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Etiqueta: gobernabilidad

¿Por qué llegamos hasta aquí?

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Una comunicadora costarricense me hace esa pregunta “off the record” antes de interpelarme acerca del chisme como producto social.

– “ambos temas están conectados”-pienso. Pero le respondo desde dos lugares narrativos: el racional y el emocional.

En el plano racional es evidente que los enojos y la demandas sociales no fueron traducidos de forma oportuna por las diferentes opciones políticas en el pasado. A esta inoperancia debemos sumarle esa crisis de gobernabilidad en la que entro el aparataje institucional hace algunas décadas.

Por eso desde hace muchos años cuando se consultaba a la ciudadanía por las posibles respuestas ante esa maraña que no dejaba caminar al estado, empezaron a vislumbrarse opiniones acerca de la necesidad de contar con una figura fuerte que pusiera orden en el caos.

Entonces, como ahora, las opciones autoritarias y retorcidas campeaban por la región sin ningún rubor.

Y entonces vamos a lo segundo. Lo emocional. Han transcurrido prácticamente tres meses desde que asumiera el nuevo gobierno en Costa Rica y dos certezas van quedando en el camino.

La primera tiene que ver con la continuación de un estilo de comunicación insolente, irrespetuoso e intolerante. Alli hay trabajo profesional de por medio, estamos claros. Allí la construcción del chisme como recurso retórico toma un rol fundamental.

La segunda constatación es la de la voz masculina y exhultante continua bajo el mando de lo estratégico y operativo. El 8 de mayo la cosmética de un traspaso de poderes nos engañó a todos y todas.

Llegamos hasta aquí, entonces, porque ya no tenemos retorno y la respuesta ha sido lenta e inexistente. Por eso y porque hoy es otra sociedad la que vivimos y no la vimos venir. No de esta manera.

Desastrosa gestión hacendaria

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Estados Unidos anuncia un aumento del impuesto a los productos ticos hacia ese importante mercado, sin que importe lo determinado en el TLC vigente entre nuestros países. Imposición trascendental pues vemos que el año pasado el 47 % de todas las exportaciones de bienes nacionales, fue dirigido hacia ese mercado, por un total de US$10.797 millones.

El nuevo impuesto será del 12,5 %, en sustitución del 10 % anterior, por lo cual los exportadores nacionales en particular, y las finanzas nacionales en general (ahora en profunda crisis por, entre otros, una disminución en la recaudación de impuestos), sufrirán efectos inmediatos.

Además, producto de esa inamistosa medida, no se descarta el traslado de industrias estadounidenses que gozan de nuestro régimen de zona franca, hacia suelo norteamericano, algo que desde Washington se ha anunciado como objetivo final.

En fin, el déficit fiscal aumenta, en medio del destructivo alto valor del colón generador de desempleo y salida de empresas del mercado, la devastadora deuda de ¢4 billones del Ministerio de Hacienda con la Caja, el encarecimiento de servicios públicos, el creciente número de pensionados, el abandono que sufren estudiantes de primaria y secundaria, quienes, si no desertan se gradúan con inmensas deficiencias por lo cual se esfuman sus expectativas por incorporarse a una fuerza laboral al menos medianamente calificada.

Y es que el descalabro de la tal «economía jaguar» es deprimente, mientras Costa Rica retrocede en casi todos los campos, con excepción del narcotráfico y los asesinatos por encargo, mientras los habitantes esperamos con ansias que los nuevos gobernantes empiecen a tomar en serio su deber de gobernar.

Cuatro fracciones legislativas suscriben acuerdo para una agenda común en defensa del Estado Social de Derecho

Comunicado

Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica

Las fracciones legislativas del Partido Liberación Nacional, del Partido Frente Amplio, de la Coalición Agenda Ciudadana y del Partido Unidad Social Cristiana, comprometidas con la defensa del Estado Social de Derecho, la estabilidad democrática y el bienestar de la ciudadanía costarricense, suscriben el presente Acuerdo Político con el propósito de construir una agenda parlamentaria responsable desde la Asamblea Legislativa.

Este acuerdo surge en un contexto nacional que exige altura política, diálogo y capacidad de convergencia. Las fuerzas políticas que firman reconocen la diversidad de sus visiones ideológicas, pero también la urgencia de establecer coincidencias mínimas que permitan garantizar la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución Política y la atención de los principales desafíos del país.

El acuerdo político se enmarca en el resultado electoral reciente, en el cual la voluntad popular se expresó de manera clara pero dividida. Aproximadamente la mitad de las personas que ejercieron su voto respaldaron propuestas políticas alternativas, distribuidas entre las diversas fuerzas que hoy convergen en este esfuerzo común.

Este mandato ciudadano exige responsabilidad, dialogo y capacidad de articulación. Este acuerdo precisamente responde a ese mandato: el de transformar una alternativa política diversa en una fuerza capaz de coordinar, proponer y garantizar gobernabilidad democrática. Con respeto de las diversas identidades ideológicas y partidarias hemos asumido la responsabilidad de trabajar de manera conjunta en favor de Costa Rica, sin demeritar la independencia de cada fracción para impulsar sus propios acuerdos y propuestas. Esta autonomía convive con un compromiso firme entre las partes de respetar lo suscrito, de modo que las diferencias que puedan surgir en iniciativas específicas dada la ideología de cada partido, no significarán la ruptura ni el incumplimiento de esta agenda.

