En un pueblo hicieron una encuesta entre las mujeres preguntándoles “¿a quién preferirían encontrarse en medio de una montaña, si a un oso o un hombre?”.
El resultado fue apabullante: a un oso.
Los hombres del lugar reaccionaron ofendidos. ¿Cómo es posible?
Las mujeres explicaron.
Ambos nos pueden matar, dijeron, pero el oso no me violaría, ni me enterraría, ni me desaparecería…
La historia la contó mi hija cuando comentábamos noticias como que a una maratonista de Uganda su excónyuge la había quemado viva, que una mujer en Francia había sido drogada por más de una década por su marido para ser violada por más de 50 hombres, o el ensañamiento cada vez más creciente de los femicidios en Costa Rica.
El juicio en Francia es público, a pedido de la mujer. “Ya basta que nosotras nos avergoncemos por estos actos; es hora de que se avergüencen los verdaderos responsables y se expongan ante la opinión pública”.
Estrategia ILAFEM: Autopsias psicosociales de femicidios
La primera parte de la investigación, titulada «Informe Situación Nacional del Delito de Femicidio 2020» se enfoca en analizar y prevenir los casos de femicidio en Costa Rica. El informe fue realizado por el Comité Directivo del INAMU y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con colaboración de varias investigadoras y especialistas en género y violencia.
Este informe comienza agradeciendo a las familias y personas cercanas a las víctimas por su colaboración. También presenta los objetivos del INAMU y la importancia de vivir una vida sin violencia, de ahí que se realiza un resumen ejecutivo de la situación del femicidio en 2020, incluyendo la implementación de la estrategia ILAFEM. El documento enfatiza la importancia de una respuesta integral y coordinada para prevenir el femicidio y apoyar a las víctimas y sus familias.
Sobre la estrategia ILAFEM, es la autopsia psicosocial como herramienta clave para investigar las muertes violentas de mujeres y entender el contexto social y cultural de los femicidios. Esta estrategia busca mejorar la respuesta institucional y comunitaria para prevenir estos delitos.
Entre los hallazgos principales en esta primera parte se encuentra la caracterización general de las víctimas y las condiciones que llevaron al femicidio, la identificación de factores de riesgo y vulnerabilidad, el impacto de la violencia y el femicidio en las comunidades y la respuesta institucional y la necesidad de una reparación integral para las personas sobrevivientes.
Mientras que, algunas recomendaciones a partir de los hallazgos son: fortalecer las capacidades institucionales para prevenir y atender casos de violencia, mejorar la coordinación entre diferentes instituciones y comunidades, asegurar una respuesta rápida y efectiva ante las señales de violencia y promover la educación y sensibilización sobre el femicidio y sus consecuencias.
La segunda parte del trabajo “Informe Situación Nacional del Delito de Femicidio 2020 – Estrategia ILAFEM: Abordaje jurídico de casos» aborda el marco legal y procesal del femicidio en Costa Rica durante el año 2020. Este informe fue realizado por el Comité Directivo del INAMU y el PNUD, con varias autoras y revisión técnica de la Red Feminista Contra la Violencia hacia las Mujeres en Costa Rica. El informe enfatiza la importancia de un abordaje integral y coordinado para prevenir el femicidio, mejorar la respuesta judicial y proteger a las víctimas y sus familias.
Dentro de los principales hallazgos jurídicos está que; el femicidio es una violación de derechos humanos y los estados deben tomar medidas para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. También, se expone la definición de femicidio según la Convención Belem do Pará y la perspectiva de Diana Russell y la distinción entre homicidio y femicidio, destacando la importancia de esta conceptualización para abordar la violencia de género. Y finalmente, hay un análisis del tipo penal de femicidio vigente en Costa Rica en 2020, incluyendo la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer (LPVM) y sus limitaciones.
Se realizó una revisión de 23 expedientes de femicidios asignados, resultando en 22 informes jurídicos completos y la descripción del proceso de acceso a los expedientes penales y los desafíos encontrados.
