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Pronunciamiento en defensa de la educación pública costarricense – ITCR-ECS

Escrito el 28/06/2023. Publicado en Derechos, Educación.

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ciencias Sociales

PRONUNCIAMIENTO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA COSTARRICENSE

ACUERDO DEL CONSEJO DE ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, SESIÓN No. 12-2023 DEL 26 DE JUNIO.

Considerando que:

La crisis del sistema educativo público de Costa Rica no es un hecho aislado ni fortuito, sino que responde a un proceso sostenido de políticas neoliberales que atentan contra el Estado social costarricense.
Al menos 4 pilares fundamentales de nuestro Estado social, como son la educación, la salud, la seguridad y soberanía alimentarias y las garantías laborales, han sido debilitados no sólo por el desfinanciamiento sino por la implantación de una visión de Estado antisolidario y orientado a favorecer negocios privados y dar prioridad al mercado externo sobre el mercado interno y la producción de origen nacional. Estos 4 pilares sociales aseguran que una sociedad pueda aspirar a niveles de equidad social aceptables y que por tanto la desigualdad social no crezca de manera incontenible, como ha ocurrido en Costa Rica en las últimas décadas. En los últimos meses ha sido particular la presión del Gobierno para que sea aprobado el proyecto de ley Expediente 21.182, “Ley para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”, que acabaría con un contenido esencial del Código de Trabajo, como es la jornada laboral de 8 horas.
Ya en 2019 Luis Felipe López-Calva director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en América Latina y El Caribe, había referido esta debacle social en una entrevista con Cecilia Barría de BBC News Mundo (25/11/2019), explicando resultados de mediciones de desigualdad en la distribución de la riqueza usando el Coeficiente de Gini (según el cual 0 es igualdad perfecta): para el año 2017 entre 18 países de América Latina, Uruguay fue el país más igualitario ocupando la posición 18 con un indicador de 39.7 y Brasil (puesto 1) fue el más desigual con un indicador de 51,3. Como más desiguales seguían Colombia, Panamá, Honduras, y en el puesto 5 estaba Costa Rica como el quinto país más desigual con un indicador de 48,7 (Durán, O. 2020).
En 2015 el presupuesto para la educación pública de Costa Rica alcanzaba el 7% el PIB, siempre por debajo del 8% que dicta la Constitución Política, pero para el año 2023 esa asignación apenas alcanzó el 6%, siendo el presupuesto más bajo en los últimos 8 años (¢2.781.003 millones).Por eso no sorprende que la negociación en la Comisión de Enlace (Poder Ejecutivo y CONARE) se torne cada vez más complicada y negativa para las universidades públicas.
La actual administración ha dejado completamente claro que su línea es desfinanciar, tercerizar y privatizar servicios sociales, igual que se ha hecho desde hace más de 4 décadas en América Latina para debilitar a los Estados y, como consecuencia, aumentar las brechas sociales. Ya las universidades públicas estamos operando bajo las restricciones que imponen las leyes No. 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y No. 10159 Ley Marco de Empleo Público, cuyos impactos negativos se agravarán en el mediano y largo plazo, entre muchas razones porque el nuevo marco de contratación laboral no permitirá mantener elevados niveles de calidad. De hecho, las universidades han disminuido sus salarios reales en los últimos años.
Los recortes, tanto en general como el no reconocimiento del 1% por inflación, agudizarán las limitaciones que ya están soportando las universidades públicas para inversiones indispensables en todas sus áreas fundamentales como docencia, investigación, extensión social, becas y todo tipo de ayudas y subsidios a estudiantes en todas sus sedes del valle central y en especial en todas las regiones del país. La negativa del Gobierno de reconocer al menos el 1% por inflación, equivalente a 5.591 millones de colones, se da “a pesar de que la inflación anual de ese año cerró en 7,88%” y sobre todo desatendiendo los argumentos del mismo Gobierno sobre “la mejora de las finanzas públicas producto de la colocación de los eurobonos por la suma 1.500 millones de dólares, del aumento en la recaudación tributaria en 3,9% del PIB, la disminución del déficit fiscal en menos 0,5% y la disminución de la razón de deuda con respecto al PIB a un 58,4%”.
En las sesiones de negociación del FEES el Gobierno ha ratificado una posición intransigente, impositiva, restrictiva y hasta falaz, por cuanto ha culpado a la Asamblea Legislativa de ser la responsable de no reconocer el crecimiento de tan solo un 1% por inflación del FESS. Esta negativa del Gobierno refleja contradicciones pues mientras argumenta que no dispone de dinero, asegura un recorte de ₡3.200 millones que pasarían del Ministerio de Educación a programas de seguridad. No es con más policías y represión que la sociedad costarricense saldrá de su creciente inseguridad, pues ésta se genera en la falta de oportunidades sociales, dentro de las cuales la educación es la más relevante. En el caso del Ministerio de Educación Pública es bien sabido que los recortes acrecientan el deterioro de la ya maltrecha infraestructura, especialmente para 800 centros educativos que han sido calificados como “tugurios”, debilitan y eliminan becas y transporte para estudiantes, comedores escolares, bibliotecas, entre otros. Esa posición confrontativa del Gobierno se ha manifestado en muchas oportunidades como con la afrenta de la ministra de educación a la rectora electa del ITCR, al decirle que “agradeciera que la dejaran participar”en la Comisión de enlace, y con las expresiones del Presidente de la República descalificando la marcha por la defensa de la educación pública del 20 de junio de 2023 diciendo “que la convocatoria fue débil, no había una causa clara” (lo cual no es menester rebatir), pero además por decir que un 8% del PIB para la educación “pudo haber sido en consecuencia y en intención, una medida populista”.
Mientras se debilita la inversión social, el Estado sigue demostrando una total incapacidad y falta de voluntad para cobrar impuestos a las empresas que siguen declarando cero utilidades y por tanto haciendo perder cada año miles de millones de dólares al Gobierno. Muchas de esas compañías que declararon “cero utilidades” hasta por 3 años consecutivos (2019, 2020 y 2021), son Grandes Contribuyentes Nacionales (GNC). Entre estas se incluyen Ecodesarrollo Papagayo LTDA., Grupo Nación GN S. A., APM Terminals Moing S. A. y Grupo Quality Motor S. A. Esta tendencia nacional es el denominador común global como lo demostró OXFAM (2020) en su Informe “Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad”, al señalar que “…tan solo el 4% de la recaudación fiscal mundial procede de los impuestos sobre la riqueza, y hay estudios que demuestran que las grandes fortunas eluden hasta el 30% de sus obligaciones fiscales” (p.12). En Costa Rica, como hemos señalado, no existe un sistema eficiente, seguro, ni equitativo de cobro de impuestos, de tal manera que se visualiza una mayor polarización social. La OECD en su “Estudios Económicos de la OECD: Costa Rica 2020” reconoció que en el año 2019 Costa Rica fue, según el Coeficiente de Gini, el país con mayor desigualdad en un grupo de 37 de todo el mundo (p.14). A pesar de los diagnósticos, las políticas económicas mantienen el sesgo marcadamente restrictivo, que se expresa de manera particular en la reducción de la inversión social en los sistemas de salud y educación públicas.

