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Etiqueta: huelgas

4 de agosto, Día del Trabajador y la Trabajadora Bananera

José Joaquín Meléndez González del comité organizador de la celebración del Día de Trabajador y la Trabajadora Bananera menciona que es una vergüenza desde el punto de vista humano, que aún se restrinjan las libertades sindicales, la negociación colectiva y la justa reivindicación del orden económico, social y profesional de los trabajadores. Asimismo, que exista una restricción a las huelgas, incluso señala cómo en la última Asamblea Legislativa decidió regular las huelgas o judicializar la huelga, lo cual él considera que es peor, por lo cual se sigue luchando.

Asimismo, Gerardo Vargas Varela expone cómo las nuevas generaciones deben darse cuenta que el sector laboral es altamente explotado, por lo cual solamente organizados y luchando se puede alcanzar la reivindicación que se necesita.

Los invitamos a ver el video completo:

Absolutamente cierto

Herbert E, Contreras Vásquez.

Herbert E. Contreras Vásquez, M Sc.

Nuestro PIB anual supera los $64.000.000.000,00 de USD, ver siguiente enlace.

https://datos.bancomundial.org/country/CR

Esto significa no menos de $1.000,00 mensuales per cápita o $5.000,00 mensuales por familia aportando a la producción de riqueza nacional.

Si dividimos los costos de producción en tres factores:

  1. Riesgo de inversión, capital financiero del emprendedurismo.
  2. Costo de propiedades, maquinaria, equipo, herramientas e insumos (agua, energía, materias primas y logística).
  3. Mano de obra o planillas: sueldos y salarios.

Aquí vemos sin espacio de discusión, la explotación y esclavitud descarada.

El pueblo percibe menos de la quinta parte de la riqueza nacional y tiende a disminuir esta proporción de participación por medio de leyes que han hecho retroceder un siglo atrás los derechos sociales y laborales conquistados.

Valga mencionar las leyes de prohibición de huelgas, prohibición de manifestaciones, empleo público, una ley de impuestos (eufemísticamente llamada de Justicia Tributaria) y la Ley 4 x 3 en discusión; que eliminaría el pago de horas extras a los trabajadores del sector más dinámico de nuestra economía en las zonas francas.

Hay que agregar que la planilla nacional antes de los años 80 absorbía, un 50% del PIB; hoy es menos de su cuarta parte.

La moraleja es que la «pobreza» de Costa Rica es un mantra que nos repiten sin cesar nuestros desgobernantes para sostener la explotación de los ciudadanos costarricenses a favor de los capitalistas de siempre.

La pregunta medular es: ¿Quo Vadis Costa Rica?

La unidad de los sindicatos franceses

Manuel Hernández

La Ciudad de la Luz, se encuentra sumida en una profunda crisis social.

Ya van casi de 10 jornadas de lucha continua, convocadas por los sindicatos más grandes, que se han expresado de distintas maneras: petición, protesta, huelgas, movilización, barricadas y una valiente resistencia contra la salvaje represión policial.

Pero el autoritarismo del Gobierno de Macron llevó al país a una seria crisis de gobernabilidad política.

Las huelgas se vienen, día a día, extendiendo y tienen cada vez más el amplio apoyo de la ciudadanía.

Para mí, el secreto de este fuerte movimiento social y el apoyo ciudadano que ha tenido radica en la unidad de acción, de los dos grandes sindicatos franceses, como hace tiempo no ocurría en ese país europeo.

Ya es hora, que los sindicatos de Costa Rica pongan las barbas en remojo, y aprendan, por lo mínimo, de la experiencia francesa.

Las reformas anti obreras y antidemocráticas que se aprobaron en nuestro país, en el último quinquenio, las pasaron fácilmente, en buena medida, a merced de la fragmentación de los sindicatos.

Y terminarán derrumbando, sin despeinarse, lo poco queda de la democracia, salvo que los sindicatos corrijan el rumbo y empiecen urgentemente a construir la unidad de acción de los trabajadores y trabajadoras.

Este es un desafío mayúsculo, pero de carácter impostergable, que deben asumir los sindicatos de la Suiza Centroamericana, antes que la destrucción del Estado Social y Democrático sea irreversible.

La instrumentalización política de la justicia

Óscar Madrigal

En las últimas décadas, especialmente en América Latina, algunos regímenes conservadores o no, incorporaron como una de las armas contra el movimiento popular y los movimientos políticos, el uso de la justicia. Se alejaron un tanto de los escandalosos golpes de estado propiciados por los militares contra los regímenes que no les eran obsecuentes u obedientes; por el uso de la justicia, procesos judiciales amañados, procuraron alejar del poder a presidentes o cerrar el camino a potenciales candidatos que les disputaran el gobierno. La justicia se prestó para juicios políticos, se puso al servicio de los gobernantes de turno para impedir cambios de poder o silenciar a los líderes populares.

Costa Rica no ha sido la excepción. La conducta del Estado representado por el Ministerio Público y la Procuraduría General, no se diferencia mucho de lo hecho en otras latitudes. El juicio penal que se sigue en los Tribunales contra el dirigentes sindical Albino Vargas así lo comprueba. Albino está acusado por incitar a bloquear calles y llamar a la movilización social. Estas conductas fueron convertidas en delitos con el fin de impedir la protesta, pero sobre todo con el propósito de acallar a los dirigentes sociales; ahora llamar a bloquear una calle por un problema de agua en una comunidad o de un camino en un pueblo campesino o rural, podría llevar a la cárcel, sea a penar varios años de prisión a los líderes comunales o de grupos que participen en acciones de protesta como esas.

