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Etiqueta: femicidios

Defensoría: Los femicidios son un reflejo de un país donde no cesa la violencia machista hacia las mujeres

Ante los lamentables hechos de violencia contra mujeres vinculados a sus parejas sentimentales, la Defensoría de los Habitantes pide respeto por las víctimas y sus familiares. Sin lugar a dudas, este tipo de violencia debe ser objeto de discusión e indignación a viva voz, como reproche ante conductas que reproducen patrones machistas en donde la mujer es una posesión del perpetrador y creen tener la potestad de su vida o de su muerte.

El año pasado, 82 mujeres murieron en forma violenta, delitos de los cuales 26 ya han sido reconocidos como femicidios y 40 faltan por clasificar, es decir, asesinatos por su condición de género en manos de sus esposos o compañeros sentimentales. Según datos del Observatorio de Igualad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, en el año 2023 un total de 11 muertes violentas de mujeres por razón de género ocurren cada día en la región. Decimos que, por su condición de género, porque precisamente por el hecho de ser mujeres, sus parejas las consideran de su propiedad y ante diferentes circunstancias en sus relaciones, se atribuyen el poder de disponer de ellas a tal punto de quitarles la vida, incluso en frente de sus propios hijos e hijas. Esto no tiene otro nombre y, ocultarlo o disimularlo, no hace más que fortalecer tal modelo patriarcal que aún prevalece en nuestra sociedad.

A nivel del sistema institucional, Costa Rica cuenta con un importante conjunto de herramientas jurídicas para atender y prevenir la violencia de género; sin embargo, la cuestión preventiva está dejando que desear y esta labor no es solo del Estado, sino de toda la sociedad.

Se trata de una cuestión cultural. Una sociedad que normaliza la violencia en todas sus formas y ámbitos, fomenta el caldo de cultivo para someter aún más a los grupos vulnerabilizados, entre ellos, históricamente a las mujeres.

El femicidio es la máxima expresión de violencia contra las mujeres, pero previo a este, el maltrato verbal, la discriminación, la misoginia, los golpes, la violencia sexual, la violencia económica, la discriminación laboral, el acoso y el menosprecio, entre otras vejaciones, son violencia por razón de género, todas las cuales deben ser visibilizadas, atendidas y sancionadas.

La educación en el hogar, la comunidad y, por supuesto, el centro educativo, es la clave para que podamos revertir ese patrón, pero lamentablemente, tal factor de protección, cada día se reduce y debilita, para muestra, incluso las últimas decisiones gubernamentales, así como las muertes violentas cuya noticia escuchamos cada mañana.

Esta violencia se reafirma con manifestaciones de menosprecio a las víctimas y sus familiares, cualesquiera sean las circunstancias de las relaciones de éstas con el femicida. Si es joven, si es mayor, si tiene estudios, si no los tiene, si es o no de recursos económicos, todos estos son elementos que no justifican bajo ningún motivo el quitar una vida, o dos, cuando hay un embarazo de por medio.

Ya no es solo empatía y respeto, es posicionamiento claro en contra de la violencia hacia las mujeres, lo que debe ser nuestra reacción social ante estos hechos. Todas las personas y, con mayor razón quienes tienen canales de difusión de cualquier índole, debemos señalar, rechazar y reprochar la violencia en donde corresponde, sea en el perpetrador. Intentar trasladar culpas hacia las víctimas o sus familias, nos hace cómplices de una realidad que no puede ser tolerada más.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Gran marcha nacional ¡Emergencia ya, Ni una menos!

Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres – 25 de noviembre. En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, diversas organizaciones, colectivos, grupos, partidos y activistas independientes convocamos a una Gran Marcha Nacional para exigir respuestas concretas ante la crisis de violencia que enfrentan las mujeres en Costa Rica. En un contexto donde la violencia de género ha alcanzado niveles alarmantes, exigimos la Declaratoria de Emergencia Nacional por violencia hacia las mujeres por parte del Gobierno, a sabiendas de las características machistas y autoritarias de Rodrigo Chaves. Ante la falta de acciones contundentes, las mujeres declaramos esta emergencia desde las calles, reafirmando nuestra lucha y exigencia de justicia para todas.

