A razón de las múltiples declaraciones efectuadas por la presidencia de la Caja Costarricense del Seguro Social en relación con las amenazas sísmicas que podrían afectar la construcción del hospital nuevo de la ciudad de Cartago, situado en el distrito de Tejar, el Colegio de Geólogos de Costa Rica, a través del Msc. Arnoldo Rudín Arias —presidente del Colegio de Geólogos—, ha hecho efectivo un comunicado en relación con esta situación, donde ha respondido ante las declaraciones realizadas por la presidencia de la CCSS.
De esta manera, el documento del Colegio de Geólogos, titulado CGCR 114-2023, señala que el riesgo sísmico, utilizado como argumento ante el atraso de la construcción del nuevo hospital de la ciudad de Cartago, no posee evidencia concreta. Esto pues, no existen pruebas que respalden un escenario dónde se rupture el sistema de fallas de Aguacaliente o alguna de sus ramificaciones. Asimismo, indica que existen incongruencias legales, referentes a la construcción de edificaciones, qué deberían ser revisadas debido a que provocan una confusión debido a la contrariedad que provocan.
Por último, el Colegio de Geólogos indica que la mayor parte de la zona geográfica dónde se ubica la ciudad de Cartago cumple con las mismas características que el lugar dónde se ubicaría el nuevo hospital de la ciudad. Además, el Colegio manifiesta estar anuente al diálogo para solventar las consultas al respecto del caso presentado.
En el archivo adjunto puede leer el documento oficial dónde se aprecian las respuestas dadas por el Colegio de Geólogos ante la situación. También, puede observar una figura, en la página 3 del documento que compartimos, que ejemplifica las modificaciones realizadas al terreno.
EL ICE es una prestigiosa y muy querida Institución con capacidad de sobra para ampliar, con los debidos ajustes, su ámbito de acción. La era de la construcción de las grandes represas hidroeléctricas languidece y, ante el desbarajuste delictivo que estamos experimentando, la solución podría estar en el ICE. Otra sería acudir a empresas extranjeras, pero ya hemos tenido pésimas experiencias. Es posible que el ICE no sea la mejor solución (si no se le abren sus opciones de acción), PERO el asunto es que basados en cuestiones ideológicas (tipo libertarias) y por los grandes negocios que sus «afines» tienen en el campo de la infraestructura, se nos impida a los costarricenses valorar objetivamente esa opción.
Propuestas de la UCR para la reconstrucción de la Costa Rica pospandemia
Las alianzas Público-Privadas deben incrementarse ante la carencia de recursos estatales
De acuerdo con los expertos de la UCR, el sector de la construcción es clave en la reactivación de la economía porque genera empleos, incrementa la productividad y mejora la calidad de vida de las personas. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Con el fin de contribuir con la reactivación económica del país ante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, un grupo de estudio de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica elaboró un documento con más de20propuestas para el sector de la construcción y de la ingeniería civil.
De acuerdo con los expertos, este sectorrepresenta casiel7% del empleo en el país, tomando en cuenta solo puestos directos de trabajo. Esto lo convierte en una actividad clave para desarrollar estrategias de recuperación económica con efectos positivos a corto plazo, tomando en consideración su capacidad de emplear personas de todos los estratos sociales.
Sin embargo, la misma crisis económica aunada a la compleja situación fiscal que atraviesa el país y a los recortes que aplicó la Asamblea Legislativa al Presupuesto de la República para el 2021, obligan a pensar en Alianzas Público-Privadas (APP) para que el sector de la construcción siga desarrollándose y generando puestos de trabajo.
En este sentido, Germán Valverde, docente de la Escuela de Ingeniería Civil, considera imprescindible este tipo de convenios. “Queda muy claro que para darle el impulso necesario al desarrollo de la infraestructura en general va a ser necesario el uso de capitales privados y el apoyo de las APP para los próximos años. Es muy importante no parar la continuidad del desarrollo de proyectos”, enfatizó.
En esta misma línea, Rosendo Pujol Mesalles, catedrático de esta misma Escuela, advierte sobre la urgencia de bajar la incertidumbre económica y territorial por medio de un diálogo en el que se discutan cuáles son los proyectos que están maduros para ser ejecutados y quitarles las trabas que los están bloqueando.
Las propuestas están organizadas en 7 grandes ejes que van desde la construcción en general hasta el desarrollo de infraestructura relacionada con la telemática. También se incluye un apartado más extenso sobre la construcción de obras de infraestructura vial y la edificación de viviendas bajo un novedoso sistema.
