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Etiqueta: Honduras

El precio que no cabe en una onza: Juan Antonio López, Crucitas y la patria que queremos

A dos años de su asesinato, una reflexión con ocasión de la Independencia

Dr. Bernardo Aguilar González
Presidente del Parlamento Cívico Ambiental

Este 14 de septiembre, mientras Costa Rica entraba en la víspera de sus fiestas patrias, Centroamérica recuerda también un aniversario incómodo: hace exactamente dos años fue asesinado en Tocoa, Honduras, Juan Antonio López, líder laico católico, defensor del agua y de los bienes comunes, e integrante de la resistencia comunitaria frente a proyectos extractivos en el Bajo Aguán. Había recibido amenazas, acoso y vigilancia; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había otorgado medidas cautelares. Aquella noche, después de una celebración de la Palabra, fue atacado a tiros.

López no fue solamente “un ambientalista”. Fue padre de familia, delegado de la Palabra, articulador de la pastoral social, servidor público local y miembro de redes eclesiales dedicadas al cuidado de la creación. En su vida, la fe y la defensa del territorio no ocupaban compartimentos separados: proteger los ríos, acompañar a las comunidades y denunciar aquello que consideraba injusto eran expresiones de una misma responsabilidad moral. Esa coherencia explica por qué su muerte trascendió las fronteras hondureñas.

Su asesinato obliga a una precisión. No existe todavía una sentencia firme que permita convertir en certeza jurídica el móvil último del crimen. Esa cautela es indispensable. Pero sería igualmente poco serio tratar su defensa ambiental como un dato accidental. En 2025 la CIDH llamó a investigar el crimen considerando su papel como defensor del ambiente entre los posibles móviles; y en 2026 la causa avanzó contra presuntos autores intelectuales. El proceso sigue abierto y el móvil final no ha sido establecido por sentencia. Las dudas procesales permanecen; el contexto, sin embargo, no puede borrarse.

El reciente artículo del cardenal Michael Czerny y Luca Colacino convierte el caso de López en algo más que una tragedia individual. Lo ubica en una realidad latinoamericana donde degradación ecológica, desigualdad estructural, captura institucional y violencia contra defensores pueden encontrarse en un mismo territorio. Allí aparece uno de los costos menos contabilizados de la minería a gran escala: no solo toneladas removidas, agua comprometida o pasivos de restauración, sino miedo, criminalización, ruptura comunitaria y, en los extremos, vidas humanas (https://iglesiasymineria.org/wp-content/uploads/2026/08/Articulo-Cardenal-CZERNY.pdf).

Esa fue también una de las conclusiones más importantes del Congreso Latinoamericano sobre Impacto Socioambiental de la Minería celebrado en julio en la Pontificia Universidad Católica de Costa Rica: la discusión no puede reducirse a una consigna a favor o en contra. La pregunta seria es quién decide, quién recibe los beneficios, quién asume los riesgos y quién repara el daño. Una actividad puede producir divisas y empleo, pero si sus costos se concentran en comunidades vulnerables y sus beneficios salen del territorio, el balance económico dice muy poco sobre el desarrollo humano real.

Pedro Landa defensor ambiental y de los derechos humanos formuló en ese congreso otra advertencia necesaria: la transición energética y digital no elimina el extractivismo; puede multiplicar la presión minera mediante la demanda de minerales llamados “críticos”. Su pregunta de fondo es incómoda: ¿críticos para quién? Un mineral puede ser estratégico para cadenas globales de tecnología y, al mismo tiempo, poner en riesgo el agua, la salud o la estabilidad social de la comunidad donde se extrae. Una transición que cambia combustibles, pero conserva zonas de sacrificio no es suficientemente justa.

El padre Patricio Sarlat ofreció asimismo el criterio para no perderse entre cifras y tecnicismos: dignidad humana y cuidado de la Casa Común. La ecología integral no sustituye a la ciencia, al derecho ni a la economía; obliga a integrarlos. Si la crisis ecológica y la crisis social tienen raíces comunes, ninguna solución puede considerarse completa cuando salva el recurso y abandona a la comunidad, o cuando promete crecimiento a costa de debilitar la convivencia, la salud y la confianza institucional.

Esta mirada importa especialmente para nuestra situación en Crucitas. Costa Rica enfrenta allí una emergencia verdadera: minería ilegal, redes criminales, deforestación, sustancias tóxicas, vulnerabilidad social y pérdida de control territorial. Negarlo sería irresponsable. Pero también sería irresponsable concluir que la única alternativa a la ilegalidad es legalizar una explotación a cielo abierto bajo condiciones que reproduzcan otros riesgos de larga duración.

El Congreso de Minería propuso una ruta más exigente y, precisamente por eso, más útil: contener, restaurar, transformar y acompañar. Contener significa recuperar control territorial, seguridad y capacidad efectiva de fiscalización. Restaurar implica agua, suelos, ecosistemas y garantías financieras que eviten trasladar al Estado el costo futuro. Transformar exige alternativas económicas locales —agroforestería, turismo, economía circular, educación y empleo— que reduzcan la dependencia de la extracción. Acompañar significa que las comunidades no sean espectadoras del arreglo, sino sujetos de información, participación y decisión.

