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Etiqueta: infraestructura pública

La Gestión de la Administración Alvarado en el sector agropecuario, avances puntuales y de limitada incidencia sobre las grandes transformaciones del sector

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Este 21 de abril del 2022, las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hicieron un balance y una rendición de cuentas de la gestión de la administración Alvarado Quesada en el sector agropecuario.

Al igual que en gobiernos anteriores, al final de la gestión de esta Administración, se enumeran avances puntuales en algunos ámbitos del sector agropecuario que si bien son positivos, no trascienden hacia las grandes transformaciones que requiere el sector, en buena medida porque desde hace más de 3 décadas el sector dejó de ser prioridad en la política pública y el desarrollo económico del país, más allá del sector agroexportador que tiene su propia dinámica económica y empresarial.

Los sucesivos gobiernos cumplen con gestionar el sector, dejando de lado las soluciones tecnológicas, comerciales, financieras, de agregación de valor, de aseguramiento de la producción, de disponibilidad de los recursos tierra y agua, de seguridad alimentaria, de organización y desarrollo de la empresariedad, del empleo y la valorización de la actividad de los micro y pequeños agricultores familiares que son los que producen los alimentos y conservan la biodiversidad vegetal.

En el informe de rendición de cuentas del Gobierno, se señalan aspectos como que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) destacó la publicación del decreto de fondo N° 43.469. para el registro de plaguicidas, aunque se reconoció la necesidad de llevar el proceso a internet.

El Instituto Nacional de Innovación y Transformación en Tecnología Agropecuaria (INTA) destacó la reciente creación de nuevas variedades de papa y yuca, que permiten incrementar la producción y entrar a nuevos mercados mundiales debido a las características del producto.                                                                                                 

El Programa Integral de Mercados Agropecuarios (PIMA) recordó que es necesario avanzar en la modernización de los servicios que ofrece el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada), también muy ligado a dar el paso en el mundo digital.

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) destacó dentro de sus logros el establecimiento de la metodología para definir la cantidad anual de licencias que se otorgarán para la pesca de atún en el Pacífico de Costa Rica.

El Consejo Nacional de Producción (CNP) mencionó que del 2018 al 2022 el número de productores que suplen de frutas y vegetales al sector público subió de 238 a 394.

También frente a la alta demanda de asistencia de las fincas que hay en todo el país, el área de Extensión agrícola ha llevado tecnología de punta a los territorios rurales.

Otro de los elementos que se destacó fue la inversión en infraestructura para evitar inundaciones en zona de producción agrícola, pues en las regiones Caribe y Brunca se invirtieron ¢3.469 millones para dicho fin y en las regiones Central, Central Occidente, Chorotega y Pacífico Central todavía se ejecutan trabajos por ¢2.339 millones.

Además, el MAG reconoce que la implementación del plan para desarrollar la producción de aguacate en el país es una de las tareas que queda pendiente para la próxima administración, así como la digitalización del proceso para registrar plaguicidas en Costa Rica. (ElObservador.cr,21-4-2022).

Para valorar los alcances de la gestión del Gobierno actual en el sector, es oportuno remitirnos al programa de Gobierno 2018-2022 del PAC para el sector agropecuario y pesquero, en donde se pueden visualizar acciones estratégicas para promover un cambio en el sector, que en el transcurso de la Administración Alvarado se desdibujaron o su aporte fue insuficiente para acometer las grandes transformaciones del sector.

Entre esas acciones, se encuentran propuestas para el desarrollo de una producción agropecuaria sostenible, con prácticas ecosostenibles, difusión de la producción orgánica y producción con menor uso de agroquímicos y menos contaminación de los recursos naturales. 

– “Políticas de Producción Sostenibles y Ecoamigables. Diseñar políticas públicas que permitan el desarrollo de la producción agropecuaria sostenible y ecoamigable, de tal forma que se estimule el desarrollo de la producción con técnicas dirigidas al menor uso de agroquímicos y con mayores componentes orgánicos que busquen la menor contaminación del recurso natural (tierra, ríos, aire, mar), el producto, la persona productora y la persona consumidora.

– Prácticas Ecosostenibles.  Promover las prácticas agropecuarias tendientes a transformar la producción convencional en producción ecosostenible y que sea difundible a todo el sector,

– Promoción de la Producción Orgánica urbana y rural.  Impulsar la agricultura orgánica, aprovechando el marco legal existente así como los mercados de consumidores que procuran estos productos.