POR TANTO, SE ACUERDA:

Conscientes de que tenemos que mejorar el impacto positivo de nuestras universidades públicas en la sociedad costarricense y fundamentalmente entre los segmentos sociales más desfavorecidos, según lo que dictan nuestros Estatutos Orgánicos, rechazamos todo intento actual y futuro de los Gobiernos de recortar los fondos para la educación pública costarricense independientemente de si es presupuesto para las universidades, los niveles de preescolar, educación general básica o diversificada.
Exigimos que el Gobierno de la República reconozca y presupueste el 8% del producto interno bruto para la educación en general y el 1.5% para la educación superior, de acuerdo con lo que dicta la Constitución Política de Costa Rica en sus artículos 78, 84 y 85.
Exigimos que el Poder Ejecutivo reconozca, al menos, el 1% de crecimiento por inflación del FEES para el año 2023, tal y como había sido acordado en la Comisión de enlace, y apoyamos la posición unánime y coherente de los Señores Rectores, y de la Rectora electa del ITCR, de rechazar la imposición unilateral y falaz del ministro de Hacienda, de que se cercena ese dinero a las universidades porque “en la Asamblea Legislativa nos quitaron del presupuesto ₡81.000 millones”.
Instamos a los Señores Rectores y de la Señora Rectora electa del ITCR a que, en la sesión de negociación del próximo 30 de junio 2023, mantengan esa misma posición con base en los estudios que las mismas universidades están preparando, a fin de garantizar para el año 2023, como mínimo, un FEES que incluya el 1% por inflación. De igual manera, les pedimos que en la negociación del FEES para el 2024 reafirmen la decisión de defensa del FEES y que en el momento que sea oportuno y sin vacilaciones, convoquen a las comunidades universitarias a esa tarea, ya sea en las sedes universitarias de todo el país o en las calles.
Instamos a las autoridades universitarias del ITCR y de todas las universidades públicas, y de todos los niveles, a que afiancemos la defensa del FEES y nos mantengamos y fortalezcamos una sólida alianza para defender la educación pública de Costa Rica como un sistema integral que permita mantener y elevar la calidad de vida de la sociedad costarricense.
Instamos vehementemente a las nuevas autoridades del ITCR a que asuman y mantengan en la Comisión de Enlace, y ante cualquier instancia de los poderes Ejecutivo y Legislativo, una posición inclaudicable de defensa, mantenimiento y crecimiento real del presupuesto para la educación costarricense, asegurando el mandato constitucional de otorgar un 8% del producto interno bruto para la educación en general, y de éste el 1.5% para la educación superior pública.
Instamos a todas las personas integrantes de la comunidad universitaria del ITCR a estudiar responsablemente y multiplicar toda la información relacionada con el quehacer de la universidad y su impacto en la sociedad costarricense, pues es a esa sociedad a la que nos debemos y a la cual le debemos rendir cuentas. Adicional y particularmente, a los y las docentes les solicitamos que dediquen el tiempo necesario en cada uno de sus cursos para dialogar y explicar la crisis del Estado Social de Derecho, de la educación y en particular de la educación superior pública en Costa Rica.
Reconocemos la responsabilidad y compromiso de los y las diputadas que se han manifestado por la defensa de la educación pública de Costa Rica, y les pedimos que legislen conforme lo establece la Constitución Política asegurando el 8% del PIB a la educación. Les pedimos que, además, no voten positivamente ninguna iniciativa que debilite el sistema de educación pública del país y favorezca las iniciativas de educación privada.
Nos comprometemos a fortalecer las alianzas con otros actores sociales que defienden la salud pública, la agricultura nacional campesina, la educación pública y las garantías sociales contra las cuales se ha ensañado la actual administración, pues todas han sido, son y seguirán siendo, componentes indispensables para un modelo de sociedad que aspire a la justicia social, la solidaridad y más altos niveles de calidad de vida.