Crucitas necesita una solución integral, no una salida rápida. Cualquier propuesta debería superar, como mínimo, pruebas de legalidad y no regresión ambiental, evidencia científica independiente, distribución justa de costos y beneficios, acceso público a la información, trazabilidad, eliminación efectiva de sustancias tóxicas y garantías previas para cierre, restauración y monitoreo.

Este 15 de septiembre, conviene recordar que independencia no significa solamente soberanía frente a poderes extranjeros. También significa que una sociedad conserve la capacidad de decidir sobre su territorio sin que el miedo, la ilegalidad, la corrupción o la urgencia sustituyan al discernimiento democrático.

Juan Antonio López no debería ser utilizado como argumento automático contra toda minería. Su memoria exige algo más serio: que cuando evaluemos un proyecto extractivo contabilicemos también aquello que nunca aparece en el precio internacional del oro. El agua. La paz social. La confianza. La dignidad. Y, sobre todo, la vida humana. Esa es la patria que vale la pena defender.

Imagen: https://www.religiondigital.org/america/anos-justicia-asesinato-ambientalista-juan_1_1466426.html

¿Cómo se fabrica una noticia?, asunto Nicaragua

José A. Amesty Rivera

Hay un viejo dicho que dice que una mentira da la vuelta al mundo, mientras la verdad apenas se está poniendo los zapatos. Hoy podríamos actualizarlo diciendo que, un titular recorre el planeta mucho antes de que alguien tenga tiempo de escuchar un discurso completo.

Eso fue precisamente lo que pasó hace unos días con unas declaraciones del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, casi de inmediato comenzaron a aparecer titulares asegurando que Ortega anunció que ya no habrá más elecciones en Nicaragua. La noticia se propagó rápidamente por periódicos, portales digitales y redes sociales, para millones de personas quedó instalada una idea muy simple, el Gobierno nicaragüense había decidido eliminar definitivamente las elecciones.

Sin embargo, cuando uno escucha el discurso completo descubre que la historia es bastante más compleja, Ortega dijo: Aquí no volverán a haber elecciones, pero no terminó ahí, enseguida explicó que impulsaría reformas legales, junto con la Asamblea Nacional, para impedir que personas o grupos que, según el Gobierno, reciben financiamiento extranjero para promover golpes de Estado o acciones contra el país puedan llegar al poder mediante elecciones.

Alguien puede pensar que esta propuesta es correcta o equivocada, este debate pertenece al terreno de la política y es otro tema. Lo que aquí interesa es algo distinto, ¿los grandes medios informaron exactamente lo que dijo Ortega o construyeron una noticia diferente?

El investigador estadounidense Michael Parenti, politólogo e historiador, lleva décadas estudiando cómo funcionan muchas de las grandes empresas de comunicación, su idea principal es sencilla, la manipulación casi nunca consiste en inventar una noticia, es mucho más efectivo contar solo una parte de la historia, así lo explica en su artículo Métodos de manipulación de los medios de comunicación. Y esto es justamente lo que parece haber ocurrido en este caso, cortar una frase para que termine diciendo otra cosa.

El primer recurso de la manipulación mediática, según Parenti, consiste en tomar una frase aislada y separarla del resto del discurso, es como si alguien dijera, Si siguen entrando armas al barrio, tendremos que cerrar la calle, y al día siguiente el titular fuera, Vecino propone cerrar todas las calles. Las palabras son reales, pero el significado cambia por completo.

Esto ocurrió con la frase, Aquí no volverán a haber elecciones. Casi ningún titular explicó enseguida que Ortega estaba hablando de impedir la participación electoral de grupos que, según su Gobierno, actúan con financiamiento extranjero para promover un cambio de régimen, cuando se elimina el contexto, el público termina entendiendo otra cosa, es como mostrar solo la mitad de un rompecabezas.

Otra práctica que Parenti considera muy frecuente, consiste en mostrar únicamente las piezas que convienen. Muchos medios destacaron la frase más impactante del discurso, pero dejaron fuera casi todo lo demás: la referencia a reformas legales, la participación de la Asamblea Nacional y la explicación sobre el financiamiento extranjero, no hace falta mentir, basta con enseñar solo la parte que produce el efecto buscado.

Parenti sostiene que muchas veces la censura moderna no consiste en esconder una noticia, sino en contarla incompleta. Es como entrar al cine cuando la película ya lleva una hora, veremos peleas, discusiones y disparos, pero no entenderemos por qué están ocurriendo, esto pasa cuando una noticia elimina los antecedentes.

En gran parte de la cobertura internacional, apenas se recordó que el Gobierno nicaragüense sostiene que en 2018 hubo un intento de golpe de Estado financiado desde EEUU, tampoco se explicó que existen leyes similares en otros países para regular el financiamiento político extranjero.