Principios y compromisos fundamentales

Las fracciones firmantes reafirman su compromiso con la defensa irrestricta de la Constitución Política, la separación e independencia de los poderes de la República y la vigencia plena de los derechos fundamentales.

Agenda común para la gobernabilidad en siete ejes estratégicos

Las fracciones acuerdan impulsar una agenda legislativa estructurada en 5 ejes prioritarios:

a. Democracia

▪ Apoyaremos proyectos que fortalezcan y profundicen las garantías individuales fundamentales.
▪ Defendemos la alternancia en el poder.
▪ Respetamos y defendemos la independencia de Poderes. Reformas al Poder Judicial deben garantizar la plena independencia de la judicatura.
▪ Creemos que es urgente aprobar los nombramientos correspondientes en las Salas de la Corte, especialmente en la Sala Constitucional, para garantizar su funcionamiento ininterrumpido y la tutela permanente de los derechos de los costarricenses.
▪ Creemos en la libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho a la libre reunión, a la manifestación pacífica y a la participación ciudadana como columnas de la democracia.
▪ Apoyaremos e impulsaremos proyectos que fortalezcan la agenda de derechos humanos, muy especialmente los derechos de las mujeres, así como la lucha contra la violencia de género.

b. Seguridad y justicia

▪ Combate frontal contra el crimen organizado.
▪ Capitales emergentes: inmovilizar capitales de crimen organizado. Extinción de dominio.
▪ Organizaciones criminales: establecer mecanismos para sancionar organizaciones criminales y agilizar el levantamiento del secreto bancario.
▪ Mayor presupuesto para OIJ, Seguridad, Ministerio Público y Fuerza Pública.
▪ Aumento de penas por portación ilegal de armas.
▪ Ley de ejecución de la pena y modernización del sistema penitenciario.
▪ Procesos penales más ágiles y sin impunidad.
▪ Reforma de la DIS hacia inteligencia estratégica civil con controles democráticos.
▪ Cooperación internacional en el marco constitucional.
▪ Prevención mediante cultura, deporte y fortalecimiento comunitario.
▪ Reformas para una justicia pronta y transparente.

c. Desarrollo social

Educación, cultura y deporte

▪ Mejoramiento de la calidad educativa.
▪ Plan de inversión hacia el 8% del PIB.
▪ Recuperación de aprendizajes, reducción de brechas y fortalecimiento docente.
▪ Garantía del FEES con crecimiento real.
▪ Fortalecimiento del acceso equitativo a la educación.

Salud

▪ Defensa y fortalecimiento de la CCSS.
▪ Pago de la deuda del Estado con la CCSS.
▪ Reducción de listas de espera.
▪ Atención a escasez de especialistas.
▪ Fortalecimiento del modelo tripartito.
▪ Medicamentos a precios accesibles.
▪ Atención integral de la salud mental.

Inversión social

▪ Revisión de la regla fiscal para proteger inversión social.
▪ Incremento de FODESAF.

Alivio económico

▪ Inclusión financiera y revisión de la ley de usura.

Medio ambiente

▪ Fortalecimiento del SINAC.
▪ Protección ambiental y defensa del territorio.
▪ Prohibición de minería a cielo abierto.
▪ Protección de defensores ambientales.
▪ Derecho humano al agua y fortalecimiento de ASADAS.
▪ Gestión sostenible de residuos.

d. Derechos humanos

▪ Combate a la violencia contra mujeres.
▪ Sistema Nacional de Cuidados.
▪ Protección de poblaciones vulnerables.
▪ Derechos de comunidad LGBTIQ+.
▪ Reconocimiento de pueblos originarios y afrodescendientes.
▪ Derechos de personas migrantes.
▪ Protección laboral y reducción de brechas.

e. Desarrollo económico y competitividad

▪ Apoyo al sector productivo.
▪ Reforma al BCCR para priorizar empleo.
▪ Modelo energético sostenible.
▪ Prohibición de exploración petrolera.
▪ Impulso a infraestructura estratégica.
▪ Movilidad multimodal y electrificación.
▪ Fortalecimiento del sector agropecuario.

f. Transparencia, probidad y anticorrupción

▪ Sanción a faltas al deber de probidad.
▪ Regulación del lobby.
▪ Lucha contra corrupción y evasión fiscal.
▪ Transparencia y acceso a información pública.

g. Funcionamiento de la Asamblea Legislativa

▪ Ejercicio responsable del control político.
▪ Uso adecuado de recursos.
▪ Nombramientos por idoneidad.
▪ Mejora de procesos legislativos.

III. Límites para la acción política

Las fracciones acuerdan no respaldar reformas que debiliten derechos fundamentales, garantías sociales o la independencia de poderes. Se rechaza cualquier intento de concentración de poder en el Ejecutivo o debilitamiento de órganos de control.

