Comunicado

Parlamento Cívico Ambiental apoya el comunicado “el gas natural no es ni ambientalmente amigable ni económicamente viable para Costa Rica” y acuerda unirse como organización al movimiento #crlibredeperforación

• Por resolución unánime de su directorio se une al apoyo de este comunicado que sostiene que no existe exploración, perforación, ni extracción de hidrocarburos sostenible, que no es un buen negocio para el país y que Costa Rica quiere seguir siendo un país líder en materia ambiental.

• Asimismo, se une a las 196 empresas y organizaciones de todos los sectores que se han sumado a #CRLibredePerforación:https://crlibredeperforacion.org/ 

Este 29 de agosto del 2023 Bernardo Aguilar González, presidente del Parlamento Ambiental, comunicó la decisión unánime del directorio de este foro cívico de considerar que es consecuente, como organización, que el parlamento suscriba el comunicado “El gas natural no es ni ambientalmente amigable ni económicamente viable para Costa Rica” del Movimiento #CRLibreDePerforación y proceder a firmarlo efectivamente en el formulario en línea ubicado en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXuGObuqf9oeeRR_L-T6N32fK_atBBKdOsN4Hswfz79rEmHA/viewform. Asimismo, decidió que el parlamento se una al movimiento #CRLibredePerforación constituido hoy día por 196 empresas y organizaciones de todos los sectores de la sociedad costarricense.

La resolución, que insta a las fuentes de cooperación nacional e internacional para que apoyen este movimiento con el fin de apoyar que Costa Rica mantenga su liderazgo a nivel ambiental en el ámbito internacional. Asimismo, a toda la sociedad civil costarricense, incluyendo a las organizaciones del Parlamento Cívico Ambiental que no lo han hecho, y a las organizaciones ambientales internacionales a sumarse a este comunicado y al movimiento que lo respalda.

En los considerandos del acuerdo se señala como fundamento que el 12 de mayo del 2023, el Parlamento tomó una resolución en la que manifestó su vehemente y decidida oposición a la propuesta de la Unión de Cámaras (UCCAEP) para que el Gobierno legalice la exploración y explotación de petróleo y gas natural en Costa Rica, mediante un decreto ejecutivo. En esa resolución también hizo un llamado al gobierno de Costa Rica, para que reafirme su compromiso al más alto nivel con las metas del Plan Nacional de Descarbonización entre las que se encuentran ser una economía moderna, verde y libre de emisiones en una nación comprometida decididamente con las metas del Acuerdo de París y evitando acciones que puedan obstaculizar el cumplimiento de esas metas.

Cinthya Hernández Gómez, de la UCR, segunda secretaría del directorio señaló que “La exploración de gas va en contra del modelo de desarrollo ambiental que el país ha planteado y el cual le ha ubicado en posiciones relevantes en esta materia, lo cual sería una total contradicción ante este planteamiento histórico de conservación de los recursos naturales. Ello ha permitido que el 26% del territorio nacional se encuentre bajo alguna modalidad de conservación. Desde el punto de vista de la salud ambiental está demostrado que lo que hagamos a la salud de nuestros recursos naturales lo hacemos a la salud de las poblaciones humanas, de ahí que no sólo es un tema relevante en materia de conservación ecosistémica, sino también con implicaciones poblacionales.  Es imperativo que la sociedad costarricense una sus esfuerzos hacia la búsqueda de fuentes de energía sostenibles, cuyo impacto sea el menor hacia los recursos naturales. El país debe de continuar siendo un ejemplo de protección de la biodiversidad, de promoción de energías renovables y no retroceder en esta materia”.

Alejandro Muñoz Villalobos, presidente de la Comisión de Energía y Minas y miembro de la Asociación ACH2 enfatizó en el hecho que ninguna institución o empresa pública del sector energía está preparada técnicamente ni posee tecnología para realizar exploración y mucho menos explotación de gas. “Lo que expone el presidente Chaves de contratar una empresa extranjera especializada en el tema, para que verifique si las fuentes de gas que existen son explotables y de ser así, comprometería al país a concesionar por muchas décadas una explotación que únicamente traerá destrucción del ambiente, del bosque, del hábitat natural de flora y fauna.  Se eliminarían los tesoros que nos proveen de beneficios ecosistémicos, económicos y sociales para satisfacer los intereses de un pequeño pero poderoso grupo empresarial, que ni sabe ni tiene idea realmente si tal extracción de gas le abaratará los costos de producción. De lo que sí pueden estar seguros es de la altísima inversión que se tendría que hacer para construir plantas de almacenamiento, gasoductos y contratar personal especializado. Asimismo, sería un negocio privado, no regulado, del que nadie puede garantizar que solo sería para consumo local. Muy probablemente una gran parte de esa explotación sería para exportación. El rédito de tal inversión iría por supuesto a la empresa concesionaria. Entretanto, ¿quiénes pagarán por todo ello? ¿habrá acaso indemnizaciones pecuniarias por los impactos ambientales? En caso de constituir un servicio público regulado, nos cuestionaríamos indudablemente si toda la ciudadanía tendría que pagar toda la inversión y si para favorecer al gremio empresarial, se utilizarían los subsidios cruzados o directos, tal como sucede hoy con el gas licuado de petróleo, el búnker o la gasolina de los pescadores. Toda esta problemática, sin analizar el efecto “lockdown” que, significará por supuesto, la muerte de las inversiones en proyectos de energías limpias para la producción eléctrica, tales como la geotermia, la eólica y la solar, entre otras. ¡ESTE NO ES NINGÚN BUEN NEGOCIO PARA COSTA RICA!”.