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Etiqueta: emergencia sanitaria

UNDECA condena el ciberataque a la CCSS

Demandamos rendición de cuentas

El desarrollo de la tecnología y la implementación de sistemas y tecnología de la información en la Caja Costarricense de Seguro Social, han contribuido a mejorar la gestión y prestación de los servicios de salud y la toma de decisiones administrativas y biomédicas, sin embargo, los datos recopilados tienen que ser protegidos del uso delictivo, que pueda poner en riesgo la confidencialidad de datos sensibles de los pacientes.

El ciberataque del cual ha sido víctima la CCSS ha puesto en riesgo la operación normal de los servicios, por lo que es crucial que se revise la pertinencia de los contratos a terceros para el desarrollo y mantenimiento de programas, reevaluar la tolerancia al riesgo, en su lugar, deben contratarse los profesionales, altamente competentes y capacitados, que necesita la institución, que garanticen el proceso operativo, la propiedad intelectual y seguridad de los datos y programas, así como el adecuado control de riesgos.

La realidad es que no se contaba con un plan de contingencia, lo que obligó a utilizar expedientes físicos que no están actualizados, lo que distorsiona o dificulta la atención médica, asimismo, las farmacias, laboratorios y otras unidades tienen grandes dificultades para atender la demanda.

Esta situación, que evidentemente no está bajo control, es una verdadera emergencia sanitaria que exige respuestas transparentes, confiables e inmediatas de los jerarcas responsables de garantizar la atención oportuna y segura de los pacientes.

UNDECA reconoce, nuevamente, a las y los trabajadores su gran mística y compromiso para atender las más sensibles necesidades de la población en esta crisis.

Condenamos a los autores materiales e intelectuales de estos actos de terrorismo contra la salud y el bienestar de la población.

Finalmente, hacemos un vehemente llamado a las autoridades de la institución para que divulguen y mantengan informada a la ciudadanía, acerca de los motivos que facilitaron la ilícita intervención de los sistemas informáticos institucionales y las medidas de contingencia que de manera inmediata se adoptarán para proteger la información de los usuarios y la normalización operativa de nuestra institución.

San José, 1 de junio 2022

UNDECA exige transparencia y rendición de cuentas en compras de la CCSS

COMUNICADO DE PRENSA; 8 de junio, 2021

Debe priorizarse el derecho a la salud y la vida; y realizarse una investigación hasta las últimas consecuencias.

El Gobierno de la República, a raíz de la pandemia, declaró estado de emergencia nacional, desde el 16 de marzo del 2020. Esta declaratoria implicó para la CCSS refinanciar el Fondo de Contingencias y destinar un presupuesto de 125.000 millones, para la construcción de infraestructura. remodelaciones, adquisición de equipos de protección personal, equipo médico, insumos y otros.

Un Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República. de carácter especial, DFOE-BIS-IF-0003-2021, de 31 de mayo 2021, acerca de las contrataciones realizadas por la Caja Costarricense de Seguro Social, en el escenario de la emergencia sanitaria del COVID-19, desnudó las graves omisiones y evidencia las serias anomalías de control interno en las compras realizadas a través del Fondo de Contingencias del Seguro de Salud, en el 2020.

«En el estudio del órgano contralor se advierten deficiencias en las compras realizadas, amparadas a procedimientos de excepción, cual más de todas graves, como incumplimiento de los requisitos iniciales en las contrataciones, omisiones en las especificaciones técnicas del objeto contractual y los criterios de evaluación de las ofertas, entre otros desaciertos, que comprometieron los recursos institucionales», detalló Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de UNDECA.

Si bien una emergencia permite realizar compras por excepción, como mecanismo para agilizar la adquisición de bienes y servicios, éstas no se pueden realizar a la libre, porque existe una serie de principios que no se pueden obviar, como el de publicidad, control, transparencia y rendición de cuentas, que desafortunadamente fueron incumplidos en estas compras.

No estamos hablando de compras de un termómetro, de una camilla: son miles de productos que se adquirieron y que representan miles de millones de colones.

Además, el informe advierte serias omisiones en la publicidad de las compras, que debilitan el control ciudadano y opacan la democracia.

La CCSS debe implementar estrictos mecanismos de control, que garanticen y demuestren que las compras se realicen con mayor objetividad, donde prevalezca la sana administración y el interés público.