ITCR, Escuela de Ciencias Sociales, 26 de junio de 2023.

Bibliografía

Camarillo, Brenda (16 febrero, 2023). Presupuesto 2023 para educación es el más bajo desde 2015 según Contraloría [en línea] https://www.larepublica.net/noticia/presupuesto-2023-para-educacion-es-el-mas-bajo-desde-2015-segun-contraloria

Díaz Zeledón, Natalia (27 abril, 2021). Dictamen de préstamo del FMI estaría listo hasta viernes 30 de abril por casos de COVID-19 [en línea] https://semanariouniversidad.com/pais/dictamen-de-prestamo-del-fmi-estaria-listo-hasta-viernes-30-de-abril-por-casos-de-covid-19/

Durán-Castro, Osvaldo. 3 de abril 2020. Populismo neoliberal y coronavirus. Semanario Universidad [en línea] https://semanariouniversidad.com/opinion/populismo-neoliberal-y-coronavirus/

Hoy en el TEC. Redacción (15 de junio 2023). Reunión Comisión Enlace. Universidades rechazan que Gobierno evite la responsabilidad de 1% adicional del FEES 2023 [en línea] https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2023/06/15/universidades-rechazan-gobierno-evite-responsabilidad-1-adicional-fees-2023

Mora, Andrea (21 Jun, 2023). Chaves cuestiona marcha y asegura que 8% del PIB a educación fue una «medida populista» [en línea] https://delfino.cr/2023/06/chaves-cuestiona-marcha-y-asegura-que-8-del-pib-a-educacion-fue-una-medida-populista?utm_source=Notificacion&utm_medium=WA

Muñoz Solano, Daniela y Nuñez Chacón, María (8 marzo, 2023). APM Terminals, Grupo Nación, Meco y H. Solís entre las 183 empresas que declararon cero Renta en 2021 [en línea] https://semanariouniversidad.com/pais/apm-terminals-grupo-nacion-meco-y-h-solis-entre-las-183-empresas-que-declararon-cero-renta-en-2021/

OECD. (2020). PANORAMA ECONÓMICO DE COSTA RICA. [en línea] http://www.oecd.org/economy/panorama-economico-costa-rica/

OXFAM. (2020). Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad [en línea] https://www.oxfam.org/es/informes/tiempo-para-el-cuidado

Rivero, Adrián Z (21 junio, 2023) Rector UCR: “Si no hay 1%, no continuamos con la negociación” [en línea] https://semanariouniversidad.com/universitarias/rector-ucr-si-no-hay-1-no-continuamos-con-la-negociacion/

Zamora Huertas, Luis Alfonso (21 junio, 2023). Ministra de Educación dijo a rectora electa del TEC que agradeciera que la dejaran participar, confirman rectores [en línea] https://semanariouniversidad.com/universitarias/ministra-de-educacion-dijo-a-rectora-electa-del-tec-que-agradeciera-que-la-dejaran-participar-confirman-rectores/

Imagen: https://www.tec.ac.cr

Mesa de Diálogo Social y Productiva fija posición sobre proyecto de ley de jornadas flexibles

Escrito el 10/05/2023. Publicado en Derechos, Trabajo.

Comunicado

Posición política de la Mesa de Diálogo Social y Productiva por una Costa Rica Próspera, Inclusiva y Solidaria sobre expediente No. 21.182 proyecto de ley jornadas flexibles.

Las organizaciones sociales y productivas que participan de este espacio de diálogo nacional como mecanismo de encuentro ante la distancia acrecentada entre los poderes de la república, los sectores sociales y productivos, organizaciones diversas y de carácter asociativo como las organizaciones comunales, solidaristas, sindicalistas, cooperativistas, colegios profesionales, organizaciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, así como otras de instancia institucional como las universidades públicas desde las federaciones estudiantiles, pero además, otras de carácter autónomo y coyuntural que en los últimos meses han sido fuertemente afectadas por el abandono estatal, tales como las organizaciones del sector agrario y agroindustrial, otros también de carácter cooperativa y privado con algunas cámaras empresariales en estrecha vinculación.

