El Proyecto Bahía Papagayo se plantea como un desarrollo turístico-habitacional, ubicado en Guanacaste específicamente en el cantón de Carrillo, distrito de Sardinal. El proyecto por medio de su extensión de 117.6 hectáreas, busca integrar complejos de hospedaje, residencias, áreas recreativas y un espacio privado con instalaciones deportivas, salones de eventos y zonas de juego infantil.
Así mismo, la propuesta del proyecto abarca desde un complejo hotelero con cocinas, terrazas, piscinas, spa, gimnasio y restaurantes, además de lotes residenciales destinados a futuros desarrollos habitacionales. Pese a la magnitud de la inversión se han identificado diversas deficiencias en el cumplimiento de normativas y en la presentación de estudios ambientales. Además, se destaca la falta de autorizaciones de instituciones como SENARA, MOPT y SINAC, así como la carencia de elementos técnicos, como estudios geotécnicos completos, planos detallados y registros fotográficos que respaldan la viabilidad técnica del terreno.
El desarrollo inmobiliario se encuentra a cargo de la empresa: Enjoy Hotels & Resorts Sociedad Anónima cuyo representante legal es Andrés Pacheco Albónico. Dicha empresa es parte del conglomerado Enjoy Group, donde también se encuentran otros restaurantes y hoteles distribuidos en todo el país tales como la Marina Golfito, Fiesta Resort, Hilton Garden Inn Guanacaste, Mangroove, P.F. Changs, Hotel Villa Lapas, entre otros.
La infraestructura prevista en este desarrollo abarca una región caracterizada por una significativa cobertura de bosques maduros y secundarios, igualmente existe la presencia de humedales y manglares cerca de la zona. Estos terrenos por su alta vulnerabilidad ambiental se encuentran protegidos por la legislación del país, lo que subraya la importancia de conservar estos valiosos ecosistemas en medio de cualquier actividad de desarrollo.
La pérdida de estos ecosistemas por parte del proyecto podría desencadenar efectos adversos en la calidad del suelo y en la estabilidad de las laderas, agravando los impactos ambientales y comprometiendo la integridad del paisaje. Los tipos de bosques encontrados en el terreno desempeñan un rol en la regulación de los ciclos hidrológicos y la prevención de la erosión. Por otro lado, los humedales estuarios y manglares fungen en los procesos de filtración del agua y suministran refugio a diversas formas de vida silvestre.
A pesar de la relevancia natural y ecológica la empresa desarrolladora ha fallado al presentar la documentación pertinente para demostrar la viabilidad ambiental del proyecto. Entre los incumplimientos, por los cuales se cuestiona dicho desarrollo inmobiliario se encuentran: la falta de permisos emitidos por SENARA, MOPT y SINAC, donde se garantice la legalidad del proyecto turístico, así como el pleno cumplimiento de las normativa en materia ambiental.
Una segunda polémica, se encuentra relacionada con la certificación de uso de suelo, a pesar de que la empresa cuenta con el certificado emitido por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) del 2019. Existen deficiencias en la documentación, donde se asegure el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el Plan Maestro del Polo Turístico Golfo Papagayo. En particular, con lo definido para las plantas de tratamiento de aguas residuales, elemento fundamental para mitigar impactos ambientales y garantizar la sostenibilidad en la protección de los ecosistemas circundantes.
El estudio biológico presentado por la empresa carece de la integridad necesaria para evaluar adecuadamente los impactos sobre la flora y fauna locales. Igualmente, las medidas planteadas de mitigación del riesgo ambiental resultan insuficientes para proteger especies vulnerables, como el mono congo, la tortuga roja y el tamandúa. Esto representa una omisión grave al no considerar de forma detallada la conservación de la biodiversidad en un área tan ecológicamente privilegiada.
En cuanto al estado de la cobertura forestal del área, un informe realizado en 2024 por el Ing. Álvaro Solano Acosta sobre el Polo Turístico de Papagayo resalta que la mayor parte de la propiedad presenta una densa cobertura forestal. Solo una pequeña sección del terreno carece de esta característica. Esto refuerza la idea de que el área se encuentra, en gran medida, preservada y ha mantenido su integridad natural.
El informe destaca la alta densidad de árboles en la zona, tales como el cenízaro, guanacaste y guácimos. Estos árboles constituyen elementos vitales en la conservación de la biodiversidad local, proporcionando hábitats esenciales para una variedad de especies y contribuyendo a la estabilidad ecológica del área.
Según los datos presentados, aproximadamente el 92.5% de la finca está cubierta por bosque. Este porcentaje se complementa con la identificación de áreas de matorral arbolado y zonas de protección absoluta, especialmente en aquellas áreas asociadas a recursos hídricos como ríos y quebradas. Dichas áreas representan un componente crucial en la valoración ambiental de la zona, destacando la relevancia de conservar estos ecosistemas.