UNDECA exige que la Auditoria Interna, con base en el Informe de la Contraloría, profundice la investigación, con la finalidad de contribuir a mejorar los procedimientos administrativos de compras de emergencia y valore la eventual responsabilidad administrativa y hasta patrimonial, si fuera del caso, de aquellas instancias superiores de la institución que puedan resultar responsables, porque se trata de recursos de los trabajadores y el pueblo, que deben destinarse a resguardar el derecho a la salud y la vida de todo el pueblo costarricense.

Información con Martha Rodríguez 8398-3527

Encíclica “Hermanos todos”: Palabras justas y potentes del Papa Francisco

Luis Fernando Astorga Gatjens,
luferag@gmail.com

El 3 de octubre del año en curso, el Papa Francisco dio a conocer su tercera encíclica bajo el título: “Hermanos todos” (“Fratelli Tutti”). Se trata de una bocanada de aire fresco en estos difíciles tiempos que corren en nuestro país y en todo el mundo.

Como lo indica el Papa en su esclarecedora encíclica, “cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera inesperada la pandemia de Covid-19 que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades”. Nunca antes en tiempo cercanos, la humanidad se ha mostrado tan frágil, en ofrecer una respuesta unificada, basada en la colaboración. “Más allá de las diversas respuestas que dieron los distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos”, diagnosticó el Pontífice latinoamericano. El individualismo le ha estado ganando la partida al esfuerzo solidario.

En varios de los 287 numerales que componen el documento, el Papa Francisco critica las políticas neo-liberales, que han posibilitado la concentración de la riqueza en pocas manos al mismo tiempo que mayorías se empobrecen y se hacen más amplias las desigualdades sociales. “El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente”, advierte sabiamente el Papa.

Esta idea que venía preconizando el Papa antes de la pandemia, ha cobrado mayor sentido en estos días de grave emergencia sanitaria. Las políticas neo-liberales destruyeron completamente o debilitaron los sistemas de salud pública en muchos países. Y ahora ante la emergencia, esos países han contado con bases más débiles para enfrentar la devastadora epidemia universal.

Si en Costa Rica, se hubiesen impuesto este tipo de políticas en el campo de la salud, la Caja se hubiera convertido en una institución menor, en peligro de extinción, mientras tanto hubieran ganado protagonismo empresas privadas vendedoras de seguros, convirtiendo la salud no en un derecho para todas y todos sino en un artículo meramente lucrativo. Independientemente de las políticas adecuadas o erradas del Gobierno para la atención de la pandemia, el contar con la Caja es clave para salir adelante en el horizonte de incertidumbre que tenemos por delante y una vez que sea superada la emergencia sanitaria.

La encíclica exhorta a los gobiernos y a los gobernantes a impulsar políticas y acciones, basadas en la fraternidad y la hermandad. Sólo juntos podemos salir adelante como pueblos, es el mensaje del Papa. Lo que dice esta voz sabia, potente y sensata, ante la grave crsis que enfrenta el país, debe ser tomado en cuenta por el Ejecutivo, por las y los diputados, y por el sector empresarial, particularmente, por aquellos empresarios que han venido eludiendo y evadiendo el pago de impuestos.

Es seguro que, si hubieran pagado con rigor y puntualidad, el país no estaría obligado a acudir a préstamos como los que se le han solicitado el FMI. El Gobierno y el Ministerio de Hacienda deben echar mano a la lo que dice la ley y aplicar acciones para erradicar estas prácticas evasivas y elusivas. Por su parte, la Asamblea Legislativa debe analizar a fondo este tema, para determinar si las herramientas legales existentes deben mejorar para erradicar la evasión y la elusión fiscal; más allá de la falta de voluntad que ha prevalecido en diferentes administraciones, para atender el problema.

Un gobierno que no ha hecho lo que debe para obligar al pago de impuestos existentes, propone nuevos tributos en el marco de negociación de los préstamos con el FMI. Mientras tanto, empresarios que eluden y evaden su pago, levantan la voz exigiendo no más impuestos y pretenden seguir imponiendo sus ideas neo-liberales de reducir al máximo el Estado, aunque eso signifique la desaparición o debilitamiento de programas sociales que hoy, con la pandemia, son más necesarios que nunca antes.