Eje de la construcción en general
En vista de que las obras de infraestructura de gran envergadura suelen mejorar la competitividad del país, el grupo de estudio sugiere mantenerlas activas y agilizar su desarrollo, de la mano de la promoción de proyectos de corto plazo que requieran gran cantidad de mano de obra, que sean ejecutados por muchas empresas constructoras y que, a su vez, satisfagan necesidades inmediatas de la sociedad, como vivienda, acceso a agua potable, tratamiento de aguas residuales e infraestructura hospitalaria, entre otros.
Subraya el documento que estas medidas deben acompañarse de una revisión de los procesos de contratación y de la tramitología actual, en aras de fomentar la transparencia y abrir las oportunidades a la mayor cantidad de oferentes en todo el territorio nacional.
En este apartado las propuestas son las siguientes:
Continuar el financiamiento del programa de vivienda para las personas de menores recursos.
Mantener el financiamiento y acelerar la ejecución de proyectos hospitalarios, de alcantarillados pluviales y sanitarios y el mantenimiento de vías nacionales y cantonales.
Adaptar infraestructura existente para hacerla más apropiada a la situación de la pandemia.
Dotar de nueva infraestructura a escuelas y colegios que hayan sido declarados inhabitables por situaciones sanitarias o estructurales.
Tomar en cuenta el cambio climático en todas las obras para mitigar los daños que puedan ocasionar condiciones climáticas más adversas.
No paralizar el diseño y planificación de obras y proyectos, pero sí adaptarlos a las nuevas necesidades.
Mejorar el ordenamiento territorial que promueva una mayor productividad y un mejoramiento en la calidad de vida.
De acuerdo con el criterio de los analistas de la UCR, la inversión en obra pública debe incrementarse. La foto corresponde a la reconstrucción del edificio de Correos de Costa Rica en Limón. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
Esta consiste en la identificación de lotes pequeños y casas que hayan cumplido su vida útil dentro de los cascos urbanos de las ciudades, donde pequeñas y medianas empresas diseñen y desarrollen proyectos residenciales de condominio vertical de pequeña escala.
1) Presentar una alternativa que permita aprovechar mejor la infraestructura y repoblar la ciudad.
2) Dar mayor accesibilidad a las familias de escasos recursos a terrenos con buena ubicación.
3) Generar opciones de empleo para trabajadores de la industria de la construcción, así como para profesionales y empresas de ingeniería y arquitectura.
4) Contribuir con los esfuerzos del plan de reactivación económica del país.
Eje de la construcción de obras de infraestructura vial
Los analistas de la UCR consideran que este eje es estratégico para ampliar mercados, incrementar la inversión privada y reducir los costos de producción, entre otros beneficios. Sin embargo, llaman la atención sobre la importancia de enfocar estas acciones en los sectores más rezagados.
“Los mayores rendimientos e impactos se consiguen cuando las inversiones se realizan en lugares donde la infraestructura es más escasa y deficiente. Por lo tanto, si se desean conseguir los mayores impactos en el crecimiento económico, es necesario volver los ojos a las zonas del país con mayores rezagos de desarrollo y que presentan mayores carencias de infraestructura”, puntualiza el documento.
En términos generales, las sugerencias en esta materia se centran en retomar y fortalecer el Plan Nacional de Transporte (PNT) y que cada gobierno dé continuidad a los proyectos iniciados en administraciones anteriores e inicie los procesos de nuevas obras de infraestructura que heredará al siguiente gobierno.
Las propuestas de esta sección se resumen en los siguientes puntos:
Aumentar la inversión en obras de infraestructura vial en el orden del 3.66% de Producto Interno Bruto, en promedio, cada año, e incrementar la inversión privada en este ámbito.
Retomar el PNT como la hoja de ruta de inversión pública en infraestructura de transporte.
Acelerar las etapas de preinversión, diseño y gestión de derechos de vías de nuevos proyectos contemplados en el PNT y su inscripción ante el CFIA, para no paralizar el desarrollo de obras de infraestructura de transporte.
Priorizar aquellos proyectos del PNT que corresponden a la mejora de corredores estratégicos desde el punto de vista logístico y a la mejora de vías que forman parte de la red vial complementaria, particularmente aquellas localizadas en zonas rurales de alto potencial productivo, turístico y de atracción de nuevas inversiones, en lugar de concentrar inversiones dentro de la Gran Área Metropolitana.