La mesa desde su conformación en el 2020, en el contexto de la crisis sanitaria, han posicionado una agenda amplia de grandes ejes y temas alrededor de una ruta por la defensa del Estado Social y Derecho, que aporte en la reconstrucción económica que nuestro país necesita con equidad y justicia social ante la desigualdad y pérdida de oportunidades de bienestar social y económico que ha devenido del Estado Social de Derecho, pero que se encuentra en amenaza ante la insistencia de una reconfiguración de sociedad en detrimento de la calidad de vida.

Por esto, la posición la mesa, respetando las propias organizaciones quienes tienen sus propios criterios y matices en autonomía de a sus procesos y realidades- concluye en un rotundo NO a cualquier proyecto de ley que ponga en riesgo la seguridad social y las garantías laborales, irrenunciables, que hemos alcanzado y heredado desde los acuerdos y convenios internacionales con la OIT, entre ellos: C029 – Convenio sobre el trabajo forzoso, C087 – Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, C081 – Convenio sobre la inspección del trabajo, C144 – Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo) C001 – Convenio sobre las horas de trabajo (industria), C014 – Convenio sobre el descanso semanal (industria), C089 – Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), (núm. 89), C095 – Convenio sobre la protección del salario, C102 – Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), C189 – Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, C001 – Convenio sobre las horas de trabajo (industria), entre otros muy importantes.

Asimismo, nuestro NO, se fundamenta en la preocupación que ante la búsqueda de sectores empresariales y productivos por el no pago de horas extras, se pretenda legitimar desde la legislación, promoviendo la precarización laboral causando un serio detrimento, que nuestra propia constitución política nos garantiza en el Capítulo V DERECHOS Y GARANTIAS SOCIALES, específicamente en su artículo 58, que lo establece de la siguiente forma:

“La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de lo sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley”.

Sabemos la realidad en la que se encuentra el país, y lamentamos mucho que se pretenda una regresión de garantías sociales, y no se busquen alternativas progresistas para la reactivación económica y refrendar los derechos laborales adquiridos, donde el futuro del trabajo se encuentra a las disposiciones de los avances tecnológicos, automatización de los trabajos mecánicos, la importancia de los trabajos de cuido, asumidos en su mayoría por mujeres, la erradicación del tráfico y trata de personas para actividades en esclavitud.

Consecuentemente nos alarma asumidos en su mayoría por mujeres, la erradicación del tráfico y trata de personas para actividades en esclavitud. Consecuentemente nos alarma alerta que de esta propuesta de jornadas flexibles quienes serían la población mayormente afectada sean: mujeres, personas jóvenes, adultas mayores y personas en condiciones especiales pues son quienes enfrentan los peores efectos de la crisis del trabajo en nuestro país por el escaso acceso a un trabajo digno, engrosando cerrilmente índices de desigualdad, no garantizando la propuesta lo contrario.

Aspiramos a estar mejor cada día, y utilizamos como ejemplo países como Suecia, entre otros, donde ante esta evolución del trabajo en un mundo que migra a la automatización, en lo contrapuesto han adoptado experimentado con jornadas laborales de 6 horas diarias, con la oportunidad de tener su salario completo pese a la reducción del tiempo laborado, lo que ha generado mayor productividad, personas trabajadoras alegres y eficientes.

Los beneficios de mantener una jornada laboral más corta se evidencian en el aumento del tiempo de ocio y de compartir con seres queridos, en un aumento de la salud, productividad, reducción de índices de ausentismo y rotación de personal, mejor actitud y mayor motivación en el trabajo.

No obstante, si la insistencia de las mayorías parlamentarias, el oficialismo y ejecutivo es proceder con una ruta en retroceso de las garantías laborales, recomendamos que este proyecto solo sea aplicable a aquellas empresas como zonas francas, quienes ya tienen implementadas modalidades de horario similares, que los derechos laborales de estas personas, puedan garantizar como mínimo a partir de convenciones colectivas, la inspección laboral-ocupacional, redes de cuido, y el pago de horas extra.

No obstante, y frente a la insistencia de mayorías parlamentarias, del oficialismo y el ejecutivo en proceder con una ruta en retroceso de las garantías laborales, recomendamos que dicha ley sea acotada únicamente a zonas francas, en el entendido de que para aquellas empresas de zonas francas que ya de manera de hecho mantienen jornadas mayores a las 8 horas, incluyendo horas extras.

Por lo que existe la necesidad, de que esta ley pueda delimitar puntualmente las actividades en zonas francas, a su vez dotar de seguridad jurídica tanto al empleador como a las personas trabajadoras, garantizando los derechos laborales de estas personas, puedan a partir de los procesos de negociación vigentes como las convenciones colectivas, la incorporación de los criterios de inspección laboral-ocupacional, redes de cuido y pago de horas extra, como mínimo para salvaguardar la seguridad social de todas las personas trabajadoras, sobre todo en el sector privado.