Es claro que el sistema político actual pretende acallar la protesta social, pretende acallar a un dirigente popular como Albino Vargas. Ya él, siendo muy joven, junto con Gloria Valerín y muchos otros, fueron enjuiciados penalmente por la Huelga de Adaptación Social de 1982; en ese tiempo existía el artículo 333 y 334 del Código Penal que tipificaba como delito el participar en una huelga, o sea que las huelgas eran delito. Esos artículos fueron derogados en los primeros años de 1990 porque se consideraba que atentaban contra las libertades democráticas. Hoy las huelgas están casi en la misma situación de antes del 90, o sea de ser un delito.

Albino Vargas es un dirigente controversial que puede no gustar a muchas personas, aunque nadie pueda decir que es un dirigente corrupto. Hoy se enfrenta a una nueva normativa anti-trabajadora, a un poder claramente al servicio de un sector muy reducido de la población, a una normativa jurídica más antidemocrática y autoritaria.

Esperemos que hoy como en 1982 Albino salga absuelto y libre, lo deseamos no solo por él sino por la democracia y las libertades públicas del país.

Cuatro Presidentes y cuatro experiencias de luchas históricas, ALCOA, la lucha magisterial de 1995, el Combo del ICE y el TLC

Vladimir de la Cruz

Es usual, en la memoria colectiva de las luchas sociales y populares, revivir algunas luchas, intensas, que marcan todavía el recuerdo de muchas personas, activistas de ella, como grandes episodios de la lucha popular del pueblo costarricense. En las cuatro he participado, he sido testigo y actor.

I.

La lucha de ALCOA, que culminó el 24 de abril de 1970, fue una lucha surgida en el movimiento estudiantil comunista de la Universidad de Costa Rica, por parte del Frente de Acción Universitaria, FAU, del cual era uno de sus dirigentes estudiantiles, y llevada a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, FEUCR, entonces única Universidad en el país.

En aquellos años el Partido Comunista, Vanguardia Popular, en una relativa legalidad, venía publicando artículos del Ing. Fernando Chaves Molina, en su periódico “Libertad”, desde principios de la década del 60, sobre la Aluminiun Company of América, ALCOA, sus actividades extractoras mineras en el Caribe y la amenaza que significaba para Costa Rica, porque ya se venía promoviendo un Contrato Ley con esa empresa. Fernando Chaves había publicado un folleto ilustrativo “La ALCOA, un matapalo”, 1969, cuando estaba iniciando su trámite legislativo.

El FAU había empezado sus actividades en 1967, con gran presencia universitaria, a partir de ese año.

La FEUCR realizaba sus Congresos Estudiantiles anuales, en el mes de marzo, para renovar sus autoridades y dirigentes. No había elecciones directas, que se ganaron por la lucha del FAU para obtenerlas.

En ese Congreso de marzo de 1969 propusimos luchar contra la aprobación del Contrato Ley con la ALCOA, para realizar extracciones de Bauxita en el Valle de El General. El Congreso Estudiantil aprobó integrar una Comisión de Estudio del Contrato que trabajó el resto del año.

En noviembre de 1969, cuando iniciaban las Sesiones Extraordinarias Legislativas que se prolongaban hasta abril de 1970, el Gobierno del Presidente José Joaquín Trejos Fernández, aprovechó para enviar el Proyecto para su aprobación parlamentaria, aprovechando la entrada a vacaciones, y pensando en la desmovilización de los estudiantes. El Proyecto había iniciado su trámite parlamentario el 19 de diciembre de 1968.

Para ese momento los estudiantes comunistas habíamos adquirido una gran experiencia en luchas estudiantiles y en huelgas. A ello se habían sumando, muy significativamente, grupos estudiantiles cristianos, organizados en la UCR, inspirados en las transformaciones que venía sufriendo la Iglesia Católica en América Latina, después del Concilio y de la Conferencia Episcopal de Medellín, 1968.

La lucha contra la ALCOA así se dio en la práctica durante 1969 y culminó el 24 de abril de 1970 cuando fue aprobado en la Asamblea Legislativa. Esta lucha proyectó al movimiento estudiantil en los estudiantes de secundaria, que poco a poco fuimos visitando, agitando y organizando. Durante su discusión parlamentaria hubo muchas movilizaciones y luchas populares que producían estudiantes detenidos con frecuencia.

Un elemento clave en esta lucha fue que había un núcleo de diputados que estaban en contra el Proyecto de la ALCOA, lo que servía de vértice de llegada a la Asamblea Legislativa, para apoyarlos en su oposición parlamentaria. Del mismo modo, especialmente uno de ellos, Rodrigo Carazo Odio, acompañaba a los dirigentes estudiantiles a los colegios. Los otros diputados opositores a la ALCOA eran Fernando Volio Jiménez, Jorge Luis Villanueva Badilla, Uriel Arrieta Salas, José Hine García, José Antonio Bolaños Rojas, Cecilia González, Arnulfo Carmona Benavides, Fernando Gutiérrez Benavides, Fernando Guzmán Mata y Armando Arauz Aguilar. El Contrato de ALCOA tuvo una gran atención y debate público durante ese año. Sin esos diputados la lucha no hubiera tenido el alcance que tuvo.