– Control de uso de agroquímicos.  Dar mayor seguimiento al uso de agroquímicos, tal que no solo se revisen y actualicen las moléculas disponibles en el mercado, sino por medio de los agentes extensionistas, se logre dar seguimiento a las aplicaciones que se realizan en los campos.”

Propuestas para la consolidación de la producción sostenible y adaptación de la actividad agropecuaria al cambio climático para reducir las emisiones y las pérdidas.

– “Producción Sostenible y adaptada al Cambio Climático.  Introducción de esquemas de producción bajos en emisiones que incorporen la gestión de riesgo y la adaptación para reducir las pérdidas asociadas al cambio climático y aumentar la productividad”.

Propuestas dirigidas a fortalecer la comercialización agroalimentaria para el mercado interno, impulso de mecanismos alternativos de comercio, diferenciación de productos, certificaciones de origen y ampliación del programa de abastecimiento institucional.

– “Comercialización de la producción agrícola.  Incrementar el volumen de la producción agrícola comerciado en los mercados nacionales de diversa escala: ferias del agricultor, central mayorista y mercados regionales; mediante nuevas plataformas de comercialización como subastas, sello de producto nacional,

– Diferenciación de la Producción Nacional.  Establecer un programa de certificaciones de productos regionales para que obtengan sellos de calidad, como denominaciones de origen o indicaciones geográficas.

– Aseguramiento de Mercado Interno Agropecuario.  Expansión del Programa de Abastecimiento Institucional se fortalecerá a los sectores productivos agropecuarios y se generarán políticas orientadas al aseguramiento del mercado interno al tiempo que se lleva eficiencia a los que proveen los productos y los servicios”.

Propuestas para el Impulso de los procesos de agroindustria y agregación de valor de la producción agropecuaria y pesquera en pequeña y gran escala.

– “Producción y Procesos de mayor Valor Agregado.  Integración de los productores a la agroindustria y a los procesos de transformación del sector agroproductivo y pesquero”.

Propuestas para el apoyo a la agricultura familiar, su sistema de producción y sus recursos, así como al desarrollo de la empresariedad y el mejoramiento de su capacidad de gestión productiva y comercial.

– “Fortalecimiento de la Cadena Agroproductiva familiar, artesanal y autóctona.  Implementar una estrategia de extensión agropecuaria y rescate de especies nativas, orientada al suministro, investigación y desarrollo de productos en sistemas de producción familiar, comunal, artesanal y autóctona;

Formación Empresarial y Emprendedurismo.  Diseñar un plan de formación cuyo objetivo sea la dotación de capacidades de los productores en la visión empresarial y ante todo, el estímulo del espíritu emprendedor que le motive a enfrentar los problemas de forma proactiva, de tal forma que pueda adaptarse al cambio constante de los mercados”.(PAC 2018, Creer y Crear la Costa Rica del siglo XXI, págs.45-50)

Con el propósito de efectuar un balance más amplio de los alcances de la gestión de la Administración 2018-2022 en el sector agropecuario, es posible confrontar las acciones ejecutadas con la perspectiva de la transformación productiva del sector referida en la participación del exMinistro de Agricultura, Felipe Arauz, en el reciente foro del Instituto de Investigaciones Agrícolas de la UCR, al reconocer que la Agricultura requiere una transformación hacia sistemas de producción más sostenibles, mediante “soluciones que tengan el potencial de generar una transformación de nuestra agricultura, un cambio que haga los sistemas agroproductivos más sustentables, más justos y más cercanos a una verdadera seguridad alimentaria”

Agrega, “Tenemos dependencia de importaciones de insumos importados para la producción agrícola y también pecuaria. Debemos promover la producción local de lo que sea agronómicamente posible, reduciendo la cantidad de insumos importados para su producción.”.  Lo que se busca es optimizar el uso de insumos, aumentar la productividad, aumentar las ganancias y minimizar los impactos ambientales.” (Semanario Universidad.com,19-4-2022)

Dicho balance, puede valorarse también a la luz de los planteamientos realizados en el 2014 por investigadores de la Universidad Nacional, dirigidos al Fortalecimiento de la producción agroalimentaria para el mercado interno, cuando propusieron como esenciales para la transformación del sector agropecuario hacia una producción más sostenible e incluyente, establecer centros regionales de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático.

