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Etiqueta: sistema judicial

Costa Rica: Cómo los partidos tradicionales abrieron la puerta al populismo

Por JoseSo

Un análisis para entender la crisis política actual

¿Cómo llega aquí la Costa Rica que era el “ejemplo democrático” de América Latina? Un país sin ejército, con elecciones transparentes y alternancia en el poder. Pero detrás de esa imagen, algo se rompía. Hoy, un presidente como Rodrigo Chaves —con un estilo confrontativo y discursos que alarman a expertos— gobierna con un mensaje claro: “Los políticos tradicionales nos fallaron”. ¿Cómo llegamos aquí? La respuesta está en errores históricos de los partidos que dominaron Costa Rica por décadas.

Los “pecados capitales” de los partidos tradicionales

Vivir en una burbuja

Durante más de 60 años, dos partidos (PLN y PUSC) controlaron casi todo. Pero se desconectaron de la gente común. Mientras en el Valle Central había progreso, las regiones periférica y rurales (como Limón, Puntarenas o zonas rurales) vivían con menos oportunidades, peores servicios y abandono. Esta desigualdad creó un caldo de cultivo para el descontento.

Corrupción: La herida que no cerró

Casos como “Cochinilla”, “Cementazo” o “ICE-Alcatel” (donde políticos y empresarios hicieron negocios sucios) mancharon la imagen de los partidos grandes. La gente empezó a verlos como grupos privilegiados que servían a sus intereses, no al pueblo.

Un sistema lento e ineficiente

El Poder Judicial, las instituciones públicas… todo se volvió sinónimo de trámites eternos, burocracia y soluciones que no llegaban. Entre 2018 y 2020, la desconfianza en el sistema judicial subió del 49% al 59%. Carlos Alvarado (presidente antes de Chaves) tuvo solo un 15% de apoyo popular en 2020.

El vacío que dejaron: Cuando la gente buscó alternativas

Los partidos tradicionales no solo fallaron, no escucharon el malestar ciudadano. Esto generó:

Voto “castigo”: En 2018 y 2022, la gente votó masivamente contra el PLN y el PAC. No importaba tanto el nuevo candidato; importaba echar a los mismos de siempre.

Campañas emocionales: Figuras como Fabricio Alvarado (2018) o Juan Diego Castro usaron discursos simples: “¡Ellos son los corruptos, yo soy el cambio!”, Apelaron al cansancio y a la fe (en el caso evangélico) .

Volatilidad electoral: La gente decidía su voto a última hora, influida por escándalos o promesas. Los partidos ya no tenían votos fieles.

  • En 2022, el sistema de partidos pasó a ser de “pluralismo extremo” (fragmentado, con muchos actores). En este caos, los mensajes simples y radicales ganan terreno .

Chaves: El “outsider” (personaje fuera de la política tradicional) que supo leer el momento.

Rodrigo Chaves no es un accidente. Es el resultado de ese desencanto. Y su estrategia explota los errores históricos de los tradicionales.

Lo que falló en los partidos. Cómo lo usó Chaves

Los partidos tradicionales y sus gobiernos cayeron en una profunda desconexión con la periferia, por eso Chaves ganó apoyo en zonas rurales y costeras que se sentían abandonadas.

Corrupción impune. Chaves se presentó como el “luchador contra políticos corruptos” (aunque él fue ministro del PAC).

Instituciones lentas. Chaves critica jueces, Contraloría y prensa, llamándolos “obstáculos” para el pueblo.

Los Partidos usaban lenguaje técnico y frío, mientras que Chaves habla directo, con frases contundentes (y a veces pachucas) en redes sociales.

En resumen, Chaves tiene un discurso estratégico y una puesta en escena creíble, que el pueblo compra al sentirse representado.

Su método es peligroso (y efectivo):

– Crea “enemigos” duales. Por un lado, los políticos tradicionales; por otro, instituciones (medios, jueces) que según él “protegen a esos políticos”.