Convertir las rutas de lastre que pertenecen a la red complementaria establecida en el PNT en vías pavimentadas o mejorar su condición por medio de sellos asfálticos no estructurales. “Nuestra recomendación es mejorar la calidad de las redes de lastre. Cada año se invierten cerca de 8 mil millones de colones y la durabilidad que tienen las intervenciones de esta red es de aproximadamente 4 meses. Es una inversión muy poco efectiva. De hecho, el Plan Nacional de Transporte requiere, además de la Red Estratégica de Alta Velocidad, también una Red complementaria, y parte de esa red complementaria está conformada por estas vías no pavimentadas”, detalló Valverde.
Incrementar la participación del sector privado a través de diversas figuras de APP para la inversión y como responsables del mejoramiento, operación y mantenimiento de infraestructura de transporte.
No utilizar más recursos del Fondo Vial del Conavi para financiar obras del proyecto San José-San Ramón, sino que el Fideicomiso del Banco de Costa Rica gestione la obtención de recursos frescos para el desarrollo de ese proyecto.
Fomentar la creación de microempresas de conservación vial.
Mejorar la Red Estratégica de Alta Velocidad y la Red Complementaria compuesta, en su mayoría, por caminos de lastre son parte de las propuestas en materia de infraestructura vial. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Otras medidas
El análisis desarrollado por el equipo de docentes de la Escuela de Ingeniería Civil no se limitó a la llamada “obra gris” sino que contempló otros aspectos de vital importancia para la convivencia y el desarrollo el país. Uno de ellos es el fortalecimiento de la infraestructura telemática en todo el territorio nacional, especialmente en escuelas, colegios y áreas públicas.
“La crisis del COVID-19 es una crisis que se gesta sobre otra ya existente: la de la desigualdad de conectividad para el acceso a servicios o a fuentes de información y conocimiento. Bajo la nueva realidad, con las clases virtuales, la conectividad de estudiantes y docentes que habitan a todo lo largo y ancho del país, se vuelve una necesidad tan imperiosa como en su momento fue la construcción de escuelas”, reza el documento.
Por otra parte, también se considera que muchos centros educativos urgen una reconversión para ajustarse a la denominada “nueva normalidad”. Esto incluye aspectos como mejoramiento en servicios sanitarios y estaciones de lavado de manos, habilitación de espacios para atender personas con afecciones respiratorias, colocación de mamparas de acrílico en sitios de atención al público y señalización en general.
El documento también propone fortalecer, acelerar y difundir un programa de inversión que incluya la construcción de acueductos nuevos y la reparación de los ya existentes, en vista de que la pandemia por COVID-19 puso de manifiesto la enorme importancia de contar con un suministro permanente de agua potable para garantizar la higiene básica personal y la limpieza frecuente del hogar.
Finalmente, se propone simplificar los trámites para obtener los permisos de construcción como un eje transversal que contribuya con la materialización y aceleración de todas las propuestas, así como rendir cuentas a la ciudadanía en relación con todas las acciones desarrolladas.
Puede consultar el documento de las propuestas en este enlace: http://ucr.cr/r/uhIH
Fernando Montero Bolaños Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
El Consejo Cultural y la Asociación de Desarrollo de Boruca, nombraron una Comisión dedicada exclusivamente a atender este problema. Entre sus acciones, convocó a las instituciones involucradas en la construcción del Atracadero, como el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) y sus dependencias como el Área de Conservación Osa y la administración del parque, para exponerles las razones de oposición al proyecto.
Primero, que las fases previas de planificación no fueron consultadas con Boruca, cuestión obligatoria al ser una zona de uso ancestral de los indígenas. Segundo, que no existía una investigación científica, que determinara los impactos sobre el caracol Múrice. Tercero, que era necesario un Estudio de Impacto Cultural hacia la población indígena de Boruca, entre otras fundamentaciones.
Al respecto, el INCOP ha tomado el siguiente acuerdo:
“…solicitar el desarrollo del estudio biológico y cultural sobre el tema del caracol púrpura (múrice), y el impacto cultural que puede tener sobre la población brunca y el parque, el desarrollo de la construcción del atracadero”.
“dejar pendiente el inicio de la construcción del atracadero, a la espera de los resultados de los estudios anteriormente señalados”.
