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Etiqueta: derechos indígenas

Aspiraciones y mujeres indígenas: Intercambio cultural del pueblo huetar de los territorios Quitirrisí y Zapatón

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Autoras: Wendy Benavides Calvo, Esmeralda Pérez Hernádez, Olivia Sylvester.

Museo de preservación de elementos culturales y tradiciones de la comunidad de Zapatón, marzo 2026 (crédito fotográfico Wendy Benavides Calvo).

El pasado 22 de marzo y 19 de abril 2026 se llevó a cabo un encuentro especial entre mujeres del pueblo milenario huetar de los territorios de Quitirrisí y Zapatón. En total participaron 15 mujeres, 4 de Zapatón y 11 de Quitirrisí, en un espacio de diálogo, intercambio y fortalecimiento comunitario.

El principal objetivo del encuentro fue fortalecer los lazos entre mujeres de ambos territorios, generando un espacio para compartir conocimientos, saberes y prácticas que forman parte de su vida cotidiana. Estos intercambios son fundamentales para preservar y revitalizar la cultura del pueblo huetar, especialmente en contextos donde, debido a la cercanía con el Valle Central y su historia de invasión a los territorios de pueblos milenarios, muchas de estas tradiciones han sido invisibilizadas y/o han enfrentado procesos de erosión debido a estructuras e instituciones coloniales. Este encuentro fue parte de proyecto internacional llamado Repensando Futuros Agrarios a través de la Acción Local (ReAL).

Mujeres Huetar de Zapatón y Quitirisí en la Casa de doña Carmen Parra, mayor indígena de Zapatón, referente de la cultura en Zapatón, marzo 2025. (crédito fotográfico Wendy Benavides).

El territorio de Zapatón ubicado en la provincia de San José, cantón de Puriscal y distrito Chires, colinda con el Parque Nacional La Cangreja y cuenta con una población registrada de 450 personas, de las cuales 355 son personas indígenas, según el censo de 2011 (Programa de las Naciones Unidas, [PNUD], 2025, p.19), mientras que Quitirrisí se localiza en la ruta hacía este cantón. El espacio también permitió conocer los territorios desde las propias experiencias de las mujeres: su alimentación, tradiciones, historias orales y formas de vida, así como reflexionar sobre sus aspiraciones dentro de sus territorios.

En Costa Rica, de acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario del Instituto Nacional de Estadística y Censos, apenas el 15% de las tierras rurales están registradas a nombre de mujeres (INEC, 2014), alrededor del 70% de los hogares indígenas presentan necesidades básicas insatisfechas en áreas fundamentales como salud, educación y vivienda, en contraste con el promedio nacional, que se sitúa en un 24% (Naciones Unidas, s.f). En un trabajo hecho en colaboración con miembros del grupo de Mujeres Huetares de Quitirrisí y la Universidad para la Paz, se demostró, como los pueblos originarios enfrentan múltiples desigualdades relacionadas con el acceso y la disponibilidad del agua y con su gestión, debido a procesos históricas y contemporáneos de racismo y colonización; en este estudio, se describió que las mujeres se ven especialmente afectadas, ya que muchas están a cargo del almacenamiento del agua, y/o actividades domesticas (Sylvester et al., 2023). Estas condiciones reflejan una realidad marcada por múltiples desigualdades, donde las mujeres indígenas enfrentan formas simultáneas de discriminación por su género, su pertenencia a pueblos milenarios y las limitaciones estructurales en el acceso a derechos básicos y oportunidades.

Las mujeres de pueblos milenarios desempeñan un papel en la construcción, transmisión y resignificación del conocimiento vinculado al territorio, la naturaleza y la vida comunitaria (Mestanza, 2025, pp. 60–61). En los territorios huetares de Quitirrisí y Zapatón, sus prácticas culturales y espirituales sostienen formas propias de relación con la tierra que han sido invisibilizadas.

El desarrollo de las comunidades rurales e indígenas tiene un fuerte protagonismo de las mujeres. Ellas son centrales en la relación humano con la tierra, en la transmisión de prácticas culturales, en la preparación de alimentos, y en el apoyo a la vida comunitaria, muchas veces en contextos con limitadas oportunidades de empleo, educación y acceso a recursos (Sylvester & Little, 2020).

Mujeres de Zapatón y Quitirrisí en Zapatón conversando sobre las aspiraciones, marzo 2024 (crédito fotográfico a Dana Artola Mena).