– Se muestra “del pueblo”: Aunque fue economista del Banco Mundial, usa un tono anti-elite (hipócrita porque negocia y hasta se financia de ellos) y habla de “recuperar el país”.

Ataca controles democráticos. Tilda a la prensa de “canalla”, acusa al Poder Judicial de lento, corrupto y politizado, y descalifica a la Asamblea Legislativa, rompiendo cualquier comunicación con los diputados, propios y extraños para justificar su necesidad de controlar todo a su antojo.

¿Está Costa Rica en riesgo? La advertencia que no podemos ignorar

Chaves no es un dictador. Pero su estilo sigue un guión preocupante visto en otros países, como Brasil, donde Bolsonaro deslegitimó instituciones y los Poderes del Estado hasta que sus seguidores asaltaron el Congreso.

O en la Nicaragua tomada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que llegaron por elecciones, pero después anuló toda oposición y terminó eliminando cualquier competencia dentro de su FSLN (que mancilla el legado revolucionario legítimo de Sandino) y encarcela a líderes de oposición.

En El Salvador, Bukele concentra poder a través de “un estado de excepción” eterno (empezó pidiendo 6 meses desde 2021 y se lo renuevan mensualmente hasta hoy), mientras debilita al Poder Judicial y encarcela opositores y críticos de medios de comunicación y ONGs de Derechos Humanos.

  • ¡No es alarmismo! Cuando un presidente normaliza el ataque a instituciones (Contraloría, Sala IV, TSE), agrieta la confianza en la democracia. Y eso abre paso al autoritarismo. Puede ser, o no, del mismo Chaves, que hemos visto que disfruta de los halagos, sus caravanas policiales a todas partes, incluida su casa en Monterán.

¿Hay salida?

Los partidos tradicionales no murieron por Chaves; se suicidaron con su corrupción, lentitud y desconexión. Pero la solución no es reemplazarlos por un líder que debilite los controles democráticos, que mantiene innegables muestras de corrupción y que encima tiene detrás a las mismas élites económicas que, por conveniencia, antes financiaban campañas a los partidos tradicionales y ahora están detrás del fenómeno chavista.

Para reconstruir la confianza se necesita:

Primero, una renovación real. Aquí no se trata de slogans vacíos como “el nuevo Liberación” o la “Unidad renovada”. Se debe permitir y fomentar el que surjan nuevos líderes en los partidos y no los mismos de siempre o sus delfines (sucesores) nombrados a dedo.

Segundo, conectar con la periferia. Llevar soluciones concretas a zonas olvidadas qué podríamos afirmar es todo lo que no está en el GAMA, salvo pequeñas excepciones.

Tercero, defender instituciones. Aunque sean imperfectas, son el único escudo contra el autoritarismo.

La democracia costarricense no está “condenada” al populismo. Pero si los partidos no aprenden de sus errores, el discurso de Chaves será solo el primer capítulo de una historia que otros países ya vivieron… ¡y hoy lamentan!

¿Y nosotros? Como ciudadanos, toca estar alertas: Criticar a los políticos tradicionales está bien. Entregarle todo el poder a un salvador, es un riesgo que no vale la pena tomar.

Continuará…

Silenciando la participación “La difamación”

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

En la última década hemos asistido al aumento de un tipo de demandas judiciales principalmente que tiene como objetivo limitar e intimidar a la participación pública. Estos procesos recurren a las instancias judiciales no como una herramienta para reivindicar una demanda de buena fe, sino para limitar la expresión de otros.

Estas acciones involucran procesos largos y extremadamente costosos, logrando la desmovilización de personas lideresas e intimidando a otros actores.

El principio detrás es convertir el sistema judicial en un arma para intimidar, restringir el interés público y convertir asuntos de interés público en disputas técnicas de derecho privado.

Estas acciones están dirigidas especialmente a colectivos de defensa de derechos humanos, del ambiente y a periodistas, con el fin de «castigar» su labor crítica ante las acciones que emprenden corporaciones y Estados.