Específicamente, los levantamientos muestran que 34.1 hectáreas corresponden a cobertura forestal, mientras que 4.0 hectáreas se destinan a la protección de quebradas y 2.25 hectáreas a matorrales arbolados. Por último, en el informe, se confirma la presencia de un manglar registrado, denominado «Manglar Panamá 1», el cual refuerza la importancia ecológica de la zona. Dicho ecosistema juega un papel crítico en la sostenibilidad de la biodiversidad local.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una solicitud formal a la Municipalidad de Talamanca exigiendo un informe actualizado sobre el cumplimiento del oficio ALMT-37-2022, relacionado con irregularidades en la zona marítimo-terrestre y afectaciones a un humedal.
En el documento AEL-00186-2025, con fecha del 24 de abril de 2025, Marco Levy Virgo, representante de la asociación, se dirigió al alcalde Rugeli Morales Rodríguez solicitando detalles sobre las acciones emprendidas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas por el asesor legal municipal en julio de 2022.
Según la misiva, el oficio ALMT-37-2022 ordenaba suspender permisos de construcción en el plano L-840924-2003, clausurar una remodelación en la zona marítimo terrestre y supervisar la remoción de materiales depositados sobre un humedal.
«La protección de los humedales y la zona marítimo terrestre constituye una obligación ineludible del Estado costarricense, y la Municipalidad de Talamanca, como ente responsable de la administración local, tiene el deber de garantizar el cumplimiento de las normas que resguardan estos ecosistemas», señala el documento.
La solicitud específica incluye cuatro puntos fundamentales:
Un informe actualizado de las actuaciones municipales en cumplimiento de las tareas de supervisión asignadas.
Una valoración sobre el estado actual de la remodelación dentro del plano mencionado.
Un informe técnico y legal sobre las razones por las que no se ha procedido a la demolición de estructuras en contravención.
Copias de las resoluciones administrativas relacionadas con la clausura y remoción de materiales.
El representante de la Asociación solicitó que el informe sea remitido en un plazo no mayor a diez días hábiles. La solicitud fue compartida con diversas autoridades, incluyendo la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General, la Procuraduría General, la Fiscalía Ambiental, la Secretaría Ramsar, el Ministerio de Ambiente y Energía, y la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.
Imagen con fines ilustrativos. Los humedales sufren constantemente por los proyectos inmobiliarios.
Compartimos el balance que realiza Philippe Vangoidsenhoven sobre la situación en el Caribe Sur. Volvió al terreno en Cocles para dar seguimiento a la denuncia reseñada en la nota sobre el chapeo, y lo que encontró evidencia cómo quienes realizan estas actividades ignoran deliberadamente la ley y buscan evadirla.
En el terreno donde se encuentra el contenedor —como se menciona en la nota anterior— la intervención fue detenida. Philippe nos comentó en ese momento que una estrategia frecuente de los supuestos “dueños” es enviar peones en lugar de presentarse personalmente. En esta visita, logró comprobar que también fue chapeado el terreno contiguo.
En el terreno intervenido, verificó que los árboles pequeños, entre 8 y 20 cm de diámetro, fueron eliminados, quedando únicamente los árboles grandes. Nos comenta que, en situaciones similares, estos árboles son talados o envenenados.
Estos terrenos preocupan de forma crítica, ya que se trata de patrimonio natural del Estado. Philippe recuerda: “Inscrito como tal, no es cuestión de hacer gestiones para realizar inspecciones y validar… no, ya está desde hace muchos años inscrito debidamente, como patrimonio natural del Estado”. Es decir, tanto el terreno donde está el contenedor como el colindante están bajo esta categoría. Philippe remarca: “Es parte del Estado, es bosque costero y, además, gran parte de un humedal de esta área”.
Los daños continúan a pesar de las advertencias y acciones realizadas, lo que evidencia una clara intención de imponer el cambio de uso del suelo a toda costa.
Sin rastro visible, con temor latente: la draga que podría estar operando en silencio
Otra gran pregunta que deja esta revisión es: ¿dónde está la draga que Philippe reportó en la nota anterior? Según nos comentó, ya no se ve por ningún lado. La última información indica que fue ingresada por la zona de La Unión.
Las imágenes tomadas por Philippe muestran un caminito que sube por la loma en ese terreno. El mayor temor es que la draga esté operando detrás y, como él mismo señala: “uno no puede entrar en propiedad privada, ese es el problema”, lo que impide verificar si se están dañando los bosques del lugar.
Vulnerabilidad de los humedales y zonas boscosas del Caribe Sur
Lo observado en Cocles no es un caso aislado, sino parte de una dinámica más amplia que refleja la alta vulnerabilidad de los humedales y zonas boscosas del Caribe Sur. Estas áreas, fundamentales para la biodiversidad, la regulación hídrica y la vida de muchas comunidades, enfrentan constantes amenazas por el avance de proyectos que priorizan la ganancia económica sobre la protección ambiental.
