Vladimir de la Cruz
(Intervención del Vladimir de la Cruz en el acto conmemorativo del 100 aniversario del Instituto Nacional de Seguros y del 80 aniversario de la Caja de ANDE, organizado por La Caja de ANDE, el viernes 20 de setiembre del 2024)
En la segunda mitad del siglo XIX, como parte del desarrollo económico y social del país, empezaron a diferenciarse las clases sociales y los grupos o estamentos que ellas comprendían.
La sociedad costarricense, de hecho, se mostraba como una sociedad socialmente igualitaria sin considerar que en lo político, sí se habían marcado fuertemente diferencias las que se expresaron en la forma de escoger y elegir las autoridades públicas por el sistema de exclusión de mujeres, de analfabetos, de los que no cumplían con las sumas económicas que se exigían para formar parte de los electores, por la selección de electores, mediante el sufragio indirecto, por el voto público, entre otros aspectos.
Liberales y Conservadores no fueron partidos políticos que se desarrollaron, como sí sucedió en Centroamérica. Los partidos políticos surgieron hasta 1889-1890, y a partir de allí, solamente por medio de ellos se podía aspirar a ser candidato a puestos de elección popular, momento en que el movimiento liberal se expresa en diferentes organizaciones políticas con propósitos electorales. Dentro del movimiento liberal se manifestaron también las ideas conservadoras, a veces sin una clara diferencia. Así, quienes se llamaban miembros del partido liberal antes de 1889 lo hacían identificándose con el ideario político liberal.
La sociedad costarricense, desde el punto de vista social, empezaba a expresarse dividida, cuando iniciaron las primeras organizaciones de carácter mutualista, de apoyo mutuo, de socorros mutuos o de mutuo auxilio, en la segunda mitad del siglo XIX.
Este tipo de organizaciones fueron policlasistas. En ellas se podían organizar trabajadores, artesanos, obreros, patronos y hasta estudiantes. Su finalidad esa ayudarse en determinadas circunstancias, habida cuenta que no existía una protección estatal frente a accidentes de trabajo, enfermedad o riesgos laborales, cesantía o muerte de los trabajadores, entre otros aspectos. Esto hizo que mediante estas organizaciones los trabajadores, los artesanos, los obreros, los patronos se organizaran de manera que con este tipo de organizaciones se pudieran cubrir esas necesidades. Así, voluntariamente se organizaban trabajadores, artesanos, obreros, patronos, obligados a dar una cuota que se depositaba en una Caja de Ahorros, de la cual se sacaba el fondo de auxilio que se necesitaba, a modo de una ayuda en dinero, por una única vez, el trabajador enfermo, incapacitado o accidentado, que se tenía que separar de su trabajo, para garantizar un subsidio económico puesto que estatalmente se carecía de un sistema de protección para estas eventualidades, y se carecía de un sistema de seguridad social, como el que existe hoy.
Hacia 1874, por iniciativa del sacerdote Francisco Calvo, quien fue Capellán del Ejército Nacional, en la Guerra Nacional y Centroamericana contra los filibusteros norteamericanos, en 1856 y 1857, quien también fue el fundador el movimiento masónico costarricense, en 1865, surgieron las sociedades clasistas de trabajadores, de obreros y de artesanos, en las cuales solo esos grupos de trabajadores podían organizarse en ellas.
Así coexistieron, hasta finales del siglo XIX, las sociedades mutualistas, de socorros mutuos, de mutuo auxilio, de apoyo mutuo con las sociedades de trabajadoras, de artesanos o de obreros, todas ellas con iguales propósitos de protección de los trabajadores. Estas organizaciones ya marcaban una sociedad dividida en clases sociales, como empezó a perfilarse a partir de ese momento.