Finalmente recomendamos que las vías para el fortalecimiento de la construcción de proyectos de ley de esta índole debe pasar por la consulta amplia de sectores sociales y productivos determinados en el tema, vías que conocemos como ejercicios de diálogos multisectoriales, que al más alto nivel permiten construir consensos país, sin importar las diferencias de sectores que puedan existir alrededor del tema, sabemos que la política de realidades es una democracia que se construye en las diversidades y disidencias.

‘’La mesa de diálogo social y productiva aboga una Costa Rica próspera, inclusiva y solidaria considera, no solo la libertad de prensa afecta nuestra estabilidad democrática en el país, propiciar la regresión en la seguridad social y los derechos humanos y laborales adquiridos y alcanzados de las personas es la mayor amenaza a la democracia en Costa Rica, nunca vista”.

Imagen ilustrativa. ONU.

Desbarajuste laboral

Escrito el 16/05/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

UNOS, urgen del pago extra, para redondearse un mejor salario.

OTRAS, no pueden trabajar jornadas extenuantes, porque tienen que asistir a sus familias en sus hogares después del trabajo.

A unos, los joden quitándoles posibilidades de urgentes ingresos extra. A otras, les entorpecen sus deberes en el hogar, al punto que hasta podría hacerles imposible trabajar jornadas agotadoras de 12 horas.

Se cae así en una grotesca explotación patronal, que erosiona derechos humanos y violenta el histórico proceso de avance de garantías laborales. No basta con que se matice diciendo que sería una medida «voluntaria», pues vislumbramos cómo muchos patrones entenderían esas jornadas «voluntarias».

Médico Carlos Eduardo Morera Mesén hace recomendaciones ante la pandemia

Escrito el 14/05/2021. Publicado en Derechos, Salud.

SURCOS comparte un conjunto de reflexiones y recomendaciones que envió a nuestro correo el médico Carlos Eduardo Morera Mesén, especialista en pediatría y neonatología y ex funcionario de la CCSS.

Se compran 3000 bolsas para cadáveres.

La justificación que da la CCSS y el Ministerio de Salud es que no podemos prever si la situación de Covid-19 puede empeorar y necesitamos estar preparados para esa situación de posibilidad de crisis mayor y no improvisar en ese caso eventual de empeoramiento.

Se están comprando más Ventiladores Pulmonares para el el manejo de pacientes que requieran Ventilación Pulmonar, claro está bajo la misma justificación: estar preparado y NO IMPROVISAR en caso de que aumente el número de casos graves, que requieran tratamiento de Cuidado Intensivo por complicación pulmonar severa (SDRD).
Ahora, Me Pregunto:

Quienes van a manejar eventualmente ese número aumentado de pacientes en las Unidades de Cuidado Intensivo y ese número aumentado de Pacientes Graves?

Tiene claramente inventariado, la CCSS y el Ministerio de Salud, el Recurso Humano Especializado (con experiencia en Ventilación Pulmonar), para el manejo – en el transcurso del tiempo que dure la crisis-?
No sería recomendable tener desde ahora claramente definidos el número de recursos humanos especializados (y de apoyo) para estas situaciones en un NÚMERO IGUAL, Y Bajo Una Justificación Igual, al que se está aplicando para Justificar el Número de Ventiladores a comprar y de bolsas para cadáveres a comprar.
No convendría -YA-, estar enlistando y tener listas por Recursos Humanos de la CCSS los recursos de personal EXPERIMENTADO: RECURSO HUMANO de Médicos Especialistas: Internistas, intensivistas, neumólogos,neonatologos, terapistas respiratorios, enfermeras (os) , que estando JUBILADOS y con experiencia en cuidados intensivos -RESERVA DE ESPECIALISTAS- que sin tener otros factores de riesgo aparte de su edad, estén dispuestos a incorporarse a laborar en las Unidades de Cuidado Intensivo en caso de ser requeridos para el uso de los -“cienes” de – ventiladores adicionales que se están comprando y así tratar de evitar el uso de las 3000 bolsas de cadáveres que se están comprando?
¿Están listas las condiciones laborales de los contratos de REINGRESO (y las condiciones en que laborarían) estos profesionales que reingresarían luego de estar jubilados?
No convendría que estemos previendo los ventiladores, las bolsas para los cadáveres y que olvidemos prever el RECURSO MÁS IMPORTANTE, el RECURSO HUMANO?

Sólo espero que la CCSS no esté haciendo números ECONOMICISTAS en omitir esta previsión de recurso humano, y espero que prive el criterio de que: “ la salud no es gasto, es inversión”.