III. Conformación del Directorio Legislativo

Se acuerda proponer la siguiente integración:

  • Presidencia: Diana Murillo Murillo, Liberación Nacional
  • Vicepresidencia: Abril Gordienko López, Unidad Social Cristiana
  • Primera Secretaría: María Eugenia Román Mora, Frente Amplio
  • Segunda Secretaría: Claudia Dobles Camargo, Coalición Agenda Ciudadana
  • Primera Prosecretaría: Víctor Manuel Hidalgo Solís, Liberación Nacional
  • Segunda Prosecretaría: Joselyne Sánchez Núñez, Frente Amplio

San José, 01 de mayo de 2026.

La actual coyuntura electoral: efectos en la juventud costarricense

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

Nos encontramos a escasos días de la convocatoria para llevar a cabo nuevas elecciones y nombrar al presidente -o presidenta- que sustituirá al Sr. Rodrigo Chaves Robles. Asimismo, debemos renovar con nuestro voto a todos los representantes de los diversos partidos políticos en el seno de la Asamblea Legislativa.

Dado el particular estilo de gobierno del presidente en ejercicio, caracterizado por un notable irrespeto verbal e institucional hacia sus adversarios, sean estos representantes de otros partidos políticos, medios de comunicación o instituciones públicas, ello ha llevado a una coyuntura muy compleja en el marco del actual proceso electoral. Sin duda, esto lo está convirtiendo en uno de los procesos electorales más particulares y peligrosos de los últimos cincuenta años, cuyas repercusiones podrían ser nefastas en el conjunto de la ciudadanía, especialmente, en el sector integrado por las personas más jóvenes.

Desde la década de los años cuarenta, han transcurrido más de siete décadas durante los cuales los costarricenses vimos madurar un modelo de democracia social, aunque con ciertos vacíos no siempre resueltos. Sin embargo, debemos reconocer que ese modelo nos convirtió en un pueblo más educado y saludable gracias a la democratización de la educación pública, a la adecuada atención de los problemas de la salud por parte de la CCSS y al programa de vivienda digna llevado a cabo por el INVU. A ello se sumó el impulso dado a la enseñanza superior pública con la creación de nuevas universidades, las cuales le han aportado a nuestro país el capital humano necesario para modernizar los diversos sectores de la economía, la salud, la administración del Estado y la educación. Sobre esa base, los diversos sectores productivos pudieron llevar adelante sus proyectos económicos y sus aspiraciones de expansión empresarial.

Sin embargo, todo aquel esfuerzo no fue suficiente para enfrentar con éxito, desde la década de los años ochenta, los grandes retos asociados a la globalización de la economía mundial. De ahí en adelante, nuestro país, como tantos otros, ha vivido un difícil proceso histórico, con ambigüedades y disfunciones que no todos vieron venir con espíritu crítico y que aún hoy día, nos tiene inmersos en una crisis de nuestro modelo de país.

Por otra parte, el proceso electoral de hace cuatro años se encargó de hacernos ver claramente a los costarricenses los serios síntomas de un agotamiento social y político que hoy en día nos tiene en las puertas de una crisis de gobernabilidad.

El estilo autocrático e irrespetuoso del presidente Rodrigo Chaves ha venido a debilitar las formas civilistas de gobernar que caracterizó a la gran mayoría de las anteriores administraciones presidenciales, especialmente de los años cincuenta en adelante. Esto se está convirtiendo en un reto muy grave por la posible inestabilidad nacional que se pueda derivar. La sana convivencia familiar, vecinal, laboral e institucional es un bien inmaterial que no tiene precio. Debemos cuidarla por sobre todas las cosas.

Como ciudadana costarricense y estudiosa de la historia de nuestro país, me preocupan seriamente todas esas repercusiones negativas que podrían derivarse de la crisis actual. Una eventual agudización de las contradicciones políticas amenazaría la estabilidad y el progreso de la sociedad como un todo, pero, particularmente, iría en detrimento de las jóvenes generaciones, esas que apenas comienzan a experimentar sus primeras vivencias ciudadanas y que anhelan vivir en un país donde se respeten las reglas del juego democrático. Pero, sobre todo, esa juventud necesita oportunidades de estudio y de trabajo que les permita formarse de cara al futuro y, sobre todo, los libre de las amenazas que la expansión del narcotráfico significa diariamente para su seguridad emocional, existencial y vital.

El pésimo modelo que encarna el presidente Chaves con su lenguaje soez, sus actos públicos irreverentes y su vulgaridad de macho indómito, seguramente afectarán negativamente la formación política y emocional de tantos adolescentes costarricenses que hoy están hilvanando sueños profesionales, laborales, deportivos o artísticos, y que pronto se convertirán en los protagonistas que decidan el futuro de nuestro país.

En tal sentido, las generaciones que ya peinamos canas tenemos el deber de aportarle a nuestros jóvenes nuevas oportunidades de participación ciudadana para evitar que el pesimismo derivado de la crispación electoral y la violencia verbal del presidente y de algunos de sus seguidores, los lleve a construir una visión pobre y despectiva, respecto a la participación electoral. Al contrario, su activa participación en estas elecciones es la mejor forma de contrarrestar los efectos perversos que nos está dejando la administración Chaves Robles en la cultura política de nuestra juventud y en el país en general.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres razones contra el continuismo

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Un conocido nuestro nos preguntó por qué no debe votarse al continuismo chavista, encarnado en Laura Fernández o sus similares camuflados como Natalia Díaz o José Aguilar.