Uno puede aceptar esta interpretación o rechazarla, lo importante es que el lector tenga derecho a conocer por qué el Gobierno dice lo que dice, sin esa parte de la historia, todo parece surgir simplemente del capricho de un gobernante.

Cuando un medio lleva años presentando a determinado gobierno como una dictadura, cualquier noticia nueva termina encajando en ese mismo relato, ya no importa tanto lo que ocurrió, sino que la información confirme una narrativa que ya estaba construida.

Así, una propuesta para modificar una ley electoral termina convertida en un supuesto anuncio del fin de las elecciones; es como si cada pieza nueva tuviera que entrar, a la fuerza, en un rompecabezas que ya estaba armado desde hace tiempo.

Otro recurso consiste en reducir problemas complejos a una sola persona. En lugar de discutir si un país debe o no permitir financiamiento extranjero para partidos políticos, toda la conversación termina girando alrededor de Daniel Ortega. El debate desaparece y solo queda el personaje, esto facilita construir historias donde unos aparecen siempre como los villanos y otros siempre como los defensores de la democracia.

También influye qué noticias se amplifican y otras pasan casi desapercibidas. La frase sobre las elecciones ocupó titulares internacionales durante horas, en cambio, las explicaciones posteriores, el discurso completo y los detalles sobre las reformas legales apenas tuvieron difusión; la primera impresión quedó instalada, y todos sabemos que una rectificación nunca viaja tan rápido como un escándalo.

América Latina conoce muy bien este libreto. Lo ocurrido con Nicaragua no es un caso aislado, en nuestra región existen varios ejemplos en los que grandes medios internacionales han sido acusados de construir relatos parecidos.

En Venezuela, durante años muchas noticias hablaron sobre todo de la crisis económica, el desabastecimiento y la migración, mientras dedicaban mucho menos espacio al impacto de las sanciones económicas impuestas por EEUU y sus aliados. No se trata de negar los problemas internos del país, sino de señalar que el panorama quedaba incompleto cuando uno de sus factores más importantes apenas aparecía mencionado.

En Bolivia, tras la salida de Evo Morales en 2019, buena parte de la prensa internacional habló durante semanas de una “renuncia” provocada por protestas ciudadanas. Con el paso del tiempo, investigaciones periodísticas, estudios académicos e incluso algunos organismos internacionales, comenzaron a utilizar con mayor frecuencia el término “golpe de Estado” o reconocieron el papel decisivo de las Fuerzas Armadas y la Policía en aquellos hechos. Sin embargo, la primera versión ya había dado la vuelta al mundo.

Algo parecido ocurrió con el informe de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones bolivianas de 2019. Durante meses fue presentado como una prueba definitiva de fraude electoral, después, investigaciones independientes de universidades y centros especializados cuestionaron seriamente las conclusiones estadísticas del informe, pero esas rectificaciones nunca tuvieron una difusión comparable a la acusación inicial.

En Brasil, durante el proceso judicial contra Luiz Inácio Lula da Silva, numerosos medios presentaban cada nueva acusación como si la corrupción ya estuviera demostrada; años después, varias sentencias fueron anuladas y el juez Sergio Moro fue duramente cuestionado por su actuación, sin embargo, el daño político ya estaba hecho.

En Honduras, el derrocamiento de Manuel Zelaya en 2009 fue presentado por muchos medios como una “sucesión constitucional” o una “crisis institucional”, evitando durante bastante tiempo utilizar la expresión “golpe de Estado”, pese a que un presidente había sido detenido por militares y expulsado del país.

En Cuba, buena parte de la prensa internacional informa constantemente sobre las limitaciones económicas y políticas de la isla, pero muchas veces dedica mucha menos atención al efecto acumulado de más de seis décadas de bloqueo económico por parte de EEUU; una vez más, el problema no es hablar de las dificultades internas, sino hacerlo como si el bloqueo no existiera.

También podrían mencionarse otros casos, como el golpe contra Salvador Allende en Chile en 1973 y el papel del diario El Mercurio, o la cobertura del golpe contra Hugo Chávez en abril de 2002.

La tarea del periodismo debería ser ayudar a los ciudadanos/as a comprender la realidad, no conducirlos hacia una conclusión ya decidida. No hace falta inventar una noticia falsa, basta con cortar una frase, ocultar un dato importante, empezar la historia por la mitad, repetir siempre el mismo enfoque o dar mucho más espacio a unas voces que a otras; y, sobre todo, conseguir que el público crea que ya conoce toda la verdad cuando, en realidad, solo le han mostrado una parte del cuadro.

El caso de Nicaragua sirve para entender cómo funciona este mecanismo. Más allá de las simpatías o diferencias que cada persona pueda tener con el Gobierno sandinista, cualquier ciudadano merece conocer el discurso completo antes de sacar sus propias conclusiones; porque una democracia necesita ciudadanos/as informados, y un ciudadano/a realmente informado nunca se conforma con el primer titular que aparece en su pantalla.