Datos recientes del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y el Acceso a la Justicia del Poder Judicial reflejan una situación crítica. Se contabilizan hasta la fecha 21 femicidios y alrededor de 70 muertes violentas de mujeres. Además, los crímenes de odio hacia las mujeres trans continúan siendo desatendidos y tratados de forma transfobia en medios y espacios públicos. La inacción del Estado costarricense ha dejado en evidencia una falta de cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, atención y justicia, lo que ha permitido un aumento en la violencia y un ambiente de impunidad. La violencia patriarcal es un problema estructural vinculado a la pobreza, las desigualdades y precarización del trabajo y condiciones de vida en el sistema capitalista.

Las instituciones responsables de la protección de las mujeres han sido debilitadas por recortes presupuestarios y decisiones políticas de este gobierno. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) ha sido instrumentalizado políticamente, alejándose de su labor de colaboración con organizaciones civiles y sectores que han luchado históricamente contra la violencia de género, incumpliendo con las obligaciones jurídicas de protección especial como la CEDAW y Belém Do Pará. Las iniciativas gubernamentales -usadas para lavar la imagen del gobierno-, como los «puntos violetas» han sido estrategias que no han generado cambios significativos en la vida de las mujeres, dejando a muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. Nos solidarizamos con las personas trabajadoras del INAMU a quienes diferenciamos de las jerarquías gubernamentales responsables de estas acciones denunciadas.

El sistema judicial ha sido cómplice de esta violencia, dándonos la espalda al momento de denunciar, mostrando debilidad y falta de compromiso en el acompañamiento a las víctimas. Este sistema, aludiendo a la falta de recursos, evade profundizar en la búsqueda de las tantas mujeres desaparecidas hasta encontrarlas, como ocurre con Nancy Chacón, Daniela Escobar y la niña Keibril García. Por si fuera poco, también se tarda en llevar a juicio a asesinos en los casos de femicidios como los de Fernanda y Raisha, Natali Madriz y Yuli Ureña los cuales irán a juicio prontamente debido a la presión de sus familiares.

El Ministerio de Educación Pública y las universidades estatales han enfrentado una serie de recortes que incluyen ataques a personas trabajadoras de la educación y a la permanencia de estudiantes en el sistema educativo, con menos recursos para comedores, transporte y becas. La ausencia de programas de igualdad y equidad de género afecta a las juventudes y niñez, negándoles una educación sin violencia. Se ha recortado el presupuesto también de Acueductos y Alcantarillados perjudicando el acceso hacia el agua. Los recortes en el Ministerio de la Vivienda hacen que el presupuesto sea el menor en los últimos años por lo cual acceder a un bono de vivienda es cada vez más difícil perjudicando a las mujeres de sectores populares y sus familias.

Por otro lado, la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) también se encuentra bajo amenaza debido a recortes y privatización, limitando el acceso a la salud pública, lo que afecta de manera desigual a las mujeres. La situación es especialmente crítica en regiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), donde los recursos para la atención de salud de las mujeres son escasos. Además, se ha negado la inversión en obra pública como la construcción del Hospital de Cartago.

Es fundamental que defendamos las conquistas sociales que han significado las instituciones públicas y exijamos el mejoramiento de los servicios públicos.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar siguen siendo vulnerados en Costa Rica. A pesar de que el Código Penal establece el acceso al aborto terapéutico desde hace más de 50 años y de que existen una norma técnica y un protocolo de la C.C.S.S., aún no se garantiza plenamente este derecho, como fue evidente en los casos de Ana en 2007 y de Aurora en 2012. Esta situación refleja una forma de violencia que enfrentan las mujeres en el país, quienes carecen de la libertad para decidir sobre sus cuerpos, ya que el aborto continúa siendo ilegal. Inclusive, el país sigue incumpliendo con su obligación de recolectar datos actualizados sobre interrupción del embarazo pero según la Asociación Demográfica Costarricense, entre 2007 y el 2008, se realizaron aproximadamente 27,000 abortos inducidos.