La mujer indígena ha sido ampliamente reconocida por su papel en la defensa del territorio y en los conflictos socioambientales, destacando su participación en procesos de resistencia, en la organización comunitaria y en espacios de liderazgo, especialmente en asociaciones y movimientos de recuperación de tierras. Sin embargo, muchas veces este liderazgo se interpreta únicamente como una respuesta reactiva frente al conflicto, dejando de lado que también forma partes integrales y centrales en los procesos continuos de construcción de conocimiento y de fortalecimiento del poder colectivo de las mujeres.

De igual forma, se ha valorado el conocimiento ancestral, la espiritualidad y las prácticas dentro de su territorio, como el uso de plantas medicinales, reconociendo el territorio como un ser relacional. No obstante, aún falta profundizar en cómo las mujeres conceptualizan y construyen estos saberes desde sus cosmovisiones.

Una colección de piedras del río de la Catarata del Rey del museo de preservación cultural de Carmen Parra Hernández, marzo 2026 (crédito fotográfico Wendy Benavides Calvo).

En este contexto, las aspiraciones de las mujeres indígenas del pueblo huetar en los territorios de Quitirrisí y Zapatón se entienden como parte de un proceso de construcción de conocimiento profundamente vinculado al territorio, la identidad y la relación con la naturaleza en la vida cotidiana. Más que expectativas individuales, estas aspiraciones son procesos colectivos que emergen de la experiencia territorial, la memoria cultural y los vínculos comunitarios.

Desde esta perspectiva, las aspiraciones se construyen a través de prácticas de cuidado, la transmisión de saberes y la defensa del territorio, reconociendo a las mujeres indígenas como actores centrales en la producción, gestión y cuido de la cultura. Como parte del proyecto ReAL, se buscar visibilizar estas aspiraciones, desde la voz de las mismas líderes huetares.

Referencia bibliográfica

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2014). VI Censo Nacional Agropecuario 2014: Tomo I – Características de las fincas y de las personas productoras. https://admin.inec.cr/sites/default/files/media/reagropeccenagro2014-ti-006_6.pdf

Naciones Unidas (2022). En Costa Rica, mujeres indígenas superan retos y ponen freno a la triple discriminación. https://unsdg.un.org/es/latest/stories/costa-rica-mujeres-indigenas-retos-triple-discriminacion#:~:text=GNUDS%20%7C%20En%20Costa%20Rica%2C%20mujeres,freno%20a%20la%20triple%20discriminaci%C3%B3n

Mestanza Ramón, K. (2025). Cosmovisión, género y territorio: la mujer kichwa en la Amazonía ecuatoriana (Tesis de maestría). FLACSO Ecuador. https://hdl.handle.net/10469/25589

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2025). Plan ambiental, forestal y territorial del territorio indígena de Zapatón. https://pnud-conocimiento.cr/wp-content/uploads/2025/09/PAFT_Zapaton-VF.pdf

Sylvester & Little (2020). Mujeres agricultoras retando los estereotipos de género en Costa Rica. Agroecología. http://agroecologa.org/agricultoras-que-desafian-los-estereotipos-de-genero/

Sylvester, O., Ramin, C., Serrano González, B., Hernández Mena, Z., Pérez Hernádez, E., y Schuster-Wallace, C. (2023). Acceso y gestión del agua en los pueblos indígenas de Costa Rica: El caso del pueblo Huetar de Quitirrisí de Mora. Revista Ambiente, (288), 48–54. https://www.ambientico.una.ac.cr/revista-ambientico/acceso-y-gestion-del-agua-en-los-pueblos-indigenas-de-costa-rica-el-caso-del-pueblo-huetar-de-quitirrisi-de-mora/

Filomena Navas Salazar: legado vivo de lucha y dignidad en el pueblo Bröran

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El Colectivo de apoyo a doña Digna Rivera Navas felicita al pueblo Bröran de Térraba y, en particular, a la familia Rivera Navas por el benemeritazgo concedido a Filomena Navas Salazar; madre de nuestra querida doña Digna Rivera y abuela de Jerhy Rivera Rivera.

Esta figura encarna la historia viva de las comunidades indígenas que han resistido, organizado y transformado sus territorios desde la base.

Su legado, como señalan diversas organizaciones, no solo pertenece al pasado: sigue presente en las luchas actuales por la tierra, la cultura, los derechos y la dignidad.

Su ejemplo ha sido una luz para sus hijas e hijos y también para su nieto Jerhy, quien supo enaltecer con su lucha y su vida el legado recibido de esta gran mujer.

Ley en papel, derechos negados: la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS. En Costa Rica existe una ley que, en el papel, reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Se trata de la Ley Indígena N.° 6172, aprobada en 1977, que establece principios contundentes: la propiedad colectiva de los territorios, la exclusividad de su uso por parte de las comunidades indígenas y la obligación del Estado de garantizar su protección.

