Representantes de diversas corrientes políticas comprometidos con la preservación y mejora del medio ambiente, la accesibilidad y demás temas de interés ratificaron el acuerdo de trabajo entre fracciones de la municipalidad, consecuente con los acuerdos de la noche del jueves 1 de febrero, el Pacto Ético Ambiental de Desamparados. Este acuerdo guiará las acciones políticas y promoverá iniciativas responsables sobre temas ambientales críticos en el cantón.
Al reconocer la urgencia de abordar los desafíos ambientales, de accesibilidad y de gestión integral de los asuntos municipales que enfrenta Desamparados y la responsabilidad compartida de gestionar estos problemas, las fuerzas políticas del concejo municipal acordaron temas mínimos comunes que las agrupaciones políticas del cantón han expresado públicamente. Estas agrupaciones se comprometieron a trabajar junto a las comunidades en pro de un futuro más prometedor para el cantón.
Compromisos :
Respeto mutuo y tolerancia
Transparencia y rendición de cuentas
Diálogo abierto y constructivo
Compromiso con el interés cantonal por encima de los intereses partidistas
Contribución con ideas y propuestas constructivas en discusiones y actividades conjuntas
Respeto a los compromisos adquiridos y trabajo de buena fe para su cumplimiento
La participación ciudadana.
Dada la importancia de este convenio como un paso esencial hacia una gestión política integral y una mejor calidad de vida para los habitantes del cantón, representantes del consejo municipal asumieron el compromiso de cumplir con los acuerdos establecidos. Este convenio político fue firmado por los siguientes integrantes del consejo municipal:
Jonatan Mauricio Chavarría (PUSC)
María Isabel Llamas (PUSC)
Eduardo Gardela (FA)
Jesús Rodríguez (PECC)
Ricardo Antonio Arce (PPSD)
Luis José Flores (PNP)
Kristhian Arturo Chacón (PNR)
Randall Sibaja (PUSC)
Carmen Martínez (PUSC)
William Solera (PPSD)
Adrían Eduardo Monge (PNP)
Walter Jesús Garro (PNR)
Mario Esteban Raitt (FA)
José Marcial Rodríguez (PECC)
Cabe recalcar que tanto el presente acuerdo como Pacto Ético Ambiental no fueron ratificados por los miembros pertenecientes a las fracciones del PLP ni PLN. Como antecedente es importante tener en cuenta el Pacto Ético Ambiental y se insta a la población a revisar la nota elaborada en su momento por SURCOS: https://surcosdigital.com/iniciativa-ciudadana-logra-convocar-al-acuerdo-politico/.
• Fracción de Liberal Progresista demuestra ineptitud y desconocimiento en materia de Vida Silvestre • Costa Rica ya está sometida a una gran presión en materia de tráfico de especies silvestres, legalizarla sólo agravaría la crisis
(FECON, 11-08-2022) El proyecto de Ley N°23.376 presentado por el Partido Liberal Progresista (PLP) no tiene ningún sustento técnico para justificar estas reformas tan profundas a la Ley de Vida Silvestre (LVS), pero además traería cambios peligrosos para la conservación y sustentabilidad de nuestro país. Lo más grave es la reforma al artículo 79 de la LVS, en el cuál el PLP quiere legaliza la exportación, importación o tráfico de la fauna y la flora, sus productos, partes o derivados, incluidos en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). Esta reforma convertiría el país en una gran feria de animales y plantas silvestres, violentando así diversos convenios internacionales y además poniendo en alto riesgo nuestra biodivesidad por el mero hecho de alimentar el inmoral mercado global de especies en peligro de extinción.
Ya Costa Rica enfrenta una agresiva presión sobre la biodiversidad por causa del tráfico ilegal de animales, plantas e insectos. Según la Fiscalía Agrario Ambiental del Ministerio Público en el 2019, hubo 156 denuncias por comercio, tráfico y trasiego de animales silvestres, mientras que en el 2020 aumentaron a 253 y en el 2021 a 364 denuncias. Esto demuestra una presión creciente sobre la biosiversidad de prácticas de extracción que con la legalización de la exportación de vida silvestre tendremos actores muy agresivos actuando en el país llevándose lo que se les antoje.