El desinterés de algunos sectores por respetar los marcos legales y ambientales se combina con la falta de acción estatal efectiva y proactiva. A menudo, las instituciones responsables llegan cuando el daño ya está hecho, y en muchos casos no se actúa con la contundencia necesaria para prevenir nuevas agresiones. Esta omisión o debilidad institucional deja el camino libre para prácticas ilegales como el chapeo, el relleno de humedales y la fragmentación del bosque.
La ausencia de una presencia estatal constante y de mecanismos de vigilancia eficaces refuerza un patrón donde el territorio se va transformando al margen de la ley. Mientras tanto, la carga de la denuncia y documentación recae cada vez más en las personas defensoras del ambiente, quienes, además, muchas veces enfrentan riesgos por visibilizar estos hechos.
Este escenario exige una respuesta urgente que combine vigilancia, aplicación de la ley y fortalecimiento de la gestión ambiental con enfoque territorial y comunitario.
Regulación y protección legal de los bosques en Costa Rica
En Costa Rica, los bosques están protegidos principalmente por la Ley Forestal N.º 7575 y otras normativas como la Ley de Vida Silvestre N.º 7317. Según la ley, está prohibido cambiar el uso del suelo en áreas boscosas, incluso si el terreno es privado. Esto significa que no se puede talar un bosque natural sin cumplir con ciertos requisitos legales.
Se considera bosque todo terreno con al menos un 70% de cobertura arbórea de especies nativas y que cumpla con ciertas condiciones ecológicas. Para realizar una tala legal, es obligatorio presentar una solicitud ante la oficina local del SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), acompañada de un Plan de Manejo Forestal elaborado por un profesional en ciencias forestales. El plan será evaluado técnicamente y, si cumple con los requisitos, el SINAC emitirá un permiso de aprovechamiento forestal.
La tala sin permiso es ilegal y puede acarrear consecuencias como multas, decomiso de madera, obligación de restaurar el daño ambiental y procesos penales. Si se sospecha de tala ilegal, se pueden presentar denuncias llamando al 911 o acudiendo a la Fiscalía Ambiental.
Este marco legal busca proteger los bosques por su valor ecológico, social y cultural, y evitar que intereses privados impongan cambios de uso del suelo sin respetar el ordenamiento ambiental del país.
El ciudadano Marco Levy Virgo presentó una solicitud formal ante la Fiscalía General de la República para que se investigue al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de humedales en el cantón de Talamanca.
La petición, remitida el 9 de abril a la oficina del fiscal general Carlo Díaz Sánchez, solicita una «investigación exhaustiva e inmediata» en relación con la causa penal 23-000041-0611-PE, vinculada al manejo del documento técnico «Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca» de junio de 2021.
Según se detalla en el escrito, Levy considera que existen acciones cuestionables sobre la administración de áreas protegidas en el Caribe Sur, específicamente en el Refugio Gandoca-Manzanillo, donde el MINAE administra aproximadamente el 60% del territorio y el 75% de sus costas, incluyendo 2.802,65 hectáreas de humedales protegidos bajo el Convenio Ramsar.
El documento menciona destituciones de personal en el Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC-SINAC), como el caso del señor Mario Cerdas Gómez, quien fue reemplazado por Maylin Mora Arias. Este proceso de nombramiento, según indica Levy está siendo investigado por la Contraloría General de la República por presunto nombramiento ilegal.
La misiva también hace referencia a la Directriz 09-2023 emitida por el jerarca del MINAE y menciona que desde febrero de 2019, mediante oficio SINAC-ACTO-AL-55-2019, se alertó a la Dirección Ejecutiva de SINAC sobre supuestas irregularidades.
En su petitoria, el ciudadano limonense solicita:
La apertura inmediata de una investigación penal contra el ministro Tattenbach Capra.
La designación de una comisión especial de fiscales para indagar actuaciones de personal del ACLAC-SINAC.
Una revisión de las acciones de empresarias y empresarios inmobiliarios que, según alega, estarían afectando áreas protegidas.
La carta fue enviada con copia a diversas instituciones, incluyendo la Defensoría de las y los Habitantes, la Contraloría General, la Procuraduría General, la Fiscalía Agrario Ambiental, la Comisión de Acceso a la Justicia, la Presidencia del Poder Judicial, la Presidencia de la Asamblea Legislativa y la Comisión de Ambiente del Poder Legislativo.
La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en el Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una creciente presión debido a ocupaciones irregulares, deforestación y modificaciones del ecosistema que amenazan su equilibrio ambiental. En Punta Uva, dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, se ha reportado la degradación de un humedal y la alteración del bosque costero.