La presión de los estudiantes se hacía en la Asamblea Legislativa y en la Casa Presidencial, entonces ubicada donde está hoy el Tribunal Supremo de Elecciones. Sus paredes y puertas daban directamente a la acera, con una entrada principal al este frente al Parque Nacional. Allí mismo hacia el norte, antes de llegar a la esquina, había una puertita pequeña.

En la Asamblea Legislativa se presionaba para que no aprobaran el Contrato Ley, y en la Casa Presidencial para que el Presidente retirara el Contrato de la corriente legislativa.

Un día, con la Casa Presidencial rodeada de estudiantes, por esa puertita salió el Presidente Trejos Fernández, con uno de sus hijos, y otros funcionarios. Los estudiantes lo rodeamos, con respeto, exigiéndole el retiro del Proyecto. Su hijo nos manifestó que el Presidente tenía que ir al edificio de Correos porque tenia allí una reunión, e iba ir caminando. Y con el Presidente nos fuimos un grupo de estudiantes, y dirigentes, no solo para mantener nuestra exigencia sino para velar también de su seguridad personal en ese trayecto. Esto que he contado, el 18 de abril del 2016, cuando se cumplió el Centenario del nacimiento del Presidente Trejos Fernández, en un acto que se hizo oficial en el Museo del Niño, en el que intervine recordando su Gobierno, su hijo, justamente hizo un recuerdo de aquella caminata al edificio de Correos.

El Contrato de la ALCOA se aprobó pero no llegó a ejecutarse. El actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, entonces dirigente estudiantil de la Escuela de Derecho, hizo su tesis de graduación sobre la figura jurídica del Contrato Ley, para eliminarla de nuestro ordenamiento jurídico, lo que poco tiempo después se logró. Y el Contrato finalmente fue derogado en noviembre de 1976, por iniciativa del diputado José Manuel Salazar Navarrete.

Esa lucha de ALCOA tuvo fuertes enfrentamientos con la policía, particularmente el 24 de abril cuando se aprobó el Contrato por los diputados, lo que provocó que se reaccionara quebrando los vidrios de la Asamblea Legislativa, y desconectando la electricidad, debido a que el panel de breckers estaba afuera. Momentos antes el Padre Benjamín Núñez Vargas y el abogado Oscar Chacón Jinesta habían estado arengando y motivando a los estudiantes en su lucha, de manera muy exaltada. El enfrentamiento con la policía dio por resultado más de 200 jóvenes detenidos “a la pura bulla”. La policía procedió a detener jóvenes que anduvieran con uniforme estudiantil en las paradas de buses aun cuando no habían estado presentes en la Asamblea Legislativa.

II.

A José María Figueres lo conocí en un tope en el Paseo Colón, en 1994, viendo pasar el tope, él venía con su primera esposa Josette Altmann Borbón, a caballo. Josette era alumna mía en la Universidad y yo participaba del Tribunal de Tesis suyo, que la tenía en preparación. Josette al verme cruzó la calle para saludarme. Detrás de ella llegó José María, a quien me lo presentó. Poco tiempo después, 1994, ganó José María la Presidencia y Josette el Despacho de la Primera Dama.

Yo seguía en mis clases. Un día una llamada de la Primera Dama me hizo ir a la Casa Presidencial. Quería que le ayudara en algunos asuntos de su Despacho, revisándole o haciéndole escritos y discursos, y pidiendo consejos. Me puso en una oficinita a la par de la suya, a la que yo podía llegar. Le ayudé varios meses. Al Presidente no lo veía.

Por la confianza y el cariño que le tenía me daba el lujo de criticarle, cuando así lo consideraba, a su esposo, el Presidente, respecto a su gestión. Cuando se vino la huelga del magisterio, que yo apoyaba, había mucha presión interna para que el Presidente apretara a los educadores. Yo metía carbón para que no fuera así, que no ahogara el movimiento magisterial, y sus luchas, que prácticamente lo podía liquidar según lo veía yo en ese momento, que diera algo, que cediera en algo.

En una de las grandes manifestaciones que se hicieron a la Casa Presidencial, estando yo allí, el Presidente me pidió mi opinión sobre el movimiento y la situación. Mi tesis fue de que recibiera a los dirigentes sindicales. Estaba listo el Presidente para recibirlos cuando llegó una Ministra y le dijo, delante de mí, que uno de los dirigentes sindicales desde la tumba cocos estaba insultándolo y ofendiéndolo, y a su familia, y que no los recibiera. Y así sucedió…no fueron recibidos.

Me quedé unos minutos más conversando sobre la situación cuando se presentó un Alto Oficial de Seguridad y le dijo, delante de mí: “Tenemos informes de que los manifestantes van a invadir el recinto presidencial”. El Presidente Figueres se quedó pensando unos segundos, para mí minutos, y serenamente le dijo: “Déjelos que se brinquen la tapia, la valla, déjelos que estén en el jardín, pero, si entran al edificio… son suyos”. Nada de eso llegó a suceder.

III.

Para la elecciones de 1998 yo había participado como candidato a la Presidencia de la República por el Partido Fuerza Democrática. La Presidencia la ganó Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Una campaña electoral intensa que nos permitió elegir tres diputados, José Manuel Núñez González, José Merino del Río y Célimo Guido Cruz.

El Presidente Rodríguez impulsó el Proceso de la Concertación, con más de 200 organizaciones presentes, y con un alto porcentaje de aprobación de proyectos, excepto dos, la liberalización o apertura del ICE y del INS.