En 1886, con el auge del movimiento liberal y de la identificación política con el partido liberal, que organizadamente no existía en ese momento, el Lic. Félix Arcadio Montero, el último Presidente y Rector de la Universidad de Santo Tomas, impulsó la creación de un partido de Obreros y Artesanos. En 1893 impulsó el Partido Independiente Demócrata, que enfatizaba en ese carácter clasista, dividido de la sociedad costarricense, cuando llamaba a votar a los chaquetas, a los descalzos y descamisados contra los levitas y los del Olimpo, enfatizando en esa división social y política de los costarricenses al finalizar el siglo XIX.
El llamado de Félix Arcadio obligó a que los partidos liberales que emergieron establecieran dentro de sus estructuras político organizativas, Clubes de Obreros, Clubes de Artesanos y Clubes de Trabajadores identificados con esos partidos liberales, como para contrarrestar la influencia del Partido Independiente Demócrata. En ese final de siglo XIX, eso hizo posible que el partido Independiente Demócrata eligiera diputado a Félix Arcadio Montero y a Faustino Montes de Oca y uno de los partidos liberales eligiera, como representante de los trabajadores, a Víctor Gölcher.
Durante la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX el, país tuvo cambios económicos significativos. Ya se había desarrollado la electricidad. Desde 1884 se había iniciado el iluminación pública en la ciudad de San José, proceso que hacia 1897 alcanzaba a las ciudades de Alajuela, Heredia y Cartago. San José fue la tercera ciudad que iniciaba la electricidad pública. Hacia 1897 la electricidad se había extendido a las ciudades de Alajuela, Heredia y Cartago y se iniciaba para el servicio doméstico. En ese período se construyeron los Barrios de Aranjuez y el Amón; se impulsaron grandes obras de ingeniería y arquitectura, el edifico metálico, la cárcel de San José, hoy Museo del Niño; los edificios metálicos que existen hoy en la Avenida Central, edificios alrededor de la Librería Lehman, el edificio de los Correos Nacionales, la estación del Ferrocarril al Atlántico, el inicio de la construcción del Ferrocarril al Pacífico, la construcción e inauguración del Teatro Nacional, con electricidad incluida. Se impulsó en este período una transformación en la economía que hizo surgir industrias manufactureras, de textilería, de gaseosas y cervezas, ya existía la Fábrica Nacional de Licores, de la industria gráfica. Ya existía un prensa diaria desde 1886 y abundante cantidad de periódicos.
Desde 1871 se gozaba de una estabilidad política, que daba la Constitución de ese año, que llegó hasta 1948, con la interrupción que se produjo entre 1917 y 1948. La Constitución Política con el fortalecimiento del régimen municipal contribuyó a la estabilidad política de continuidad y alternabilidad de gobiernos, en general, cada cuatro años.
Desde la Fundación de la República, el 31 de agosto de 1848 hasta 1948 hubo 41 gobiernos, considerando la cronología de Presidentes que dirigieron el Poder Ejecutivo en esos 100 años. Algunos de ellos fueron reelectos como lo fueron José María Castro María, Juan Rafael Mora Porras, José María Montealegre, Jesús Jiménez Zamora, Tomás Guardia Gutiérrez, Aniceto Esquivel Sáenz, Próspero Fernández Oreamuno, Bernardo Soto Alfaro, Rafael Iglesias Castro, Ricardo Jiménez Oreamuno y Cleto González Víquez. La estabilidad política, durante todo el período de la República fue bastante sólido, con algunos breves períodos de excepción, asegurando las transiciones de gobiernos por el período de su elección.
A partir de 1886 el desarrollo del diarismo, de la prensa diaria, promovió también una gran cantidad de periódicos, a modo de una prensa social, que recogían los puntos de vista de los sectores laborales y se expresaban y divulgaban sus principales problemas sociales.
Los cambios originados en la economía nacional hicieron surgir cambios en las empresas, que a su vez hicieron que se superaran las organizaciones de las sociedades mutualistas, de socorros mutuos, de mutuo auxilio, de apoyo mutuo; las sociedades de trabajadoras, de artesanos o de obreros, para hacer surgir las Ligas de Obreros y los Sindicatos, tal y como ahora existen, desde 1901.