Quien interroga es un hombre de mediana edad y, -si se me permite el argot tico-, es un breteador insigne, de esos que la pellejean día a día y que no puede darse el lujo de pagarle a la Caja un seguro como trabajador independiente, una persona que no puede tampoco permitirse enfermar e incapacitarse porque si no trabaja, no come. Así es la cruda realidad de muchos costarricenses, más de los que debiera permitirse una democracia plena.

Del inmenso océano de razones que se tienen para no seguir padeciendo el flagelo chavista, se me ocurrió responderle con toda espontaneidad:

  1. Hay que volver a colocar en Zapote a una persona decente. Alguien que hable con un mínimo de respeto; que no grite, que no insulte, que no exacerbe el odio y la revancha. Alguien que no engañe, que no haga de la mentira y la exageración su forma de comunicarse. Alguien, por cierto, que no intente ridiculizar a periodistas independientes que le hacen preguntas incómodas y que no los matonee rodeándolos de sus guardaespaldas.Alguien, en fin, que traiga paz, que baje la tensión y polarización en que nos encontramos y que tenga la inteligencia emocional de buscar consensos, es decir, alguien que se responsabilice del gobierno y no se dedique a buscar culpables.
  2. Hay que evitar el continuismo porque lo peor de este desgobierno no ha sido su vulgaridad y pachuquismo. Lo peor ha sido su ineptitud, su evidente incapacidad para contar con ministros y asesores capaces, su demostrada improvisación y charlatanería desde el día primero nombrando personajes sin preparación ni experiencia en puestos claves y dictando decretos y proyectos de ley inviables. Necesitamos alguien con un mínimo de humildad, que no deshaga, por ejemplo en obra pública, todo lo andado en el pasado por pura arrogancia y prepotencia, sin poder mostrar al final ningún logro significativo propio.
  3. Y por último, le contesto a mi amigo, ciudadano breteador, que este país y esta democracia merecen la pena ser rescatados; que no es posible que el crimen organizado y el narcotráfico hayan alcanzado los niveles de penetración de las instituciones y el control de barrios y pueblos que están consolidando. Le digo que como ex juez especializado en derecho penal, veo con alarma cómo, otra vez este desgobierno, desmanteló controles fronterizos y costeros, saboteó recursos económicos para la Fiscalía y el OIJ, y volvió totalmente ineficientes los escáneres portuarios, puesto que constantemente tenemos noticias de cargamentos de drogas descubiertos en puertos europeos provenientes de nuestra pobre Costa Rica. Hay fundamento para concluir que, ya por negligencia, ya por complicidad, hemos dejado que la peor violencia criminal llegue demasiado lejos.

Termino diciéndole a mi interlocutor: hay que salir a votar, pero en ningún caso por el continuismo de los Fernández, Díaz o Aguilar.

Presidente Chaves contra el campo y la comunicación: ¿errores o goma de popularidad?

Jose So (José Solano-Saborío)

La popularidad puede ser tan peligrosa como el poder mismo. Cuando un presidente se embriaga de ella, corre el riesgo de perder sensibilidad hacia los sectores que sostienen la vida cotidiana del país. Y eso es lo que estamos viendo: dos errores graves que no son simples deslices, sino golpes directos a colectivos sociales que merecen respeto.

El primero, contra los agricultores. La llamada Ruta del Arroz se presentó como una política para beneficiar al consumidor, eliminando aranceles por unos 25 mil millones anuales. La realidad es otra: los precios no han bajado, han subido en promedio un 4%. Los únicos beneficiados son los importadores, entre ellos Bernal Jiménez Chavarría, uno de los más generosos contribuyentes de la campaña presidencial. Los agricultores nacionales, en cambio, quedan desarmados, y la respuesta oficial raya en el insulto. Pilar Cisneros les sugiere cambiar el arroz por mota, como si décadas de esfuerzo campesino pudieran borrarse con una ocurrencia. Esa frase trivializa la cultura alimentaria del país y desnuda la falta de respeto hacia quienes producen lo que comemos.

No satisfecho, cuando los agricultores se manifiestan con razón, el ego presidencial herido no reacciona con diálogo, sino con insultos y menosprecio, increpándolos por tener “Hilux del año y tractores de marca”, como si fueran lujos ostentosos y no herramientas indispensables para su trabajo.

El segundo error golpea a la radiodifusión y la televisión abierta tradicionales. En medio de las presas diarias, la radio y la TV abierta siguen siendo compañía, información inmediata, identidad comunitaria. Sin embargo, la subasta millonaria de frecuencias deja fuera a emisoras históricas como Radio Sinfonola, con más de seis décadas de presencia. Se debilita aún más una oferta ya deteriorada, mientras las plataformas digitales avanzan sin freno. Spotify, Amazon Prime, YouTube Music, Meta… todas transmiten en Costa Rica sin pagar impuestos locales, sin contratar personal tico, sin aportar nada al ecosistema nacional. Cobran a anunciantes globales por la exposición a consumidores costarricenses, mientras las radios locales cargan con impuestos, regulaciones y costos laborales. El resultado es un castigo a quienes sostienen empleo y cultura, y un premio a gigantes que operan en la sombra.