Realmente, para que los países puedan impulsar su desarrollo se requiere el contar con impuestos que se paguen dentro de un esquema de justicia tributaria, progresiva y justa, que tanto las personas como empresas, paguen en arreglo a sus ingresos reales, de manera transparente y eficiente. Se trata de políticas que aseguren la redistribución de la riqueza como un componente clave para la estabilidad y la paz social del país.

“El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día”, es un oportuno y atinado consejo de la encíclica papal, en estos días donde el pesimismo doblega a la esperanza, donde el egoísmo somete a la fraternidad.

UNA: Reducción del presupuesto sería un acto inconstitucional y un retroceso histórico en el modelo educativo

Pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad Nacional ante las mociones presentadas en la comisión de hacendarios de la Asamblea Legislativa, para recortes presupuestarios a la educación pública, al FEES y al presupuesto ordinario y extraordinario de la República 2020-2021:

El país atraviesa una de las crisis socioeconómicas y políticas más fuertes de su historia, la cual se acrecentó a raíz de la emergencia sanitaria, en los últimos ocho meses, trayendo serias consecuencias para la población nacional, como un aumento en las tasas de desempleo y pobreza, así como un impacto significativo de los ingresos del Estado.

Esta situación afecta las condiciones socioeconómicas de una parte significativa de nuestra población estudiantil, pues un porcentaje muy relevante de ella proviene de bajos recursos o regiones en condición de vulnerabilidad.

La Universidad Nacional coadyuva a la atención de la pandemia y la crisis fiscal del Estado, atendiendo los principios estatutarios, la solidaridad, sensibilidad y la responsabilidad social.

En este sentido, la Universidad Nacional ha realizado las siguientes acciones:

Sobre la atención de la pandemia:

1) Área epidemiológica y de atención a la pandemia.

2) Eje económico y productivo.

3) Eje social, psicológico y educativo.

4) Eje de estudio de los efectos de las medidas para impedir la transmisión de la covid-19.

Sobre el tema fiscal:

Atención de recortes y postergaciones de presupuesto que se han realizado en los últimos años. Para el ejercicio económico 2020, la Universidad Nacional ajustó el presupuesto hacia la baja por un monto de ¢8.857 millones y, además, como aporte solidario a la actual crisis, realizó una transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia por ¢5.000 millones. Ambas cifras suman ¢13.857 millones, que equivale al 12% del FEES total que le correspondía a la UNA este año.

Asimismo, conscientes de la situación financiera por la que atraviesa el país, se acordó en la Comisión de Enlace, un rebajo del 5% del FEES 2021, que significa ¢5.372 millones menos para la UNA.

El Consejo Universitario rechaza las propuestas que procuren una nueva reducción del presupuesto a la educación pública en su conjunto, siendo un sector estratégico para el desarrollo del país y la atención de la covid-19, específicamente las mociones presentadas en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, para reducir el monto acordado en la Comisión de Enlace para el Fondo Especial de la Educación Superior; en consecuencia se pondría en riesgo las áreas más sensibles de nuestra universidad, para garantizar la atención de las necesidades académicas y estudiantiles.

Recordar a las diputaciones de la Asamblea Legislativa que el sistema de educación superior de Costa Rica ha sido un baluarte en el desarrollo integral y la movilidad social de poblaciones que no ha tenido las oportunidades de mejorar la condición de vida mediante la educación; en consecuencia, una reducción del presupuesto sería un acto inconstitucional y un retroceso histórico en el modelo educativo nacional.

Atentamente,
CONSEJO UNIVERSITARIO

Más información con la Oficina de Comunicación al 8720-4908.

UCR: Proyectos de Acción Social realizarán abordajes sobre los impactos de la COVID-19 en las comunidades gracias a fondo de FUNDAVAS

Convocatoria para el Fondo de Incentivos FUNDAVAS está abierta hasta el 30 de octubre

El Fondo de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Acción Social en el contexto de la COVID-19 es una iniciativa para la puesta en marcha de proyectos financiados con un fondo proveniente del presupuesto de la Fundación de la Universidad de Costa Rica. El objetivo principal de este fondo es el abordaje de los impactos provocados por la emergencia sanitaria COVID-19 en los ámbitos social, económico, educativo, cultural, entre otros.

