Luego de 7 juicios y de 22 largos años de lucha contra la condena de la protesta social, Orlando Barrantes cuenta sus verdades.
Este es un proceso político-social, derivado de una serie de injusticias sociales que el Estado no pudo arreglar y al presentarse un malestar de toda una provincia, el gobierno demuestra que las personas pobres no tienen derecho a la libre manifestación de sus necesidades. Criminalizando la protesta social, se pretende afectar a una persona inocente por ser un luchador social.
El exdiputado y excandidato presidencial por el Frente Amplio, José María Villata, envía un mensaje claro sobre la situación que ha venido pasando Orlando Barrantes ya por más de dos décadas. Con sus palabras, Villalta exalta que las autoridades del Ministerio Público se han ensañado con Orlando Barrantes, pues no es justo y posible que una persona lleve 22 años en un mismo proceso de juicios penales de persecución y criminalización de la protesta social.
A pesar de que se le ha absuelto en dos ocasiones, las autoridades siguen insistiendo en prolongar esta persecución penal. En palabras de Villalta, si el caso de Orlando Barrantes no se detiene lo más pronto posible, Costa Rica podría sufrir una nueva condena en los Tribunales Internacionales de Costa Rica.
El excandidato a la Presidencia de la República anota que, ojalá así como se ha dado esta persecución y ensañamiento hacia Barrantes de parte de las autoridades del Ministerio Público, ojalá así también persiguieran a los corruptos de “cuello blanco” que pasean libres por el país.
Uno de los juicios políticos contra la protesta social más largos de la historia latinoamericana, se efectúa en el país de la “pura vida”.
A sus 70 años de edad, el defensor de los derechos humanos y luchador social, Orlando Barrantes, es víctima de la persecución judicial del Estado centroamericano de Costa Rica desde hace 22 años y en el presente atraviesa por el octavo juicio, motivado por los aparatos judiciales del Estado costarricense.
La historia de Barrantes se remonta a principios del siglo XXI, cuando en diciembre del año dos mil, se encontraba un fuerte sector de la clase obrera costarricense en la provincia de Limón, haciendo uso del derecho humano universal de la protesta, según lo establece la carta universal de los derechos humanos
En esta protesta pacífica efectuada hace 22 años participaron ex trabajadores del ferrocarril, campesinos, transportistas individuales y del sector obrero que trabajaba en los muelles.
Estos sectores populares estaban exigiendo un apoyo contundente e insumos de apoyo de parte del Estado como responsable social del bienestar social de sus habitantes, ya que, para ese entonces, los campesinos habían tenido perdidas bastante significativas de sus cosechas, debido a los fuertes temporales lluviosos que azotaron el caribe costarricense.
Estas manifestaciones pacíficas se efectuaron en las regiones de Siquirres y Guápiles y en donde también participaron ex trabajadores bananeros afectados por el agro-químico del (DibromoCloroPropano o DBCP), más conocido como el nemagón, cuya sustancia toxica dañó irreversiblemente la salud de gran parte de la población centroamericana, y que fue usado por las grandes corporaciones bananeras de capital extranjero, a sabiendas de su peligrosidad.
Los trabajadores colocaron este veneno en los campos bananeros, ya que, para ese entonces, ellos desconocían sus efectos secundarios en el organismo.
Todos estos sectores populares de la clase obrera costarricense, defendían sus derechos humanos y exigían justicia de los daños que habían sido víctimas por trabajar en estas corporaciones, cuyo capital transnacional es un brazo invisible del sistema capitalista atroz e inhumano que ha dañado a gran parte de Latinoamérica.
A raíz de este fuerte movimiento popular suscitado hace 22 años, el Estado de Costa Rica a través de sus aparatos de seguridad estatal, envío a sus emisarios de la represión para atacar a los manifestantes pacíficos y arrestar a la clase pobre y trabajadora, del único país del continente americano que no cuenta con militares.
Los luchadores sociales fueron puestos provisionalmente en los calabozos de la injusticia costarricense, mientras el Estado de Costa Rica iniciaba una acusación falsa contra el defensor de derechos humanos Orlando Barrantes, relacionándolo con falsos positivos.
Haciendo creer de esta forma, que el defensor de derechos humanos, Barrantes planificó esta protesta y todo lo que conllevó en ella, pese a que testigos oficiales ante los tribunales de Guápiles, comprueban que Barrantes no participó ni coordinó esta acción de protesta.
Por tal motivo, en los 22 años de enjuiciamiento nunca se ha logrado comprobar los cargos judiciales falsos en su contra, lo que significa una clara criminalización de la protesta social en Costa Rica, para infundir el miedo en el sector popular y luchador de esa nación. Paralizando así, sus movimientos de exigencia en la construcción social y dignificación humana del pueblo.
En un comunicado, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, señaló que; “Barrantes ha sido víctima sistemáticamente durante 22 años de un proceso de criminalización y judicialización, valorado como el juicio político más largo en la historia de Costa Rica, plagado de arbitrariedad” también enfatizó que solidarizarse con esta lucha es garantizar el derecho legítimo a la protesta social y a la organización desde las comunidades.
Barrantes es un reconocido luchador social costarricense que siempre ha estado al lado de los oprimidos o de las grandes mayorías vilipendiadas en Costa Rica, su delito fue el defender los derechos humanos de la clase obrera y denunciar las injusticias y los trabajos inhumanos, a los que son subyugados los campesinos y toda la clase popular en Costa Rica.
