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Etiqueta: German Masís Morales

Cambios en la regionalización por un verdadero desarrollo territorial

Escrito el . Publicado en Análisis.

Los cambios en la regionalización del país; hacia un reordenamiento o remozamiento del esquema de regionalización o en procura de un verdadero desarrollo territorial equitativo y sostenible.

German Masís Morales

Recientemente hemos conocido la información de que Costa Rica redibujará el mapa de sus regiones, luego de 49 años sin cambios. Se argumenta que el mapa político del país basado en provincias con criterios un tanto desfasados, había sido modificado hace casi medio siglo cuando se emprendió el criterio de las regiones de planificación.

Esa modificación ocurrida en 1975, con la ley de Planificación Nacional, generó un nuevo mapa del país, pero ahora marcado por elementos socioeconómicos con la intención de dar un mejor abordaje de las políticas públicas, con un enfoque más local. Fue así como nacieron las regiones: Central, Chorotega, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Pacífico Central y Brunca

Se afirma que luego de casi medio siglo los criterios que se usaron para esa repartición han cambiado y tocará hacer un remozamiento del esquema de regionalización de Costa Rica. La labor de replanteamiento de las regiones estará a cargo del Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN).

Para evidenciar la incoherencia que existe entre lugares de diferentes provincias del país, las autoridades de MIDEPLAN brindaron algunos ejemplos, como que San Vito de Coto Brus tiene poco en común con las Islas del Golfo de Nicoya, pero ambos pertenecen a la provincia de Puntarenas. Lo mismo ocurre entre la zona de residenciales de La Guácima con los pueblos de Los Chiles que limitan con Nicaragua, tienen poco en común, pero ambos son de Alajuela. Otro ejemplo surge al comparar las áreas más rurales de la Zona de Los Santos con la alta densidad de población de Tibás, nada en común, pero ambos están en San José. (ElObservador.com,29-4-2024)

En una situación similar, se presenta con las diferencias de las áreas urbanas de Heredia, como Belén; San Joaquín y Santo Domingo y las diferencias con las condiciones del cantón de Sarapiquí, aunque ambas pertenecen a la provincia de Heredia.

También existen diferencias importantes entre cantones ubicados en una región y pertenecientes a diferentes provincias, como el caso de Pérez Zeledón que pertenece a San José y los demás cantones de la región Brunca a la provincia de Puntarenas, donde muchas veces sus habitantes han dicho “yo me siento de todo lado menos de San José, o me siento de todo lado menos de la Zona Sur,” explorar esas dinámicas y construir un documento de esquema de regionalización que permita adecuar y actualizar esas nuevas dinámicas que hay en nuestro país que son muy distintas a las de 1975, son los propósitos de MIDEPLAN.

Lo mismo ocurre, como el caso de San Carlos y sus diferencias con los demás cantones de la región Huetar Norte, de Upala, Guatuso y los Chiles o la ubicación del cantón de Río Cuarto en la región Norte, todos pertenecientes a la provincia de Alajuela.

Disparidades regionales, se pueden constatar en la misma región Central, con la coexistencia de cantones de alto desarrollo como Escazú y Santa Ana y su proximidad con cantones rurales y de bajo desarrollo como Mora, Puriscal, Acosta y Turrubares, pertenecientes a lo que se conoce como la región Central Sur.

El Ministerio de Planificación, ha confirmado que la división política del país no va acorde a las verdaderas realidades que enfrentan diferentes lugares, lo que genera la necesidad de focalizar esfuerzos según las necesidades más locales.

Entre los parámetros a revisar estarían las condiciones sociales, las áreas de conservación, las áreas fronterizas, las áreas costeras o los territorios indígenas.

No obstante, la validez de esta iniciativa de MIDEPLAN, en pleno siglo XXI para ajustar o adecuar la conformación de las regiones del país, ésta debe trascender el enfoque de regiones administrativas hacia el enfoque de desarrollo territorial, donde las características de los territorios desde el punto de vista geográfico, histórico, demográfico y socioeconómico sean las que definan la afinidad, interrelación y conformación geosociohistórica de los territorios regionales.

Junto a la incorporación de las características multidimensionales de los territorios, es imperativo proponer una nueva organización territorial dirigida a superar las brechas regionales existentes entre la Gran Área Metropolitana(GAM) y las regiones periféricas rurales, costeras y fronterizas y los desequilibrios al interior de las mismas regiones periféricas, entre sus zonas centrales y ciudades más desarrolladas(como Liberia, San Carlos y Pérez Zeledón) y las zonas rurales y costeras circundantes.

Hemos sostenido en este espacio, que en Costa Rica se ha configurado un desarrollo regional desigual que evidencia que la actividad económica y los frutos del desarrollo económico no se han distribuido equitativamente entre las regiones, situación que no puede postergarse por más tiempo.

Se ha insistido en que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha reproducido por más de 5 décadas en las 4 provincias centrales, limitando la integración de las regiones periféricas y prácticamente excluyéndolas del desarrollo nacional.

Así mismo, varios análisis del desarrollo nacional, han expuesto reiteradamente que este desarrollo desigual e inequitativo es insostenible, el Informe del Estado de la Nación 2020 señala que la red productiva nacional es altamente dependiente de la región Central-GAM y del sector comercio y transporte y que urge atender la desconexión entre ésta y las regiones fuera de aquella región, (así como) fortalecer las interacciones para fomentar la actividad económica en ambos casos.(InformeEstadodelaNación,2020,p.29).

Por su parte, el estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica en el 2021, había señalado que, en nuestro país, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

De acuerdo a ese estudio se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras el comercio es predominante en casi todo el país.

La actividad de manufactura está concentrada en los cantones de la GAM, donde Alajuela, San José, Heredia, Cartago son las principales áreas, junto a cantones como Desamparados, Goicoechea, Grecia y la Unión. De las regiones periféricas sólo Puntarenas y San Carlos tienen alguna importancia en esta actividad.

Mientras que las actividades como la agricultura, producción de energía y suministro de aguas y minería se desarrollan primordialmente fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).

Específicamente, la agricultura está dominada por San Carlos, Pococí, Matina, Limón, Siquirres, Sarapiquí, Guácimo, con cerca de un 45 % de la producción nacional, todos ellos cantones de las regiones Periféricas y en su mayoría dedicada a los monocultivos del banano, la piña y la ganadería;

Por su parte, el Índice de Competitividad Nacional (ICN, mostró que un total de 48 cantones (59% del total), incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de Esparza), apenas tienen condiciones que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

La medición de ICN evidencia una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de los indicadores de progreso o desarrollo social de Costa Rica, según detalla el informe. (Nación.com,11-11-2021)

Las barreras en materias como el acceso a la tecnología y la educación, así como el deficiente desarrollo en la infraestructura que enfrentan los cantones más alejados de la región central, asfixian sus niveles de competitividad en comparación con los territorios ubicados en el interior.

Diversos índices de desarrollo cantonal han permitido constatar las desigualdades y desequilibrios socioeconómicos existentes, así el Índice de Desarrollo Humano Cantonal 2021 reveló como los cantones costeros, fronterizos y rurales que pertenecen principalmente a las provincias de Limón, Puntarenas, Guanacaste y Alajuela son los que muestran los peores indicadores de desarrollo humano

Así en lo que respeta al Índice de Desarrollo Humano por Desigualdad, los 10 cantones con los indicadores más bajos son Matina, Talamanca, Buenos Aires, León Cortés, La Cruz, Los Chiles, Tarrazú, Hojancha y Dota, de los cuales 3 son costeros, 3 son fronterizos y 4 son rurales.

La presencia de los cantones costeros, fronterizos y rurales, también se confirma en el Índice de Pobreza Multidimensional, en donde los cantones con el índice más alto de pobreza son Los Chiles, Talamanca, Upala, La Cruz, Coto Brus, Buenos Aires, Guatuso, Turrialba, Sarapiquí y Osa, de los cuales 5 son fronterizos, 2 costeros y 3 rurales.

Se incluyen entre los 25 con el índice más alto de IPM, Matina, Golfito, Siquirres, Limón, San Carlos, Corredores, Bagaces, León Cortés, Aguirre, Dota, Pococí, Puntarenas, Nicoya, Nandayure y Parrita, de los que 10 son costeros, 7 fronterizos y 8 rurales. (SurcosDigital.com,2022)

Igualmente, algunos intelectuales han reafirmado la existencia de dos Costa Ricas ya que sigue vigente, “una especie de geografía del desarrollo que parte el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia (ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza. (Esquivel, F.,2021, p.222).

De acuerdo con lo anterior, los cambios en la regionalización del país no se deben reducir a un reordenamiento geográfico o a la redefinición de las regiones para que se fortalezca la presencia de las instituciones en cada región y al decir de MIDEPLAN trabajar mejor las políticas públicas y descentralizar los presupuestos para dar los financiamientos más adecuados.