No se trata de defender emporios mediáticos que sí tienen recursos para participar en las millonarias subastas, sino de no impedirlo a los más pequeños, que contribuyen a la amplitud democrática y a la conservación de la identidad cultural del país.

Estos dos episodios revelan un patrón: la popularidad presidencial puede ser alta en encuestas, pero se construye sobre arena movediza. Insultar a agricultores y despreciar a la radio erosiona la base social que sostiene la gobernabilidad. La popularidad puede ser fuerte en números, pero frágil en legitimidad. Y la legitimidad, a diferencia de la popularidad, no se compra ni se hereda: se construye con respeto, sensibilidad y visión de país.

Parece que los aplausos de trolls y la defensa de lo indefendible por parte de sus fanáticos —su base dura— son ensordecedores y todo lo disimulan. Veremos si le alcanza a Laura Fernández, que ya vemos no suma por sí misma en el mar mayoritario de indecisos.

El presidente debería recordar que la embriaguez de popularidad pasa, y cuando se desvanece, lo que queda es la goma de los errores. Y esa resaca, tarde o temprano, se cobra con pérdida de confianza, con aislamiento político y con el desgaste inevitable de un liderazgo que confundió aplausos con inmunidad.

Costa Rica y la crisis de sus partidos políticos: entre taxis, vicios y personalismos

JoséSo (José Solano-Saborío)

La democracia costarricense atraviesa una crisis silenciosa pero profunda: la del sistema de partidos. Lo que durante décadas fue el pilar de nuestra institucionalidad —estructuras partidarias sólidas, con ideología, cuadros formados y programas claros— hoy se ve sustituido por dos fenómenos preocupantes:

Primero, la proliferación de “partidos taxi”: vehículos creados para llevar a una persona al poder y luego desaparecer.

Segundo, la degradación de los partidos tradicionales, que han perdido su vocación programática y se han convertido en maquinarias electorales sin renovación real.

Viejos políticos, nuevos taxis

En los últimos tres procesos electorales, Costa Rica ha visto cómo candidatos sin el respaldo de las estructuras históricas han llegado a la presidencia: Luis Guillermo Solís (2014), Carlos Alvarado (2018) y Rodrigo Chaves (2022). Ninguno era favorito en las encuestas iniciales, y todos capitalizaron el desgaste del PLN, PUSC y PAC.

Este fenómeno ha abierto la puerta a figuras que, en lugar de fortalecer partidos, los usan como plataformas desechables. El Partido Progreso Social Democrático, que llevó a Chaves al poder, es un ejemplo citado por analistas como un “partido taxi”.

Los vicios que no mueren

El PLN, el más longevo de los tradicionales, arrastra décadas de cuestionamientos éticos y escándalos internos. El PPSO, el más novel y señalado como vehículo del oficialismo afín al chavismo, ya acumula denuncias por prácticas poco transparentes, vínculos con operadores digitales pagados desde Casa Presidencial y designaciones cuestionadas.

Paradójicamente, ambos extremos —el histórico y el emergente— comparten males similares: imposiciones internas que sus críticos califican de antidemocráticas, y el respaldo a proyectos de ley que han generado rechazo social, como las Jornadas 4×3, percibidas por sindicatos como un retroceso en derechos laborales. A esto se suma la inacción o el bloqueo de reformas clave en seguridad pública, como los allanamientos 24/7 o la incautación expedita de capitales ilícitos. Y, como cereza del pastel, en los últimos días, diputados del gobierno y del PLN entierran proyecto de ley para regular ‘lobby’ y ‘puertas giratorias’ a pesar de que la OCDE llamó la atención a Costa Rica por la falta de regulación del ‘lobby’; grupo de eventos y similitudes entre dos partidos, se supone, antagónicos que levantan suspicacias hasta del más inocente ciudadano.

El espejismo del liderazgo individual

La política costarricense se ha deslizado hacia el personalismo. La narrativa gira en torno a la figura del líder, no a la solidez de su equipo o la coherencia de su plan de gobierno. Esto ha tenido consecuencias visibles:

– Administraciones que llegan con un círculo reducido de confianza, sin cuadros técnicos suficientes para ejecutar políticas públicas.

– Falencias en áreas críticas como seguridad, infraestructura y educación, que se repiten gobierno tras gobierno.

– La “paradoja de la popularidad”: presidentes con altos índices de aprobación, pero con resultados pobres en los problemas estructurales del país.

Recuperar la política como proyecto colectivo

El artículo 98 de la Constitución Política establece que los partidos son instrumentos esenciales para la participación ciudadana. Sin embargo, si estos se reducen a cascarones vacíos o a taxis electorales, la democracia pierde su capacidad de articular intereses y garantizar gobernabilidad.

Costa Rica necesita partidos que vuelvan a formar cuadros, que construyan programas a largo plazo y que prioricen el trabajo en equipo sobre el culto a la personalidad. La historia reciente demuestra que, sin equipos sólidos, incluso los líderes más carismáticos terminan atrapados en la inercia de un Estado que no cambia.