El atraso catracho

Marlin Óscar Ávila.

Marlin Oscar Ávila

Salí de Honduras solamente por dos semanas. Después de dejar el aeropuerto a mi regreso, sentí como si hubiese viajado hacia atrás algunas décadas por «un túnel del tiempo».

Trato de explicarme las razones y factores que incidieron para que este país se estancara en su desarrollo.

Sería fácil creer que los períodos de dictadura militar fuese el factor esencial de este hecho. Sin embargo, hay otros que contribuyeron y contribuyen en ello.

Uno de ellos es el desconocimiento general de la existencia de otras sociedades latinas que han superado a este país, donde su economía y sociedades son mucho mejor educadas y dominan la tecnología de punta con mucha habilidad. Posiblemente a algunas de las empresas, de dominio mayormente jordano, no les conviene tener competencia en una sociedad abierta a la inversión internacional.

Cualquier persona que llega del exterior puede notar los atrasos de Honduras, tanto en la industria, como en la infraestructura para el transporte, la comunicación y movilización.

Hasta la vivienda de su ciudadanía expresa la segregación existente entre distintos sectores, con una pesada mayoría de pobres y una reducida minoría de ricos. Desde que Honduras está dirigida directamente por una élite de corte poco profesional, sin planes de desarrollo modernos, que hagan concierto con los países integrantes de la ONU, y otros grupos, existe pocas esperanzas de un desarrollo equilibrado.

Nada extraño es que la juventud hondureña se arriesgue en buscar en el exterior mejores condiciones de vida.

El sistema neoliberal que predomina, mixto con estructuras decadentes, mantienen un panorama singular que solamente favorece a una pequeña casta de empresarios cuyo aislamiento les beneficia.

Aquí no es Jordania, tampoco es Jerusalén, pero se vive dentro de condiciones muy parecidas a donde ha habido una guerra.

Esto, sin que se tenga, de nuevo, el dominio del expresidente Juan Orlando Hernández (condenado en Estados Unidos por narcotráfico en 2024), quien parece que muy pronto tomará nuevamente las riendas del país.

Es decir, Honduras volverá a ser un territorio del narcotráfico, ahora con el visto bueno del presidente Trump.

Organizaciones internacionales llaman al gobierno de Honduras a cesar la represión y respetar los derechos humanos

El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, junto con organizaciones del movimiento social, popular y sindical, así como defensoras y defensores de derechos humanos de distintos países, hizo público un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo hondureño ante lo que califica como un preocupante incremento de la violencia institucional, la represión y la intimidación contra comunidades campesinas, ambientalistas, sectores estudiantiles y organizaciones magisteriales.

La declaración cuenta con el respaldo de más de 82 organizaciones e instancias internacionales y más de 50 personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la vida digna. En ella se hace un llamado urgente al gobierno encabezado por Nasry Asfura para que cese los mecanismos de represión y garantice el respeto pleno de los derechos humanos conforme a las normas nacionales e internacionales.

El documento señala que, desde la llegada del actual gobierno hondureño, se ha producido una profundización de prácticas represivas que recuerdan los periodos más difíciles vividos por ese país entre 2009 y 2022. Según el pronunciamiento, estas acciones han afectado especialmente a comunidades rurales, organizaciones campesinas, movimientos sociales y personas defensoras del ambiente, la tierra y los territorios.

Entre los hechos denunciados se encuentra la incursión ocurrida el 18 de mayo en la comunidad campesina de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón. De acuerdo con la denuncia, personas con uniformes policiales habrían destruido viviendas, herramientas de trabajo y medios de transporte utilizados por niños y niñas para asistir a la escuela. Posteriormente, el 21 de mayo, la comunidad habría sido escenario de un ataque armado que dejó un saldo preliminar superior a 19 personas fallecidas.

El pronunciamiento también menciona hechos violentos ocurridos el mismo día en Corinto, Cortés, donde se registró un enfrentamiento armado que provocó la muerte de al menos cinco agentes policiales y tres civiles.

Las organizaciones firmantes sostienen que estos acontecimientos se desarrollan en un contexto de reformas legales de carácter punitivo y de políticas orientadas a la militarización, situación que, afirman, incrementa la vulnerabilidad de las comunidades rurales y de quienes defienden derechos humanos y ambientales.

En el ámbito educativo, el Observatorio denuncia acciones dirigidas a desconocer la representación legítima de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), organización que considera la instancia representativa del magisterio hondureño. Según el documento, estas medidas debilitan la libertad sindical y afectan al movimiento educativo, estudiantil y comunitario.

Asimismo, se expresa preocupación por el caso de Axel Medina, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien perdió un ojo durante una protesta realizada en defensa del financiamiento de la educación superior pública.

Ante esta situación, las organizaciones internacionales exigen una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre los hechos ocurridos en la comunidad de Rigores, así como la identificación, captura y juzgamiento de todas las personas responsables, incluyendo eventuales estructuras vinculadas al crimen organizado o a la narcoviolencia.

