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Etiqueta: desigualdades territoriales

Territorios locales y algoritmos en la disputa por el poder

Los territorios locales siguen siendo decisivos en la política, pero hoy la disputa también se juega en la percepción social de la realidad a través de los algoritmos.

Abelardo Morales Gamboa

Costa Rica enfrenta actualmente un desafío más complejo que la mera economía o la defensa formal de la institucionalidad democrática. Como ya lo he señalado en anteriores publicaciones (La política también se decide en los territorios locales), la cuestión de fondo consiste en reconstruir nuevas formas de articulación social y política capaces de responder a una realidad marcada por la transnacionalización de la vida social, las desigualdades territoriales, la fragmentación subjetiva y las profundas transformaciones tecnológicas que reorganizan contemporáneamente las formas de convivencia, poder y representación política.

El territorio nunca ha dejado de ser el ámbito de la contienda política, ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo. Lo que sí se ha transformado profundamente son las formas mediante las cuales la vida territorial —es decir, la experiencia social del lugar— es narrada, interpretada e incluso emocionalizada. Aunque esto pueda parecer abstracto, sus efectos se manifiestan diariamente en la vida cotidiana.

Las personas siempre viven individual y colectivamente la experiencia del lugar. Esa experiencia está mediada por estructuras sociales, históricas+ y culturales que le otorgan significado. Así, un barrio periférico o una comunidad de pescadores continúan experimentando territorialmente el desempleo, la violencia o servicios públicos de mala calidad. La vida humana continúa teniendo una expresión espacial y las desigualdades territoriales continúan siendo una de las expresiones más visibles de la crisis contemporánea. El territorio donde esos problemas se producen no cambió; lo que cambió fue la manera en que quienes habitan esos espacios interpretan políticamente esa experiencia.

Antes, las percepciones sobre esa realidad podían construirse desde la escuela, las iglesias tradicionales, las organizaciones comunales, los sindicatos o los liderazgos locales. Hoy, plataformas digitales, influenciadores, cadenas de redes sociales y discursos algorítmicos —muchas veces articulados con narrativas neorreligiosas— reorganizan emocionalmente los modos de ver y pensar la realidad. El territorio sigue produciendo el malestar, pero estas nuevas mediaciones transforman la manera en que ese malestar adquiere significado político, movilizando miedo, frustración o resentimiento antes que vínculos de solidaridad, esperanza o acción colectiva. Todo ello gracias a los teléfonos móviles, las plataformas digitales y las grandes corporaciones tecnológicas que reorganizan crecientemente la producción cotidiana de sentido común y alteran las mediaciones tradicionales de la vida pública.

Las experiencias locales se reflejan cada vez menos en las antiguas identidades territoriales que daban cohesión a las culturas comunitarias. Tales identidades se construían a partir de vínculos socializadores relativamente estables: familias, espacios comunitarios, organizaciones sociales, instituciones y sistemas simbólicos que proporcionaban marcos comunes de interpretación y pertenencia.

Hoy, buena parte de la interpretación política de esas experiencias es procesada por ecosistemas mediáticos y emocionales capaces de redirigir simbólicamente el malestar social y, muchas veces, desfigurar su naturaleza y significado. No solo cambia la manera de interpretar la experiencia política; también se debilita progresivamente el sentido de identidad colectiva.

Lo que aparenta ocurrir únicamente en espacios mediáticos abstractos o en los “no lugares” digitales tiene, en realidad, efectos profundamente territoriales. Las plataformas digitales amplifican emociones, pero sobre todo las modulan bajo intereses particulares antes que colectivos. Simplifican antagonismos e introducen formas rápidas de identificación política que muchas veces sustituyen la construcción orgánica de vínculos colectivos y su sentido cívico. El territorio sigue produciendo el malestar; pero los algoritmos reorganizan crecientemente la manera en que ese malestar adquiere significado político y se convierte en herramienta para disputar y reorganizar el poder.

