Desde antes de la pandemia, las luces de alerta por la baja de la calidad en la educación costarricense están encendidas. Investigadores de las universidades públicas analizan la situación desde diferentes programas y constatan que los resultados no mejoran; todo lo contrario: las brechas se profundizan, lo que impide lograr el objetivo de formación por competencias para el mundo laboral de hoy.

Ante esta situación, investigadores y docentes en ejercicio, se refirieron a la puesta en práctica de la Política Educativa vigente y los resultados de la Ruta de la Educación impulsada por el Ministerio de Educación (MEP) en la administración Chaves Robles.

La actual política educativa se denomina La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Este documento está vigente desde 2017 y lo lideró Sonia Marta Mora, en calidad de presidenta del Consejo Superior de Educación y Ministra de Educación del gobierno de Solís Rivera.

Los especialistas coinciden en que la política educativa tiene como fin preparar a los jóvenes para el mundo laboral. “Se inscribe en la lógica de lo global, del neoliberalismo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y de la educación por competencias”, aportó Yeiner Ramos, académico de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, pero asegura que son múltiples las causas que impiden concretar los objetivos planteados en el papel.

Fenómeno multicausal

Rolando Barrantes Pereira, académico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de  Niñez y la Adolescencia (Ineina–UNA) e investigador del Programa Perfiles del Centros de Investigación y Docencias en Educación (Cide-UNA), describió la seriedad de la crisis del sector y enumeró problemas estructurales. La falta de infraestructura, la deficiente conectividad en los centros educativos y la carencia de una estrategia efectiva de capacitación docente aleja a los maestros y profesores de las herramientas para implementar la política  y la ruta propuesta.

Desde su experiencia en la administración de un centro de educación secundaria, Warner Alfaro Román, director del Colegio Experimental Bilingüe de Belén, indicó que “después de la pandemia, no se encuentra un camino bien marcado ni claro hacia dónde se debe transitar; a nivel curricular, de evaluación y de gestión interna del Ministerio, porque se enfatizó en encontrar los puntos negros de la administración anterior y no las fortalezas”.

La falta de programas de formación continua y seguimiento por parte del MEP es otra gran limitante para implementar la política educativa vigente. “Los procesos de capacitación que brinda el MEP, a cargo de asesores regionales o nacionales, no tiene claridad ni estrategia para transmitir el conocimiento a los docentes” criticó Jorge Marchena López, director del Colegio Nocturno Hermann López. Sostiene que es insuficiente que el MEP publique documentos, artículos o folletos cuando “lo que se necesita es llegar a una región, reunirse, informar, organizar un taller, dar seguimiento y acompañamiento”.

Ramos reclama “una inversión sostenida en educación, un incremento en las condiciones de trabajo de los docentes y eliminar la sobrecarga administrativa que sufren las personas educadoras”. El académico considera que estas son otras dificultades que impiden llevar el discurso de la política a la práctica.

Los panelistas, que abordaron estos temas en el programa de televisión UNA Mirada, de la Universidad Nacional, critican la falta de claridad de la Ruta de la Educación y la describen como un presentación de PowerPoint que señala los problemas y una serie de metas generales; sin embargo, “carece de una hoja de ruta con los pasos a seguir para alcanzar las aspiraciones que se promueven en este documento” señaló Giannina Seravalli Monge, académica de la División de Educación para el Trabajo e investigador del Programa Perfiles de Cide-UNA.

Apuntan que hay una incoherencia entre los planeamientos de ambos documentos y la evaluación, pues se enseña por competencias y habilidades, pero se aplica la evaluación tradicional: por contenidos. Además, aseguran que después de la pandemia hay una baja de los estándares de exigencia para evitar el rezago escolar y permitir que los alumnos avancen en su proceso formativo, por lo que arrastran debilidades en comprensión lectora, lógica matemática, redacción y ortografía, entre otros.

Irrespeto al docente

Alfaro confirmó que el facilismo llegó a las aulas y es difícil expulsarlo, pues muchos profesores y maestros prefieren evitarse problemas con los alumnos o los padres de familia. Se expuso que muchos educadores reciben amenazas por parte de familiares de alumnos cuando se les llama la atención o cuando reciben malas calificaciones. “Sí, lo que hemos encontrado en varias ocasiones es que la persona docente se siente como un instrumento. Se le ha restringido su autonomía, su capacidad de ser docente plenamente en un aula,” agregó  Barrantes.

También se criticó la imposición de “plantillas” para que los y las educadoras desarrollen sus contenidos. “Aquí está su planeamiento, de ahí no se salga” anotó Seravalli.  Considera que esta exigencia irrespeta la posición del docente como pedagogo. A este reclamo se une el de María Marta Camacho Álvarez, académica de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica: “El rol del docente está subvalorado, como si él no fuera ya un profesional formado en el área educativa”.

Alfaro Román sostiene que es vital empoderar al docente. “La educación es un proceso humano donde tenemos la obligación de hacer llamados de atención y formar lo mejor posible a ese joven, para que se convierta en un ciudadano de bien y aporte en una sociedad, que hoy en día tiene muchísimos retos”.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica