El 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, con la finalidad de concienciar a las personas acerca de la importancia de preservar y proteger el medio ambiente, así como incentivar su participación en las iniciativas que se están llevando a cabo a nivel mundial, para su conservación. Es fundamental cuidar los recursos naturales de nuestro planeta para que las futuras generaciones puedan disfrutar y vivir en un mundo mejor.
Ya hemos dicho que la educación es fundamental para el desarrollo humano y la educación ambiental es fundamental para el desarrollo del medio ambiente, su defensa y conservación. La importancia de la educación para el cuidado del ambiente sirve para identificar la problemática climática, para concienciar a la sociedad en cuanto a la necesidad de participación por conservar y proteger nuestro planeta.
Se han realizado muchos esfuerzos en defensa del medio ambiente, sin embargo, seguimos debiendo pues en la mayoría de los países las políticas ambientales han sido ubicadas en los lugares últimos para invertir y procurar mejoras en la protección de la naturaleza.
La educación ambiental es un aspecto primordial para entender la importancia de respetar el medio ambiente y contribuir a la conservación de los recursos naturales, para lograr sociedades sostenibles.
En el marco del Seminario Internacional de Educación Ambiental, celebrado en Belgrado del 13 al 22 de octubre de 1975, se proclamó como fecha de celebración de esta efeméride el día 26 de enero.
Hay que valorar los esfuerzos que personas y organizaciones llevan a cabo para educar y proteger la naturaleza y el medio ambiente, debo mencionar el caso particular de Rotary Internacional que hace cuatro años decidió establecer un área de interés adicional para la ejecución de proyectos en todo el mundo para la protección del medio ambiente. Rotary comparte el interés por la protección de nuestro legado común: el medioambiente. Estamos comprometidos a apoyar actividades que fortalezcan la conservación y protección de los recursos naturales, fomenten la sostenibilidad ecológica y promuevan la armonía entre las comunidades y el medioambiente.
Dios quiera que sean muchas más organizaciones y persona a las que se involucren en este tema fundamental para la conservación del planeta y que los gobiernos de todos los países de igual
Manera hagan lo posible por implementar leyes y políticas de Estado en favor de la educación ambiental y con ello a la preservación del único hogar que tenemos: la tierra.
Este acuerdo se basa en el principio número 10 de la Declaración de Río, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, además, firmado y ratificado por muchos países latinoamericanos en el año 2020
El documento presenta un paquete de herramientas para la acción climática, el cual fue escrito por Sara Cognuck González, joven activista climática de Costa Rica, y Emilia Numer, consultora de UNICEF.
Tiene como objetivo central garantizar la implementación de los derechos de acceso a información ambiental, justicia en asuntos ambientales y la participación pública en políticas ambientales.
Entre sus artículos más destacados se encuentran:
El Acceso a la información ambiental. Cada país debe generar mecanismos para garantizar el acceso a toda la información ambiental.
Generación y divulgación de información ambiental. Cada país promoverá el acceso a la información contenida en concesiones, contratos, convenios o autorizaciones que involucren el uso de recursos públicos.
Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Cada país deberá asegurar el derecho a la participación del público en los procesos ambientales, y garantizará los mecanismos para la participación pública.
El racismo ambiental fue un término acuñado en Estados Unidos por el investigador Benjamín Chavis, luego de observar contaminación química por los vertidos de industrias principalmente en barrios afroamericanos. El racismo ambiental hace referencia a la discriminación racial en las políticas ambientales; es la discriminación deliberada de las comunidades por alguna condición étnica para depositar residuos tóxicos o instalar industrias contaminantes. Las zonas para este tipo de actividades, usualmente, son las afueras de ciudades y las habitadas por comunidades tradicionales. Por ejemplo, en Brasil, el racismo ambiental afecta fuertemente tanto a comunidades urbanas periféricas, como a comunidades rurales tradicionales.