Esto ayuda a explicar por qué liderazgos con estructuras territoriales débiles logran construir rápidamente amplias adhesiones emocionales. A medida que se debilitan las lealtades ideológicas y las formas tradicionales de organización colectiva, tienden a expandirse vínculos políticos más personalistas y emocionalizados, donde la adhesión al líder opera como sustituto precario de certezas, pertenencias y mecanismos de protección social. En contextos de incertidumbre y fragmentación, estas formas de dependencia afectiva pueden adquirir rasgos cercanos a una suerte de vasallaje emocional. Su eficacia no proviene únicamente de su capacidad comunicacional a gran escala, sino también de su capacidad para penetrar y reorganizar emocionalmente los ecosistemas locales de interacción social.

Sin embargo, allí también aparece uno de los límites históricos de estas nuevas formas de hegemonía. Las articulaciones basadas casi exclusivamente en emocionalidad, comunicación digital y liderazgo mediático pueden resultar eficaces para conquistar adhesiones rápidas, pero suelen ser más frágiles para construir legitimidad duradera, cohesión social y proyectos políticos estables. Al menos mientras esas fuerzas no logren establecer vínculos orgánicos con movimientos sociales, estructuras corporativas u otras formas de organización colectiva, algo que no deja de ser una posibilidad futura.

Estos procesos tampoco se despliegan homogéneamente. Algunos territorios muestran mayores niveles de adhesión a discursos anti-institucionales, punitivos o personalistas, mientras otros conservan formas más tradicionales e institucionalizadas de mediación política. La eficacia de las nuevas narrativas populistas y autoritarias depende precisamente de su capacidad para conectar con economías emocionales territorialmente situadas. La capilaridad de las iglesias evangélicas y ciertas formas de fanatismo religioso, como ha ocurrido en otros países, facilita un mayor anclaje territorial de esas interpelaciones. No puede descartarse que los dispositivos político-religiosos impulsados por sectores neoconservadores terminen reconstruyendo parte de las antiguas bases organizativas y comunitarias. Por ello, lo que está en juego es una transformación más amplia de las relaciones entre territorio, subjetividad y poder en el capitalismo contemporáneo.

La reconstrucción democrática exige volver a territorializar la política. No como retorno nostálgico a las antiguas estructuras partidarias, sino como construcción de nuevas formas de articulación social y movilización política capaces de conectar experiencias locales, demandas sociales y horizontes colectivos en una sociedad profundamente transformada por la digitalización y la fragmentación del trabajo, la cultura y la comunicación.

Esto implica fortalecer liderazgos comunitarios atravesados por la cultura cívica y el respeto a las normas democráticas, revitalizar espacios de organización y participación social con mayor equidad y reconstruir formas de inclusión que permitan a las personas recuperar capacidad de incidencia sobre las condiciones concretas de su existencia. Allí donde las desigualdades, la exclusión y el abandono estatal se experimentan cotidianamente, también debe reconstruirse la capacidad de producir solidaridad, deliberación y proyectos comunes.

Pero, además, el desafío contemporáneo exige disputar el sentido mismo de la modernidad democrática frente a las nuevas formas de control emocional y colonización algorítmica de la vida social. La política del futuro no puede limitarse a administrar el miedo ni a amplificar resentimientos. Necesita recuperar capacidad ética, pedagógica y cultural para producir esperanza democrática en medio de sociedades atravesadas por la incertidumbre global.

Imagen: Dibujo de William Sánchez Coto, cedido amablemente para la publicación.

Las elecciones municipales deben mantenerse independientes de las nacionales

La descentralización de las instituciones del Estado y el fortalecimiento de los gobiernos locales fueron dos de los pilares que Acción Ciudadana, desde su fundación, propuso para el fortalecimiento democrático y la participación ciudadana en el desarrollo local.