De manera solidaria, levantamos la voz contra la ocupación en Palestina y la política de exterminio llevado a cabo por Israel hacia el pueblo palestino, exigimos la ruptura de relaciones con el gobierno de Israel, incluyendo el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, en solidaridad con el pueblo palestino.

Exigimos el cumplimiento de la ley que se encarga de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política en Costa Rica vigente y demandamos la aprobación de normativa para que la política sea un espacio seguro para las Mujeres.

Hacemos un llamado al feminismo y al movimiento de mujeres a sostener la independencia y autonomía de nuestro pensamiento frente al Estado, instituciones y sectores anti derechos, y a desarrollar un movimiento a nivel nacional por medio de movilizaciones callejeras para luchar contra la violencia machista.

Las organizaciones firmantes, unidas bajo la consigna «Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos», demandamos:

  • La Declaratoria de Emergencia.
  • Justicia para Fernanda y Raisha (en el juicio que inicia el 2 de diciembre), para Yuli Ureña (en el juicio que inicia el 4 de diciembre) y para Naty Madriz (en el juicio que inicia el 22 de enero del 2025),
  • Aprobación de los proyectos de ley que exigen las mujeres sobrevivientes de tentativa de femicidio y de Familias Sobreviviendo el Femicidio.
  • La despenalización del aborto tal y como fue recomendado por diferentes países en 2 ciclos en el Examen Periódico Universal coincidiendo con el criterio del Comité CEDAW en los casos de violación, incesto, riesgo para la vida o salud de la mujer y malformación grave del feto.
  • La legalización del aborto seguro, libre y gratuito.

Instamos a todo el país a unirse a esta marcha para alzar nuestras voces en contra de la violencia basada en género, los discursos de odio y la impunidad. Exigimos políticas de prevención eficaces y el fortalecimiento de los servicios públicos y de las instituciones comprometidas con la protección de los derechos de las mujeres.

En promedio 136 mujeres solicitan medidas de protección por violencia al día

  • Acompañamiento psicológico y determinación de variables socioeconómicas, laborales y familiares son esenciales para un abordaje integral y de protección a víctimas

UNA Comunica. 6 de setiembre de 2024. Actualmente, en promedio, 136 mujeres estarán acudiendo a instancias judiciales a solicitar medidas de protección ante situaciones de violencia. Al año, serían 62 mil casos, de acuerdo con el Examen Periódico Universal Costa Rica de abril 2024, de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres.

La estadística surge en el contexto donde se dio a conocer el reciente caso del femicidio de Loida Villalobos, de 34 años, quien aparentemente murió a manos de su esposo, en su casa en La Tigra de San Carlos, el pasado 27 de agosto.

Ella estuvo casada con el presunto agresor desde el 2010 y desde hace tres meses estaban separados. El sospechoso tenía prohibición de acercarse a Villalobos, medida que incumplió para cometer el femicidio.

Junto con la abogada especialista en derechos humanos y académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA), Larissa Arroyo, se analizó el entorno de exposición que sufren las mujeres víctimas de violencia y la efectividad de las medidas cautelares.

Para la experta, es importante considerar, en primera instancia, que el Estado está en la obligación de acatar lo que disponen las leyes en este tema, y luego velar por la adecuada implementación de las medidas que muchas veces están incluidas en protocolos, guías y manuales.

Sin embargo, es insuficiente lo que el Estado hace en este momento para resguardar la seguridad de la víctima, más allá de la denuncia presentada. Es ahí donde debe determinarse la magnitud de cada caso particular y, a partir de ahí proponer los abordajes económicos, de acompañamiento psicológico, laboral, de educación y vivienda que permita un abordaje integral.

“Pensemos en esos 136 casos diarios y lo que puede significar a nivel institucional. Porque entonces voy a necesitar a una policía y a un Poder Judicial, capacitados. Por eso es por lo que, para mí, es muy importante que no solo hablemos de las medidas cautelares, pues no es así como vamos a llegar a las verdaderas causas”, determinó Larissa Arroyo.