Habiendo terminado yo en tercer lugar en el proceso electoral, y habiendo elegido tres diputados, me invitó a formar parte de la Junta Directiva de la Concertación. Resultado positivo de este Proceso y de la Administración Rodríguez Echeverría fue la Ley de Protección del Trabajador, que podría considerarse la más importante reforma social que, después de 1943 y 1948, se había logrado.

La privatización o apertura del ICE, como se conoció popularmente el Proyecto, que se puso en discusión de la Asamblea Legislativa, puso en tensión al país, especialmente por los sindicatos del ICE, que eran tres los más importantes, que habían participado en el Proceso de la Concertación, y que habían hecho propuestas para la apertura en un plazo de cinco años. El Gobierno quería que fuera a seis meses, y había otra propuesta que se orientaba por dos o tres años.

La apertura del ICE implicaba reformar un conjunto de leyes, lo que en paquete se denominó, popularmente, y así se sigue recordando, el Combo del ICE. El “combo” porque en esos días se acaba de introducir en las comidas rápidas el paquete de varios alimentos que llamaban “combo”.

De nuevo, como en ALCOA, el movimiento estudiantil universitario, ya con varias universidades públicas, y más politizado, con mayor presencia de estudiantes de izquierda, con los sindicatos del ICE a la cabeza, y con el resto del movimiento sindical y organizaciones populares apoyando la no apertura, se empezaron a dar movilizaciones populares a la Asamblea Legislativa, que ya no era la misma. En 1970 no tenia los muros que tenía en el 2000, no había acceso directo al edificio, que ya estaba bien resguardado de manifestaciones que llegaran hasta la puerta y ventanas del edificio.

Elemento clave, como en 1970, fue la presencia de los tres diputados de Fuerza Democrática. El más sólido parlamentariamente, José Manuel Núñez, el más emblemático ante las masas, que llegaban a la Asamblea Legislativa, y por sus vínculos sindicales, y gran orador, José Merino, y el arenguero de plaza pública, Célimo Guido. Como en ALCOA los tres se convirtieron en el punto de llegada a la Asamblea legislativa. Sin diputados esa lucha hubiera sido más dura.

La lucha contra el Combo del ICE adquirió una magnitud nacional por la presencia de la misma institución en todo el país, y con ello de las seccionales sindicales que actuaban por todo el territorio, junto a los sindicatos locales o regionales, y junto a los estudiantes que de igual manera se sumaron a esa lucha. Un jueves santo en la noche se aprobó la apertura del ICE.

Igual que en ALCOA, de inmediato el Presidente Rodríguez como lo hizo el Presidente Trejos, retiraron los Proyectos de Ley de las Sesiones Extraordinarias, para paralizar la Asamblea y con ello apagar a los estudiantes y sindicatos. Pero no sucedió así.

En ALCOA no tuvimos la capacidad ni la visión de continuar la lucha después de su aprobación. En el Combo del ICE la lucha inmediatamente se sostuvo, y se mantuvo in crescendo en todo el país, paros, bloqueos, piquetes, movilizaciones. Tres semanas intensas de luchas llegaron a paralizar totalmente el país. La policía no podía cubrir los más de 300 puntos de luchas que se daban casi a diario. La policía incluso fue incomunicada por las acciones de calle, y debilitada en su capacidad represiva. Pérez Zeledón se había convertido en uno de esos baluartes. Allí la policía quedó inmovilizada y sin parque de ningún tipo. No se podía entrar a Pérez Zeledón, ni por tierra ni por aire, todo estaba bloqueado. Tres días de lucha y la policía estaba sin poder actuar. Cañas, en Guanacaste, fue otro baluarte de lucha. Una foto de esos días, en un periódico nacional… una señora, del Partido Fuerza Democrática, sola en la carretera panamericana, paralizando los trailers y otros automotores en la carretera.

El gobierno empezaba cierta inmovilización, que pienso que si se hubiera mantenido, se pudieron haber creado condiciones para que el Gobierno se cayera.

Uno de esos días, en plena lucha, me llamaron, como dirigente y asesor parlamentario que era de Fuerza Democrática, de un Colegio de Monjas de Cartago. Llegué a las 7 a.m. Me esperaba y atendió la Directora. Fue directa y me dijo: “¿qué hago?, ¿qué puedo hacer?, los estudiantes vienen de sus casas, no se quedan en el Colegio, y se van para las manifestaciones. Sus padres creen que están en el Colegio y están en la calle”. Hablamos de la situación y le dije que cerrara el Colegio y le trasladara la responsabilidad de los muchachos a los padres, y así lo hizo de manera inmediata.

A mi regreso de Cartago, en el Alto de Ochomogo, en el Plantel de RECOPE, había un molote de gente, a la entrada, discutiendo con un destacamento policial sobre abrir los portones. Me bajé del carro. Me dirigí a la entrada. De inmediato se me presentó un Oficial de la Fuerza Pública, al reconocerme me saludó militarmente, diciéndome: “Usted es un político, yo soy un policía. Tengo la obligación de cumplir una orden, la de abrir el portón para que que puedan salir trabajadores, que estos señores, los sindicalistas, no quieren abrir”. Me dirigí, con el Oficial, a los trabajadores, que algunos me conocían, hablamos de la situación y acordamos que la policía se retiraba y que ellos abrían el portón. Así sucedió. El plantel de RECOPE permaneció en manos de los sindicalistas y la policía se retiró. Pero el Gobierno no se sentía. El que yo hubiera actuado como autoridad superior en ese momento ante los policías, que respetaron lo actuado, me hacía ver que el Gobierno estaba demasiado débil, sin controlar el territorio nacional.