“Los fondos concursables de la Fundación, a los que hemos denominado FUNDAVAS surgen de una decisión histórica importante de la Junta Directiva de la Fundación UCR que decide utilizar unos fondos que no se lograron ocupar debido a la pandemia para el beneficio de las comunidades y de los proyectos de investigación, de docencia y de Acción Social en general”, comentó Sandra Araya Umaña, Vicerrectora de Acción Social.

Debido al contexto actual, los proyectos por ejecutarse deberán implementar procesos de virtualización y se le dará prioridad a aquellas propuestas orientadas al abordaje integral de ejes temáticos como:

  • Prevención de la violencia contra las mujeres, la población infantil y las personas jóvenes, personas con discapacidad y población adulta mayor.
  • Derechos humanos de las poblaciones vulnerabilizadas por etnia, condición migratoria (particularmente en zonas geográficas fronterizas y costeras) y pobreza (situación de calle, cuarterías, entre otros).
  • Fortalecimiento de las capacidades socioproductivas de las microempresas.
  • Educación para la innovación en las formas de producción sostenible (seguridad alimentaria, agroecología y economía social solidaria).
  • Salud mental comunitaria a través del fortalecimiento de vínculos colectivos.
  • Gestión cultural como factor para el desarrollo económico y social.
  • Brecha digital frente a la exclusión en el sistema educativo.
  • Gestión del riesgo con énfasis en comunidades vulnerabilizadas.

Los proyectos podrán participar en dos modalidades: como proyectos nuevos que ya posean un diagnóstico documentado sobre la problemática que abordarán o como redes de acción social que articulen proyectos en torno a una zona, un tema o una población para un abordaje integral y estratégico.

La modalidad de redes se orienta a la promoción del trabajo colaborativo entre proyectos vigentes de acción social. Sus objetivos principales se centran en construir una comunidad de aprendizaje entre proyectos de distintas unidades académicas para la reflexión de las prácticas desarrolladas y el intercambio de experiencias, generar productos o resultados concretos que aporten al mejoramiento de la vida de las personas y articular capacidades, experiencias y recursos para impactar de manera más efectiva en un territorio que presente bajos índices de desarrollo o problemáticas sociales prioritarias de atender.

Las redes deberán ser propuestas por al menos, dos proyectos de acción social, se debe especificar la unidad base desde la que se coordina la red, justificar detalladamente la pertinencia de la red propuesta a partir de las necesidades identificadas en los proyectos involucrados, detallar la metodología que se aplicará, orientar los objetivos y las metas a la organización de la red e incorporar un objetivo de sistematización del proceso.

Los proyectos, en cualquiera de las dos modalidades, contarán con un presupuesto máximo de ocho millones de colones. Para los proyectos nuevos de Trabajo Comunal Universitario, el financiamiento del primer año se realizaría por medio de los fondos de FUNDAVAS y para los años posteriores, deberán solicitar recursos de los fondos ordinarios de la Vicerrectoría de Acción Social.

 Fechas importantes

  • Del 25 de septiembre al 30 de octubre del 2020, se deben remitir las propuestas a la dirección de correo electrónico vas@ucr.ac.cr. Para la presentación de la propuesta las personas coordinadoras deberán presentar un oficio de la dirección de la unidad académica, en el cual se confirma la participación del proyecto, copia del acta de la comisión de acción social o del consejo científico correspondiente, con su respectivo aval, propuesta en el Sistema Institucional Plan Presupuesto (SIPPRES), cuyo estado sea “aprobado”, documentación adicional según lo indicado en el apartado de requisitos y la formulación presupuestaria según la plantilla de desglose del presupuesto.
  • Del 29 de septiembre al 23 de octubre del 2020, el personal de la VAS brindará asesoría a las personas docentes interesadas en participar. Los espacios de asesoría se habilitarán según se solicite en el formulario en línea disponible en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQMUcKT9-GDDDyIU73rD-qY_rDSUIicqnhGt50b8I8V0ak5w/viewform
  • Del 2 al 18 de noviembre del 2020, se evalúan las propuestas presentadas. Las Comisiones de Acción Social y los Consejos Científicos evalúan las propuestas según el siguiente instrumento antes de la presentación a la VAS para la continuidad del proceso.
  • El 20 de noviembre 2020 se comunicarán los resultados.
  • Del 30 de noviembre al 15 de diciembre 2020, se inscriben los proyectos ganadores en la Vicerrectoría.