A partir de ello se analizaron los estados de los expedientes: casos sin acusación, en etapa preparatoria, intermedia, en espera de juicio, sobreseídos, en impugnación, y con proceso judicial terminado. Asimismo, se evaluó la debida diligencia en las investigaciones judiciales y los cuerpos policiales y se identificaron los elementos probatorios y actuaciones principales de los sujetos procesales.
En cuanto a la protección de sobrevivientes; se menciona la eficacia de la protección para hijos e hijas sobrevivientes de femicidios y se analizó el impacto del femicidio en los derechos de las víctimas y la revictimización durante el proceso penal.
Algunas de las recomendaciones de este informe son; mejorar la fundamentación jurídica en los escritos de sobreseimiento y acusación, garantizar la reparación integral de las víctimas sobrevivientes, implementar un enfoque de género en la investigación y judicialización de los casos de femicidio.
De esta segunda parte se concluye que; es importante fortalecer la respuesta institucional y comunitaria para prevenir los femicidios y hay una necesidad de una mayor eficacia en la protección de derechos y en la sanción de estos delitos para combatir la impunidad.
Mientras que, el trabajo de investigación “Reporteando sobre femicidios en el primer año pandémico: Construcción discursiva en los medios de comunicación costarricenses en el año 2020” tenía como objetivo principal analizar las noticias sobre femicidios en diecisiete medios costarricenses durante el año 2020, enfocándose en las estrategias discursivas utilizadas para encuadrar estas noticias. En esta parte participaron el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Red Feminista Contra la Violencia hacia las Mujeres Costa Rica.
En este trabajo se realizó un análisis crítico del discurso (ACD) y teoría del encuadre (framing), extrayendo datos del monitoreo del año 2020 desde el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia. Su unidad de análisis: 190 noticias vinculadas directamente con femicidios durante 2020.
Entre los resultados principales se encuentra la cobertura mediática que puede naturalizar y normalizar ciertos fenómenos, legitimándolos positiva o negativamente. A su vez, hay discursos misóginos y violentos ya que los medios pueden contribuir a generar representaciones negativas sobre las mujeres y normalizar la violencia. Y finalmente, se habla del impacto de la pandemia donde la emergencia nacional por VcM se agravó con la pandemia del COVID-19, aumentando el aislamiento y la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.
Algunas de las conclusiones de este trabajo son que hay una influencia de los medios porque los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la creación del imaginario colectivo y en la forma en que se percibe la violencia contra las mujeres. También, hay una necesidad de una perspectiva de género; por lo que es esencial que los medios aborden la violencia desde una perspectiva de género, evitando revictimizar a las mujeres y evitando el sensacionalismo. Sobre la misma línea de recomendaciones se habla de una mejora en la cobertura mediática porque los medios deben ser más responsables en su cobertura de los femicidios, asegurándose de representar dignamente a las víctimas y de no perpetuar estereotipos negativos. Así como, un enfoque estructural ya que las noticias deben incluir factores estructurales para explicar la violencia, y no centrarse solo en los aspectos sensacionalistas del crimen.
Se les invita a revisar los documentos y reflexionar sobre la información que contienen.
Retomemos las calles frente a la emergencia nacional por femicidios Sábado 13 de julio, 1:00 pm, Parque de la Merced
En las últimas semanas han aumentado los femicidios y desapariciones. La violencia machista ha asesinado a decenas de mujeres, inclusive con ensañamiento hacia muchos de los cuerpos de las víctimas. Acompañamos el dolor y el reclamo por justicia de sus familiares y personas allegadas. Al 13 de junio habían ocurrido 29 muertes violentas de mujeres, 10 calificadas como femicidios y 18 pendientes de clasificar.*
Declaramos que se está viviendo una verdadera emergencia nacional por la violencia machista, que va más allá de los insuficientes mecanismos del gobierno e instituciones como el Poder Judicial, la Policía y el actual INAMU. Señalamos su responsabilidad en la profundización de la pobreza y la precarización de la vida, en la informalidad del empleo; que afectan de manera desigual a las mujeres y están en la raíz de las diferentes formas de violencia machista. El gobierno no cumple con los convenios internacionales que Costa Rica suscribe sobre los derechos de las mujeres.