La expansión del capitalismo agrario cafetalero, al norte del Valle Central, obligó a que pequeños productores se asociaran en una cooperativa para enfrentar la expansión del cafetalero Julio Sánchez, originando al movimiento cooperativo, de empresas de producción. Más tarde, alrededor de la década de 1920 empezaron a surgir otras formas de cooperativas, de servicios entre ellas, impulsando desde entonces el movimiento cooperativo nacional en sus diversas modalidades, fortalecido con la creación del Banco Nacional de Costa Rica, cuando en su fundación se creó el Departamento de Cooperativas, recibiendo el apoyo institucional del Estado.
A inicios del siglo XX la expansión de la United Fruit Company, ya creada desde 1899, sometió a su control la producción de banano de los productores nacionales, que quedaron regulados por el Contrato bananero de 1884, dando origen a los movimientos antiimperialistas y nacionalistas, hasta 1935, que luchaban contra las cláusulas de los contratos que se consideraban lesivas a los intereses de los productores nacionales. Entre 1901 y 1935 dos grandes cafetaleros se distinguieron en esa protesta nacional, Ernesto Rohrmoser y Manuel Francisco Jiménez Ortiz, acompañados en esa lucha bajo la diputación de Ricardo Jiménez Oreamuno, en el período legislativo de 1906-1910, junto a los movimientos anti imperialistas y nacionalistas de la década de 1920-1930.
El siglo XX inicia, de esta forma, con estructuras sociales organizativas más sólidas y combativas de los sectores laborales, sindicatos, federaciones y confederaciones sindicales, con la celebración del 1 de mayo desde 1913, como día internacional de los trabajadores, y con nuevas demandas laborales entre ellas alzas de salarios, jornada de trabajo de ocho horas, luchas por mejoras en las condiciones de seguridad e higiene ocupacional y la ley de accidentes de trabajo, que se pelea desde 1908 hasta 1925.
La lucha por la jornada de ocho horas pasa por luchas y huelgas desde 1918, concentrándose en el año de 1920, desde finales enero e inicios de febrero hasta diciembre cuando se aprobó de manera definitiva la jornada de ocho horas diarias, se reconoció, a la vez, el derecho de huelga y el de organización sindical.
En estos años se establecieron importantes contactos internacionales para el movimiento sindical, incluso de participación en 1890, cuando se intentó organizar un Congreso de Obreros Centroamericanos; cuando se impulsó en 1911 la Confederación Obrera Centroamericana, COCA y otro Congreso Obrero Centroamericano; en 1919, en la creación de la Confederación Obrera Panamericana, COPA, donde el movimiento obrero costarricense se hizo representar con Joaquín García Monge. Hubo contactos con el movimiento obrero español dirigido por Pablo Iglesias; con el movimiento obrero chileno dirigido por Luis Emilio Recabarren y con el movimiento obrero mexicano de la Revolución Mexicana, la Confederación Revolucionaria Obrera de México, CROM, que dirigían los hermanos Flores Magón. Ricardo, su principal dirigente, era el que mantenía correspondencia con José María Zeledón Brenes, el autor de la Letra del Himno Nacional, quien en su condición de Secretario del Centro de Estudios Sociales Germinal, era el vínculo intelectual del movimiento obrero costarricense con la CROM.
Las luchas sociales en el primer tercio del siglo XX se manifestaron también en varias huelgas bananeras y luchas agrarias, las que adquirieron un dramático escenario, el del incendiarismo agrario, que era la forma de protesta más violenta de campesinos contra sus condiciones de trabajo, imitando quizá las formas ludistas del siglo XIX, cuando los trabajadores contra sus malas e inseguras condiciones de trabajo promovieron la consigna de destruir las máquinas de trabajo, de dañarlas, para paralizar la producción, considerando que con ello se acababan las condiciones brutales de su explotación.