Informes Gilbert González Maroto 6025-3217 y Mario Lázaro presidente de la ADI de Boruca al 8463 4969
Problemática. La zona del atracadero es de importancia cultural para el pueblo indígena Boruca pues la usa ancestralmente para recreación y recolecciones del caracol múrice para teñir hilos de tejer y la extracción de quitash (sal) estas prácticas fueron frenadas con la creación del Parque Nacional Marino Ballena (PNMB). Después de un largo proceso de reglamos en 2017 se firmó un acuerdo con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) pretende permitirles continuar con sus costumbres en el área protegida.
Convenio de construcción entre Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
Comunidad Tortuguero lanzó esta petición dirigida para señores jueces del Tribunal Contencioso de Costa Rica quienes están definiendo la legalidad de un camino realizado sin permisos del MINAE
La comunidad de Tortuguero, en la costa Norte del Caribe de Costa Rica es una zona sumamente valiosa desde la perspectiva ecológica para nuestro país, lugar de anidación más importante del Atlántico de tortuga verde y otras especies de tortugas marinas, hábitat natural de muchas especies en vías de extinción como el jaguar y manatí, conjunto de mosaicos de microclimas, ecosistemas y culturas.
Hoy, los habitantes de Tortuguero y su biodiversidad sienten que están a punto de perder la riqueza natural y la tranquilidad, debido a la construcción ilegal de una calle pública que daría acceso al tráfico rodado al área, destruyendo el Parque Nacional. Perjuicios para el ecosistema y la fauna, fragmentando el corredor ecológico que constituye, sin mencionar el incremento del vandalismo, la cacería y narcotráfico en las comunidades de Tortuguero y San Francisco, así como el aumento de desechos sólidos, cuya gestión actualmente roza su capacidad de carga.
El ministerio de Ambiente y Energía, a través del área de conservación Tortuguero, en múltiples ocasiones ha logrado evitar el uso de un camino abierto ilegalmente por parte de la Municipalidad de Pococí, que pretende el acceso rápido a través del Parque nacional, para llegar hasta la comunidad de Tortuguero, pero la obra sigue adelante.
Asociación de Desarrollo de Tortuguero: Sandra Alfaro: 8567 9672
Área de Conservación Tortuguero (ATCO): Lic. Virgita Molina: 87058161
Importancia. Tortuguero fue declarado Parque Nacional el 24 de setiembre de 1970. Su extensión ha pasado de 64.701,45 a 76.937 hectáreas. De estas 50.284 son marinas y 26.653 son terrestres.
El Parque Nacional Tortuguero (PNT) se ubica al noreste del territorio costarricense y es uno de los principales iconos turísticos de Costa Rica debido a que se reconoce internacionalmente por proteger la playa de anidación de tortugas verdes más importante del hemisferio occidental.
Alejado de la ciudad y conformado por una extensa red de ríos y canales, el acceso es posible únicamente a través de lanchas pequeñas: así es el Parque Nacional Tortuguero, un lugar diferente a cualquier otro; donde las pequeñas comunidades que rodean el Área Silvestre Protegida.
El Parque Nacional Tortuguero es un paraíso para la investigación y el ecoturismo, los ecosistemas de la zona son tan complejos y diversos que el visitante puede esperar cualquier cosa en los recorridos, pasando de la tranquilidad a encontrarse con cualquiera de las especies de flora y fauna características del caribe costarricense.
La importancia ecológica es la protección del desove de 4 especies de tortugas marinas: Verde (Chelonia mydas), Baula (Dermochelys coriacea), Carey (Eretmochelys imbricata), Cabezona (Caretta caretta). Además, protege importantes poblaciones de especies en peligro de extinción como manatí (Trichechus manatus), y protege el hábitat del más grande de los felinos de América. Tortuguero posee una de las poblaciones más grandes de Costa Rica y un consolidado programa de investigación.
26 organizaciones ambientalistas piden a Luis Guillermo Solís no firmar decreto que reforma SETENA
Monocultivos de piña de hasta 25 hectáreas y hoteles de 50 habitaciones no necesitarán de Estudios de Impacto Ambiental ni evaluación previa
El Poder Ejecutivo en próximos días gestionará la oficialización de un decreto ejecutivo titulado «Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental», el cual sustituiría no solo el Decreto Ejecutivo Número 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), del 28 de junio del 2004, sino también el Manual de Evaluación de Impacto Ambiental vigente.