Reconocemos que distintas instancias se han pronunciado sobre la situación de emergencia ante el aumento de violencia patriarcal y los femicidios.
Denunciamos los recortes en áreas importantes para la atención de la violencia hacia las mujeres, como el del 10% en el presupuesto de la Red de Cuido, en la educación pública, en el acceso a la vivienda y al agua potable, se ha vaciado a las Oficinas de las Mujeres en las municipalidades; estos elementos precarizan la vida de miles de mujeres y genera condiciones de vulnerabilidad frente a la violencia.
Exigimos impuestos a las grandes empresas para generar acciones eficaces y mayores presupuestos para atender, prevenir, y sancionar la violencia hacia las mujeres. Llamamos a reorganizar y unificar en las acciones al movimiento diverso de mujeres para retomar las calles y protestar, que volvamos a ser actoras sociales ante este gobierno machista y explotador. Volvamos a pelear en las calles donde hemos obtenido victorias, con independencia de los partidos machistas, conservadores y explotadores.
Hacemos el llamado a construir una gran movilización feminista por todos nuestros reclamos contra la violencia machista el sábado 13 de julio a la 1pm saliendo del Parque de La Merced a la Plaza de la Democracia. Llamamos a las mujeres, activistas y organizaciones feministas a sumarse a esta marcha, a seguir gestando luchas en las distintas regiones del país y a seguirnos organizando.
¡Ni una Menos, justicia para las que ya no están!
*Datos del Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia.
Las agrupaciones promotoras se encuentran promoviendo que más organizaciones firmantes apoyen la iniciativa para protestar en las calles frente a la emergencia nacional por femicidios y violencia patriarcal.
La marcha se llevará a cabo el sábado 13 de julio de 2024, en San José a la 1:00 pm con salida desde el Parque de La Merced y finalización en la Plaza de la Democracia.
Se llama a construir protestas en todo el país. El formulario para sumarse a la iniciativa está en el siguiente enlace:
En el programa Alternativas, moderado por Dayana Ureña, se conversa con varias representantes de organizaciones de mujeres tales como Silvia Mesa presidenta de la Red Feminista Contra la Violencia hacia las Mujeres; Marlene Mora presidenta del Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica; Damaris Solano quien es vicepresidenta de la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad; Ana Arguello politóloga especializada en temas de género; Margarita Bolaños del grupo Mujeres por Costa Rica y Rocío Alfaro diputada del Frente Amplio de la Asamblea Legislativa.
En el conversatorio cada una de las panelistas comparte su opinión respecto a la situación de violencia que viven las mujeres en el país. Se explica qué es considerado femicidio, así como la indiferencia cultural ante el aumento de femicidios y conductas misóginas que perjudican a las mujeres costarricenses.
Las participantes se refieren a que la falta de legislación y condenas sobre los femicidios posee una relación con el aumento de violencia contra las mujeres. Y es que, en palabras de Rocío Alfaro desde el poder Ejecutivo y el Legislativo hay personas con poder que minimizan o ignoran el estado de emergencia que se vive en el país a causa de los niveles de femicidios en meses recientes.
También, Marlene Mora se refiere a fomentar un empoderamiento en las mujeres a nivel nacional, ya que la violencia contra las mujeres se da indistintamente de su clase, edad o lugar. Ella apunta a la necesidad de investigar, desde la institucionalidad, este fenómeno; y que con programas de empoderamiento las mujeres logren distinguir los círculos de violencia que enfrentan y brindarles mecanismos para protegerse a sí mismas de cualquier peligro.
Hay muchos temas discutidos, desde lo político, lo cultural y lo estructural, además se realizan fuertes críticas hacia la gestión de varias instituciones del país; concretamente acciones insuficientes que no resuelven ni contribuyen a disminuir el fenómeno de femicidios como epidemia en el país.
Este viernes 21 de julio en el Programa Alternativas se estará hablando sobre el tema: “¡Prevenir la violencia contra las mujeres y los femicidios es posible!”
Se contará con la participación del siguiente panel invitado:
Sylvia Mesa Peluffo. Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres.