Una noche, estando en la Asamblea Legislativa coordinado con el diputado Franz Acosta Apolonio, de Liberación Nacional, el control de la ruta al Atlántico, que estaba paralizada por bloqueo de trailers, que Franz coordinaba, me solicitaron abrir la ruta para un traslado de emergencia de una paciente a un hospital josefino. Hablé con Franz, él hizo un par de llamadas a los traileros y a quienes coordinaban el cierre de la carretera, en el Atlántico…y el problema se resolvió… se abrió el paso para la ambulancia.

En una de las concentraciones de manifestantes, que se hizo en la Casa Presidencial, se llegó al punto de que se sentía que se iban a meter. El Presidente Miguel Ángel Rodríguez no había abandonado la Casa Presidencial. Prácticamente a la fuerza los sacaron sus escoltas, por su seguridad. Antes de dejar la Casa Presidencial reunió a las fuerzas policiales que estaban allí, les dirigió unas palabras haciéndoles ver su papel y su responsabilidad, hizo una oración con ellos, y les dijo “recuerden que allí, refiriéndose a los manifestantes, hay personas, hay costarricenses”.

Al final, la lucha popular tan intensa se impuso en la práctica. Hubo que crear una Comisión Extraparlamentaria, que incluyó a las dos Vicepresidencias, a los sectores que se habían opuesto y lo que se aprobó en esa Comisión lentamente fue desenredando lo que se había aprobado como Combo del ICE.

La inteligencia del Presidente Miguel Rodríguez le había dado aire a la democracia resultado de esa lucha.

IV.

El Presidente Abel Pacheco de la Espriella había terminado de negociar, aprobar y firmar el TLC en diciembre del 2004, pero no lo envió a la Asamblea Legislativa, para su ratificación hasta diciembre del 2005, ya en elecciones, con receso legislativo hasta pasadas las elecciones, para que se le diera el trámite de ratificación al Tratado.

Obviamente no envió el TLC, en el 2005, a la Asamblea Legislativa porque eso hubiera empañado el proceso electoral, y porque en años electorales estos temas no pueden convertirse en temas de campaña, y se lo dejó al siguiente Presidente y Asamblea Legislativa, que serían electos en febrero, que pudo ser Otón Solís, a quien Oscar Arias le ganó por 18.000 votos.

Así empezó la Administración de Oscar Arias, con el TLC en trámite legislativo. Es claro que Oscar Arias estaba de acuerdo con el TLC, pero él no lo negoció y aprobó, aunque a él le echan la culpa de eso. Lo ratificó la Asamblea Legislativa que entró con el Gobierno de Oscar Arias.

En esa Asamblea jugó de nuevo el diputado José Merino, ahora, por el Frente Amplio, en ese momento un partido provincial. Se convirtió Merino en el principal referente opositor de masas desde la Asamblea Legislativa al TLC, y recibió de nuevo el apoyo de los sindicatos y grupos sociales, que también se habían movilizado contra el Combo del ICE.

La discusión parlamentaria se había enredado, se alargaba y la gestión de gobierno se frenaba. El exdiputado José Miguel Corrales promovió un Referéndum, como consulta ciudadana del TLC, que el Tribunal Supremo de Elecciones aprobó. Eso significaba de 6 a 9 meses más de atraso en la discusión mientras se recogían las firmas del Referéndum. Ya se había perdido el primer año de gobierno. Frente a esa situación, con audacia, el Presidente Oscar Arias, con un número de diputados, como lo permite la Ley, convocó el Referéndum, ahorrándose tiempo para tratar de realizar su Gobierno.

El Ex diputado Corrales reclamaba que no le habían permitido recoger firmas. Parecía no interesarle la discusión del TLC sino atrasar su discusión recogiendo firmas. Al final, al Presidente Arias, que había convocado por su iniciativa el Referéndum, y que ponía por primera vez, en la Historia Nacional, a funcionar la democracia directa, y la participación ciudadana, como elemento constitucional, haciendo de cada ciudadano un diputado, el Tribunal Supremo de Elecciones le prohibió participar y opinar, como Presidente, a favor del mismo. Por ello en la práctica se crearon los dos comités, a favor y en contra del TLC.

En octubre del 2007 se aprobó por votación ciudadana el TLC, con un margen muy pequeño a su favor, lo que obligó a los diputados a probarlo, aún con obstáculos legislativos, pero así es como funciona la democracia, con elecciones, con toma de decisiones electorales que dan Gobierno a un Partido y a un grupo gobernante, que debe realizarlo conjuntamente, con los pesos y contrapesos constitucionales, de la representación popular legislativa.

Para eso están también los diputados, para aprobar leyes, que son los únicos que pueden aprobar leyes o rechazar proyectos de ley.

Si se trata de una lucha contra leyes es en la Asamblea Legislativa donde se debe presionar y donde se deben movilizar los opositores.

El resultado del Gobierno de Oscar Arias se evidenció en la siguiente elección nacional, 2010, cuando fue electa Laura Chinchilla, su Vicepresidenta, con un 48% de votación, 8 puntos más que Oscar Arias en el 2006.

Ante las marchas y movilizaciones que se están convocando

Vladimir de la Cruz

¿Hacia dónde debe enfocarse la atención de las personas, de los ciudadanos, de los que están interesados en el mundo político nacional, con todas sus aristas?