Este fue el tema abordado por el programa Saber Vivir, de la Radio 870 UCR. Con la compañía de Pamela Cunningham, fundadora de la Colectiva Costa Rica Afro, y de Valeria Montoya, docente e investigadora del programa de Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.
En el programa se exponen una serie de ejemplos relevantes que evidencian el racismo ambiental. Entre ellos el desplazamiento en la zona de Sao Pablo, en la región centro-oeste de Brasil, por parte de comunidades acaudaladas y blancas. También las afectaciones ambientales causadas por el monocultivo de la caña de azúcar en el Valle del Cauca, Colombia.
Otros de los conflictos conocidos en este tema son el problema distributivo entre petroleras y el pueblo mapuche (originario de Argentina y Chile), y la contaminación sistemática de fuentes de agua en pueblos afrodescendientes en Ecuador.
Pamela Cunningham hace un énfasis en que el racismo ambiental es una forma de opresión que divide a la sociedad, donde un sector sufre de condiciones injustas con recursos medioambientales peligrosos, nocivos o tóxicos. Valeria Montoya señala que industrias como las mineras o las responsables de desechos electrónicos hacen un uso insostenible de la tierra y los bienes comunes de las comunidades menos privilegiadas, envolviéndolas en un ambiente no sano y que las deja aún más empobrecidas.
Todos estos problemas se han visto en poblaciones discriminadas, como las afrodescendientes y las indígenas, donde se les despoja de la salud y de sus tierras ancestrales.
Entre las consecuencias del racismo ambiental está la violación de los derechos humanos más básicos, como el derecho a vivir en un ambiente sano. Además, constante sufrimiento e incertidumbre de perder los recursos naturales y ser privado de los bienes comunes. Cambios en las interacciones culturales que tienen las comunidades con la naturaleza por pérdida de elementos históricos, como ríos o zonas boscosas.
En Costa Rica este no es un problema ajeno. Un caso a la vista de todos, pero que suele ser pasado por alto, es el de los basureros. En el programa se resalta que los basureros suelen estar ubicados en comunidades marginales como los barrios más pobres o las zonas costeras, pero nunca en una zona acaudalada. Además, el caso del tóxico nemagón en el Caribe, donde las personas afectadas solamente recibieron una indemnización.
Para el futuro las exponentes invitan a identificar las situaciones de racismo ambiental en el país, exigir al gobierno políticas públicas que velen por la igualdad, presión de los grupos sociales para transmitir el entendimiento sobre la situación, apoyar a las organizaciones que luchan por la igualdad, y tener conciencia individual para tomar decisiones amigables con el ambiente. Hacen un llamado a levantar la voz ante situaciones que propicien el racismo ambiental.
Para cerrar Valeria Montoya menciona la importancia de reconocer nuestra propia historia para entender la profundidad de estos actos discriminatorios. Pamela Cunningham nos invita a ser activamente anti-racistas con actos concretos, que como pueblo pasemos de la mención a la acción.
(FECON, 8/10/2019.) Las últimas semanas han dejado claro que los gremios empresariales más radicales y neoliberales del país no son monolíticos y tienen fracturas internas serias. Se pueden hacer muchas lecturas al respecto sobre las causas de las salidas de varios grupos de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), pero una cosa segura es que en medio de estas disputas de poder empresarial, se encuentran proyectos políticos de alto impacto ambiental, que no necesariamente los distancia. Para muestra se puede señalar algunas de las caras más visibles de este conflicto empresarial y su impacto en las políticas ambientales del país.