Sumado a lo anterior la liberalización de la importación de Vida Silvestre de otros países tendría graves consecuencias en materia de especies invasoras que afectarían a ecosistemas, a la salud pública y a la agricultura. A todas luces es más que irresponsable la propuesta de la agrupación de Eli Feinzaig. Hay que recordar que la Vida Silvestre en Costa Rica es una Bien de Dominio Público. Como tal corresponde a la sociedad costarricense conservarla y protegerla y no debe ser tratada como una mercancía. El PLP no sólo pretende legalizar el tráfico de especies protegidas e incluso en peligro de extinción, además desea allanar el camino para que criaderos de animales silvestres puedan funcionar con el único fin de vender (nacional o internacionalmente) los animales y plantas producto de la manipulación de la vida silvestre. Legalizar criaderos para la comercialización de especies en peligro llevaría más presión sobre estos animales y plantas ya que tendrían que ser extraídos constantemente de sus hábitat para alimentar la cadena de reproducción de individuos en cautiverio. Es decir, la reproducción en cautiverio para fines comerciales no es posible sin depredar los ecosistemas.
Llama la atención de que el preámbulo del proyecto de ley (donde explica la justificación de hacer esta reforma), sólo habla sobre la confección y aplicación del reglamento de la Ley, tarea que no es materia del Poder Legislativo o de una fracción de diputados, ya que dicha tarea es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Hay que recordar que el Reglamento de la Ley de Vida Silvestre se hizo con la colaboración de especialistas en la materia en 2017, en ella participaron académicos, investigadoras, representantes de ONG, especialistas de MINAE y SINAC. Este reglamento ha pasado por varios cuestionamientos en Sala Constitucional, recursos y acciones legales que fueron declarados sin lugar por los magistrados, quedando claro que son disposiciones apegadas a nuestro orden jurídico. Pero resulta muy particular que la justificación para reformar una ley de la república sea que al PLP no le gusta el reglamento, lo que evidencia la ineptitud de la bancada del Liberal Progresista.
La reforma a la Ley de Vida Silvestre es sin duda regresiva, como tal entra en contradicción con nuestro ordenamiento jurídico en materia ambiental y no pasaría por los filtros institucionales como la Contraloría General de la República o la Sala Constitucional. Aún así esta ley encontrará una férrea oposición de parte de la sociedad costarricense en su conjunto y particularmente de parte del movimiento ecologista.
No se requiere ni adivinadora bola de cristal ni clarividencia de tipo alguno para predecir que nos espera como pueblo, durante estos próximos cuatro años, el peor calvario en cuanto a sistemática supresión de todos nuestros derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ecológicos -humanos en general-, y de las Instituciones que bien o mal nos los han garantizado.
Lo ocurrido en la Asamblea Legislativa el pasado primero de mayo vino a confirmar plenamente el viraje total hacia la descarada dictadura del capital sobre el trabajo, esto es, de la argolla de los grandes ricos nacionales y transnacionales sobre el ya tradicionalmente explotado pueblo trabajador costarricense.
Se fundieron en la votación para garantizarse el dominio total sobre el directorio legislativo, el oficialismo con sus «opositores», entre comillas pues lo eran de fachada puramente y así, ya sin pudor alguno, las fracciones abiertamente capitalistas neoliberales como el Partido Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Progreso Social Democrático (PPSD), el Liberal Progresista (PLP)) que se proclamaba simplemente liberal y el Nueva República (PNR), de orientación claramente neopentecostal auspiciada como es bien conocido desde USA, conjuntaron sus votos logrando de esta manera una apabullante mayoría de cincuenta votos que les permitió repartirse a su antojo todo el directorio. Indudablemente esta tremenda mayoría se mantendrá como tal para hacer de la Constitución, el país y sus instituciones lo que se les antoje a los verdaderos dueños de esas «fracciones». Prueba evidente de ello es que una de las primeras propuestas al plenario del flamante presidente de la Asamblea Legislativa, el oligarca Rodrigo Arias Sánchez, ha sido la de constituir de inmediato una Comisión para la Reforma del Estado, con el fin aparente de hacerlo más eficiente pero el real de privatizar todo lo que se puede convertir en negocio -Caja Costarricense de Seguro Social, universidades y educación estatal en general, Instituto Nacional de Aprendizaje, Fábrica Nacional de Licores, Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Refinadora Costarricense de Petróleo, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ferrocarriles, Cárceles, etc, etc y, lo demás, ponerlo totalmente al servicio de los negocios de su privilegiada argolla..