Predictividad de Políticas… o imprevisibilidad, ¿un nuevo enfoque? (Parte I)

Caryl Alonso Jiménez

Caryl Alonso Jiménez

En procesos de cambio e incertidumbre, ¿Qué es lo que no vemos…?

Las teorías de política sostienen que la predictividad asegura confianza, reduce incertidumbre y genera participación de actores y sobre todo, reduce la polarización y fortalece la gobernabilidad Estatal. Autores como Charles Lindblom (1917-2018), David Easton (1917-2014) y Harold Laswell (1902-1978), entre otros, coincidieron que la predictividad hace previsible y puede anticipar cambios y crisis políticas.

Sin embargo, en el punto de inflexión de enero de 2025, la gestión de política llegó a punto crítico. Para quienes observamos el escenario, se extendió una nueva dinámica decisional basada la imprevisibilidad (palabra fea y difícil de expresar), como nuevo estilo de gestión que transita en el campo de la incertidumbre… ¿Herramienta para decisiones geopolíticas o técnica para producir escenarios de confusión y temor…?

Más allá de la novedad teórica, extendida intencionalmente por redes sociales, pero para quienes estudiamos el tema, resulta ser una corriente basada en el instrumental que altera escenarios, creando ambientes de confusión que da lugar a procesos de negociación condicionados. Pero no son políticas, son tácticas de negociación… es poder puro y duro.

Hasta hace algunos años, el estudio de las políticas públicas representó la actividad reservada grupos selectos de intelectuales. Hoy en día es el dispositivo estratégico de especialistas y tanques de pensamiento, algunos visibles y otros en la sombra.

Quienes dominan el instrumental tienen alta incidencia en decisiones de mandatarios, sectores de poder y grupos de presión que condiciona escenarios… Cada movimiento es una secuencia de trazos calculados… Entender el juego resulta un plano de movimientos de ajedrez. Es allí donde la técnica aparece: imprevisibilidad. ¡Que nadie sepa lo que piensas, ni imagine el siguiente paso! Pero no son políticas es metodología para negociar.

Es verdad, no todos pueden leer la realidad y coyunturas… el microscopio del análisis no es similar a las diatribas del juego dominical, ni a las descalificaciones profesionales y laborales que entretienen en diversiones de la cocina local diseñadas para el teatro…

No puedo dejar de recordar a mi profesor de políticas públicas a mediados de los años noventa, quien me advirtió que las emociones colectivas dominicales eran también una dosis encadenada de otras políticas. Confirmado años después por Aguilar Villanueva.

Por ello sería poco apropiado, por ejemplo, creer que un decisor o gestor empresarial se entusiasme por corazonadas o instintos de suerte, sobre sucesos no previsibles. Aunque no es nada fácil el pensamiento crítico sobre contextos y dinámicas que revelan fenómenos que requieren el escalpelo más profundo para comprenderlo.

Las decisiones de políticas desde la institucionalidad pública pueden poner en marcha acciones hacia modelos de productividad principalmente territorial que favorezca y aumente el número de pequeñas y medianas empresas con acceso a la asistencia técnica y financiera para que sean generadores del empleo masivo. Se estima que más del 90% de las empresas que mueven la economía son las pequeñas y medianas empresas.

Guste o no, las anclas de políticas públicas están en el Estado e instituciones. Al parecer hay entusiasmo inusitado por ponerlas en marcha. Aunque de las 74 políticas en cartelera solo funciona una: Política Crediticia, Monetaria y Cambiaria, que pacta la macroeconomía (control de inflación, tasa de cambio y tasas activas y pasivas). Pero ¿Y el resto…?

Las voluntades en política traducen en respuestas que construyen canales de ascenso social, el resto es estrategia comunicacional. En el Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2024), Guatemala tiene 0.629, ubicado en el puesto 136 de 193 países. Costa Rica se encuentra en 0.804 y se posiciona en el puesto 64 de 193 países. El IDH revela progreso y nivel de bienestar. Entonces ¿dónde están las fallas y que hace la diferencia?

De repente vale recordar a Loreta Napoleoni (2008), quien revela en síntesis la urgente necesidad de romper con la confabulación del Estado, al expresar que existe aún la fascinación exacerbada en creer que la crisis presenta oportunidades, -¿para quién?, se pregunta. Si evitamos las zonas grises, y la inmovilidad de la gestión pública, seguramente estaremos en condiciones de recuperar el Estado.

Como pocas veces hay sentido de evaluación externa, a veces solo se revisa lo bueno (Solarte, 2004; Roth, 2009; Salazar, 2009). La consolidación es lenta, pero ¿Qué tanto avanzamos para el largo plazo, como demandan las políticas públicas?

Las políticas dan predictividad, confianza y atajan incertidumbre. No son tácticas para imponer poder. Es allí donde la academia contribuye con metodologías e inteligencia para entender el futuro, como reclama Stiglitz (1997), “dotar de conocimiento y ciencia al Estado”. Esa es tarea del profesor y la academia. Entonces, ¿nos abrimos a la consistencia académica…? O, ¿Nos ahogamos en las técnicas de incertidumbre…?