“Hago un llamado a la comunidad académica para que aprovechemos esta oportunidad derivada de una decisión de la Junta Administradora, en aras de maximizar las finanzas y el presupuesto para colocarlo al servicio de la comunidad nacional. Ahora lo que necesitamos es esa creatividad, esa criticidad y, por supuesto, el compromiso que ya tenemos de la comunidad universitaria para la presentación de las propuestas”, indicó Araya.

Para mayor información, llame a los teléfonos 2511-5272, 2511-1182, 2511-1185 y 2511-5280, o escriba al correo electrónico fondoincentivoscovid.vas@ucr.ac.cr. También puede visitar el portal de la Vicerrectoría de Acción Social https://accionsocial.ucr.ac.cr/fondoincentivoscovid o consultar la circular VAS-38-2020.

La convocatoria se habilitará del 25 de septiembre al 30 de octubre y su fin primordial es el abordaje de los distintos impactos provocados por la emergencia sanitaria COVID-19.

 

Natalia Odio González (Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social, UCR).

Los resultados del desarrollo regional y la importancia del enfoque territorial

German Masís

La Administración Alvarado ha presentado los resultados del desarrollo en las regiones Chorotega y Huetar Atlántica, los primeros el 25 de julio como parte de la celebración del 196 aniversario de la Anexión de Guanacaste y los segundos el 31 de agosto durante la celebración del día de la Cultura Afrocostarricense.

En ambas actividades los coordinadores de los programas regionales, la primera Dama Claudia Dobles del programa para la región Chorotega y en la segunda el Primer Vicepresidente Marvin Rodríguez del programa Mesa Caribe, presentaron un recuento de los resultados obtenidos en las diferentes áreas de la acción gubernamental.

Entre los resultados en la región Chorotega, se mencionaron los siguientes:

– la inversión de 26.693 millones de colones en el mejoramiento del acceso al agua potable en Guanacaste para 90 mil personas, gracias al impulso de 8 proyectos en los cantones de Liberia, Bagaces, Nicoya, Cañas, Abangares, Santa Cruz y La Cruz.  Estos proyectos son parte del Plan de Infraestructura y Gestión Integrada del agua de la región Pacífico Norte 20-30, que contempla la inversión de $ 1.130 millones en 71 proyectos, entre los que se encuentre el PAACUME sobre el embalse del río Piedras.

– se realizó el asfaltado de las rutas Garza-Nosara, Hojancha-Nandayure y Quebrada Honda-Carrillo, se mantienen trabajos en diversas rutas de Nicoya, Tilarán, Cañas y Abangares y se ha recuperado el avance en la obra Cañas-Limonal.

– el INDER invirtió mil millones de colones en proyectos de riego y continúan en ejecución por 250millones de colones del proyecto Agrolajas II en Abangares.

– INDER y SENARA construyen el proyecto de riego de Sardinal de Carrillo con una inversión de 360millones de colones para beneficiar a 24 familias que podrán ampliar y diversificar su producción agrícola.

-el INDER también destinó 7.400 millones en obras de infraestructura, producción y seguridad alimentaria

– el INDER entregó una donación de 241 millones de collones para comprar equipos de secado del café producido por 380 familias ligadas a la Cooperativa CoopelDos, en los cantones de Tilarán, Abangares y Monteverde.

– un grupo de 310 pescadores de la Cámara de Pescadores de Guanacaste ubicados en Nicoya, Paquera, Santa Cruz y San Juanillo, reciben equipo de enfriamiento, pesaje y acopio, con una inversión del INDER por 19.2 millones de colones.

-proyectos como Santa Luisa, Las Palmas, Villas Marcel, La Joya, Malinche y la Esmeralda, dan cuenta de la fuerte inversión en vivienda en Guanacaste en cantones como Hojancha, Liberia y Abangares.

– obras como la escuela Recaredo Briceño y san Francisco en Nicoya, Dionisio Leal en Santa Cruz, los Colegios técnico-profesionales en barrio Irving La Cruz y el de Corralillo de Nicoya, apuntan a que miles de estudiantes encuentren mejores condiciones cuando regresen a las aulas.