El pronunciamiento demanda además el cese de la violencia institucional contra las comunidades campesinas, la reparación integral para las víctimas, garantías de no repetición y medidas urgentes de protección para las personas afectadas.

Igualmente, respalda los llamados formulados por organizaciones de derechos humanos como ACI Participa, así como las gestiones dirigidas a organismos internacionales entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Front Line Defenders y Amnistía Internacional.

Las organizaciones también solicitan la apertura de un proceso de diálogo con la dirigencia de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, el respeto a los convenios internacionales sobre libertad sindical y negociación colectiva promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como atención a las demandas planteadas por el Frente de Reforma Universitaria (FRU) y el movimiento estudiantil hondureño.

El documento concluye con un llamado a detener las masacres y asesinatos selectivos, garantizar justicia para las víctimas de la represión, respetar al magisterio hondureño y al movimiento estudiantil, y defender los derechos humanos como una responsabilidad que trasciende fronteras.

Impulsan adhesiones a pronunciamiento de solidaridad con el pueblo hondureño

Diversas organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos impulsan una declaración internacional de solidaridad con el pueblo hondureño ante lo que califican como un agravamiento de la violencia estructural, la represión y la intimidación contra distintos sectores sociales del país.

La iniciativa es promovida por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos junto con organizaciones del movimiento social, popular y sindical, así como personas defensoras de derechos humanos de distintos países. El pronunciamiento se suma a las recientes expresiones de preocupación internacional sobre la situación hondureña, entre ellas las denuncias formuladas por organizaciones de derechos humanos sobre masacres ocurridas en diversas comunidades y los llamados de organizaciones magisteriales centroamericanas a respetar la libertad sindical y el diálogo social.

Según las organizaciones convocantes, la situación afecta particularmente a comunidades campesinas, al movimiento estudiantil y al magisterio hondureño, sectores que enfrentan crecientes mecanismos de presión, represión e intimidación.

La declaración plantea la necesidad de fortalecer la solidaridad internacional y la defensa de los derechos humanos, así como de visibilizar las denuncias sobre violencia y vulneración de derechos que afectan a diversos sectores de la sociedad hondureña.

Las organizaciones impulsoras invitan a colectivos, organizaciones y personas comprometidas con los derechos humanos a adherirse al pronunciamiento internacional durante la presente semana, antes del lunes 8 de junio.

Formulario de adhesión:

https://forms.gle/D9EdmGs9F1PAHRPp7

El llamado se acompaña de las consignas:

¡Justicia para Karla López y cada víctima de la represión en Honduras!

¡No a las masacres y asesinatos selectivos en Honduras!

¡La defensa y promoción de los derechos humanos no tiene fronteras!

FOMCA expresa solidaridad con organizaciones magisteriales de Honduras y llama al diálogo social

La Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica (FOMCA) emitió un comunicado oficial en el que manifiesta su respaldo y solidaridad con las organizaciones magisteriales de Honduras, al tiempo que hace un llamado a las autoridades de ese país para fortalecer el diálogo social y respetar los derechos sindicales y laborales del sector educativo.

En el pronunciamiento, la organización regional señala que sigue con atención los acontecimientos que afectan a las organizaciones magisteriales hondureñas y reafirma su apoyo a las federaciones legalmente constituidas que representan a las trabajadoras y los trabajadores de la educación en ese país.

FOMCA destaca que, como entidad comprometida con la defensa de la educación pública, la libertad sindical y los derechos laborales del magisterio centroamericano, observa con preocupación cualquier acción que pueda desconocer la representación legítima de las organizaciones magisteriales reconocidas por la legislación nacional y por los principios internacionales que garantizan la participación democrática de las personas trabajadoras en los asuntos que les conciernen.

Asimismo, la federación regional exhorta al Gobierno de Honduras a fortalecer los mecanismos de diálogo social con las organizaciones representativas del magisterio nacional, respetando la institucionalidad gremial y los mecanismos de representación establecidos en el marco jurídico hondureño.

El comunicado también hace referencia a la importancia de cumplir y respetar los convenios internacionales relacionados con la libertad sindical, la negociación colectiva y los derechos de organización de las personas trabajadoras, especialmente aquellos promovidos en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según FOMCA, las decisiones vinculadas con el sector educativo deben desarrollarse mediante procesos de diálogo inclusivos, transparentes y respetuosos de la legalidad vigente.

Finalmente, la organización reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales, profesionales y sociales de las y los docentes centroamericanos, así como con el fortalecimiento de una educación pública de calidad al servicio de los pueblos de la región.

El pronunciamiento fue emitido por el Ejecutivo Federal de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica (FOMCA) en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el 31 de mayo de 2026.

