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Etiqueta: verticalismo

El consistorio del diálogo social

“Algunos ciegos no solo son de los ojos, sino también del entendimiento.” (Saramago)

Manuel Hernández

El Gobierno de la República, después de infructuosos intentos, en mancuerna societaria con la Presidencia de la Asamblea Legislativa, el 11 del mes en curso, convocó a un proceso de diálogo social multisectorial, que será solemnemente inaugurado el próximo sábado.

Ese planteamiento oficial amerita algunos comentarios puntuales.

1.- Esta última convocatoria se produce al calor de la crispación política, las reacciones y la rabia legítima de amplios sectores populares, que en el foro público están manifestando su inconformidad contra la agenda de implementación de los proyectos de ley y otras iniciativas que el Gobierno estaba poniendo en bandeja de plata al FMI para “negociar” un instrumento de asistencia financiera por un monto de $1.750 millones.

La divulgada convocatoria, por tanto, no corresponde a una genuina vocación de diálogo del Gobierno, que a lo largo de más de dos años ha demostrado manifiestamente que no tiene esta franca voluntad.

La flamante convocatoria es una salida política coyuntural, bien calculada, con la finalidad de aplacar el escenario de agitación social que causó el fallido planteamiento de negociación del préstamo con el FMI.

2.- Con la finalidad de procurarle alguna credibilidad aceptable a esta nueva iniciativa, el Gobierno, por una parte, echó mano de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, y por otra parte, recurrió a los solícitos auxilios del Programa del Estado de la Nación (PEN), convertido en socio protagonista de esta emergente empresa.

El Programa del Estado de la Nación ha asumido el rol de “ente facilitador”, que estará a cargo de la estructura de apoyo logístico, pero que las atribuciones que se arrogó el Director del Programa, motu proprio, exceden las competencias que de ordinario tiene una instancia a la que se le atribuya cumplir esa misión de “tercero neutral”.

3.- Tratándose del planteamiento sustantivo de PEN, en primer lugar, corresponde advertir la cuestión que va a ser el objeto del proclamado diálogo social; es decir, el mandato, el denominado “problema” a debatir y solucionar.

La cuestión objeto del proceso, en esta primera etapa, viene determinada, de antemano, con el mayor rigor, con pelos y señales, en términos macro económicos, tendiente a reducir la situación del déficit primario y el endeudamiento.

Cualquier propuesta de los actores participantes tiene que necesariamente circunscribirse a alcanzar las metas o parámetros económicos definidos anticipadamente.

Entonces, el proceso tiene una dinámica unidireccional, con un producto esperable que ya viene modelado, embutido, de suerte que cualquier propuesta queda totalmente subordinada al cumplimiento de este único objetivo.

Cualquier otra iniciativa “loca”, como lo manifestó el Director del Programa del Estado de la Nación, queda fuera de lugar; sujeta al escrutinio del panel de expertos, correligionarios de las escuelas de Friedman, Buchanan y Hayek, que le compete determinar la razonabilidad técnica de las propuestas y certificar que las propuestas o recomendaciones cumplan con los parámetros económicos predefinidos. Esto se llama control de calidad.

4.- No queda la menor duda que se trata de una propuesta estrictamente de carácter fiscalista, de corto plazo, que al final se reducirá a un ajuste de cuentas: aumento de ingresos y reducción de gastos.

Este planteamiento le permitiría al Gobierno, haya o no acuerdo, en definitiva, terminar el resto del período constitucional que todavía le queda, que prácticamente se agota el próximo año. Después vendrá la infaltable fiesta electoral.

La solución de los problemas estructurales de nuestro país, la reconstrucción económica y social, la desigualdad social, la desigualdad de género, la reactivación del tejido productivo, la generación de empleo, la protección social de los más vulnerables, queda postergada para la Segunda venida de Cristo.

5.- Por otra parte, el proceso de diálogo se disciplina con una parafernalia e inflexible regulación instrumental, procedimental, que le (auto) confiere al Director del Programa del Estado de la Nación un conjunto desproporcionado de potestades, a saber: la “potestad del lapicero”, la “potestad de vocería”, potestades procedimentales, potestad exclusiva de convocatoria a sesiones, la aplicación de la regla de salida, entre otras.

