Oscar Madrigal
He preguntado a algunas personas las razones por las cuales el sector laboral en la Junta Directiva de la CCSS se opone a que la Caja venda medicinas a un precio más barato, casi a la mitad. Me remiten a lo dicho por la representante del sector sindical que puede resumirse, principalmente en dos razones: que podría ser la avanzada de un modelo privatizador y que no existen los estudios técnicos que sustenten la medida. Algunas otras personas me han dicho que el peligro podría ser que por vender medicinas se desabasteciera la atención que se brinda, y segundo, que dadas las dudas que produce la camarilla que nos gobierna, se esté cocinando un gran negociado.
Todos esos riesgos son probables, pero minimizables, ante la realidad que nuestro pueblo paga precios de los más altos de América Latina por medicamentos: 4 grandes farmacéuticas se distribuyen el mercado e imponen precios de oligopolio.
Los datos son abrumadores: la gente destina, sea que salen de sus bolsillos, en promedio un 20% de sus ingresos a la compra de medicamentos y, además, de todo lo que el país gasta en medicinas, como ¢575.000 millones al año, el 60% sale del bolsillo de la gente y solo el 40% de la seguridad social. Este dato llama mucho la atención, porque generalmente se creía que la Caja, principalmente, era la mayor proveedora de las medicinas de la gente, cuando en realidad son las personas en su mayoría las que pagan los medicamentos de su bolsillo.
El informe de las autoridades de la Caja afirma que las medicinas podrán disminuir de precio hasta en un 87%.
Los precios de las medicinas aumentan todos los años; según el INEC el año pasado subieron entre un 2 y un 4%.
Parece difícil que si la Caja vende medicinas se estaría pasando, de por sí y solo por ello, a un modelo privado. Creo que más bien el modelo público abarcaría otras esferas, como la venta de medicinas, en detrimento del oligopolio farmacéutico que está causando insalubridad o falta de salud entre las personas.
Las aprensiones, el recelo o el escrúpulo del sector laboral podría ponerse a prueba mediante un plan piloto que se evalúe y demuestre si el sistema da los resultados esperados.
Pero lo peor sería oponerse de entrada, negándose a implementar una posibilidad para bajar los precios de las medicinas que ya se lleva una quinta parte de nuestro salario, pensión o ingreso.
Cuidado que por no asumir riesgos o por posiciones principistas nos aislemos de las congojas del pueblo y de ofrecer soluciones a sus graves problemas.