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Etiqueta: intimidación

Poder y resistencia: una nueva versión de las luchas migrantes en Estados Unidos

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

No ha sido un junio bueno para la humanidad. El recrudecimiento de las acciones bélicas contra el pueblo palestino, la tensión a gran escala entre Israel e Irán, son tan solo algunas de las muestras que este junio oscuro nos trae y nos devela. Nos desvela también.

En el contexto más cercano el escenario no es para nada optimista. En Estados Unidos, la política migratoria se ensaña un día sí y otro también contra las personas migrantes en condición migratoria irregular. Escuelas, fábricas, iglesias, barrios enteros han sido desolados por la acción despiada de un organismo policial dispuesto a las más atroces de las barbaridades.

Llevamos ya varios días de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del gobierno de Trump y cientos, miles de migrantes, ciudadanos estadounidenses de origen latinoamericano y miembros de organizaciones civiles, que decidieron decir basta a las acciones intimidatorias contenidas en redadas masivas.

La caza de seres humanos en Estados Unidos es una realidad. El perfilamiento racial, el terror, la incertidumbre son consignas de una administración que debe congraciarse con un electorado que la llevó al poder bajo la promesa de “limpiar al país de indeseables”.

Mientras esto ocurre y muestra la tensión entre el poder gubernamental y la resistencia como acto de respuesta, en el plano más doméstico el tema ha empezado a ser instrumentalizado de forma populista por algunos actores inmersos en la carrera hacia las elecciones en Costa Rica en 2026.

El peligro de la demagogia y el uso maniqueo de un tema sensible para despertar simpatías electorales está a la vuelta de la esquina.

Lo anticipo y deploro cualquier discurso o acto en esa dirección.

SITRAA denuncia actos de intimidación por parte de altos funcionarios del AyA

Por medio de un comunicado el Sindicato de Trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (SITRAA) denuncia actos de interferencia sindical. Alegan que en un hecho de intimidación el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) envió un notificador a la XII Asamblea Ordinaria del sindicato para entregar una notificación de apertura de procedimiento disciplinario contra el secretario general, Mario Rodríguez Bonilla.

Acorde a la notificación la apertura del proceso disciplinario es impulsada por la jefatura, Álvaro Sibaja Collado y respaldada por la gerencia general, Alejandra Mora Segura. Esta acción, ejecutada en un espacio de deliberación sindical constituye una violación del convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que resguarda la libertad sindical, así cómo la protección de los derechos de sindicación.

El momento en que se realizó esta notificación de acuerdo con el sindicato es inapropiado, sino que también evidencian una intención de intimidar y debilitar la organización. Esto ya que se presentaron múltiples acusaciones contra el secretario general, siguiendo con la estrategia está dirigida a silenciar voces críticas y obstaculizar la labor de defensa de los derechos laborales.

La acción emprendida por la administración del AyA se enmarca en un contexto más amplio de persecución política hacia los sindicatos y, acorde al comunicado, impulsada por el gobierno de Rodrigo Chaves. Este tipo de medidas no solo atentan contra los derechos individuales de los dirigentes sindicales, sino que también buscan debilitar la organización colectiva de los trabajadores.

Intimidación: agentes de Casa Presidencial revisaron con perros vehículo de directiva de CCSS, Martha Rodríguez

Comunicado de UNDECA

En un despliegue totalmente innecesario, los agentes de seguridad de Casa Presidencial recibieron la mañana de este 9 de mayo a la directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez con una revisión exhaustiva de su vehículo hasta con perros, luego de que se apersonara a una convocatoria para continuar con el procedimiento administrativo que se instauró en su contra.

Rodríguez, quien es representante de los trabajadores por el sector sindical en la junta directiva de la Caja, fue obligada a bajar del vehículo, los agentes le pidieron abrir todas las puertas del carro y subieron a los perros para revisar cada rincón.

Esta no es la primera vez que la directiva es expuesta a una situación de este tipo, pues en noviembre del 2023 también recibió un trato similar en Casa Presidencial, de esta forma, nuevamente se consolida un trato totalmente denigrante en su contra, que raya en violencia política y persecución.

Vale recordar que Rodríguez ha sido perseguida sistemáticamente, al abrírsele un procedimiento disciplinario, junto con otros integrantes de la junta directiva por parte del Consejo de Gobierno por aprobar un aumento salarial a los 63.000 empleados que estaba legítimamente justificado y que fuera suspendida en diciembre de 2022 como directiva, para ser restituida meses después por orden de la Sala Constitucional.

Desde entonces, este gobierno ha mantenido la investigación abierta contra la directiva Martha Rodríguez y ha intentado por todos los medios sacarla de la junta directiva, más al estilo de países autoritarios, que de la Costa Rica democrática que por décadas hemos estado acostumbrados.

Denunciamos y hacemos público nuestro rotundo repudio ante este acto que se califica como persecución en contra de una mujer, de una dirigente sindical y directiva de la Caja, quien ha demostrado su más sólido y congruente compromiso con defender a la seguridad social y salvaguardar la sostenibilidad de la Institución.

Guatemala: Ministerio Público debe cesar la intimidación a los medios de comunicación y respetar la libertad de prensa

Washington DC, 8 de abril de 2025

Las organizaciones firmantes condenan la campaña de desinformación y criminalización infundada en contra de los medios de comunicación Prensa Comunitaria y Ruda, cuya labor de periodismo comunitario y feminista en Guatemala es fundamental para la democracia del país.

El Ministerio Público (MP) -bajo el mando de María Consuelo Porras- ha deteriorado seriamente el Estado de derecho, la justicia y los derechos humanos en Guatemala al perseguir y criminalizar a voces críticas que han luchado en contra de la corrupción y la impunidad. En lugar de ser un ente garante de la institucionalidad del país y de brindar justicia a la población, el MP se ha convertido en un instrumento de represión.

