UNDECA presenta denuncia penal contra autoridades de la CCSS y ejecuta paro nacional por sistema ERP-SAP
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) interpuso una denuncia penal formal ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción contra las más altas autoridades de la CCSS por presuntas irregularidades en la implementación del sistema ERP-SAP.
Según el comunicado emitido por la organización sindical, la denuncia se basa en «abundante prueba documental» y solicita la investigación de posibles delitos como incumplimiento de deberes, fraude de ley en la contratación pública, abuso de autoridad, prevaricato, administración en provecho de terceros y posibles actos de corrupción relacionados con el contrato N.º 2020-09.
UNDECA fundamenta su acción en oficios de la Auditoría Interna, informes técnicos institucionales y expedientes contractuales que señalan «posibles entregables defectuosos, pagos retroactivos sin respaldo legal y adendas contractuales irregulares» en un proyecto con un costo superior a los 50 millones de dólares.
La organización señala directamente a la presidenta ejecutiva, Mónica Taylor Hernández, y al director del Plan de Innovación, Héctor Arias Mora, como responsables de impulsar la implementación del sistema en junio de 2025 «sin contar con condiciones técnicas mínimas» y en «claro desacato a informes institucionales que advertían sobre los riesgos operativos».
Paro nacional con alta participación
Paralelamente a la denuncia penal, UNDECA ejecutó un paro nacional este martes que, según la organización, alcanzó una participación de entre 80% y 90% en todo el país. El secretario general de UNDECA, Luis Chavarría, indicó que el movimiento mantiene «la atención de servicios de emergencias y la atención a personas internadas, en apego a los principios éticos y solidarios del personal de salud».
La implementación del sistema ERP-SAP ha causado, según UNDECA, «caos en el abastecimiento de insumos y medicamentos, atrasos en pagos de salarios, demoras en el pago a proveedores, ausencia de trazabilidad financiera, de activos e inventarios, afectación de incapacidades y grave perjuicio a los servicios de salud».
La organización sindical denuncia que las jefaturas han sido obligadas a «firmar declaraciones juradas de responsabilidad, eximiendo a los verdaderos responsables del desastre» y que el proyecto se ejecutó con «preocupante permisividad institucional, validando entregables incompletos, omitiendo sanciones al contratista, aceptando servicios no contratados».
UNDECA exige al Ministerio Público que adopte «medidas cautelares personales y patrimoniales que garanticen la protección del erario» y sostiene que «la salud pública no se gestiona con improvisaciones ni contratos viciados: se defiende con transparencia, profesionalismo, compromiso y justicia social».