Organización de derechos humanos denuncia masacres en Honduras y exige investigación independiente

La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) emitió un comunicado público en el que condena y denuncia las masacres ocurridas en las comunidades de Rigores, en el departamento de Colón, y Corinto, en Cortés, Honduras. La organización sostiene que los hechos representan una grave crisis de derechos humanos y advierte sobre un contexto de creciente militarización, violencia contra comunidades campesinas y debilitamiento de las garantías democráticas. En su pronunciamiento, exige investigaciones independientes, sanciones para los responsables materiales e intelectuales, medidas de protección para las víctimas y acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos.

SURCOS comparte el comunicado enviado a nuestra redacción.

Comunicado público

La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), ante los gravísimos hechos de violencia y las masacres perpetradas ayer en el territorio nacional, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar su más profunda consternación, condena y denuncia:

Antecedentes y hechos

  1. Ataque previo y destrucción en Rigores (18 de mayo de 2026): El pasado lunes, la comunidad campesina de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón, sufrió una violenta incursión por parte de elementos fuertemente armados que vestían uniformes de la Policía Nacional. Estos sujetos destruyeron y quemaron viviendas, enseres domésticos, herramientas y medios de transporte de niños y niñas para asistir a la escuela. Entre las víctimas se encontraba una joven mujer —quien ese día había denunciado públicamente en video la destrucción del sustento económico que con esfuerzo y préstamos financieros había construido para su familia—. Ella fue identificada posteriormente como una de las víctimas mortales.
  2. Masacre en la Comunidad de Rigores (21 de mayo de 2026): En horas de la madrugada de ayer, jueves, se consumó una de las agresiones más sangrientas registradas en los últimos años contra el sector campesino organizado. Supuestos elementos policiales ingresaron fuertemente armados disparando indiscriminadamente contra las familias de la comunidad de Rigores. Este acto de barbarie deja un saldo preliminar alarmante de más de 19 personas asesinadas con total crueldad y alevosía. Es sumamente preocupante que esta masacre ocurra en un contexto de reformas legales punitivas y discursos estatales orientados a la militarización bajo el argumento del combate al terrorismo, lo que profundiza la vulnerabilidad de las comunidades rurales y los defensores de la tierra.
  3. Masacre en Corinto, Cortés (21 de mayo de 2026): Casi simultáneamente, alrededor de las 11:00 a.m. de ayer, se registró un violento enfrentamiento armado en la comunidad de Corinto, departamento de Cortés, que cobró la vida de al menos cinco agentes policiales y tres civiles, sumando un total preliminar de ocho víctimas fatales. Exigimos el esclarecimiento inmediato de los motivos de este hecho y la transparencia total en la divulgación de las bajas.

Consideraciones

  1. Impacto Humanitario y Psicosocial: Denunciamos el ensañamiento infligido contra las familias campesinas. El saldo de estas masacres se mide en vidas segadas, mujeres despojadas, madres en luto permanente e infancias profundamente traumatizadas tras haber presenciado el asesinato de sus padres y madres. El impacto psicológico en la niñez de Rigores constituye una violación flagrante a su derecho a la vida, integridad y desarrollo.
  2. Regresión a las Épocas más Oscuras: La gravedad de estos ataques contra el sector campesino organizado no tiene precedentes cercanos desde la etapa autoritaria comprendida entre 2009 y 2022, periodo marcado por altos índices de impunidad, despojo y violencia que alcanzaron su punto crítico en 2011 con una tasa de 86.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Alertamos que el actual Gobierno, cuya legitimidad cuestionamos desde su instauración, continúe rodeándose de figuras de la administración anterior y replicando lógicas represivas que fortalecen las dinámicas del crimen organizado y el desplazamiento forzado en la zona del Bajo Aguán y el norte de Honduras.

ACI participa exige:

  1. Investigación exhaustiva e independiente: Al Ministerio Público y a las autoridades correspondientes, realizar de forma inmediata una investigación rigurosa, científica y transparente que permita la identificación, captura y enjuiciamiento de los autores materiales e intelectuales de la masacre de más de 19 personas en la comunidad de Rigores.
  2. Requerimientos judiciales y deducción de responsabilidades: Que se aplique todo el peso de la ley y se emitan los requerimientos judiciales pertinentes contra todos los involucrados directos e indirectos, incluyendo de forma categórica a autoridades estatales, empresarios y estructuras ligadas al crimen organizado o la narcoactividad en la región.
  3. Cese de la violencia institucional y reparación integral: El cese inmediato del uso de la fuerza policial y militar orientada a la persecución de las comunidades agrarias. Exigimos una respuesta del Estado que garantice medidas urgentes de protección, asistencia psicosocial inmediata a las víctimas supervivientes y garantías de no repetición para el pueblo hondureño.

Llamado internacional

ACI PARTICIPA hace un llamado urgente y enérgico a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Front Line Defenders y Amnistía Internacional, para que en el marco de sus mandatos de protección internacional se pronuncien con firmeza ante esta emergencia de derechos humanos y coadyuven en la veeduría y defensa del pueblo hondureño ante un alarmante repunte de la violencia estructural.