Estas potestades exorbitantes, cuya titularidad le corresponden en exclusiva a PEN, coloca a la instancia facilitadora en un status de participante protagónico, actor principal de la comedia política, que asume una posición de autoridad, que raya en el dirigismo autoritario.

6.- No deja de ser importante señalar que en un proceso de diálogo, para que sea confiable y democrático, lo primero que se negocia son las reglas del juego.

En este sui generis proceso, por contrario, las reglas de participación las determinó unilateralmente el propio Estado de la Nación.

Es decir, la misma instancia que tendrá a su cargo la administración y logística del proceso, definió a su arbitrio las reglas de participación, las cuales quedan sujetas a su estricta aplicación y exclusiva interpretación.

 

7.- Las reglas definidas unilateralmente configuran una verdadera camisa de fuerza, de tanta intensidad, que si el facilitador estima que los integrantes no están negociando de buena fe, o se retiran de la Mesa, a merced de la cláusula de salida, el PEN tiene la potestad de dar por fenecido el proceso. ¡Caput¡

En consecuencia, hasta ahí llegaría ese ejercicio tan democrático de participación y nos vamos todos tranquilos a la casa, con la satisfacción del deber patriótico bien cumplido, quedando habilitado el Poder Ejecutado, de frente a semejante esfuerzo de diálogo frustrado, a adoptar las políticas públicas y medidas económicas que a su total discreción correspondan.

8.- Aquella potestad de vocería implica que los comunicados únicamente los puede emitir el PEN, cuyo contenido queda limitado a los resultados obtenidos, omitiéndose constar los contenidos de las deliberaciones.

La estructura operativa tiene una plataforma de comunicación, que le corresponde informar a la ciudadanía el avance del proceso, “de manera oportuna y con un mensaje disciplinado.”

En las minutas de las reuniones únicamente se harán constar exclusivamente los temas discutidos, acuerdos o desacuerdos, pero en ningún caso se consignarán las opiniones de los participantes, creándose una cláusula de confidencialidad, totalmente inadmisible.

La “potestad del lapicero” no es más que una potestad de censura previa, en virtud de la cual todo documento debe ser “revisado”, de previo, por la instancia facilitadora y luego, si pasa su escrutinio, puede ser sometido a conocimiento de los integrantes de la mesa.

Queda así desnudado un proceso caracterizado por el verticalismo, el excesivo control, la opacidad, que por contrario, en aras de la transparencia, este proceso debería ser público y transmitido en tiempo real a toda la ciudadanía.

9.- No solo es que el Programa del Estado de la Nación definió el objeto muy calibrado del proceso, las reglas instrumentales, sino además, como si lo anterior no fuera poco, la participación de los sectores y las correspondientes cuotas.

10.- Por último, no están convocados todos los que son. Una serie de colectivos de nuestra sociedad, como pueblos indígenas, colegios profesionales, pensionados y jubilados, judiciales, entre otros, quedaron excluidos.

Mucho menos están convidados quienes en el ágora del espacio público recuperado, están exigiendo un verdadero diálogo social, real, efectivo y democrático, que tenga una vocación transformadora de nuestra injusta sociedad, que ya no soporta tanta desigualdad social.

Decía Voltaire: “Los pueblos a quienes no se hace justicia, la toman por si mismos, más pronto o más tarde”.

La urgencia del Diálogo Social, como un cauce de mediación democrática, de interlocución política, sigue siendo una asignación pendiente en nuestro país.

¡Luces, cámaras, acción!

15/10/2020

Defensora modifica Estatuto y elimina Consejo interno – piden investigar

SURCOS recibió una carta enviada al presidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruickshank Smith, en la cual exfuncionarias y exfuncionarios de la Defensoría de los Habitantes indican que “la decisión de la señora defensora Catalina Crespo Sancho, de modificar …el Estatuto Autónomo de Organización de la Defensoría, tiene consecuencias tan serias e indeseables, que nos resulta imposible permanecer en silencio”. El escrito precisa: “… preocupa sobremanera que esta modificación en la práctica significa la eliminación del Consejo de Directores y Directoras, entronizando con ello un modelo de gestión vertical, patriarcal y autoritario, nunca visto en las culturas institucionales de derechos humanos”.