Prensa Comunitaria y Ruda han publicado investigaciones que han expuesto grandes esquemas de corrupción y los mecanismos usados por los grupos de poder para la cooptación del sistema de justicia, así como los patrones de criminalización del MP, y ahora son objeto de demandas infundadas e intimidación de que se abran nuevos procesos.

Exhortamos al Ministerio Público para que respete el estado de derecho y la libertad de prensa en el país y se abstenga de seguir impulsando casos espurios en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, como lo hicieron con el reconocido periodista José Rubén Zamora. Asimismo, llamamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que analice la situación de riesgo de las y los periodistas de Prensa Comunitaria y Ruda y examine su situación y su solicitud de medidas cautelares para proteger su vida e integridad física.

Organizaciones firmantes:

Washington Office on Latin America (WOLA)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC)

Latin America Working Group (LAWG)

Amnistía Internacional

American Jewish World Service (AJWS)

Robert F. Kennedy Human Rights

Article 19

¿Qué hace a Rodrigo Chaves el hombre y el político más fuerte del país?

Vladimir de la Cruz

La situación de debilidad política, organizativa y movilizadora de los partidos tradicionales y de las organizaciones civiles, sociales y sindicales nacionales, es quizá la razón del matonismo institucional del Jaguar de Zapote.

El Jaguar sabe rugir, como animal político salvaje, el zoon politikón que todos llevamos dentro, ropaje con que se auto presenta, que se expresa en la doble dimensión aristotélica, en lo social y en lo político. En lo social, auto presentándose como el líder, el “mesías salvador”, el “Moisés” como alguna vez se presentó, de las masas populares a quien dice representar y conducir, a las que quiere resolverle sus problemas, alegando que no lo dejan.

En lo político, destruyendo en todo lo que puede el andamiaje político institucional del país, debilitando el Estado de Derecho. Con ello provocando desconfianza en el sistema democrático institucional que tenemos, especialmente en sus poderes públicos, el Legislativo y el Judicial, en las instituciones controladoras de la legalidad como la Sala Constitucional y la Contraloría General de la República, de seguido en los partidos políticos que han gobernado, que los ha pintado como las estructuras de los dictadores y tiranos que han ejercido la presidencia de la República desde 1949 hasta su gobierno.

En lo político, también, aniquilando el Estado Social de Derecho, debilitando y disminuyendo hasta donde pueda, los beneficios sociales históricos que se han logrado para los trabajadores y todos los costarricenses, congelando y reduciendo salarios e ingresos de los trabajadores y pensionados, elevando el costo de la vida, empobreciendo por esa vía a los ciudadanos y a los diferentes sectores asalariados del país.

En lo política, además, aniquilando hasta donde pueda a los líderes que hasta ahora han sido las cabezas de los partidos políticos, procurando improvisar líderes débiles, sin valores ni ideologías políticas, que actúen más instintivamente, situación que ha penetrado al interior de los grandes partidos en los conflictos que ha logrado provocar entre facciones contra quienes han dirigido o dirigen esos partidos.

Como jaguar sabe gruñir mostrando siempre su disgusto y repugnancia, murmurando entre sus dientes, refunfuñando, emitiendo voces confusas, a veces contradictorias, ininteligibles, amenazando, intimidando, acusando de manera directa personas, con nombres y apellidos, cuyo efecto colateral es el de inhibir a las personas que pueden opinar en su contra o críticamente, para que no lo hagan, porque en paralelo les echa la maquinaria estatal, y la organización policial personal, que tiene para que los investiguen en todo lo que puedan.

El animal político sociable aristotélico, en el caso del inquilino de su guarida en Zapote, es el menos sociable. Es confrontativo, peleador callejero, se comporta como el gritón del barrio, como un pachuco desbocado, sin control ni ligamen de su lengua con su cerebro.

El animal político aristotélico lo manifiesta en las decisiones que toma en ejercicio de su gobierno y mandato, más en contra de la comunidad que debe representar que a favor de ella. Su idea más maquiavélica se orienta a ser mejor temido que amado.

Frente a su poderío hegemónico del ejercicio del poder, en la forma autoritaria como lo lleva a cabo, opaca a cualquier “dirigente” político de todos los partidos políticos existentes en el país. No hay uno solo activo que lo iguale, menos que lo supere. No hay dirigentes políticos partidarios que destaquen por sí mismos en el escenario nacional. Eso es lo que lo tiene de punta en las encuestas, a punta de su demagogia, sus insultos y bravuconadas. La sociedad nacional en esto refleja una violencia y un irrespeto como no se había visto antes. Refleja una sociedad altamente machista, de matones de barrio, de peleadores callejeros, a quienes Chaves les dirige sus mensajes que los acogen con aplausos y gritería, con ánimo de enfrentamientos, de peleas, de agresiones, como se ve en algunos de sus seguidores, pagados o no, que moviliza el Presidente hacia las instituciones públicas cuando quiere amedrentar a sus miembros.

Me atrevo a afirmar que “nadie”, en términos generales, conoce a los miembros de los directorios políticos de los partidos porque no tienen vida propia, ni como dirigentes de sus partidos ante el país, ni de sus personas porque no hablan, no opinan, no se pronuncian sobre los problemas políticos nacionales, ni sobre nada. Lo único que atienden, de vez en cuando, es responder a los improperios del presidente, y provocar algunas gestiones de acusación ante la Fiscalía General de la República, ante el Poder Judicial o ante el Tribunal Supremo de Elecciones, para que lo investiguen sobre algún punto en particular, sin seguirle el paso a la denuncia o acusación.

