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Etiqueta: Honduras

Poder Popular: El informe del gobierno de Honduras sobre sus avances políticos

La revista Poder Popular: El Gobierno del Pueblo es una publicación oficial del gobierno de Honduras que presenta un análisis comunicativo de las principales políticas, logros y desafíos del país. También destaca hechos relevantes para mantener informado al pueblo hondureño. En sus ediciones, se destacan importantes avances en áreas como infraestructura, salud, educación, desarrollo social cultura y deporte, con el objetivo de mantener a la ciudadanía informada sobre el trabajo del gobierno para mejorar el bienestar del pueblo hondureño.

La publicación en su Año 3, Edición No. 116 del 18 de octubre de 2024 destaca en sus titulares la fuerte postura de la presidenta Xiomara Castro contra los grupos económicos más poderosos de Honduras que se niegan a pagar impuestos. En el ámbito de seguridad, se informa sobre la lucha activa contra el crimen organizado y los carteles del narcotráfico, con Xiomara Castro afirmando la necesidad de denunciar a los grupos conservadores que conspiran contra su gobierno. Además, se reporta sobre los ascensos en las Fuerzas Armadas y condecoraciones en la conmemoración del natalicio de Francisco Morazán, en un evento presidido por la mandataria y altos funcionarios de gobierno.

Cada número de Poder Popular incluye discursos y entrevistas con funcionarios, análisis de proyectos clave y artículos sobre temas que impactan directamente a las comunidades hondureñas. 

Le invitamos a descargar  Poder Popular: El Gobierno del Pueblo para explorar más a fondo estos temas y estar al tanto de las últimas acciones del gobierno hondureño. Además, ¿qué opina sobre esta estrategia de comunicación política del gobierno de Honduras?

Poder Popular: boletín del gobierno de Honduras

El boletín titulado Poder Popular es una publicación oficial del gobierno de Honduras, y en esta edición número 114, presenta una amplia variedad de temas de actualidad política y social del país. Entre los principales puntos abordados, se destaca la participación de la Presidenta Xiomara Castro en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde expone las acciones y desafíos enfrentados por su administración, así como su denuncia sobre las injusticias económicas y sociales que persisten en el país. Además, el boletín informa sobre la inconstitucionalidad de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), resaltando la recuperación de la soberanía nacional.

Invitamos a todos los interesados a profundizar en los detalles de esta publicación, que refleja las acciones y posturas del gobierno hondureño frente a la comunidad internacional y en su gestión interna. La lectura completa del boletín ofrece una visión clara de las políticas y medidas que están siendo impulsadas para enfrentar los retos del país.

La abogada Rixi Moncada en Honduras

Marlin Óscar Ávila.

Por Marlin Oscar Ávila
8 de octubre de 2024

La abogada Rixi Moncada es la principal pretendiente para la presidencia del Poder Ejecutivo de Honduras en las próximas elecciones internas, en marzo y el 30 de noviembre, del 2025 en las elecciones generales nacionales. Así mismo se elegirán 128 diputados, e igual número de suplentes, para el Congreso Nacional, además de 20 propietarios y 20 suplentes para el Parlamento Centroamericano; 298 alcaldes y vicealcaldes y 2092 regidores. Hasta ahora, ella va punteando las encuestas para sustituir a la presienta Xiomara Castro, ambas del partido político de Libertad y Refundación Libre.

Las mujeres están tomando impulso en las actividades de tipo partidario, animadas por la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Esperemos que hagan un mejor papel que los hombres, pues hay muy poco que demostrar como buenos gobernantes en los últimos 200 años, en favor de las grandes mayorías.

Hemos visto a la presidenta de Honduras entrevistándose con Sheinbaum, dos mujeres con diferente historial político, por lo que deseamos que Xiomara Castro mantenga ese vínculo de amistad e intercambio.