Marlene Mora Camacho. Presidenta del Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica.
Damaris Solano Murillo. Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad.
Ana Rita Arguello Miranda. Politóloga, Máster en ciencia de datos. Experta en género y derechos humanos.
Margarita Bolaños Arquín. Mujeres por Costa Rica.
Rocío Alfaro Molina. Diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Puede consultar la imagen adjunta para más detalles.
Por: Dra. Mariana Mora. Profesora Asociada en la Escuela de Sociología e investigadora en el CIEM-UCR
¡No hay agresión sin respuesta!
En lo que llevamos del año (2024), el Estado reconoce 10 femicidos y 18 muertes violentas de mujeres pendientes de clasificar. Todo consecuencia de una desigualdad estructural, política y económica de género
La conciencia sobre la violencia contra las mujeres crece desde la década de 1970, gracias a la reflexión y acción de los movimientos feministas, y ahora se nombra como un problema social y político que responde a estructuras de poder. De esta forma, se identifica un sistema patriarcal que se sirve de diferentes medios para mantener una jerarquía basada en el género, una opresión que utiliza lo económico, lo político, lo doméstico y lo “privado” para reproducir una violencia sistémica.
Como parte de la reproducción de dicha violencia, el femicidio se torna una herramienta letal de control sobre las mujeres. El mensaje dentro de este contexto de violencia de género y sexual, es: “sálgase de la norma y esto le puede costar la vida” ; y para los hombres “puede matarla y salirse con la suya” (Radford y Russel, 1992). Esta permanente amenaza de la violencia extrema no sólo produce el efecto de control señalado, sino que también debilita la autonomía de las mujeres, produce un miedo generalizado, y con esto se mantiene el dominio sobre la vida y cuerpo de las mujeres.
El contexto actual
El año 2022, momento en que el gobierno de Rodrigo Chávez asume el poder, el panorama para las mujeres va a ser uno muchísimo más grave. Fue electo un candidato presidencial que fue sancionado por hostigamiento sexual en su lugar de trabajo. Esto refleja el apoyo hacia figuras masculinas violentas, autoritarias, que a pesar de recibir algún tipo de sanción por sus actos, socialmente lo que prevalece es una popularidad e incluso una identificación con la figura misma. Su gestión presidencial durante los últimos dos años ha evidenciado el desprecio, la burla y el irrespeto manifiesto contra las mujeres. Esto se traduce en un aumento en la violencia política, simbólica y cultural contra las mujeres en el país.
A nivel de política social y económica, el gobierno de Chávez se ha caracterizado por desestabilizar las instituciones públicas del país. Esto se manifiesta en el alto recorte a la inversión social, pasando de un 12% del PIB en el 2020, a un 9,7% en 2024 – según datos de la Controlaría General de la República. Estos recortes afectan a diversas instituciones del Estado que tienen entre sus responsabilidades la prevención y atención a mujeres víctimas de violencia, así como instituciones relacionadas con el acceso a la justicia. Las consecuencias de desfinanciar las instituciones entes en la materia, no sólo recrudece las condiciones que deben de enfrentar las mujeres; sino que se traduce en violencia institucional en tanto hay un incumplimiento en el deber del Estado.
Otra dimensión crucial de análisis es el altísimo aumento de la violencia social en el país. En el 2022 se empezó a “batir récords” en relación con el número de homicidios dolosos en el territorio. El año 2023 cerró con un total de 906 homicidios, de los cuales 830 eran hombres y 72 eran mujeres – 24 más en comparación al 2022 según datos de INFOSEGURA. La coyuntura para el presente año no es muy alentadora, para mediados de junio, se contabilizan ya 380 homicidios en el país.
El aumento de la violencia femicida
En este contexto, la vida de las mujeres se encuentra en mayor peligro y amenaza. En el 2020 fue particularmente mortal para las mujeres, en tanto refleja el número más alto de los últimos 12 años con un total de 30 víctimas de femicidio. Siguiendo la tendencia de la violencia social en el país, desde el año 2022 los femicidios también se incrementan. En lo que llevamos del año, el Estado reconoce apenas 10 femicidios y 18 muertes violentas de mujeres pendientes de clasificar.