Ya existen acciones favorables a lograr el replanteamiento de la mencionada regionalización, tales como la aprobación de la Ley de Desarrollo Regional del 2021, que tiene como finalidad impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, para la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las particularidades culturales, sociales, económicas, ambientales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades propias de cada región, en un contexto de participación democrática. Asimismo, reducir progresivamente los desequilibrios regionales mediante el diseño y la implementación de políticas públicas diferenciadas e incluyentes.

Así mismo como la ley para ampliar la operación de las zonas francas en algunas zonas fuera de la GAM, impulsada en los últimos años y que ha dado lugar a la creación de estos centros industriales y de servicios, en lugares como Grecia, Orotina y Esparza.

Estas iniciativas, aducen que se pueden mejorar las condiciones de crecimiento, competitividad e innovación en las diversas regiones del país, para garantizar el cierre de brechas estructurales que afectan negativamente la calidad de vida y el arraigo de sus habitantes.

Sin embargo, su mayor carencia es la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué,J.et al,Rimisp,2015).

La realidad de brechas y desigualdades territoriales demanda una perspectiva de desarrollo autocentrado en las características territoriales, con un carácter endógeno y participativo que permita que los distintos actores sociales, económicos, públicos o privados definan las acciones necesarias para conducir los cambios estructurales que necesita un territorio concreto.

Es imperativo la generación de opciones productivas, empleos de calidad, infraestructura y servicios en territorios periféricos, los cuales han estado concentrados en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental.

Ante el escenario de desigualdades regionales, el rezago y marginación social, MIDEPLAN debe avanzar a la definición de una estrategia de desarrollo territorial centrada en los recursos y potencialidades de los territorios y regiones periféricas.

Dicha estrategia supone una nueva ruta para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de dinamizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.

El abordaje de las desigualdades territoriales y el impulso de políticas para revertirlas debe tener como objetivo primario avanzar hacia un desarrollo territorial más sostenible, equitativo e incluyente, como una verdadera política de Estado o un proyecto país de transformación territorial.

Imagen UCR.

El Derrumbe y el Ocaso del Progresismo

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís Morales

Las recientes elecciones a las alcaldías del país dejaron grandes repercusiones sobre el sistema político, con el ascenso y descenso de algunos partidos, pero principalmente por el derrumbe definitivo de las fuerzas progresistas que otrora estuvieron representadas por la socialdemocracia y posteriormente por el Partido Acción Ciudadana y el fortalecimiento de las alternativas más conservadoras y cercanas a la economía de mercado como han sido la Unidad Socialcristiana, los partidos evangélicos y más recientemente los partidos liberales o neoliberales.

Aunque ya ese fenómeno político de deterioro del progresismo se había manifestado en las dos anteriores elecciones presidenciales, en esta oportunidad se consolida y muestra la más cruda evidencia con el descenso del papel de Liberación Nacional en su antigua trinchera las municipalidades y el poder local y la desaparición total del PAC como fuerza política en las diferentes regiones del país.

Pero, ¿por qué debe preocuparnos la desaparición del progresismo, representado por los resabios de la vieja socialdemocracia y por el Partido Acción Ciudadana?

Debe preocupar a los grupos políticos, a la sociedad civil y a la población en edades maduras, porque se ha generado un vacío en el espacio político de las fuerzas y de las políticas económicas y sociales progresistas, que está siendo ocupado por los sectores políticos y económicos más conservadores y porque prácticamente desaparecen las luchas y reivindicaciones por lo que queda del estado de bienestar, de la democracia económica y por la permanencia del Estado de Derecho seriamente amenazado en los últimos años.

Debe preocupar también porque la población en edades jóvenes influenciadas fuertemente por la economía de consumo, el conocimiento técnico y las redes sociales, han perdido y ya no tendrán referentes políticos que defiendan la importancia del Estado, las políticas redistributivas, el desarrollo humano, el medio ambiente y los derechos humanos de las minorías.

Los jóvenes de hoy y de mañana, son fáciles presa de las promesas de cambio sin propuestas coherentes, de los partidos unipersonales y de estructuras ficticias y de un espejismo de que el mercado es el ente que asigna los recursos y genera oportunidades para todos y que por ello debe penetrar todas las actividades de la vida en sociedad.

Los grandes dilemas y controversias del pasado, sobre si más Estado o más mercado, si políticas de liberalización y desregulación o de protección y exoneración, si políticas fiscales progresivas o reformas tributarias parciales, la ampliación o reducción de las políticas sociales y del gasto social, la creación de mayores condiciones a la inversión extranjera o fomentar la pequeña y mediana empresa nacional, quedan ahora, sometidos a las visiones electoralistas y a la dispersión de posiciones en un espectro liberal conservador en el que se incluyen la mayoría de los partidos políticos emergentes.

El ocaso del progresismo del siglo XX y del siglo XXI, es el fracaso de las fuerzas políticas que lo impulsaron, quienes dejan a la deriva las grandes desigualdades, los grandes retos de supervivencia del ser humano y la aspiración de un desarrollo más equitativo y sostenible, frente a un mundo unipolar, dominado por el interés individual y corporativo y por la voracidad del capital.

Foto: UCR.

La importancia de la elección municipal según las cifras del Banco Central; las motivaciones, propuestas y remuneraciones entre los cantones ricos y pobres

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís Morales

El Banco Central presentó las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) por región de planificación y cantón para el periodo 2019-2021. Las cifras económicas cantonales y regionales incluyen: el valor agregado por actividad económica, indicadores de exportaciones e importaciones de bienes, impuestos a los productos para el período. (Banco Central, comunicado de prensa,24-1-2024)

Estas cifras revelan el nivel de actividad económica, el valor agregado generado, la importancia de las exportaciones e importaciones, la captación de impuestos y la producción por habitante de las distintas regiones y cantones del país, en un panorama que resulta inquietante en este momento de elecciones municipales, por las diferencias y disparidades existentes en la actividad económica, en la producción y en la obtención de impuestos de los cantones y regiones.

Estas cifras son importantes, debido a que la elección por las alcaldías, vice alcaldías y demás puestos en los cantones de todas las provincias y la remuneración que éstos cargos reciban, está determinada por el nivel de actividad económica, de las exportaciones y de la cuantía de los impuestos que recibe cada cantón por las actividades económicas.

De ahí que los datos presentados, revelan que los cantones que tienen un PIB más elevado, son los que remuneran mejor los principales cargos municipales, siendo que San José, Alajuela, Heredia, Santa Ana, Cartago, Escazú, Belén, San Carlos, Montes de Oca y Goicoechea, resultan ser los más atractivos en la competencia electoral del 4 de febrero.

Mientras que Acosta, Montes de Oro, La Cruz, Guatuso, Río Cuarto, Nandayure, Dota, Hojancha, San Mateo y Turrubares, en ese orden, son los que tienen un PIB más bajo y en consecuencia serían los que ofrecen una menor remuneración y los menos atractivos en la contienda electoral.

Por provincias, San José sería el cantón más importante y atractivo en la provincia del mismo nombre, Alajuela central en esa provincia, Heredia central en esta provincia, Cartago central en esa provincia, Liberia en la provincia de Guanacaste, Puntarenas en esa provincia y Pococí en la de Limón.

Los cantones de menor importancia y atractivo por provincia, serían Turrubares en la provincia de San José, San Mateo en la de Alajuela, Santa Bárbara en Heredia, Alvarado en la de Cartago, Hojancha en la de Guanacaste, Montes de Oro en la de Puntarenas y Talamanca en la provincia de Limón.

En lo que respecta a la información por región del país, San José sigue siendo el más importante de la región Central, Liberia de la región Chorotega, Puntarenas de la Pacífico Central, San Carlos de la Huetar Norte, Pococí de la Huetar caribe y Pérez Zeledón de la región Brunca.

Mientras que Turrubares sería el menos importante y atractivo en la región Central, San Mateo en la Pacífico Central, Hojancha en la Chorotega, Río Cuarto en la Huetar Norte, Talamanca en la Huetar Caribe y Buenos Aires en la Brunca.

En estas cifras por región, sigue siendo notable que los cantones que tienen el Producto Interno Bruto más alto se encuentran en la región Central, con excepción de San Carlos y la totalidad de los cantones con el PIB más bajo pertenecen a las regiones periféricas.

Un comportamiento similar ocurre con la recaudación de impuestos por los cantones y regiones, donde San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Belén, Flores, Escazú, Goicoechea, Santa Ana y San Carlos son los que reciben una cuantía mayor de impuestos y por ende tienen un mayor incentivo en la lucha electoral cantonal.

En tanto, Turrubares, San Mateo, Hojancha, Río cuarto, Dota, Guatuso, Nandayure, Los Chiles, León Cortés, Zarcero, Tarrazú, la Cruz, Buenos Aires, Alvarado y Acosta son los que obtienen menor cantidad de recursos por impuestos.

De esta manera, el próximo 4 de febrero, la disputa por los principales puestos en las elecciones municipales de todos los cantones, puede tener motivaciones diversas, para algunos mantener el alto nivel de actividad económica y comercial que ya tienen, aumentar la inversión pública y privada y atraer mayor inversión extranjera, mejorar la recaudación de impuestos y manejar de manera más eficiente los presupuestos municipales.