– puestos de salud como el puesto de visitación periódica y el EBAIS de Santa Elena en La Cruz ya están disponibles para los habitantes de esas comunidades.  Están en ejecución proyectos como el área de salud de Santa Cruz y la unidad de terapia renal de Liberia.  La inversión total de la Caja del Seguro Social en Guanacaste supera los 22.500 millones de collones

– para enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria se entregaron cerca de 30 mil diarios en toda la provincia y cerca de 94 mil personas se beneficiaron con el bono Proteger y el IMAS y el área regional de desarrollo social Chorotega dieron protección social a más de 18 mil familias en pobreza y en pobreza extrema (ElPaís.com, 25-7-2020)

Por su parte, en la presentación de los resultados de la Mesa Caribe, se mencionaron los siguientes:

– en infraestructura vial, el CONAVI ha invertido cerca de ₡5.900 millones en el mantenimiento y rehabilitación de carreteras en los 6 cantones de la provincia de Limón, además de la construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola entre Costa Rica y Panamá que presenta un avance de un 90%.

– en infraestructura educativa, de setiembre de 2019 a la fecha, la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) ha entregado siete proyectos educativos, once se encuentran en ejecución y cuatro en proceso de contratación, ubicados en los seis cantones de la provincia.  En total, la inversión de agosto de 2019 a la fecha asciende a ₡19.060 millones y beneficia a 9.310 estudiantes.

– el Senara ha ejecutado proyectos con una inversión total de ₡14.000 millones en beneficio de 23.600 familias de la Región Huetar Caribe.

– la inversión de Acueductos y Alcantarillados a lo largo de la provincia de Limón es de ₡37.4 mil millones en 11 proyectos de agua potable y saneamiento de los cuales 3 se han concluido este 2020 y 5 más se encuentran en ejecución, Entre ellos, destaca la construcción del alcantarillado sanitario en Puerto Viejo.

– en las áreas de Salud de Cariari, Guápiles, Guácimo, Valle de la Estrella y Talamanca, la Caja Costarricense del Seguro Social ha destinado una inversión total ₡1.100 millones para llevar bienestar a cerca de 86.000 habitantes.

– el Ministerio de Trabajo por medio del Programa Nacional de Empleo, ha logrado desarrollar las competencias necesarias para el empleo en 18.400 personas, lo que ha representado una inversión social superior a los ₡3.896 millones.

– el INA ha destinado más de ₡3.327 millones invertidos para la formación y capacitación para el empleo de 7.785 personas.   A esto se suma la construcción de 48 mil metros cuadrados del Centro Polivalente del INA, con una inversión que supera los ₡6.479 millones, que permitirá la capacitación de hasta 3.500 estudiantes al año.

el Inder ha realizado una inversión social de más de ₡7.538 millones en los 6 cantones del país, entre los que destacan la ruta turística Guácimo y el mejoramiento de los caminos de La Lidia, Maravilla, San Jorge, el Millón, Aguas Frías, la Fortuna y Maná.

– Dinadeco ha logrado plasmar siete proyectos y se ejecuta otros cinco que benefician a 5 mil personas. Inversión para el desarrollo comunal de Limón supera de más de ₡194 millones.

– el proyecto de ventanilla única municipal de la Región Caribe se encuentra a un 35% de avance por parte del IFAM, representando un aporte de $230.000 no reembolsable de la institución, impactará en municipalidades más eficientes y efectivas.

– el Ministerio de Vivienda y el BANVHI han invertido alrededor de ₡14.200 en el desarrollo del Bono Comunal Limón 2000 -impactará en la calidad de vida de 3.000 habitantes de la comunidad- y otros proyectos de Vivienda en los cantones de Pococí, Guácimo, Matina, Talamanca y Limón Centro, donde se han otorgado 681 bonos de vivienda.

– mediante sus diferentes programas, el IMAS ha atendido a más de 79.800 personas, con una inversión social superior a los ₡28.000 millones para la Región, mientras el Conapam, y Pani han invertido más de ₡1.900 millones aproximadamente para el beneficio de más de 3.000 personas de la población adulta mayor, niñez y adolescencia.

