“Cómo no recordar a santo Toribio cuando constataba con gran pesar en el tercer Concilio Limense «que no solamente en tiempos pasados se les hayan hecho a estos pobres tantos agravios y fuerzas con tanto exceso, sino también hoy muchos procuran hacer lo mismo…» (Ses. III, c.3). Por desgracia, después de cinco siglos estas palabras siguen siendo actuales.”
Papa Francisco. Encuentro de los Pueblos Amazónicos, 19 de enero de 2018
Interpelamos al obispo Gabriel Enrique Montero Umaña y a la institucionalidad de la Iglesia Católica costarricense que él representa, para que mire sin simplismos la crisis que sufren los pueblos indígenas costarricenses desde hace siglos y para que cesen de utilizar la retórica religiosa de “pastores” y dejen de exponerse simbólicamente ante un tema de políticas públicas con la vestimenta propia del culto católico, pues el tema del que hablan es de índole secular y no devocional.
El obispo dice que nunca convocó ninguna “Proclama Social y Caravana” para el día lunes 17 de mayo del 2021 y que tampoco ha autorizado la participación de ningún sacerdote en esta u otra manifestación. Sin embargo, el presbítero Luis Mena de Pejibaye de Pérez Zeledón divulgó un video leyendo parte de la Proclama y fundamentando la marcha convocada para el lunes 17 mayo 2021, mostrando así la desinformada, confusa y confrontativa visión de la jerarquía de la iglesia católica de esta diócesis costarricense.
Le recordamos a la Iglesia Católica que la tenencia de la tierra por parte de personas no indígenas dentro de los territorios indígenas, es una problemática muy específica, que no debe mezclarse mezquinamente con otras problemáticas socioeconómicas que enfrentan otros grupos de población en Costa Rica. Pues esta forma de abordarlo confunde y revuelve tópicos de naturaleza distinta. Además, el apoyo directo a la propiedad privada de los poseedores ilegítimos riñe con el principio de la tenencia en común de la tierra que ejercen las poblaciones indígenas y el principio del bien común que beneficia a las comunidades y a la naturaleza que estas cuidan.
Mezclar la problemática en los territorios indígenas con otras realidades de las poblaciones rurales, es una forma violenta y cómplice de seguir negando los derechos de los pueblos originarios. Además, lo que el obispo Montero Umaña y parte del clero a su cargo dicen, con respecto a la recuperación de tierras indígenas es confuso, contradictorio y ha provocado que personas no indígenas, que creen tener derecho sobre tierras ancestrales, continúen la escalada de violencia verbal, psicológica y física contra familias indígenas recuperantes de las tierras que les corresponden por derecho.
No debe olvidar el clero católico, que la historia de dolor de los pueblos indígenas que han habitado estas tierras desde épocas inmemoriales, inició con el «descubrimiento» de América. Por lo que le solicitamos al obispo y su clero no evadir esta realidad objetiva. Basta con traer a colación lo que anotaba el obispo Bernardo Thiel en su visita pastoral a los indígenas guatusos (Malekus) en 1882, cuando afirma que a los pobladores originarios se “los trataban de monos, animales montaraces y que más de la mitad habían muerto a consecuencia de estos maltratamientos”.
Si hacemos memoria de hechos recientes, podemos decir que muchas personas que habitamos este y otros países, aún recordamos el drama sufrido por un grupo de veintisiete mujeres y hombres indígenas de la mayoría de los ochos pueblos indígenas reconocidos, cuando fueron desalojados violentamente de la Asamblea Legislativa el 10 de Agosto de 2010, sólo porque se quedaron esperando respuesta de los diputados y las diputadas, para que aprobaran o archivaran el Proyecto de Ley sobre la Autonomía Indígena, que tenía dieciocho años de tramitarse en el Congreso de la República, en el cual se establecía un Procedimiento para las Recuperaciones de los Territorios ancestrales establecidos, por las Leyes y los Decretos respectivos.
Fue ese acto de violencia racista, física, espiritual y moral, que llevó a estos pueblos a tomar la decisión de sanear sus territorios del arrebato y la usurpación ilegal. Así se inicia una década de persecuciones, cárcel, agresiones físicas, quema de viviendas y agricultura hasta el asesinato. Tenemos reciente memoria del asesinato del líder bribri de Salitre Uniwak Sergio Rojas Ortiz, Coordinador de FRENAPI (18 marzo 2019) y del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, recuperante Brorán de Térraba hace 15 meses.
En estos 11 años de violencia sistémica y sistemática, no ha existido ningún pronunciamiento, nota de duelo, ni siquiera expresiones de pésame para las familias y esos pueblos, por parte del clero de San Isidro de El General. Por lo que es clara la actitud y posición parcializada de esta jerarquía católica, que niega en sí misma su propio mensaje de misericordia y compasión.
Sumado a lo anterior, en este momento crítico de la historia costarricense, vemos lamentablemente como la jerarquía eclesiástica se coloca en medio, con tibieza, para buscar una supuesta “conciliación”, cuando su papel debería ser una opción preferencial y radical por la parte que ha sido discriminada y violentada de manera sistemática a lo largo de los siglos, tal como lo piden los Evangelios de Jesús de Nazaret.
Además, esa búsqueda de conciliación es falaz, pues al afirmar ustedes que la «ley ha de salvaguardar la justicia para todos los actores», cometen un error jurídico grave, ya que en una situación de desigualdad de poder, de dominio de unas personas sobre otras (usurpadores vrs indígenas de China Kichá), la conciliación no cabe y la justicia se logra dando un trato desigual a las partes involucradas. En este caso dando cumplimiento a los convenios internacionales como normas superiores que son o de las leyes especiales con supremacía sobre las leyes generales en favor de los indígenas.
Por ello le solicitamos a la Iglesia Católica reconocer que cualquier pretensión eclesial «mediadora» está viciada y debe ser evitada, ya que la iglesia local, a través de un sacerdote, tomó recientemente partido en favor de una de las partes involucradas, perdiendo así imparcialidad y autoridad moral para mediar.
La paz sin justicia es inalcanzable y la caridad sin compromiso auténtico por los que ocupan el último lugar, se convierte en limosna mezquina.
Suscriben el presente manifiesto:
Movimiento Reflexión Acción
Comunidades Cristianas Costarricenses – COCRIC
Servicio Paz y Justicia en Costa Rica – SERPAJ – CR
Departamento Ecuménico de Investigaciones – DEI
Organización Interseccional pro Derechos Humanos Costa Rica – OIDH-CR
Centro de Amigos/as para la Paz – CAP
Justicia y Paz e Integridad de la Creación -JPIC / Claret CR
Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia
GEMA Observatorio de Medios de Comunicación y Género
Informa-Tico.com
Diásporas Feministas
Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense – IMWC
Colectivo Cristiano CR – CCCR
Universidad Bíblica Latinoamericana – UBL
Colectiva Coexistir de Cartago
Fundación Interartes
SURCOS Digital
Imagen ilustrativa, UCR.