En este momento hay dos gestiones ante el Tribunal Supremo de Elecciones acusándolo de beligerancia política. Una acusación fue hecha por el presidente del partido Liberación Nacional, motivo por el cual se le menciona en un periódico. Si no fuera por eso, sería un desconocido ciudadano, con lo cual se demuestra que él como presidente de ese partido, y ese partido, está a la cola de lo que hace el presidente. La iniciativa política, si así se puede llamar, de lo que sucede en el país, la pone y la tiene el presidente. Antes la ponían los partidos políticos. Cuando los partidos abandonaron esa iniciativa lo hizo la prensa costarricense por medio de sus editoriales o grandes temas de discusión que trataban, lo que hizo también que la prensa asumiera el papel de control político que los partidos políticos habían abandonado o perdido, motivo por el cual también gobernantes como el Jaguar de Zapote enfrentó a la prensa, a la prensa llamada por él “canalla”, equivalente a mezquina, sinvergüenza, miserable, agregándole que no le deja gobernar.

En el ambiente nacional no hay una agenda política de temas que se debatan. En las páginas de opinión de los medios de prensa hay diversidad de opiniones, pero dispersas, que no provocan debates entre los colaboradores de esos medios. Los comentarios de esas opiniones hoy se cargan más con los troles a favor del gobierno, llenos de insultos e improperios, sin ideas, contenidos ni razonamientos en contra de los artículos que cuestionan, donde atacan a los mensajeros y no entienden ni comentan a fondo los mensajes.

Desde el gobierno solo hay actos distractores de las acciones de gobierno, y actos distractores de la agenda parlamentaria, de manera que toda la información política gira alrededor del presidente y de sus intervenciones vacías y provocadoras de los miércoles, y de su principal diputada experta en mentir, lo que hace que los diputados giren alrededor de ellas, y de casualidad, como este caso, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, un presidente de un partido político accione para tener alguna publicidad y presencia en algún medio de comunicación.

Los partidos políticos nacionales han desaparecido en la práctica política nacional. No sirven para nada. Se han enquistado únicamente en ver cómo realizan sus asambleas cantonales, provinciales y nacionales para cumplir con los requisitos de la inscripción electoral para las próximas elecciones, o para actualizarlas de conformidad a las exigencias legales. En los cantones, en los ciudadanos y habitantes de las municipalidades, no se siente ninguna actividad de los partidos políticos que en ellas se representan. En ningún cantón ni cabecera municipal hay locales abiertos de los partidos que están representados en la Municipalidad.

El presidente por su parte, sin tener partido político propio, con el cual él se identifique, todos los días realiza pronunciamientos, hace intervenciones, opina sobre los partidos existentes, especialmente los que cotidianamente ataca de la oposición, reclamándoles lo que sea, pidiéndole a la gente que vea en el próximo proceso electoral quienes dañan al país, insinuando que son esos partidos criticados por él, con lo cual interviene en la política nacional electoral. El presidente llama a votar en las próximas elecciones por una fracción política parlamentaria que sea mayoritaria, que domine la Asamblea Legislativa para poder hacer los cambios que cree se deben impulsar en el país. La sanción extrema para el presidente que se le compruebe beligerancia es la destitución del cargo o una inhabilitación política de dos años. ¿Alguien sensato cree que esto pueda proceder en este momento, a 13 meses de la próxima elección nacional? ¡Pura bulla!

Para los que hayan llegado hasta aquí, en esta lectura, les digo que no me preocupa que el presidente opine sobre temas partidarios, políticos o electorales. Desde la legalidad existente el delibera, él se mete en la política, y en temas electorales, lo que le está vedado. Por supuesto, que me pueden decir que si la ley le impide opinar, no debe hacerlo. ¿Por qué tenerle miedo a la discusión política? ¿Por qué limitarle al presidente deliberar? ¡Qué lo haga! Estoy seguro qué, si se le permitiera, la política nacional se enriquecería en atención, en compromiso ciudadano y en la reducción del abstencionismo electoral.

Soy de la tesis de que esa restricción no debe existir. Todo lo que hace el presidente es político. Tiene todo el derecho a defenderlo. Igualmente, todas las fuerzas políticas nacionales tienen, en esa dimensión, la posibilidad de combatirlo, confrontarlo, criticarlo, debatirlo. Si el presidente opina, más derecho tienen los ciudadanos de hacerlo. Pero, además es hipócrita que se le impida al presidente actuar en la política nacional con actuación directa, defendiendo sus acciones gubernativas, defendiendo las posiciones políticas de su partido y de sus diputados.

En todas partes del mundo los presidentes y gobernantes tienen plena participación política sobre todo lo que rodea su gobierno, su ejercicio presidencial, sobre el ejercicio y la práctica política de los demás partidos.

En la vida nacional, antes de 1948, los presidentes y mandatarios eran activos dirigentes políticos. Eran grandes polemistas sobre el acontecer político en los temas nacionales que se discutían, y de manera fuerte, con las razones, con el análisis y las tesis políticas que se sustentaban.

La carencia de liderazgos políticos nacionales, la carencia de liderazgos políticos en los partidos, la ausencia de importantes líderes parlamentarios, la ausencia de debates nacionales sobre los temas más significativos del país, los ataques constantes del presidente a todos los dirigentes de los partidos que han gobernado, y a todos los partidos que han tenido la responsabilidad de conducir el país por cuatro años, en cada período presidencial desde 1949, la estigmatización que se ha hecho de algunos de esos presidentes y dirigentes políticos, ha provocado un gran vacío político nacional, donde el presidente, por su condición, por sus montadas conferencias de prensa, ha hecho que el presidente Rodrigo Chaves se muestre, por él mismo, como el hombre y el político más fuerte del país, como el único en posibilidad y capacidad de conducir el país hacia un nuevo derrotero nacional, como el lo solicita y demanda.

Si los partidos políticos, y los sectores políticos en sus diversos partidos políticos, en marcha hacia las elecciones nacionales, en los próximos 13 meses, no se ponen las pilas, si no surgen buenos y reales liderazgos partidarios y nacionales, nos van a llevar al carajo o nos va a llevar la trampa… vamos a continuar engañados y con presidente en el 2026 que puede ser peor que lo que tenemos.

Compartido con SURCOS por el autor.

¿Es Nayib Bukele un ejemplo demócrata a seguir?