Igualmente impulsar la agroindustria, la agregación de valor y la calidad de los productos agroalimentarios, mejorar el sistema de comercialización de estos productos, lo que incluía la reestructuración y modernización del CENADA, las ferias del agricultor y el programa de Abastecimiento Institucional, crear un fondo de crédito agropecuario para los pequeños y medianos productores con recursos de la Banca para el Desarrollo, así como un sistema de seguro agrícola y gestión del riesgo agrícola y aprobar la ley marco de Seguridad y soberanía alimentaria.(Grupo de Políticas agrícolas, 2014,12 p.)

De acuerdo a dichos planteamientos, es evidente que los logros y avances del sector agropecuario señalados en el informe de resultados de la Administración Alvarado, resultan ser parciales, de limitada incidencia y aún distantes de las grandes transformaciones que demanda el sector.

 

Imagen ilustrativa: UCR.

El impuesto a los combustibles: La historia que nunca nos contaron

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista, CICDE-UNED

¿Es este un “impuesto al carbono”? ¿Quizá un “impuesto verde”? Es decir, ¿es un impuesto cuyo objetivo es desestimular el uso de combustibles fósiles y promover el cambio hacia formas de energía limpia? ¿Es entonces un impuesto animado por el objetivo de combatir los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global?

Remotamente podría tener ese aspecto. Pero hay al menos dos graves problemas que lo lastran significativamente: su mal diseño y su desconexión respecto de cualquier estrategia de políticas, más o menos integral y coherente.

En primer lugar, para darle viabilidad política y legitimidad social, un impuesto de esta naturaleza debía cumplir con al menos dos condiciones:

  • Debieron contemplarse mecanismos que redujesen su efecto sobre los grupos de ingresos medios y bajos, de modo que su incidencia se hiciera sentir principalmente en los de más altos ingresos. No es un problema fácil de resolver, pero podría intentarse por medio, por ejemplo, de algún tipo de subsidio, y mediante créditos fiscales a favor de micros y pequeñas empresas.
  • Los recursos provenientes de un impuesto con estas características, deberían destinarse principal -si no exclusivamente- a satisfacer objetivos ambientales. Claramente no es el caso, puesto que solo una fracción muy pequeña (3,6%) de la recaudación del impuesto, se destina a objetivos propiamente ambientales.

En segundo lugar, y si los objetivos fuesen realmente de combate al cambio climático, el impuesto no debería quedar como una medida aislada, sino como una pieza dentro de un engranaje mucho más amplio. Junto al impuesto, y mucho más allá de éste, se requieren al menos dos grandes políticas, ambas de amplia envergadura.

Primero, un programa de inversión a gran escala, que mejore radicalmente la calidad y eficiencia del servicio de transporte público. Se hace necesario todo un cambio cultural, que despoje al auto personal del aura de prestigio que recubre, y que lo convierte en una ambicionada meta dentro de los patrones de consumo de amplios sectores de la población. Pero es innegable que ello no se logrará si persisten las graves y evidentes deficiencias del transporte público, las cuales proporcionan un poderoso estímulo a favor del uso de ese tipo de vehículo.

Segundo, un programa de inversión, igualmente ambicioso, que promueva la migración hacia energías limpias en el transporte y en otras actividades en las que los combustibles fósiles siguen desempeñando un importante papel. O sea, más allá del limitado estímulo que el precio pueda proporcionar, es necesario que existan las condiciones efectivas para que otras fuentes de energía, realmente limpias, estén disponibles a costos razonables.

Nada de eso es posible, sin un vigoroso liderazgo estatal. Y la verdad es que el viraje ideológico que se hizo dominante desde hace más de 35 años, ha despojado al Estado costarricense de ese liderazgo. En el proceso ha proliferado un picadillo institucional, con organizaciones inconexas y sumamente débiles. En ello ha incidido una ideología que combina el antiestatismo con la idea de que la institucionalidad pública, tan solo debe cumplir un rol como facilitadora de la inversión privada en obra pública, lo que implica la privatización de facto de esa infraestructura pública. Esto ha dado lugar a un coctel tóxico: una institucionalidad débil y troceada, incoherente y muy vulnerable a la corrupción.

En el caso del transporte público ello es clarísimo, lo que ha facilitado que algunos cuantos consorcios privados impongan sus intereses a capricho, mientras las inversiones necesarias se posponen de forma indefinida, y los servicios resultan cada vez más defectuosos.