Sin embargo, casi medio siglo después, la realidad en los territorios indígenas muestra una profunda contradicción: lo que la ley reconoce, en la práctica se incumple de manera sistemática.

Un marco legal preciso… que no se cumple

La Ley Indígena no deja espacio para ambigüedades. Desde su inicio define a los pueblos indígenas como sujetos colectivos con identidad propia y reconoce sus territorios como propiedad exclusiva de las comunidades. Además, establece que estas tierras son inalienables, imprescriptibles y no transferibles, y prohíbe expresamente que personas no indígenas puedan adquirirlas o utilizarlas.

Asimismo, la ley dispone que el Estado debe reubicar o expropiar a las personas no indígenas que ocupen tierras dentro de los territorios, y actuar de inmediato ante nuevas invasiones. También declara el cumplimiento de esta legislación como una prioridad nacional, obligando a todas las instituciones públicas a colaborar en su ejecución.

El reglamento complementa este marco, señalando mecanismos organizativos, representación jurídica y coordinación institucional para hacer efectivos esos derechos.

En otras palabras: la ley existe, es precisa y otorga herramientas suficientes para garantizar los derechos territoriales indígenas.

La realidad: territorios invadidos y derechos vulnerados

Pese a este marco jurídico, múltiples denuncias —como las que hemos venido documentando en SURCOS— evidencian una realidad muy distinta:

  • Territorios indígenas ocupados por personas no indígenas.
  • Procesos de recuperación de tierras enfrentados con violencia.
  • Ausencia de acciones efectivas del Estado para cumplir la ley.
  • Condiciones de vida marcadas por exclusión social, pobreza estructural y falta de acceso a servicios básicos.

Esta brecha entre ley y realidad no es accidental. Responde a una debilidad estructural del Estado para garantizar derechos cuando se trata de poblaciones históricamente marginadas.

Una ley nacida en un contexto limitado

El análisis de la historiadora Alejandra Boza Villarreal aporta claves importantes para entender esta situación. La Ley Indígena surge en un contexto en el que el Estado costarricense buscaba reconocer la existencia de los pueblos indígenas, pero lo hacía desde una visión todavía limitada, marcada por enfoques asistencialistas e integracionistas.

Si bien la ley representó un avance significativo para su época —al reconocer la propiedad colectiva y la autonomía territorial—, no rompió completamente con las estructuras de poder que históricamente han subordinado a los pueblos indígenas.

Esto explica, en parte, por qué la ley ha sido más declarativa que efectiva: reconoce derechos, pero no transforma las condiciones estructurales que impiden su cumplimiento.

El problema de fondo: voluntad política y modelo de desarrollo

El incumplimiento de la Ley Indígena no puede explicarse únicamente como una falla administrativa. Se trata de un problema más profundo:

  • Falta de voluntad política sostenida para ejecutar desalojos y procesos de recuperación territorial.
  • Conflictos con intereses económicos, especialmente en zonas donde hay presión sobre la tierra.
  • Un modelo de desarrollo que no prioriza los derechos de los pueblos indígenas, pese a lo que establece la ley.

Incluso cuando la legislación establece que solo las comunidades indígenas pueden explotar los recursos dentro de sus territorios, en la práctica se han documentado situaciones de uso indebido, extracción de recursos y afectaciones ambientales que contradicen ese mandato.

Organización comunitaria frente a la ausencia estatal

Ante este escenario, muchas comunidades han impulsado procesos de organización y recuperación territorial. La propia ley reconoce la importancia de las estructuras comunitarias y formas organizativas indígenas, así como su derecho a administrar sus territorios.

Sin embargo, estas iniciativas han debido avanzar, en muchos casos, sin el respaldo efectivo del Estado, e incluso enfrentando criminalización o violencia, con asesinatos y amenazas como expresión de ese clima.

Esto plantea una pregunta central: ¿hasta qué punto el Estado está dispuesto a cumplir su propia ley?

Más que una deuda legal, una deuda histórica

El problema no es que falten normas. El problema es que no se cumplen.

La situación de los pueblos indígenas en Costa Rica revela una contradicción profunda entre el discurso de país respetuoso de los derechos humanos y la realidad en los territorios.

Cumplir la Ley Indígena no es solo una obligación jurídica. Es una condición mínima para avanzar hacia una sociedad que respete la diversidad, la dignidad y los derechos colectivos.

Una tarea pendiente

A casi 50 años de su aprobación, la Ley Indígena sigue siendo una promesa incumplida.