En otros municipios, las motivaciones pueden ser dinamizar la actividad económica y comercial, mejorar la infraestructura vial y productiva, generar más empleos, tratar de ampliar los servicios públicos y contribuir a la conservación de los recursos naturales.

Así es que dentro de dos semanas, los electores deben preguntarse que nivel de actividad económica, que nivel de exportaciones genera, que cantidad de impuestos recibe el cantón en que vive y que motivaciones y propuestas presentan los candidatos a los diferentes puestos, según el lugar que ocupa su cantón en las cifras presentadas por el Banco Central.

Sería necesario que ubiquen si el cantón que habitan pertenece a los que presentan mayor actividad económica, recaudan más impuestos y remuneran mejor los cargos que se van a elegir o son de los cantones que tienen una menor actividad económica, reciben menos impuestos y en donde la elección es crucial para mejorar la condición económica y social de sus pobladores.

Una vez más dada, la concentración de la actividad económica en los cantones de las 4 provincias centrales o Gran Área Metropolitana frente a la débil actividad económica de los cantones de las provincias y regiones periféricas, define los cantones ricos y pobres del país, en una diferenciación que revela la desigualdad en el acceso a los recursos, en la inversión pública y privada, en las oportunidades económicas, en la presencia de la institucionalidad pública y en la importancia política de los gobiernos locales.

El Índice de Competitividad Cantonal de la Universidad de Costa Rica revela una vez más las profundas desigualdades regionales del país

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís Morales

La semana anterior se dio a conocer el informe del Índice de competitividad cantonal 2021 elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, en el que 64 cantones de Costa Rica reportan un nivel de competitividad bajo o muy bajo.

Este índice por cantón mide el desempeño a partir de una serie de pilares relacionados con las decisiones de los diferentes actores sociales que se toman en un determinado espacio geográfico.

Los 7 pilares que conforman el índice de competitividad cantonal son: Económico, Clima empresarial, Gobierno, Laboral, Infraestructura, Innovación.

Este indicador se refiere a la complejidad, a la variedad y a las exigencias del entorno económico que enfrentan las empresas ubicadas en cada uno de los cantones de Costa Rica.

Según el informe, la diversidad de actividades económicas que se llevan a cabo a lo interno de un cantón facilita el intercambio comercial y éste permite aprovechar externalidades, entre ellas la disponibilidad de servicios financieros, la existencia de empresas exportadoras en el cantón, la concentración de los establecimientos económicos y la competencia de las empresas industriales y de servicios, entre otros.

El objetivo de valorar estas categorías por separado fue el de sopesar no solo los recursos económicos de las personas que habitan en un lugar, sino también las oportunidades y las capacidades que tiene para desarrollarse en ese espacio.

Cabe destacar que el Índice valora las condiciones de cada cantón y también la eficacia que tienen en estos territorios las políticas nacionales para su progreso. (El Observador.com, Visión país,25-11-2023).

Tres son los pilares donde el índice tiene el nivel más alto en el 2021: estos son el laboral, el de infraestructura y el de calidad de vida. La dimensión laboral es la que presenta la nota más alta, esta mide aspectos como el potencial educativo, el tamaño y la destreza de la fuerza laboral, dentro de los que van incluidos aspectos como el acceso a la enseñanza del inglés, la cobertura de la secundaria y el ingreso a las universidades.

El cantón de Alajuela se ubicó en la categoría “muy alta” de la dimensión laboral para el 2021 (1,23 %), mientras que la mayoría de los cantones de la GAM tiene un nivel “medio” en la dimensión laboral.

La dimensión de infraestructura es la segunda con valor promedio más alto, e incluye aspectos como la disponibilidad de servicios básicos, de la movilización y de las tecnologías de la información.

Cantones como Tibás, Goicochea, San Pablo, encabezan la categoría muy alta que incluye a nueve cantones, mientras que la cierran en la categoría de “muy baja” Sarapiquí y Talamanca.

La última dimensión que se puede catalogar como más positiva es la de calidad de vida y que toma en cuenta la seguridad ciudadana, la salud y el ambiente en los cantones del país.

En este pilar llama la atención la presencia en la categoría “alta” de cantones como Nandayure y Nicoya, que se ubican dentro de la conocida Zona Azul de la Península de Nicoya, la cual se caracteriza por la longevidad de su población. Aparte de estos dos, otros 11 cantones presentan una calidad de vida “alta”, mientras que Alajuelita, Corredores, Limón, Matina y San José conforman la “baja”.

Por debajo del promedio y con un menor nivel, están los pilares de innovación, económico, gobierno y empresarial. En el primero de estos cuatro, se toma en cuenta la capacidad de cada cantón para difundir, transmitir y aplicar conocimientos complejos en la producción, por medio de aristas como las exportaciones de alta tecnología y el aprovechamiento de conocimientos avanzados (estudiantes matriculados en carreras afines y centros educativos con acceso a internet).

Entre los cantones de nivel alto, destacan Alajuela, Cartago y Escazú, que repitieron en esta categoría tanto en el 2020 como en el 2021, mientras que en la calificación de innovación “muy baja”, resaltan Limón, Parrita y Matina, que también se ubicaron en este espacio en ambos años.

En el pilar económico se tomaron en cuenta aspectos como el gasto o la producción de un cantón medido a través del consumo (sobre todo el eléctrico), la inversión (metros cuadrados de construcción), el gasto gubernamental y la exportación, que se utiliza para aproximar el producto interno bruto (PIB) per cápita.

Aquí, la categoría “baja” alcanza el primer lugar en cantidad de cantones, con un 53 %, luego viene los cantones que están en el espacio “alto” y el que está en el espacio “muy bajo” (Guatuso, León y Cortés). En el otro extremo, un solo cantón, Belén, está en el espacio “muy alto”.

El pilar que sigue en un nivel bajo es el de gobierno, este considera la capacidad de cada cantón de captar recursos y gestionarlos, además de la eficiencia en la respuesta y la participación ciudadana. Para estos resultados se tomaron también en cuenta el tamaño de cada territorio y su capacidad para generar recursos.

En este apartado, casi dos de cada tres cantones están en la categoría “baja”, en cambio, en la “alta” está solo el 4,9 % (Alajuela, Escazú, San José y Belén) y únicamente un cantón, Acosta, está en la “muy baja”.

Finalmente aparece el pilar empresarial, que mide aspectos como la complejidad, variedad y exigencia del entorno económico de las empresas que se sitúan en un cantón, la disponibilidad de servicios financieros, la existencia de negocios exportadores, la concentración de los establecimientos económicos y la competencia de las empresas industriales y de servicios.

La situación en este pilar es más que preocupante para el grueso del país, ya que alcanza una nota promedio de 0,35 (“bajo”). Además, tres de cada cuatro cantones están en ese mismo nivel y tan solo un 4,9 % está en la “alta” (Escazú, Belén, San José y Montes de Oca) y un 3,7 % en la “muy baja” (León Cortés, San Mateo y Turrubares).

En el informe, la Escuela de Economía aconseja mejorar la distribución de la actividad económica en el país, como la oferta de los servicios financieros, las empresas productivas y exportadoras.

Así mismo, se afirma que los tres pilares con menor calificación son justamente los que más relevancia tienen a la hora de generar producción y crecimiento económico, por lo que su mejora y nivelación son fundamentales para el desarrollo del país.

El informe señala la importancia de continuar con el fortalecimiento de las políticas educativas, de salud y de acceso a infraestructura básica que han definido el desarrollo nacional en los últimos 80 años, con el objetivo de mejorar las oportunidades de empleo y de competitividad en todo el territorio nacional.

A la vez, se enfatizó que este instrumento demuestra la desigualdad que persiste en Costa Rica, la cual afecta sobre todo a las zonas costeras y fronterizas. (El País.cr, nacionales,25-11-2023).

Esto recuerda que Costa Rica es un país con dos (o más) realidades socioeconómicas muy diferentes. Y que las regiones costeras o fronterizas presentan serias desventajas en comparación con la Gran Área Metropolitana.

Varios análisis del desarrollo nacional, han expuesto reiteradamente que este desarrollo desigual e inequitativo es insostenible, el Informe del Estado de la Nación 2020 señala que la red productiva nacional es altamente dependiente de la región Central-GAM y del sector comercio y transporte y que urge atender la desconexión entre ésta y las regiones fuera de aquella región, (así como) fortalecer las interacciones para fomentar la actividad económica en ambos casos.(Informe Estado de la Nación, 2020, p.29).

El informe 2022 del Estado de la Nación, señaló entre sus principales hallazgos: la mayor desigualdad, retroceso en equidad y un país partido.

En la última década el país profundizó los rezagos sociales y económicos, hay una parte de la población que goza de mucho bienestar, mientras un grupo cada vez numeroso está excluido de servicios esenciales, como educación, trabajo y empleo de calidad, la alta inestabilidad de ingresos y empleos temporales es la causa de la entrada y la salida de miles de hogares de la pobreza y que la región Brunca fue nuevamente la más pobre, son algunas de sus afirmaciones. (alterdes.com, noviembre 2022).