Sin embargo, desde el mes de abril, los medios de comunicación han revelado una serie de casos donde la violencia de género ha sido el escenario de las muertes violentas de mujeres. Los nombres de Ana, Pamela, Jenny, Johanna, Emilce, Nadia, Marisol, Stephannia, Leslie, María Rafaela, Kimberly, Kiara, Mildroren resuenan en los medios, y quizás tantas otras que no lleguen a ser noticia.
Ante este apabullante aumento, la violencia femicida también se ha exacerbado y ha tomado formas cada vez más extremas, de tortura y ensañamiento. Prácticas que antes se consideraban exclusivas del narcotráfico, las encontramos hoy en las formas en que los hombres deciden acabar con la vida de las mujeres. Este contexto se traduce literalmente en una guerra de baja intensidad contra las mujeres (Falquet, 1997), en donde las mujeres vivimos bajo un estado de permanente de amenaza, terror y miedo. De esta forma, se producen también pedagogías de la crueldad (Segato, 2014), donde a nivel social, cultural y mediático se normaliza cada vez más la violencia y se potencia la función propiamente expresiva de los crímenes, función inherente e indisociable en todos los tipos de violencia de género.
La impunidad que prevalece
Aunado a lo anterior, es necesario comprender que la impunidad que prevalece en torno a los femicidios se torna un factor clave en la reproducción y sostenimiento de la violencia contra las mujeres. A partir de mi investigación sobre femicidios, planteo que existe un continuum de impunidad que revela distintos estados que pueden iniciar desde el escaso o nulo acceso a servicios y estructuras legales que debería proporcionar el Estado para la atención de mujeres víctimas de violencia; hasta los procedimientos policiales y judiciales que evidencian una falta de implementación del enfoque de género y de los derechos de las víctimas.
Los datos del Poder Judicial revelan esta injusta realidad social. Las tentativas de femicidio han venido en aumento desde el año 2020, y la tendencia es que el número de absolutorias es mayor al de condenas. En el 2022, se obtuvieron 44 absolutorias y apenas 26 condenas. El contexto para los delitos de femicidio es similar. Del año 2007 al 2022 hubo un total de 430 femicidios en el país y apenas 121 condenas. Esto equivale a que aproximadamente 1 de cada 3 o 4 femicidios obtiene finalmente algún tipo de justicia penal.
Tras estos números encontramos problemas estructurales en cuanto al acceso a la justicia. Existen fuertes errores en la recolección de pruebas periciales, se evidencia una falta de implementación del protocolo ante muertes violentas de mujeres, existen una importante falta de recursos económicos y una fuga de personal especializado del Poder Judicial. La impunidad que se deriva envía un poderoso mensaje a los hombres como grupo social: “pueden seguir matando a las mujeres, porque no hay consecuencias”. Esto revela la responsabilidad del Estado en el aumento y exacerbación de la violencia contra las mujeres, especialmente los femicidios.
Movimiento feminista, familiares y comunidades se organizan y resisten
Este es un escenario sumamente desesperanzador para el país, y particularmente para las mujeres. Sin embargo, ha sido la constante lucha del movimiento feminista, de organizaciones de mujeres y de familiares, la que ha permitido que el país avance en promulgación de legislación y mecanismos de respuesta y protección para las mujeres.
Ahora bien, el aumento en los femicidios de este año demuestra que aún falta mucho por hacer para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Como parte de mi investigación llevo un registro de la memoria de luchas contra los femicidios. A junio de este año, se han llevado a cabo al menos 9 acciones colectivas localizadas en distintas provincias del país. Estos datos materializan una de las consignas del movimiento feminista: ¡no hay agresión, sin respuesta! Junto a la movilización social, es urgente que el Estado cumpla con su deber de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.
La renuncia de la presidenta ejecutiva del INAMU anunciada hoy refleja la profunda crisis que aqueja a esta institución y que fue claramente develada ayer cuando 20 diputadas y varias organizaciones de mujeres denunciaron la inactividad y el silencio de esta institución ante la oleada de muertes violentas de mujeres y de femicidios.