Partimos de que las desigualdades territoriales, generadoras de exclusión y pobreza, radicaban en buena parte en el modelo electoral impulsado por el bipartidismo. Las elecciones presidenciales enganchadas a las municipales garantizaban el dominio de dos partidos nacionales sobre la mayoría de los cantones con línea directa del Ejecutivo y Legislativo. El modelo electoral bipartidista centraba sus esfuerzos en aquellos cantones con mayor caudal electoral (GAM), rezagando el desarrollo de gran cantidad de cantones con baja población de la llamada periferia.

Nuestra propuesta de distribución justa y equitativa de los recursos a los gobiernos locales requería del fortalecimiento de los concejos de distrito, la participación de los municipios en los proyectos de inversión del Estado, la elaboración de presupuestos participativos y la eliminación de las partidas específicas del presupuesto nacional, administrada de manera clientelar, por las diputaciones. Todos estos proyectos promovidos por el partido Acción Ciudadana y las reformas al Código Electoral del 2009 permitieron que las elecciones municipales se celebraran separadamente, por primera vez, en diciembre del 2010.

Desde entonces, el aumento de los partidos cantonales creció exponencialmente y el abstencionismo comenzó gradualmente a descender. Los estudios muestran que la separación de las elecciones facilitó la participación ciudadana a nivel local con variedad de propuestas para mejorar las condiciones de vida de las comunidades, mayor articulación con las instituciones del Estado y respeto a la autonomía municipal.

Enganchar de nuevo las elecciones municipales con la nacional significaría un retroceso en el fortalecimiento de la participación política local y una afrenta al sistema democrático. Es una estrategia electorera peligrosa que debilita las iniciativas locales por la defensa de sus recursos naturales y culturales, el ordenamiento de su territorio y las actividades productivas que las sostienen, particularmente el agro. 

La justificación de que el proyecto permite ahorrar recursos y aumentar la votación ha sido cuestionado por el Tribunal Supremo de Elecciones: no representa un ahorro en el presupuesto ni garantiza la disminución del abstencionismo. Por el contrario, aseguran las autoridades municipales del partido expresadas en el foro para tomar posición con respecto al proyecto, fomenta la concentración del poder, debilita la participación local multipartidista ante la amenaza de la privatización de los servicios del Estado, la explotación de los parques nacionales y los codiciados recursos naturales comunitarios.

Alertamos a los concejos municipales y a la ciudadanía sobre el inminente peligro que representa volver atrás. La democracia no es un costo, es una inversión que garantiza la paz y desarrollo con mayor equidad.

Partido Acción Ciudadana
Comisión Política
Comité Ejecutivo Nacional
San José, Costa Rica, 4 de marzo del 2024.

La distribución de la producción por cantón: el mapa de las desigualdades territoriales

German Masís

Los cantones del país con el mayor aporte a la producción (PIB), al valor agregado de la producción, a la producción por persona (PIB per cápita) y a las exportaciones, están en su mayoría en la Gran Área Metropolitana (GAM).

El martes 28 de marzo, el Banco Central presentó las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) Cantonal de Costa Rica, herramienta que permite conocer la distribución del valor agregado de cada una de las actividades económicas en los cantones, así como indicadores de exportaciones e importaciones de bienes, impuestos a los productos y PIB per cápita; información disponible en precios corrientes para el periodo 2020.

Esta información permite confirmar que los cantones ubicados dentro de la GAM aportan la mayor proporción a la producción y las exportaciones del país, mientras que los cantones pertenecientes a las provincias y regiones periféricas, por el contrario, tienen una escasa participación en éstas.

Con respecto a la participación en el valor agregado de la producción, las cuatro provincias centrales que componen la GAM aportan el 83.5% del mismo y las tres provincias periféricas el 16.6%. Por cantones, entre los 10 con mayor aporte, 9 forman parte de la GAM, San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Escazú, Desamparados, Montes de Oca y Santa Ana y sólo San Carlos es el único fuera de la GAM.

En tanto de los 10 cantones con menor aporte al valor agregado, todos pertenecen a las regiones periféricas, Río Cuarto, Guatuso, Montes de Oro, Alvarado, Nandayure, San Mateo y Turrubares y 2 cantones, Acosta y Dota, a las áreas periféricas de la GAM.