Diversos expedientes administrativos y judiciales dan cuenta de la transformación causada por actividades humanas. A pesar de las denuncias e investigaciones realizadas, el daño ambiental no ha sido abordado con la seriedad que merece por parte de las instancias judiciales.
Personas defensoras del territorio, como Philippe Vangoidsenhoven, han manifestado su preocupación por la continuidad de estas actividades y han impulsado procesos de vigilancia ambiental, lo que ha derivado en más denuncias ante las autoridades, pero el ninguneo sigue siendo la respuesta dominante.
Impacto Ambiental y Denuncias en Punta Uva
Esta zona de alto valor ecológico ha sido intervenida durante años. Diversos informes han señalado la transformación del humedal debido a la eliminación de vegetación, excavación de zanjas de drenaje y la instalación de cercas perimetrales.
Un reportaje publicado por La Nación el 27 de diciembre de 2019 evidenció la magnitud del daño ambiental: las autoridades detuvieron un proyecto turístico que incluía cinco cabinas y una recepción, tras denuncias por afectación al ecosistema e invasión de la ZMT.
Un Inventario del Abandono: Impactos Socioambientales sin Regulación
Los siguientes hechos representan un panorama acumulativo de acciones con consecuencias directas sobre el humedal de Punta Uva y su entorno natural.
Destrucción del Ecosistema
Eliminación de vegetación del humedal y del sotobosque.
Tala de árboles jóvenes, afectando la regeneración natural del bosque.
Excavación de zanjas de drenaje, alterando la función del humedal.
Relleno de áreas con tierra y lastre, modificando el uso del suelo.
Quema de vegetación baja, ramas y troncos, contribuyendo a la degradación del ecosistema
Acciones Realizadas
Instalación de cercas con postes de cemento y alambre de púas.
Uso de parte del terreno para actividades comerciales.
Construcciones.
Violencia e Intimidación contra Personas Defensoras Ambientales
Denuncias de amenazas, insultos y agresiones verbales contra quienes han alzado la voz.
Incidentes de obstrucción a la documentación de los daños ambientales.
Actos de hostigamiento por parte de personas involucradas en estas actividades.
Papeles Llenos, Bosques Vacíos: El Contraste entre las Denuncias y la Realidad Ambiental
Durante más de 20 años, se han registrado diversas acciones y reportadas en relación con los terrenos en esta región costera protegida:
2008: Autoridades ambientales ordenaron la suspensión de obras y la restitución del terreno a su estado natural.
2009-2010: Se presentaron nuevas denuncias por eliminación de cobertura vegetal y posibles cambios en el uso del suelo.
2018-2019: Se documentaron intervenciones adicionales, incluyendo denuncias por afectación al ecosistema.
A pesar de múltiples denuncias realizadas por Philippe Vangoidsenhoven, el juicio se perdió y las medidas cautelares fueron levantadas, permitiendo que las actividades continúen hasta el día de hoy. Según Vangoidsenhoven, las autoridades judiciales prefieren esperar a que el juicio en Limón avance.
“Si es un humedal… pero ¿qué le vamos a hacer?”
Vangoidsenhoven señala que, a pesar de la inacción de las autoridades, ya se realizaron estudios que confirman que el terreno es un humedal. Sin embargo, las construcciones persisten.
En una ocasión, el MINAE paralizó las obras, pero a los pocos días la construcción se reanudó. Philippe relata que, al reportar esto, le respondieron: “Ya fuimos y notificamos, no podemos hacer más”.
Esta situación le resulta indignante. Para él, es muestra de la incompetencia institucional, pues en otros casos similares, las autoridades han regresado con la policía y detenido a quienes laboraban en el sitio. En el Caribe Sur, concluye, “las cosas funcionan según quién las pide”.
Un Vacío que Beneficia, pero Ignora el Mar
Para el defensor ambiental, toda esta situación beneficia a la Municipalidad. Durante años de monitoreo, ha observado cómo se otorgan permisos sin considerar restricciones, sin importar si se trata de un humedal o una zona pública.
“Han decidido no entender que la zona pública se mide desde la pleamar ordinaria, y no por los mojones”, señala.
“Usan los mojones porque es lo más fácil. Pero lo que estamos viendo es que el mar ya ha reclamado gran parte de la zona pública en algunos tramos. Todo se tiene que mover hacia atrás”, advierte.
Philippe nos hace un recuento de las omisiones y menciona un caso que ejemplifica esta irresponsabilidad:
«En Puerto Viejo construyeron pegado a los mojones. Ahora resulta que en esa área ya no hay zona pública, ya se fue todo. Y no solo eso, el mar está entrando y ha erosionado alrededor de dos metros debajo de esa construcción», explica.
La preocupación es generalizada:
«En toda la costa, donde deberían medirse los 50 metros de la zona pública, lo máximo que se puede medir son 20 metros. En algunos lugares, incluso menos. En Puerto Viejo centro, por ejemplo, el mar ya ha sobrepasado la línea de los mojones».
Esta situación no es nueva. Philippe recuerda el caso de Beach Break y la carretera:
«Un fin de semana, JAPDEVA y la municipalidad tuvieron que movilizar toda la maquinaria disponible para colocar enormes rocas —de más de metro y medio de diámetro— frente a la carretera. Si no hubieran hecho eso, el mar se la habría llevado. Hoy en día, esas rocas siguen sosteniéndola, pero aun así, si el mar sigue subiendo, volverá a pasar. Oficialmente, el nivel del mar ha aumentado 1.5 cm, pero en la superficie esto se traduce en cientos de metros. Con más oleaje y más fuerza golpeando la costa, el impacto es evidente».
Si no se toman medidas serias de protección ambiental y se reconoce la importancia de las regulaciones y los ecosistemas costeros, Philippe advierte que, paradójicamente, no serán las instituciones las que regulen:
«Será el mar el que haga cumplir la ley y termine demoliendo todo esto», sentencia.
La Problemática es Integral
Después de años de monitoreo y denuncia, Vangoidsenhoven concluye: “El problema es judicial y también municipal, sobre la zona pública. Se escucha a las autoridades hablando por todos lados, pero a ellas no les importa nada. Los humedales siguen siendo ignorados. Siguen usando el argumento de que no aparecen oficialmente declarados como humedales, y aprovechan esa desinformación para continuar con todo esto”.
Riesgos para las Personas Defensoras del Medio Ambiente
Nada de esto ha sido gratuito. Las personas que han promovido denuncias y procesos de monitoreo ambiental han sufrido hostigamiento e intimidación. Según testimonios de Vangoidsenhoven, los incidentes han incluido agresiones verbales, físicas y obstrucción a su labor.
Uno de los eventos más graves ocurrió el 16 de septiembre de 2019: mientras realizaba un monitoreo ambiental, una persona le lanzó una piedra que le fracturó un dedo. La situación fue muy grave, ya que tuvo que ser trasladado al Hospital Tony Facio en Limón, donde se valoró la posibilidad de amputar la mitad del dedo. Philippe explicó al doctor que es zurdo y que, de perder el dedo, tendría serias dificultades para continuar con sus labores cotidianas. Finalmente, y por suerte, el doctor logró unir el hueso y, según cuenta Philippe, «hoy día lo puedo usar normal».
Esta situación ha afectado su seguridad, estabilidad emocional y económica. Ha tenido que destinar tiempo y recursos a su protección, lo que ha impactado su negocio y su calidad de vida.
Imágenes con contenidos delicados. Son parte de los traumatismos sufridos por Philippe en su mano izquierda.
El Marco Legal y la Importancia de la Zona Marítimo Terrestre
La ZMT en Costa Rica está regulada por la Ley N.º 6043, que establece que los primeros 50 metros desde la pleamar ordinaria son de uso público y no pueden ser apropiados ni modificados. Los siguientes 150 metros pueden ser concesionados bajo estrictas regulaciones ambientales.
El Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, además, cuenta con protección especial bajo la Convención RAMSAR, lo que refuerza su importancia para la conservación de humedales.
Conclusión: Urgencia de Regulación y Protección Ambiental
En el oficio No. 030-2008-UCA-ACLAC-MINAE se solicitaron medidas cautelares como la suspensión inmediata de las obras, el desalojo y la demolición de construcciones dentro de la ZMT, así como la restitución de la zona a su estado natural y el pago por el daño ambiental causado. Pero al paso de los años, todo cambió.
El caso de Punta Uva es una muestra dolorosa de los obstáculos que enfrenta la protección ambiental en el Caribe Sur. La expansión de actividades no reguladas y la falta de medidas efectivas han provocado una degradación ambiental que afecta la biodiversidad y las comunidades locales.
La legislación ambiental debe aplicarse con rigor para garantizar la protección de los ecosistemas costeros y la seguridad de las personas que los defienden. La vigilancia ciudadana, el empoderamiento comunitario y la acción institucional coordinada son claves para revertir los daños y evitar que se repitan casos como este.
A falta de justicia, vendrán las olas
Cuando las instituciones fallan y la impunidad se impone, la naturaleza encuentra sus propios caminos para responder. La marea que avanza no distingue permisos ni escrituras; arrastra consigo la negligencia y el abandono institucional. La frase de Philippe Vangoidsenhoven resuena como advertencia y como sentencia: si el Estado no protege los bienes comunes, será el mar —con su fuerza paciente pero implacable— quien imponga los límites. El tiempo de actuar es ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que las olas arrasen no solo con lo construido, sino con la esperanza de justicia ambiental.