Hay que empezar con el ya ex-presidencia de la UCCAEP de Gonzalo Delgado Ramírez, representante del sector construcción; el cual marcó una agenda de presión en el gobierno para flexibilizar los controles ambientales, favoreciendo los intereses de las empresas que se agrupan en la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC). Se puede decir que este sector ha venido impulsando desde el gobierno anterior el desmantelamiento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y ha aplaudido las medidas para hacer que sus proyectos evadan la necesidad de pasar por la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Basta con señalar que el Decreto Ejecutivo 41815, del pasado 5 de junio, diseña una serie de comisiones compuestas por el sector privado y el Gobierno de la República para generar un nuevo reglamento para SETENA. Esta comisión denominada “Equipo Técnico del Sector Construcción y de Desarrollos Inmobiliario” está compuesta por la Cámara Costarricense de la Construcción, Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, Consejo de Desarrollo Inmobiliario y Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial. Es importante mencionar que esta comisión no cuenta con ninguna participación del sector ambiental, académico, de consultores ambientales, arqueólogas o alguna otra instancia; solo empresarios de la construcción.
El sector construcción representa el usuario más frecuente de SETENA con el 70% de los expedientes presentados ante esta institución. Es decir, están poniendo a los sujetos que debe de ser evaluados y regulados a diseñar sus propias reglas del juego, popularmente se puede decir que el gobierno “está poniendo al zorro a cuidar las gallinas”.
Por otro lado, mientras Enrrique Egloff hizo que la Cámara de Costarricense de Industrias se saliera de la UCCAEP, también demostró su oposición a la prohibición de los plásticos de un solo uso e impulsó el cabildeo dentro de la Asamblea Legislativa para que el plástico no se regulara adecuadamente. El resultado ya es conocido: enterraron una ley que podría haber ayudado a mejorar las condiciones ambientales del país, pero fue enterrada gracias al lobby empresarial de los sectores más radicalmente conservadores.
Por su lado, el presidente emergente de la UCCAEP ante esta crisis es Álvaro Saenz, representante de la Cámara de Agricultura y Agroindústria, sector que ha insistido en que el ingreso de los agroquímicos debe de flexibilizarse. Presionando al Ministerio de Ambiente y al Ministerio se Salud para que los plaguicidas no sean evaluados bajo la ciencia y la técnica. Esto es importante porque es la única manera de asegurarse que estos no tienen impactos graves sobre la salud o el ambiente. Este sector empresarial de los agrotóxicos, junto al Ministro de Agricultura Renato Alvarado, han impulsado decretos que propician la importación de agrovenenos brincándose las evaluaciones ecotoxicológicas y toxicológicas necesarias. Estos decretos han sido impugnados ante Sala Constitucional por las organizaciones ambientales y los agricultores orgánicos.
Los pleitos en uno de los gremios empresariales más radicales y neoliberales no solo dejan en evidencia sus pugnas de poder, sino que además sirve para desmenuzar una serie de intereses minoritarios que tienen graves impactos ambientales.
La UCR está en un momento histórico de crecimiento, lo cual es de beneficio para todo el país
La UCR no altera entornos que sean de dominio público, pero tampoco puede aceptar que sus terrenos sean considerados «un parque recreativo»
Rector Henning Jensen ordenó detener corta de árboles, pese a no contar con ningún documento formal de la Sala Constitucional
El rector Henning Jensen explica que se detuvo la corta de árboles pero la UCR no puede aceptar que sus terrenos sean considerados un «parque recreativo».
El informe realizado por la Escuela de Biología sobre evaluación de la biodiversidad en Finca 3, que sirvió de base para la nota publicada este martes 3 de enero por el sitio web AmeliaRueda.com, presenta una serie de inexactitudes que es importante considerar para comprender por qué la Universidad de Costa Rica (UCR) no ha cometido irregularidad alguna en el proceso de corta de árboles.
En primer lugar, la nota señala que el estudio realizado por la Escuela de Biología tomó en cuenta el certificado de origen necesario para hacer la tala de los árboles. Esto es imposible debido a que el informe mencionado fue presentado en octubre de 2016, mientras que el certificado de origen se concluyó hasta finales de diciembre del año pasado, momento en el que se procedió a hacer la tala de los árboles.