Por cierto vale destacar que nuevamente se hace evidente, para quienes en el electorado votaron de buena fe por uno de estos cuatro grupos -PUSC, PPSD, PLP y PNR-, esperanzados en impedir que Figueres y el PLN, por un lado y el PAC por otro, tomaran el poder o lo mantuvieran respectivamente, que el primero de mayo en el ámbito del Legislativo y, con el nombramiento de ministros, viceministros, presidencias ejecutivas y demás autoridades supeditadas al Poder Ejecutivo, se confirmó que su buena intención más bien fue aprovechada por la mafia politiquera para legalizar este truculento proceso electoral mediante el cual los cinco partidos y el PAC, mejor dicho aún sus dueños reales, son hoy quienes detentan plenamente el poder en nuestro país. Esperamos que esta vez se aprenda esta lección y que quede claro que en Costa Rica no hay democracia sino plutocracia -gobierno de los ricos- y cleptocracia, esto es gobierno de los ladrones-, siendo las elecciones simples tragicomedias montadas, reglamentadas y administradas totalmente por la argolla dominante a fin de que el pueblo con su voto acrítico les legitime, según su legislación electoral, siempre en el poder.
A partir de estas premisas se hace evidente que esta Plutocracia Cleptócrata con su gobierno títere que ya se ha desatado sobre nosotros como pueblo, con todo su poder apoyado por sus medios de comunicación -manipulación-, por la religión fanática, la educación domesticadora, algunos sectores sindicales, algunas y algunos dirigentes de las Cooperativas y Asociaciones de Desarrollo Comunal oportunistas y trepadores politiqueros y, solidaristas abiertamente pero patronales, más un Poder Judicial nombrado en sus más altas esferas por el Poder Legislativo y, todos los aparatos represivos del Estado, se dedicará durante estos próximo cuatro años a convertir a Costa Rica en su feudo y a nosotros como pueblo en sus siervos menguados.
Nótese que no hemos mencionado al Frente Amplio pues creemos tiene todo el potencial necesario para convertirse en auténtica oposición, siempre y cuando convoque y aglutine al pueblo costarricense, al que se debe por completo, en una gran unidad y se convierta en su instrumento impulsando las tesis que el pueblo le plantee, sin jamás modificarlas para negociarlas con sus contendientes, pues la burguesía nunca cumple pactos salvo los que le conviene desde luego.
Obviamente todo el proceso que hoy sufrimos como Pueblo que somos es, como el Capitalismo Neoliberal que lo impulsa repetimos, homicida, ecocida, cleptocrático e insoportablemente patriarcal por lo que no lo podemos soportar ni permitir pues, sistemáticamente nos aniquila haciendo lo mismo con nuestra madre naturaleza.
¿Qué hacer entonces? La fórmula la repetimos como mantra todo el tiempo pues día a día la realidad la confirma como realmente efectiva y totalmente viable: como Pueblo debemos despertar, informarnos -estudiar la realidad para comprenderla y transformarla-, unirnos, organizarnos, empoderarnos comprendiendo que unidos somos más y más fuertes. tanto que hemos construido este mundo lo desarrollamos constantemente e incluso generamos toda la riqueza que hoy nos roba esa reducidísima minoría que hoy nos esclaviza y humilla; movilizarnos, convertirnos en Poder Popular y así investidos, como corresponde en auténtica Democracia, tomar las riendas de nuestro país. Así que empecemos por despertar pues, si no lo hacemos ahora ¡muertos estamos!
Nota: Publicado en Periódico Mi Tierra, compartido con SURCOS por el autor.