Además, las mujeres deben enfrentar los mitos y estereotipos alrededor del tema de la violencia, que abarca también el ámbito institucional. Por ejemplo, Arroyo mencionó aquellas situaciones donde, en el ámbito institucional, las denuncias son tramitadas por personas funcionarias que carecen de una perspectiva de género.

Caso por caso

Denunciar la agresión siempre será un paso necesario y fundamental; sin embargo, se debe analizar cada caso por aparte y determinar lo que puede implicar para la víctima. “Si se tratara de mi amiga, de mi vecina, de mi prima, mi consejo es que plantee la denuncia, pero que, en la medida de sus posibilidades, piense en un plan previo, porque no es lo mismo si ella convive con la persona o no, si depende económicamente de él, si tienen hijos o si padece alguna enfermedad. Todas estas variables hay que considerarlas”, agregó Arroyo.

Al mismo tiempo, reconoce que, dependiendo de las circunstancias, la persona afectada no va a tener tiempo de pensar en un plan previo, más aún si la agresión se consume intempestivamente. “Ahí, el consejo es llamar de manera inmediata al 911, porque ellos tienen el personal entrenado para intervenir y trasladar a la víctima a un lugar seguro que puede ser un albergue o donde un familiar”.

Asistencia jurídica

Dentro de ese abordaje integral que debe brindarse desde la institucionalidad, Larissa Arroyo aboga por garantizar el patrocinio legal a las mujeres víctimas de violencia doméstica.

Ese tema, incluso, forma parte de las recomendaciones que giró el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), al examinar el octavo informe del Estado costarricense en esta materia, de febrero del año anterior.

En el apartado de recomendaciones se indica: “Amplíe los servicios públicos de asistencia letrada debidamente financiados a fin de asegurar la asistencia jurídica a las mujeres que no dispongan de medios suficientes en los procedimientos en materia penal, civil y administrativa relacionados con la violencia de género y la discriminación contra las mujeres”.

Para Arroyo, dentro del contexto socioeconómico de las víctimas puede darse ese sentido de desprotección, al no contar con los recursos económicos suficientes para sufragar la asistencia legal.

Para estos efectos, desde el 14 de julio de 2023 rige la ley 10.347 que adiciona un artículo a la ley de creación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el cual promueve la suscripción de convenios interinstitucionales para el desarrollo y financiamiento de programas de servicios de información, asesoramiento, acompañamiento y patrocinio legal gratuito a mujeres en el marco de procesos judiciales relacionados con la Ley 8.589 de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.

Otras iniciativas, como el expediente 24.303, está en discusión en este momento en la Asamblea Legislativa y busca, también en aras de cumplir con las disposiciones de CEDAW, crear un régimen de reparación integral para familiares y dependientes que han sobrevivido a un femicidio y que incluye asistencia médica, psicológica y representación jurídica.

Finalmente, Larissa Arroyo hizo un llamado a que el país avance en estrategias interseccionales para reconocer cómo la violencia basada en género afecta a las mujeres de distintas formas y estará condicionada, además, a si se trata de una mujer migrante, por ejemplo, o de una región indígena, afroscostarricense, transexual o si posee alguna condición de discapacidad.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

El oso y el hombre

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

En un pueblo hicieron una encuesta entre las mujeres preguntándoles “¿a quién preferirían encontrarse en medio de una montaña, si a un oso o un hombre?”.

El resultado fue apabullante: a un oso.

Los hombres del lugar reaccionaron ofendidos. ¿Cómo es posible?

Las mujeres explicaron.

Ambos nos pueden matar, dijeron, pero el oso no me violaría, ni me enterraría, ni me desaparecería…

La historia la contó mi hija cuando comentábamos noticias como que a una maratonista de Uganda su excónyuge la había quemado viva, que una mujer en Francia había sido drogada por más de una década por su marido para ser violada por más de 50 hombres, o el ensañamiento cada vez más creciente de los femicidios en Costa Rica.

El juicio en Francia es público, a pedido de la mujer. “Ya basta que nosotras nos avergoncemos por estos actos; es hora de que se avergüencen los verdaderos responsables y se expongan ante la opinión pública”.