Esta reforma pretende evitar que dos terceras partes de los proyectos que requieren EIA los hagan dejando sin protección a la población costarricense bajo el concepto de disminución de trámites propuesto por el exministro de competitividad Jorge Woodbridge en la administración Arias desde el año 2008.
Una carta firmada por 26 organizaciones ambientales de todo el país y dirigida tanto al Presiente Luis Guillermo Solís Rivera; al ministro Edgar Gutiérrez y al Secretario General de SETENA Marco Arroyo afirma que: «Nos preocupa en gran medida algunos umbrales ambientales que propuestos en esta reforma ponen en riesgo el control sobre actividades con impactos demostrados como ha sido las plantaciones agroindustriales; la industria hotelera; la industria de la construcción y las concesiones de agua«.
Para la Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON) se estaría generando un severo cambio en el modelo de EIA que representaría un retroceso de 20 años para el avance ambiental que ha tenido Costa Rica.
Por su lado el Dr Allan Astorga Gättgens, geólogo y especialista en impacto ambiental denunció que: «quieren liberar todos los proyectos constructivos de hasta 9.000 m2 para que no hagan estudios técnicos ambientales (geotecnia, hidrología, Riesgo antrópico, geología, geomorfología, hidrogeología, amenazas naturales -deslizamientos, fallas geológicas, inundaciones, peligros volcánicos, arqueología, biología, impacto vial y ambiental). Esto es sumamente grave, dado que no todos los terrenos tienen la misma condición de fragilidad ambiental, y por eso, es indispensable que los mismos se analicen para saber si son aptos o no para la construcción de un proyecto urbano. Muchos de los cuales van a llegar a residir familias y personas, confiados de que se trata de una construcción segura, cuando en realidad puede no serlo«.
Henry Picado de la Federación Ecologista afirmó que: “sobre el umbral de plantaciones agroindustriales: nos parece un riesgo importante dejar que monocultivos -de piña, por ejemplo- sea exentos de EIA para extensiones de 25 hectáreas. Hay evidencia técnica y científica para demostrar que este tipo de actividad representa una amenaza para los mantos acuíferos y las fuentes de agua circundantes, debido a la alta concentración de agroquímicos que esta necesita para la producción«.
Tanto las organizaciones ambientales como el Dr Astorga coinciden que esta reforma es muy peligrosa en un contexto nacional donde sólo existen seis cantones con planes reguladores aprobados y con la variable ambiental aprobada, de manera que todos esos proyectos urbanísticos y muchos más, quedarían «a la libre», sin ningún control ambiental. Esto, sin que exista Ordenamiento Ambiental del Territorio y a pesar de que cerca del 25 % de las construcciones del país se localizan en zonas de alto y muy alto riesgo.
El pasado 15 de febrero arrancaría la construcción del puente en la comunidad de Valle de la Estrella, pero no se contaba con que la propiedad al lado del mismo es propiedad privada, por lo que las Fuerzas Vivas del lugar se reunieron con el alcalde y acordaron organizar una colecta para poder solventar el costo de la propiedad (15 millones de colones) y así continuar con el proyecto del puente.
El ciclo de conversatorios con el historiador Raúl Arias Sánchez, invita al conversatorio: “General Tomás Guardia y la construcción del Ferrocarril al Atlántico, puente a la cultura afrocaribeña” a realizarse este próximo 2 de noviembre a las 7 p.m. en el Club Unión.
Invitan el Club Unión y la Asociación Morista La Tertulia del 56.
Coloquio internacional y convivio reunieron a participantes del Seminario de Construcción Colectiva y comunidad indígena
La creación de redes entre comunidades, así como compartir conocimiento colectivo y experiencias de lucha, fueron algunos de los objetivos del encuentro realizado en territorio indígena cabécar, en Talamanca, el pasado 14 de octubre.
Integrantes de las comunidades originarias ngobe, bribri, cabécar, naso y miskito, compartieron un convivio y un coloquio internacional con el grupo de 18 personas latinoamericanas, de 10 países, que actualmente participan en el Seminario de Construcción Colectiva que realiza el DEI. Estudiantes indígenas del programa Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios (TGL-PO), de la Universidad Estatal a Distancia – UNED, también estuvieron presentes en las actividades, organizadas conjuntamente por Aditica (Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Cabécar) el TGL-PO y el DEI.
El grupo del DEI viajó a territorio indígena en compañía de Nioe Víquez Moreno, coordinadora del Programa de Investigación. Por su parte, Amílcar Castañeda, coordinador del TGL-PO, facilitó las actividades en territorio indígena.