Hay que destacar que el informe de la Escuela de Biología difiere de las conclusiones de la Comisión Foresta, instancia oficial e interdisciplinaria, encargada de velar por el cumplimiento de las normas ambientales a lo interno de la UCR, de la cual forma parte la propia Escuela de Biología. Según un levantamiento hecho por esta comisión, alrededor del 20% de los árboles presentes en el área requerían ser cortados.
Además de contar con representantes de la Escuela de Biología, la Comisión Foresta está conformada por miembros de la Unidad de Gestión Ambiental, la Red de Áreas Protegidas, la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI), el Sistema de Información Geográfica de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) y la Vicerrectoría de Administración.
La Comisión Foresta recomendó, como directriz interna para todos los proyectos, que por cada árbol cortado en la UCR se deben sembrar tres más, cuyas especies, desarrollo y plantación están estrictamente controladas. Desde junio del año pasado la UCR inició la siembra de 150 árboles y se espera que cuando inicie la estación lluviosa se siembren otros 150.
Es importante agregar que se está terminando el informe sobre los árboles enfermos y que necesitan ser cortados en Finca 3, situación que se confirmó con la tala reciente, lo que sin duda representa un riesgo para los usuarios de las instalaciones deportivas. Además, la UCR está en la obligación de dar seguridad a sus visitantes. También, en este informe se determina cuáles árboles están en buen estado y pueden ser trasplantados, según los lineamientos institucionales.
Sobre el proceso de trasplante de árboles, la UCR aclara que no es la primera vez que lo implementa: este procedimiento ya se aplicó en algunos proyectos de forma exitosa y con base en los lineamientos de la Comisión Foresta.
Según comentó Héctor Espinoza, regente ambiental de la institución, otro error presente en la nota es catalogar el árbol de balsa como de bálsamo, cuando en realidad se trata de un ceibo. Los bálsamos que están en el terreno de construcción serán preservados; es decir, no se cortarán.
Además, es equívoco señalar, como lo hace AmeliaRueda.com, que en ese terreno exista un sotobosque, el cual solo está presente en el área de reserva y protección del Río Torres, que se encuentra fuera de la zona señalada.
En general, el documento de la Escuela de Biología establece que realizar obras en Finca 3 tendría un impacto muy negativo sobre el área verde «que ya de por sí es muy reducida». No obstante, en ningún momento señala qué considera esta unidad académica como «reducida», para tener claridad y respaldar ese argumento.
En cuanto a la tala de los árboles antes de las fiestas de fin de año, esta decisión está fundamentada en el hecho de que la certificación de origen fue recibida la semana antes de Navidad. Hay que destacar que la UCR aún no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de la Sala Constitucional en la que se señalen medidas cautelares mientras se evalúa un recurso de amparo interpuesto por algunos vecinos de Finca 3, dado que la institución está en período de receso.
No obstante, el rector, Dr. Henning Jensen, recibió por parte de una vecina la copia de las medidas cautelares dictaminadas por la Sala Constitucional. Acto seguido, y pese a no contar con ningún documento formal, el rector ordenó detener la corta de árboles hasta que la situación sea aclarada.
Tal como afirma el jefe de la OEPI, Arq. Kevin Cotter, en la institución ha existido una comunicación clara, directa y franca con los vecinos. «La UCR no se ha cerrado al diálogo ni ha negado información o ha actuado en secreto. Si la corta de árboles inició en período navideño fue porque el certificado de origen se recibió a finales de año», explicó.
Por su parte, el regente ambiental recalcó que, en esta materia, la UCR está supeditada a la normativa nacional y siempre ha sido respetuosa de ella. Además, la institución ha trabajado en este proceso de construcción de la mano de la Secretaría Técnica Ambiental y del Ministerio de Ambiente y Energía, de modo que la institución actúe de conformidad con las políticas ambientales.
No obstante, la Administración de la UCR recuerda que, aunque la institución es pública, sus terrenos no lo son y en el caso de Finca 3 posee el permiso de uso de suelo para realizar obras en ese sitio, según el Plan Regulador Urbano de la Municipalidad de Montes de Oca.