Freddy Pacheco León

Es menester reflexionar, en estos días de tanto desbarajuste provocado por acciones antidemocráticas gubernamentales, que matizan la realidad nacional. Comentar que, planeada desde el Poder Ejecutivo, se desarrolla una estrategia propagandística populista, demagógica, perversa, que atrapa a incautos, en la que el Chaves se presenta como un «súper héroe» nacido del tugurio, en combate cuerpo a cuerpo contra los corruptos, que invita a que lo sigan cual cabeza de un cardumen.

Y es que, a año y medio de finalizar la administración, incapaz de mostrar siquiera, algunas pequeñas cosas buenas, se ha optado por reforzar una «campaña electoral», similar a la desarrollada en la segunda ronda que lo hizo presidente. Por ahí iba su intención de usar la figura del referendo, y, también, los anuncios de promesas, que, sabe muy bien, jamás se van a ejecutar, como son, luchar contra la criminal evasión de impuestos, fortalecer el Seguro Social, llevar bienestar a las ciudades costeras para liberar a sus habitantes de la tentación de buscar ingresos económicos en el narcotráfico, de fortalecer la seguridad ciudadana y acabar con los asesinatos cotidianos, de reafirmar compromisos con el ambiente, de garantizar el eficaz abastecimiento de agua potable…

Promesas y más promesas, que, bien divulgadas, y anunciadas con megáfonos, levantan la esperanza de un pueblo desvalido, que, al no poder superar su pobreza, a veces, extrema, quisieran creerle como último recurso. Pueblo que, dichosamente, poco a poco, parece ir despertando de su letargo.

Pues bien, como parte de esa nada sutil estrategia de campaña, una administración que se dice obstaculizada por caros principios democráticos, como la separación y respeto entre los poderes de la República, y por las instituciones de control del gasto público, ahora promueve la presencia de un cuestionado presidente centroamericano, con la intención de que éste le ayude en su vigente «campaña electoral», presentándolo como un ejemplo demócrata a seguir. Por ello, porque se viene ese incómodo acontecimiento, es pertinente mirar hacia la esencia del gobierno de Nayib Bukele, el ahora colaborador electoral de Rodrigo Chaves.

Al ponerle la lupa, la imagen captada, muestra a alguien que ha demostrado, un total menosprecio por las normas jurídicas salvadoreñas, como, por ejemplo, su menosprecio a la Constitución Política, conque fue electo la primera vez, síntoma evidente, de una deriva autoritaria, aplicada en el pequeño país hermano. Un caso grave es el de su forzada candidatura a la reelección presidencial. Resulta que la Constitución de 1983, prohíbe la reelección inmediata, y dicha prohibición había sido reafirmada por un fallo del 2.014. Sin embargo, gracias a una circunstancial mayoría absoluta, obtenida en las elecciones legislativas de febrero de 2.021, Nayib alteró las reglas constitucionales, gracias a una serie de maniobras alejadas de la legalidad. Cuando su sumisa Asamblea Legislativa, aprobó reemplazar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, le abrió camino a ejercer, una dictadura maquillada de democracia. De este modo, sus «piezas» judiciales resolvieron en el 2.021, que el presidente en ejercicio podía postularse legalmente para el cargo, si se alejaba del poder, un tiempito (seis meses) antes de las elecciones, como simuló hacerlo en el papel, para cumplir con ese fraudulento requisito.

Ejecutada esa maniobra, se postuló nuevamente. Asimismo, procedió a acabar con los vitales entes contralores, dándole vía libre a la corrupción galopante, donde su familia, por cierto, juega un papel determinante.

El enfrentamiento con los pandilleros expulsados de los EE.UU., que acosaban a la población salvadoreña, ha sido motivo de gravísimas acusaciones, lanzadas al basurero, después de la destitución del fiscal general, cerrándose así la investigación penal sobre las negociaciones del gobierno con los líderes de las pandillas. El enfrentamiento con los pandilleros, que expulsados de los EE.UU. (desde donde 2,5 millones de salvadoreños, con remesas anuales de US$8.000 millones, sostienen la economía de su país) acosaban a la población salvadoreña, ha sido motivo de acusaciones, muy serias. Sin embargo, después de la destitución del fiscal general, se cerró la investigación penal sobre las negociaciones amistosas del gobierno con los líderes de las pandillas, truncando un enjuiciamiento oficial sobre el caso, que, por supuesto, empañaba «el único logro» exhibido por Nayib, pese a la gran indignación, nacional e internacional, por las violaciones de derechos humanos, relacionadas con las detenciones arbitrarias de más de 73.000 personas, muchas inocentes, sin contar con el fundamental debido proceso. Pero era tanta la delincuencia, que el pueblo salvadoreño apoyó abrumadoramente las drásticas medidas oficiales, convirtiendo, por ello, a Nayib, en el líder más popular de América Latina, debido a la disminución de las tasas de violencia y homicidios, aunque obedecieran a acciones ilegales por él propiciadas.

El estado de emergencia” que siguió al aumento de la violencia de las pandillas, le dio a su gobierno, como sucediera antes con la pandemia del Covid 19, un camino libre, bien oscuro, tenebroso, para las irregularidades y la corrupción. El resultado fue una falta de transparencia y de acceso a la información pública, así como una total ausencia de rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, al eliminarse las restricciones legales sobre el manejo de fondos del Estado. Hasta hoy, dicho «estado de emergencia» se ha prorrogado 22 veces (la última vez en enero de 2024), por lo cual, la pareja corrupción e impunidad, viven una eterna luna de miel. Por ejemplo, se desconocen los déficits presupuestarios crónicos, pese a las remesas que representan el 28 % del PIB, pues se publican pocos datos sobre la composición exacta del presupuesto del Estado. Por ello, pese a que se asignan cifras gigantescas para «seguridad», la supervisión de las finanzas públicas es prácticamente inexistente.