En lo que a las nuevas energías se refiere, el prejuicio ideológico impide impulsar las reestructuraciones y reorientaciones necesarias, y bloquea los necesarios mecanismos de coordinación. El ICE y RECOPE son, naturalmente, las instituciones públicas que deberían asumir ese liderazgo, en colaboración con las universidades públicas y algunas otras entidades. Un detalle curioso es que el famoso astronauta Franklin Chang tiene esto muy claro, pero, en cambio, estas ideas, absolutamente elementales, no logran taladrar la coraza ideológica que anestesia la inteligencia de las élites políticas y empresariales de Costa Rica. Debe quedar claro que esto no lo puede resolver el libre mercado. Si el Estado no asume un rol de liderazgo, el mercado a lo sumo aportará soluciones inconexas y muy parciales. Lo que, a fin de cuentas, significa no resolver nada.

Pero hay todavía un detalle adicional que no podemos omitir: el diseño actual del impuesto a los combustibles tiende a ser injusto y regresivo. Su incidencia sobre las tarifas del transporte público implica trasladarlo al bolsillo de los hogares y personas pobres. Pero tratándose del transporte privado, su peso relativo es mayor conforme más bajo el ingreso de la persona u hogar. Para micros y pequeñas empresas que requieren del uso de un vehículo, resulta una carga onerosa.

Digámoslo claro: este impuesto existe para satisfacer objetivos recaudatorios, o sea, para llevarle dinero al Ministerio de Hacienda y reducir un poco el déficit fiscal. Sus objetivos son fiscalistas y nada más. Hasta 2019, antes del impacto de la pandemia que, en 2020, e incluso en 2021, redujo la circulación de vehículos, este impuesto aportaba arriba del 11% de todos los ingresos tributarios (más de ₡ 600 mil millones en 2019). Claramente no hay detrás de este tributo ni objetivos ambientales, ni mucho menos objetivos de promoción de la equidad social.

Pero, en realidad, la existencia de este impuesto, tan mal diseñado y, en muchos sentidos, tan dañino, se explica porque no existen los impuestos que SI deberían existir, aquellos que gravan los rentas y ganancias de capital más elevadas, los grandes patrimonios privados y las grandes herencias. La cuestión es que la ideología de moda ordena que a los muy ricos de Costa Rica no se les deben cobrar impuestos, como asimismo prescribe que las corporaciones transnacionales, que tan jugosas ganancias obtienen en Costa Rica, tampoco tienen obligación alguna con nuestro país, no obstante, las beneficiosas condiciones que les ofrecemos. Pero, además, recordemos que en los últimos años se ha afirmado la tendencia que convierte las zonas francas en paraísos fiscales insertos en el propio territorio nacional, un refugio legalizado para la evitación de impuestos, en favor de un número creciente de grandes empresas costarricenses.

Es por eso, a fin de cuentas, que existe el impuesto a los combustibles: para intentar llenar una parte del hueco que abren esos manirrotos privilegios tributarios a favor de los grupos más ricos y poderosos.

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El aporte de la estrategia motor rural a la reactivación de las zonas rurales luego de la pandemia

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), lanzó la estrategia integral para apoyar la reactivación desde los territorios rurales, denominada “Motor Rural”, que abarca una serie de medidas para promover las actividades productivas y económicas, así como colaborar con ideas e innovaciones que se generen en el sector rural. Con esta estrategia el Gobierno destinará ₡15.200 millones para reactivar la economía de los territorios rurales.

Motor Rural busca ser el mecanismo que dinamice las economías rurales, gracias a un engranaje que contiene diversas áreas”, tales como:

Ruta al Desarrollo Rural, que incluye un conjunto de proyectos de infraestructura pública que el INDER desarrolla en el país, de los que se priorizaron 82 de mayor impacto para la competitividad de los territorios rurales, acelerando su finalización este año.

Se trata de caminos, puentes, alcantarillas; servicios básicos como electricidad y agua; infraestructura productiva como plantas de procesamiento de productos agrícolas y centros de acopio. La inversión en esos proyectos es de ₡12.410 millones y se verán beneficiadas unas 15 mil familias costarricenses.

Crédito en Marcha, es una línea de crédito especial de operación única y por un periodo establecido, dirigido a organizaciones sin fines de lucro de todo el país, como asociaciones de pequeños y mediados productores, cooperativas, Centros Agrícolas Cantonales, entre otros. El crédito estará disponible hasta el próximo 31 de octubre y en una primera fase, el INDER dispondrá de ₡500 millones.

Impulso Rural, es un fondo de recursos no reembolsables para apoyar ideas emprendedoras y novedosas del sector agropecuario, está constituido por ₡300 millones y se podrán girar hasta ₡5 millones por cada idea innovadora. Esta área financiará proyectos e ideas que contribuyan a la generación de ingresos, empleos y dinamismo económico local.

Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria, en ésta área se está incorporando más de ₡2 mil millones para apoyar este año actividades agrícolas y pecuarias. Se brindarán insumos, semillas, herramientas, materiales para el trabajo pecuario y agrícola, como motoguadañas, ordeñadoras eléctricas, picadoras de zacate, entre otros, a los productores afectados por la pandemia en los territorios rurales.

Mercado Rural CR, es un catálogo digital de Productos Rurales, para que los emprendedores y organizaciones apoyadas por el INDER en los territorios muestren sus productos, efectúen contactos directos con compradores y puedan mejorar la comercialización de sus productos. Se trata de una plataforma totalmente gratuita para el mercadeo digital de pequeños y medianos emprendedores. (ElPaís.cr, 23-9-2020)

La estrategia Motor Rural, ha tenido como antecedente la campaña y la feria del Orgullo Rural, que la misma institución impulsó en octubre del 2019. Esta campaña destacó que el Orgullo Rural “es participar del desarrollo en cada uno de los 29 territorios rurales del país, en los cuales existen los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural que son oportunidades para que la población de cada territorio tenga voz y voto en las acciones que se toman en pro de su desarrollo”.

Por su parte, la feria surge, “a partir de la necesidad de generar espacios de intercambio de experiencias y capacitación de los diferentes actores de los territorios rurales y además para que quienes habitan en las zonas urbanas conozcan la labor que el INDER está realizando en el acompañamiento de las iniciativas sociales, productivas y con los emprendimientos en la ruralidad nacional”. (INDER, Programa de la Feria, p.1).

En la presentación de la estrategia el Presidente Ejecutivo, expresó que “entendemos la necesidad de plantear respuestas prontas y oportunas a las familias de los territorios rurales. Motor rural se enfoca en la necesidad de disminuir el impacto negativo generado por la pandemia en la condición de las familias; y por ello está dirigido a impulsar acciones para fortalecer las actividades de reactivación económicas de los territorios rurales. (ElPaís.cr, 23-9-2020)

La acción institucional de esta estrategia en las áreas rurales es valiosa y oportuna, tomando en consideración la problemática social y económica que ha caracterizado a estas áreas, ligada a la falta de dinamismo de las actividades productivas, a las condiciones de desempleo, pobreza y desigualdad, al deterioro de la vivienda y la infraestructura social y productiva y a las limitaciones en el acceso a la educación, la salud, los servicios públicos y las nuevas tecnologías.

En el año 2006, un estudio comparativo entre las áreas urbanas y rurales determinó que el bienestar urbano es mayor que el bienestar rural, ya sea que consideremos ingreso o consumo. Sin importar la línea de pobreza, la incidencia siempre será mayor en la zona rural y los hogares agrícolas tienen el menor ingreso promedio.

Los hogares agropecuarios presentaban la mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema y poco más del 50% de los hogares agropecuarios se concentran en los quintiles 1 y 2. En ese período el empleo en el sector primario rural se redujo en 10 puntos porcentuales y la desigualdad, por ingreso es mayor en las zonas rurales que en las urbanas. (Saborío, M. y Rodríguez, A.,2006)

Una investigación posterior estableció que, la cantidad de personas que habitan los territorios rurales entre 1960 al 2015 bajó en 43%. A su vez, cerca de 40% de la población se dedica a ocupaciones elementales (no calificadas), principalmente relacionadas con la agricultura y 56% de los hogares se encuentran ubicados en los dos quintiles de ingresos más bajos.

En efecto, si se examina la información de la ENAHO 2017 referente a los quintiles de ingreso per cápita, 60% se ubica en los dos quintiles más bajos; en las regiones Brunca y la Huetar Norte, es alrededor de 70%. En el caso de la primera región, 44,4% de la población se ubica en el quintil de ingresos más bajo.

En términos del indicador de pobreza, cerca de 25% de los hogares rurales se encuentran en una situación de pobreza, muy superior al porcentaje nacional, que se ubicaba alrededor de 20%. La región Brunca registra el mayor porcentaje de hogares en condiciones de pobreza: 32,4%, en tanto en la región Pacífico Central, el porcentaje de personas en condiciones de pobreza es menor que el anterior, pero superior al 30%.

Con respecto al nivel de instrucción de la población rural, en su mayoría como máximo cuentan con sexto de primaria y un porcentaje muy reducido tiene bachillerato de secundaria. El porcentaje de personas con estudios universitarios o al menos que cuenten con una carrera técnica también resulta bajo, en ninguna región supera 10%. Por su parte, el promedio de escolaridad es en todas las regiones alrededor de 6 años.

