Comunicado de la Asociación de Desarrollo Integral de Brasilito, Comité Punta Pelencho, Bandera Azul Ecológica Brasilito Brasilito, Santa Cruz. 11 de marzo del 2025
En relación con la tala de árboles en Punta Pelencho, la cual responde a un acuerdo entre el desarrollador Cantomar y la Municipalidad de Santa Cruz, y en respuesta a un recurso de amparo, la Sala Constitucional ha emitido el día de hoy, martes 11 de marzo, una respuesta inicial mientras se analiza el fondo del asunto.
La Sala Constitucional ha ordenado, como medida cautelar, que no se realice ninguna tala y que se aclare si los árboles en cuestión se encuentran dentro de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) o un corredor biológico, así como confirmar si se trata de especies nativas o autóctonas del lugar.
La Sala ha notificado a la Municipalidad de Santa Cruz, SETENA, SINAC y el Área de Conservación Tempisque (ACT), otorgándoles un plazo de tres días para responder a los requerimientos y presentar la información solicitada.
La imposición de esta medida cautelar representa un avance significativo en la protección de estos árboles, los monos congo (especie en peligro de extinción que depende de ellos), así como de la biodiversidad de Punta Pelencho y el patrimonio cultural que representa este lugar para el disfrute de las generaciones presentes y futuras de acuerdo con el principio de igualdad y no discriminación y en defensa y disfrute de los bienes públicos.
Ahora corresponde a las instituciones públicas entregar la información solicitada por la Sala Constitucional, la cual procederá con el análisis de la situación para emitir una resolución. Esperamos que el proceso avance con transparencia y que se brinde claridad sobre los términos del convenio en cuestión.
Seguiremos atentos a los próximos pronunciamientos oficiales y reiteramos nuestro compromiso con la protección del medio ambiente, la participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales y el acceso a información pública.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Organizado por vecinos de Brasilito que se mantienen en la lucha por el ambiente y la cultura
Esta comunidad se ha organizada por la defensa de árboles, el uso tradicional y contra la privatización de la playa en Punta Pelencho.
La comunidad de Brasilito ha expresado su preocupación por la reciente identificación de árboles en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y la próxima elaboración de un camino asfaltado hacia Punta Pelencho, temiendo que esto afecte el ecosistema y el acceso público al lugar.
El proyecto, impulsado por la empresa Cantomar en acuerdo con la Municipalidad de Santa Cruz, propone una vía pavimentada de doble sentido. Sin embargo, los habitantes advierten que esto pondría en riesgo la fauna local, especialmente la conectividad biológica de especies como los monos congo, especie en peligro de extinción, además de modificar el uso tradicional del lugar y el acceso público a la playa.
Existen indicios de que la municipalidad pudo haber cedido irregularmente la administración de una calle pública para convertirla en una entrada privada con control de acceso 24/7, lo que limitaría la libertad de tránsito y podría constituir una privatización de hecho, contraria al ordenamiento jurídico costarricense.
El proyecto cuenta con viabilidad ambiental que fue aprobado en el 2007. El proyecto de 38.864 metros cuadrados está bajo el expediente D1-1286-2006-Setena, y tiene aprobación de viabilidad ambiental N° 2758-2007-Setena, es decir de hace 18 años.
En respuesta, se conformó el Comité Punta Pelencho, que busca proteger el equilibrio ecológico, garantizar el acceso público y promover un desarrollo sostenible que respete el entorno natural y cultural.
El comité solicitó a la Municipalidad de Santa Cruz el convenio de donación para conocer su contenido. Sin embargo, a pesar de múltiples solicitudes, la municipalidad no ha brindado una respuesta dentro del plazo de 10 días hábiles, limitándose a acusar recibo sin compartir el documento ni atender la solicitud de anulación por aparentes irregularidades.