Las luchas agrarias en el Valle Central tuvieron esa forma. De ellas se aprovecharon algunos propietarios de tierras, que tenían aseguradas sus cosechas en Panamá, para cobrar sus seguros, lo que se convirtió en un gran negocio para algunos de esos propietarios que también impulsaron quemas con ese propósito, e hizo surgir la necesidad de impulsar la protección, por medio de seguros, de esas actividades económicas, con sus trabajadores, y de asegurar las mismas actividades económico productivas.
En el campo político costarricense, el siglo XX va a conocer el desarrollo de los partidos políticos, de las corrientes políticas más importantes, algunas de ellas surgidas desde el siglo XIX, y la evolución histórica del sufragio y de los derechos políticos de los costarricenses.
Del siglo XIX se proyectarán las ideas anarquistas, socialistas, comunistas, social cristianas, socialdemócratas, y de los movimientos reformistas, de distinta naturaleza, las que se proyectaron y concretaron en nuevos partidos políticos que enfrentaron el tradicional modelo de los partidos liberales que venía desde el siglo XIX.
El ideario político de estos partidos introduce nuevos temas en la agenda política nacional, entre ellos los temas relacionados con los derechos y libertades políticas, con derechos sociales y laborales, con los beneficios sociales y con instituciones sociales estatales.
El desarrollo del sufragio condujo a la superación de voto indirecto cuando en 1913 se estableció el voto directo, al voto secreto cuando se estableció en 1924, a la determinación de que los procesos electorales se resolvieran con el 40% de votos, todas estas importantes reformas electorales impulsadas por el Presidente Ricardo Jiménez Oreamuno, en sus gobiernos, el mismo Presidente en cuyo gobierno, en 1924, se aprobó y estableció el Banco de Seguros.
En 1949, con la Constitución de 1949, se estableció el sufragio universal, con el reconocimiento del voto de la mujer. En 1946 se había aprobado un Código Electoral, que llegó hasta el 2009, que incluyó la creación del Tribunal Nacional Electoral, que la Junta de Gobierno también le cambió de nombre a Tribunal Supremo de Elecciones.
En este contexto histórico, político y social se van a desarrollar los ejes que condujeron la fundación del Banco de Seguros en 1924, como la primera institución nacional que tendría a cargo la protección de los sectores productivos nacionales y de los trabajadores en las formas correspondientes con que hoy se protegen al amparo del Instituto Nacional de Seguros, que es la institución que nace a los veinte días del mes de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, cuando la Junta de Gobierno, fundadora de la Segunda República, por el Decreto Ley No. 26, toma el acuerdo de cambiarle el nombre al Banco de Seguros y bautizarlo como Instituto Nacional de Seguros. Hay que entender, por el Decreto, que no se creó una nueva institución, que tan solo se le cambió de nombre y se integró, en ese mismo Decreto una nueva Junta Directiva, con sus Directores propietarios y. Suplentes, constituida esa primera Junta del Instituto Nacional de Seguros por Alfredo Moya Saravia, José María Cañas Iraeta, Andrés Brenes Mata, Eitel Soley Carrasco, Alberto Morúa Rivera, los suplentes Marcos Madriz Quesada, Wilbur Clausen Alvarado, Fernando Goicochea Quirós, Luis Alberto Monge Álvarez, como Gerente, Enrique Lara Fernández y Subgerente Fidel Tristán Castro.
El Decreto de constitución del INS estableció que “seguirá rigiéndose por las leyes y reglamentos del antiguo Banco Nacional de Seguros, en lo que no se opongan al presente decreto.”, lo que refuerza tan solo en el cambio de nombre, y lo que valida que se esté celebrando hoy el Centenario del Instituto Nacional de Seguros.
En este contexto histórico es que valoro el surgimiento del Banco de Seguros y del Instituto Nacional de Seguros, respectivamente. Los hitos de estas instituciones podemos señalarlos en la siguiente cronología general.