Y como era previsible, como resultado de la cobertura crítica sobre la corrupción y las políticas públicas, vino el ataque a la prensa independiente. Los periodistas han sufrido la autocensura, al enfrentarse a la intimidación y las agresiones. Otros fueron obligados a abandonar el país, como el medio El Faro, que, habiendo informado sobre la corrupción institucional de El Salvador durante décadas, hubo de salir del país, para trabajar digitalmente desde Costa Rica. De hecho, Departamento de Estado de EE.UU., ha acusado de corrupción a más de una docena de funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, por lo que muchos de ellos figuran en la «Lista Engel» del gobierno estadounidense, que incluye a personajes corruptos y enemigos de la democracia.

Así, con el Poder Legislativo bajo su control total, el Poder Judicial manejado por sus fieles partidarios y el Poder Ejecutivo concentrado en su figura, con un círculo de confianza formado por hermanos y leales servidores, Nayib logró un poder indiscutible en El Salvador, que, por lo conocido, está muy lejos de merecer levantar un estandarte democrático, aunque sí, el de una dictadura que busca entronizarse por muchos años, cuando pise suelo patrio.

Preguntamos, ¿A de ser un modelo ejemplar para los costarricenses? ¿Se justifica honrarlo con una invitación a visitar las sedes de los tres poderes de la República? ¿Su amistad con el presidente Chaves, estará por encima de los principios democráticos, que movilizan a muchos compatriotas? ¿Qué beneficios obtendría nuestra Patria, con su visita oficial, aparte de, supuestamente, ayudar con la «campaña electoral» adelantada, que se desarrolla desde nuestra Casa Presidencial? Finalmente, ¿Será que Chaves aspira a gobernar como su admirado dictador?

Para nosotros, las respuestas son obvias, como también lo es, que repudiamos su inoportuna presencia en Costa Rica.

25.10.2024

Los chantajistas del Gobierno y de Zapote

Vladimir de la Cruz

Vladimir de la Cruz

Es claro a toda la ciudadanía que el residente de Zapote actúa constantemente intimidando, amenazando, descalificando, burlándose de la gente, de los periodistas, de los analistas y críticos políticos, de sus opositores. Para ello había montado, como parte de su argucia a las baterías de troles.

Sus poses normales son del bravucón, del presionador, del amenazador, del extorsionista, del que espera controlar comportamientos sin dar posibilidad de elección. Por eso intimida procurando disminuir la autoestima y el valor de sus “contrincantes”, los que él escoge para atacarlos exhibiéndolos de mala forma, y manipulando, de esa manera, sus imágenes públicas, casi reduciéndolas a cosas para tratar de lograr sus propósitos. En esto hay que reconocerle al mandamás de Zapote que es eficaz y eficiente, sabiendo sacar provecho de esas situaciones, que le provocan una imagen pública fuerte, de autoridad necesaria que faltaba en el país, y bastante simpatía en las encuestas, cuando en el entorno nacional se ha venido socavando, desde hace mucho tiempo, todo lo que es “político”, la misma democracia y sus instituciones, de modo que el gobernante aprovecha la situación para presentarse como el salvador. Poco falta para que se le vea como el “Amado Líder”. Ya empezaron a soltar sus jaurías políticas en las calles alabando y ladrándole salameramente al líder.

Su intimidación, sus amenazas, su forma de extorsionar a la gente, aparte del temor reverencial que provoca, lo hace sin ofrecer compensaciones positivas. Al contrario, ofrece la violencia, la destrucción moral de su atacado y difamado, por la forma que lo hace, procurando que se actúe de una determinada forma.

Es claro que no ha entendido, hasta hoy, cuál es el papel del gobernante frente a la ciudadanía y frente a los grupos organizados, que no son parte de su argolla. Desconoce lo que es la tolerancia en todo sentido, pero especialmente la tolerancia política, que es la que debe primar en un régimen democrático y con gobernantes democráticos. Y, carece, en ese sentido de esa inteligencia política que debe adornar a cada gobernante.

Los actos del gobierno son por su esencia políticos, realizados o impulsados por el gobernante. No puede un gobernante esperar que todo se le acepte a ciegas, sin lectura de sus propuestas, sin analizar los efectos de las mismas.

Toda la vida política de Costa Rica se ha construido y desarrollado a base de conversaciones políticas, de pactos, de acuerdos, de convencimientos políticos. Desde el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, del 1 de diciembre de 1821, se trazó la idea del Pacto, del Acuerdo, como conceptos para hacer caminar la nación costarricense al momento de la Independencia. Hoy tenemos su resultado enriquecido con 13 Constituciones y una inmensa cantidad de acuerdos y pactos políticos, en las más duras condiciones, que permitieron dar pasos de gigantes. Justamente en estos días podemos recordar algunos de esos Pactos, el de Ochomogo, el de la Embajada de México, el Figueres Ulate, que se firmaron hacer 75 años, que modelaron la Costa Rica actual, surgidos esos acuerdos de las balas, del humo de los fusiles y de los 3000 muertos que cayeron en aquellos difíciles días.

El Presidente de Zapote frente a la ausencia de una guerra como la de 1948, sin contexto de ella, como Don Quijote, ha visto molinos frente a él que debe enfrentar. Dinamitar puentes, ha dicho, y todo lo que se le enfrente y obstaculice en sus propósitos y luchas es lo que amenaza hacer.

En ese afán carece el Presidente de una Dulcinea a su alcance inmediato, y ni siquiera imaginario, a quien le pueda ofrecer sus hazañas gubernativas, que no se ven. Más que una Insula Barataria quizá sueña con su Insula Zapotaria, donde él es el Gobernador nombrado, donde ejerce su gobierno como si fuera el Gerente moderno de ese feudo, en la práctica más asimilado en el ejercicio gubernativo a Sancho Panza que al propio don Quijote.