Es claro que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum estará aplicando una gestión para el bienestar social de las mayorías que se incluye en la cuarta transformación, iniciada por Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente para muchos analistas con la reducción de la pobreza y muy alejada del modelo neoliberal. A Honduras le vendrá muy bien una gestión con los mismos principios, lo mismo que a los demás países de la región centroamericana, aunque en Costa Rica, será muy difícil con el presidente Rodrigo Chaves, hecho a la medida del Banco Mundial quién desde su llegada al país, comenzó a privatizar todo lo público, su receta aprendida con transfusiones sanguíneas en los solones de lujo del BM.

El partido gobernante en Honduras es LIBRE, quien se supone favorece las políticas del bienestar de las mayorías y la reducción de la pobreza, con lo que no estaría para favorecer a las grandes empresas. Es decir, que Rixi Moncada debe contar con el respaldo de las mayorías de trabajadores asalariados pobres, que llega a superar el 51%, aunque es el 59% de la población la que vive bajo la línea de la pobreza y de esa el 32% pertenece a la pobreza extrema.

Cualquiera que gobierne en los próximos años, si aplica los principios del neoliberalismo, al que se opone el gobierno mexicano, no hará otra cosa que hacer crecer la pobreza extrema y engordar a los grandes empresarios extranjeros y nacionales y Rixi lo sabe muy bien.

Lanzan investigación sobre criminalización a mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras

29 de septiembre de 2024.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) acaban de lanzar el capítulo dedicado a Honduras de la investigación “Perseguidas por defender y resistir. Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras, Nicaragua y México”. Esta es la segunda de tres publicaciones que reflejan los resultados de un trabajo de investigación sobre la criminalización a mujeres que defienden derechos humanos en Mesoamérica, un fenómeno constante y cada vez más creciente en la región.

La defensa de derechos humanos en Honduras: un escenario propicio para la criminalización

Entre 2017 y 2022, el Registro mesoamericano de agresiones a defensoras de la IM-Defensoras documentó un total de 284 agresiones que de forma individual, colectiva o hacia organizaciones o grupos, criminalizan el actuar de las defensoras de derechos humanos. De éstas, 102 fueron detenciones arbitrarias y 182 se relacionaron con el inicio de causas o procesos penales o administrativos.

Entre las causas estructurales de la efervescencia de la criminalización en Honduras, la investigación identifica el Golpe de estado de 2009 como un punto de inflexión en la deriva autoritaria, conservadora y extractivista del país. A partir de 2009 se multiplicaron los proyectos extractivistas, se aprobaron leyes para privatizar servicios públicos, bienes naturales y territorios ancestrales y comunitarios; se llevaron a cabo reformas de las leyes penales para facilitar la criminalización; se profundizó en la militarización, la corrupción y la cooptación del sistema de justicia por parte de intereses empresariales y familias de terratenientes. El fraude electoral de 2017 fue otro momento clave, generando una oleada de represión y criminalización y consolidando una narco-dictadura con ex-presidentes, como Juan Orlando Hernández, que han sido extraditados a Estados Unidos y condenados a prisión por delitos graves vinculados al narcotráfico. En este contexto, defensoras de la tierra y el territorio, especialmente indígenas y garífunas vinculadas al COPINH y la OFRANEH; integrantes del movimiento estudiantil y defensoras de los derechos de las mujeres han sido las que han sufrido más el impacto de la criminalización.

Misoginia y racismo como componentes fundamentales de la criminalización

La investigación se llevó a cabo a través de entrevistas y grupos focales con defensoras criminalizadas y con abogadas con experiencia en estos casos, las cuales en muchas ocasiones también acaban siendo criminalizadas. Las defensoras entrevistadas identificaron como principales causas de la criminalización el avance del neoliberalismo, el desarrollo capitalista voraz, la corrupción, autoritarismo y conservadurismos de los gobiernos de sus países, así como las violencias estructurales racistas y misóginas que siguen imperando en la región. Por ello, uno de los objetivos de este estudio es comprender desde una perspectiva interseccional los patrones e impactos específicos y diferenciados que, por su condición de género, la criminalización tiene sobre los cuerpos, las vidas, las luchas y los entornos comunitarios y familiares de las defensoras.