Garantizar su aplicación efectiva implica:

  • Recuperar territorios ocupados ilegalmente.
  • Fortalecer la autonomía de las comunidades.
  • Asegurar condiciones de vida dignas.
  • Reconocer plenamente a los pueblos indígenas como sujetos de derechos.

Mientras esto no ocurra, la ley seguirá siendo un texto avanzado… pero insuficiente frente a una realidad que continúa negando derechos fundamentales.

Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Dirección de Agua tramita concesión en territorio de Térraba a favor de persona que no es Brörán

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Una nueva controversia surge en el Territorio Indígena de Térraba. La Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía tramita y dejó lista para resolución una concesión de aprovechamiento de agua dentro de la finca Crun Shurin, en territorio Brörán, a favor de una persona que no pertenece a este pueblo originario, sin que en el expediente conste la realización de un proceso de consulta previa, libre e informada con la comunidad que recuperó dicha finca.

El caso se gestiona bajo el expediente 27127-A. La solicitud original fue por 0,05 litros por segundo de un nacimiento afluente del río Térraba y fue publicada en el diario oficial La Gaceta mediante el edicto ED-1229-2025, el 23 de octubre de 2025. Posteriormente, un informe técnico de la Unidad Hidrológica Térraba–Pacífico Sur recomendó otorgar 0,04 litros por segundo, y la revisión legal, fechada el 23 de enero de 2026, concluyó que el trámite cumple con los requisitos formales y puede pasar a resolución final.

No obstante, en los documentos disponibles no se evidencia consulta a autoridades tradicionales como el Consejo de Mayores Brörán ni a las familias recuperadoras que viven actualmente en el lugar, pese a tratarse de una captación ubicada dentro de una finca recuperada en un territorio indígena oficialmente reconocido y bajo régimen de propiedad colectiva.

Uno de los afectados sería el líder indígena Pablo Sibar Sibar y su familia, así como alrededor de 25 familias recuperadoras del asentamiento Crun Shurin, proceso iniciado en 2018 y hoy es habitado por unas 80 personas que si son parte de la base de datos del pueblo Brörán. La concesión se ubica sobre la principal fuente que abastece esta recuperación, fuente que, según denuncian, ha sido cuidada, regenerada y reforestada desde entonces, tras encontrarse deteriorada, altamente contaminada y disminuida por consecuencia de la usurpación ganadera.

El propio expediente reconoce que la finca donde se ubica la captación pertenece registralmente a la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Térraba, la cual avala la gestión de la interesada. Sin embargo, la concesión se tramita a favor de una persona física para uso comercial.

La situación genera mayor tensión debido a que, según el Consejo Brörán, que elaboró la base de datos de troncos familiares reconocida por el Tribunal Supremo de Elecciones y oficializada por el Gobierno mediante el decreto No 41903- MP , la persona solicitante no pertenece al pueblo Brörán. Aun así, la Asociación de Desarrollo Integral habría otorgado su aval para la extracción de agua destinada, entre otros usos, a una actividad comercial que no paga impuestos e incluye según las personas recuperadoras la venta de licor, actividad prohibida por ley dentro del territorio indígena.

Paralelamente, familias indígenas Brörán que habitan la recuperación denuncian que no cuentan con acceso formal al agua, ya que la Asociación de Desarrollo Integral no les otorga el aval necesario para conectarse, mientras sí respalda la gestión de la persona no indígena.

La situación del agua es crítica en esta región, caracterizada por condiciones climáticas muy secas. En varias ocasiones, las familias de la recuperación han tenido que interponer recursos de amparo para garantizar que al menos dos veces por semana llegue un camión cisterna, aunque con una cantidad limitada de agua. Ante este contexto, la comunidad planteó al AyA la construcción de un acueducto en la quebrada en disputa, con el fin de asegurar el acceso al agua potable como uso prioritario y central para la reproducción de la vida del pueblo brörán. Sin embargo, la institución respondió que un proyecto de este tipo podría tardar hasta 20 años en concretarse.

Para Pablo Sibar Sibar, la situación refleja una vulneración constante de los derechos del pueblo Brörán. En sus palabras:

“Esos son los atropellos que día a día vivimos en los territorios indígenas, especialmente quienes defendemos derechos. Esta señora es una usurpadora que tiene un bar restaurante y se lleva el agua de una tierra que nos ha costado sudor y lucha; con el agua del territorio está enriqueciendo su negocio mientras los recuperadores no tenemos ni una gota. No podemos entender cómo, a casi cinco décadas de la promulgación de la Ley Indígena, se siguen violentando nuestros derechos.”