Esta nota se preparó a partir del testimonio de Philippe Vangoidsenhoven y la información contenida en expedientes judiciales
Esta situación no es ajena al contexto regional
Mientras se escribe este texto, el daño ambiental en toda la región del Caribe continúa. Es probable que las personas inicialmente responsables ya hayan vendido las propiedades, obteniendo ganancias económicas significativas. Sin embargo, el daño causado al ecosistema es irreversible y perdurará, afectando la biodiversidad y la salud ambiental de la zona.
Las acciones de ocupación y degradación no solo han comprometido la integridad del humedal y el bosque original, sino que también han dejado una huella negativa que impactará a las generaciones futuras.
El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una presión creciente sobre sus ecosistemas por el desarrollo urbano no regulado, el turismo descontrolado y la ocupación ilegal de tierras protegidas. A pesar de la existencia de regulaciones ambientales, la falta de cumplimiento y la corrupción han facilitado la degradación de estos ecosistemas.
Además, la criminalización y persecución de personas defensoras del ambiente es una constante en la región. Esto genera un clima de impunidad para los agresores y pone en riesgo tanto la biodiversidad como a las comunidades locales.
Este caso es una muestra más de la alta vulnerabilidad de estos territorios y evidencia el abandono institucional en la aplicación efectiva de regulaciones ambientales. No obstante, aún es posible recuperar parte del equilibrio ecológico si se fortalece la protección legal, se promueve la restauración ambiental y se respalda con firmeza a las personas y comunidades que defienden el territorio.
¿Por qué sube el nivel del mar y qué significa para Costa Rica?
El aumento del nivel del mar es una de las consecuencias más visibles del cambio climático. Se debe principalmente al derretimiento de glaciares y capas de hielo, así como al calentamiento de los océanos, que expande el volumen del agua. Este proceso se agrava con la pérdida de ecosistemas costeros como los manglares, que tradicionalmente han actuado como barreras naturales frente a la erosión y las inundaciones.
En Costa Rica, y en particular en el Caribe Sur, el impacto ya es evidente: el mar avanza sobre las costas, erosiona terrenos protegidos por ley, degrada ecosistemas como humedales y manglares, y pone en riesgo a comunidades locales que dependen directamente del entorno costero para su subsistencia. Ante esta realidad, los humedales costeros se vuelven aliados clave en la adaptación al cambio climático. Su vegetación densa y su capacidad de retención hídrica permiten amortiguar el impacto de marejadas, tormentas y oleajes extremos, protegiendo tanto la biodiversidad como la infraestructura y los medios de vida humanos. Además, estos ecosistemas almacenan grandes cantidades de carbono, ayudando a mitigar el calentamiento global. Su conservación y restauración no solo es urgente, sino esencial para garantizar un futuro resiliente y sostenible.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) presentó un comunicado advirtiendo sobre posibles daños ambientales en el Cantón de Talamanca mediante el Plan Regulador Costero.
Según el documento, el plan amenaza ecosistemas frágiles del Caribe Sur, incluyendo humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas. La asociación señala que el proyecto ignora la fragilidad ambiental de una zona que alberga el 2% de la biodiversidad mundial.
La Sala Constitucional emitió una resolución el 13 de marzo de 2025 que solicita a diversas autoridades de SINAC, INVU y la Municipalidad de Talamanca presentar informes detallados sobre el cumplimiento de una sentencia previa del 16 de febrero de 2024.
Entre las principales observaciones, la AEL destaca que:
El plan utiliza índices de fragilidad obsoletos basados en una delimitación del Patrimonio Natural del Estado del año 2017.
Una directriz ministerial obliga a funcionarios a respaldar la delimitación de 2017, desestimando estudios más recientes.
El proceso de consulta indígena, establecido por el Convenio 169 de la OIT, ha sido tratado como una mera formalidad.
La organización hace un llamado a la ciudadanía para defender el patrimonio natural y exigir transparencia en el desarrollo de proyectos que puedan afectar ecosistemas únicos.
Marco Levy Virgo, presidente de la asociación, enfatizó la importancia de preservar la biodiversidad del Caribe Sur y asegurar un desarrollo sostenible que respete el entorno natural.
SURCOS comparte los siguientes documentos como referencia:
Este 11 de febrero de 2025, vecinos de la zona de Playa Negra alertaron sobre el relleno de terreno en una finca que ya contaba con una denuncia ambiental. El defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven verificó y reportó la situación, colaboró con la policía para ubicar el sitio y constató que en el lugar también se encontraba el fiscal ambiental, quien realizaba una inspección por otra denuncia. No obstante, el fiscal intervino de inmediato para detener el relleno, que llevaba varios días en curso.