Para el comité esta falta de transparencia es especialmente preocupante, ya que el proceso se ha llevado a cabo sin consulta previa a la comunidad, excluyéndola de un asunto con alto impacto ambiental y social. La comunidad continúa organizándose para evitar cambios que alteren la esencia de este sitio tan importante para ellos y ha venido organizándose para fortalecer el uso de este espacio como patrimonio cultural. En ese propósito se fomenta la presencia activa de la comunidad a través de actividades que refuercen el sentido de pertenencia y convivencia.
Bajo este marco, el Comité Punta Pelencho organiza el “Festival Tierra Viva Celebrado a nuestras mujeres” que tendrá lugar el próximo sábado 8 de marzo. Este día durante la mañana habrá un taller de movimiento creativo, zumba, mandalas en arena, búsqueda del tesoro en familia y presentaciones artísticas. Mientras que, durante la tarde, se tendrá una charla sobre prácticas de cuidados de la mujer, así como un círculo de cantos y música en vivo a cargo de Elypan y Yo Soy Canto Sagrado. Además, durante las actividades, habrá estaciones para el disfrute de niñas y niños.
Este es un gran espacio para informarse de la situación de Punta Pelencho, disfrutar de las actividades y apoyar a los emprendimientos locales. Las actividades son gratuitas y abiertas y la ubicación es https://maps.app.goo.gl/bygfXCT26wvHgnxY9
Este es el titular que circula tanto en las redes sociales como en los principales medios de comunicación nacionales, retratando a los miembros del concejo municipal y al alcalde como los responsables de tal atrocidad e injusticia.
Ya sea que sean funcionarios públicos corruptos o no, el sistema jurídico vigente ha sido manipulado para permitirles o incluso obligarlos a cometer actos tan crueles en contra de sus propios vecinos.
En realidad, las comunidades costeras de Costa Rica enfrentan un destino sombrío debido a las nuevas leyes y reglamentos de la zona marítimo terrestre que han sido promulgados en la última década.
Estas normativas han sido diseñadas para crear divisiones entre los habitantes de las regiones costeras, lo que ha llevado a la mayoría de los pueblos costeros a caer en una trampa.
Una de las leyes obliga a los gobiernos locales a desarrollar e implementar un plan de manejo de la zona marítimo terrestre conocido como Plan Regulador Costero (Ley 9242 de 2014). A simple vista, esta norma parece ser una repetición de lo establecido en la Ley 6043 sobre ZMT de 1977.
Sin embargo, la nueva normativa exige que el Plan Regulador se elabore y se implemente de acuerdo con las directrices establecidas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Ese es el problema de fondo.
El enfoque principal de este nuevo manual del ICT es el desalojo y demolición de edificaciones en la ZMT que no cumplen con la política y visión de desarrollo turístico costero establecida por esta entidad pública.
Lo anterior pone a las Municipalidades, cuyo deber es proteger los intereses de sus representados, en una posición incómoda al tener que llevar a cabo desalojos y demoliciones que no benefician a los habitantes de sus distritos costeros.
En su mayoría, la situación contradictoria en la que se encuentran atrapados actualmente los municipios de las regiones costeras es en gran medida un legado de administraciones anteriores que se alinearon con las políticas de las administraciones del gobierno nacional en el poder en busca de beneficios políticos personales.
Este fenómeno se rige por una regla no escrita conocida como «la línea del partido», donde aquellos que no siguen la línea son marginados.
Por lo tanto, nuestra tarea inmediata como comunidad es encontrar la manera de desvincular a nuestros representantes en el gobierno local y unirnos en la lucha por el bienestar de los habitantes costeros del distrito de Cahuita, cantón de Talamanca.
Así como la política de desarrollo turístico costero del ICT (que implica desalojar y demoler las construcciones existentes en la ZMT) no hace distinciones basadas en la etnia, afiliación política o credo religioso de los propietarios, de la misma manera la lucha para detenerla debe ser inclusiva. De lo contrario, sería extremadamente difícil superar este desafío.