En la década de 1840 se inician las exportaciones de café a Europa, especialmente hacia Inglaterra y Francia. Con estas exportaciones se menciona la existencia de las primeras compañías aseguradoras, que estaban orientadas primero a atender las tragedias provocadas por los incendios y luego con seguros de vida, así como con las operaciones que se canalizaban con el Banco Anglo Costarricense, que había sido fundado en 1863.
En 1865 el Banco inició un seguro de incendios, en alianza con la compañía de seguros Allan Wallis y Co., agente de The Royal Insurance Company, que había surgido en 1845. Este año, de 1865, se inició la atención de los incendios en San José para lo cual se contaba con el sistema de cañería que se acababa de inaugurar.
Las modalidades de seguros que fueron desarrollándose estuvieron ligadas a las formas mutualistas de organización que existieron. Así se dieron Hermandades del Socorro, bajo el amparo de la Iglesia Católica, para enfrentar desastres naturales, y el Montepío, que protegió militares, lo que era una herencia española.
Con la Declaratoria de la República de Costa Rica, en 1848, se desarrollaron las relaciones diplomáticas de Costa Rica y el reconocimiento internacional de nuestro país, a partir de la década de 1850. En esa década se establecen empresas como La Tutelar o Compañía General Española de Seguros Mutuos sobre la Vida y La Caja Universal de Capitales; La Paternal o Compañía Peruana de Seguros Mutuos sobre la Vida; La Equitativa o Compañía de Seguros sobre la Vida (The Equitable Life Assurance Society), norteamericana, The Sun Life Insurance Company of Canada (El Sol, Compañía de Seguros de Vida de Canadá, empresas a las que se asociaron importantes personajes de la producción y del capitl nacional, como Ernesto Rohrmoser, Manuel Luján, la firma Luján & Mora.
En 1882 inició sus operaciones The New York Life Insurance Company (Compañía de Seguros de Vida de Nueva York).
Los seguros se fueron extendiendo a casas edificios, maquinarias y equipos, mercaderías, en Puntarenas y en las ciudades del Valle Central.
La empresas inglesas fueron dominando, en ese tiempo, el mercado de los seguros. A las existentes se sumaron “La Northern de Londres y Aberdeen” representada en el país por la firma “Le Lacheur Dent & Co.”, firma que había iniciado el comercio del café.
Las sociedades mutualistas de la segunda mitad del siglo XIX jugaron un papel importante en la solidaridad y ayuda entre los trabajadores.
A partir de 1895 se estimuló y abrió el escenario para el desarrollo de empresas comercializadoras de seguros de riesgos.
En 1896 se promovió un Proyecto de ley de Seguros contra incendios, primero de establecimientos comerciales y luego de viviendas.
Desde 1896 hasta 1917 operaba la Sociedad Costarricense de Seguros de Vida. También existió la Sociedad de Seguros de Vida El Hogar y la Sociedad de Economías de Guadalupe. El magisterio tenía un seguro de vejez ya en 1924.
En materia de accidentes de trabajo, en 1907, se impulsó un Proyecto de Ley sobre Accidentes de Trabajo, también conocido por Ley Pinto, estableciendo obligaciones de los patronos frente a sus obreros o trabajadores accidentados. Esta Ley proponía crear un sistema de cajas cooperativas de socorros, probablemente siguiendo la tradición de las anteriores sociedades mutualistas y sus cajas de ahorros.
En 1907 el diputado Alberto Vargas Calvo propuso un Proyecto de Ley, mejor elaborado, para socorrer trabajadores frente a enfermedades y accidentes de trabajo. Coincidía con las demandas de los trabajadores agrícolas, lucha que se sostuvo hasta 1925, cuando se aprobó a la Ley de Accidentes de Trabajo.