Por su parte, la distribución del PIB per cápita, tiene comportamiento muy similar a la variable anterior, ya que 9 de los cantones con el índice más alto, corresponden a la GAM, ellos son San José, Belén, Escazú, Heredia, Santa Ana, Montes de Oca, Alajuela, Cartago y Flores y sólo Liberia es el único fuera de la GAM.

Mientras, de los 10 cantones con el PIB per cápita más bajo, 7 son de las regiones periféricas, a saber, Guatuso, Coto Brus, Talamanca, Buenos Aires, Hojancha, La Cruz, incluyendo a Acosta, y sólo 3 cantones integran la GAM, Oreamuno, Alajuelita y Aserrí.

El comportamiento de las exportaciones, también sigue el mismo patrón de concentración de la producción, ya que de los 10 cantones que aportan una mayor proporción, 8 son parte de la GAM, entre ellos, San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Desamparados, Goicoechea, Grecia y la Unión y sólo 2, Pococí y Puntarenas, pertenecen a las regiones periféricas.

Contrariamente, los 10 cantones que tienen un menor aporte a las exportaciones están vinculados a las regiones periféricas, tales como, Alvarado, Osa, San Mateo, León Cortés, Los Chiles, Talamanca, Dota, Nandayure, Hojancha y Turrubares. (BCCR,2023)

Este análisis reafirma el fenómeno de la concentración de la actividad económica del país en las 4 provincias que conforman la GAM y en los cantones que la integran, el cual ya se había presentado con motivo de la actualización de la Matriz Insumo-Producto en el 2021.

La producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

Se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM. La primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo. Por su parte, el comercio está presente en casi todo el país, mientras el transporte está dominado por San José y Alajuela y la administración pública está altamente concentrada en el centro del país.

La actividad de manufactura está concentrada en los cantones de la GAM, donde Alajuela, San José, Heredia, Cartago son las principales áreas, junto a cantones como Desamparados, Goicoechea, Grecia y la Unión. De las regiones periféricas sólo Puntarenas y San Carlos tienen alguna importancia en esta actividad.

Por su parte, los servicios se encuentran concentrados en los cantones de San José, Alajuela, Desamparados, Heredia, Cartago, Montes de Oca, Santa Ana, Goicoechea, Tibás y Escazú de la GAM. Sólo en San Carlos y Pérez Zeledón, existen algún desarrollo de los servicios en las regiones periféricas.

Mientras que, en las actividades como la agricultura, producción de energía y suministro de aguas y minería se desarrollan primordialmente fuera del Gran Área Metropolitana (GAM). La agricultura está dominada por San Carlos, Pococí, Matina, Limón, Siquirres, Sarapiquí, Guácimo, con cerca de un 45 % de la producción nacional, todos ellos cantones de las regiones periféricas.

Como se mencionó, con ocasión de la presentación del estudio de la MIP, la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha consolidado por más de 50 años en las cuatro provincias centrales y en los cantones que forman parte de la GAM, hacia la que se han dirigido en gran medida las políticas económicas, la inversión y el desarrollo empresarial. (Alterdescr.com,2022)

Un hecho que evidencia la concentración de la actividad económica es la ubicación de las principales zonas francas y en particular la fabricación de instrumentos y suministros médicos en las cabeceras de las provincias que conforman la GAM, en las que se concentran las empresas de manufactura de alta tecnología, así como la inversión extranjera que recibe el país.

En tanto, la problemática social y económica que ha caracterizado a las regiones periféricas, está ligada a la falta de dinamismo de las actividades productivas, a las condiciones de desempleo, pobreza y desigualdad, al deterioro de la infraestructura social y productiva y a las limitaciones en el acceso a la educación y los servicios públicos.

Este es el mapa del desarrollo económico y el escenario de la desigual social del país, entre los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal, la institucionalidad gubernamental y la concentración de la riqueza; y en los territorios rurales, costeros y fronterizos los empleos son precarios, hay limitados servicios y mala distribución de la riqueza… la expresión de las dos Costa Ricas.