En medio de la incertidumbre laboral que afecta a los trabajadores municipales en Costa Rica, el movimiento encabezado por la seccional ANEP-Municipalidad de Santa Cruz se erige como un llamado a la solidaridad y a la reflexión sobre las decisiones de la Contraloría General de la República (CGR). El 9 de enero del presente año, 83 trabajadores de la Municipalidad de Santa Cruz iniciaron un movimiento que tenía como fin el de cuestionar y revertir estos despidos.
La polémica surge a raíz de la decisión de la CGR de prescindir la no aprobación del presupuesto. Albino Vargas, ha expresado su desacuerdo con esta medida considerándola cuestionable
El movimiento liderado por la seccional ANEP-Municipalidad de Santa Cruz buscaba no solo la reinstalación de los 83 trabajadores despedidos, sino también concientizar sobre la necesidad de revisar y reconsiderar las decisiones de la CGR. Se hace un llamado a los trabajadores de todas las municipalidades de Costa Rica, en especial a aquellos que están experimentando despidos, para unirse en solidaridad y tomar acciones concretas ante esta situación.
La situación en Santa Cruz no es un caso aislado; es un reflejo de la preocupante realidad que enfrentan los trabajadores municipales en todo el país. Este llamado a la acción busca sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de abordar estas problemáticas laborales de manera urgente y justa, garantizando el bienestar de quienes dedican su esfuerzo diario a servir a sus comunidades.
En el video adjunto se puede visualizar lo acontecido.
26 de enero 2023 | Dany Villalobos, geógrafo de FECON
Las instituciones deben garantizar la integridad de la Zona Pública de Marbella
La zona pública se ha reducido en un 60% respecto a la delimitación original.
Se debe reponer la pérdida para que las comunidades administren el área pública.
Presentación del problema
Costa Rica debe enfrentar este 2023 un gran desafío. Es el tema costero, que por vacíos y defectos en la administración pública, hemos ido perdiendo poco a poco los costarricenses como patrimonio público, especialmente en los sectores que están tomados por negocios inmobiliarios.
La costa de Santa Cruz de Guanacaste presenta varios casos, como playas Pinilla, Avellanas y Marbella. La costa de Guanacaste se ha convertido en el foco de la ambición de los gavilanes inmobiliarios, que son personajes que han venido a la provincia a comprar tierra barata para enriquecerse vendiendo lotes muy caros, principalmente a extranjeros ricos.
En este pequeño artículo presentaré el problema costero actual mediante el caso de Marbella. El día 12 de enero de 2023 estuve de gira en las playas del lugar para tomar algunos datos de GPS dentro de la zona pública actual y en la línea perceptible del litoral. Después de procesar la información y realizar cartografía, puedo hacer visible lo que parece claro estando en las playas de Marbella: la zona pública está desapareciendo.
Día de gira, levantando registros de GPS en la Playa Coco de Marbella.
La Zona Pública (ZP) es la franja de 50 metros que corresponden a uso totalmente público a partir de la línea de pleamar (marea alta), según el artículo 10 de la ley de Zona Marítimo Terrestre 6043 de 1977. Su reducción progresiva compromete aún más a los ocupantes actuales de la Zona Restringida. La gente de Marbella ha visto con recelo los desarrollos en frente de la playa y consideran que empresarios extranjeros han estado invadiendo la zona pública desde que empezaron a desarrollar sus negocios en el frente de la playa.
Esquema de la Zona Marítimo-Terrestre. Elaborado por FECON.
El restaurante Tiki-Hut y otras propiedades frente al mar están en manos de extranjeros que llegaron a Marbella hace pocos años con la idea de hacer negocios fáciles y jugosos con la tierra. Albasud ha denunciado con detalle los nombres y formas de operar de estos empresarios, que denominé anteriormente “gavilanes inmobiliarios”, por el amplio catálogo de irregularidades con las que mueven sus negocios.