El 5 de diciembre de 1910 se estableció la Compañía Nacional de Seguros con capital mixto costarricense, panameño y colombiano.
En El Salvador se aprueba, en 1911, una Ley de Accidentes del Trabajo, que se cita en las discusiones parlamentarias de Costa Rica.
Al mismo tiempo que se discute esta ley se introduce la discusión de un proyecto de ley de seguros. En el Proyecto de Ley se contemplaba el salario o remuneración que el trabajador afectado debía recibir de su empleador.
En 1914 el diputado Luis Anderson, y seis diputados más, presentaron otro Proyecto de Ley de Accidentes de Trabajo. En 1921, un diputado, dirigente obrero importante de esos años, Gerardo Matamoros, presentó otro Proyecto de Ley. Los opositores legislativos señalaban que no se necesitaba una Ley especial porque el Art. 1048 del Código Civil, en el que se regulaba la materia laboral, se trataban temas sociales.
Estas discusiones se dieron al calor del ascenso de la Presidencia de Alfredo González Flores, de sus medidas reformistas para enfrentar los efectos de la crisis provocada por la Guerra Mundial, que se daba en Europa, 1914-1918, y la oposición a ellas; por el golpe de Estado realizado por su Secretario de Guerra y Marina, y la dictadura instaurada, por Federico Tinoco Granados, sus dos años de gobierno y la lucha contra esa Dictadura y los movimientos sociales que se dieron a su alrededor, hasta la reconstitución del régimen democrático a partir del gobierno de Julio Acosta García, 1920-1924.
En 1922 se dio otra Ley de Seguros, con visión más nacional, en tanto las anteriores eran más copia de leyes extranjeras.
El gobierno de Alfredo González Flores impulsó un nuevo concepto de Estado, Reformista, en el cual una de sus Reformas fue el establecimiento de un Banco de Crédito Hipotecario, impulsó una Reforma Tributaria, con un impuesto sobre la renta, en la cual “el rico pagara como rico y el pobre como pobre”; prohibió la exportación de oro y plata, impulsó un Banco estatal, el Internacional de Costa Rica, sometiendo los privados a su control, aspectos, entre otros, que se sumaron para darle el Golpe de Estado.
Su gobierno también impulsó en 1915 una Ley de Accidentes de Trabajo, bajo la protección del Banco Internacional de Costa Rica. También creó la Pagaduría Nacional para pagar los sueldos de gobierno; atacó la crisis monetaria y la inflación, estableció un impuesto a la exportación de café y aumentó el impuesto a las herencias; creó las Juntas de Crédito Agrícola para estimular la producción; atendió la especulación y combatió a los acaparadores de productos.
Con el gobierno dictatorial de Federico Tinoco se elaboró una Constitución Política, que avanzadamente estableció en su artículo 10 políticas sociales por parte del Estado. Despidió educadores, cerró y fusionó escuelas.
En 1918 declaró en interinazgo a todo el personal escolar y colegial. La Escuela Normal con sus profesores, Joaquín García Monge, Omar Dengo, Carmen Lyra, Lilia González, Rómulo Tovar, García Flamenco, lo enfrentaron. A la caída de la dictadura se impusieron los educadores al frente de la institucionalidad.
En este último período, 1917-1923 tres partidos y movimientos políticos sonaron, el Centro Socialista de Costa Rica, del Dr. Aniceto Montero, el Partido Agrícola, con Alberto Echandi y el Dr. Francisco Cordero, y el Partido Reformista, del sacerdote Jorge Volio, que recibió el apoyo de la Confederación General de Trabajadores, como nuevas banderas políticas nacionales frente a los partidos liberales.
Las elecciones de 1924 las ganó Ricardo Jiménez Oreamuno, con el Partido Republicano, quien impulsó el Proyecto de Ley de Reparación de Accidentes de Trabajo, que terminó aprobado como Ley de Accidentes de Trabajo, en 1925.