Además, existe un patrón de hostigamiento contra el dirigente Sibar. En agosto pasado, la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba intentó vender a personas no indígenas una finca perteneciente al líder Brörán, quien cuenta con medidas cautelares. Debido a este hecho, se solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el reforzamiento de dichas medidas. Esta situación se suma a un patrón sostenido de violencia que incluye amenazas, agresiones e incendios ocurridos en ocasiones anteriores, así como un nuevo incendio registrado el mes pasado, lo que coloca en riesgo extremo su vida e integridad.

¿Qué va a pasar con la concesión? Mientras la resolución final sigue pendiente, las familias sostienen que no se trata de un asunto meramente técnico o administrativo, sino de una decisión con profundas implicaciones territoriales, sociales y culturales. Ante lo que consideran una serie de atropellos, la comunidad ha anunciado que interpondrá los recursos legales necesarios para hacer valer sus derechos.

A diez años del asesinato de Berta Cáceres invitan a proyección del documental “Las semillas de Berta Cáceres”

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La actividad busca generar un espacio de memoria y reflexión sobre el legado de la defensora lenca y las luchas actuales por la defensa de los territorios y los bienes comunes.

Al cumplirse diez años del asesinato de la lideresa indígena lenca Berta Cáceres, diversas organizaciones invitan a un espacio de memoria, encuentro y conversación colectiva que incluirá la proyección del documental Las semillas de Berta Cáceres. La actividad busca reflexionar sobre la vigencia de su lucha y el impacto que su legado continúa teniendo en las resistencias comunitarias frente al extractivismo y el colonialismo en América Latina.

El encuentro se realizará el miércoles 25 de marzo a las 5:30 p.m. en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), en Sabanilla de Montes de Oca, del supermercado Max X Menos 50 metros oeste y 75 metros norte. La actividad está abierta al público y busca propiciar un espacio de memoria colectiva y conversación sobre lo que la lucha de Berta sigue sembrando hoy en los territorios: aprendizajes, inspiraciones y desafíos para continuar defendiendo la vida, la justicia ambiental, los territorios y los bienes comunes.

El documental “Las semillas de Berta Cáceres” relata la historia de Berta Cáceres, ambientalista, feminista y defensora de derechos humanos que participó en la fundación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, organización que ha acompañado durante décadas la defensa de los derechos del pueblo lenca en Honduras. Por su liderazgo en la defensa del río Gualcarque y la oposición a proyectos hidroeléctricos en territorios indígenas, Cáceres recibió en 2015 el Goldman Environmental Prize, considerado el máximo reconocimiento mundial para activistas ambientales.

El documental es resultado de un trabajo conjunto entre Contrast Journalist Group, Entrepueblos y el COPINH, realizado gracias a la beca europea DEV REPORTER, que promueve la colaboración entre periodistas, comunicadoras populares y organizaciones de cooperación solidaria.

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa en La Esperanza, Honduras, después de años de recibir amenazas por su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Su asesinato generó una amplia condena internacional y puso en evidencia una compleja red de intereses empresariales y financieros vinculados al proyecto, que incluía empresas privadas y entidades financieras de América Latina y Europa.

En los movimientos sociales de la región, su asesinato es recordado como “la siembra de Berta”, una forma de expresar que su legado continúa inspirando luchas por la defensa de los territorios, los ríos y los derechos de los pueblos indígenas.

La actividad es organizada por el Departamento Ecuménico de Investigaciones con el apoyo de Código Sur, La Colectiva por el Derecho a Decidir, Bloqueverde, El Programa Kioscos Socioambientales de la UCR y el Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes (ED-3526) de la Escuela de Geografía de la UCR.

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Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

A 7 años del asesinato de Sergio Rojas Ortiz organizan plantón por su memoria

Escrito en . Publicado en Derechos.

Este próximo miércoles 18 de marzo a las 9:00 a.m. en el Pretil de la Universidad de Costa Rica (UCR) se realizará un “Plantón por la memoria del compañero y hermano Sergio Rojas”, al cumplirse siete años de su asesinato, que continúa en la impunidad. La actividad es convocada por la Coordinación del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y Juventudes Indígenas.

Ante la pregunta ¿Quién lo mató?, las personas organizadoras responden con firmeza: “¡El Estado lo mató!”, al tiempo que reiteran que “¡la lucha continúa!”.

¿Quién fue Sergio Rojas Ortiz?

Sergio Rojas Ortiz, Bribri del clan Uniwak del territorio indígena de Salitre, fue un reconocido líder del movimiento por la autonomía indígena y la recuperación de tierras en la zona sur del país. Dirigente y fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI).