Esta es la carta:

San José 9 de agosto de 2020
Lic. Eduardo Cruickshank Smith
Presidente
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
S.D.
Estimado señor:

Quienes suscribimos, exfuncionarias y exfuncionarios de la Defensoría de los Habitantes de la República, nos dirigimos a usted para comunicarle nuestra profunda inquietud por la delicada situación que atraviesa esta querida institución, en la que tuvimos el honor de trabajar durante décadas, en muchos casos.

Sin excepción alguna, siempre nos hemos mantenido al tanto del acontecer institucional y con frecuencia se nos ha solicitado consejo sobre los temas en los que nos especializamos, motivo por el cual sentimos la obligación de referirnos a la peor crisis de liderazgo, gobernabilidad e imagen que ha enfrentado la Defensoría de los Habitantes desde que abrió sus puertas en 1993.

Los pormenores y alcances de esta grave crisis han sido ventilados de manera abundante tanto en la Asamblea Legislativa como en los medios de comunicación y las redes sociales, por lo que no consideramos necesario comentarlos aquí.

Sin embargo, la decisión de la señora defensora Catalina Crespo Sancho, de modificar en días pasados los artículos 29 y 29 bis del Estatuto Autónomo de Organización de la Defensoría, tiene consecuencias tan serias e indeseables, que nos resulta imposible permanecer en silencio.

La reforma estatutaria, vertiginosa e inconsulta, que ha llevado a cabo la señora Crespo Sancho, no solo arroja dudas sobre su motivación y pertinencia, sino que dolosamente elimina el espacio más importante de deliberación técnica, indispensable para propiciar el clima de control interno y la coordinación adecuada para la toma de decisiones.

Nos preocupa sobremanera que esta modificación en la práctica significa la eliminación del Consejo de Directores y Directoras, entronizando con ello un modelo de gestión vertical, patriarcal y autoritario, nunca visto en las culturas institucionales de derechos humanos.

Hay sobradas razones para pensar que estos cambios normativos se alinean con la actitud hostil y amenazadora que ha mostrado la señora Catalina Crespo Sancho hacia los funcionarios y funcionarias de la institución que han llamado la atención sobre sus yerros.

Las reflexiones que traemos a su consideración, señor Presidente, tienen como fin recordar que el propósito fundamental que anima el trabajo de la Defensoría de los Habitantes, según su ley de creación, se encuentra en peligro ante la ausencia de credibilidad de la jerarca y esta es una circunstancia que también pone en entredicho la reputación del país en materia de derechos humanos, que con tanto orgullo nos distingue en la comunidad internacional.

Además, las actuaciones de la defensora Catalina Crespo Sancho, contradicen los principios de independencia y pluralismo que ordenan los Principios de París relativos al estatuto de las instituciones nacionales de derechos humanos (adoptados por la Asamblea General de la ONU en la resolución A/RES/48/134, de 20 de diciembre de 1993) y violentan frontalmente la resolución A/HRC/RES/39/17 (del 28 setiembre 2018) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como la resolución A/RES/74/156 de la Asamblea General de la ONU (de 18 Diciembre de 2019), en las que claramente se destaca que las instituciones nacionales de derechos humanos y su personal no deberían afrontar ninguna forma de represalia o intimidación como resultado de actividades llevadas a cabo de conformidad con sus mandatos respectivos.

Es lamentable constatar que, en este caso, los actos de intimidación provienen de la misma jerarca institucional, lo cual constituye una violación inaceptable a sus obligaciones básicas y una afrenta inexcusable a la dignidad del cargo que se le confió.

Al igual que fue planteado por el personal de la institución el pasado 4 de agosto, solicitamos al señor Presidente instalar la comisión investigadora que permita dilucidar las responsabilidades correspondientes.