Este defensor de la humanidad costarricense fungió como secretario del Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros (CONATRAB), es dirigente comunal del Bloque de Vivienda y Fundador del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).
De igual manera es un distinguido miembro de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y por ende amante de la vida, del prójimo e incansable buscador de la justicia para los pueblos sometidos de esta nación centroamericana.
Sin embargo, este extenso currículo de vida que posee Orlando Barrantes no es del agrado del Estado costarricense, puesto que sus operadores de justicia prefieren defender los intereses del capital extranjero transnacional, antes de buscar justicia para su propio pueblo.
En los juzgados de Guápiles actualmente se lleva a cabo el juicio número 8, contra el defensor de derechos humanos Orlando Barrantes, distintas organizaciones de derechos humanos, populares y ecologistas se encuentran apostadas frente a estos tribunales exigiendo la libertad absolutoria para Barrantes.
Una de estas organizaciones, es la Federación Ecologista (FECON) cuya militante Angelica Alvarado menciona que el luchador social Barrantes, es totalmente inocente de los cargos judiciales falsos que se le imputan aduciendo que; “Él nunca estuvo presente en la protesta de hace 22 años y tampoco coordinó la misma, es más, las personas que estuvieron en esa acción son los principales testigos ante los tribunales y aseguran que Barrantes, jamás participó en la protesta”.
Ante estos hechos de la persecución judicial contra Orlando Barrantes, es una clara estrategia de parte del Estado costarricense de generar falsos positivos tal y cual lo estableció en su momento el ex presidente Álvaro Uribe en Colombia para perseguir y criminalizar la protesta social, contra los luchadores sociales y defensores de derechos humanos, por lo que el caso de Orlando Barrantes, se transforma en un pésimo precedente que ha debilitado el estado de derecho y democrático de Costa Rica, durante 22 años.
Por tal motivo la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), en el marco del diseño justo y digno que debe caracterizar a un Estado de derecho democrático en el mundo, rechaza y condena enérgicamente, la persecución estatal que esta siendo víctima el compañero Orlando Barrantes, quien ha sido víctima de un monstruoso ataque estatal durante 22 años.
La ACODEHU hace un llamado internacional a las instancias competentes que defienden los derechos humanos en el marco del concierto de naciones, que conforman la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que condenen esta persecución contra un defensor de derechos humanos como lo es, el compañero y luchador social, Orlando Barrantes.
De igual forma la ACODEHU invita a los organismos de derechos humanos internacionales, a que se unan a la condena de esta injusticia contra Orlando Barrantes, puesto que los aparatos judiciales de Costa Rica, tienen como objetivo primordial acallar las voces de los oprimidos.
Oprimidos que viven en un Estado que vende una falsa imagen de democracia y bienestar social ante el mundo, a través de los medios de comunicación al servicio de la oligarquía y del capital financiero transnacional que violenta la soberanía en Costa Rica.
A los veinte y siete días del mes de septiembre de 2022, en la ciudad de San José, Costa Rica, Centroamérica.
ANA CECILIA JIMÉNEZ ARCE Junta Directiva Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
Después de los tres años, dos meses y cinco días de encarcelamiento que pasó Julian Assange en la prisión de máxima seguridad de Londres, precedidos por los seis años, nueve meses y 23 días que pasó como perseguido dentro de la embajada de Ecuador en Londres, la ministra del Interior británica, Priti Patel, ha tomado una decisión vergonzosa y peligrosa, dando el visto bueno a la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.
Assange, por lo tanto, se arriesga a terminar su vida en una prisión de Estados Unidos, cumpliendo una sentencia anormal (hasta 175 años de prisión) por delitos de espionaje, dictada al final de un juicio injusto y después de un período de confinamiento solitario.
Hay una enorme paradoja en esta historia de persecución política y judicial: los que cometieron crímenes de guerra siguen andando libres y quizás escribiendo memorias en las que se reivindican y se jactan de ellos. Quienes los denunciaron, haciendo pública una información de interés general, se arriesgan a ser los únicos que paguen.
Los recursos internos y los recursos ante el Tribunal de Justicia Europeo continuarán, por supuesto. Hoy no ha terminado. Pero hoy, esta fecha del 17 de junio de 2022 debe quedar marcada en el calendario como un día peligroso: el día en que el gobierno británico dijo que el periodismo de investigación es un delito, el día en que se sentó el precedente de que un gobierno opuesto a la libertad de prensa puede perseguir a «periodistas enemigos» en el territorio de otros estados para entregarlos.
*Riccardo Noury
Riccardo Noury es el portavoz de Amnistía Internacional Italia desde 2003, organización de defensa de los derechos humanos de la que es miembro desde 1980. Escribió «No soportamos la tortura» (Rizzoli Libri Illustrati, 2001), “Poesie da Guantánamo” (2007), “La cabeza en otra parte” (Infinito Edizioni, 2020), “La misma pelea, la misma razón” (People Pub, 2020) y “Molla chi verdugo. El lento final de la pena de muerte en EEUU” (Infinito Edizioni, 2022). Es coautor de “Un error capital” (Ediciones Cultura de Paz, 1998) y “Srebrenica. Justicia denegada” (Infinito Edizioni, 2015). Editó “Los olvidados. Las que no se fueron tras la pandemia” (Infinito Edizioni, 2020) y “Las mujeres de Minsk” (Infinito Edizioni, 2021). Desde 2003 es responsable de la edición italiana del Informe Anual de Amnistía Internacional. Escribe, a través de sus blogs, en el Corriere della Sera, el periódico Fatto, Focus on Africa, Article 21 y Pressenza.