¡NO A LA PROMOCIÓN DE ASESINATOS SELECTIVOS EN HONDURAS!
¡NO MÁS MASACRES EN HONDURAS!
“POR EL RESPETO, LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS, NI UN PASO ATRÁS, NI PARA TOMAR IMPULSO”.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 22 días del mes de mayo de 2026.

Fraude electoral en Honduras – “La lucha continúa”

Carlos H. Reyes

A propósito de las elecciones, Rosa Luxemburgo en su libro “El fraude electoral” (1906) manifiesta a la clase obrera: “votad si queréis, usad el parlamento como alta voz, pero jamás confundáis la tribuna con el campo de batalla, porque el día que la lucha de clases se ponga seria, la burguesía no va a contar votos va a contar fusiles”.

¿De verdad creéis que la burguesía nos ha regalado el voto porque de pronto se volvió generosa? ¿O más bien nos lo ha concedido porque ya no podía mantener el censo sin arriesgarse a que le quemaran los palacios…?”

El parlamento de la burguesía ─continúa Luxemburgo─ no es un terreno neutral donde las clases enfrentadas dirimen sus diferencias con argumentos y papeletas, es un arma más del arsenal de la burguesía un arma refinada sí, pero un arma, al fin y al cabo, porque mientras los diputados socialistas discuten en la tribuna, afuera siguen mandando los generales, los banqueros, los grandes periódicos y los jueces que meten en la cárcel a quien se pasa de la raya”.

El fraude en las pasadas elecciones

El balance del poder a nivel mundial está cambiando, pero el imperio estadounidense quiere que sigamos siendo su patio trasero. Esto va independientemente de la calidad del gobierno de LIBRE.

Desde que gano LIBRE las elecciones en 2021 comenzó la conspiración que, al no lograr un golpe de Estado, impulsaron el golpe electoral para 2025.

Ello contó ─como históricamente ha sucedido─ con la injerencia imperialista, pero esta vez con las amenazas directas de Donald Trump, para que el pueblo no votara por LIBRE. Por ello, todo lo que pase en Honduras, será responsabilidad de los conspiradores contra el gobierno de Xiomara Castro y la candidatura de Rixi Moncada.

El continuo hostigamiento

La conspiración empezó con el intento de asaltar el Congreso Nacional y continuó, durante todo el gobierno, mintiendo y manipulando la información.

La campaña en su narrativa exageró los errores o incapacidades del gobierno, para imponer en el imaginario colectivo y en las Fuerzas Armadas, que el gobierno de Xiomara Castro había fracasado, que era igual o peor que el del narcotraficante Juan Orlando Hernández (JOH). Como no lograron consumar el golpe de Estado, dan ahora un golpe electoral.

Lo más criminal es el indulto promovido por Donald Trump al narcotraficante JOH, condenado en 2024 a 45 años de cárcel por delitos de narcotráfico. Además, se incentivó la intervención de las maras amenazando a miles de personas si votaban por LIBRE. Esa conspiración hace que el recuento de acta por acta o voto por voto no borre el fraude, porque este ya está en las actas.

‘’El sufragio universal como se nos dice, no es el instrumento más precioso de la clase obrera en su lucha por la emancipación, es el termómetro que mide la madurez política de la clase obrera y en el peor de los casos una trampa para desarmar del movimiento obrero’’, enfatiza Luxemburgo.

Imagen: Allan McDonald’s – Rel UITA

Fuente: https://www.rel-uita.org/honduras/la-lucha-continua-7/

A la opinión pública nacional e internacional

Trino Barrantes Araya
Ana Cecilia Jiménez Arce
Partido Vanguardia Popular – PVP
Fundado 16 de junio de 1931

Hay resultados electorales y políticos que dejan un sabor a duelo, un sinsabor amargo, un nudo que nos hace difícil tragar la saliva. No anticipamos resultados, en Honduras son las actas las que finalmente cotejan el valor real del voto.

La enseñanza que nos deja este proceso, en nuestra hermana República de Honduras, debe servirnos a todas y todos. Siempre resulta más fácil la crítica, una vez que se tienen el resultado.

Claro está, después de un resultado extraño, es muy fácil adivinar las causas. Pero no es de nuestra incumbencia este amargo ejercicio que tuvo lugar este domingo 30 de noviembre en el proceso electoral hondureño.

Nos corresponde, claro está, condenar la acción injerencista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenando y condicionando el voto a favor Nasry Asfura, y lanzando al aire falsas promesas de impulsar el apoyo al nuevo gobierno. Lo decía el Libertador: “Estados Unidos no tiene amigos, solamente intereses”.

Rechazamos y condenamos esa postura imperialista; ya lo hizo contra nuestro país, Costa Rica, metiendo sus manos sucias en un proceso que atañe directamente a nuestra soberanía. El levantamiento de la inmunidad al presidente por la comprobada beligerancia política, formalmente condenada por el Tribunal supremo de Elecciones.