Al mismo tiempo de esta discusión se presentó un Proyecto de Ley para monopolizar los seguros, en los diversos tipos de negocios y actividades, por parte del Estado. Jorge Volio insistió que el seguro del Estado era el mejor seguro que podía establecerse.
Tomás Soley Güell, Ministro de Hacienda, era quien promovía y defendía, en el Congreso, la creación del Monopolio de Seguros, tema que se venía discutiendo desde 1922. Igualmente creía que la Ley de Accidentes no podía existir sin un seguro del Estado.
El movimiento obrero reformista se movilizó por obtener la Ley como parte del seguro obligatorio en el Banco de Seguros del Estado, la que entró en vigencia dos meses después de que el Banco Nacional de Seguros avisara que estaba listo para asumir los riesgos del trabajo. Así, la Ley de Accidentes del Trabajo tuvo de padrino al Banco Nacional de Seguros. El Banco protegió a los trabajadores en su dignidad laboral frente a los accidentes de trabajo.
Desde 1920 hasta 1924 se discutió en la prensa y en el Congreso el carácter monopolizador del Banco Nacional de Seguros, imponiéndose esta opinión.
A partir de entonces, el Banco Nacional de Seguros se insertó positivamente en el desarrollo institucional y democrático del Estado costarricense. Nació como una institución autónoma, descentralizada, con funciones propias, específicas e indelegables. Nació con la función de asegurar, de reasegurar y de coasegurar, dentro y fuera del país. Desde su origen se le delegó a la Junta Directiva la capacidad de nombrar el personal y distribuirlo en la forma que considerara conveniente. Su primer grupo de agentes fue constituido por dos mujeres y 22 hombres.
Quedaron fuera del ámbito de su competencia las sociedades nacionales de seguros de vida cooperativo mutuo, existentes en ese momento.
El Banco Nacional de Seguros se puso al servicio de los intereses nacionales. Se le estableció que del producto líquido del monopolio debería destinarse un 25% al fondo acumulado de reserva y un 7% a mantener el servicio que resultare de construcciones de caminos. Igualmente, apoyaba programas de habitaciones, cosechas hasta en un 25%.
La Ley obligaba a todos los empleados del Estado a asegurarse, para garantizar un seguro de vida y pensiones vitalicias para quienes hubieren cumplido una larga trayectoria de trabajo para el Estado. Se exceptuaba de la Ley constitutiva al personal docente de la República, que estaba amparado a la ley de Pensiones del Magisterio.
Desde el origen, al Banco se le encargó la atención del Cuerpo de Bomberos, que dependía del Ministerio de Gobernación, para lo que se contrataron expertos extranjeros para garantizar su funcionamiento, bajo la dirección de un Estado Mayor.
En 1931 asumió el monopolio del Seguro de Fidelidad y entre 1931 y 1932 construyó su primer edificio, entre calle 10 y avenida central de San José.
En la década de 1940 cubrió los seguros de automóviles, y ante el peligro de la II Guerra Mundial, sobre todo cuando se declaró la Guerra al eje nazi fascista, en diciembre de 1941, se estableció el Seguro contra Bombardeos, temiendo ataques nazis por la cercanía con el Canal de Panamá. Después se agregaron las coberturas de Temblor, Terremoto, Gastos Médicos, Accidentes personales, seguros de aviación, marítimos y otros.
Con el Decreto Ley de 1948, que le cambió el nombre a Instituto Nacional de Seguros, se mantuvo su condición de institución autónoma.
En la década de 1950 el Instituto abarcó toda la geografía nacional en su proyección institucional.
En 1969 quedó bajo su amparo un Seguro Agropecuario y, desde 1973, se le asignó el Seguro Obligatorio de Vehículos Automotores con la noble finalidad de proteger a las víctimas de accidentes de tránsito, como un seguro solidario.
En 1982 asumió la universalización de los Seguros de Riesgos Profesionales.