Recientemente, el informe del Estado de la Nación 2023, presentado la semana anterior, reitera, que “el retrato que emerge del análisis de la desigual territorial es el de un país fragmentado en las condiciones para el desarrollo humano y una vida digna”.

De los perfiles multidimensionales cantones elaborados, surgen los más favorecidos(20 cantones), aquellos con los mejores índices y con resultados sobresalientes en la mayoría de temas, los beneficiados, conformado por 25 cantones con resultados positivos en la mayoría de los indicadores, aunque tienen rezagos en internet y salud, cantones promedio, con niveles cercanos a los promedios nacionales, sin embargo con malas puntuaciones en infraestructura y salud, cantones en desventaja, corresponde a 6 cantones, con resultados negativos en la mayoría de indicadores y los desatendidos, 10 cantones con los peores resultados, que reflejan la desprotección del Estado y el mercado, zonas alejadas del centro del país, rurales, pobres y con fuertes barreras para acceder a oportunidades de desarrollo y bienestar(Informe del Estado de la Nación, 2023,p.31).

Diversos índices de desarrollo regional y cantonal han permitido constatar las desigualdades y desequilibrios socioeconómicos existentes, así el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal del 2021 había revelado como los cantones costeros, fronterizos y rurales que pertenecen principalmente a las provincias de Limón, Puntarenas, Guanacaste y Alajuela son los que muestran los peores indicadores de desarrollo humano.

Mientras que el Índice de Desarrollo Humano por Desigualdad, había establecido que los 10 cantones con los indicadores más bajos son Matina, Talamanca, Buenos Aires, León Cortés, La Cruz, Los Chiles, Tarrazú, Hojancha y Dota, de los cuales 3 son costeros, 3 son fronterizos y 4 son rurales.

Por su parte, el Índice de Competitividad Nacional (ICN) del 2021, mostró que un total de 48 cantones (59% del total), incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de Esparza), apenas tienen condiciones que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

Las barreras en materias como el acceso a la tecnología y la educación, así como el deficiente desarrollo en la infraestructura que enfrentan los cantones más alejados de la región central, asfixian sus niveles de competitividad en comparación con los territorios ubicados en el interior.

La presencia de los cantones costeros, fronterizos y rurales, también se confirma en el Índice de Pobreza Multidimensional de ese mismo año, en donde los cantones con el índice más alto de pobreza son Los Chiles, Talamanca, Upala, La Cruz, Coto Brus, Buenos Aires, Guatuso, Turrialba, Sarapiquí y Osa, de los cuales 5 son fronterizos, 2 costeros y 3 rurales.

Se incluyen entre los 25 con el índice más alto de IPM, Matina, Golfito, Siquirres, Limón, San Carlos, Corredores, Bagaces, León Cortés, Aguirre, Dota, Pococí, Puntarenas, Nicoya, Nandayure y Parrita, de los que 10 son costeros, 7 fronterizos y 8 rurales

La medición de ICN puso en evidencia una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de los indicadores de progreso o desarrollo social de Costa Rica. (Nación.com,11-11-2021).

Se ha insistido en que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha reproducido por más de 5 décadas en las provincias centrales, limitando la integración de las regiones periféricas y prácticamente excluyéndolas del desarrollo nacional.

De esta manera, el abordaje de las desigualdades territoriales y el impulso de políticas para revertirlas, debe ser una prioridad nacional y una política de Estado, dirigidas a avanzar hacia un desarrollo territorial más sostenible, equitativo e incluyente.

 

Imagen: UCR.

No es sólo un cambio de gobierno, es el inicio de un cambio social que podría cambiar el rumbo del país

Escrito el . Publicado en Análisis.

German Masís Morales

La llegada al poder del nuevo partido Progreso Social Democrático y con él un nuevo grupo político y económico, la alianza de éste con otros partidos nuevos o emergentes, el desarrollo de la Administración Chaves en un año de su gestión y los cambios institucionales impulsados, el respaldo sostenido de buena parte de la población y las posiciones y el discurso polarizante de los nuevos líderes políticos, no son elementos casuales del acontecer político y económico del país, sino un fenómeno de cambio social que ha iniciado, impulsado por ciertos sectores sociales y económicos con propósitos muy definidos, que es necesario analizar y esclarecer en la coyuntura actual.

De acuerdo con la teoría y el desarrollo histórico del cambio social, del que se ha ocupado la Sociología, existen razones sociohistóricas objetivas, factores explicativos, características particulares y agentes de cambio que están interviniendo en el cambio social de la II década del siglo XXI en nuestro país.

Frente a la realidad actual, nos preguntamos si estamos ante un verdadero proceso de cambio social, surgido de contradicciones propias de la sociedad costarricense y de la lucha entre sus clases sociales y en particular del deterioro de los partidos políticos tradicionales y los sectores que los han apoyado.

El tipo de cambio social se origina en la pugna social entre un grupo económico y político nuevo y los grupos de la política y la economía tradicional, donde aquellos quieren imponer su visión de la sociedad mediante el impulso de cambios significativos a pesar de la oposición de otros sectores de la sociedad.

Los factores de cambio predominantes son factores político-ideológicos que responden a la aparición de nuevas corrientes de pensamiento político y económico, que se han manifestado en partidos políticos nuevos y emergentes en ascenso, que han aprovechado el vacío político dejado por los partidos tradicionales y por los gobiernos del PAC.

Se mencionan como agentes de cambio personas que han tenido la capacidad de incidir en la manera en que la sociedad costarricense está estructurada, porque poseen poder económico o han tenido capacidad de convocatoria política en las últimas elecciones nacionales, como los líderes y dirigentes surgidos en los partidos emergentes, encabezados por un político tecnócrata y antisistema y los empresarios que financiaron la campaña política de esos partidos.

De manera evidente, la ciudadanía votó por el cambio político, representado por esos partidos y esos líderes, pero ya en el poder la Administración Chaves, ha ido mostrando las propuestas del cambio, a saber:

-una lucha contra la corrupción y contra los sectores que el nuevo partido y los nuevos líderes identifican como responsables: los partidos tradicionales y el PAC

-la reducción en el costo de la vida, que según los nuevos grupos, se encuentra elevada por la acción de grupos económicos tradicionales e instituciones que se han favorecido de los altos precios de los productos.

-la reactivación de la economía, luego de la pandemia y de la crisis económica en que se encuentra el país, resultado según ellos, del mal manejo de la economía y de las instituciones por parte de los grupos tradicionales.

Pero esas fueron las razones aparentes o explícitas del cambio que se divulgaron en la larga carrera de la campaña política y que sedujeron a buena parte de los votantes a apoyar al nuevo partido y a los nuevos dirigentes.

Sin embargo, en el transcurso de la gestión de la Administración actual, han venido quedando en evidencia las verdaderas razones o las razones no explícitas del cambio propuesto, entre ellas:

-el cuestionamiento y las acciones desestabilizadoras contra el Estado Social de Derecho, surgido de la II República y de los gobiernos de los últimos 70 años, en sus postulados, en el irrespeto a las potestades de los otros 2 poderes (el Legislativo y el Judicial) y en los intentos de reducir la institucionalidad, que según sus detractores ha crecido de manera desmedida y distorsionada.

-la arremetida contra el sistema de partidos políticos y el golpe de gracia a los partidos tradicionales para lograr su desaparición definitiva y la de sus líderes históricos e invisibilizar los logros de estos partidos en el pasado.

-el recambio de los grupos económicos tradicionales, por grupos económicos emergentes, interesados en un mayor protagonismo y en aumentar sus ganancias, en actividades principalmente dedicadas a la importación, transporte e internalización de mercancías, como productos agrícolas, insumos, medicamentos, entre otros

-la nueva generación de políticas públicas, expresadas en las Rutas de la Educación, del Arroz, de la Seguridad, del Empleo, junto al cuestionamiento y redireccionamiento de los ministerios e instituciones autónomas, como el Ministerio de Salud, el de Vivienda, el de Ambiente, el de Obras Públicas, el de Agricultura y Ganadería e instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Ay A, el INA, Recope, ya sea mediante modificaciones de sus leyes constitutivas o en sus estructuras de funcionamiento.

-la reducción del tamaño del Estado, a partir de la modificación de esas instituciones, en sus funciones esenciales, en la conformación de las juntas directivas, en la toma de decisiones y en los activos pertenecientes a todas ellas, incluyendo los bancos estatales.

-el aprovechamiento y profundización de las políticas aprobadas por gobiernos anteriores que podrían ir en la dirección de los intereses que convienen a los nuevos grupos políticos y económicos, como la reforma fiscal, la regla fiscal, la ley de empleo público, la ley antihuelgas, la ley de educación dual, la ley de jornadas extraordinarias, la reforma a la ley de la Caja, la reforma a la ley del INA, la reforma a la ley de pensiones del Magisterio y hasta la ley para modificar las fechas patrias y los feriados.