Esta finca ya había sido denunciada previamente por Philippe, dado que se trata de un humedal. Para el defensor ambiental, la actuación del fiscal representa un ejemplo de que sí es posible atender estos casos de manera efectiva. En sus palabras:
«Es una decisión demasiado buena, nunca había visto algo así en todo el tiempo que llevo luchando. Que, en el mismo momento, se diga: ‘saca esa vara de vuelta’. Y, por supuesto, se abrirá un expediente contra esa compañía…»
¿Qué está pasando? Desde hace meses, residentes han alertado sobre el impacto de actividades como la tala de bosques y el relleno de humedales, las cuales han sido señaladas como amenazas directas a los recursos naturales del área. A pesar de las intervenciones del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y otras entidades, la problemática ha persistido, generando preocupación entre ambientalistas y la comunidad local.
Playa Negra, parte del corredor biológico del Caribe sur de Costa Rica, alberga una riqueza ecológica única, siendo hábitat de numerosas especies y fuente de sustento para actividades sostenibles como el ecoturismo. Sin embargo, el desarrollo inmobiliario descontrolado y la falta de fiscalización efectiva han propiciado la degradación de estos entornos frágiles.
La orden de retiro del material en la finca denunciada marca un avance en los esfuerzos por la protección de los humedales, aunque aún persisten desafíos en la regulación y control ambiental de la zona. Es necesario que las autoridades fortalezcan las acciones de seguimiento y prevención para evitar daños irreparables y promover un desarrollo equilibrado que garantice la conservación de los ecosistemas sin afectar el crecimiento de la comunidad.
¿Por qué importa el cuidado de los humedales? Los humedales en las costas del Caribe Sur de Costa Rica desempeñan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y en el equilibrio ecológico de la región. Estos ecosistemas, que incluyen manglares, estuarios, lagunas costeras y pantanos, son vitales para la protección de la línea costera, la regulación del ciclo del agua y el mantenimiento de la biodiversidad local.
Uno de los principales beneficios de los humedales es su capacidad para actuar como barreras naturales contra la erosión costera y los efectos de tormentas y huracanes. La vegetación de los manglares, por ejemplo, reduce la fuerza de las olas y ayuda a estabilizar los sedimentos, previniendo la pérdida de tierra en las costas.
Además, estos ecosistemas son hábitats esenciales para una gran diversidad de especies, muchas de ellas endémicas y en peligro de extinción. Los humedales del Caribe Sur albergan aves migratorias, anfibios, reptiles, mamíferos y peces que dependen de estos ambientes para su reproducción y alimentación. También son refugio para especies emblemáticas como el manatí del Caribe y diversas especies de tortugas marinas.
Los humedales también juegan un papel crucial en la filtración y purificación del agua, eliminando contaminantes y mejorando la calidad del agua que fluye hacia el mar y los ríos cercanos. Su capacidad para almacenar carbono contribuye a mitigar el cambio climático, al capturar y reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera.
A nivel económico y cultural, los humedales sostienen actividades como la pesca artesanal, el turismo ecológico y la investigación científica. Las comunidades locales dependen de estos ecosistemas para su sustento, y su conservación es clave para el desarrollo sostenible de la región.
A pesar de su importancia, los humedales en el Caribe Sur de Costa Rica enfrentan amenazas como la deforestación, la contaminación, la expansión urbana y el cambio climático. La conservación y manejo adecuado de estos ecosistemas es esencial para garantizar su permanencia y los beneficios que brindan a las comunidades y al medio ambiente.
Proteger los humedales no solo significa preservar la biodiversidad, sino también fortalecer la resiliencia de las comunidades costeras ante los desafíos ambientales del futuro.
Defensores ambientales: Un pilar clave en la protección del Caribe Sur
Las personas defensoras ambientales juegan un papel clave en la protección de los humedales y en la lucha contra las amenazas que enfrenta el Caribe Sur. Su labor incluye la vigilancia y denuncia de actividades ilegales, la educación ambiental en comunidades locales y la promoción de políticas de conservación. A menudo, enfrentan riesgos significativos en su trabajo, pero su compromiso es esencial para garantizar la preservación de estos ecosistemas y el bienestar de las futuras generaciones.
Esta nota contó con el apoyo de Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental.
En julio de 2025, se prevé la apertura de un relleno sanitario cerca de la comunidad de Salamá, Osa, una región de alto valor ecológico y social. Este proyecto, que abarcará 60 hectáreas y recibirá 3,000 toneladas diarias de basura, ha despertado preocupación por los posibles impactos ambientales y sociales en las comunidades cercanas.
¿Por qué deberías interesarte? Este relleno sanitario se ubicará entre los corredores biológicos Fila Cruces y Osa, cerca de nacientes y humedales como el Térraba-Sierpe. Los lixiviados, un líquido altamente contaminante que se genera cuando el agua entra en contacto con la basura, podrían afectar el agua que abastece a las comunidades de Finca Puntarenas y Salamá, quienes dependen de pozos artesanales y ríos para su consumo diario.