Por esta razón, les invitamos a revisar estos artículos que profundizan esta tendencia que estamos viviendo en nuestros países, así como esta infografía para aportar conceptos e invitarles a seguir debatiendo este tema.

Callejón sin salida

Walter Antillón

Como cabeza de la organización estatal para impartir la justicia en Costa Rica, desde hace varios decenios la Corte Suprema ha venido errando en los fines y en los medios, en una demostración ‘muy humana’ de arrogancia, sometimiento e improvisación.

Hace mucho tiempo nuestro sistema judicial viene dando muestras inequívocas de obsolescencia, pero el grueso de los miembros de la Corte finge no advertirlo, porque sabe que, técnicamente hablando, uno de los cambios requeridos es la desaparición de sus propias potestades de dirección y gobierno del sistema (con el prestigio, los lazos y los anejos privilegios); lo cual para ellos, simplemente, no es negociable.

Costa Rica no está sola en esta deslucida situación: la acompaña todo el resto de Centro América y no pocos países del Sur en, los que hasta ahora el poder político y económico ha sido detentado por oligarquías o tiranos que no quisieron ni querrían vérselas alternando con órganos judiciales independientes y garantistas que, irremediablemente, les pedirían cuentas de sus actos.

A través de sus órganos especializados, como el Consejo y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y varias Relatorías Especiales, la Organización de las Naciones Unidas ha atesorado la mejor doctrina existente en materia de organización judicial. Y Costa Rica ha tenido el privilegio de que la ONU se haya interesado particularmente en los problemas de la justicia que el País está enfrentando, y ha ofrecido su ayuda para superarlos con criterios modernos y bien probados. Pero la Corte Plena le ha cerrado la puerta, y con ello se ha cortado a sí misma la salida, con una muestra inconcebible de ceguera y absurda prepotencia.

El problema para Costa Rica es que, a lo que parece, nuestra organización de justicia se está acercando al final del callejón, donde empieza a aparecer la sumatoria de las consecuencias de las improvisaciones y los palos de ciego, los abusos de poder, las indebidas tolerancias, el crecimiento de las frondas burocráticas, la sumisión al poder político, la maraña de las comisiones sin estrategia; la formación de bandos transversales con lazos politiqueros para ejercer el ‘lobbismo’ interno e interinstitucional: todo menos la simple y serena administración de la justicia, independiente e imparcial. Veamos algunos hechos significativos en orden cronológico:

  1. Año 2002, un hombre con influencias, Oscar Arias Sánchez, negocia con algunos magistrados de la Sala Constitucional una reforma de la Carta que le permitirá aspirar a la reelección presidencial. Esto (y otros hechos anteriores y posteriores) fue posible porque, como es vergonzosamente obvio, el sistema de nombramiento de magistrado coloca a éste a merced de las cúpulas políticas.
  2. Aprobado en 2007 el TLC con Estados Unidos, y sometidas sus leyes complementarias a escrutinio constitucional durante los años siguientes, el Presidente Arias negocia con el Presidente de la Corte para colocar a un asesor suyo como magistrado suplente en la Sala Cuarta, a fin de asegurar con su presencia el rechazo mayoritario de los recursos planteados contra dichas leyes (las correspondientes resoluciones de la Sala ostentan los honorabilísimos votos salvados de Fernando Cruz y Gilbert Armijo).
  3. Durante la década siguiente, profundizando la tendencia de las cúpulas políticas de subordinar la justicia a sus intereses, se suceden en la Asamblea Legislativa nombramientos y reelecciones de magistrados políticamente comprometidos, como fueron los casos de Jesús Ramírez, Luis Fernando Salazar, Carlos Chinchilla, Celso Gamboa y otros.
  4. En fecha 24 de marzo de 2016 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llamó la atención a Costa Rica sobre el tema de independencia judicial interna por procesos disciplinarios seguidos en la Corte Suprema de Justicia a un juez por aplicar criterios de convencionalidad e instó a “asegurar y proteger la independencia e imparcialidad de los jueces y garantizar que la toma de decisiones judiciales esté libre de todo tipo presiones e injerencias”.
  5. En setiembre del mismo año la Asamblea Legislativa cocina el nombramiento de Luis Porfirio Sánchez Rodríguez como magistrado de la Sala Segunda: pero la cosa estuvo consumada a trechos, con fórceps, en condiciones equívocas, quedando derrotadas dos candidatas especialistas con mucho mayor experiencia y preparación. Fue un nombramiento parte de una serie de nombramientos políticamente arreglados que tuvieron lugar en esos años, con el designio tramposo de domar a la Corte, ‘para tranquilidad de todos’. (Estaban recientes las condenas de los expresidentes)
  1. El escándalo del Cementazo, en su vertiente judicial, destapado en 2017, provoca la defenestración de tres magistrados de la Sala Penal (entre ellos, el Presidente de la Corte), y del Fiscal General, y una sanción para el veterano magistrado Ramírez: todos ellos atrapados en componendas con diputados, empresarios y personajes políticos. Este episodio mancha la hasta entonces impoluta imagen de la justicia costarricense; y desencadena la preocupación de los órganos especializados de Naciones Unidas: como se verá, las deficiencias judiciales de nuestro País concentrarán su atención en los años siguientes. Pero en la Corte Plena el asunto no pasa a más: todos miran para otro lado y el resto de los ‘lobbistas’ encaja el golpe y continúa sus actividades.
  1. En 2018 arranca la presidencia de Carlos Alvarado con la Ley de Fortalecimiento Fiscal, aprobada gracias al oportuno blindaje de la Sala Cuarta, y a pesar de una prolongada huelga general del funcionariado público. Es un nuevo capítulo del asedio neoliberal a nuestro Estado Social de Derecho.
  2. Entretanto, la Relatoría Especial de la ONU sobre independencia judicial, pasado un tiempo prudencial sin iniciativas de cambio de parte de la Corte, dirige “al Gobierno de Costa Rica” la nota OL-CRI 3/19 del 12 de julio de 2019, en la que lo insta a “adoptar y aplicar las medidas necesarias para garantizar que el proceso de selección y nombramiento de las altas magistraturas esté basado exclusivamente en criterios objetivos y transparentes y que tengan por objetivo asegurar la integridad, idoneidad y la formación o calificación idónea de las personas seleccionadas. Dicho proceso ha de adecuarse a los estándares y principios internacionales de la independencia judicial.” Para el gobierno de Alvarado y su mayoría parlamentaria la crisis judicial era ‘miel sobre hojuelas’, porque favorecía su estrategia neoliberal; de modo que la instancia del Relator Especial queda en el vacío.
  1. Con el control legislativo, la pasividad del Poder Judicial y la ayuda de la prensa, Alvarado consigue, entre otros golpes, debilitar las pensiones judiciales y las instituciones de la huelga y el sindicato, imponer la Regla Fiscal y tramitar una nueva Ley Marco de Empleo Público.
  2. Entre tanto, a fin de reforzar futuras gestiones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con fecha 23 de julio de 2020, instó “a todos los Gobiernos a cooperar con el Relator Especial y a prestarle asistencia en el desempeño de su cometido, a facilitarle toda la información necesaria que solicite, a responder sin dilaciones indebidas a las comunicaciones que les haga llegar, y a considerar la posibilidad de acceder a sus solicitudes para visitar sus países y de poner en práctica sus recomendaciones”.