Esta situación es responsabilidad de la Presidencia de la República por colocar en posiciones de dirección del INAMU a personas que no reúnen los requisitos para el puesto, carecen de experiencia y conocimiento en derechos de las mujeres y prevención de la violencia. Más aún, de personas que llegaron a debilitar la institucionalidad de género y a destruir las políticas existentes.
Es consecuencia también de haber tenido en la conducción del INAMU a dos personas, con estilos y objetivos diferentes, que profundizaron la descoordinación y el desorden en las labores de rectoría de género que le corresponde al INAMU por ley.
Finalmente, es importante dejar claro que, de estas dos cabezas institucionales, quien ostenta el rango de ministra de la Mujer es quien dirigió desde ese puesto sin cartera las acciones institucionales. Por ende, es ella la principal responsable de la crisis actual.
La Presidencia de la República debe aprovechar la actual coyuntura para buscar una salida a la crisis institucional nombrando a una mujer en la Presidencia Ejecutiva del INAMU, con recargo del Ministerio de la Mujer, que no solo cumpla con los requisitos que obliga la ley, sino que tenga experiencia comprobada en materia de género, derechos humanos de las mujeres y atención y prevención de la violencia en contra de las mujeres.
Es la oportunidad para cambiar y fortalecer al INAMU y con ello a la lucha urgente de las mujeres.
Es preocupante el contexto nacional en que sólo en el 2024 se han duplicado los femicidios y casos de violencia contra las mujeres, producto de la falta de voluntad política, la agudización de la feminización de la pobreza y el debilitamiento de programas para prevenir y afrontar la violencia hacia las mujeres. Problemática que forma parte de una cultura patriarcal, capitalista, colonialista y racista donde la violencia simbólica y verbal junto a discursos de odio hacia las mujeres se han convertido en el “pan nuestro de cada día” gracias a un presidente que sobresale en sus reiteradas formas de arremeter contra la dignidad de las mujeres, deslegitimando toda iniciativa y movimiento que se impulsa para garantizar el respeto a los derechos humanos por una vida segura, libre de violencia; incluyendo a mujeres quienes, desde sus cargos políticos, ponen en duda su proceder.
Situación que tiene implicaciones mucho más profundas para la democracia y el desarrollo a nivel nacional, no solamente para las mujeres y otros grupos discriminados y estigmatizados, al ser parte de un fenómeno ético, sociopolítico y cultural de mayor complejidad. No debe sorprendernos si recordamos que fue elegido presidente de la República un individuo que en el 2019 el Banco Mundial sancionó por acosador sexual, según Resolución 649. Y paradójicamente dos días después, el entonces presidente Carlos Alvarado lo nombra ministro de Hacienda.
La tendencia de Chaves dentro del populismo autoritario y políticas de estado misóginas va en sintonía con la lógica de poder de sujetos políticos como Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y hoy Javier Gerardo Milei en Argentina, entre muchos; leales prototipos de la masculinidad hegemónica, en cuya actitud temeraria se autodenominan “héroes que combaten a los corruptos”, impulsando agresivamente proyectos y mecanismos de desmantelamiento y privatización de instituciones fruto de conquistas del pueblo, deslegitimando el movimiento social, comunal, sindical y popular. Así, garantiza un control social, político e ideológico contra aquellas mujeres que desafían el patriarcado y legitima los discursos que propician los femicidios, el abuso y la violencia en contra de las mujeres.
Chaves viola los Derechos Humanos de manera sistemática y hay incontables manifestaciones concretas en esta línea, sin embargo, su discurso es particularmente ponzoñoso cuando se refiere a las mujeres. Subrayamos solo algunas que datan del 2022: cuando el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) lamentó las declaraciones emitidas siendo candidato presidencial, donde afirma que prefiere que lo etiqueten de “cavernícola” antes de firmar un compromiso contra la violencia de género. En el 2023, en el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres exigen el pleno respeto a sus derechos denunciando al presidente como gestor de un gobierno misógino y autoritario.