Es importante destacar que las fincas de la Sede Rodrigo Facio constituyen espacios planificados con un equilibrio entre el entorno natural y el espacio construido, lo cual responde a las mejores políticas de desarrollo urbano. Un claro ejemplo es que pese a contar con la aprobación para desarrollar hasta un 85% de área de cobertura para edificios, en ninguno de los campus se llega a superar el 40% de ocupación, aun con sus nuevos desarrollos, afirmó Cotter.
La UCR se ha enfocado en mejoras, en nuevas oportunidades y en proyectarse hacia el futuro con un desarrollo respetuoso, responsable, planificado y equilibrado en los terrenos que han sido autorizados, dentro del ordenamiento jurídico respectivo.
La institución está en un momento histórico de crecimiento, lo cual es de beneficio para todo el país; no altera entornos que sean de dominio público, pero tampoco puede aceptar que sus terrenos sean un parque recreativo (como se les ha llamado) y ha demostrado ampliamente ante las autoridades competentes que no alberga bosques primarios en sus campus.
Finalmente, recordamos que el aporte en áreas protegidas y dedicadas a la investigación que posee la universidad, es información abierta y de acceso público.
¿Cómo lo logrará un cantón cuya actividad económica es industrial? Proyecto desarrollado en conjunto por la Universidad Nacional y la Municipalidad de Belén desarrolla una estrategia de cambio de cambio climático para el cantón.
El cantón de Belén decide en el año 2014 participar en el proyecto de extensión “Estrategia Participativas de Cambio Climático a nivel local” impulsado por la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional. Esta iniciativa fue aprobada por el Concejo Municipal, considerando que el proyecto permite articular las diferentes agendas que ha venido trabajando el municipio como son la gestión del agua, calidad de aire, reforestación, contaminación ambiental, manejo de residuos, entre otros.
La Estrategia de Cambio Climático del cantón cuenta con varios componentes: organización y participación local, definición de políticas ambientales de cambio climático, métricas, gestión de proyectos; comunicación y educación ambiental. Para gestionar esta estrategia se conforma una Comisión de Cambio Climático integrada por 18 representantes de instituciones públicas, empresa privada, sociedad civil y universidades.
El cantón ya cuenta con el primer inventario cantonal de “Absorción de Gases Efecto Invernadero en el Sector Forestal y Uso de Suelo Cantón, 2006-2014”, donde se identificó que solo el 28% del territorio cambió su uso de suelo, el 72% se mantiene igual, este resultado demuestra una tendencia baja de expansión urbana en un área que está sometida a una gran presión de crecimiento, este comportamiento se debió en parte al transitorio de crecimiento urbano que tomó el Concejo Municipal mientras se aprobada el Plan Regulador del cantón.
En este primer inventario (R, Rodríguez 2014) se evidencia que el sector forestal genera 30900 CO2 –eq de emisiones y 22718 CO2 –eq de absorciones, con un saldo negativo de 8181 Co2 –eq,solo compensan el 74% de las emisiones de esta fuente, faltarían 32 000 toneladas de Co2 –eq para compensar las emisiones generadas, solo por esta fuente. El inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de cantón se está realizando con el apoyo de tesiarias de la Universidad Nacional, estos estudios son determinantes para poder precisar las principales fuentes emisoras del cantón.
Los proyectos de mitigación y adaptación que inicialmente se están trabajando son: Proyecto experimental de Manejo de Residuos Orgánicos, Proyecto de Educación Ambiental para centros educativos, organizaciones comunales, sector empresarial; y el Proyecto de Reforestación en zonas de recarga acuífera y arborización urbana.
Para mayor información comuníquese con Vanessa Valerio(8338-4319) académica de la Escuela de Ciencias Ambientales de la UNA o con la Oficina de Comunicación de la UNA (2277-3066).