  3. Pocos meses después, en la misma línea, la citada Relatoría Especial, mediante la nota OL CRI 3/2020 de 27 de octubre de 2020, aborda de nuevo el problema judicial de Costa Rica, para recomendar: “2. Que se impulsen los esfuerzos necesarios para cesar las amenazas a la independencia judicial causadas por intromisión en la autogestión del poder judicial, la regresividad de derechos sociales y económicos y que se adopten las medidas de derecho interno que sean necesarias para dejar sin efecto, y haciendo cesar, los actos causantes de las violaciones a la independencia judicial aquí establecidas. 3. Exhortar al Estado de Costa Rica a adecuar su legislación a los principios y garantías de la independencia judicial consagrados internacionalmente y resolver lo antes posible las acciones constitucionales que ponen en entredicho ciertas leyes”.
  4. Acogiéndose a una ‘invitación abierta’ de la Cancillería costarricense (Oficio DGPE-838-2019 de 29 de agosto de 2019), la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció la intervención del Relator Especial Diego García Sayán en la sesión de Corte Plena del 24 de mayo de 2021, la cual fue agendada por la Secretaría de la Corte para las 9 am.; pero inesperadamente varios magistrados cuestionaron la intervención y finalmente votaron rechazándola por mayoría. ¿Cómo pudo pasar esto? Ese grupo mayoritario, con lujo de cinismo y desvergüenza, cometió la atrocidad de rechazar la intervención del Relator Especial que había sido gestionada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, pisoteando con ello reglas elementales de la. Comitas Gentium y colocándose al margen de la legalidad internacional, a la altura de un Daniel Ortega. Y lo hizo porque sabía que cualquier propuesta racional para modernizar la organización de la justicia, amenaza inexorablemente el poder al que dicho grupo se halla aferrado con uñas y dientes.
  1. Aquí necesito volver atrás: la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1997 creó los ‘letrados’ (abogados asistentes) de los magistrados (artículo 50) y autorizó a la Corte Plena (artículo 66) a formar comisiones permanentes, especiales y temporales; y estas novedosas disposiciones generaron cambios cualitativos insospechados en el paradigma y en el funcionamiento de la Corte misma, y de las Salas que la integran.
  2. Por el III Informe del Estado de la Justicia, correspondiente al año 2018, nos enteramos de que ya entonces las magistradas y los magistrados, junto con gran cantidad de otros funcionarios judiciales y extrajudiciales, y de ciudadanos particulares, presidían o formaban parte de 134 comisiones dedicadas a una gran variedad de propósitos.
  3. A la fecha de hoy, gran número de magistrados ha delegado en sus letrados el estudio de las causas y la redacción de las sentencias, actos que la Constitución y las Leyes les asignaron a ellos como su exclusiva función; y lo hacen para dedicar sus energías a la gestión de asuntos administrativos, parcial o totalmente ajenos a la misma. Y fue precisamente en vista de esas labores gerenciales que los magistrados decidieron, desde el año 2008, incrementar sus ya altos salarios.
  4. En esas circunstancias, era fácil suponer una tendencia difusa a la preterición de las funciones judiciales. De modo que, cuando en enero de 2024 la jueza Silvia Elena Arce Meneses demostró que los magistrados de la Sala II, empezando por su Presidente Porfirio Sánchez, arrastraban una mora de años en la solución de numerosos asuntos de su competencia (aunque cada uno de ellos dispusiera de cuatro letrados a su servicio), lo que hizo fue revelar el cambio perpetrado de paradigma: al margen de la Constitución, un sector de los magistrados de la Corte (que excede los de la Sala II) ha perdido el rumbo, pero se niega a admitirlo: se niega a admitir su extravío. Y al igual que lo ocurrido con la visita del Relator Especial, contra toda razón, incluso contra el parecer de la Dirección Jurídica, contra jurisprudencia inequívoca de la Sala Constitucional, (Sesión 08-2024 de 26 de febrero de 2024), once magistrados se encierran en su negativa, y decretan que la promovente no está legitimada para pedir que se ventile la llaga.
  5. Ahora tenemos que el mismo magistrado de marras, Porfirio Sánchez Rodríguez, sin intentar explicar su inexcusable atraso como juez, viene a pedir a la Asamblea Legislativa que el próximo 28 de agosto en curso lo reelija en su cargo por otros ocho años; y con esta noticia nos percatamos de que, de alguna manera, después de todo lo narrado, con este último caso se está cerrando una especie de círculo infame, porque es evidente que la candidatura del magistrado Sánchez fue decidida políticamente con anterioridad a la votación, y que, por encima de eso, él no se ha molestado siquiera en cumplir sus auténticas obligaciones. Generalmente no resultaba fácil no reelegir a un magistrado, pero las cosas pueden presentarse diferentes ahora que el voto es público y motivado. Son muchas y muy serias las inconsistencias del candidato Porfirio, las denuncias de su inconducta, acumuladas desde tiempos anteriores a su designación: en conjunto nos indican que ésta fue un desacierto, obra de la politiquería. Esto… ¿quién querrá refutarlo en el Plenario?