Peor aún es su matonismo de procónsul contra el gobierno democrático de Nicolás Maduro; ahora de una manera perversa contra la República Bolivariana de Venezuela, antojadiza y unilateralmente exige cerrar el espacio aéreo venezolano en su totalidad a todas las líneas aéreas que prestan servicio a esa República soberana.

Estas formas hostiles de la derecha recalcitrante, con claros tintes supremacistas y fascistas, trastocan toda la normativa internacional e irrespetan la Carta Fundamental en la cual se sustentan las Naciones Unidas. Pero irrespeta además la declaración de la CELAC, cuando declaró a América Latina zona de paz y contra la guerra.

Es un lugar común señalar que cuando un imperio está en crisis, sus zarpazos son muy peligrosos. La penetración e injerencia del imperio huele a cadáver putrefacto. Desgraciadamente algunos países que, sostenidamente han sido afectados por los embates del águila imperial, doblan su cerviz al amo del norte.

Trinidad y Tobago, República Dominicana, Argentina, Ecuador, olvidan de pronto el legado del Libertador, de Morazán y Martí. Soportan estoica y sumisamente los vejámenes del imperio del mal.

México, Colombia y Brasil también han sido sujeto del matonismo del imperio en esta nueva escalada, que busca como legitimarse ante la derrota de su mundo unipolar y el nuevo ascenso de polos de desarrollo político y económico que le disputan su hegemonía.

Para el caso de Honduras, lo reiteramos, es claro que estos resultados electorales son preliminares. Así lo dijo la CNE. Esperemos entonces que se haya logrado la transparencia absoluta en el manejo de los votos y que los datos sean cotejados con las actas, pues serán las actas que comprueben la validez de los sufragios y le digan al mundo el verdadero resultado de dichas elecciones.

Saludamos al pueblo de Honduras por su resistencia histórica y por su lucha por construir la identidad morazánica.

Fuera la injerencia gringa de América Latina.

¡Viva el pueblo hondureño en resistencia!

Honduras ante las urnas: entre el hartazgo y el temor a la continuidad

Por Juan Carlos Cruz – para SURCOS

Honduras vuelve a las urnas este domingo en lo que, en principio, debería ser un ejercicio democrático rutinario. Cada cuatro años el país renueva sus autoridades, y en teoría ese simple calendario electoral tendría que ser garantía de estabilidad. Pero en la práctica, la historia reciente hondureña muestra lo contrario: cada proceso electoral se transforma en un episodio tenso, cargado de desconfianza y con un trasfondo de maniobras políticas que erosionan la fe ciudadana en las instituciones.

Hoy el clima preelectoral vuelve a mostrar esos signos de desgaste. Para una parte significativa de la población —no únicamente sectores conservadores— la preocupación central no es qué proyecto político promete un rumbo más claro, sino evitar la continuidad del partido oficialista, Libertad y Refundación (Libre). Y ese rechazo no se explica por afinidades ideológicas, sino por la percepción acumulada de un gobierno que, lejos de romper con prácticas del pasado, terminó reproduciendo los mismos vicios que tanto criticó.

El partido Libre, fundado en torno al liderazgo de Manuel Zelaya, llega a esta elección con una candidata que se presenta como la versión más “revolucionaria” del proyecto: Ricci Moncada. Sin embargo, para muchos hondureños el discurso transformador contrasta con el balance que se le atribuye al oficialismo: corrupción, nepotismo, colusión con las Fuerzas Armadas, clientelismo político, injerencia sobre el Congreso Nacional y la Fiscalía, endeudamiento acelerado y escasos avances en servicios esenciales como salud y educación. En palabras de la ciudadanía más desencantada, “no hicieron ninguna diferencia”, salvo para el surgimiento de nuevos grupos privilegiados.

El problema de fondo es más hondo que una sola elección. Honduras parece atrapada en un ciclo donde cada gobierno promete refundación y termina consolidando nuevas élites, nuevos beneficiados y viejas prácticas. Por eso, para muchos votantes, este domingo no se trata de elegir entre proyectos sólidos, sino entre males relativos. Y aun así, el miedo a que la continuidad del partido gobernante empeore la situación pesa tanto como la falta de alternativas convincentes.

Queda, entonces, una esperanza mínima pero esencial: que las elecciones transcurran en paz, que el proceso sea transparente y que los resultados se respeten. Suena elemental, casi obvio, pero en Honduras —como en buena parte de la región— esas reglas básicas suelen ser las primeras en tambalear.

El país necesita recuperar la normalidad democrática. No una utopía, no una refundación eterna, sino algo mucho más simple y urgente: que las elecciones vuelvan a ser elecciones, y no un campo de batalla donde el poder se aferra con uñas y dientes, aunque la ciudadanía ya no quiera verlo “ni en pintura”. El domingo será una prueba de madurez institucional. Ojalá esta vez el Estado esté a la altura.

Elaborado a partir de entrevistas a periodistas hondureños.