Construida desde la colaboración y participación de las defensoras y redes de defensoras de derechos humanos de Honduras, México y Nicaragua, la investigación también refleja cómo, pese a todo, las defensoras siguen resistiendo y persistiendo en sus luchas.

Los BRICS y las Zedes

Marlin Ávila

23 de septiembre de 2024

Es de mucha satisfacción ver a la población hondureña celebrando un año más de independencia, el 14 y 15 del presente mes. Esta celebración coincidió con el haber abortado la denunciada conspiración de un golpe de estado contra el gobernante partido Libre. Aun no estamos seguros si esa fue una verdadera conspiración o fue un autogolpe táctico que hiciera mover todas las fuerzas sociales y políticas del pueblo, que consolidara el poder de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, luego de doce años de gobierno del Partido Nacional de oposición. Si este fuese el caso, no cabe dudas en que el partido Libre logró con creces el cometido.

Si el Partido Nacional hubiese seguido al mando de los destinos de Honduras, es muy dudoso que este país hubiese quedado como uno de los cinco que conforman la región centroamericana (sin incluir a Belice) dado el proyecto de las ZEDES (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico) o “ciudades modelo” que el Partido Nacional tenía pendiente de implementar sí seguía gobernando. Con este proyecto se pretendió dividir la administración del país en zonas independientes, para atraer inversión extranjera, aprobadas por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2021, sin embargo, el gobierno de Xiomara la derogó por considerar que cedía soberanía al extranjero dentro del territorio hondureño. Después de constituir una ZEDE, estaría a un paso la separación y división del territorio nacional en pedazos.

No cabe duda de que después de las grandes concentraciones en las calles de la capital y en el estadio nacional, el gobierno de Libre se consolidó. A 16 meses por concluir su período.

No obstante, el asecho existente para cambiar el poder político en Honduras está latente. No se puede confiar de la amistad en Washington quien ve con recelo la autonomía con que actúa la presidenta Xiomara y, sus acercamientos con el grupo de BRICS, acercamiento que cada día son más los países del sur global que buscan unirse.

Observatorio de Guapinol: El Estado de Honduras debe responder por el asesinato de Juan López y la crisis de seguridad que viven las personas defensoras en el Bajo Aguán

18 de septiembre de 2024.- Desde el Observatorio de Justicia para los Defensores del Río Guapinol condenamos de forma contundente el asesinato del defensor de bienes comunes, Juan López, líder del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, hombre de fe, padre de familia y compañero de lucha. Lamentamos profundamente este crimen y demandamos que el Estado de Honduras responda por este y otros asesinatos de defensores que se mantienen impunes en el país.

El asesinato de Juan López y la crisis en el Bajo Aguán son un crudo reflejo de la grave situación de violencia, impunidad y negligencia estatal en Honduras, especialmente en relación con la defensa de los bienes comunes, la tierra y el territorio. La crisis en el Aguán no es un hecho aislado, sino la expresión de un conflicto territorial de larga duración, donde los intereses de empresas privadas y grupos criminales continúan explotando los recursos naturales, con total impunidad y a costa de la vida en las comunidades.

La situación es urgente e inaceptable: tan solo en 2023 y 2024, cuatro defensores vinculados a la lucha por el río Guapinol han sido asesinados en Honduras: Oquelí y Aly Domínguez, Jairo Bonilla y, ahora, Juan López, este último beneficiario de medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023.