José León Sánchez Alvarado y su aporte a la grandeza del ser humano

José Luis Pacheco Murillo

Ayer falleció a los 93 años el señor José León Sánchez Alvarado. Esa muerte podría pasar inadvertida como la de cualquier otra persona, sin embargo, este hombre reflejó varias cosas que de alguna manera reflejaron también a nuestra sociedad.

La primera de ellas fue la injusticia del sistema judicial. Fue condenado por un crimen que no cometió y a raíz de de esa circunstancia su vida se transformó completamente. Un trato inhumano, una vida que no merecía a sus veinte años de edad.

Pese a ello, pese a la degradación física y moral, su mente y su espíritu combativo lo llevó en dos oportunidades a buscar la libertad. Pretensiones que fueron cortadas por la acción policial. Pero su mente y su espíritu seguían deseosos de libertad y la encontró en escribir y esa escritura fue la que poco a poco abrió sus alas a esa libertad añorada. Aprendió a leer y escribir en la cárcel y en la cárcel inició su fructífera carrera de escritor.

Ganó un concurso literario en 1963 y eso llamó la atención del sistema y de la injusticia cometida. En 1967 salió de la cárcel, ya con su libro “La isla de los hombres solos” que fue el que le abrió las puertas a un mundo de reconocimientos y de justicia tardía. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia lo absolvió del crimen que se le achacó e incluso la Iglesia Católica le pidió perdón por la injusticia cometida.

Su vida, desde su nacimiento fue una prueba constante de sobrevivencia. Fue a muy corta edad a un reformatorio y de ahí escapó a una vida de peligro constante y a sus 20 años detenido y acusado de un crimen por el que se le apodó “el monstruo de la basílica”. Condenado a cadena perpetua, gracias a su esfuerzo personal poco a poco fue logrando ubicarse en un camino de regreso.

Recibió el reconocimiento premio Nelson Mandela y además se le designó como miembro de la comisión de Derechos humanos en México y luchó incansablemente por los derechos de los prisioneros.

Su obra literaria de más de 30 libros, ha dado la vuelta al mundo e incluso su libro “La Isla de los Hombres Solos” se llevó al cine.

Amó profundamente la libertad y dejó plasmado ese amor a través del personaje de su obra, Jacinto, que dijo: “por la libertad yo diera una mano y un ojo, y quizá las dos manos, y quizá los dos ojos”.

Descanse en paz, José León Sánchez y gracias por tu aporte literario, pero especialmente, por tu aporte a la grandeza del ser humano.

Sin orden judicial irrumpen en oficinas de ACI PARTICIPA – Honduras

Comunicado

Denunciamos que el día de hoy jueves 14 de julio, en horas de la mañana, personal de la Dirección Policial de investigación (DPI), sin el debido proceso y sin la orden judicial correspondiente, irrumpen en las oficinas ubicadas en Tegucigalpa de ACI PARTICIPA, exigiendo que se les entreguen las grabaciones de las cámaras de videos.

Destacamos una vez más a ACI PARTICIPA como una de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos más comprometida y coherente con las necesidades y los derechos del pueblo hondureño y de los pueblos del mundo, reconocida a nivel nacional e internacional.