Informe Situación Nacional del Delito de Femicidio 2020

Estrategia ILAFEM: Autopsias psicosociales de femicidios

La primera parte de la investigación, titulada «Informe Situación Nacional del Delito de Femicidio 2020» se enfoca en analizar y prevenir los casos de femicidio en Costa Rica. El informe fue realizado por el Comité Directivo del INAMU y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con colaboración de varias investigadoras y especialistas en género y violencia.

Este informe comienza agradeciendo a las familias y personas cercanas a las víctimas por su colaboración. También presenta los objetivos del INAMU y la importancia de vivir una vida sin violencia, de ahí que se realiza un resumen ejecutivo de la situación del femicidio en 2020, incluyendo la implementación de la estrategia ILAFEM. El documento enfatiza la importancia de una respuesta integral y coordinada para prevenir el femicidio y apoyar a las víctimas y sus familias.

Sobre la estrategia ILAFEM, es la autopsia psicosocial como herramienta clave para investigar las muertes violentas de mujeres y entender el contexto social y cultural de los femicidios. Esta estrategia busca mejorar la respuesta institucional y comunitaria para prevenir estos delitos. 

Entre los hallazgos principales en esta primera parte se encuentra la caracterización general de las víctimas y las condiciones que llevaron al femicidio, la identificación de factores de riesgo y vulnerabilidad, el impacto de la violencia y el femicidio en las comunidades y la respuesta institucional y la necesidad de una reparación integral para las personas sobrevivientes.

Mientras que, algunas recomendaciones a partir de los hallazgos son: fortalecer las capacidades institucionales para prevenir y atender casos de violencia, mejorar la coordinación entre diferentes instituciones y comunidades, asegurar una respuesta rápida y efectiva ante las señales de violencia y promover la educación y sensibilización sobre el femicidio y sus consecuencias. 

La segunda parte del trabajo “Informe Situación Nacional del Delito de Femicidio 2020 – Estrategia ILAFEM: Abordaje jurídico de casos» aborda el marco legal y procesal del femicidio en Costa Rica durante el año 2020. Este informe fue realizado por el Comité Directivo del INAMU y el PNUD, con varias autoras y revisión técnica de la Red Feminista Contra la Violencia hacia las Mujeres en Costa Rica. El informe enfatiza la importancia de un abordaje integral y coordinado para prevenir el femicidio, mejorar la respuesta judicial y proteger a las víctimas y sus familias.

Dentro de los principales hallazgos jurídicos está que; el femicidio es una violación de derechos humanos y los estados deben tomar medidas para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. También, se expone la definición de femicidio según la Convención Belem do Pará y la perspectiva de Diana Russell y la distinción entre homicidio y femicidio, destacando la importancia de esta conceptualización para abordar la violencia de género. Y finalmente, hay un análisis del tipo penal de femicidio vigente en Costa Rica en 2020, incluyendo la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer (LPVM) y sus limitaciones.

Se realizó una revisión de 23 expedientes de femicidios asignados, resultando en 22 informes jurídicos completos y la descripción del proceso de acceso a los expedientes penales y los desafíos encontrados.

A partir de ello se analizaron los estados de los expedientes: casos sin acusación, en etapa preparatoria, intermedia, en espera de juicio, sobreseídos, en impugnación, y con proceso judicial terminado. Asimismo, se evaluó la debida diligencia en las investigaciones judiciales y los cuerpos policiales y se identificaron los elementos probatorios y actuaciones principales de los sujetos procesales.

En cuanto a la protección de sobrevivientes; se menciona la eficacia de la protección para hijos e hijas sobrevivientes de femicidios y se analizó el impacto del femicidio en los derechos de las víctimas y la revictimización durante el proceso penal.

Algunas de las recomendaciones de este informe son; mejorar la fundamentación jurídica en los escritos de sobreseimiento y acusación, garantizar la reparación integral de las víctimas sobrevivientes, implementar un enfoque de género en la investigación y judicialización de los casos de femicidio.

De esta segunda parte se concluye que; es importante fortalecer la respuesta institucional y comunitaria para prevenir los femicidios y hay una necesidad de una mayor eficacia en la protección de derechos y en la sanción de estos delitos para combatir la impunidad.