Las organizaciones que conformamos el Observatorio de Justicia acompañamos a López y al Comité Municipal en la denuncia de estos hechos a nivel internacional y hemos expuesto el incumplimiento del Estado con respecto a la implementación de estas medidas (MC-137-23), dictadas a favor de 30 defensores de derechos humanos, e integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. El incumplimiento es un reflejo de la falta de interés y respuesta interinstitucional coordinada para abordar la situación de riesgo inminente que enfrentan las personas defensoras en el país. Lamentamos que a pesar del reconocimiento que organismos internacionales de protección han hecho sobre la situación de riesgo de Juan López  y más miembros del Comité Municipal y aun teniendo un  mandato de protección diferenciada y mitigación de riesgo dictado por las medidas de protección, que por ley tenía que atender, el Estado haya decidido ignorarlas. El Estado de Honduras le falla y le vuelve a fallar a quienes defienden las aguas, los bosques y la tierra; a quienes defienden la vida.

Es profundamente indignante que, a pesar de los repetidos reclamos de justicia por los asesinatos de personas defensoras, el silencio y la inacción del Estado prevalezcan. En el caso específico del Comité de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ha sido ampliamente conocido el riesgo al que se enfrentan quienes lo integran. Ejemplo de ello es la Alerta Temprana No. 005-24 emitida por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), donde hace referencia a la inacción del Estado en implementación de medidas de protección.

El Estado no solo debe proteger los derechos a la vida e integridad personal de las y los beneficiarios/as de las medidas cautelares frente a posibles ataques que provengan de parte de particulares sino que, también, tiene la obligación de abstenerse de propiciar y participar en campañas de difamación, diseminación de representaciones negativas o la estigmatización de personas defensoras de derechos humanos y el trabajo que estas realizan. Le recordamos al Estado que garantizar la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos y, en particular, de las beneficiarias de medidas de protección es su obligación internacional: la seguridad de estas personas está en sus manos.

El Observatorio recuerda que, durante la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, se hizo un llamado a la liberación de los defensores de Guapinol, lo que generó esperanza de un cambio en la protección de los derechos humanos en Honduras y la atención sobre la raíz de la crisis. Sin embargo, a más de dos años de esas declaraciones, hoy el movimiento de derechos humanos en Honduras y toda la región está de luto una vez más.

Las organizaciones exigimos justicia para Juan López y los defensores de los bienes comunes en Honduras. Una investigación expedita, independiente e imparcial debe ser garantizada por parte del Estado y fincar responsabilidades materiales e intelectuales por este atroz crimen. El riesgo continuará y es imperante que el Estado de Honduras garantice todas las medidas de protección necesarias para la familia y miembros del Comité Municipal, sin que medien excusas presupuestales o incapacidad institucional.

A la familia de Juan López, a sus compañeros y compañeras de lucha, a su comunidad: nuestro abrazo solidario. Honramos su legado y su vida y en su nombre seguiremos pidiendo justicia y acompañando la causa justa por los ríos en Honduras.

¡Juan López vive!

Firman:
Centro por la Justicia y el Derecho lnternacional (CEJIL)

Comité Internacional del NLG -Gremio Nacional de Abogados, USA.
Diakonia oficina Nacional Honduras
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC – SJ)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Robert F. Kennedy Human Rights
Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Virginia (UVA)

Cuatro Carriles de la muerte

Marlin Ávila

Septiembre de 2024

Un buen amigo me narra en detalles su rutinaria vida en la ciudad de San Pedro Sula. Para ir caminando a la cafetería más cercana sale de su residencial y camina 5 minutos sobre la acera que va al filo de una avenida de cuatro carriles, construida por el anterior alcalde, donde pasan, sin límite de velocidad, ni retenes en el suelo o rótulos que sugieran reducir velocidad, un promedio de 60 vehículos por minuto (uno por segundo). Un desliz y usted se convierte en noticia en páginas amarillas. No obstante, dos casas vecinas que están al frente de esa avenida, estacionan en esas aceras sus autos, aunque tienen cocheras con portones suficientemente anchos para ingresar sus vehículos. Cada peatón que pasa se arriesga a ser arrollado por un auto. En una ocasión, mi amigo le pidió a la joven que deja su auto afuera, sobre la acera. que por favor lo introduzca a su garaje, pero la reacción de la joven, fue decir que “la dueña de la casa le renta con el derecho de usar la acera para estacionamiento” desde luego, eso es una aberración completa. Las aceras son públicas y exclusivas para peatones.

