financiero y el agrícola, con las bondades de estos últimos como la piña, cuyo nivel de PH ayudaba a la salud humana ante la pandemia, pero por falta de control algunas contenían un químico nocivo.

Se nos va el 2020, con una declarada división entre el sector sindical, con luchas aisladas, donde pareciera hasta bien planificado, con el hecho de generar protesta social, pero sin un pensamiento quizás de unión e integración, cada uno de sus grandes líderes, muy respetables al fin, pero con un nivel quizás de terquedad, cuyo actuar hace que persista la oportunidad de la contrapartes o tesis de “en rio revuelto, ganancia de pescadores”, sabiéndose que los pescadores son los poderosos de este país, tejiendo sus redes y como la “pesca de arrastre” llevan al trabajador a que nos pasen por la sartén y nos coman. Esto podría ser, por la falta de integración y deponer posiciones sectarias en beneficio de una convención o puesto, mientras otros, también no menos inocentes, siguen sin delegar ese liderazgo, sin pasar el relevo porque se afanan con el trono del poder interno en sus Mega Sindicatos, situación quizás que promueve un debilitamiento del movimiento y evita una oxigenación con el significado mismo de organizaciones de los trabajadores, para los trabajadores, y por los trabajadores.

Se nos fue el 2020 con cientos de héroes muertos en batalla, porque no tuvimos el conocimiento preciso de la actuación dolosa de nuestros Ministros o Presidentes Ejecutivos, actores quizás tildados de corruptos en actos lamiendo grandes fortunas salariales y protegiéndose con el infortunio de una pandemia, actores políticos decisivos para brindar el equipo adecuado a galenos e inocentes enfermeros, los que hoy al final del año, su esposa, sus hijos, sean los únicos que lleven flores a sus sepulturas, y mientras, un Ministerio Publico, tal cual semejanza con Keylor Navas , evita los goles de las persecuciones penales contra los “Dioses del Olimpo” , y ninguna agrupación sindical, con excepción de SITRAHSAN han solicitado su actuación en fechas pasadas, como la pérdida millonaria en inversiones, y la actuación de SINAE recientemente promovida.

Se nos va en el 2020, la urgencia de recordarle al Gobierno que baje los gastos en asesorías, en sistemas digitales onerosos, con la estrategia de centralizar administrativamente funciones tributarias, cuando la legislación es clara, las competencias son claras, la materia especial es clara, lo que no resulta nada claro, es la millonada que se pretenden “embuchar” algunos proveedores de licencias, sistemas o “tarros”, como sucedió con Tributación Digital.

Ciento cincuenta y seis millones de dólares, no se los brincan con garrocha.

Gastos es alquileres, mientras decenas de hectáreas propiedad del mimo gobierno encharraladas por falta de uso y millonarios pagos de alquileres a empresas de políticos reconocidos. Algunos terrenos que lejos de promover cultura, proveen espacios para el consumo de drogas, facilitando la construcción de tugurios como bunker.

Se nos viene un 2021 con una serie de amenazas que de continuar como el 2020, pasarán sin mayor conflicto todo el filtro legislativo, y aún no decidimos entrar a la corriente legislativa a defender desde una o varias curules los derechos de los trabajadores, único escenario por ocupar, ya que la “democracia de las calles”, es evidente, a nadie le trae beneficios y por el contrario, causa más división social al traerle malestar al trabajador de a pie.

Continuamos en el 2021 con la esperanza de un bloque sindical y social, firme en la lucha, con una visión individualizada de cada evento, pero globalizada, respetable y bien considerada por la colectividad.

Que el 2021 traiga lo que deba venir, pero; que el trabajador comprenda que tiene un grupo de compañeros que lo representan en cada actuar de manera adecuada y al nivel esperado.

* Licenciado en Derecho; licenciado en Administración; Contador Privado; Secretario General SITRAHSAN 2018-2020; exdirectivo SINDHAC; miembro fundador de la Asociación de Profesionales de Tributación Directa, TFA y Aduana; miembro fundador de la Asociación de Profesionales de Aduanas; membro junta directiva FENOTRAP; miembro activo CMTC; docente universitario, trabajador de toda la vida.