Mientras que, el trabajo de investigación “Reporteando sobre femicidios en el primer año pandémico: Construcción discursiva en los medios de comunicación costarricenses en el año 2020” tenía como objetivo principal analizar las noticias sobre femicidios en diecisiete medios costarricenses durante el año 2020, enfocándose en las estrategias discursivas utilizadas para encuadrar estas noticias. En esta parte participaron el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Red Feminista Contra la Violencia hacia las Mujeres Costa Rica.

En este trabajo se realizó un análisis crítico del discurso (ACD) y teoría del encuadre (framing), extrayendo datos del monitoreo del año 2020 desde el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia. Su unidad de análisis: 190 noticias vinculadas directamente con femicidios durante 2020.

Entre los resultados principales se encuentra la cobertura mediática que puede naturalizar y normalizar ciertos fenómenos, legitimándolos positiva o negativamente. A su vez, hay discursos misóginos y violentos ya que los medios pueden contribuir a generar representaciones negativas sobre las mujeres y normalizar la violencia. Y finalmente, se habla del impacto de la pandemia donde la emergencia nacional por VcM se agravó con la pandemia del COVID-19, aumentando el aislamiento y la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

Algunas de las conclusiones de este trabajo son que hay una influencia de los medios porque los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la creación del imaginario colectivo y en la forma en que se percibe la violencia contra las mujeres. También, hay una necesidad de una perspectiva de género; por lo que es esencial que los medios aborden la violencia desde una perspectiva de género, evitando revictimizar a las mujeres y evitando el sensacionalismo. Sobre la misma línea de recomendaciones se habla de una mejora en la cobertura mediática porque los medios deben ser más responsables en su cobertura de los femicidios, asegurándose de representar dignamente a las víctimas y de no perpetuar estereotipos negativos. Así como, un enfoque estructural ya que las noticias deben incluir factores estructurales para explicar la violencia, y no centrarse solo en los aspectos sensacionalistas del crimen.

Se les invita a revisar los documentos y reflexionar sobre la información que contienen. 

Compartido con SURCOS por Nayla Carvajal Sancho.

Marcha contra la violencia patriarcal

Retomemos las calles frente a la emergencia nacional por femicidios
Sábado 13 de julio, 1:00 pm, Parque de la Merced

En las últimas semanas han aumentado los femicidios y desapariciones. La violencia machista ha asesinado a decenas de mujeres, inclusive con ensañamiento hacia muchos de los cuerpos de las víctimas. Acompañamos el dolor y el reclamo por justicia de sus familiares y personas allegadas. Al 13 de junio habían ocurrido 29 muertes violentas de mujeres, 10 calificadas como femicidios y 18 pendientes de clasificar.*

Declaramos que se está viviendo una verdadera emergencia nacional por la violencia machista, que va más allá de los insuficientes mecanismos del gobierno e instituciones como el Poder Judicial, la Policía y el actual INAMU. Señalamos su responsabilidad en la profundización de la pobreza y la precarización de la vida, en la informalidad del empleo; que afectan de manera desigual a las mujeres y están en la raíz de las diferentes formas de violencia machista. El gobierno no cumple con los convenios internacionales que Costa Rica suscribe sobre los derechos de las mujeres.

Reconocemos que distintas instancias se han pronunciado sobre la situación de emergencia ante el aumento de violencia patriarcal y los femicidios.

Denunciamos los recortes en áreas importantes para la atención de la violencia hacia las mujeres, como el del 10% en el presupuesto de la Red de Cuido, en la educación pública, en el acceso a la vivienda y al agua potable, se ha vaciado a las Oficinas de las Mujeres en las municipalidades; estos elementos precarizan la vida de miles de mujeres y genera condiciones de vulnerabilidad frente a la violencia.

Exigimos impuestos a las grandes empresas para generar acciones eficaces y mayores presupuestos para atender, prevenir, y sancionar la violencia hacia las mujeres. Llamamos a reorganizar y unificar en las acciones al movimiento diverso de mujeres para retomar las calles y protestar, que volvamos a ser actoras sociales ante este gobierno machista y explotador. Volvamos a pelear en las calles donde hemos obtenido victorias, con independencia de los partidos machistas, conservadores y explotadores.