Es bien conocido que, en las grandes ciudades de Centroamérica, la urbanización no ha sido producto de planificación con anticipación de sus municipalidades. Correcto es pensar que hay autoridades municipales que se han esmerado por el orden de sus ciudades. Desde que un terremoto destruyó la ciudad de Managua en Nicaragua en 1972, en toda el área centroamericana, se inició a poner orden con el crecimiento de las ciudades, aunque todavía se encuentran viviendas construidas de bajareque (varillas y barro), es raro ver una nueva construcción de bajareque, aunque si encontramos construcciones nuevas de adobe mezclado con un poco de cemento, con alto riesgo de ser destruidas por las inclemencias del clima.

La capital de Honduras: Tegucigalpa más su ciudad gemela: Comayagüela, con 1.3 millones de habitantes, a una altura media sobre el nivel del mar de 1,280 metros, es una de las ciudades más complejas de administrar, por su topografía tan irregular (oscila entre 787 y 2,304 MSNM). Está sobre una montaña donde se extraían minerales en tiempo de la colonia y post colonia.

La tercera ciudad es San Pedro Sula, ubicada en la zona norte del país, sobre el Valle de Sula, 7,251.1 Km2, a media hora del mar Atlántico, es la cabecera del departamento de Cortés, con 1.3 millones de habitantes, considerada la capital industrial del país.

Se considera la ciudad con la mejor nomenclatura del país. Es popularmente conocida la división que tiene entre el área más comercial y moderna con la más popular y menos comercial e industrial, a “partir de la antigua línea del ferrocarril” hacia arriba, es la parte más moderna y, hacia abajo, la parte más deprimida y pobre.

Con la llegada de la industria maquiladora, se llega a romper un poco ese mito, porque se ubican tanto arriba como debajo de la línea del ferrocarril, abriendo nuevas ciudadelas de obreros en el entorno de las fábricas maquiladoras.

Fueron estas fábricas las que, después de las fincas bananeras, a inicios del siglo 20, constituyeron un atractivo nacional de fuerza laboral un siglo después.

Las nuevas generaciones de obreros vienen a ser los hijos de los “campeños” de las fincas bananeras, aun cuando la zona norte en el Valle de Sula recibió bastante población campesina de las zonas interiores (de tierra adentro) de Honduras.

Aun cuando sigue habitando bastantes comerciantes que dominan los grandes negocios, con una ascendencia predominantemente palestina, puesto que los árabes y sefarditas que inmigraron a Honduras (1492-1497), se instalaron en el Valle de Sula y algunos en Santa Bárbara.

Fue así como el proceso de urbanización se establece inicialmente con trabajadores de las fincas bananeras, el centro de consumo y mercado principal de la zona se estableció entre la Lima, ciudad promovida con población empleada profesional y ejecutiva de las fincas bananeras, y San Pedro Sula, ciudad cercana a la Lima, con mayor auge comercial del país.

La élite política estaba en Tegucigalpa, a varias horas de viaje terrestre hasta la ciudad de San Pedro Sula y la masa trabajadora asalariada donde. se acumulaba mayor capital era el Valle de Sula con 18 municipios, en 7,251 km2.

Es así como en el Valle de Sula se instala la generalidad de instituciones o subsedes de los hospitales, universidades, y demás instituciones públicas como privadas, incluyendo un aeropuerto, el cual hasta recientemente dejó de ser internacional.