Pues bien, nuestro gobernador de Zapotaria, ha propuesto, junto con sus escuderos parlamentarios un chantaje, una extorsión, una amenaza a los diputados. Ha propuesto en la Comisión de Seguridad del Poder Legislativo que se eliminen las objeciones, que diputados del Frente Amplio han puesto al Proyecto de Ley que tiene que ver con el aumento de jornada a 12 horas diarias, a cambio de aprobar los proyectos de ley que tienen que ver con la seguridad ciudadana, hoy tan amenazada, tan frágil, por las acciones del crimen organizado, por la posible liberación de jefes de bandas criminales en los próximos días.

Estos proyectos de ley no se pueden mezclar porque responden a realidades y valores sociales diferentes. Urge atender la seguridad ciudadana. No urge resolver lo de aumentar las jornadas de trabajo a 12 horas diarias. Con la extensión de las jornadas la inseguridad de la vida de los trabajadores va a aumentar porque estarán en las calles hasta 14 o 16 horas diarias, por el desplazamiento, de ida y vuelta, a sus trabajos, oportunidad ideal para que sean asaltados, secuestrados o asesinados mientras esperan los buses a esas horas de la madrugada o de la noche.

Si el gobierno no atiende la urgencia de la aprobación de la Ley del Crimen Organizado, en las discusiones parlamentarias que inician en mayo, es porque al Gobierno no le interesa, como parece ser, atender el problema de la seguridad ciudadana, porque el miedo y el temor que la inseguridad produce le favorece al gobierno para ejercer su autoritarismo, su militarismo, sus desplantes de acciones gorilescas de la policía sobre la población y periodistas. O, en el peor, y extremo de los casos, porque desde Zapotaria hay coordinación con los líderes de esos grupos delictivos, como hacen los líderes autoritarios en algunos países cercanos, para que sus actuaciones, no del todo reprimidas ni controladas, permitan alentar el ambiente de miedo y de terror, que el gobernante autoritario de Zapotaria usa y aprovecha para ejercer su dominio institucional con temor, con intimidación, como se está ejercitando en el país.

La urgencia en Costa Rica es detener el crimen organizado. Esta es la prioridad nacional en cuanto a las leyes que estarán en discusión a partir de mayo.

La forma en que los representantes del Presidente y el mismo Presidente presionan a los diputados, con el chantaje de la aprobación de los dos proyectos, los coloca en la misma situación de esos líderes criminales delictivos, que de esa forma presionan en las comunidades a ciudadanos, a trabajadores, a pequeños empresarios para pagar peajes o pagar seguridad, para asegurarles su vida o sus bienes.

El chantaje que se está proponiendo a los diputados con el trámite simultáneo de las dos leyes, en la forma que lo quiere hacer el gobierno, es un delito de amenazas, que viola un bien jurídico fundamental, el de la libertad y la intimidad de los diputados en este caso, y el de las personas en general, ya que se atenta contra el normal desarrollo de la vida de las víctimas del crimen organizado y las de sus familiares.

Ese chantaje emocional y político que se impulsa por el Gobierno y sus voceros parlamentarios es una forma inadecuada, irrespetuosa y agresiva de comunicación, como suele hacerlo el Presidente.

Los diputados no deben caer en la trampa, en el engaño del trámite de los dos proyectos de ley, el de seguridad y el de jornadas de 12 horas, como si estuvieran en una balanza. El que cae por su peso, por su importancia, el que debe discutirse separada y exclusivamente es el de la Ley del Crimen Organizado.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

HIPÉRBOLES: CUANDO LA SOSPECHA ES CONSTRUIDA

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Esparcidos en su caminar por territorio mexicano como consecuencia del fracaso del modelo económico, la inhabilitación del sistema de protección institucional a todo nivel, el agresivo resplandor del extractivismo y las violencias in extremis en sus países de origen, cientos de miles de migrantes de varios países pero en particular provenientes del norte, y ahora del sur de Centroamérica, continúan su paso incesante y su lucha por el reconocimiento de su condición ante un estado que ha ejecutado al pie de la letra las indicaciones de la administración Biden-Harris en materia de administración migratoria.

Desde setiembre del año en curso, como si fueran piezas de un juego de lego desarmado y vuelto a armar, cientos de agrupaciones de migrantes han sido desbaratadas a su paso por territorio mexicano.

La acción desmedida de las autoridades mexicanas ha contribuido con este escenario, que ha contado también con el concurso de otras instituciones. Pese a ello, los grupos se han reconformado y resistido para seguir su curso. Todavía lo hacen.

En medio de tales dinámicas de represión, violencia y resistencia, las dicursividades acusatorias, intimidantes, excluyentes han estado a la orden del día. A inicios del mes de noviembre una supuesta condición de dengue en miembros de los grupos de personas migrantes que transitan por las carreteras mexicanas fue anunciada por las autoridades y reproducida en el acto por varios medios de comunicación comerciales.

Esta situación fue desmentida por organizaciones defensoras de derechos humanos alegando xenofobia institucional orientada a desacreditar el paso de los grupos de personas migrantes por territorio mexicano.

Tales acusaciones son producto de un registro que históricamente ha asociado migración con enfermedad o riesgo. Es una suerte de hipérbole en la construcción de sentido de los discursos antiinmigrantes que se ha posicionado fuertemente en los últimos años a nivel global. Como señala Moraña en un reciente trabajo publicado en España:

“Desde la perspectiva foucultiana que enfatiza la importancia de la articulación entre cuerpo y poder y la relación individuo-estado, las estrategias actuales de control invasivo del sujeto individual o colectivo considerado objeto de sospecha y amenaza pública, no pueden parecer del todo sorprendentes, aunque signifiquen una intensificación hiperbólica de procesos anteriores. La visión organicista, por la cual la sociedad es vista como un organismo vivo, autoriza la idea de que es necesario defenderse de elementos foráneos que vienen a atacar la integridad del cuerpo social, a infectarlo, debilitarlo y vencer sus defensas inmunológicas” (Moraña, 2021, 398-399).

No quisiera cerrar esta observación participante sin plantear una preocupación acerca de la forma como la sociedad repele lo que considera riesgoso.