 A lo largo de los años fue objeto de agresiones, persecución, criminalización e incluso encarcelamiento por su labor de defensa territorial. En la madrugada del 18 de marzo de 2019 fue asesinado mediante una ejecución al estilo paramilitar, recibiendo 15 disparos en su propia casa, para ese momento tenía 59 años y con tres hijos.

La violencia contra Sergio Rojas no comenzó con su asesinato. Desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había ordenado al Estado costarricense brindarle medidas de protección debido a las amenazas y agresiones que enfrentaba.

A inicios de 2024, el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur dictó sobreseimiento definitivo a favor de las dos personas no indígenas imputadas por el homicidio del líder indígena, argumentando que las pruebas recolectadas durante la investigación no alcanzaban el grado de probabilidad necesario para llevar el caso a juicio. Esta decisión respondió a una solicitud del Ministerio Público.

La resolución llega después de un largo y tortuoso proceso judicial. Desde etapas tempranas del caso se intentó cerrar la causa: en 2020 la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada solicitó el sobreseimiento y archivo del expediente, lo que generó el rechazo de familiares, comunidades indígenas y organizaciones de derechos humanos, así como presión nacional e internacional. Tras una audiencia oral realizada en diciembre de 2020, en febrero de 2021 un juez resolvió que la investigación debía continuar.

Durante el proceso también se conoció la filtración de un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que incluía testimonios de testigos e intervenciones de comunicaciones. Según ese informe, los investigadores lograron identificar mensajes de texto vinculados con los presuntos autores intelectuales del crimen, en los que incluso se mencionaba la posibilidad de que el día del asesinato “lo cazaran”.

El asesinato de Sergio Rojas Ortiz constituye un crimen político ocurrido en un contexto de creciente y sistemática violencia física, simbólica e histórica contra los pueblos indígenas. Esta situación está profundamente vinculada tanto al racismo institucional como a la falta de acciones efectivas del Estado costarricense para garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios, en particular aquellos relacionados con la recuperación y protección de sus territorios.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Reseña Documental: «Los Maleku de Guatuso»

Escrito en . Publicado en Cultura.

Por: Michelle Castro

Introducción y Estreno

El pasado 7 de febrero, el Territorio Indígena Maleku celebró el estreno oficial del documental «Los Malekus de Guatuso». El evento tuvo lugar en el Palenque Margarita, específicamente en el rancho Crokú Y u. Esta obra se distingue por ser la producción audiovisual más reciente de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) vinculada a los territorios indígenas del país.

Localización y Contenido Narrativo

La producción se desarrolló en dos escenarios fundamentales: el Territorio Indígena Maleku, ubicado en el cantón de Guatuso, y el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, en Los Chiles. El documental se estructura en diversas etapas que permiten al espectador profundizar en la identidad de este pueblo:

Legado Histórico: Explora aspectos históricos desde tiempos inmemoriales, la demografía de la población y su particular forma de vida.

Expresiones Culturales: Se documentan prácticas tradicionales, métodos de subsistencia, dieta, uso de medicina natural, arquitectura habitacional, cantos y danzas autóctonas.

Espiritualidad y Naturaleza: Destaca la conexión sagrada de la comunidad con su entorno, incluyendo cuencas de ríos, lagos, volcanes y bosques.

Desafíos Actuales: El material aborda problemáticas críticas como la usurpación de tierras, el deterioro ambiental, el racismo, la aculturación y las restricciones para ejercer la caza y pesca ancestral.

Un Proceso de Gestión Local y Participativa

A diferencia de otras producciones, este documental nació de un proceso de acompañamiento de tres años liderado por el Programa de Gestión Local (PGL) de la UNED. Los protagonistas y gestores principales son miembros de la propia comunidad Maleku, egresados del técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios.

Un aspecto notable es que el trabajo se realizó bajo las complejas condiciones de la Pandemia del COVID-19. Además del documental, el PGL ha fortalecido iniciativas como el Festival Cultural Maleku, el cual busca rescatar la gastronomía, la artesanía tradicional (bolsos y canastos), el idioma y deportes como el tiro con arco y flecha.

Equipo de Producción y Colaboradores

La realización técnica contó con el apoyo de especialistas de la UNED y la colaboración estrecha de los «Mayores» de la comunidad. El equipo principal estuvo conformado por:

Dirección y Producción: Luis Fernando Fallas Fallas.

Cámara: Santiago Martínez.

Sonido: Nino Robleto.

Edición: Ramón Morales Garro.

Colaboración Fotográfica: Ricardo Araya Rojas.