-la promoción de medidas liberalizadoras y desreguladoras de actividades económicas, productivas o de servicios, como la eliminación de restricciones o “cuellos de botella” en las gestiones institucionales, el cuestionamiento de la ARESEP por la aplicación de tarifas, la reducción del precio de la revisión técnica, la ampliación de los años de vigencia del transporte público, la modificación de las plataformas de transporte para favorecer a sectores económicos específicos.

-el nombramiento discrecional de autoridades de instituciones y diplomáticos cercanos a los líderes del grupo político y económico que manejó la campaña política o de sus aliados políticos durante la gestión, que justifica su defensa incondicional o su remoción según los resultados definidos por esos líderes.

-el cuestionamiento y restricción a los derechos humanos de sectores particulares de la sociedad, como población LGTBi, feministas, ambientalistas, pensionados y sindicalistas, que según los nuevos grupos y sus líderes, habían venido obteniendo logros en la reinvindicación de sus derechos.

-la descalificación y debilitamiento de la educación, la cultura y el conocimiento y de las institucionales encargadas de ejecutar esas actividades públicas, como los Ministerios de Educación, de Cultura y las Universidades Públicas.

-el discurso grandilocuente del Presidente y de las Autoridades institucionales en sus conferencias de prensa y actos gubernamentales, reiterando que todas las acciones son en beneficio del pueblo y sus necesidades, referencia innecesaria pero muy efectiva en la intención de mantener su popularidad.

Si algunos ciudadanos distraídos siguen pensando que este es un gobierno más, que lo que ha ejecutado en este año de gestión, no tiene gran trascendencia, debieran comenzar a entender que la Administración Chaves tiene una orientación definida y que los elementos antes mencionados son parte de un cambio social acorde con los intereses de determinados grupos económicos y políticos, que podría consumarse plenamente en los próximos 3 años.

Es innegable que hay un cambio social en marcha y que este cambio podría modificar seriamente la estructura social y económica del país, hacia una menos democrática, menos incluyente, menos equitativa y menos respetuosa de los derechos humanos.

La labor del Ministerio de Agricultura y Ganadería: un panorama incierto y poco alentador para el sector y los productores agropecuarios

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Con motivo de la celebración del día del Agricultor en la comunidad de Zarcero, el Ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, en presencia del Presidente de la República y de algunos agricultores de la zona, expuso las actividades que ésta Administración está impulsando en el sector agropecuario, las que en lugar de generar buenas expectativas hacia el mejoramiento del sector, provocan cierta incertidumbre sobre la labor del Ministerio y sobre las expectativas de apoyo a la pequeña producción familiar.

El joven Ministro, para el que su función no será más que un trabajo que el Gobierno le ha encomendado y en el que no importa mucho el conocimiento que tenga del sector y los desafíos que plantea una actividad esencial para más de 200 mil productores que se debaten entre la sobrevivencia y la necesidad de mejorar las condiciones productivas, se enfrenta a una realidad agrícola afectada por las políticas que desde hace casi 4 décadas desmantelaron el apoyo estatal a la producción agroalimentaria, concebida como una actividad marginal dentro del modelo de desarrollo orientado a la producción de servicios y a la exportación.

Con las manifestaciones del Ministro, parece continuar el desmantelamiento y la desprotección de la producción agroalimentaria, que en los países desarrollados es una actividad estratégica y que es protegida con ayudas y subsidios por tratarse de la alimentación de la población, información que las Autoridades del sector deben conocer.

Entre los desvíos de su visión sobre la actividad agropecuaria y sobre los productores agrícolas, el Ministro, menciona que “queremos que el agricultor sea un empresario agrícola”, sin importar la actividad a que se dedica, la zona donde se ubica y los recursos de que dispone, desconociendo la diversidad de las actividades, el tipo de unidad de producción, el lugar donde se encuentra y la heterogeneidad de los productores; entonces todos deben ser empresarios agrícolas olvidando la poca asistencia que reciben del Estado.

Ya el Ministro había, mostrado su particular perspectiva sobre los productores agrícolas, cuando señaló con motivo de los decretos de la Ruta del arroz, que “para éstos solo hay una opción viable, recibir un subsidio mientras se fortalecen como sector y se hagan más competitivos, o cambiarse a otro cultivo, es un tema de decisión de cada quién, ya tienen las reglas claras”, dijo. (ElObservador,com,27-32023)

En el marco de esa estrecha visión, sobre la actividad y los productores, el Ministro expuso entre las acciones institucionales que está ejecutando el MAG, para mejorar sus procesos productivos, se efectúa “una reestructuración de personal en la institución, con el fin de ahorrar presupuesto y dirigirlo hacia procesos más eficientes, rápidos, y económicos, y a la vez brindar apoyo a los agricultores”.

No mencionó el Jerarca, sobre que bases y con fundamento en que evaluación de la labor de las áreas de trabajo y el escaso personal existente se realiza la reestructuración, luego de la movilidad laboral del gobierno de Figueres Olsen y de la salida progresiva del personal por jubilación que se ha dado en los últimos años, lo que ha reducido considerablemente el recurso técnico disponible y que no ha podido ser sustituido por el congelamiento de plazas en los sucesivos gobiernos.

Sin obviar la evidente contradicción, entre ahorrar presupuesto, lograr procesos más eficientes con escaso personal técnico y brindar apoyo a los productores, por lo que cabría preguntarse si es posible esa mezcla de propósitos.

Entre las principales acciones institucionales que se están ejecutando, el Ministro señaló que “estamos en la restructuración de tecnologías de información para reestructurar la información y llegar a lo digital, dentro de esa trasformación digital estamos haciendo algo para tener expedientes digitales, entonces cuando un técnico visita a un productor generará una calificación del producto”, (Según éste), todas estas reestructuraciones nos permiten reducir retrocesos y personal de sedes administrativas para ubicarlo en fincas”.

Ese es el gran desarrollo tecnológico que el MAG está impulsando, ligado a las tecnologías de información, es decir digitalizar todos los procesos y tener expedientes digitales, para presuntamente liberar personal técnico para la labor de asistencia técnica en las fincas, nuevamente cabe preguntarse será eso suficiente para mejorar la asesoría técnica a los productores.

Agrega el Ministro, “tenemos una dirección clara, ayudarle a los agricultores, queremos organizaciones más sencillas, más llanas y más tecnológicas”, si esa es la prioridad de la gestión actual, dónde quedan las necesidades de los productores y el mejoramiento de las tecnologías de producción para el desarrollo de los sistemas productivos más sostenibles?

Sin embargo, las acciones mencionadas aún no son las más preocupantes, lo más inquietante y fuera de lugar, es su visión sobre la extensión y la investigación agrícola, cuando afirma que “no hay asistencia técnica, la asistencia técnica se basa en el cuidado del animal, en investigación es muy curioso, tenemos una estación experimental los Diamantes, que mide 700 hectáreas, no hay ni un solo veterinario, es una finca modelo para lo que no hay que hacer”. (ElMundo.cr,17-5-2023)

Debido a que no hay asistencia técnica o que ésta es inadecuada y a que las entidades de investigación no hacen lo que debieran, “lo que estamos haciendo es reacomodar el personal”, simplemente eso, nuevamente no se sabe bajo que lineamientos se está realizando ese reacomodo.

Como si no fuera suficiente, lo más grave es la concepción de la extensión agrícola, que ha sido reducida a la capacitación y que ésta debe ser impartida por el INA, para lo que “el año pasado firmamos una directriz para generar una sinergia con el INA, que tiene presupuesto para capacitaciones, la idea es que el INA brinde un espacio para capacitar a los agricultores; queremos que el agricultor sea un empresario agrícola, para eso tiene que tener un curso de administración, de tecnología, esa es la capacitación que el INA nos va ayudar a hacer”.

No sólo el Ministro parece desconocer el verdadero papel y la importancia de la extensión, en el intercambio y transferencia tecnológica agricultor-técnico en el mejoramiento de sus sistemas de producción, si no que además desconoce que hace varios años se había impulsado una propuesta para promover las nuevas competencias de la extensión rural frente al recambio generacional en el MAG, que significaba una transformación de la extensión frente a las nuevas demandas del productor rural y del cambio climático.

En esa línea de los argumentos ligeros sobre la actividad agropecuaria y los productores que se dedican a ésta, según el Ministro “los agricultores hacen esfuerzos en sacar muchos productos al mercado, que son sumamente contaminantes y que además no tienen registros, son productos que han estado sin control y sin estudios de nada y están en el mercado”(ElMundo.cr,17-5-2023), grave afirmación que cuestiona la calidad de los productos que los agricultores comercializan en los mercados y desconoce el esfuerzo que los agricultores han hecho a través de los años para ofrecer a los consumidores alimentos sanos e inocuos.

En su presentación del día del agricultor, el jerarca terminó exponiendo que “el panorama inicial es complicado, de abandono y de falta de políticas públicas claras y dirigidas en pro del sector agropecuario»(pero que) ahora tenemos una visión clara del sector agropecuario que queremos: un sector competitivo, eficiente y sostenible. Aún falta muchísimo camino, pero vamos a buen paso; porque lo que prometimos, lo cumplimos”. (MAG.com,noticias,15-5-2023)

Resulta difícil comprender si efectivamente las nuevas Autoridades del MAG tienen una visión clara del sector agropecuario, pero la participación del Ministro, lejos de contribuir a la comprensión de las orientaciones del Ministerio en este período, deja una gran incertidumbre sobre los objetivos sectoriales de la actual Administración y sobre la pertinencia de las acciones que están ejecutando.