A la espera de su respuesta, lo saludamos con consideración,

Vernor Muñoz Villalobos, documento de identificación 105640548
Alba Pascua Vargas, documento de identificación 104980209
Ligia Martín Salazar, documento de identificación 104090849
Álvaro Mendieta Vargas, documento de identificación 106370607
Olga Goldenberg Guevara, documento de identificación 102870168
Lorelly Trejos Salas, documento de identificación 401300696
Joaquín B. Rodríguez Badilla, documento de identificación 104010475
Juan Fernando Cerdas Albertazzi, documento de identificación 104160903
María de los Ángeles Barahona Israel, documento de identificación 103991433
Luisa Paz Jiménez, documento de identificación 801080229
Rita Susana Maxera Herrera, documento de identificación 10320008601
Marco Antonio Sáenz Zúñiga, documento de identificación 10124100397
Irene Pacheco Alfaro, documento de identificación 104630491
Fernando Mayorga Castro, documento de identificación 302850485
Argentina Artavia Medrano, documento de identificación 107090127
Guillermo Solís Sandí, documento de identificación 104010182
Freddy Valverde Rumoroso, documento de identificación 1010100056
Mario Alberto Víquez Jiménez, documento de identificación 104161051
Juanita Lee Cerdas, documento de identificación 601050234
Lilliana Zeledón Cambronero, documento de identificación 103060456
Flor Moya Álvarez, documento de identificación 202920949
Rodney Lazo Murillo, documento de identificación 900470695
Mario Céspedes Ávalos, documento de identificación 700730509
Juan Carlos Mora Montero, documento de identificación 108040947
Ana Lucía Díaz Venegas, documento de identificación 104320606
Tony Umaña Méndez, documento de identificación 106290234
Édgar Lisac Vélez, documento de identificación 106130102
Ana Cecilia Vargas, documento de identificación 104760894
Manuel Gerardo Zúñiga Flores, documento de identificación 302260823
Roxana María Chavarría Rodríguez, documento de identificación 113490494
Yanis Lucrecia Quesada Chanto, documento de identificación 107520531
Bernal Castro González, documento de identificación 106660377
Odir Rafael Garro Pérez, documento de identificación 602840687
Martha González Madriz, documento de identificación 104460350
Floribeth González Chavarría, documento de identificación 114640052
Lilliana Arrieta Quesada, documento de identificación 105630331
Anna Theresa Esquivel Zamora, documento de identificación 400950437
Evelyn Silva Peralta, documento de identificación 800800702
Bernal Guevara Monge, documento de identificación 106800490
Liana Berman Gutowski, documento de identificación 108530228
Carlos Loría Chaves, documento de identificación 302530983
Allan Moreira Gutiérrez, documento de identificación 108630504
José Rodolfo Rivera Collazo, documento de identificación 8083271
Alejandra Vargas Garbanzo, documento de identificación 108780584

Dr. Vernor Muñoz Villalobos
Firma responsable

Copia:
Dip. Luis Fernando Chacón Monge
Jefe de Fracción
Partido Liberación Nacional
Correo electrónico
lchacon@asamblea.go.cr
Dip. Xiomara Rodríguez Hernández
Jefa de Fracción
Partido Restauración Nacional
Correo Electrónico
xiomara.rodriguez@asamblea.go.cr
Dip. Enrique Sánchez Carballo
Jefe de Fracción
Partido Acción Ciudadana
Correo Electrónico
enrique.sanchez@asamblea.go.cr
Dip. Rodolfo Peña María
Jefe Fracción
Correo Electrónico
Partido Acción Social Cristiana
rodolfo.pena@asamblea.go.cr
Dip. Silvia Patricia Villegas Álvarez
Jefa de Fracción
Partido Republicano Social Cristiano
Correo electrónico
sylvia.villegas@asamblea.go.cr
Dip. Otto Roberto Vargas Víquez
Jefe de Fracción
Partido Republicano Social Cristiano
Correo Electrónico
otto.vargas@asamblea.go.cr
Diputado Jose María Villalta Flores-Estrada
Jefe de Fracción
Partido Frente Amplio
Correo Electrónico:
jose.villalta@asamblea.go.cr
Dip. Carmen Irene Chan Mora
Jefa de Fracción
Partido Nueva República
Correo Electrónico
carmen.chan@asamblea.go.cr
Dip. Eric Rodríguez Steller
Correo Electrónico
eric.rodriguez@asamblea.go.cr
Dip. Zoila Rosa Volio Pacheco
Correo electrónico
eric.rodriguez@asamblea.go.cr
Sr. Augusto Jordán Rodas Andrade
Presidente de la Federación Interamericana del Ombudsman
Procurador de los Derechos Humanos de la República de Guatemala
pdh@pdh.org.gt
Sra. Carmen Comas-Mata Mira
Secretaria Técnica de la FIO
secretaria.tecnica@portafolio.org
Consejo Centroamericano de Derechos Humanos
Secretaria.tecnica
accppdh@gmail.com