Conclusión

Este proyecto audiovisual no solo documenta la riqueza de la cultura Maleku, sino que evidencia su resiliencia y su lucha activa por preservar la naturaleza y sus raíces para las futuras generaciones. Representa un esfuerzo conjunto basado en la empatía, el respeto y el interés por proteger el patrimonio cultural de Costa Rica.

Para ver el documental completo, dar click aquí https://www.youtube.com/watch?v=Omr2-PzWUYc

Nota: Puede apreciarse el afiche de la presentación oficial del 7 de febrero.

Jerhy Rivera, seis años después: la herida que sigue abierta en Térraba

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Mauricio Álvarez Mora, ecologista y Docente UCR UNA

Hoy, 24 de febrero, se cumplen seis años del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, joven dirigente indígena Bröran del territorio de Térraba. Son seis años de impunidad, dolor y una herida abierta que interpela de manera directa al Estado costarricense y a su sistema de justicia.

Jerhy nació el 1.º de noviembre de 1974 en Térraba. Desde muy joven se destacó como un dirigente valiente y vehemente, comprometido con la lucha contra el despojo territorial, la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas y la defensa de los bienes comunes naturales y culturales. Lo conocimos en la resistencia frente a la amenaza del proyecto hidroeléctrico Diquís, defendiendo el río Grande de Térraba con una claridad que aún resuena: “El río no se entrega a cambio de una carretera o una construcción”.

Jerhy fue asesinado por la espalda, a balazos, dentro del territorio indígena Bröran de Térraba, a los 46 años. Su asesinato fue el resultado de un linchamiento promovido por personas no indígenas que usurpan tierras indígenas desde hace décadas. Este crimen no puede comprenderse sin señalar la responsabilidad directa del Estado: la Fuerza Pública estaba presente, fue testigo directo de los hechos y no intervino.

La mañana de ese día, hace seis años, varias familias del pueblo Bröran iniciaron un nuevo proceso de recuperación territorial. Entre ellas estaba la familia Rivera. Antes de estas recuperaciones, el pueblo Bröran apenas ejercía control efectivo sobre el 10 % de su territorio, mientras que el 90 % permanecía en manos de personas no indígenas, incluyendo fincas ganaderas de hasta mil hectáreas concentradas en una sola persona. Muchas familias indígenas fueron expulsadas de sus tierras legalmente asignadas y forzadas a migrar.

La respuesta a esa recuperación fue brutal. Una turba de personas no indígenas se organizó con el objetivo, según sus propias expresiones, de “tajadear” al líder indígena Pablo Sibar Sibar, quien también ha sobrevivido a múltiples atentados y actos de violencia. Por milagro no hubo más víctimas mortales. La familia de Jerhy relató que la noche anterior al asesinato sobrevivieron a un ataque armado perpetrado por más de cien personas no indígenas, que actuaron con total violencia, a la vista y paciencia de la Fuerza Pública.

En 2020, el Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas elevó a juicio la causa contra un hombre de apellidos Varela Rojas, acusado de homicidio calificado, amenazas agravadas y portación ilegal de arma. En agosto de 2022, este mismo sujeto se presentó de noche a una actividad pública con autoridades en la Escuela de Buenos Aires de Puntarenas y declaró, con cinismo y agitación: “yo fui el que lo maté”. El público lo aplaudió. Todo quedó registrado y fue transmitido en vivo por Facebook.

El 1.º de febrero de 2023, un tribunal de Pérez Zeledón lo condenó a más de 20 años de prisión por homicidio calificado, portación ilegal de arma y amenazas agravadas contra una testigo. Sin embargo, el 17 de julio de 2023, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago ordenó su liberación, anuló el juicio y dispuso la realización de uno nuevo, alegando vicios en el procedimiento. A finales de 2024, el Tribunal de Pérez Zeledón absolvió al principal imputado, argumentando que las declaraciones y pruebas no permitieron comprobar la tesis de la Fiscalía ni de la familia querellante.

Este asesinato y el largo proceso judicial que le siguió han dejado al sistema de justicia seriamente cuestionado, con evidentes signos de racismo institucional. Han dejado a la familia de Jerhy profundamente herida y abatida; al pueblo Bröran con la amarga lección de cuánto vale la vida de una persona indígena en este país; y a quienes hemos acompañado durante años estos procesos de defensa del territorio y de los derechos humanos, en un estado de indignación profunda.