Ocurre en un escenario como el costarricense en el que la existencia de grupos contrarios a la vacunación para abordar la COVID-19 ha producido el aumento de discursos inmunitarios y de higiene social que de alguna manera dividen a las personas.

Me tocó leer un comentario en Twitter sobre la presencia de estos grupos en espacios públicos y la relación que se hacía con una serie de enfermedades a las que supuestamente se había expuesto la persona que originó la opinión al cruzarse con ello.

Debemos prepararnos y estar atentos a identificar estos planteamientos higienistas y excluyentes. Tengan o no tengan razón en sus argumentos, no es con odio y exclusión como se gestiona desde el punto de vista social una crisis civilizatoria como la que estamos experimentado. Tener conciencia del otro es asumirlo en su diferencia, sus creencias y sus prácticas. Tenemos pendiente esa tarea. Todos.

 

Imagen: https://www.lachispa.mx

CEJIL: Honduras debe garantizar protección a familia de Berta Cáceres y COPINH ante juicio contra David Castillo

San José, 08 de abril de 2021.- Esta semana dio inicio el juicio oral y público contra Roberto David Castillo, ex gerente general de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), acusado por su responsabilidad como co autor del asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres Flores el 02 de marzo de 2016. El día de ayer, en el segundo día del proceso, la defensa de David Castillo presentó ante la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una recusación contra el Tribunal que lleva el juicio. Aunque el proceso fue suspendido a raíz de ello, la Corte deberá resolver en los próximos días y el juicio deberá reanudarse.

Ante este proceso, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), como representantes de la familia de Berta Cáceres y las comunidades organizadas del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares de Honduras (COPINH) en el marco del proceso de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llamamos al Estado de Honduras a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la familia de Berta Cáceres y el COPINH.

Este llamado se vuelve urgente ante la agudización de los ataques perpetrados en contra del COPINH en los últimos años, y, en particular, tras el incidente enfrentado por las hijas de Berta Cáceres y un integrante del COPINH el pasado 03 de abril, fecha en que fueron detenidas ilegal y arbitrariamente por al menos 10 agentes de la policía nacional civil por alrededor de 3 horas. Preocupa que estos hechos constituyan un intento de intimidación en su contra pocos días antes del inicio del juicio oral y público.

Recordamos que la familia de Berta Cáceres y las comunidades del COPINH cuentan con medidas de protección otorgadas por la CIDH desde 2016 y reconocemos que estos hechos demuestran que la situación de riesgo a la que continúan expuestas sigue siendo extremadamente grave, por lo que el Estado de Honduras tiene la obligación de tomar todas las medidas para garantizar su protección, en particular, ante los riesgos agravados que podría implicar el proceso de juicio oral y público contra David Castillo.

En el marco de este juicio, desde CEJIL llamamos también al Estado hondureño a cumplir con todos los estándares del debido proceso y garantizar verdad y justicia para la familia de Berta Cáceres, el COPINH, las comunidades lencas y la sociedad hondureña.

Reconocemos que la recusación presentada ayer se suma a cuatro anteriores y representa una acción más dentro de una serie de medidas dilatorias por parte de la defensa que, a cinco años del crimen, representan un obstáculo más en el acceso a la justicia. Denunciamos también la exclusión de Laura Zúniga, hija de Berta Cáceres, y de personas y organizaciones nacionales e internacionales de observación en la sala de audiencia el primer día del juicio.

Ante ello, hacemos un llamado para que el proceso avance sin más dilaciones y demandamos al Estado de Honduras a cumplir con los principios de publicidad y transparencia, aspectos esenciales para ejercer el control y vigilancia sobre las actuaciones de las autoridades; garantizar que las acciones judiciales se desarrollen de manera independiente e imparcial; y asegurar que se dé un proceso legal justo.

Asimismo, desde CEJIL esperamos que este juicio sea un paso contundente para avanzar hacia la investigación, juicio y sanción de todos los autores intelectuales responsables por el asesinato de la lideresa lenca. Recordamos que a 5 años de los hechos tan solo autores materiales e intermedios han sido procesados, y reconocemos, como lo ha hecho la CIDH, que “la justicia para las víctimas será efectiva e integral cuando se judicialice y responsabilice a todos los autores materiales e intelectuales del crimen”.

El caso de Berta Cáceres continúa representando la grave situación de violencia e impunidad que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos y el territorio al ejercer su labor en Honduras y toda la región Latinoamericana, así como los intereses detrás de los proyectos extractivos y su rol en las amenazas, criminalización y agresiones perpetradas contra quienes defienden el territorio.

Avanzar hacia la justicia integral en este caso resulta vital para debilitar la impunidad estructural que impera en Honduras; evitar que hechos como los enfrentados por Berta Cáceres se repitan; y garantizar que las personas defensoras de derechos humanos, la tierra y el territorio, puedan ejercer su labor de forma segura.

Desde CEJIL continuaremos observando el proceso contra David Castillo y acompañando a la familia de la lideresa lenca, al COPINH y a las comunidades en su camino por justicia para Berta Cáceres, que es también justicia para las defensoras, para los pueblos y para la sociedad en su conjunto.

“Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua”

SURCOS comparte la siguiente publicación:

Amnistía Internacional presenta una nueva publicación a cerca de la situación de represión que se está viviendo en Nicaragua.

Adjuntamos la introducción del texto y extendemos la invitación a leer el artículo completo que se encontrará disponible para descarga al final de la nota.

  1. Introducción:

Cuando las imágenes de la violenta represión contra las protestas masivas que iniciaron en abril de 2018, por una serie de reformas al sistema de seguridad social en Nicaragua, colmaron las portadas de los principales diarios de todo el mundo, parecía que la crisis de derechos humanos en el país había llegado a su punto más álgido.

Para finales de abril de 2018 era difícil pensar que las cosas podían empeorar. El gobierno del presidente Daniel Ortega hacía uso de todo el aparato de seguridad para castigar a quienes se atrevían a manifestarse en las calles exigiendo rendición de cuentas. Dos años después, la realidad continúa superando las peores predicciones.