Foto: UCR.

Impulsar el desarrollo de las regiones periféricas o continuar con el “GAMcentrismo”, el reto impostergable del nuevo gobierno

German Masís

En Costa Rica, se ha configurado un desarrollo regional desigual que evidencia que la actividad económica y los frutos del desarrollo económico no se han distribuido equitativamente entre las regiones, pero está situación no puede postergarse por más tiempo, por lo que el próximo Gobierno tendrá que asumirlo como uno de los retos prioritarios de su gestión.

Varios análisis del desarrollo nacional han expuesto reiteradamente que este desarrollo desigual e inequitativo es insostenible, así el Informe del Estado de la Nación 2020 señala que la red productiva nacional es altamente dependiente de la región Central-GAM y del sector comercio y transporte y que urge atender la desconexión entre ésta y las regiones fuera de aquella región, (así como) fortalecer las interacciones para fomentar la actividad económica en ambos casos. (PEN 2020, p.29).

Igualmente, algunos intelectuales han reafirmado la existencia de dos Costa Ricas ya que sigue vigente, “una especie de geografía del desarrollo que parte el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia (ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza. (Esquivel, F., 2021, p.222).

Así mismo en este medio, se ha insistido en que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se reproducido por más de 5 décadas en las 4 provincias centrales, limitando la integración de las regiones periféricas y prácticamente excluyéndolas del desarrollo nacional. (Alterdes.cr, febrero,2021).

Diversos índices de desarrollo regional y cantonal, han permitido constatar las desigualdades y desequilibrios socioeconómicos existentes, así recientemente el Índice de Desarrollo Humano Cantonal 2021 reveló como los cantones costeros, fronterizos y rurales que pertenecen principalmente a las provincias de Limón, Puntarenas, Guanacaste y Alajuela son los que muestran los peores indicadores de desarrollo humano.

Previamente el Índice de Competitividad Nacional (ICN), mostró que un total de 48 cantones (59% del total), incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de Esparza), apenas tienen condiciones que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

La medición de ICN evidencia una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de indicadores de progreso o desarrollo social de Costa Rica, según detalla el informe. (Nación.com,11-11-2021).

Así mismo, según la reciente Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2021 las diferencias que se marcan entre la zona urbana y rural y entre la GAM y las regiones rurales y costeras son notables.

La región Brunca presenta un comportamiento muy preocupante, porque es la región con el mayor aumento tanto en la pobreza extrema como de la pobreza total, en ambos casos corresponde a la mayor variación experimentada entre las regiones, mientras el nivel de pobreza en las regiones Huetar Caribe y en la Huetar Norte no es menos preocupante ya que es el nivel de pobreza más alto desde el 2010.

Por su parte, el estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica en el 2021, había señalado que, en nuestro país, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

De acuerdo con ese estudio se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras el comercio es predominante en casi todo el país.

Frente a las desigualdades regionales y sus manifestaciones en los índices mencionados, el Gobierno actual ha formulado una serie de propuestas que un nuevo Gobierno tendría que tener necesariamente en consideración, análisis y discusión.

Entre ellas se encuentra la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050,formulada por MIDEPLAN, la cual parte de un cuestionamiento a la hiper concentración del desarrollo económico en la GAM, de una nueva visión para la transformación económica y territorial y de que traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), y plantea soluciones integrales ante los problemas de descentralización de las actividades productivas y de desarrollo inclusivo de las regiones, dirigido a romper las brechas estructurales del desarrollo nacional.

Alrededor de esta Estrategia Territorial Productiva se plantea que la posibilidad de implementarla dependerá de la promoción de una discusión amplia y profunda con todos los sectores sociales y de la voluntad política para retomarla e implementarla en los próximos años. (Alterdes.cr ,julio, 2021).