A diferencia del inicio de otros Gobiernos, en los que se esperaba dimensionar si la labor que proponían realmente favorecería la producción agropecuaria nacional y en especial a la pequeña y mediana producción agroalimentaria para el mercado interno, en esta oportunidad en las políticas y la acción institucional mencionadas, se vislumbran serias amenazas hacia un mayor debilitamiento de la institucionalidad y el deterioro del apoyo y la asistencia al sector tradicionalmente abandonado de la actividad agropecuaria: la producción familiar de alimentos.

 

Imagen ilustrativa.

La Marcha en Apoyo al Sector Agropecuario, no debe ser una marcha más, sino un movimiento por la transformación de la actividad agropecuaria

Escrito el . Publicado en Derechos.

German Masís Morales

Diversas organizaciones del Sector Agropecuario, como Upanacional, la UPIAV, la UNAG, la Corporación Hortícola, el Foro Nacional de Cooperativas y otras Asociaciones de productores y centros agrícolas, están convocando en representación de los productores agropecuarios del país a la marcha nacional en apoyo al Sector Agropecuario el 29 de marzo próximo, por una política de apoyo al sector agropecuario que asegure el desarrollo productivo y social y la soberanía alimentaria costarricenses.

En enero de este año durante la presentación de la política agrícola 2023-2032, miembros del sector agropecuario le exigieron al Poder Ejecutivo una mayor atención de sus necesidades para reactivar su actividad económica.  En esa ocasión cámaras productivas, cooperativas agrícolas y agricultores independientes solicitaron al Gobierno su apoyo para enfrentar las consecuencias del cambio climático, mayor acceso al financiamiento, apoyo para la investigación y desarrollo y asistencia técnica para mejorar su competitividad. (CRhoy 26-1-2023)

Y es que la actividad agropecuaria ha venido en una caída constante en los últimos años, que según el Indice de Actividad Agropecuaria(IMAGRO) a diciembre del 2022, presentó caída del  -2.1 interanual, atribuible en buena medida a la caída del -9.8% en la producción agrícola y en menor medida en la pecuaria con el 0.6% y en la exportación con un 1%.(CNAA,comunicados,2022)

Previamente la variación interanual había sido del -3,5% entre junio 2021 y junio del 2022, según datos del Índice Mensual de Actividad Económica.

En ese momento, el Presidente del Banco Central señaló que “la mayor afectación se presentó en productos exportables como banano y piña dadas las tensiones geopolíticas derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania. La producción de productos exportables se redujo 8%, la mayor caída desde julio de 2015”.

Por su parte el Presidente de la Unión Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses reconoció que “este ha sido un año muy difícil para el productor agrícola ya que los insumos están afectando nuestros costos de producción pero también, subieron los servicios públicos como electricidad, combustibles y el agua”.(LaRepublica.net,18-8-2022)

Hay que recordar que en el año 2019 la Alianza Nacional Agropecuaria(ANA) que incluía también a la Cámara de Agricultura y Agroindustria, (que ahora no va a participar), elaboró un planteamiento al Gobierno, que incluía entre otras solicitudes, la introducción de los pequeños y medianos productores en las cadenas de comercialización, la aplicación de los instrumentos legítimos de defensa comercial, la disminución del impuesto único de los combustibles, la reducción de las tarifas eléctricas y portuarias y el aseguramiento de los productores ante la CCSS, aduciendo poca voluntad política del Gobierno para atender las dificultades de la producción de alimentos.

Debido a lo anterior, la Marcha Nacional en apoyo al Sector Agropecuario, no debiera ser una marcha más, como las que han realizado las organizaciones del sector a lo largo de varias décadas, si no debiera convertirse en un movimiento permanente en demanda de políticas que reviertan el deterioro del sector y el desmantelamiento de la institucionalidad sectorial pública.

Porque la problemática del sector y en particular la del sector de la pequeña y mediana producción alimentaria para el mercado interno, no es coyuntural, ni provocada por la pandemia o por la crisis derivada de la guerra en Ucrania.

La problemática de este sector tiene un carácter estructural, responde como se ha mencionado en artículos anteriores, a que el sector dejó de ser un sector económico estratégico desde la década de los 80, con excepción de la agroexportación y a que la producción interna de alimentos ha sido considerada una actividad marginal para los sucesivos Gobiernos.

Desde entonces existe una transformación pendiente de la actividad, hacia una agricultura más sostenible e incluyente y menos dependiente de los insumos importados, que el Gobierno actual dominado por los importadores, con sus decretos para reformar el Ministerio de Agricultura, para promover la ruta del Arroz o la aprobación del proyecto para la importación de nuevas moléculas de insumos agropecuarios, no pretende apoyar o favorecer.

Es oportuno dimensionar que el sector agropecuario, genera el 15% del PIB ampliado, el 40% de las exportaciones, el 11% del empleo a nivel nacional y el 29% del empleo en las zonas rurales y que dedica más de 1,5 millones de hectáreas a actividades agropecuarias(480 mil a cultivos agrícolas y 1,1 mills. a pecuario),(cnaacr.com), no puede ser atendido con improvisación o con acciones parciales.

La actividad agropecuaria, agroindustrial y pesquera, es una actividad estratégica amenazada por el descenso en las áreas productivas, por el bajo nivel tecnológico, los bajos rendimientos, la escasa rentabilidad, los problemas de precios y de mercados, la inestabilidad en la producción de alimentos, al que ahora se suma la amenaza de la incorporación a la Alianza del Pacífico y la apertura al comercio con países que disponen de una mayor competitividad agrícola.

No es posible olvidar que los pequeños y medianos productores han sido golpeados por muchas situaciones en los últimos años, han sufrido caída de los mercados nacional e internacional, el aumento de los precios de los insumos y combustibles, la crisis económica generada por el covid-19 y los desastres naturales y aún así, los productores han continuado generando el alimento de toda la población.

Como lo mencionó en su momento el exministro Alvarado de Agricultura, la producción agrícola no es un negocio nada más, es una forma de vida en la cual la gente está incorporada, tiene historia, tradición y eso es lo que la gente hace”, (Alterdescr.octubre,2020)

A su vez la FAO ha reiterado que “para garantizar la oferta de alimentos básicos, es clave mantener el funcionamiento de las explotaciones agropecuarias, con especial atención a la agricultura familiar campesina, facilitar el transporte y acceso económico a insumos productivos (semillas, fertilizantes, piensos, etc.) y a maquinaria e infraestructura”. (FAO, Boletín, 27-4-2020).

La Política para el Sector Agropecuario 2023-2032: propuestas insuficientes y escasas soluciones

Escrito el . Publicado en Análisis.

German Masís Morales

Este jueves 25 de enero, se presentó la política pública para el sector agropecuario, en las instalaciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con la participación del Ministro de Agricultura y Ganadería, el Presidente de la República y representantes de instituciones y organizaciones del Sector agropecuario.

En la presentación e introducción se incluyen las características de la actividad agropecuaria, en el estado de situación del sector, la evolución y comportamiento del mismo y en la estrategia, los desafíos, ejes y acciones a ejecutar para los próximos 10 años. (MAG,2023,32 p.)

Menciona en la presentación, que “el sector agropecuario costarricense atraviesa una situación crítica, por lo que requiere de un esfuerzo interinstitucional que, bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería; permita rescatar al sector productivo nacional”, en completa alusión a la realidad.

Agrega “durante muchos años, el Ministerio y las instituciones del Sector han reducido su presencia en el campo, por lo que la asistencia técnica, la investigación y el traslado de conocimiento se han visto reducidos, ocasionando afectaciones importantes en quienes se beneficiaban de dichos servicios, las personas productoras”, enorme verdad, el desmantelamiento de la institucionalidad ocurrido desde la década de los 80 y 90, ha tenido efectos negativos para los agricultores, que los distintos gobiernos han hecho muy poco por revertirlos.

Establece el Gobierno, que “con la presente Política, esperamos materializar una serie de acciones concretas, orientadas a la reactivación de un sector económico, que más que importante es indispensable para el desarrollo rural, haciendo uso de herramientas tecnológicas y generando más puestos de trabajo, calificados y no calificados, (orientadas) a recuperar el atractivo económico de invertir en el Sector Agropecuario nacional”, esta parece ser la gran aspiración de la propuesta.

Afirma que “estamos iniciando un cambio radical y asignando más recurso humano para potenciar las áreas de mayor impacto para las personas productoras. Acompañando las acciones antes mencionadas, debemos impulsar aquellos cultivos que a su vez podamos procesar en el país, exportar o vender localmente ya transformados; buscando el beneficio de las zonas rurales, mediante encadenamientos y agregando valor para generar riqueza”, perdiendo de vista la tradicional división de la actividad, en una actividad exportadora y otra para el mercado interno, que disponen de condiciones y recursos muy desiguales.