Hay en el ambiente político acciones, que como en un remolino, mezclan diversas fuerzas sin saber quién es el principal director de esas acciones, o mostrando diversos actores, algunos de ellos obviamente con un desconocimiento total de cómo es el engranaje político y la estructura política institucional del país.

Que la gente proteste es válido. No solo en un derecho reconocido en el país, sino que la propia institucionalidad oficial lo reconoce y defiende como un derecho de los ciudadanos. El propio Ministro de Seguridad Pública muchas veces, frente a las diversas manifestaciones, y hasta con actos de cierres de calles, ha reconocido este derecho ciudadano, exigiendo nada más que no se bloquee toda la calle, que al menos dejen un carril libre de circulación. Y aun cuando cierran ambas vías o una sola en su totalidad, por horas han permitido la acción ciudadana. Hace algunos años esto no era así. El aparato represivo, expresado policialmente, se hacía sentir rápidamente. Hoy hay márgenes de acciones de calle con “tolerancia” policial.

Marchas, manifestaciones, concentraciones, paros en las calles son hoy bastantes comunes. Diversos sectores las convocan y realizan.

Sin embargo, cuando se convoca a una marcha, a una manifestación, a una protesta organizada, frente a la Casa Presidencial, pareciera que se obnubilan los mismos dirigentes, que en el molote de “dirigentes” que convocan, sin articulación entre ellos, no saben qué hacer, o algunos de ellos salen públicamente a desdecirse de algunas de las consignas de movilización que se agitan, porque jurídicamente saben que no son posibles.

En las luchas sociales, en las huelgas, por ejemplo, hay que tener certeza de qué se quiere pelear, hay que tener certeza de que se puede lograr, hay que tener certeza de qué se puede negociar, para lo cual hay que llevar a la mesa de negociaciones propuestas negociables y no negociables, para poder sacar un resultado positivo. Y, sobre todo, hay que tener certeza de la capacidad organizativa y del apoyo que se va a recibir en la lucha, y de los aliados que se pueden lograr.

Ninguna huelga o protesta de este tipo puede realizarse con objetivos imposibles, porque se pierde. Lo ideal es que de una lucha social salga algo positivo, algo tangible, algo provechoso para los que están en lucha, porque ese resultado es el que va a posibilitar otras luchas se semejantes, y crecientes. Si las luchas, de este tipo se conducen con resultados reiteradamente perdedores, terminan debilitando las organizaciones convocantes de estas luchas, en el caso de este ejemplo, los sindicatos, a situaciones desmovilizadoras hacia el futuro, a la pérdida de confianza y de conciencia de quienes deben estar en esa lucha hacia sus dirigentes y sus organizaciones.

Está convocada una marcha, una movilización, una concentración, de diversos sectores sociales y de trabajadores, y con consignas mezcladas diversas y confusas entre ellas. Veamos dos de esas consignas. Una que llama a destituir al Presidente de la República, pidiéndole que renuncie. Los que enarbolan esa consigna pareciera que son analfabetos políticos totales, que nunca han leído ni siquiera la Constitución Política, ni la conocen, a pesar de que algunos son abogados y otros han sido hasta diputados. Uno de ellos, que fue diputado y es abogado, y también candidato Presidencial del Partido Liberación Nacional en 1998, José Miguel Corrales se corrió de esa consigna, porque sabe que eso no es posible, y que es una tontería estar agitando, y engañando a la gente, en esa dirección.

Si el Presidente, supongamos, renuncia, le sucede constitucionalmente la Primera Vicepresidencia de la República, y si ésta también renunciara, le seguiría, en orden de sucesión, la Segunda Presidencia de la República. Supongamos más. Que renuncian los tres juntos, los vicepresidentes, con gran sacrificio patriótico en solidaridad con su Presidente, renuncian a la vez, entonces, asume el Puesto de Presidente quien ejerce la Presidencia de la Asamblea Legislativa… si no renuncia, Y, si renunciara, en la Asamblea Legislativa hay tantos Presidentes legislativos, hasta 57, si todos son mayores de 30 años, que pudieran asumir ese puesto, si el Presidente Legislativa que nombren renuncia a su puesto y renuncia por ello a asumir la Presidencia de la República. Así de simple.

Si las cosas fueran así de sencillas, la sola renuncia del Presidente, no nos da a los costarricenses, con las dos Vicepresidencias que existen, y con el actual Presidente Legislativo, algo mejor que lo que dirige la Casa Presidencial y el Poder Ejecutivo Nacional.

Sería como tirarse a un precipicio, auto inmolarse o hacerse un harakiri, que es suicidarse rompiéndose todas las entrañas con una espada o un puñal especial.

De estas formas la del Harakiri al menos es la que hacen los guerreros, voluntariamente, sobre todo cuando quebrantaban algún Código de Honor. Pero no hay Código de Honor roto entre los manifestantes que demandan esta consigna de la renuncia. En cualquier caso, le correspondería al propio Presidente si considerara que el Código de Honor de su Mandato, surgido de la representación popular, lo ha violado o traicionado. Pero esto tampoco está en la discusión de la petición de su renuncia.

No se engañen los que agitan esta consigna. No sean tontos o idiotas. No les caben otras calificaciones. ¿Qué realmente prefieren de Presidente de la República?

