Ante la escalada de violencia política contra las mujeres en Costa Rica: un llamado a la acción y a la protección de las mujeres en el espacio público.
Pronunciamiento.
En días recientes, las diputadas Sofía Guillén Pérez y Andrea Álvarez Marín fueron víctimas de violencia política y han denunciado amenazas contra su integridad física. Esto representa, no solo un ataque personal hacia ellas como mujeres, sino como funcionarias públicas en el ejercicio político. Dichos actos constituyen, además, una violación a la democracia costarricense. Este tipo de violencia política tiene como finalidad silenciar a las mujeres en el espacio público y perpetúa una cultura de intimidación y exclusión.
Desde el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), el Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres, el Programa de interés Institucional en Violencia y Sociedad (PIVS), el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) y el Centro de Investigación en Estudios de las Mujeres (CIEM) de la Universidad de Costa Rica, condenamos enérgicamente las amenazas directas contra la vida de las diputadas.
Estos hechos reflejan un patrón alarmante de hostilidad que se ha intensificado en los últimos años, donde el espacio público, tanto físico como digital, se ha convertido en un campo de agresiones sistemáticas contra las mujeres que alzan su voz para defender los derechos humanos, cuestionar el poder y exigir transparencia en la gestión pública. Las amenazas contra las diputadas se inscriben en un contexto de creciente violencia simbólica y física que afecta de manera desproporcionada a las mujeres en la política. Este ataque a las diputadas representa además un agravio contra el derecho de todas las mujeres a participar plenamente en la vida política y social, sin temor a represalias o agresiones.
Exigimos a las autoridades competentes a tomar acciones inmediatas y efectivas para garantizar la seguridad de las diputadas y de todas las mujeres que se enfrentan a la violencia política en el país. Instamos a las instituciones estatales a reconocer y abordar este problema de manera integral, incluyendo mecanismos de protección para las diputadas y trabajo en la educación y prevención de la violencia política contra las mujeres.
Hacemos un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para que rechacen toda forma de violencia y se unan en la defensa de los derechos políticos de las mujeres, asegurando que el ejercicio de sus funciones se realice en un ambiente de respeto, libre de acoso y amenazas. No más silencio.
No más impunidad. Defendamos la democracia, la libertad de expresión y los derechos de las mujeres.
Firman
Centro de Investigación en Comunicación (CICOM).
Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres.
Programa de Investigación en Violencia y Sociedad (PIVS). Red temática en Violencia, subjetividades y colectivos en contexto de vulnerabilización, necropolítica y duelos.
Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI).
Centro de Investigación en Estudios de las Mujeres (CIEM).
Por: Dra. Mariana Mora. Profesora Asociada en la Escuela de Sociología e investigadora en el CIEM-UCR
¡No hay agresión sin respuesta!
En lo que llevamos del año (2024), el Estado reconoce 10 femicidos y 18 muertes violentas de mujeres pendientes de clasificar. Todo consecuencia de una desigualdad estructural, política y económica de género
La conciencia sobre la violencia contra las mujeres crece desde la década de 1970, gracias a la reflexión y acción de los movimientos feministas, y ahora se nombra como un problema social y político que responde a estructuras de poder. De esta forma, se identifica un sistema patriarcal que se sirve de diferentes medios para mantener una jerarquía basada en el género, una opresión que utiliza lo económico, lo político, lo doméstico y lo “privado” para reproducir una violencia sistémica.
Como parte de la reproducción de dicha violencia, el femicidio se torna una herramienta letal de control sobre las mujeres. El mensaje dentro de este contexto de violencia de género y sexual, es: “sálgase de la norma y esto le puede costar la vida” ; y para los hombres “puede matarla y salirse con la suya” (Radford y Russel, 1992). Esta permanente amenaza de la violencia extrema no sólo produce el efecto de control señalado, sino que también debilita la autonomía de las mujeres, produce un miedo generalizado, y con esto se mantiene el dominio sobre la vida y cuerpo de las mujeres.
El contexto actual
El año 2022, momento en que el gobierno de Rodrigo Chávez asume el poder, el panorama para las mujeres va a ser uno muchísimo más grave. Fue electo un candidato presidencial que fue sancionado por hostigamiento sexual en su lugar de trabajo. Esto refleja el apoyo hacia figuras masculinas violentas, autoritarias, que a pesar de recibir algún tipo de sanción por sus actos, socialmente lo que prevalece es una popularidad e incluso una identificación con la figura misma. Su gestión presidencial durante los últimos dos años ha evidenciado el desprecio, la burla y el irrespeto manifiesto contra las mujeres. Esto se traduce en un aumento en la violencia política, simbólica y cultural contra las mujeres en el país.
A nivel de política social y económica, el gobierno de Chávez se ha caracterizado por desestabilizar las instituciones públicas del país. Esto se manifiesta en el alto recorte a la inversión social, pasando de un 12% del PIB en el 2020, a un 9,7% en 2024 – según datos de la Controlaría General de la República. Estos recortes afectan a diversas instituciones del Estado que tienen entre sus responsabilidades la prevención y atención a mujeres víctimas de violencia, así como instituciones relacionadas con el acceso a la justicia. Las consecuencias de desfinanciar las instituciones entes en la materia, no sólo recrudece las condiciones que deben de enfrentar las mujeres; sino que se traduce en violencia institucional en tanto hay un incumplimiento en el deber del Estado.
Otra dimensión crucial de análisis es el altísimo aumento de la violencia social en el país. En el 2022 se empezó a “batir récords” en relación con el número de homicidios dolosos en el territorio. El año 2023 cerró con un total de 906 homicidios, de los cuales 830 eran hombres y 72 eran mujeres – 24 más en comparación al 2022 según datos de INFOSEGURA. La coyuntura para el presente año no es muy alentadora, para mediados de junio, se contabilizan ya 380 homicidios en el país.
El aumento de la violencia femicida
En este contexto, la vida de las mujeres se encuentra en mayor peligro y amenaza. En el 2020 fue particularmente mortal para las mujeres, en tanto refleja el número más alto de los últimos 12 años con un total de 30 víctimas de femicidio. Siguiendo la tendencia de la violencia social en el país, desde el año 2022 los femicidios también se incrementan. En lo que llevamos del año, el Estado reconoce apenas 10 femicidios y 18 muertes violentas de mujeres pendientes de clasificar.
Sin embargo, desde el mes de abril, los medios de comunicación han revelado una serie de casos donde la violencia de género ha sido el escenario de las muertes violentas de mujeres. Los nombres de Ana, Pamela, Jenny, Johanna, Emilce, Nadia, Marisol, Stephannia, Leslie, María Rafaela, Kimberly, Kiara, Mildroren resuenan en los medios, y quizás tantas otras que no lleguen a ser noticia.
Ante este apabullante aumento, la violencia femicida también se ha exacerbado y ha tomado formas cada vez más extremas, de tortura y ensañamiento. Prácticas que antes se consideraban exclusivas del narcotráfico, las encontramos hoy en las formas en que los hombres deciden acabar con la vida de las mujeres. Este contexto se traduce literalmente en una guerra de baja intensidad contra las mujeres (Falquet, 1997), en donde las mujeres vivimos bajo un estado de permanente de amenaza, terror y miedo. De esta forma, se producen también pedagogías de la crueldad (Segato, 2014), donde a nivel social, cultural y mediático se normaliza cada vez más la violencia y se potencia la función propiamente expresiva de los crímenes, función inherente e indisociable en todos los tipos de violencia de género.
La impunidad que prevalece
Aunado a lo anterior, es necesario comprender que la impunidad que prevalece en torno a los femicidios se torna un factor clave en la reproducción y sostenimiento de la violencia contra las mujeres. A partir de mi investigación sobre femicidios, planteo que existe un continuum de impunidad que revela distintos estados que pueden iniciar desde el escaso o nulo acceso a servicios y estructuras legales que debería proporcionar el Estado para la atención de mujeres víctimas de violencia; hasta los procedimientos policiales y judiciales que evidencian una falta de implementación del enfoque de género y de los derechos de las víctimas.
Los datos del Poder Judicial revelan esta injusta realidad social. Las tentativas de femicidio han venido en aumento desde el año 2020, y la tendencia es que el número de absolutorias es mayor al de condenas. En el 2022, se obtuvieron 44 absolutorias y apenas 26 condenas. El contexto para los delitos de femicidio es similar. Del año 2007 al 2022 hubo un total de 430 femicidios en el país y apenas 121 condenas. Esto equivale a que aproximadamente 1 de cada 3 o 4 femicidios obtiene finalmente algún tipo de justicia penal.
Tras estos números encontramos problemas estructurales en cuanto al acceso a la justicia. Existen fuertes errores en la recolección de pruebas periciales, se evidencia una falta de implementación del protocolo ante muertes violentas de mujeres, existen una importante falta de recursos económicos y una fuga de personal especializado del Poder Judicial. La impunidad que se deriva envía un poderoso mensaje a los hombres como grupo social: “pueden seguir matando a las mujeres, porque no hay consecuencias”. Esto revela la responsabilidad del Estado en el aumento y exacerbación de la violencia contra las mujeres, especialmente los femicidios.
Movimiento feminista, familiares y comunidades se organizan y resisten
Este es un escenario sumamente desesperanzador para el país, y particularmente para las mujeres. Sin embargo, ha sido la constante lucha del movimiento feminista, de organizaciones de mujeres y de familiares, la que ha permitido que el país avance en promulgación de legislación y mecanismos de respuesta y protección para las mujeres.
Ahora bien, el aumento en los femicidios de este año demuestra que aún falta mucho por hacer para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Como parte de mi investigación llevo un registro de la memoria de luchas contra los femicidios. A junio de este año, se han llevado a cabo al menos 9 acciones colectivas localizadas en distintas provincias del país. Estos datos materializan una de las consignas del movimiento feminista: ¡no hay agresión, sin respuesta! Junto a la movilización social, es urgente que el Estado cumpla con su deber de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.
El Observatorio de la Imagen de las Mujeres, del CIEM-UCR invita al taller: “Sexismo en la publicidad y derechos de las mujeres”. El taller se impartirá de manera presencial el día 13 de octubre de 8:00 a.m. a 12 m.d. en la Casa Municipal de la Mujer de Esparza. El taller incluye refrigerio y materiales.
Esta actividad es gratuita, de cupo limitado y requiere inscripción previa. En cuanto se llene el cupo, se estará cerrando el formulario de inscripción.
El nuevo inmueble se encuentra ubicado en la finca 2 de la Sede Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca. Foto: Karla Richmond, UCR
El espacio alberga al Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) y su biblioteca, la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual y el Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer
Pese a que los estudios feministas y de género vinculados a la Universidad de Costa Rica (UCR) iniciaron hace 35 años, fue hasta el pasado mes de setiembre que la institución inauguró el edificio que otorga instalaciones propias a las instancias universitarias que trabajan en esta materia.
El nuevo inmueble, ubicado en la finca 2 de la Sede Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca, alberga al Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) y su biblioteca, la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual y el Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer.
El rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez Espeleta reconoció que, desde 1987, el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género comenzó un trabajo multi y transdisciplinario de gran importancia para la Institución. Más tarde, en 1999, la iniciativa se convirtió en el CIEM y desde entonces, “ha sido partícipe de importantes iniciativas universitarias, nacionales e internacionales”.
“Dotar a este Centro de infraestructura adecuada para el desarrollo de sus proyectos resulta trascendental. El trabajo que realizan permite generar conocimiento sobre las relaciones de género e impactar positivamente para disminuir las brechas que existen tanto adentro como afuera de nuestra institución. Es una inversión sumamente importante para nosotros”, enfatizó el jerarca universitario.
La directora del CIEM, la Dra. Monserrat Sagot Rodríguez, celebró la creación de la obra, la cual catalogó como un reconocimiento institucional del trabajo que durante varias décadas ha desarrollado esta instancia especializada, desde diversos inmuebles con importantes limitaciones de espacio.
El nuevo edificio cuenta con una sala de reuniones y con cubículos de trabajo que facilitarán el intercambio de experiencias y aprendizajes entre el equipo de investigadoras del CIEM. Ambos espacios aprovechan mobiliario antiguo de la institución que fue restaurado para darle un nuevo uso y aprovechar al máximo los recursos existentes.
La directora del CIEM, la Dra. Monserrat Sagot Rodríguez, celebró la creación de la obra, la cual catalogó como un reconocimiento institucional del trabajo que durante varias décadas ha desarrollado esta instancia especializada. Foto: Karla Richmond, UCR.
Biblioteca del CIEM ofrece amplia colección de libros y revistas
La obra recién inaugurada también permitió la creación de la Biblioteca del CIEM, la cual cuenta con 5600 libros y 600 revistas especializadas en versión física. Dicho material permaneció almacenado durante varios años, pues se carecería de un espacio adecuado para su organización y presentación al público.
A la colección impresa se suman 340 publicaciones digitales, para lo cual, se habilitaron dentro de la biblioteca tres escritorios con computadoras que permiten a las personas usuarias tener acceso a este material y al resto de servicios del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI).
La coordinadora del espacio, Marina Rivera Vargas detalló que la biblioteca está al servicio de docentes, estudiantes, personal administrativo e incluso, de personas externas a la institución que requieren información vinculada a temáticas como los derechos de las mujeres, género, violencia, y salud reproductiva.
“Sabemos que facilitar todos esos insumos a la población UCR y al público en general es vital para promover el estudio y la reflexión institucional y nacional sobre la realidad y los aportes de las mujeres en los diversos campos” afirmó la bibliotecóloga.
La Biblioteca del CIEM cuenta con 5600 libros y 600 revistas especializadas en versión física. Esta colección permaneció almacenada durante varios años debido a la falta de un espacio adecuado para su organización y presentación al público. Foto: Karla Richmond, UCR.
Espacio digno para la atención de víctimas de hostigamiento sexual
El edificio incluyó la creación de oficinas para el funcionamiento de la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual. Esta instancia es la unidad encargada de brindar acompañamiento legal y psicológico a la población UCR que es víctima de acoso, hostigamiento o violencia sexual.
La abogada de la Defensoría, Mónica Sancho Rueda afirmó que la creación de este espacio dignifica la labor que realizan, cuya naturaleza demanda instalaciones que permitan velar por la privacidad de la información y la confidencialidad de las interacciones.
Además del área de trabajo para la labor administrativa, se creó una sala de atención que garantiza un espacio privado, seguro y agradable a las personas que solicitan el apoyo de esta instancia. Para tener acceso a este servicio de la Defensoría no es necesario haber formalizado una denuncia ante la Comisión Institucional contra el Hostigamiento sexual.
La psicóloga de la Defensoría, Sylvia Mesa Peluffo enfatizó la importancia de brindar a las víctimas de esta problemática un ambiente acogedor, donde se sientan con la libertad y confianza de hablar sobre las diversas situaciones que han experimentado.
“La parte del espacio es trascendental en nuestro trabajo, porque está comprobado que tener un ambiente agradable ayuda a disminuir el miedo y la ansiedad. Los espacios también definen relaciones de poder y por eso en esta sala no hay escritorios dividiendo la interacción, es un espacio de igualdad” explicó la experta.
El edificio incluyó la creación de una sala de atención para la población UCR que es víctima de acoso, hostigamiento o violencia sexual. Foto: Karla Richmond, UCR.
Fortalecimiento al Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer
Así mismo, el edificio dota de instalaciones administrativas y dos aulas al Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer. Este esfuerzo académico da continuidad a la labor que inició el primer posgrado en estudios de la mujer de América Latina, el cual surgió en 1993 como resultado de un convenio entre la UCR y la Universidad Nacional.
Según la directora del Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer, Isabel Gamboa Barboza, la creación de este edificio hace un “reconocimiento simbólico y material de la desigualdad contra las mujeres y le otorga un lugar importante, que manda una señal buena”.
“El mundo, el país y la UCR tienen una enorme deuda con las mujeres: la desigualdad y el sexismo siguen siendo un serio problema que requiere inversión política, social y económica: el edificio es una muestra contundente de parte de las autoridades universitarias de su voluntad política por hacer más”, señaló la académica.
Gamboa aseguró que contar con este nuevo espacio permitirá acoger a mayor cantidad de estudiantes y visitantes de todos los sectores de la sociedad; así como promover una de las razones de ser de la institución que es la producción de conocimiento crítico.
El edificio dota de instalaciones administrativas y dos aulas al Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer. Foto: Karla Richmond, UCR.
Andrea Méndez Montero Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
La investigación se basa en una encuesta telefónica que se aplicó, entre los meses de junio y julio del año 2021, a jóvenes que en ese momento eran estudiantes activas de alguna de las sedes y recintos de la Institución. (Imagen con fines ilustrativos) Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Encuesta del CIEM retrató situaciones de discriminación, violencia en sus diversas manifestaciones y hostigamiento, dentro y fuera de la institución
El Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica (UCR) consultó a 658 estudiantes de la institución y determinó una alarmante vivencia de situaciones de discriminación, violencia en sus diversas manifestaciones y hostigamiento, tanto dentro como fuera del espacio académico.
El análisis fue liderado por la socióloga e investigadora del CIEM. María José Chaves Groh y determinó que el 78,7% de las estudiantes consultadas ha enfrentado al menos un episodio de discriminación por razón de género en la UCR y 67,8% lo ha vivido fuera de la institución.
Según los resultados obtenidos, las manifestaciones más comunes de esta discriminación se presentan por medio de comentarios ofensivos expresados en espacios como la casa, la comunidad, el lugar de trabajo o de estudio; así como por tratos diferenciados por el hecho de ser mujeres.
Las estudiantes señalaron a profesores y otras personas estudiantes como quienes en mayor medida les han hecho comentarios ofensivos por el hecho de ser mujeres, mientras que fuera de la institución son expresados tanto por personas conocidas como desconocidas.
La mayoría de las estudiantes reportó que estas situaciones de discriminación sucedieron hace más de dos años, lo cual podría señalar que estas formas de discriminación fueron más frecuentes cuando las clases se daban únicamente de forma presencial.
Jóvenes experimentan violencia en sus diversas manifestaciones
El estudio determinó una grave vivencia de situaciones de violencia en sus diversas formas. La violencia emocional es la manifestación con mayor prevalencia entre las estudiantes de la UCR. El 72,5% de las consultadas afirma haber enfrentado al menos un episodio de este tipo, en que la mayoría de los casos involucra escuchar “cosas que la hacen sentir humillada, ofendida o insultada” o “la hace sentir controlada o atemorizada por celos o desconfianza”.
Según las jóvenes, es común que el agresor “ha amenazado con matarse” y “le prohíbe tener contacto con amigas, amigos o familiares”. Mientras que expresiones como “le prohíbe trabajar, estudiar o desarrollar otras actividades fuera de la casa” y “ha amenazado con matar o hacer daño a una persona cercana a usted” figuran con menos frecuencia, pero también están presentes.
Las estudiantes consultadas por el CIEM identifican como sus principales agresores emocionales a las figuras de su exnovio, su papá o algún otro familiar. Destaca que a lo interno de la Universidad, las jóvenes vinculan este tipo de violencia con compañeros de clase, excompañeros y también con profesores.
El 42% de las jóvenes consultadas afirmó haber experimentado violencia física. “Le tiró algo o la golpeó con algo, la empujó, la agarró, le torció el brazo o le jaló el pelo” seguido por “la amenazó con maltratos físicos” figuran como las manifestaciones más comunes de este tipo de agresión, perpetrada en la mayoría de los casos por el exnovio y algún familiar.
El 20,7% de las estudiantes UCR afirmó haber vivido violencia patrimonial, que en la mayoría es perpetrada por los exnovios, padres u otros familiares cuando “se niega a pagar la pensión alimenticia en favor suyo o de alguna persona a su cargo” o “ha dañado, daña, ha destruido o destruye sus cosas, sus artículos personales, materiales de estudio o trabajo o sus propiedades”.
El 45% de las estudiantes consultadas reporta haber enfrentado algún episodio de violencia sexual en algún momento de su vida. “La tocó sexualmente en contra de su voluntad” y “la forzó o trató de forzarla a tener relaciones sexuales” figuran como las principales manifestaciones perpetradas en su mayoría por un exnovio o un conocido.
El 43,2% de las jóvenes encuestadas ha enfrentado al menos un episodio de hostigamiento sexual con una persona vinculada a la UCR. “Miradas, gestos y sonidos con intención sexual” y “comentarios verbales o escritos con insinuaciones o contenido sexuales” figuran como las formas más frecuentes en que se manifiesta este tipo de violencia dentro de la institución.
Los resultados de esta encuesta confirman la direccionalidad de la violencia retratada por amplias investigaciones y estudios. El 89,9% de las estudiantes reporta que el hostigador fue un hombre y en la mayoría de los casos figuran profesores y otros estudiantes como los principales perpetrados de hostigamiento sexual.
Según la investigadora María José Chaves Groh, los alarmantes datos retratados por esta investigación evidencian que la discriminación dentro y fuera de la institución, la violencia por razones de género y el hostigamiento sexual está presente en la vida cotidiana de la mayoría de las estudiantes de la UCR.
“Estos resultados nos llaman a fortalecer los mecanismos que tenemos para la prevención y la atención, así como a dar mayor difusión de la existencia de dichos recursos. A nivel país la UCR está llamada a contribuir con el cambio cultural que se requiere para garantizar que las mujeres pueden vivir sin violencia en todos los espacios”, enfatizó la académica.
Institución impulsará nuevas acciones para atender problemática
La directora del CIEM, Montserrat Sagot señaló el compromiso permanente de esta instancia de la UCR con el estudio de esta temática. En el 2000 participó de un esfuerzo internacional para la creación de un instrumento que tres años más tarde dio lugar a la aplicación de la Primera Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres en el país.
Posteriormente, en el 2012, el CIEM tomó como base el instrumento utilizado para esa medición nacional para aplicar una primera consulta dentro la institución. Esta nueva encuesta retoma parte de las preguntas utilizadas en esa ocasión, e icorpora nuevas consultas que permiten indagar la situación actual de la problemática.“Los datos que hemos encontrado pueden ser un poco chocantes, pero corresponden a lo que quienes trabajamos en violencia hemos dicho por muchos años. Este es un problema social de grandes dimensiones, al que hay que prestarle atención como sociedad”, enfatizó la experta.
Según Sagot, tanto la universidad como la sociedad en general deben dar respuestas reales a la violencia contra las mujeres y agrega que “no pueden ser simplemente declaraciones de buena voluntad, sino que deben implicar compromiso de largo plazo, inversión de recursos y contribuir en lo que se pueda a los procesos de cambio social que van a llevar a que la violencia, eventualmente, disminuya”.El rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez Espeleta manifestó gran preocupación ante la gravedad de los datos retratados por esta nueva investigación de CIEM y expresó por parte de la administración universitaria “un fuerte compromiso de acción para continuar atendiendo la problemática».
El jerarca afirmó que la Institución es un reflejo de lo que pasa en el país y, por lo tanto, “los resultados sobre violencia contra las mujeres que presentamos hoy, aunque representativos de las estudiantes mujeres de nuestra casa de estudios, pueden darnos pistas de lo que pasa en el país”.A su vez, la UCR anunció que buscará cooperación con el Instituto Nacional de Mujer (INAMU), organizaciones de sociedad civil y organizaciones internacionales para poder replicar este esfuerzo de investigación a nivel nacional y contar con un mejor diagnóstico de la violencia de género que sufren las mujeres a nivel nacional.
Al mismo tiempo, la UCR continuará implementado acciones para fortalecer el abordaje de esta temática en el espacio académico, dentro de las que destacan la creación de una “Unidad de Género” que permitirá atender la temática de forma más integral y agrupar de manera estratégica los esfuerzos en esta materia que se encuentran desarticulados dentro de la institución.
Sumado a lo anterior, la UCR continuará trabajando en la gestión de un “Balance del estado de la igualdad y equidad de género”, el cual, permitiría conocer y analizar el estado de las relaciones de género a lo interno de la Universidad, en los ámbitos administrativo, docente y estudiantil.
“Los resultados que hoy se presentan nos ocupan, porque nos comprometemos a fortalecer nuestro compromiso ético de no tolerar ninguna forma de discriminación ni de violencia contra las mujeres, a continuar mejorando nuestras acciones de prevención y de enfrentamiento a esta problemática” concluyó el jerarca universitario.
Andrea Méndez Montero Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Se extiende la invitación para ver el debate “Elecciones en Costa Rica: Balances desde la perspectiva de las mujeres”, organizado el pasado 2 de marzo del 2022 por el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. En este debate, que toma lugar entre la primera y segunda ronda de las elecciones nacionales, se discutió sobre los candidatos y la situación política desde la perspectiva de las mujeres.
En el debate participaron invitadas con un análisis exhaustivo y apropiado a partir del proceso de la primera ronda electoral y el proceso a seguir con la segunda ronda. El debate fue moderado por la estudiante Maureen Porras Arias, politóloga, activista feminista y asistente del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. Participaron las siguientes invitadas:
Dra. Montserrat Sagot Rodríguez, directora, Centro de Investigación en Estudios de la Mujer
M.Sc. Lorena Camacho De La O, Red Feminista contra la violencia hacia las Mujeres en Costa Rica
Dra. Gina Sibaja Quesada, politóloga, profesora e investigadora, Escuela de Ciencias Políticas (UCR)
Podrá reproducir el debate en la página de Facebook del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, o bien compartimos el enlace al video en YouTube.
https://youtu.be/lar_IK5fh-E
Compartido con SURCOS por el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer.
Por Montserrat Sagot, directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM)
La violencia contra las mujeres ha sido identificada como un problema social de grandes dimensiones que emerge de una organización social estructurada sobre la base de la desigualdad de género en sus intersecciones con otras categorías como la clase social, la edad, la etnicidad, la localización geográfica y la sexualidad. Es también una manifestación extrema de la discriminación, una violación a los derechos humanos, un problema de salud pública, de seguridad ciudadana y un instrumento letal para mantener la subordinación de las mujeres y de otros cuerpos feminizados.
De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, esta forma de violencia debe ser entendida como “una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” e incluye “cualquier acción o conducta, basada en el género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.
Desde inicios de la década de los años 80 del siglo XX la violencia contra las mujeres fue identificada por el movimiento feminista como uno de los principales problemas sociales que afectan a las mujeres y las niñas de la región. En 1981, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que tuvo lugar en Bogotá, el 25 de noviembre fue declarado el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La fecha fue escogida en conmemoración del asesinato de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana, asesinadas en 1960 por orden del dictador Rafael Trujillo.
Al escoger esa fecha, las feministas reunidas en Bogotá quisieron resaltar la noción de que la violencia contra las mujeres involucra una combinación de actos violentos cometidos en la vida cotidiana y en el contexto de las relaciones interpersonales, como la violencia de pareja o intrafamiliar, y también crímenes sistémicos promovidos por la existencia de jerarquías sociales, así como por estados represivos y autoritarios. En ese sentido, esta forma de violencia se definió como una expresión dramática de la desigualdad entre lo femenino y lo masculino, que ocurre tanto en la esfera pública como en la privada, y que puede implicar a los Estados (directa o indirectamente), así como a perpetradores individuales o colectivos (privados o institucionales).
Si bien esta violencia es un fenómeno universal e histórico, hay ciertos contextos que propician las condiciones para un aumento de sus manifestaciones. En contextos de crisis y emergencia generalmente se incrementan la desigualdad, el autoritarismo y el conservadurismo, y la violencia se convierte en un elemento esencial de discursos y prácticas punitivas y disciplinarias. Es decir, la violencia contra las mujeres se exacerba por las crisis y las emergencias.
Las situaciones de emergencia siempre profundizan las desigualdades preexistentes y las jerarquías de poder, que son los elementos que están a la raíz de las diferentes formas de violencia. Las rupturas sociales que cambian los patrones de la actividad humana, como el aislamiento, las restricciones en el movimiento, la pérdida de empleos, los problemas económicos, tienen un impacto más severo en las mujeres y las colocan en condiciones de mayor riesgo. Asimismo, bajo estas condiciones, se incrementan las oportunidades para la explotación y el abuso.
En América Latina la emergencia provocada por el COVID-19 fracturó los lazos existentes en las comunidades y las familias, aisló a muchas mujeres, las dejó encerradas con sus agresores y redujo los limitados recursos de apoyo disponibles. Por eso, la pandemia también generó muchas oportunidades para el incremento de la violencia doméstica y sexual, los asesinatos y las desapariciones de mujeres y niñas. También se generaron las condiciones para el incremento de otras formas de violencia como el ciber-acoso y la violencia sexual callejera para las mujeres que por sus condiciones de vida o laborales no podían darse el lujo de confinarse.
Los datos disponibles en diferentes países muestran que, si bien se produjo un descenso de la violencia contra los hombres, como resultado de las medidas confinamiento y de restricción de movilidad, las diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres más bien se incrementaron. Situaciones similares han sido reportadas con anterioridad en otros tipos de emergencias como huracanes, terremotos, así como en los procesos de desplazamiento forzoso.
En el caso de Costa Rica, según datos de Infosegura, en el 2020 los homicidios de hombres decrecieron un 3 %, pero los de mujeres aumentaron un 38 %.
En el caso de Costa Rica, según datos de Infosegura, en el 2020 los homicidios de hombres decrecieron un 3 %, pero los de mujeres aumentaron un 38 %. El Consejo de Ministras de la Condición de la Mujer de Centroamérica reportó que durante la pandemia la violencia física contra las mujeres se incrementó en toda la región con cifras que van desde el 12 % hasta el 38 %, dependiendo del país. Solo en El Salvador, entre enero y abril del 2021, desaparecieron 306 mujeres y niñas. En Perú, más de 2 000 mujeres han desaparecido desde que inició la pandemia y de esas, casi dos tercios son menores de edad. En Colombia y Brasil se reportó un incremento de más del 50 % en casos de violencia intrafamiliar en el 2020.
Los datos anteriores nos indican que la independencia, la libertad, el bienestar y la integridad de las mujeres son parte de las víctimas silenciosas de la pandemia. Sin embargo, los gobiernos del mundo, incluyendo el de nuestro país, no tomaron ninguna medida específica para proteger a las mujeres y las niñas bajo las nuevas circunstancias de peligrosidad creadas por la pandemia. Tampoco se tomaron medidas para amortiguar el impacto diferenciado por género de la emergencia, lo que colocó a las mujeres en condiciones de mayor riesgo frente a las diferentes formas de violencia.
Si queremos prevenir y enfrentar estas formas de violencia es necesario transformar los factores estructurales que la provocan: las desigualdades, el autoritarismo en los espacios públicos y privados, la masculinidad asociada al control y la dominación, la impunidad, el racismo, la xenofobia, los fundamentalismos y las jerarquías de poder que naturalizan las normas tradicionales de género. Es imperativo también promover la construcción de ambientes no violentos y colaborativos en todos los espacios familiares, comunales e institucionales. En este aspecto, las instituciones educativas tenemos una gran responsabilidad. Tenemos también una gran responsabilidad en promover procesos de construcción del conocimiento que ayuden a visibilizar estas formas de violencia, a entender sus causas y a plantear alternativas para incrementar el bienestar, la justicia, el acceso a oportunidades y recursos, lo que ayudaría a reconstruir el tejido social, a recuperar un sentido de empatía y solidaridad, y a eliminar la precariedad de la vida.
Montserrat Sagot Directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM)
A propósito de la semana nacional por los derechos de las personas con discapacidad, el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la UCR, realizó la conferencia para reflexionar sobre la situación particular de las mujeres en Costa Rica con el tema «Las mujeres con discapacidad tienen la palabra» el día 3 de noviembre del 2021. Se contó con la participación de:
Damaris Solano Murillo
Ericka Álvarez Ramírez
Mariana Camacho Cordero
Moderó: Virya Castillo Vargas
La conferencia fue transmitida por medio de Facebook Live y YouTube CIEMUCR.
En Debates sobre Feminismos se realizará la charla “Hablemos sobre la salud de las mujeres”. Se contará con la participación de Gabriela Arguedas, del Observatorio de Derechos Reproductivos del CIEM, UCR; Adriana Rodríguez Fernández, investigadora del CIEM; Ana María Acevedo, trabajadora social.
La moderadora será Sara Chaves Castillo, asesora y experta en acompañamiento especializado en educación menstrual
Día 26 de mayo del 2021
Hora 6:00 pm
Se podrá sintonizar el programa en YouTube y Facebook Live del CIEM.
La UCR brinda un curso formativo para organizaciones que atienden esta problemática en el país
Según la ONU, a diferencia de otras regiones, las niñas centroamericanas y caribeñas son sometidas, principalmente, al comercio sexual por parte de redes criminales. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
En este momento, millones de personas viven atrapadas en lo que hoy se conoce como la esclavitud del siglo XXI: la trata de personas. Son víctimas de explotación sexual, laboral, de extracción de órganos, de servidumbre doméstica, de mendicidad, de adopciones ilegales.
Y en medio de la pandemia mundial provocada por el COVID-19 las redes criminales se han fortalecido ante el desvío de las fuerzas de seguridad estatales para atenderla, la reducción de servicios sociales y el desempleo. Todos estos factores impiden que las víctimas de la trata de personas tengan cada vez menos posibilidades de escapar estas redes criminales y pedir ayuda para su protección.
La trata de personas sigue siendo un reto en todos los países. En la mayoría de ocasiones, son abordados como casos de prostitución, proxenetismo o estados migratorios irregulares, explicó la magister Mónica Sancho Rueda, coordinadora del curso “Apoyo a la sensibilización y capacitación de la comunidad universitaria y nacional en la temática de la Trata de Personas” (ED-3006), ejecutado desde el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM-UCR). “Y con la pandemia sanitaria, las personas se ven muy vulnerabilizadas por sus patronos, eso hace que sean de fácil captura o engaño por parte de tratantes, y se vuelven en víctimas potenciales. En los casos de los que se ha tenido conocimiento, ha habido un alza importante en este tipo de explotación”, comentó Sancho.
“Como parte del compromiso del CIEM en la prevención para la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres, desde el año 2013 se impulsó este proyecto de acción social. Ha tenido mucho éxito, de manera que el mismo día que se abre la inscripción, queda satisfecha y con muchas personas en lista de espera; que deben esperar al próximo periodo para recibir la capacitación”, acotó Sancho.
Cada año, el ED-3006 convoca a personas profesionales y estudiantes universitarios con segundo año de carrera concluido, a participar en este curso libre y gratuito. El próximo iniciará matrícula entre los días lunes 19 y miércoles 21 de de abril, mediante el correo matriculatrata.ciem@gmail.com . Los requisitos incluyen el envío de la copia de la cédula de identidad por ambos lados, expediente académico en caso de personas estudiantes, copia de los títulos universitarios y completar el formulario de inscripción.
Sancho mencionó que dadas las restricciones de presencialidad, el curso se impartirá por la plataforma UCR Global y Zoom, lo que permitirá que personas de las Sedes Regionales de las universidades participen de esta modalidad de educación continua.
El curso tiene un cupo máximo de 30 personas, a quienes obtengan una nota superior a 70% y cumplan con la asistencia se les extenderá un certificado de aprovechamiento.
Como ahondar en el tema, este año el CIEM-UCR inscribió un proyecto de investigación denominado “Apoyo a la investigación para la efectiva sanción al delito de Trata de personas, especialmente en mujeres y niñas, en Costa Rica”. El año pasado la UCR tuvo la coordinación del Observatorio Latinoamericano contra la Trata y Tráfico de Personas, capítulo Costa Rica.
Vacíos imperdonables
“Este curso es un espacio muy importante por las falencias en las facultades, salir una como abogada y no tener idea de cómo funciona la trata de personas, la normativa y cómo tratar a las víctimas es terrible”, dijo María Fernanda Valverde Díaz, graduada de la Facultad de Derecho de la UCR.
Según Valverde, actualmente coordinadora de capacitació e investigació de la Fundación Justicia y Género, aseguró que entre su gremio predomina la desinformación, no solo sobre trata de personas, sino sobre derechos humanos en general. “Me parece que tiene que ver con el perfil de la Facultad de Derecho que es muy cuadrado, donde cualquier cosa nueva es difícil que cale, ni siquiera se habla de género en el derecho, menos de los derechos de las mujeres”, criticó.
Igualmente, Amanda Segura Salazar, abogada penalista y funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres, recalcó que “este es un fenómeno que no hemos enfrentado como sociedad, lo creemos muy ajeno, pensamos que no nos atañe como sociedad. Además, es un tema que se ha feminizado en el conocimiento y mucho menos hay posibilidad de abordarlo en una academia tan masculinizada”.
“El curso con sus contenidos le mueve a una el piso, hay ejemplos que se comparten en clase que una ni se imagina. Ahora no puedo quedarme tranquila cuando una mujer está desaparecida por meses porque hay casos que terminan en su muerte. Creo que deben incluirse espacios formativos desde los Estudios Generales y en las Ciencias Sociales se tienen introducir contenidos necesariamente”, acotó Segura.
Para la penalista, sería ideal impartir una segunda parte del curso, llegar a personas de otras regiones no urbanas, ya sea mediante capacitación presencial o pensar en la posibilidad virtual.
“El desconocimiento es una de las mayores problemáticas. Mientras la delincuencia organizada envuelta en esta dinámica evoluciona y crea nuevos métodos para llevar a cabo sus propósitos, las instituciones y personas en general aún desconocen sobre el tema”, concluyó la magister Sancho.
La trata de personas es un delito de carácter global que victimiza principalmente a las mujeres y niñas. Pero con la pandemia provocada por el COVID-19 se incrementó los casos de trata de personas con fines de explotación laboral. Foto: Karla Richmond, UCR.
Un delito internacional
Según la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (UNODC), el 7% de las víctimas detectadas son mujeres y niñas. En América Central y el Caribe hay más niñas que son objeto de trata con fines de explotación sexual que en otras latitudes, llegando a un 40% de todos los casos reportados en esta región.
De acuerdo a ese ente internacional, las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre y la pandemia del coronavirus podría sumar unos 130 millones de personas más a las que estarían en riesgo de padecer hambre severa a finales de 2020. Esta es uno de los factores de los que las redes criminales se aprovechan para sus actividades ilícitas. Los beneficios económicos obtenidos por estas redes superan los $32 mil millones anuales, solo precedida por el narcotráfico y el comercio de armas.
El Instituto Nacional de las Mujeres ha señalado que Costa Rica es un país de origen, tránsito y destino de trata. Costarricenses víctimas de este delito han sido localizadas en Estados Unidos, México, Guatemala, Canadá, España y Bahamas. En el país se han rescatado a personas provenientes de países como Perú, China, Cuba, Haití, Filipinas, Sudáfrica y Rusia, entre otras nacionalidades.
Entre los desafíos pendientes están la erradicación de los estigmas y los prejuicios sociales, que responsabilizan a las víctimas de su situación. Incluso, hay personas que no saben que están siendo víctimas de trata y menos conocen que existen formas para denunciar, explicó Sancho.
Algunos factores detonantes de la trata de personas son la pobreza, las crisis políticas y migratorias, las emergencias naturales, el desempleo y la violencia doméstica. Afecta a personas de todas las edades, en condiciones de discapacidad, poblaciones indígenas y en especial a latinoamericanos, asiáticos y africanos.
Desde el 2013 Costa Rica regula este delito mediante la Ley N°9095 y su reglamento. Actualmente, el país es parte del Protocolo para Prevenir, Suprimir y Sancionar la Trata de Personas, un instrumento legal internacional que lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
La UCR frente a la trata de personas
Marta María Artavia Alpízar Estudiante de Enseñanza de la Psicología
A lo largo de los años la UCR se ha caracterizado por enfocarse en generar un impacto positivo en la sociedad formando profesionales de calidad; pero también al brindar servicios a poblaciones en condición de vulnerabilidad mediante sus programas de Acción Social. A pesar de este valioso aporte, la UCR ha generado pocos espacios de formación sobre la trata de personas. Al no visibilizarla no se puede trabajar preventivamente y mucho menos atender oportunamente, lo cual aumenta los factores de riesgo para las personas en condición de vulnerabilidad y propicia un contexto óptimo para la captación de nuevas víctimas.
A pesar de esto, el Centro de Investigación de Estudios de la Mujer (CIEM) realiza grandes esfuerzos de capacitación mediante su curso sobre Trata de Personas. Lamentablemente esto no es suficiente, es necesario un mayor aporte de la Universidad. Un único curso es insuficiente para atender adecuadamente a dicha población, hace falta más práctica o campos de aplicación que permitan generar un impacto inmediato en comunidades, por ejemplo, a nivel preventivo. Pero esto no se ha dado, no sólo por la falta de recursos económicos, sino también por la ausencia de conexiones entre las distintas carreras, escuelas y facultades para así preparar a profesionales sensibles a esta problemática.
Creo que es necesario crear redes entre las distintas carreras para generar espacios formativos, informativos y de intervención que faciliten el desarrollo de herramientas para prevenir la trata de personas en las comunidades. Así, este delito dejaría de verse como un hecho aislado y sería reconocido como otro tipo de violencia que sucede más cerca de lo que pensamos.
Eduardo Muñoz Sequeira Periodista, Vicerrectoría de Acción Social