La pretensión del Gobierno es que “con esta política, se busca que las instituciones que forman parte del Sector Agropecuario respondan a las necesidades actuales del sector productivo, y repercutan en un sector más productivo, competitivo y sostenible, que cada día genere más y mejores retornos tanto económicos como sociales”, viejos propósitos que igual se quedaron en el discurso en anteriores Gobiernos.

Por su parte, en una práctica que ha sido común en todos los Gobiernos, se deja a la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial (SEPSA, la elaboración del Plan Sectorial para operativizar la política, la definición de las acciones concretas, plazos y los indicadores de seguimiento, labor por lo general sin la participación de los productores y sus organizaciones.

En la argumentación sobre la importancia y la situación de la actividad agropecuaria, se reconoce la gran relevancia económica y social del Sector agropecuario; en su participación en el Producto Interno Bruto (PIB), en las exportaciones y en su contribución al empleo, pero muy poco en cuanto a la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población rural y en la producción de alimentos, que revela una de las grandes carencias de la política, su compromiso con la reducción de la pobreza rural y con la seguridad alimentaria y nutricional del país.

“Según datos del Banco Central de Costa Rica, la participación de la agricultura ampliada en el PIB fue de un 9,6% en el año 2021, de este porcentaje el 4,5% corresponde al sector primario y un 5,1% a la agroindustria. Con respecto al valor agregado agropecuario, el 69% corresponde a actividades agrícolas, un 21% a la actividad pecuaria y el restante 10% se compone de actividades de apoyo (6%), silvicultura y extracción de maderas (3%) y, pesca y acuicultura (1%)”, datos que invisibilizan la evolución descendente de la actividad agrícola en la economía, el aporte diferenciado de las actividades de exportación con respecto a la producción alimentaria para el mercado interno y el reducido papel de la pesca en la actividad en su conjunto.

“En cuanto al comercio internacional, el sector agropecuario es superavitario; con datos del año 2021 se registró exportaciones por USD 5.610,9 millones de dólares e importaciones de USD 3.156,9 millones, lo que significa una balanza comercial de USD 2.454 millones. El 39,1% del total exportado está vinculado con el sector agropecuario, e incluye productos agrícolas (21,3%), de la industria alimentaria (14,0%), el pecuario y pesca (2,7%) y otros de cobertura agropecuaria (1,1%)”. Los datos del comercio agropecuario, por su parte destacan el predominio de la agroexportación, el sector más dinámico y el principal motor de la actividad y el que a la postre resulta ser el prioritario en la política pública hacia el Sector.

La generación de empleo del sector agropecuario continúa siendo el indicador de mayor significado, pero soslayado cuando se trata de reconocer la importancia que sigue teniendo la actividad desde el punto de vista social, ya que” ocupa el segundo lugar a nivel sectorial como generador de empleos con unas 238.227 personas ocupadas, lo que representa un 11,7% de la población total ocupada. De este grupo de personas, un 87,7% corresponde a población masculina y un 12,3% a población femenina”.

No obstante, es inevitable mencionarlo “el Índice Mensual de Actividad Económica del sector agropecuario (IMAGRO) muestra variaciones interanuales negativas en el año 2020 y una desaceleración a partir del mes de abril del 2021, llegando a valores negativos desde el mes de febrero del 2022”, es decir la actividad agropecuaria, viene teniendo un crecimiento negativo desde hace más de dos años.

Lo anterior, (revela la introducción) “muestra la urgencia de reactivar el sector primario, pues es innegable que su desenvolvimiento impacta el desarrollo socioeconómico del país, en especial la periferia costarricense”, es decir el deterioro de la actividad agropecuaria impacta sobre todo las regiones periféricas del país, una realidad incuestionable.

Diversos elementos de la introducción de la política muestran algunas de las características del sector, que lo hace particular, diverso y heterogéneo y que por ello debiera demandar una política diferenciada y no una generalista.

Entre esos aspectos está “la coexistencia de micro, pequeño, medianos – donde un importante número de unidades productivas se enmarcan en lo que se ha denominado Agricultura Familiar (AF)- así como grandes productores, orientados hacia los mercados internacionales.  Este Sector presenta importantes asimetrías entre productores agroexportadores y productores para mercado local. Esto sumado a insumos agrícolas que no responden a las nuevas tecnologías y con una importante concentración de mercado”, en consecuencia, la heterogeneidad y diversidad de actores con condiciones y recursos diferenciados es una característica que define el sector.

Otra característica que también lo define, es la dualidad y diferenciación interna del sector, donde la política manifiesta que “de los beneficios de este modelo de apertura comercial, el sistema económico generó una dualidad productiva, por un lado un sector productivo dinámico y vinculado a cadenas globales de valor, y por otra parte, una estructura productiva dedicada al mercado interno con poco encadenamiento y dispersión de las instituciones llamadas a su fomento, asimismo, los programas de apoyo se han visto reducidos producto de la contracción del gasto para controlar el déficit fiscal”, otra enorme realidad, que pone en evidencia dos motores de la actividad agropecuaria, uno dinámico y estimulado y el otro apagado y desestimulado.

La tercera característica refiere a la pobreza, que “las zonas rurales enfrentan índices mayores. Por ejemplo, en el 2021 el Índice de pobreza ascendió al 26,3% en las zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas fue de 21,8%, y la pobreza extrema se estimó en 5,5% para zonas urbanas y 8,3% para zonas rurales.   La desigualdad en los ingresos de la población total, medida por el Coeficiente Gini en la última década, presenta valores que oscilan entre 0,524 y 0,515.

Por otro lado, en el Sector Agropecuario las personas con actividad independiente tienen valores del coeficiente más altos (fluctúa entre 0,575 y 0,618 para los años 2015 a 2019) que para las personas asalariadas (entre 0,414 a 0,447)1.   (Además), en el tema de inclusión, las mujeres productoras presentan menores oportunidades que los hombres en cuanto a empleo formal, acceso a activos, asistencia técnica, financiamiento, entre otras condiciones. Asimismo, tienen un limitado acceso a tierras para la producción, lo que reduce aún más sus posibilidades de salir de la pobreza.”

El documento de política presentado identifica los principales desafíos y retos que enfrenta la actividad y Sector y propone ejes estratégicos, con sus respectivas líneas y acciones para los próximos 10 años

Entre los principales desafíos del sector se plantean:

-Respuesta institucional eficiente a las necesidades de la persona productora.

-Aumento de la competitividad y productividad.

-Producción sostenible y adaptación del cambio climático

-Tecnificación agroproductiva.

-Estímulo a una comercialización eficiente.

-Incidir en el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales

En los desafíos, pese a la validez y reiteración de algunos de ellos en varios Gobiernos como, la respuesta a las necesidades de los productores, la producción sostenible y la adaptación del cambio climático y el aumento de la productividad y competitividad, la retórica, debe estar acompañada de los mecanismos para hacer efectiva una acción institucional que garantice la forma en que se enfrentarán dichos desafíos.

Mientras que los demás desafíos, como la tecnificación productiva, el estímulo a una comercialización eficiente y el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales, son tibios señalamientos que carecen de profundidad y que debieran plantearse como verdaderas transformaciones tecnológicas y comerciales de la actividad y de los medios de vida en las zonas rurales.

Están ausentes grandes desafíos de la actividad agropecuaria, como la seguridad y la soberanía alimentaria de la población y el fortalecimiento institucional y presupuestario del sector agropecuario, esenciales en el futuro de un aparato institucional débil y deficitario, que no protege la producción alimentaria del país.

La política agropecuaria 2023-2032, incluye y está estructurada mediante 4 ejes de acción, llamados a ser los pilares y el soporte de la acción institucional del sector agropecuario para los próximos 10 años, sin embargo, es conveniente valorar los posibles alcances a la luz de planteamientos que en el pasado han tratado de articular una política más integral y consistente.

El primer eje es la Modernización de las instituciones del sector agropecuario, que se propone mejorar la gobernanza y reforzar la coordinación institucional, no obstante este cometido ha estado sujeto tanto a una reforma del sector, que redefina las competencias de las diferentes instituciones, como la posibilidad de disponer de mayores recursos financieros y humanos en el sector, no es posible que el Ministerio de Agricultura disponga menos de 1% del presupuesto nacional y que algunas instituciones sean deficitarias en su funcionamiento, como el CNP y que la articulación institucional entre el desarrollo agropecuario y el desarrollo rural(que realiza el INDER) sea un constante reto institucional no resuelto.

El segundo eje, el fomento de la competitividad, dirigida a generar información de interés para los productores, es una pujante realidad para la empresas agroexportadoras, pero una quimera para la producción para el mercado interno, porque las condiciones diferenciadas de ambas, provoca que las primeras mantenga y eleven su competitividad, mientras que la segunda, dependiente de una institucionalidad debilitada y de una asistencia intermitente presenta niveles de competitividad persistentemente bajos.  En este ámbito sería fundamental, crear un sistema de información más eficiente para los agricultores y un fondo de crédito agropecuario para los pequeños productores.