Hacemos el llamado a construir una gran movilización feminista por todos nuestros reclamos contra la violencia machista el sábado 13 de julio a la 1pm saliendo del Parque de La Merced a la Plaza de la Democracia. Llamamos a las mujeres, activistas y organizaciones feministas a sumarse a esta marcha, a seguir gestando luchas en las distintas regiones del país y a seguirnos organizando.

¡Ni una Menos, justicia para las que ya no están!

*Datos del Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia.

Marcha contra violencia patriarcal

Las agrupaciones promotoras se encuentran promoviendo que más organizaciones firmantes apoyen la iniciativa para protestar en las calles frente a la emergencia nacional por femicidios y violencia patriarcal.

La marcha se llevará a cabo el sábado 13 de julio de 2024, en San José a la 1:00 pm con salida desde el Parque de La Merced y finalización en la Plaza de la Democracia.

Se llama a construir protestas en todo el país. El formulario para sumarse a la iniciativa está en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxE6hcOVMvG9-_0lMe1OFG7Lmv8WawyEo87DHFiDpnl8TUUw/viewform?usp=sf_link

Prevenir la violencia contra las mujeres y los femicidios es posible

En el programa Alternativas, moderado por Dayana Ureña, se conversa con varias representantes de organizaciones de mujeres tales como Silvia Mesa presidenta de la Red Feminista Contra la Violencia hacia las Mujeres; Marlene Mora presidenta del Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica; Damaris Solano quien es vicepresidenta de la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad; Ana Arguello politóloga especializada en temas de género; Margarita Bolaños del grupo Mujeres por Costa Rica y Rocío Alfaro diputada del Frente Amplio de la Asamblea Legislativa. 

En el conversatorio cada una de las panelistas comparte su opinión respecto a la situación de violencia que viven las mujeres en el país. Se explica qué es considerado femicidio, así como la indiferencia cultural ante el aumento de femicidios y conductas misóginas que perjudican a las mujeres costarricenses. 

Las participantes se refieren a que la falta de legislación y condenas sobre los femicidios posee una relación con el aumento de violencia contra las mujeres. Y es que, en palabras de Rocío Alfaro desde el poder Ejecutivo y el Legislativo hay personas con poder que minimizan o ignoran el estado de emergencia que se vive en el país a causa de los niveles de femicidios en meses recientes. 

También, Marlene Mora se refiere a fomentar un empoderamiento en las mujeres a nivel nacional, ya que la violencia contra las mujeres se da indistintamente de su clase, edad o lugar. Ella apunta a la necesidad de investigar, desde la institucionalidad, este fenómeno; y que con programas de empoderamiento las mujeres logren distinguir los círculos de violencia que enfrentan y brindarles mecanismos para protegerse a sí mismas de cualquier peligro. 

Hay muchos temas discutidos, desde lo político, lo cultural y lo estructural, además se realizan fuertes críticas hacia la gestión de varias instituciones del país; concretamente acciones insuficientes que no resuelven ni contribuyen a disminuir el fenómeno de femicidios como epidemia en el país. 

Se invita a ver el programa y reflexionar sobre lo conversado, por medio del siguiente link: https://www.facebook.com/share/v/iCjRcQaqyYmdjMhp/?mibextid=qi2Omg

¡Prevenir la violencia contra las mujeres y los femicidios es posible!

Este viernes 21 de julio en el Programa Alternativas se estará hablando sobre el tema: “¡Prevenir la violencia contra las mujeres y los femicidios es posible!”

Se contará con la participación del siguiente panel invitado: 

  • Sylvia Mesa Peluffo. Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres. 
  • Marlene Mora Camacho. Presidenta del Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica. 
  • Damaris Solano Murillo. Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad. 
  • Ana Rita Arguello Miranda. Politóloga, Máster en ciencia de datos. Experta en género y derechos humanos. 
  • Margarita Bolaños Arquín. Mujeres por Costa Rica. 
  • Rocío Alfaro Molina. Diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

Puede consultar la imagen adjunta para más detalles.