FECON ha apoyado a vecinos de Marbella en denunciar casos como la construcción de un puente sin permisos en un cauce de manglar entre Frijolar y Playa Coco. También, se pidió a la Municipalidad de Santa Cruz comprobar si las construcciones frente a la playa tienen permisos municipales o si invadían la Zona Pública, por su cercanía al mar. Las respuestas nunca llegaron aun cuando la Sala Constitucional ordenó respuesta. Claramente la Municipalidad de Santa Cruz no tiene interés en intervenir el problema, lo que ha indignado y desalentado la lucha de la comunidad por defender sus playas.
La apuesta de FECON
Ante la falta de respuesta institucional, FECON ha buscado apoyo para poder visitar las zonas del litoral de Santa Cruz donde existen este tipo de problemas. Gracias al apoyo de Environmental Network for Central America (ENCA), se podrán realizar varias giras para documentar y cartografiar las zonas en conflicto.
Es claro que las comunidades guanacastecas requieren el respaldo de profesionales y organizaciones ambientales del país, siendo las playas patrimonio público. Los indicios nos llevan a cuestionar la información existente sobre la realidad actual en los 200 metros de la Zona Marítimo-Terrestre.
¿Por qué ha ido desapareciendo la franja de Zona Pública?
Voy a mencionar sólo dos factores que considero las causas principales en el caso de Marbella. El primero es un factor histórico-ambiental: el cambio en la línea de las pleamares en el exterior de la franja. El segundo, el factor privatización operando por la libre en la zona restringida, al interior. Mientras el mar presiona desde afuera, los negocios de los ocupantes privados amenazan el límite original desde adentro y la franja pública termina por reducirse a los niveles que mostraremos en cartografía.
El cambio en el nivel del mar y la erosión costera
Sobre el cambio de la línea de pleamares, es perceptible observando la geomorfología del litoral. En algunos puntos es clara la incursión del mar tierra adentro, llegando hasta la calle que coincide con el límite final de la zona pública, lo que quiere decir que el mar ha hecho desaparecer los 50 metros de Zona Pública en estos puntos, como se muestra en las siguientes imágenes satelitales:
Imagen 1. Se observa cómo la línea del litoral ya se acerca al límite original de los 50 m de zona pública.
Imagen 1. Un punto de GPS indica que la marea llega a la calle, y la franja pública se ha reducido a la mitad.
¿Cuánta es el área pública perdida?
Según la información geográfica procesada después de la visita al lugar el 12 de enero de 2023, en las playas de Marbella la Zona Pública original ha desaparecido en un 56%. Específicamente en la Playa Coco, el cambio ha hecho perder el 62% de la Zona Pública, lo que plantea la necesidad de abrir un debate público sobre la recuperación de esta franja patrimonial establecida por Ley.
Mapa 1. Cambios en el área de Zona Pública. En azul se observa el área de zona pública original que se encontraría ahora por debajo del nivel de las pleamares. En verde lo que aún queda de esa zona pública por encima del nivel del mar, y en amarillo los 50 m de zona pública si se ajusta al nivel de las pleamares actuales.
Se requeriría que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) determine con exactitud la posición actual de la línea de pleamares durante el 2023, para oficializar un cambio necesario. Los vecinos de Marbella pueden observar diariamente cómo el agua sube hasta la calle que da acceso al restaurante Tiki Hut, dejando claro, especialmente en el sector de Playa Coco, que la Zona Pública restante en la actualidad se limita al ancho de la calle con unos 10 o 20 metros de arena y palmeras donde aún no llegan las mareas altas.
Nivel del mar observado el 25 de enero a las 5:00 pm, hora cercana a pleamar, en el sector del puente. Se observa cómo el mar toca la calle. Foto: Vecinos de Marbella.
Necesidad de actualizar el área de zona pública
Después de los 50 m de zona pública, hay una segunda franja de 150 m de Zona Restringida que también es patrimonio público y está bajo el manejo municipal. Con Planes Reguladores de ordenamiento se pueden dar concesiones en esta segunda zona. Pero en el sector de Marbella no hay Plan Regulador. Por tanto, no hay concesiones.