El convivio intercultural incluyó canto,danza y narración de los pueblos cabécar, miskito, ngobe, bribri, y naso. Como parte de la actividad, compartió su música el grupo invitado Dbonwa Wjloñabukee («Tigrito Regañón»), de Panamá.
Más temprano, de 2 a 5pm, se llevó a cabo el coloquio internacional «Los territorios indigenas antes las amenazas de las industrias extractivas y energéticas». Este espacio fue propicio para recuperar las memorias colectivas de lucha y reconocer las similitudes entre experiencias de distintos países que han visto amenazados sus territorios y el bienestar de sus comunidades.
La lidereza cabécar Edith Reyes Villanueva y Timoteo Jackson, de Talamanca bribri, compartieron «Memorias de la lucha antipetrolera en Talamanca».
Desde Chile, dos compañeros del Seminario de Construcción Colectiva, dialogaron a partir del tema «La actividad turística como mitigación para el desarrollo de hidroeléctricas: caso de comunidades pehuenses de Alto Biobio». Gabriela Catalán y Mauricio José Sáez, compartieron sobre la realidad mapuche y la represión que ejerce el Estado chileno.
De Perú, Steven Privat abordó el tema «Lucha de las comunidades contra la minería y el impacto ambiental, desde el caso de Máxima Acuña».
Desde las experiencias centroamericanas, compartió el salvadoreño Miguel Ángel Cruz Blanco, con el tema «Proceso organizativo de los pueblos Lenca y Kakawira en defensa del agua».
«Saberes de resitencia por el agua de los pueblos de la nacionalidad kichua» fue el tema que abarcó Gerónimo Yantalema, de Ecuador.
Enviado por Angie Barrantes Rodríguez, Comunicación / DEI, Departamento Ecuménico de Investigaciones.
La búsqueda de un Acuerdo para dar por terminado el conflicto armado interno entre el Estado colombiano y las fuerzas insurgentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), explorada en Quito a marzo de 2016, confluyeron en la apertura de una mesa pública de conversaciones, cuando el gobierno del presidente Santos nombró una comisión especial encabezada por el ex ministro Juan Camilo Restrepo. Gesto repetido por la contraparte insurgente, consecuentes con una voluntad política en la exploración de diálogos y conversaciones comunes. Esas conversaciones-que no negociaciones- se fijaron en 6 puntos en la Agenda: 1. Participación de la sociedad en la construcción de la paz. 2. Democracia para la paz. 3. Transformaciones para la paz. 4. Víctimas. 5. Fin del conflicto armado. 6. Implementación.
Durante el transcurso del año 2017, se cumplieron tres fases de conversaciones entre los Plenipotenciarios del gobierno colombiano y los del grupo insurgente; con la cualidad de “plenus”, llenos de poder a lo Acordado, sobre el presupuesto del derecho internacional que conversen un Estado soberano y una fuerza insurgente con status de beligerancia reconocida. Las fases se han cumplido al calor del conflicto armado y concluido en una Acuerdo Bilateral de cese al fuego por 112 días, a partir del 1º de octubre de 2017 al 9 de enero de 2018.
Como resolver un proceso en que prima la falta de fe
Durante las conversaciones se agudizó la muerte de luchadores populares por fuerzas paramilitares y de extrema derecha. Ha sido implacable la acción contrainsurgente de las fuerzas estatales y expresado sin ambages la contraparte armada que la lucha armada tiene plena vigencia en Colombia; que las condiciones que la originaron en nada han cambiado y que no asimilan lo de una dejación de armas… Con muestras de experimentado malabarismo político, las partes en conflicto no se han levantado de la mesa. La insistencia de la participación de la sociedad en las conversaciones no ha logrado una fórmula de aplicación; pero si obtenido ciento de encuentros territoriales con la instalación de un Comité de Impulso Mesa Social para la Paz. El temario en la base popular continúa siendo los inamovibles: las necesarias políticas de redistribución de la riqueza, como de cambios estructurales en el modelo económico vigente. La defensa de los recursos naturales, lo ecológico y ambiental. La aplicación de fórmulas económicas alternativas ante la crisis hegemónica del neoliberalismo, con búsquedas a un fortalecimiento de la diversificación de la producción nacional y descartar la imposición de la locomotora minera, bajo la falsa premisa que si no se continua con una economía extractiva, desigual y desbastadora de nuestros recursos naturales sobrevendrá la pobreza; cuando está infinitamente demostrado que lo de “crecimiento económico” no implica bienestar a las bases populares , sino al especulador capital financiero multinacional.
Imposible que luego de seis décadas en la búsqueda de una salida al conflicto no se encuentre una fórmula para dar pasos más concretos. Se experimentó, la enseñanza del padre Camilo Torres R: “unámonos alrededor de las coincidencias y dejemos a un lado lo que nos separa”. En esa dinámica se exploró lo de desescalar el conflicto, sin logros concretos. Se convergió en la búsqueda de un cese bilateral al fuego. Convencidos, ambas partes, que hay que cambiar sin las ínfulas unilaterales y prepotentes gubernamentales al hablar solo de cambios y gestos exigibles a la insurgencia sin contraprestación de lo gubernamental; factores externos como la visita del Papa Francisco, decantaron fórmulas de acercamiento. En esto corresponde destacar que pese a los ambientes adversos para la implementación de los Acuerdos con las Farc; a la fuerte influencia de extrema derecha militarista en el seno del ejército colombiano y sin seguir un orden mecánico, se asimiló lo de sacar la violencia de la lucha política, calificando que el logro de un cese al fuego bilateral, aunque temporal, armoniza un desarrollo civilizado del debate electoral por el que transita Colombia. Y aunque el ELN no tiene dentro de sus cálculos o descarta un Acuerdo definitivo antes de las elecciones de 2018; tiene claro que en la etapa de conversaciones no se va a obtener una revolución por decreto. “No concebimos la negociación como un asunto bilateral, sino que es indispensable que se comprometa a todos los sectores de la sociedad, pero no a firmar lo que otros acuerden, sino a diseñar el proceso, a participar en él y a implementarlo” explica Nicolás Rodríguez (Gabino).
Que se entiende por participación de la sociedad
Al manifestar el ELN que no conciben las conversaciones con la contraparte gubernamental como un asunto bilateral, vuelcan el escenario del desarrollo de la lucha de clases en Colombia en el entorno de la participación ciudadana. Pero más allá de la fórmula de la representatividad indirecta constitucional; como en la dinámica propia del movimiento popular. Los cambios sustanciales que el ejercicio democrático impone en Colombia ante la puerta del fin del conflicto armado interno perfilan necesariamente la figura de la democracia participativa directa. Lo de “manera activa y protagónica” sobrepasa lo de la contienda ante un sistema electoral corrupto e ilegitimo, sin visos de un cambio de fondo pese a los Acuerdos de una reforma política como fue lo convenido con las Farc. En la fragua de las fuerzas sociales en crecimiento el silencio de los fusiles insurgentes retoma el cauce del decidir avasallador del movimiento popular. De manera que en símil o comparación sencilla: si lo bombazos desastrosos de la insurgencia contra el tubo del oleoducto no pararon la política desfoliadora de los hidrocarburos en Colombia a favor de las multinacionales petroleras; sea la voluntad de miles de manifestantes populares las que cierren las llaves del saqueo de tan valioso recurso natural. Comprendamos que el silencio de los fusiles no significa la pasividad de las masas populares. Todo lo contrario. Asimilemos que el fin del conflicto armado interno no significa la arriada de las banderas por la lucha del poder popular.
Aquí no se trata de instruir, aleccionar o enseñar. Se trata de ubicar el sentido de las conversaciones con el ELN para lograr la búsqueda de un fin del conflicto armado interno, no sobre el supuesto gatopardismo “que todo cambie para que nada cambie”. Están las enseñanzas que dejan lo de la implementación de los Acuerdos con las Farc. La dictadura mediática del régimen imperante supedita a la opinión pública con el ejercicio legal proselitista del partido político Farc de homenajear al guerrillero Mono Jojoy, a la par a que se homenajea- en todo el mundo- al Che como guerrillero heroico cercanos los 50 años de su asesinato en Bolivia. Incitan a que fue un “sanguinario”, sin demostrarlo; sin ocultar los innumerables bustos y monumentos al “monstruo” Laureano Gómez y/o al fascista G. Alzate Avendaño, creador del paramilitarismo Chulavita.! ¡Estos sí con suficiente registro de memoria histórica demostrada! Cabe aquí recordar “la deudita” que los medios monopólicos privados de comunicación tienen durante el conflicto armado en Colombia.
Además, que significa un cese al fuego bilateral
En primer lugar, el gobierno nacional (presidente y ministro del ramo) firmó el decreto de cese al fuego bilateral con el ELN. Los comandantes de ambas fuerzas en beligerancia- el presidente Santos y el comandante Gabino- ordenan detener las acciones ofensivas. Es decir, todo movimiento, acción, concentración e iniciativa de tipo militar. Comprende la limitación de todo ataque, movilización de tropas medios y elementos de combate que conlleve a sorpresas al enemigo. El cese al fuego bilateral interrumpe temporalmente la guerra, los enfrentamientos. No ha de interpretarse como que se reduce la intensidad del conflicto. Se trata de la detención temporal de las acciones ofensivas. Este cese o alto al fuego configura una tregua bilateral y corresponde a una expresión de entendimiento, como demostración de superación de la desconfianza, de la falta de fe, entre las Altas Partes. De invaluable valor para la nación colombiana.
Tratándose del factor insurgente, siendo sus objetivos el boicot económico por acciones militares, como voladuras de oleoductos, etc., estas cesaran. Dado que la retención de personas con fines económicos implica despliegue de unidades armadas, esa modalidad cesará. Obviamente por parte de la insurgencia no cesará su accionar ilegal, puesto que su razón de ser es el desconocimiento del orden legal y constitucional gubernamentales. Su labor de proselitismo, enrolamiento, sostenimiento bajo una economía de guerra, continuarán. Resumiendo: como organización político-militar, que lo es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), todo lo militar queda estancado, suspendido, congelado; pero el nutriente político de su caudal ideológico por lo general lo utilizan las fuerzas insurgentes en tregua para la difusión a ultranza de su pensamiento o ideario político. La contraparte de la fuerza armada gubernamental continuará ajustándose a los preámbulos constitucionales vigentes.
Un enfoque territorial
El cese al fuego bilateral del ELN con el gobierno es de alcance nacional. El panorama insurreccional colombiano con el Acuerdo de terminación del conflicto con las ya hoy inexistentes farc-ep, cambia totalmente. En el panorama nacional existe el ELN; pero también persisten reductos del también desmovilizado Ejército Popular de Liberación (EPL) en zonas del Sur del Cesar, Provincia de Ocaña y el Catatumbo nortesantandereano y vestigios del mismo en el suroccidente en zonas indígenas del Cauca, a juzgar por sus manifestaciones en este año en curso. Huelga mencionar, igualmente las llamadas disidencias de las antiguas Farc-ep, que operan en Guaviare, Putumayo, Caquetá. Los países garantes como las delegaciones de la ONU indiscutiblemente desplegaran consideraciones técnicas al respecto, con miras al absoluto cumplimiento del cese de hostilidades.
Por lo anterior una zona territorial en que el indiscutible flagelo de la guerra persiste es la Provincia de Ocaña y el Alto Catatumbo. Como doliente de esa región, ilustro a la opinión pública nacional y mundial, acerca de la también imperiosa necesidad porque los puentes de acercamiento en torno a un trato calificado para con el Frente Libardo Mora Toro del EPL en esa región del nororiente colombiano enfoque en un acercamiento y reconocimiento a conversar oficialmente con esa facción armada. No obedece a una motivación personal. El EPL dejó de existir como organización insurgente en 1989. Pero quedó y persiste ese frente como reducto del EPL en esos territorios. Cuentan con base campesina. Anidan en núcleos rojos con tradición abstencionista. Manejan presencia territorial y cuentan con jerarquizado mando. Son desoídas sus manifestaciones de entrar a conversar con el gobierno. En el argot o lenguaje especial que usan las personas en la actividad insurgente se conoce del vínculo histórico entre los del ELN y los del EPL como primos. Personeros municipales de esas regiones alientan en la necesidad que se hable con esa facción disidente con presencia operacional, pese a las arremetidas del ejército colombiano contra ellos. Se impone el buscar fórmulas agiles de acercamiento oficial con ellos. Al respecto impera el mandato constitucional. Dada la situación de macartización y señalamiento contra los dirigentes de izquierda y luchadores populares en esos territorios, se requiere los buenos oficios del liberalismo progresista, por ejemplo y de los países observadores y de las propias naciones unidas para que esta coyuntura del cese al fuego bilateral del gobierno nacional con el ELN, también alcance un trato político para con esa facción del EPL proscrito y que con calificativo de insultantes epítetos en nada contribuyen al imparable derrotero del fin del conflicto armado interno en Colombia.