“Coalición Nacional Por Nuestras Trincheras” presentará exigencias al Ejecutivo

Distintos sectores involucrados en la movilización hacia Casa Presidencial este 5 de febrero de 2025 difunden las exigencias que presentarán al Poder Ejecutivo.

En su comunicado se exponer: “Nos organizamos como una coalición de distintos sectores sociales, quienes nos haremos presentes en un plantón afuera de Casa Presidencial, durante la conferencia de presa” que es usual los miércoles de cada semana.

El siguiente documento incluye las exigencias por parte de la Coalición Nacional Por Nuestras Trincheras:

Exigencias al Ejecutivo

Ante la crisis que atraviesa el país y la falta de respuestas efectivas por parte del Ejecutivo, presentamos las siguientes exigencias organizadas por ejes temáticos y construidas entre la diversidad de colectivos, entidades y organizaciones que son parte de esta coalición. Estas demandas son puntuales, viables y fundamentales para la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo pleno de la promesa del futuro.

1. Seguridad y lucha contra el crimen organizado

  1. Exigimos una estrategia integral de seguridad que combata los vínculos del narcotráfico con estructuras del Estado y la crisis de homicidios que afecta al país. ¡No se matan entre ellos! Hay cientos de inocentes de por medio.
  2. Exigimos la inmediata reubicación y fortalecimiento de la Academia de Guardacostas para el control de rutas marítimas utilizadas por el crimen organizado.

2. Educación pública y acceso equitativo al conocimiento

  1. Exigimos la restitución de los programas de educación sexual y protocolos contra el bullying en secundaria para la población LGBTIQ+.
  2. Demandamos la garantía de una educación laica sin intervención religiosa y la no injerencia de grupos de interés ajenos a los principios democráticos en el sistema educativo.
  3. Exigimos la reversión del congelamiento del aumento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la certeza del respectivo aumento solicitado y estudiado.
  4. Exigimos una solución urgente a las 849 órdenes sanitarias en centros educativos y la presentación de una ruta clara para el fortalecimiento del sistema educativo. ¿Dónde quedó la ruta de la educación?

3. Transparencia, institucionalidad y financiamiento electoral

  1. Exigimos una investigación inmediata sobre el financiamiento ilícito en campaña electoral utilizados por el gobierno actual.
  2. Exigimos el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia en la gestión gubernamental y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
  3. Exigimos el respeto a la institucionalidad democrática, el cese del debilitamiento de las instituciones públicas y un alto a la violenta polarización del Ejecutivo.

4. Derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables

  1. Exigimos una política efectiva para la prevención y sanción de los feminicidios, así como la erradicación de la impunidad en delitos sexuales. ¡No más impunidad!
  2. Demandamos el acceso real a servicios de atención y acompañamiento en situaciones de violencia de género.
  3. Exigimos la restitución del decreto #38999 para erradicar discriminación en instituciones contra población sexualmente diversa.
  4. Exigimos la apertura de un debate serio y fundamentado sobre la despenalización del aborto en casos urgentes y en sus respectivas demandas.

  5. ● Exigimos la declaratoria de un estado de emergencia por la ola de femicidios.

5. Protección del ambiente y recursos naturales

  1. Exigimos una moratoria inmediata a proyectos de gentrificación y hotelería que afectan comunidades costeras y vulnerables.
  2. Demandamos la regulación estricta del uso de agroquímicos y la implementación de estrategias reales para la protección de fuentes de agua y bosques.
  3. Exigimos la revisión de las irregularidades en proyectos de explotación ambiental y la aplicación rigurosa de sanciones a quienes violen la normativa ambiental. ¿Qué pasa en Manzanillo, Limón?

6. Trabajo y justicia económica

  1. Exigimos una estrategia clara para abordar la pobreza y el desempleo, con políticas que promuevan el empleo formal y digno.
  2. Demandamos la eliminación de cualquier intento de ejecución de la jornada laboral 4×3 que precariza los derechos laborales y afecta la calidad de vida.

7. Comercio internacional y soberanía económica

  1. Exigimos la revisión inmediata del Tratado de Libre Comercio con Israel para garantizar que no comprometa la soberanía económica ni los derechos humanos.

8. Cultura y derecho a la libre expresión

  1. Exigimos el descongelamiento de los 67 300 millones retenidos en los presupuestos de educación, cultura y seguridad.
  2. Demandamos el respeto a la institucionalidad y al diálogo democrático, garantizando la libertad de prensa y expresión sin represalias.

9. Crisis de gobernabilidad y responsabilidad política

  1. Exigimos la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo ante la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país.
  2. Demandamos explicaciones claras sobre las múltiples renuncias en el gabinete y medidas para restaurar la estabilidad institucional. ¡No más proselitismo!
  3. Exigimos la eliminación de prácticas de discriminación sistemática en todas las instancias del gobierno.

El cumplimiento de estas exigencias es fundamental para la reconstrucción del pacto social y democrático del país. Exigimos respuestas inmediatas y acciones concretas que garanticen el bienestar de toda la población. ¡Seguiremos en la lucha!

Contra el análisis apocalíptico de los políticos costarricenses

MBA Lic. Luis Gilberto Martínez Sandoval, UTN.