La evidencia y testimonios contenidos en este informe muestran la forma en la que el gobierno de Nicaragua no solo ha profundizado, sino que ha perfeccionado su aparato represivo, poniendo en práctica una serie de tácticas sofisticadas para silenciar cualquier forma de crítica y demanda social, a cualquier precio.

Las violaciones de derechos humanos, incluida a la libertad de expresión, no son nuevas en Nicaragua. Sin embargo, el uso de nuevas herramientas, como algunas de las que serán presentadas y descritas en este documento, indican el comienzo de un capítulo más sombrío en la historia reciente del país.

Durante abril y mayo de 2018, las autoridades hicieron un uso excesivo, desproporcionado y, con frecuencia, innecesario de la fuerza e implementaron una estrategia en ocasiones deliberadamente letal contra las personas que se manifestaban.1

La negativa del gobierno a cesar la represión, en los meses posteriores, continuó sumando víctimas fatales y heridos a manos de agentes del Estado y grupos parapoliciales armados afines al gobierno, lo que aumentó la indignación social. Numerosas localidades respondieron a la estrategia represiva levantando barricadas y, en ocasiones, utilizando morteros artesanales para defenderse.

En respuesta, en julio de 2018, Ortega anunció la “Operación para la Paz”, que se conoció popularmente como “Operación Limpieza”. Ésta consistió en destruir por la fuerza las barricadas y enviar a grupos combinados de fuerzas parapoliciales armadas y agentes de la Policía Nacional a enfrentar a quienes se manifestaban. 2

En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la puesta en marcha de la Operación Limpieza estaba marcando un punto de inflexión en la crisis de derechos humanos en Nicaragua. 3

Pocos meses después, en diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua, instalado bajo el auspicio de la CIDH con el fin de coadyuvar en las investigaciones de los hechos violentos ocurridos en el contexto de las protestas, concluyó que la respuesta represiva del Estado se dio en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. El GIEI afirmó que las autoridades nicaragüenses realizaron “conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”. 4

A pesar del escrutinio internacional, la respuesta represiva contra quienes se manifestaban y promovían el respeto a los derechos humanos continuó durante 2019.

De acuerdo con datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), en el 2019 se continuaron reportando casos de homicidios selectivos de personas identificadas como participantes en las protestas o como opositoras al gobierno, incluyendo al menos 40 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, muchas contra personas campesinas.5

Durante ese año el gobierno se cerró al escrutinio internacional y no permitió la entrada de organismos internacionales de derechos humanos, situación que continuaba hasta finales del 2020.

Organizaciones locales actualmente denuncian que las autoridades siguen utilizando al Poder Judicial como uno de los brazos represivos para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios.6 A finales de noviembre de 2020, fecha de finalización de este informe, más de 100 personas continuaban tras las rejas de manera arbitraria.7

Dentro de las cárceles, las personas detenidas bajo cargos que podrían esconder una motivación política siguen reportando malos tratos y hostigamiento, como elementos adicionales de castigo por sus actividades. Además, fuera de las cárceles, quienes trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos son víctimas de una campaña de hostigamiento sistemática, diseñada para detener su labor.

Fuera de las prisiones, activistas excarceladas y sus familias denuncian que el acoso tras volver a sus hogares es tal que les impide ejercer cualquier tipo de trabajo relacionado con los derechos humanos, u otras actividades. En algunos casos, el hostigamiento se materializa en actos de intimidación y acoso por parte de la policía, fuerzas parapoliciales o redes de control local vinculadas con las autoridades.

En otros casos, la represión es más directa. Desde 2018, el gobierno ha cancelado el registro legal y confiscado los bienes de al menos 10 organizaciones de derechos humanos. Las autoridades también han criminalizado a periodistas y cerrado medios de comunicación considerados críticos.

Durante la segunda mitad del año 2020, la Asamblea Nacional, controlada en su mayoría por miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido del presidente Daniel Ortega, aprobó una serie de leyes que restringen considerablemente el ejercicio de los derechos humanos. La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros,8 por ejemplo, cuyo aparente objetivo es fiscalizar el dinero que organizaciones reciben para evitar la “injerencia extranjera”, en la práctica podría forzar a las organizaciones a cerrar sus puertas ante los obstáculos para financiar sus actividades legítimas.

La Ley Especial de Ciberdelitos, por su parte, bajo el pretexto de evitar la propagación de “noticias falsas”, define un marco legal que puede ser utilizado para castigar penalmente a quienes expresen opiniones que, a los ojos de las autoridades, “produzcan alarma, temor o zozobra”.9 En la misma línea, se aprobó, en primera lectura, una reforma constitucional que permitiría la pena a perpetuidad. Debido a la vaguedad del texto que se propone reformar, existe el temor fundado de que sea otra herramienta que pueda ser utilizada para criminalizar a personas percibidas como opositoras.

Personas defensoras de derechos humanos temen que lo peor todavía no ha llegado. Afirman que, en el contexto preelectoral de cara a los comicios presidenciales de noviembre 2021, las violaciones a los derechos humanos, que no se han detenido, se recrudecerán mientras el gobierno busca silenciar cualquier forma de oposición, a cualquier costo.

Mientras tanto, la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus familiares, quienes han sido objeto de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, y de otras violaciones de derechos humanos o de crímenes de derecho internacional, continúan siendo una ilusión.

Tras la finalización de este documento, en noviembre de 2020, los reportes sobre el incremento de los actos de hostigamiento contra las personas identificadas como opositoras al gobierno, defensores de los derechos humanos, periodistas, así como víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias, continuaron sin pausa. Adicionalmente, en diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”, cuya aprobación fue rechazada por la CIDH, quien además señaló que su contendido limita el ejercicio de los derechos políticos protegidos por las normas internacionales de derechos humanos. 10

 

Enviado por Juan Carlos Cruz Barrientos.