Esa es una consigna imposible, irreal. Eso es movilizar gente a tontas, como a darle a una piñata o a jugar a la gallinita ciega. Obviamente los que convocan en esta dirección carecen de vista. No tienen claro cuál es el escenario en qué deben moverse. O tienen grandes cataratas en sus ojos, o tienen una degeneración macular aguda por su edad, que no les permite tener una visión central y aguda, por lo que no pueden leer, el escenario político, o no pueden ver detalles finos, de ese mismo escenario.

La otra consigna. La lucha contra la corrupción. Esta es absolutamente válida. La corrupción no está en La Luna ni en Marte. Campea en toda la institucionalidad pública. Aunque no se vea, ni se toque, se respira, hiede por todo lado. Esto es cierto. No se necesita ser brujo ni adivino para señalar la existencia de la corrupción en el país. Pero, la sola lucha contra la corrupción, y la movilización contra ella, no es por sí misma suficiente. La corrupción no es intangible, por eso no se puede movilizar contra la corrupción en general. O se moviliza contra actos de corrupción precisos, denunciables, contra los funcionarios que los han realizado, con nombres y apellidos, pidiendo cosas concretas contra ellos, renuncias de sus cargos, y la acusación penal respectiva, exigiendo las penas más altas posibles para que su castigo sea ejemplarizante. Pero, no se puede luchar contra la corrupción en abstracto, en general. Eso no resuelve nada.

Lo mejor sería que en este caso quienes se manifiestan en esta dirección elaboren un Proyecto de Ley, contra la corrupción, y se movilicen donde debe ser, a la Asamblea Legislativa a presentar el Proyecto de Ley, por iniciativa ciudadana, que ahora se puede, o presentándoselo a algún diputado, o grupo de diputados que lo acojan y presenten como propio. Entonces sí vale la movilización diaria, permanente frente a la Asamblea Legislativa, hasta que le den el trámite para que llegue ese Proyecto de Ley al Plenario legislativo, y con las calles llenas presionar por su aprobación.

La sola movilización contra la corrupción, si no hay una propuesta concreta, es un canto a La Luna. Los que han sido diputados y están en esa marcha y movilización comprometidos lo saben. Si lo que tratan es de ganar alguna imagen más de la que ya tienen, bien ganada o mal ganada, no pasarán de sumar a su récord personal que han movilizado gentes bien intencionadas al desgaste político.

Algunas de las Cámaras empresariales, hace poco tiempo plantearon, ante el Gobierno, como parte de sus luchas y demandas, la necesidad de luchar contra la corrupción, la elusión, la evasión y el contrabando, que a ellos, los empresarios honestos, también los afecta. Los sindicatos, por su parte, han hecho pronunciamientos similares.

Sin embargo, siendo este un punto de Unión Nacional, en el buen sentido, no se han puesto de acuerdo, estos sectores organizados, para presentar una propuesta conjunta. De pronto que puede salir, una propuesta concreta, si se sientan a hablar sobre esto.

El tercer elemento alrededor de esta convocatoria, de marcha, de protesta, es el río revuelto que se quiere realizar, y las aguas subterráneas que se mueven dentro de ese molote social. Es el elemento desestabilizador de quienes, desde hace poco tiempo, han empezado a agitar las banderas de la anarquía institucional, los que convocan contra los Poderes del Estado, contra su imagen, los que denigran a todos los funcionarios públicos políticos, a las Autoridades de Gobierno, de sus cuatro Poderes, y de las Instituciones públicas, son los que hablan en abstracto contra la corrupción del gobierno, la corrupción de los políticos, la corrupción de los partidos políticos, la corrupción de los trabajadores con altos salarios o con altas pensiones, como si fueran estos los que se recetaron sus salarios y sus pensiones, que son originadas por las luchas de los trabajadores y por Leyes de la República.

Quienes así están actuando está deslegitimando todo el sistema democrático, y democrático representativo, que tenemos. Solo están favoreciendo salidas políticas golpistas, antidemocráticas, autoritarias, despóticas, fascistas y hasta tiránicas. Qué nadie se engañe en esto.

En este escenario perdemos todos los costarricenses, de cualquier signo político o ideológico en que se ubiquen, y de cualquier clase social con la que se identifiquen o pertenezcan. Este sería el resultado de este tipo de luchas que conduzcan a hacer surgir, de la espuma que se levante, líderes de ocasión, populistas, que como canto de sirenas, puedan ilusionar a sectores sociales desesperados y desilusionados de su propia situación social, en este momento de crisis social, por los efectos socio laborales de la pandemia, y por los golpes económicos de la misma.

Algunos, de los que están convocando a estas movilizaciones, todavía tienen posibilidades en tiempo real de que constituyan su partido político para las elecciones del 2022, que pareciera son sus aspiraciones principales, y movilicen lo que puedan alrededor suyo, para tal vez volver a la Asamblea Legislativa como diputados.

Algunos de esos líderes que están convocando ya han participado en varios procesos electorales, sin haber logrado la confianza del electorado. Tal vez en medio de esta situación social logren sacar algunos votos de más, por lo menos, para volver a la Asamblea Legislativa, que es cada vez más difícil, por el número de votantes que se necesita para salir electo, cuando no se tiene la fuerza y el reconocimiento social y político del caso, o se tiene una imagen desgastada que ninguna movilización de este tipo les va a mejorar.

Los dirigentes sindicales que se han tirado en esta movilización, ¡cuidado queman lo poco que les queda de sus naves!