Pensemos que se requerirán cubrir tres turnos de trabajo con este tipo de especialistas con experiencia en Cuidado Intensivo ( las 24 horas) y que no todos los profesionales estarán dispuestos a volver luego de jubilados. Otros no lo harían por tener otros factores de riesgo. Conviene tener listas garantías laborales que les den garantía laboral y estabilidad laboral adecuada a estos profesionales.
Una alternativa podría ser que algunos de estos profesionales jubilados estén en los espacios laborales de menor riesgo relativo ( al fin y al cabo tienen el riego de su edad), por ejemplo valorando la modalidad ventilatoria(no invasiva o invasiva) que requiere el paciente, valorando gráficas de ventiladores y monitores, decidiendo cambios de parámetros del ventilador ( de acuerdo con el protocolo de manejo preestablecido), cambio de modalidad ventilatoria, usos y suspensiones de vasopresores, pronaciones, sedoanalgesia, musculorrelajacion, suspensión de ventilación, etc, etc. Y dejar los procedimientos de más cercanía con el paciente a los especialistas con menor riesgo.
Igual podrían estos especialistas jubilados, reincorporarse a labores fuera de las Covid- 19 en la atención de las otras labores de Cuidado Intensivo de otras enfermedades, y así liberar para la atención de Covid-19 el personal especializado de menor riesgo.

La informalidad del empleo en Costa Rica. Caracterización y recomendaciones

Escrito el 12/10/2020. Publicado en Trabajo.

La Fundación Friedrich Ebert compartió con SURCOS un texto de José Carlos Mora Guerrero que analiza la informalidad del empleo en Costa Rica.

En la presentación se explica:

“Este diagnóstico y análisis del mercado laboral destaca como uno de los principales problemas a la informalidad del empleo, sus implicaciones sociales, las limitaciones de acceso a un empleo digno y la falta de garantías laborales.

La informalidad en el empleo incide en personas consideradas vulnerables y el incremento de la informalidad en los últimos diez años provoca que esta situación sea, en la actualidad, una prioridad para la política.

Las recomendaciones de política buscan disminuir la informalidad en el empleo, así como generar un mercado laboral más inclusivo y permitir que más personas gocen de los derechos que, por ley, les pertenecen”.

Le compartimos el documento en el siguiente enlace donde hay más información sobre la Fundación Friedrich Ebert y su trabajo.

La-informalidad-del-empleo-en-Costa-RicaDescarga

El mundo unilateral de la UCCAEP

Escrito el 13/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gilberto Lopes

La Unión de Cámaras del sector empresarial (UCCAEP) ha ofrecido al país “Un pacto por el empleo”.

Tema tan vasto, puede ser abordado de muchas maneras, desde diversos puntos de vista. Una posibilidad es que incluya garantías de empleos decentes, estímulo a la organización de los trabajadores, mejoras de las garantías sociales. En fin, ideas creativas para mejorar el nivel de vida de la inmensa mayoría de los costarricenses, simples trabajadores.

Pero no. La propuesta de la UCCAEP no se aparta un milímetro de los intereses estrictos del “sector empresarial privado”, sin pretensión alguna de reconocer que el país es diverso, o de pensar que el sector más rico difícilmente podrá vivir en paz con un sector más pobre cada vez más distante y con perspectivas empobrecedoras.

Los miembros de la UCCAEP se atribuyen el título de “sector productivo”. Y llaman a sus empleados “colaboradores”. Lo cierto es que el sector productivo costarricense es mucho más amplio que el conformado por las empresas de la UCCAEP. Sin trabajadores esas empresas no existirían y su capital ni siquiera sería capital. El mundo puede seguir viviendo sin ese capital. Lo han demostrado el Estado, o las cooperativas.

Ese capital ni siquiera ha sido capaz de dar una vida digna a sus trabajadores. Si en Costa Rica ha habido una paz relativa –si la comparamos con países de la región–, es por un nivel de servicios públicos que le garantizan a una parte importante de la población condiciones de vida muy superiores a las que ofrece el sector privado, incluyendo salarios, garantías sociales y servicios públicos, desde la banca hasta las telecomunicaciones, desde la educación hasta la salud.

Es el sector público el que los garantiza, no el sector privado.

Ya se que no lo hace de forma perfecta. Es como la vida misma, llena de problemas. Pero hay que arreglarlos, no destruirlos (o venderlos. Son tan buenos negocios que, en realidad, sueñan con comprarlos).

Servicios que, por cierto, se han venido deteriorando en la misma medida en que se van privatizando.

Citan las normas de la OCDE, a la que el gobierno ha hecho todos los esfuerzos por incorporarnos. Muestran con orgullo que nos sumamos a México, Chile y Colombia, los tres únicos países latinoamericanos que pertenecen a la organización. ¡México, Chile y Colombia!

Hay que pensar un poco. ¿De qué les ha servido a los mexicanos, a los chilenos, a los colombianos pertenecer a la OCDE? ¿Qué pretenden? ¿Qué nos parezcamos a México, a Chile o a Colombia? Estos dos últimos, países cuyo orden político ha sido construido sobre la base de la violencia más brutal, gracias a la que se ha construido también un brutal sistema de concentración de la riqueza. A los que tenemos mucho que enseñar y de los que tenemos poco que aprender.

Naturalmente, ¡no es ese el camino! ¡No debe ser ese nuestro camino!

Pero es a ese camino por el que nos empuja el gobierno.

Los resultados de estos proyectos son ya evidentes ¡Y desastrosos!

Es una tristeza que el gobierno pretenda llevarnos por ahí. Tristeza y falta de visión. Mezquindad.

¡Hay que resistir!

