PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

Ante hechos recientes que han afectado las condiciones ambientales de Costa Rica; personas, organizaciones e instituciones dedicadas a contribuir con los esfuerzos de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, y, en lo que consideramos inconsistencias y debilidades en las políticas de Estado, observado desde nuestra perspectiva técnica, científica y profesional, deseamos manifestar respetuosa y contundentemente a la sociedad costarricense lo siguiente:

1. La evidente relegación del tema ambiental en la agenda del Estado, haciéndose notorio en la omisión en el informe del Presidente de la República el pasado 02 de mayo en la Asamblea Legislativa.
2. La pasividad de la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa para pronunciarse sobre los impactos ambientales negativos en diversos puntos del territorio nacional siendo omisos sobre las ambigüedades de la administración en los asuntos medioambientales y de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.
3. El intento por debilitar las instituciones técnicas dedicadas a la gestión de la biodiversidad y los ecosistemas, disminuyendo sus competencias y desviando su manejo hacia una concentración de poder en figuras políticas, no solo afectando su funcionalidad, sino también amenazando logros históricos de la participación ciudadana en la conservación de la naturaleza, ejemplo que Costa Rica ha dado en los modelos de gobernanza que los recursos naturales requieren.
4. La disminución a niveles críticos de las capacidades presupuestarias tanto con los presupuestos ordinarios y extraordinarios, así como la injustificada retención y dilatación en liberar recursos financieros dados al país por parte de organismos internacionales, afectando programas de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas en las áreas silvestres protegidas y comunidades adyacentes.
5. El empuje constante y sistematizado de impulsar proyectos nocivos para la integridad ambiental, evidenciando intereses incompatibles con el mandato constitucional de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Dichos proyectos dirigen hacia la pesca de arrastre, la exploración y explotación de hidrocarburos, la minería a cielo abierto y la construcción de marinas y atracaderos en las costas nacionales.
6. La desatención de las áreas silvestres protegidas, que constituyen uno de los pilares del desarrollo y necesitan de manera urgente volver a estar en el centro de las prioridades gubernamentales. La biodiversidad y los ecosistemas que se protegen deben ser responsablemente utilizados para garantizar la prosperidad económica y ecológica de Costa Rica.
7. La omisión y rechazo repetidos y deliberados de los criterios técnicos y científicos de investigadores e instituciones renombradas que ayudan a sustentar las decisiones sobre la gestión de las áreas protegidas, ignorando su valía y permitiendo utilizar herramientas que pueden verse políticamente manipuladas por intereses lejanos a la conservación de la biodiversidad en estos espacios.
8. La indiferencia ante la afectación progresiva en las capacidades que los servicios ecosistémicos proveen, afectando múltiples sectores de la economía nacional, esta actitud es claramente inconsistente con el mensaje emitido por la administración de buscar desarrollo humano mientras intencionalmente se desconoce el valor de su existencia, ignorando el aporte que brindan en las oportunidades de mejorar las condiciones de vida de la población.

POR TANTO:

1. Solicitamos a las autoridades del Poder Ejecutivo retomar la agenda ambiental como una prioridad de Estado, priorizar el tema de la gestión responsable y coherente de las áreas silvestres protegidas y modificar el enfoque dado por el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente y Energía minimizando abiertamente el papel de la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas en la función que cumplen en el desarrollo nacional como capital natural y proveedores de múltiples beneficios ambientales y económicos.
2. Instamos a la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa para que se mantenga vigilante y realicen sus labores de control político y apoyo con una perspectiva más crítica, constructiva y se manifiesten pública y abiertamente de lo que denunciamos en este manifiesto.
3. Proponemos se retire de la corriente legislativa de manera inmediata el proyecto de ley contenido en el expediente 23213 “Proyecto de Fortalecimiento de las Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía” con tal de ser revisado, discutido y analizado por distintos actores vinculados a la conservación de tal forma que encuentre el equilibrio necesario.
4. Demandamos aumentar la generación de recursos financieros por medio de asignaciones presupuestarias razonables y proporcionales a las necesidades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación que garanticen el cumplimiento de sus objetivos y funciones. Además liberar de inmediato los recursos provenientes del proyecto REDD+ ante su inexplicable e inaceptable retención que afecta considerablemente programas de conservación.
5. Urgimos la implementación de la reestructuración inmediata del Sistema Nacional de Áreas de Conservación para optimizar sus competencias, funcionamiento y alcance técnico, operativo y jurídico. Para eso proponemos la creación de una comisión de expertos independientes de reconocida trayectoria académica y de experiencia y que con una remuneración simbólica presenten en un término de tiempo establecido las recomendaciones para ejecutar tan urgente acción.
6. Llamamos a la sociedad costarricense a informarse y ser parte de colectivos y organizaciones dedicadas a la conservación y gestión de recursos naturales a escala local o nacional y por medio de acciones específicas apoyar los diferentes procesos para mejorar la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas de la nación así como denunciar anomalías, delitos o atropellos contra el patrimonio natural.
7. Confiamos en el Estado de Derecho que impera en Costa Rica, sabiendo que las instancias judiciales responderán objetivamente las demandas de la sociedad en el cumplimiento del marco jurídico que sostiene y defiende la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, siendo también garantes de las obligaciones derivadas por los convenios internacionales de los cuales el país forma parte.

San José, Costa Rica. 05 de junio del 2024

1. Fundación Costarricense para la Restauración Ecológica, FUCORE
2. Preserve Planet Costa Rica
3. Álvaro Sagot, Catedrático Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica
4. Asociación de Guardaparques Pensionados, ASOGUAPE
5. Organización Mundo Verde
6. Organización Aba Animal
7. Asociación para la Protección de la Cuenca del Río Sarapiquí
8. Fundación Corcovado
9. Tirimbina Rain Forest Center
10. Asociación Costarricense de Guías de Turismo
11. Organización Guarumo Restauración Ecológica
12. Organización Primates de Occidente
13. Centro de Investigación de Recursos Naturales y Sociales
14. Asociación Somos Congos
15. Fundación Bosque Nuboso de Occidente
16. Cámara Nacional de Ecoturismo, CANAECO
17. Justice for Nature. Asociación Bosque para los Niños
18. Proyecto Huella Verde-UNED. Universidad Estatal a Distancia
19. Santa Teresa Hoy Magazine
20. Covirena Cabo Blanco Ario
21. Asociación Ornitológica de Costa Rica
22. Nama Conservation
23. Covirenas Caribe Sur.
24. Red Nacional de Reservas Privadas
25. Fundación Rapaces de Costa Rica
26. Más de 100 profesionales, científicos y líderes comunales

Firma responsable
Christian Mata Bonilla
Cédula 3-0315-0139
Correo: chrismat@outlook.com

Imagen ilustrativa, UCR