Pero sí se ha llevado adelante un manejo prácticamente por la libre de la Zona Restringida por parte de sus ocupantes. Se sabe que los ocupantes actuales de esta zona no son habitantes históricos de Marbella (no tuvieron posesión antes de 1977). Significa que no tendrían derechos adquiridos sobre esta parte del patrimonio público. Sus cercas colindan ahora con la calle que se extiende por el frente de las playas Frijolar y Coco.
Desconozco si en términos jurídicos hay interpretaciones que impidan actualizar la línea de pleamar y reubicar la zona pública como patrimonio público del Estado a donde corresponderían hoy los 50 m de Ley. Según la estimación que realicé, entre el mojón #178 del IGN y el punto norte de la línea digital (2010) de Playa Coco, el área de zona pública se ha reducido más de la mitad, hasta quedar sólo un 40% del área establecida originalmente.
Para recuperar los 50 metros de zona pública a lo largo de los 1000 metros de frente de playa muestreada, se requeriría correr la línea de mojones hacia el interior, restableciendo más de 30.000 m2 de zona pública que se han perdido. En términos económicos, el Estado se evitaría perder tierras públicas que tendrían un valor de mercado cercano a 1.500 millones de colones (a razón de ₡50.000/m2), y que en este momento están en manos de ocupantes sin concesión.
Conclusiones
Parece ser que hay información técnica desactualizada acerca del nivel real de las mareas altas en Marbella, entonces los procesos legales abiertos en esta franja se vuelven inciertos, pues habrá quien considere que la Zona Pública no está siendo invadida, cuando la realidad ambiental de la costa dice otra cosa.
Las deficiencias de la administración pública generan una especie de parálisis, impidiendo resolver la situación. Hemos denunciado constantemente trabajos de construcción ilegales a través del sistema de denuncia pública SITADA sin respuesta alguna. Los ocupantes del frente de la playa están desarrollando sus propiedades por la libre sin mediar concesión ni permisos de ley para transformar la costa de Marbella.
Relleno en zona marítimo terrestre para parqueo del restaurante Tiki Hut. Esta actividad aparentemente no tendría permisos, violándose una vez más lo establecido por Ley dentro de ZMT.
Desde mi punto de vista, este no debería ser un problema tan difícil de resolver si el Instituto Geográfico Nacional actualiza la información técnica sobre el nivel de las pleamares y la verdadera franja de Zona Marítimo-Terrestre actual según los términos de Ley. Recordemos que los mojones se pusieron en su lugar hace varias décadas y hoy se puede observar, mediante las tecnologías de información geográficas, que ya no representan el espacio de 50 metros dispuesto por la Ley respectiva.
Siendo honestos con la Ley, sencillamente debe existir un esquema territorial que empieza con 50 metros de zona pública a partir de la marea alta, continuada por una franja de 150 m de área bajo estricto manejo público. Estos datos no deberían responder a una fotografía inmutable de 1977. La Zona Marítimo-Terrestre es patrimonio público, por tanto, cualquier pérdida representa una afectación al Estado y al interés público.
Perfil de la Zona Pública. Se puede ver la transformación permanente y desregulada en la propiedad de Jeff Allen, cuya cerca se encuentra a una distancia menor a 25 metros del mar, por lo que estaría dentro de la Zona Pública según la pleamar actual.
Como patrimonio público, La Zona Marítimo-Terrestre debería manejarse con fines de bienestar público donde primero estén las comunidades que han habitado históricamente esta zona, bajo un esquema de gestión económica local. Bien podrían las asociaciones locales de Marbella gestionar una gobernanza sostenible de esta franja, como sucede en otras comunidades del país.
En lugar de eso, hoy tenemos procesos de apropiamiento por parte de extranjeros, que se aprovechan de los vacíos y hasta irrespetan la legislación nacional, por ejemplo, cuando deciden a su modo cómo manejar (sin mostrar permisos) la Zona Marítimo-Terrestre: corriendo los mojones, construyendo, rellenando terrenos para parqueos, construyendo puentes o poniendo luces en la zona pública, cuando la Ley 6043 dice lo siguiente:
Artículo 12.- En la zona marítimo terrestre es prohibido, sin la debida autorización legal, explotar la flora y fauna existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación.
En el caso Marbella, vale decir que sin Plan Regulador no habría derechos adquiridos por parte de los ocupantes actuales de la Zona Marítimo Terrestre. Por tanto, no debería haber paso a reclamos por ceder un área que siempre la ha pertenecido al Estado.
No es justo que los costarricenses nos quedemos sin zonas públicas y los extranjeros que sólo quieren enriquecerse con especulación inmobiliaria, exploten a su antojo nuestras costas y playas, que son patrimonio público, beneficiados en el silencio de las instituciones.
Nuestra posición es, que en manos de la comunidad marbellana, la Zona Pública podría convertirse más bien en un área de manejo sostenible y responsable, que traiga beneficios económicos a los habitantes de este pueblo guanacasteco, capacitando a las comunidades locales para gestionar sosteniblemente el turismo costero y dejar la omni-dependencia de la inversión extranjera que busca lucrar a cualquier costo.
Esta es la apuesta que vamos a hacer en FECON, haciendo un llamado a las comunidades y al país a levantarse para recuperar la Zona Marítimo-Terrestre en Marbella, a enfrentar la usurpación inmobiliaria en todos los litorales del país. Si no defendemos ahora este patrimonio que es de todos, quizá mañana no tengamos nada que defender.
La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) ha solicitado a la Municipalidad de Santa Cruz que proceda a sanear la situación en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) del sector de Marbella, dentro del distrito de Cuajiniquil.
La semana pasada se presentaron una serie de demandas ante los órganos municipales, para que se lleven a cargo las acciones correspondientes para corregir varias ilegalidades que se dan en esta zona costera, las cuales fueron identificadas por organizaciones comunales de Marbella.
Las demandas presentadas por FECON son las siguientes:
1) Anular un Acuerdo Municipal aprobado sin fundamento técnico-ambiental en diciembre del 2019, que autorizó la instalación de un alumbrado eléctrico que estaría afectando el ciclo de reproducción de las tortugas en esta zona, de forma que sea eliminada esta instalación.
2) Investigar extralimitaciones en el uso de los permisos de construcción otorgados a un bar-restaurante que ha establecido infraestructuras ilegales usurpando la ZMT.
3) Demolición de una casa de madera dentro de la ZMT, que fue construida en el área sin contar con la licencia ambiental como lo establece la Ley de Construcciones.
4) La demolición de un puente construido sin licencia ambiental, permisos de obra en cauce por Dirección de Aguas en playa del Coco de Marbella.
5) Además se solicitó información al Área Conservación Tempisque (ACT) sobre una denuncia por tala dentro del manglar de playa del Coco, que presentó la propia ACT, con el fin de sumar a FECON como parte denunciante.
La ZMT debe ser manejada con criterios de ordenamiento.
Lo que la comunidad de Marbella pone en evidencia es la falta de criterios legales y ambientales para administrar la ZMT por parte de la Municipalidad en Santa Cruz. La violación sistemática y continua de la normativa por parte de quienes construyen irregularmente y la inacción por parte de la Municipalidad y el MINAE no es un mal menor.
Las demandas señalan posibles daños irreversibles sobre el ambiente costero y en el ecosistema de manglar. La carencia de estudios científicos previos para las obras contradice los principios de la Administración Pública en los que se debe basar el trabajo de la Municipalidad y que generan incertidumbre respecto a los impactos futuros, por lo que se apela a la eliminación de las obras como establece la legislación.