El estilo de vida que tiene la población de San Pedro Sula (o sampedrana) es una mezcla entre lo urbano y lo rural. Sus autoridades y los conductores de vehículos se sienten orgullosos por tener casi 10 kms de autopista en Avenida Mackey, sin límite de velocidad (como un freeway gringo), aunque tanto camiones como turismos, pasan por medio de poblados urbanos sobre esta avenida, que además es usada para cortar distancia por los viajeros que van desde Villanueva, el centro de San Pedro Sula hasta puerto Cortés.

Lo importante es “sentirse moderno”, más urbanizado, no importan los peatones, mascotas u otro animal silvestre que trate de cruzar esos cuatro carriles de la muerte.

En defensa de la democracia en Honduras

La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad declara su total respaldo al gobierno democrático de la Presidenta Xiomara Castro, y rechaza contundentemente toda acción de desestabilización por parte de los sectores conservadores amparados por la oligarquía local y el gobierno de los Estados Unidos, que pretende impedir el normal desenvolvimiento del proceso de cambio popular y electoral en marcha.

La derecha hondureña, ante la imposibilidad de ofrecer un proyecto de gobierno que satisfaga las necesidades del pueblo, pretende una vez más, atentar contra las instituciones del Estado y, por esta vía, someter al pueblo hondureño a la agenda del miedo, socavar la gobernabilidad e imponer el modelo de opresión de los sectores históricamente poderosos y opresores.

Las declaraciones de la embajadora de EE.UU. en ese país hermano, Sra. Laura Dogu, y como ya se torna costumbre, constituyen una intromisión flagrante en los asuntos internos de Honduras, intromisión que implica incluso, el insulto a altos dirigentes buscando así su desacreditación y debilitamiento. En tal sentido hacemos nuestras las palabras del canciller hondureño Enrique Reina cuando observó que “es insoportable el irrespeto y la injerencia” de dicha embajadora, constituyendo una amenaza directa a la soberanía.

Por una América Latina territorio de paz, sin injerencia imperialista, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad permanecerá atenta a los acontecimientos. El pueblo hondureño sabrá escribir su propio destino.

Nuestra América, 29 de Agosto de 2024

Fuente: https://humanidadenred.org/en-defensa-de-la-democracia-en-honduras/

Crimen organizado y proyección de paz

Marlin Óscar Ávila.

Por Marlin Oscar Ávila H.
22 de julio de 2024

Muchos son los que piensan que el crimen organizado en Honduras es de reciente aparición

El crimen organizado obedece al interés de terceras personas y no necesariamente es de quien materializa la ejecución, tanto de una persona, como de varias simultáneamente, a la que se le denomina masacre.

Estos crímenes adquieren mayor relieve local e internacional desde tiempos de famosos personajes como el Dr. Tiburcio Carias, en Honduras y Maximiliano Hernández Martínez, asesino de miles de indígenas, en la década de los treinta en El Salvador, así también, adquiere relevancia el golpe de estado contra el presidente Jacobo Árbenz, en Guatemala, en junio de 1954, apoyados e iniciados por la agencia estadounidense CIA y la empresa bananera United Fruit Company.

Los gobernantes de los países donde predominaba el cultivo del banano en manos de la compañía bananera tenían que ser avalados, sino nominados, por las empresas bananeras. Así mismo, los civiles con alguna cuota de poder avalaban a quienes se trasladaban a las zonas bananeras para obtener contratos de trabajo, incluyendo a nuevos profesionales quienes regresaban de diferentes universidades en el extranjero. Por ejemplo las zonas de Quepos, en el Pacífico de Costa Rica, o la costa norte del Atlántico en Honduras, fueron centros de importante concentración poblacional, porque allí se ubicaron los enclaves bananero que contrataban mano de obra no especializada, en masa, puesto que la misma empresa aun no incursionaba en la tecnología para sustituir a obreros, incluso, utilizaba las bestias mulares para extraer los tallos de banano hasta las plantas procesadoras, previo a ser transportados por tren a los puertos de exportación.