También las empresas de UCCAEP dependen del Estado. Mientras más grandes, más dependen de los recursos y de las garantías que les da el Estado. Desde las constructoras hasta la banca, desde las telecomunicaciones hasta los seguros, desde la salud hasta la educación. Todas dependen del Estado.

El documento de la UCCAEP no es más que un largo listado de demandas al Estado. Algunas, demandas de francos privilegios. Las podríamos agrupar en dos tipos de demandas:

Demandas de beneficios directos para el sector

lo que se refiere a créditos disponibles en el Sistema Financiero Nacional,
mayores beneficios en la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa,
amnistía para las cargas sociales y ambientales, una “actualización” de las jornadas laborales que “permita jornadas excepcionales”,
reforzar las medidas de seguridad,
readecuar la deuda de los productores (supongo que se refieren a las deudas con la banca pública),
un “plan para mejorar las posibilidades del sector productivo” (¿?),
reducir las tarifas eléctricas para la producción,
mayores garantías para el sector privado en los procesos de contratación del sector público,
permitir la exploración y explotación del gas natural,
avances en el proceso de ampliación de energía por el sector privado (ya particularmente leonino a favor de ese sector),
privatización del sector de generación de electricidad, incluyendo cerrar el departamento de grandes proyectos hidroeléctricos del ICE,
poner a disposición del sector privado mano de obra especializada y barata mediante el proceso de educación dual,
transformar el Conesup para adecuarlos a las demandas de las universidades privadas,
y avanzar en las alianzas público-privadas para la construcción de los planes reguladores.

Readecuación de lo público en función de los intereses del sector privado

la mejoría de le eficiencia operativa del ICE y de Recope,
“medidas que disminuyan el costo de la formalidad”,
la venta de activos del Estado (que sueñan con comprar),
aplicación “estricta” de la regla fiscal,
reducir el gasto público (para aumentar los recursos a la disposición privada),
mayores controles a las universidades públicas,
reforzar la inversión pública en centro de desarrollo turístico, tercerización de servicios,
erradicar lo que llaman “asedio ambiental”,
una ley de empleo público,
frenar la participación “ilegal y desleal” del ICE en obras,
atender la demanda empresarial en el reparto del uso del agua,
una nueva ley de aduanas “en consenso con los interese del sector privado”,
rechazar mayores regulaciones del sistema de etiquetado frontal de alimentos.

La visión de país de la UCCAEP se resume en eso: mientras mejor les vaya a ellos, ¡pues así le irá al país! La experiencia de décadas recientes, en las que se extendió por casi todo el mundo la idea neoliberal de que privatizando y enriqueciendo a los más ricos terminaría por rebalsar riqueza para los más pobres, finalmente terminó por mostrar que tenía patas muy cortas. Efectivamente aumentó de forma notable la riqueza y, al mismo tiempo, la concentración de la riqueza hasta niveles inimaginables, generando tensiones de todo tipo que han terminado por estallar.

La realidad del Covid 19 nos muestra claramente las contradicciones entre el interés privado y los intereses de la sociedad en su conjunto. Mientras empresarios de la piña, del banano o de la yuca se saltan medidas necesarias para controlar la expansión de la pandemia con el fin de incrementar sus ganancias mediante contrataciones de trabajadores en condiciones precarias, el Estado debe adoptar nuevas medidas e incrementar sus gastos para evitar la expansión de la pandemia al resto del país.

El texto de la UCCAEP deja en evidencia la falta de visión de país. O nos ofrece la visión de un país pensado para tan pocos, que no podemos dejar de señalar el sin sentido de la propuesta y lo inconveniente que sería avanzar por ese camino, en la construcción del mediocre y mezquino mundo que nos propone la UCCAEP.

UCR: Trabajadores de plantaciones buscan reivindicación de sus derechos laborales

Escrito el 20/09/2018. Publicado en Derechos.

Esteban Hidalgo Pena

Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social

El grado de incumplimiento de garantías laborales en el sector agropecuario llega al 60%, es decir 20% más que el promedio nacional. Estos son datos del Estado de la Nación 2017, donde se concluye que las familias que no logren acceder a empleos de calidad, tendrán mayores probabilidades de encontrarse bajo la línea de pobreza.

De acuerdo con Rodolfo Ruiz Siles, trabajador piñero, esos empleos de calidad escasean en la región de Pococí de Limón, donde señala que muchos como él se ven forzados a aceptar trabajos en el sector agrícola, pese a las condiciones que ofrecen.

“El trabajador de una plantación bananera o piñera siempre se ha visto violentado. Se da mucho el maltrato verbal, corporal. Hay veces que nos explotan hasta 16, 20 horas”, comenta Ruiz.

Yeidy Fonseca Marín, vecina de Pococí, experimentó de primera mano la falta de garantías laborales cuando fue despedida en septiembre del año pasado por estar embarazada. Debido a esta acción, interpuso su caso en la Defensa Pública del Poder Judicial, donde ordenaron su reinstalación.

Fonseca señala que las empresas piñeras, como en la que ella laboraba, son conocidas por apelar estos casos, por lo que se mantiene un estado de incertidumbre.