La tasa de desempleo tiende a ser más alta en las zonas rurales y estar muy ligada a los niveles de escolaridad que muestra la población rural, el cual influye de manera directa en el tipo y la calidad de empleo; de esta forma se visualiza un patrón estructural de desigualdad e impedimento real para la búsqueda de mejores opciones y condiciones laborales, ya que las posibilidades de conseguir empleo se limitan a la dinámica productiva de las regiones.

De ahí que la generación de empleos de calidad en territorios rurales es uno de los principales retos del país, ya que la concentración de la riqueza se presenta en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental.

La problemática de las áreas rurales plantea una serie de reflexiones que van desde el reposicionamiento de los territorios rurales en términos de la gobernanza y la acción ciudadana, hasta la necesidad de ir trazando el rumbo económico, empleo y desarrollo rural, un desarrollo equitativo, sostenible e incluyente. (Porras, A. y Rivera, R.,2018)

A su vez, los factores que favorecen o limitan el desarrollo territorial, siguen siendo la organización y capacidad de gestión de los actores y grupos locales, la infraestructura existente, la dinámica de las principales actividades productivas, las condiciones medio ambientales, la inversión pública y privada y la institucionalidad pública en los territorios rurales.

Consecuentemente es necesario ubicar las acciones institucionales propuestas por esta estrategia, en la perspectiva de la competitividad territorial y de los territorios innovadores y en la importancia de impulsar esfuerzos innovadores a nivel productivo, tecnológico y social, a partir de que los territorios potencien los recursos naturales y humanos que poseen. (Alterdescr.com, oct,2019).

Demandas y expectativas de jóvenes residentes en colonias empobrecidas de Centroamérica

Escrito el . Publicado en Derechos, Equidad.

Carlos Sandoval García

Este artículo analiza demandas y expectativas de jóvenes residentes en colonias empobrecidas de las capitales de Centroamérica a partir de cuatro temas principales: la representación del entorno local y nacional, las demandas y los deseos en torno al futuro, los medios que imaginan para alcanzar o no dichas demandas y factores sociodemográficos. Las colonias seleccionadas fueron El Limón, en Ciudad de Guatemala; Popotlán, en San Salvador; Nueva Capital, en Tegucigalpa; Jorge Dimitrov, en Managua, y La Carpio, en San José. Se parte de tres desafíos teóricos y metodológicos principales. El primero es explorar la vivencia de la política desde la exclusión social. El segundo reto se refiere a trascender la división entre estudios interesados por perspectivas analíticas, más interesados en estudios causales, y aquellos más focalizados en estudios interpretativos, cuya mirada se centra en significados. El tercer reto aspira a contribuir en la construcción de una mirada regional y comparada de las sociedades centroamericanas.

Entre los hallazgos principales, se destaca que un 37.7 % de las personas encuestadas no estudia ni trabaja; solamente un 15 % tiene acceso a la seguridad social. De las personas encuestadas, un 32 % es madre y un 13 % es padre. Un 45 % de las mujeres que son mamás lo fueron antes de los 18 años. En términos de la percepción del entorno, los principales problemas reconocidos son la delincuencia, el desempleo y las carencias de infraestructura pública. Si bien la desigualdad no se tematiza como uno de los principales problemas, cuando se consulta por la distribución de la riqueza en el país respectivo, un 73.6 % considera que es “muy injusta” o “injusta”. Este reconocimiento de la desigualdad coexiste con un arraigado conservadurismo que reconoce en el destino y la autoridad de los padres una legitimidad poco cuestionada.

Este artículo concluye que las principales expectativas y demandas de las personas jóvenes encuestadas se centran especialmente en el empleo, las oportunidades y la seguridad. Frente a estas demandas, el ciclo electoral que inició en Honduras en 2017 y finalizó en Guatemala en 2019 está lejos de ofrecer respuestas de gran calado. Ello profundiza el vacío institucional y a menudo la migración más que una elección se convierte en una obligación.

Este documento del doctor Carlos Sandoval García, compartido con SURCOS por el autor, fue publicado en la página de academia.edu con este enlace: 

https://www.academia.edu/43705312/C_Sandoval_J%C3%B3venes_Centroamerica_ECA

El estudio completo está disponible para descargar en este vínculo:

Demandas-y-expectativas-jóvenes-Carlos-Sandoval-GarcíaDescarga

Imagen: https://www.tvn-2.com/