Una segunda propuesta es la Ley de Desarrollo Regional, firmada en noviembre anterior por el Presidente en ejercicio Marvin Rodríguez, emitida con el objetivo de impulsar el desarrollo regional y reducir progresivamente las desigualdades que se manifiestan en el territorio nacional.

“Tiene como finalidad impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, para la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las particularidades culturales, sociales, económicas, ambientales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades propias de cada región, en un contexto de participación democrática. Asimismo, reducir progresivamente los desequilibrios regionales mediante el diseño e implementación de políticas públicas diferenciadas e incluyentes”, según el artículo 1 del texto de la Ley.

La Ley de Desarrollo Regional crea el Subsistema de Planificación para el desarrollo en cada región, cuyo fin es la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones intersectoriales e interinstitucionales para garantizar el desarrollo del país; además, transforma los actuales Consejos Regionales de Desarrollo en las Agencias Regionales de Desarrollo (Aredes). También, crea el Fondo Nacional para el Desarrollo Regional (Fonader), que tendrá a su cargo la asignación de recursos para favorecer el desarrollo regional y la reducción de las asimetrías socioeconómicas interregionales e intrarregionales.

La nueva ley establece la Política Nacional de Desarrollo Regional, los planes regionales de desarrollo y el Observatorio de Desarrollo Regional, como instrumentos para la gobernanza y el desarrollo. Otra de las novedades que incorpora es la obligatoriedad del Banco Central de Costa Rica de calcular un Producto Interno Bruto (PIB) regional, que permita analizar el comportamiento económico en cada una de las regiones.

Esta normativa institucional formulada, puede ser un insumo importante para que el nuevo Gobierno definida una estrategia de desarrollo centrada en los recursos y potenciales de los territorios y regiones periféricas.

Dicha estrategia supone una nueva visión para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de descentralizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.

Demanda una perspectiva del desarrollo centrado en las características territoriales y en el carácter endógeno y participativo que permita que los distintos agentes sociales, económicos, públicos o privados definan las acciones necesarias para conducir los cambios estructurales que necesita un territorio concreto.

Se requiere un enfoque de desarrollo territorial que defina las dinámicas territoriales que pretende generar en cada región y que éstas se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J. et al, Rimisp,2015),

hacia un desarrollo territorial más inclusivo y sustentable, que revierta las desigualdades regionales e impacte en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.

Es imperativo la generación de opciones productivas, empleos de calidad, infraestructura y servicios en territorios periféricos, los cuales han estado concentrados en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental.

Se trata de “la generación de propuestas descentralizadas en aspectos como la reactivación económica y generación de empleo, inclusión social, educación, acceso a la tecnología y diálogo social; para reducir las brechas de desigualdad territorial, que, por tratarse de cuestiones estructurales, no se resuelven en una sola administración gubernamental o municipal.

De ahí que el tema de las desigualdades territoriales y el impulso de políticas para revertirlas y alcanzar un desarrollo territorial más equitativo e incluyente, debe constituirse en una prioridad del nuevo Gobierno 2022-2026, en una verdadera política de Estado.

Hasta ahora las propuestas políticas para enfrentar las desigualdades regionales y avanzar hacia un desarrollo territorial más sustentable, no han sido centrales para la mayoría de los partidos políticos que participaron en las elecciones nacionales del 6 de febrero, con la excepción del Frente Amplio que lo abordó bajo el concepto de desarrollo territorial integral que resuelva las desigualdades que tienen muchas regiones y del Partido Liberación Nacional, que lo incluye en su propuesta de reactivación económica y rescate del empleo, que requiere de la incorporación de todos los sectores y de todas las regiones del país, sobre todo las que han estado marginadas del desarrollo.

De cara a la II ronda electoral, la población principalmente de las regiones periféricas y los cantones con los más bajos indicadores socioeconómicos, debieran exigir a los dos candidatos compromisos claros y propuestas contundentes para revertir las desigualdades regionales e impulsar un desarrollo territorial equitativo e incluyente como una de las prioridades de su gestión, ya no más postergaciones.

 

Imagen: Semanario Universidad