Luis Gilberto Martínez Sandoval MBA Lic. Bach.
Académico Universitario Titular
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales.
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina,
Escritor, Directivo JD SSN ANEP UTN, Científico Social
Contácteme: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 506 62 76 41 33

No comulgo con la visión apocalíptica en los análisis que hacen los candidatos a Presidente o Diputados de la República de Costa Rica. Estoy en contra de la visión apocalíptica. La mayoría son opiniones cualitativas que carecen de datos duros estadísticos para fundamentar un argumento cuantitativo. Basta leer el Programa Macroeconómico 2024 -2025 para darnos cuenta de que no todo está del fin de los tiempos en nuestro país: inflación 0%, baja en la Tasa Básica Pasiva, tipo de cambio hacia la baja, estabilidad macroeconómica, las calificadoras de riesgos nos dan buena nota. No hay que presentar una visión tan apocalíptica del país para ganar las elecciones.

Sobre nuestro país veamos algunos datos del Banco Mundial de un excelente documento “El Modelo de Desarrollo de Costa Rica De bueno a Excelente Resumen Ejecutivo Diagnóstico Sistemático de País.” Costa Rica destaca por ser uno de los países más estable políticamente, progresista, próspero y conscientes del medio ambiente en la región. El modelo ha traído dividendos económicos, sociales y ambientales con un crecimiento sostenido, movilidad económica para un gran porcentaje de la población. El gasto social ha sido eficiente en educación, salud, protección social dado que pasó en 1958 de 3% PIB para 1990 10% PIB y en el 2012 20% PIB. La esperanza de vida hoy es de 79.7 años similar a los países de la OCDE. El gasto en educación 8% PIB 2015 que lamentablemente hoy es de un 4.9% PIB. 97% tasa de alfabetización. Sobre la situación nacional socioeconómica: 12% Pobres, 36% Vulnerables, 47% Clase Media y 5% Ricos. Tenemos marca ecológica país. Hemos logrado tener la pobreza entre las más bajas de América Latina (fui exfuncionario BM IFC). Es cierto la desigualdad está aumentando y la pandemia COVID la profundizó dado que paralizó el flujo circular del ingreso en el país que afecto economías domésticas, empresas y al Estado. Es cierto está aumentando el desempleo, pero para trabajadores no calificados. El PIB per cápita anual promedio 13.365,36 USD (2022) con seguridad social es igual al de China y muy superior al de los países de África – $2.150,6 dólares- Es cierto tenemos presiones fiscales (déficit fiscal 6.24% PIB 2024) pero TODOS sabemos cuáles son sus causas: evasión, exoneraciones, apertura comercial, eliminación de aranceles y, corrupción -las profesiones liberales no tributan-. Nuestra tributación es la más baja de América Latina 14% PIB así no vamos a desarrollar infraestructura pública moderna. ¡Sí! tenemos otros problemas, el 14% PIB es por compliance, blanqueo y lavado de capitales (narco drogas) que está metido de lleno en el sistema financiero nacional y lamentablemente en el MONEX.

Es cierto tenemos costos de producción que debilitan la competitividad país. El paso de un sistema bipartidista a un sistema multipartidista en los últimos años ha dado lugar a procesos de reforma más complejos y prolongados. Velocidad pública y velocidad privada o de mercado global no coinciden. Sin embargo, Costa Rica es un país menos desigual comparado con tres décadas pasadas. Tenemos tres problemas a resolver: presiones fiscales, sociales y ambientales- cambio climático. Debemos controlar los gastos públicos y aumentar los ingresos. Mejorar la recaudación fiscal. Tenemos otro problema: GOBERNABILIDAD. La administración del sector público -330 instituciones públicas y 330 mil funcionarios públicos- no se ha modernizado paralelamente a la economía abierta y el modelo orientado a la exportación en régimen de zonas francas, apertura comercial y libre comercio, limitando la capacidad de cumplimiento y de arbitro del Estado.

Hay desafíos para nuestro país…. aumentar la productividad y con ello la competitividad nacional, frenar la desigualdad de ingresos de los habitantes del país -poner mucha atención al coeficiente de Gini-, el crecimiento económico debe impulsar el desarrollo económico priorizando dos provincias – Puntarenas, Limón-, desarrollar una fuerza laboral calificada de alto valor agregado para crear empresarialidad y emprendedores globales. El sistema educativo – escuelas, colegios y universidades públicas- requieren una reforma integral total de su normativa dado que graduamos muchos de estudiantes de ciencias sociales y muy pocos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas – STEM- así no contribuimos con sectores de alto valor agregado. El INA hay que reformularlo en su misión y visión y a las nuevas realidades dado que perdió la hoja de ruta. Requerimos: Sostenibilidad fiscal, Sostenibilidad social, Sostenibilidad ambiental. Y, por supuesto Gobernabilidad: mayor capacidad del sector público para planificar a largo plazo (25 años) e implementar políticas, proyectos de inversión pública, prestar servicios y aumentar rendición de cuentas… Pero, el apocalipsis o el diluvio está aún muy distante de nuestro país… ¡Aún estamos a tiempo!