Además de la contaminación, el proyecto podría alterar el flujo hídrico de la región, causar pérdida de biodiversidad y generar conflictos socioambientales debido a olores, tráfico y el uso del territorio.
¿Qué podemos aprender? En nuestra infografía, exploramos los riesgos de este proyecto, su impacto en la naturaleza y la necesidad urgente que tenemos por pensar y exigir a nuestras autoridades alternativas para un manejo más sostenible de los residuos.
Esto es una invitación para que reflexionemos juntos y juntas sobre cómo proteger los bienes naturales y garantizar una mejor calidad de vida para nuestras comunidades.
Les compartimos el Recurso de Amparo dónde la Sala Constitucional le ordena a Presidente de la ASADA de Piedras Blancas de Osa que otorgó disponibilidad de agua a empresa desarrolladora de Relleno Sanitario en Osa a rendir cuentas ante consultas de la comunidad de Salamá de Osa y el diputado Ariel Robles Barrantes.
La Defensoría de los Habitantes realizó una intervención de oficio por la afectación que sufrió el humedal de Coris, ubicado en Cartago, el cual debe ser conservado y protegido.
Al caso se sumó una denuncia de un habitante ante la Defensoría, quien detalló los daños al ecosistema causados por una construcción de proyectos agrícolas y urbanos en una propiedad privada en Coris, contigua al humedal. El habitante reclamo acciones inmediatas, incluyendo la paralización de las obras, una evaluación exhaustiva de los daños y la intervención de una comisión interinstitucional para garantizar la protección y recuperación del humedal. Incluso, un grupo de vecinos presentó varias denuncias ante la Municipalidad de Cartago y el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE).
Tras una inspección de la Municipalidad de Cartago se clausuraron las obras, debido a la falta de trámites o solicitudes de permisos de construcción y verifica si las edificaciones vecinas a los cuerpos de agua se encuentran dentro del área de protección que establece la Ley Forestal. De ser así, se procederá con la demolición una vez cumplido el debido proceso. Es importante destacar que, la Defensoría verificó que las instituciones competentes en este caso han venido realizando las acciones correspondientes para detener y prevenir la afectación al humedal. No obstante, con el objetivo de que se proteja la calidad de vida de las personas y el medio ambiente, giró varias recomendaciones a las autoridades competentes, MINAE y Municipalidad de Cartago.
Al MINAE la Defensoría le recomendó:
– Informar sobre la conclusión del proceso de elaboración de los dictámenes a nacientes y humedal tanto de la Dirección de Agua y del Departamento de Recurso Hídrico del Área de Conservación Central así como remitir el cronograma de las acciones a realizar a partir de estos dictámenes.
– Coordinar con las instancias correspondientes las acciones necesarias, para evaluar el daño ambiental ocasionado al humedal de Coris y verificar, en el campo, que el plan remedial que se presente, garantice la restauración del área protegida.
– Gestionar las sanciones administrativas dispuestas en la normativa nacional ante la violación de protección ambiental por conductas de acción u omisión dañinas al ambiente.
– Elaborar una estrategia de protección y conservación del humedal tal y como lo dispone el Política Nacional de Humedales 2017-2030 y procurar su cumplimiento en el mediano plazo.
A la Municipalidad de Cartago se le recomendó:
Mantener la paralización de las obras en la propiedad afectada hasta que se confirme oficialmente la existencia del humedal y se determine su área de protección.
En coordinación con la Oficina Subregional Cartago del Área de Conservación Central, continuar con los patrullajes interinstitucionales para evitar nuevas infracciones ambientales y verificar que se cumplan las órdenes de paralización.
Implementar políticas de planificación territorial que prevengan futuras afectaciones al humedal y crear zonas de amortiguamiento alrededor de las áreas protegidas para limitar actividades comerciales y agrícola.
Lenin Corrales Chaves, académico de la Universidad Nacional de Costa Rica, presenta un artículo que explora en profundidad la importancia de los humedales y los desafíos que enfrenta su conservación en el contexto de una crisis ambiental global. En su análisis, Corrales Chaves detalla cómo estos ecosistemas ofrecen servicios fundamentales, desde la regulación hídrica y la preservación de la biodiversidad hasta su papel en la seguridad alimentaria y el bienestar urbano. También aborda la situación de los humedales en Costa Rica y subraya la necesidad de políticas sostenibles que integren sectores como la agricultura y la planificación urbana, ofreciendo además soluciones que se alinean con la Agenda 2030 de la ONU.
Este artículo invita a repensar la relación de la humanidad con la naturaleza, promoviendo un enfoque coordinado y global para asegurar que los humedales continúen brindando sus beneficios ecosistémicos en el futuro. A través del enlace proporcionado, los lectores interesados podrán acceder al resumen y texto completo, donde se profundizan estas reflexiones y se destacan las oportunidades de acción y colaboración para avanzar en la conservación y restauración de los humedales.
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