A seis años del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, la impunidad no es solo una falla judicial: es un mensaje político. Un mensaje que normaliza la violencia contra los pueblos indígenas protege a los usurpadores y castiga, una y otra vez, a quienes defienden la vida, el territorio y la dignidad. Recordar a Jerhy no es un acto simbólico: es una exigencia de verdad, justicia y reparación, y una denuncia permanente contra un Estado que sigue llegando tarde -o no llegando- y que, cuando llega, protege y legitima a los agresores, no a los pueblos originarios.

La institucionalidad social en el territorio indígena cabécar de China Kichá – Voces y Política

Escrito en . Publicado en Derechos.

Este miércoles 18 de febrero tendremos el programa:

Expresiones de la institucionalidad social en el territorio indígena cabécar de China Kichá

Con la participación de:

María Fernanda Hernández Valverde, Kembly Dayana Ulate Rojas, Abigail Lacayo Zúñiga y Evelyn Loaiza Romero.

Expresiones de la institucionalidad social en el territorio indígena cabécar de China Kichá es un Trabajo Final de Graduación de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, que analiza la presencia y acción de la institucionalidad social en este territorio durante el período 2018–2023.

Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.

Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM.

Véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica (https://www.facebook.com/radiouniversidadcr)

FRENAPI denuncia usurpación y uso electoral de la agenda indígena

Escrito en . Publicado en Elecciones.

San José, 25 de enero de 2026.

El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) emitió un pronunciamiento público en el que alerta sobre la usurpación de derechos, territorios e identidades indígenas y cuestiona el uso instrumental de la agenda de los pueblos originarios en el contexto del proceso electoral de 2026.

FRENAPI, que agrupa a ocho pueblos indígenas y al menos quince territorios de todo el país, recordó que desde hace más de 26 años ha impulsado esfuerzos sostenidos para posicionar las demandas indígenas ante los distintos poderes del Estado, independientemente de los gobiernos y administraciones de turno. En su comunicado, el colectivo reafirmó la vigencia y diversidad de los pueblos indígenas de Costa Rica, así como su compromiso con una agenda integral que abarca la espiritualidad, la tierra y el territorio, las estructuras propias de gobierno, la salud y educación propias, la protección del ambiente y la defensa de los idiomas originarios.

La organización denunció que, pese a la violencia estructural histórica ejercida por el Estado, ha mantenido una posición de respeto frente a las distintas corrientes y figuras políticas que aspiran a cargos de elección popular. Sin embargo, advirtió que los procesos electorales suelen estar estrechamente vinculados a grupos de poder que financian campañas y que, según FRENAPI, han usurpado tierras, conocimientos y espiritualidades indígenas, recurriendo a “discursos vacíos” y prácticas engañosas.

El pronunciamiento señala además que diversas figuras políticas han utilizado de forma incorrecta los idiomas indígenas o han hablado en nombre de los pueblos originarios sin conocimiento real de sus territorios ni de sus prioridades, reproduciendo la ignorancia y el desconocimiento sobre la realidad indígena. En ese sentido, FRENAPI repudió lo que calificó como prácticas reiteradas de “politiquería electoral”, en las que los derechos de los pueblos indígenas —reconocidos en leyes, decretos y convenios internacionales— son invocados de manera coyuntural, pero luego omitidos en los planes de inversión y acción estatal.

De manera explícita, el Frente cuestionó las acciones atribuidas a Laura Fernández y Fernando Zamora, a quienes acusa de utilizar las necesidades y derechos indígenas como parte de su estrategia de campaña, mediante la suplantación y la manipulación de la realidad que enfrentan las comunidades.

FRENAPI también criticó a los partidos políticos por profundizar desigualdades y violencias sistemáticas, usando a sectores históricamente excluidos como “botín electoral” u ornamento discursivo. Asimismo, denunció la imposición de proyectos extractivistas —como marinas, explotación petrolera, minería e hidroeléctricas— sin respetar la autonomía, la libre autodeterminación ni la consulta previa, libre e informada de buena fe.

El colectivo subrayó que los pueblos y naciones indígenas no son homogéneos y defendió la construcción democrática desde las diferencias, de manera pública y propositiva. Afirmó que su “proyecto de Vida” no responde a partidos políticos ni a coyunturas electorales, sino que trasciende el escenario político actual y se fundamenta en la defensa del territorio, la dignidad, el autogobierno y el bien común.

Finalmente, FRENAPI rechazó las narrativas coloniales e integracionistas que invisibilizan la diversidad indígena y llamó al pueblo costarricense a abrir el pensamiento y la acción para construir un país más democrático, inclusivo y respetuoso de su pluralidad. El comunicado concluye con un mensaje de memoria y lucha en honor a Jerhy Rivera y Sergio Rojas, reafirmando la continuidad de la resistencia de los pueblos indígenas en Costa Rica.