Este hecho amenazante a los derechos humanos se da en un escenario donde, gracias al nuevo contexto político en Honduras, empiezan a evidenciarse resultados consistentes producto de investigaciones contra estructuras narco criminales que permanecen enquistadas en el Sistema Judicial en este país, donde incluso, el juez Castel dictó que las pruebas contra Juan Orlando Hernández se mantengan bajo confidencialidad, tanto para la fiscalía como para la defensa hasta el mes de septiembre. A lo anterior se une que la semana pasada llegó el abogado defensor de JOH a Honduras a diversas reuniones con personas allegadas y familiares del exdictador.

Instamos, con todo respeto, al gobierno de Honduras para que realice una investigación con la rigurosidad que amerita sobre posibles causas y responsables de este atropello contra ACI PARTICIPA y solicitamos que cada integrante de esta organización hermana, en todo el país, tengan la debida protección a su integridad física y emocional junto a sus familiares.

ACI PARTICIPA SIEMPRE HA DEFENDIDO AL PUEBLO HONDUREÑO

¡URGE NO MÁS AMENAZAS CONTRA ESTA ORGANIZACIÓN!

EL PUEBLO DE HONDURAS MERECE UN SISTEMA JUDICIAL LIBRE DE CORRUPCIÓN

Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras en Costa Rica
colectivodesolidaridadhn@gmail.com

Justicia en tiempos de COVID 19 – video del panel

En el panel organizado el pasado 1 de julio por el Foro de Justicia, se analizó las respuestas y desafíos para el sistema de justicia en tiempos de COVID-19 en Costa Rica.

Participaron Dinorah Álvarez, subdirectora ejecutiva del Poder Judicial; Fiorella Salazar, ministra de Justicia y Paz; Ignacio Alfaro, de la Mesa Justicia Abierta; y Marco Feoli, del Foro de Justicia. Marcia Aguiluz fue la moderadora.

Le invitamos a ver el panel en este video:

UCR: Pronunciamiento de la Comisión de la Maestría en Ciencias Penales sobre la crisis del sistema de justicia penal que vive Costa Rica

  • El texto hace referencia a los hechos y propone la forma de abordarlos

 

Rosaura Chinchilla Calderón,

Coordinadora de la Maestría en Ciencias Penales, UCR

 

La Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), ante los acontecimientos que sacuden a la justicia penal costarricense y luego de repasar las pautas jurídicas que deben regir el nombramiento de funcionarios judiciales, hace un vehemente llamado a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial para que, con el fin de sentar las bases de un sistema permanente que brinde confianza ciudadana en el actuar de dichos funcionarios, conforme lo exigen los instrumentos internacionales, se inicie el diseño de procedimientos que garanticen que la selección de magistraturas y jefaturas del Ministerio Público y otras instancias judiciales se hará a partir de criterios de idoneidad y objetividad que garanticen la independencia e imparcialidad de las personas designadas.

También insta a quienes participen en esos procesos, sea como electores o como elegidos, a que eliminen prácticas que afecten la transparencia y confiabilidad inherentes a los puestos a los que se aspira.

Del mismo modo, se exhorta a las autoridades del Poder Judicial que tienen a su cargo procesos disciplinarios en los que se cuestiona el comportamiento de altos funcionarios judiciales, a que desarrollen investigaciones prontas pero profundas y exhaustivas y apegadas al debido proceso, de tal forma que alejen cualquier sospecha de parcialidad o favorecimiento.

Por último, se insta a la Procuraduría General de la República a que tenga una participación activa en la investigación de los delitos contra la función pública y de probidad, de conformidad con el artículo 16 del Código Procesal Penal, a fin de dar mayor confianza en la objetividad de las investigaciones a lo interno del propio Poder Judicial.

El texto es firmado por:

Dr. Álvaro Burgos Mata Dr. Gustavo Chan Mora

Msc. Rosaura Chinchilla Calderón Dr. Alfredo Chirino Sánchez

Dr. Erick Gatgens Gómez Dr. Javier Llobet Rodríguez

Dr. Carlos Tiffer Sotomayor

 

LEA EL PRONUNCIAMIENTO COMPLETO

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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