– el MEP mediante sus diferentes programas ha dirigido alrededor de ₡23.100 millones, apoyando a más de 133.000 estudiantes; mientras que la Junta de Protección Social ha invertido ₡1.400 millones para beneficio de 600 personas beneficiarias.

– en la atención de la emergencia Covid-19, la Comisión Nacional de Emergencias y los Comités Municipales se han entregado de 22.542 paquetes de alimentos para 111.000 personas; el MEP, ha realizado la entrega a estudiantes de 553.800 paquetes de alimentación con una inversión de ₡8.380 millones y a través del Ministerio de Trabajo y el IMAS se han destinado ₡23 mil millones en Bonos Proteger logrando llevar alivio a 61.400 personas. (ElPaís.com,31-8-2020).

Los resultados de la acción institucional en las regiones muestran un esfuerzo de coordinación institucional, una fuerte inversión de recursos en algunas áreas del desarrollo regional y un impacto en grupos específicos de la población.

No obstante, en las presentaciones de los resultados, se evidencia la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J. et al, Rimisp,2015).

En ellas se puede observar también la falta de análisis y de vinculación de las acciones regionales, con los factores que determinan la estructura social, económica y política de los territorios, tales como las tendencias del entorno, las estructuras sociales y valores arraigados en la práctica de los actores sociales. la dotación, el acceso y el uso de los recursos naturales, el desarrollo de la actividad económica y el surgimiento nuevas alternativas productivas, la importancia de la inversión pública en las dinámicas territoriales y la relación de los pueblos y comunidades con las ciudades intermedias.

Los resultados de la acción institucional en las regiones son una sumatoria de acciones centradas fundamentalmente en el factor de la inversión pública en infraestructura vial y social especialmente efectuada con recursos del INDER y en las transferencias estatales de las instituciones de asistencia social, y con poca referencia a la intervención en áreas estratégicas del desarrollo territorial, como el Plan de gestión integrada del agua 2020-30 de la región Chorotega.

No es posible propiciar transformaciones importantes en los territorios, si no se logra comprender las tendencias económicas, políticas, culturales y ambientales generales, intensificadas por la globalización, pues el cambio progresivo nunca proviene sólo desde dentro del territorio y los procesos del entorno nacional y externo inciden fuertemente y reducen la autonomía de los territorios.

La historia de los territorios tiene un peso fundamental en la formación del desarrollo regional, la cual se manifiesta en una cierta cultura y en prácticas sociales que determinan las sociedades territoriales y la distribución del poder y los recursos en cada región.

La dotación, el acceso y el uso de los recursos naturales, es clave en el potencial de las dinámicas territoriales, en su utilización productiva, en la generación de riqueza, en las posibilidades de crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental de los territorios.

El desarrollo de las actividades económicas y el impulso de estrategias productivas regionales de conexión con mercados dinámicos, el acceso a inversión pública y privada y los enlaces y encadenamientos productivos, deben estar dirigidos a crear estructuras económicas más diversificadas y equitativas y a generar oportunidades de crecimiento económico más inclusivas y más sustentables.

El papel de la inversión pública es clave en catalizar cambios significativos en las dinámicas territoriales mediante la creación de bienes y activos públicos o privados, aunque por ser mediados por instituciones formales e informales, deben incorporar la participación de los actores en la toma de decisiones, así como en su implementación, para garantizar una dirección distributiva hacia los más pobres y la solución de las necesidades de la población.

La relación de los pueblos y comunidades con las ciudades intermedias en los territorios es esencial, ya que éstos ya no se conforman principalmente de pueblos dispersos y aislados, con poco acceso a servicios y dependiente de la agricultura.   El centro urbano y el interior rural ahora constituyen un territorio funcional en el que cada sector depende del otro y los vínculos que los unen son diversos.

Los territorios en las regiones son rurales-urbanos, y esta condición les brinda un conjunto de ventajas que facilitan el crecimiento económico y un crecimiento más socialmente inclusivo o, más propicio para una más rápida reducción de la pobreza, a través de un mejor acceso al mercado para los productores rurales, acceso a servicios especializados y una mayor demanda de empleos no agrícolas (Berdegué, J. et al,2015).

Los programas de desarrollo en las regiones Chorotega y Huetar Atlántica, debieran incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitan analizar impactos en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.

 

*Imagen ilustrativa, CONARE, desarrollo regional.