La madre primeriza fue acompañada en este proceso por integrantes del Trabajo Comunal Universitario (TCU), Derechos Laborales (TC-681), proyecto que busca generar conocimiento colectivo entre personas trabajadoras del sector agrícola acerca de medidas institucionales, organizativas y legales para mejorar sus condiciones de trabajo.

Según Mauricio Castro Méndez, coordinador del TCU, la iniciativa se ve respaldada en su mayoría, por la Reforma Procesal Laboral, aprobada en julio del 2017. Gracias a este nuevo marco legal, el docente afirma que el espacio de acción de las y los trabajadores en situaciones de injusticia laboral aumenta, aunque su aplicación no sea del todo correcta por la mayoría de empleadores.

“Estamos en una etapa de transición donde las empresas han tenido que entender que tienen que empezar a hacer las cosas de manera distinta, (…) todos estamos en un proceso de aprendizaje que deseablemente nos va a acercar a la idea de la no discriminación y los derechos laborales en general”, destaca Castro.

Esta reforma modifica varios aspectos importantes como el juzgamiento a las infracciones a las leyes de trabajo y la seguridad social, las inspecciones trabajo, procedimientos para proteger a las personas amparadas por fueros especiales (mujeres en estado de embarazo y lactancia, denunciantes de hostigamiento sexual), y procedimientos para ejercer el derecho de huelga, entre otros.

Estas medidas vienen a cambiar una dinámica que por mucho tiempo se ha reproducido en el ámbito laboral de las plantaciones. De acuerdo con Didier Leitón Valverde, representante del Sindicato de trabajadores de plantaciones agrícolas (Sitrap), en las compañías existe una política institucionalizada de irrespeto total a los derechos laborales, en materia de salud, en materia salarial, referente a jornadas de trabajo y al uso indiscriminado de agroquímicos.

Para la correcta implementación de estos nuevos lineamientos, Castro considera importante registrar los principales problemas de las y los trabajadores en cada comunidad, para luego priorizarlos y lograr, por medio de la Reforma Procesal Laboral, la reinstalación efectiva de estos grupos.

Aunque el proyecto implementa el uso de talleres y capacitaciones, el fin principal del mismo es que exista mayor participación de la ciudadanía a la hora de implementar estas nuevas medidas legales en pos de un mejor entorno laboral.

*Imágenes con fines ilustrativos. Foto: Archivo ODI.

Información generada desde la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR.

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SINTRAJAP apoya la lucha nacional

Escrito el 27/04/2016. Publicado en Derechos, Trabajo.

SINTRAJAP hizo llegar un comunicado a SURCOS Digital, en el que manifiesta su apoyo al movimiento nacional de lucha efectuado los días 26 y 27 de abril del 2016 y repudia los siguientes hechos:

La Cláusula 9.1 del contrato que el Gobierno firmó con APM, que no le permite a JAPDEVA competir con la carga en igualdad de condiciones.
Los incumplimientos del Gobierno con respecto a la modernización y equipamiento portuario, atrasos en la compra de montacargas y el inicio de la construcción del Puesto de Ataque 5-7 en Moín por parte de JAPDEVA.
El daño ambiental que sufre Limón para satisfacer intereses económicos foráneos en contra de la vida, el bienestar del pueblo limonense y costarricense destruyendo fuentes de agua, bosques y especies.
Los proyectos de ley presentados por el Gobierno y otras fuerzas políticas, en contra de las garantías económicas, sociales y laborales, como derechos convencionales, el derecho a la sindicalización y el derecho al trabajo digno y estabilidad laboral.
Los ataques en contra de las instituciones públicas y el empleo público, que pretenden el desmantelamiento del Estado costarricense.

*Imagen con fines ilustrativos tomada de Youtube.

Enviado a SURCOS Digital por Liroy Pérez Pérez, Secretario de Prensa, SINTRAJAP.

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SINTRAJAP se une a la lucha nacional

Escrito el 20/08/2015. Publicado en Derechos, Trabajo.

Comunicado Urgente

En una decisión unánime SINTRAJAP se une al movimiento nacional de lucha convocado y programado para hoy por diferentes fuerzas sociales costarricenses y por las siguientes razones:

Modificación de la Clausula 9.1 del contrato de la APM para que se le permita a JAPDEVA competir por la carga en igualdad de condiciones.

Por el incumplimientos por parte del gobierno con respecto al equipamiento de nuestros puertos específicamente en el tema de montacargas y los atrasos que se han dado para la obtención de una viabilidad ambiental para la construcción del puesto de atraque 5-7 en Moín por parte de JAPDEVA.

En defensa de nuestras garantías económicas, sociales, laborales y sobre todo de nuestra estabilidad laboral.

Nos manifestamos además en defensa de las instituciones públicas y en contra de las iniciativas neoliberales que pretenden empobrecer aún más al pueblo costarricense para beneficiar a unos pocos.

Por estas y otras razones nos unimos a la huelga por el día de hoy a partir de las ocho horas.

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Liroy Perez Perez, Secretario de Prensa.

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