En ese mismo año, el 8 de junio en la Asamblea Legislativa, con 41 votos a favor y ocho en contra, se aprueba moción para instar a Chaves a no fomentar la violencia de género a nivel político. Un mes después la expresidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López Fuscaldo, denuncia la violencia política de género ejercida contra ella y contra su hijo, mientras que, en noviembre, Martha Rodríguez González, representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS, continúa siendo víctima de persecución política por parte de él y la maquinaria estatal. A pesar de que durante el presente año, diputados y diputadas utilizan un lazo o pañoleta morado durante el Informe Presidencial de Labores, en protesta contra la violencia política hacia las mujeres, en marzo Chaves embiste con violencia política contra las legisladoras. Además, el reciente 7 de junio, en Zapote, sede de violencia de Estado contra las mujeres, manda a callar y obliga a desdecirse a la ministra de la presidencia, Natalia Díaz, con respecto al dictamen constitucional sobre la Ley Jaguar y el referéndum.
Tener un presidente misógino es un atroz ejemplo para la sociedad porque ostentando el puesto de más alta responsabilidad política, con sus actitudes y lenguajes atiza las violencias contra las niñas, las jóvenes, las mujeres adultas y adultas mayores sin distinción alguna. Continuaremos denunciando las múltiples formas de violencia que se dan desde el gobierno costarricense contra las mujeres, paralelo a imponer proyectos y diferentes mecanismos para arrebatar al pueblo las conquistas que históricamente ha logrado. Así, reiteramos nuestra lucha en defensa de programas sociales, de la Caja Costarricense de Seguridad Social, del ICE, del agua, de la educación pública, de la justicia agraria, respeto al medio ambiente y al derecho de defender los pueblos indígenas sus territorios ancestrales; en síntesis, defendemos una vida con verdadera justicia social.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Tuve la posibilidad de asistir, en el marco de un coloquio sobre inclusión desarrollado en la Universidad de Angers en Francia, a dos excelentes mesas en las que expusieron la ama académica y el académico de la Universidad de Costa Rica, Mariana Mora y Mar Fournier.
Debo decir que ambas presentaciones me gustaron por su manejo teórico, pero sobre todo por asumir con responsabilidad y riesgo metodológico la implementación de herramientas desde la geografía política y social con enfoque feminista, la descripción de sendas realidades que desnudan una Costa Rica que hace tiempo dejó su excepcionalidad empacada al vacío.
En el caso de Mariana, dibuja una clara relación entre el aumento de los femicidios en Costa Rica y el grave nivel de impunidad, omisión y desatención estatal en la materia.
Producto de su tesis doctoral, la investigadora construye una herramienta digital necesaria por actual en la que se puede ubicar georeferenciadamente cómo se va construyendo la cartografía del dolor en el país.
Esta herramienta muestra tendencias de los lugares en los que ha recrudecido la violencia criminal en contra de las mujeres costarricenses y extranjeras a manos de sus compañeros, amigos y conocidos.
Mar Fournier, por su parte, plantea un interesante acercamiento sobre la construcción del poder material y simbólico en la ciudad de San José sobre los cuerpos de las disidencias económicas, sexuales y sociales.
Utilizando también herramientas de la cartografía social, Fournier dibuja esos puntos calientes en los que un poder biopolitico es ejercido con brutalidad, violencia e impunidad en grado sumo en contra de los cuerpos de esas personas excluidas por su identidad sexual, su marginalidad económica y su s orígenes en la ciudad capital.
Ambas presentaciones me dibujaron con absoluta claridad política un escenario de una Costa Rica, ya no imaginada, sino real, que ha iniciado un viaje sin retorno hacia su desintegración como comunidad política y social. Herramientas como las que Mora y Fournier trabajan en sus investigaciones dan cuenta con precisión que hace bastante tiempo el país dejó de ser la narrativa que era.
Asumir esta realidad es el primer paso para intentar reparar el daño que como sociedad ha infligido a sus poblaciones excluidas. Asumir y poner en práctica la consecuencia. Que tanta falta nos hace.