UCCAEP atiza la hoguera de la polarización

De manera enfática, con total vehemencia, rechazamos por falaz, por manipuladora y por infame la perversa afirmación formulada por el más connotado sindicato patronal del país, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), en cuanto a que las huelgas sean las culpables de una presunta pérdida de confianza del clima de negocios en país y de que habría, por tanto, “cierre” de empresas.

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APSE repudia declaraciones del presidente y ministro que relacionan huelgas con aumento de homicidios

APSE repudia las infundadas declaraciones del Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y el Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas, quienes pretenden vincular el incremento de la cantidad de homicidios y la ola de crímenes registrados en semanas recientes a los movimiento de huelga ocurridos recientemente.

Estas declaraciones solo pretenden tapar el sol con un dedo respecto a la gestión ineficaz y deficiente de la seguridad pública cometida por este ministro, que al igual que toda la gestión de Gobierno de la Administración Alvarado Quesada, niega los problemas nacionales y pretende atribuirlos a otros actores sin asumir la responsabilidad de la inseguridad que vive el país y que cada día va en aumento, sin que haya una voluntad política para proteger a la ciudadanía.

A criterio de expertos en seguridad, las huelgas NO tienen la culpa en el incremento en asesinatos y la ola de crímenes registrados en el país, toda vez que los homicidios van a ocurrir haya huelgas o no, haya policías o no en la calle, porque responden a una dinámica criminal y vengativa.

Aunado a lo anterior, sobre el tema de la inseguridad ciudadana, se supone que el recurso policial se asigna en función de los espacios geográficos y de tiempo, por lo que si el Ministerio de Seguridad Pública, ha descuidado su deber de vigilancia es por otros motivos, empezando por la carencia de recursos humanos y económicos derivados de la insistencia del Gobierno en recortar todos los gastos de fondos públicos, sin medir las consecuencias de este supuesto ahorro.

Una vez más, la administración Alvarado pretende dividir y confundir cobardemente a la opinión pública, trasladando la causa de los problemas nacionales a otros sectores, y colocando a las organizaciones sindicales y al ejercicio de un derecho humano fundamental como la huelga, como un antivalor, cuando la verdad es que su Gobierno ha demostrado ser incapaz tanto en la negociación política, en la vocación de diálogo y en la protección de la ciudadanía.

Mélida Cedeño Castro

Presidenta de APSE

Roblin Apú Murillo

Secretario General de APSE

12 de setiembre de 2019

Prensa APSE

 

Imagen ilustrativa.

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Nuestro país carece de un plan para combatir el incremento en la actividad delictiva y la incursión del narcotráfico

  • Ante declaraciones del Ministro de Seguridad

Atribuir a las huelgas el incremento en los homicidios e inclusive en la actividad delictiva, no es más que una excusa “mediática” por parte del Ministro de Seguridad, Michael Soto, para encubrir las falencias en materia de seguridad pública, que se han agudizado en los gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC).

No podemos olvidar que los cuatro años de gobierno de Luis Guillermo Solís, fueron un desastre, que se superaron las cifras históricas en materia de homicidios, llegando nuestro país al nivel de pandemia, según lo que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sería oportuno que nos muestre el ministro Soto, los datos que dan sustento a su aseveración. Es sabido por nosotros, que, para cubrir eventos masivos como partidos de fútbol, se destinan entre trescientos y quinientos efectivos por partido, o sea que, si al mismo tiempo se dan tres eventos masivos, se requiere entre 900 y 1.500 funcionarios policiales.

Lo que debe hacer el ministro Soto, es asumir con seriedad el cargo que le fue encomendado, dejar los “berrinches”, atender a los medios de comunicación, así como a quienes somos parte del contrapeso, cuando se le cuestiona por alguna situación institucional, no solamente cuando tiene algo que favorece la imagen del Gobierno.

Lo que se espera de un Ministro de Seguridad, es que tenga claro el rumbo que se debe seguir para mejorar en materia de prevención y de contención de los delitos, sean estos comunes o producto del crimen organizado. Un ministro que se disponga en trabajar en un modelo de seguridad, en una política de Estado que deje de lado la política electoral. Lo anterior se fundamenta, en que desde hace años se ha visto la seguridad ciudadana como un “botín” político, se anuncian contrataciones, se usa la compra de vehículos para fines políticos, se anuncian las acciones policiales (megaoperativos), como una estrategia de marketing, es común mirar al viceministro Solano, en medio de megaoperativo subiendo selfies en sus redes sociales con una sonrisa de oreja a oreja.

Es claro que las cosas no van bien. Hace unos días fuimos enterados de un audio que salió del Director Regional de San José, el cual fue dirigido al mando medio policial, señalándose ausencia de liderazgo, desidia, incapacidad de gestión, corrupción e inclusive, que algunos altos mandos se hacen de la vista gorda ante hechos que se presumen graves. Ante lo cual, tanto el ministro como sus viceministros han guardado un total y absoluto silencio.

Así las cosas, es posible, que conociendo el ministro la situación actual en torno con las huelgas, le haya parecido sumamente atractivo, acreditar a las mismas el incremento en la inseguridad ciudadana. Sin embargo, las más de cien delegaciones con orden sanitaria, la falta de planificación, los problemas para dotar a nuestros policías de uniformes, botas, capas, radios de comunicación, así como otros accesorios, no tienen nada que ver con las huelgas.

Lic. Mainor Anchía Angulo Seccional ANEP-Fuerza Pública.

 

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