En un enclave bananero existía todo tipo de servicio, sin que la población trabajadora y familiares, tuviera que salir, de los campos bananeros. La seguridad e integridad física, la garantizaba la empresa. Para eso, cada finca tenía escuelas, centros de salud, tiendas de abarrotes y hasta se contaba con dos hospitales en el Atlántico, uno en Tela y otro en la Ceiba en Honduras, así como en el Pacifico de Costa Rica.

No obstante, se tenía un cuerpo policial para la seguridad, esta incluía a bandas de paramilitares, con libertad e impunidad necesaria para asesinar a quienes estorbaran la gestión de los empleados de confianza o, los trabajadores tratarán de organizar un sindicato. En ese tiempo se hizo famoso por sus crímenes el señor Guayo Galeano, originario de Lempira, quien comandaba bandas de asesinos a lo largo del río Ulua. Era muy frecuente el descubrimiento por las mañanas, de cadáveres cubiertos con las hojas de bananos dentro de las fincas, después de que líderes campeños fueran sacados de sus casas, la noche anterior.

Por esto, la famosa «huelga del 54», fue toda una odisea organizativa, que tuvo muchos desaparecidos y asesinados.

Fueron las empresas bananeras quienes trajeron a la franja centroamericana, los primeros grupos paramilitares que mantuvieron en condiciones de sometimiento a la clase trabajadora.

Esto es ahora muy importante de conocerlo y estudiarlo, puesto que 70 años después, pareciera que se quiere repetir la historia con las llamadas ZEDES (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico). Según el proyecto, las ZEDES tendrían un amplio territorio, con leyes y autoridades judiciales y policiales propias, con bastante autonomía para actuar y definir su destino. Serían similares al enclave bananero, sin una empresa bananera, pero otras empresas transnacionales de inversión extranjera para extraer los recursos del país.

Porque hay un gobierno progresista, el proyecto de las ZEDES está siendo abolido sin que estemos seguros de que, en un futuro, no se vuelva a ello con un gobierno conservador. Así como los índices de muertes violentas han ido bajando, podríamos retroceder a un estado de mayor inseguridad, volviendo a estar entre los diez países con mayor violencia del mundo, si la población adulta, y joven, no se informa y adquiere una conciencia crítica, dispuesta al mejoramiento de su calidad de vida, a luchar por la paz, en estos tiempos de guerra en otras regiones del mundo y a mantener el estado democrático, sin injerencia militar.

Justicia para Keyla, joven lenka víctima de feminicidio

El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y el Colectivo Justicia para Keyla solicitan suscribirse a la petición urgente a la Corte Suprema de Justicia, Honduras. 

Keyla Patricia Martínez, de 26 años, estudiante universitaria de enfermería, miembra del pueblo originario Lenka; víctima de un crimen de estado, fue asesinada el 7 de febrero de 2021, mientras se encontraba detenida en una celda policial en la Ciudad de La Esperanza, Intibucá, Honduras.
Es acusado el policía Jarol Rolando Perdomo del delito de Homicidio agravado, más tarde fue recalificado como homicidio simple y luego degradado a homicidio  imprudente. Lo que resultó en una condena de cinco años de los cuales cumplió menos de tres  años en detención y pagó $400.00 por el resto de la condena para salir libre. 

Por ello, desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y el Colectivo Justicia para Keyla exigen a la Corte Suprema de Justicia de Honduras que resuelva los Recursos de Casación interpuestos en marzo de 2024 por Cofadeh y el Ministerio Público con la petición expresa de que se repita el juicio porque se considera que el realizado estuvo viciado desde el inicio, con procedimientos legales omitidos, pruebas excluidas, testimonios falsos y favoritismo de los jueces involucrados. 

¡No más impunidad! 

A la hora de realizar la firma de la petición pueden anotar nombre con país en la misma casilla, a continuación el enlace donde puede ingresar y firmar la petición: https://chng.it/WCnChv9MgG