El tercer eje, la productividad y sostenibilidad, que busca la implementación de un modelo de asistencia técnica que maximice los beneficios de los diversos sistemas productivos, similar al caso de la competitividad es un tema diferenciado, ya que incorpora constantes avances tecnológicos en la empresa agroexportadora y presenta serias limitaciones en el desarrollo tecnológico de la producción interna muy ligado a las posibilidades de asesoría y asistencia de las instituciones del sector.

Con el propósito de mejorar la productividad y sostenibilidad de las actividades agropecuarias para el mercado interno, en el pasado un grupo de expertos en políticas agrícolas había recomendado establecer centros de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, redefinir el INTA como una entidad de investigación en tecnologías sostenibles, promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático de las actividades agropecuarias.

El cuarto eje, valor agregado y comercialización, que pretende promover la agregación de valor para lograr una oferta diferenciada de productos y generar nuevas oportunidades de acceso a los mercados, requiere establecer con claridad los mecanismos que implementará para lograrlo y en ese sentido, igualmente la propuesta de política agrícola alternativa había recomendado el impulso de un programa de fomento de la agroindustria, y el valor agregado y de productos de calidad con identidad territorial en apoyo a microempresas, mejorar el sistema de comercialización de productos agrícolas, que incluía la reestructuración del PIMA-CENADA, la modernización de las ferias del agricultor y el fortalecimiento del programa de abastecimiento Institucional(PAI).(Grupo de Políticas agrícolas,2014)

De acuerdo con lo anterior, la política agropecuaria 2023-2032, no sólo carece de mecanismos de ejecución concretos y apropiados a los ejes de acción que propone, si no que no parece ofrecer soluciones adecuadas a los grandes problemas de la actividad agropecuaria, especialmente la dirigida al mercado interno.  

En definitiva, las propuestas de la política son insuficientes tanto en sus contenidos frente a una realidad agropecuaria y pesquera, que demanda grandes transformaciones para alcanzar una agricultura y una pesca, más sostenible, equitativa e incluyente, como en sus pretensiones de cobertura para un plazo de 10 años.

La mayor desigualdad, retroceso en equidad y un país partido, los hallazgos del informe 2022 del Estado de la Nación y lo peor los hemos “normalizado”

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

German Masís Morales

Nuevamente, el informe 2022 del Estado de la Nación, nos alerta sobre hallazgos que de alguna manera hemos conocido en informes anteriores, mediante estadísticas de pobreza y empleo del INEC o en estudios de entidades de investigación de las Universidades, pero que los medios de prensa han vuelto a destacar en esta ocasión.

Titulares como que Costa Rica tuvo en 2021 la mayor desigualdad en los últimos 35 años, Desigualdad llega a su peor nivel desde 1987, Costa Rica se nos está partiendo y Miles de hogares condenados a salir y regresar a la pobreza, revelan los hallazgos recientes del informe, ante lo que nos preguntamos que ha hecho y que está haciendo el Estado y la sociedad costarricense, para revertir esa condición de desigualdad que es ya una característica que incluso nos distingue a nivel internacional.

Reconocer que el país profundizó los rezagos sociales y económicos en la última década, que hay una parte de la población que goza de mucho bienestar, mientras un grupo cada vez numeroso está excluido de servicios esenciales, como educación, trabajo y empleo de calidad, que la alta inestabilidad de ingresos y empleos temporales es la causa de la entrada y la salida de miles de hogares de la pobreza y que la región Brunca fue nuevamente la más pobre, son hallazgos que ya no nos sorprenden, por reiterados, pero que debiera llamarnos a una profunda reflexión sobre las múltiples desigualdades, de ingreso, de riqueza, de patrimonio, de oportunidades, de género, étnicas, de capacidades, de acceso a la educación, a la salud, a la tecnología y territoriales, que existen y que reproducimos permanentemente.

En varias ocasiones, hemos analizado y presentado en estas páginas, en concordancia con el Estado de la Nación, aportes sobre la pobreza en el 2021: la zona rural y las regiones Brunca, huetar Caribe y Norte con las peores condiciones, el índice de desarrollo humano cantonal: la realidad de las desigualdades regionales, las zonas costeras, fronterizas y rurales, nuevamente las de menor desarrollo humano, impulsar el desarrollo de las regiones periféricas o continuar con el Gamcentrismo, el reto impostergable, los programas gubernamentales de desarrollo regional, esfuerzos parciales y limitados frente a las persistentes desigualdades, en los que se hace referencia a todas esas fuentes de desigualdad.

La pobreza por ingresos insuficientes se mantuvo en un 23% y la pobreza extrema en 6.4% y representa casi 400 mil hogares(399.439) y 1,329.757 personas que están en pobreza total y 110.831 hogares y 393.385 en pobreza extrema, mientras que cerca de un 10% de los hogares se encuentran constantemente en riesgo de caer en pobreza o son muy vulnerables, especialmente en las regiones periféricas, Brunca, Huetar Caribe y Norte y Pacífico Central, en las que la pobreza supera el 30% de la población, no obstante ya escuchamos todos esos datos sin inmutarnos.

Porque la desigualdad y la pobreza, también se observa en el paisaje, sólo tenemos que mirar las diferencias en el acceso a la vivienda, a la educación, a la salud y a la tecnología, los grandes condominios y residenciales de alto costo, frente al crecimiento de barrios marginales, en las ciudades y las costas, los grandes centros comerciales, los colegios y hospitales de alto costo y la infraestructura de educación y salud pública deteriorándose, es decir es “un país partido”, pero lo hemos “normalizado”, probablemente debido a que hay “ganadores y perdedores”, como dice el Presidente.

La Feria del Café de Aquiares: en una comunidad rural y una finca cafetalera centenarias

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Comunidad.

German Masís Morales

Este fin de semana se realizó la IV Feria del Café de Aquiares (3 presenciales y una virtual en el 2021), en una comunidad rural perteneciente al distrito de Santa Rosa de Turrialba, ubicada al norte de ese cantón cartaginés.

Aquiares, que significa “tierra entre ríos” en el idioma huetar, es una comunidad de 2 mil habitantes, fundada en 1890, que se encuentra entre los ríos Aquiares y Turrialba y se ubica en medio de la finca Aquiares adquirida a principios del siglo XX por la familia Lindo de origen inglés y dedicada a la producción de café, en suelos volcánicos y profundamente fértiles.

La feria que se realiza tanto en el parquecito de la comunidad, como en el beneficio de la empresa Aquiares, que se encuentra frente a la iglesia del pueblo, reúnen en el primer espacio a gran cantidad de microempresarios que venden artículos diversos como alimentos procesados, artesanías en madera, vidrio, arcilla, lana y cuero, plantas ornamentales, maquinaria agrícola y una zona amplia de comidas tradicionales y rápidas. Ahí se ubica también el escenario dedicado a la música y a las actividades culturales que animan la feria.

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En las instalaciones del beneficio, se concentran la mayoría de actividades ligadas a la producción de café y a la actividad agrícola, como la venta y degustación de diferentes marcas y tipos de café, las charlas sobre la producción, procesamiento y catación del café, la muestra y venta de equipos para la elaboración de la bebida del café, como prensas, bandolas y cafeteras y productos asociados a la producción del café como sacos, sombreros y ropa alusiva a la actividad.

Entre las marcas y tipos de café, además de la marca principal el café Aquiares y sus tipos de café la Esperanza, Entre Ríos y Centroamericano, en los procesos lavado, natural y honey, se encontraban otros cafés de la zona de Turrialba, como la Misión, Siwabra, Java (producido por el CATIE) y 3 X.  Junto a los cafés turrialbeños, se mostraban y vendían cafés de otras regiones del país, como el Encinal de Tarrazú, Sombra Verde de Sarchí, Coffea Diversa de Biolley de Buenos Aires y el café Monteverde.

A la par de las diferentes marcas y tipos de café, se ofrecían y vendían productos de la zona, como el cacao de las marcas Siwabra, Nórtico y Lola (producido por el CATIE), los quesos de finca Valle Verde y Le Chaudrón, granola y almendras de Turri Nuts, mermeladas y conservas de Productos Alimenticios las Delicias, sangría de maracuya y reposterías de empresas familiares.

En la Feria del Café de Aquiares, se podía disfrutar de otras actividades como el tour del café tanto por la planta del beneficio como por la finca Aquiares, la visita a la finca orgánica las Nubes y a una granja de animales al frente del parquecito, además de la invitación de la Cámara de Turismo de Turrialba, para adquirir los tours por el río Pacuare, el monumento Guayabo y el volcán Turrialba, bajo la marca “Turrialba: ruralmente auténtico”.

En fin que la feria del café de Aquiares, es más que una feria de café, es visitar una comunidad rural, ubicada entre dos ríos y una catarata en las estribaciones de las montañas del norte de Turrialba, inmersa en una hacienda cafetalera, una de las más grandes del Valle Central y con uno de los beneficios de café más antiguos y en donde existe una de las iglesias más bellas del país, una iglesia metálica importada de Bélgica en el año 1925; es toda una experiencia.