En el 2008 se aprobó La ley No. 8653, Reguladora del Mercado de Seguros, y la Superintendencia General de Seguros, con la intención de profundizar en el mercado de seguros y su desarrollo, tema que se venía discutiendo desde el año 2003, a cuyas nuevas reglas se adaptó el Instituto Nacional de Seguros. La ley de la Superintendencia creó las condiciones jurídicas para proteger al consumidor de seguros.
Con esta ley se abrió el mercado de seguros, hasta entonces monopolizado por el Instituto Nacional de Seguros, lo que ha permitido que hoy haya más de una docena de empresas aseguradoras, con una oferta superior a 500 posibilidades de productos de seguros para cubrir las diversas necesidades personales, familiares, empresariales e institucionales, y alrededor de 20 sociedades corredoras de seguros.
El INS sometido a esta situación se ha obliga a modernizarse más para seguir ocupando ese papel rector que le vio nacer desde hace 100 años.
El 12 de diciembre del 2013, bajo el cuidado del INS, se inauguró el Hospital Nacional de Trauma, como un Hospital de primer mundo, un hospital altamente especializado en atención de víctimas de accidentes de tránsito, con la mayor tecnología de la ciencia médica al servicio de los pacientes accidentados bajo su atención y servicio.
En materia magisterial el cambio importante se dio en el gobierno de Jesús Jiménez Zamora, cuando con motivo de la ley que impulsó la obligatoriedad de la enseñanza primaria gratuita y costeada por el Estado, en 1869, se reconoció al personal escolar como una parte muy importante de los funcionarios del Estado, estableciendo su escalafón y categorías.
Los educadores se identificaron con las Reformas Liberales e impulsaron diversos núcleos organizativos. Entre 1872 y 1883 hubo casi una veintena de sociedades cooperadoras de la educación y científico culturales, y sociedades de estudio.
En la década de 1890 hubo reconocimiento salariales para el magisterio. Así, por ejemplo, el Director del Liceo de Costa Rica ganaba más que un diputado, un gobernador o el comandante del Cuartel Principal y los profesores ganaban igual que el Secretario del presidente de la República.
Al iniciar el siglo XX, un grupo de educadores impulsó la fundación de la Sociedad de Economías de los Maestros, con participación de mujeres y hombres, como una sociedad mutual. Allí estuvieron Manuel Aragón Quesada, Justo A. Facio de la Guardia, Miguel Obregón Lizano, Napoleón Quesada, Alfredo González Flores.
En 1901 se intentó fundar, impulsado por Pedro Pérez Zeledón, un Monte de Piedad para atender las carencias y pobrezas de los educadores.
En 1916 se había creado la Asociación de Inspectores Escolares de la República, que impulsó en 1918 la creación de la sociedad de Socorro Mutuo del Personal Docente. En 1917 se había constituido la Asociación del Profesorado Nacional.
Para 1920 existía la Asociación Nacional del Magisterio, que existía desde el 11 de junio de 1919, dirigida por Patrocinio Arrieta, Lilia González, Graciela Martínez, María Isabel Carvajal, Anita Cantillano, María Francisca Caballero, José Antonio Carvajal y Eduardo Fournier, entre cuyos fines se propuso crear un Banco para maestros.
El año de 1920 se aprobó la Ley del Pensiones del Magisterio y la Ley de Socorro Mutuo del Personal Docente y, en febrero de 1920, se aprobó la jornada de ocho horas, que fue extendida a todo el país en diciembre de 1920. Las pensiones para maestros se habían establecido desde 1886, en la Ley General de Educación Común.
En 1916 se dio una Ley de Pensiones para los maestros.
El 11 de setiembre de 1923 se aprobó la Junta Administradora del Fondo de Pensiones.
Los socorros mutuos tenían más cobertura que la ley de pensiones y jubilaciones.
En el Código de Educación aprobado y derogado en 1920 se proponía formar y organizar Cajas de Ahorro.
En 1924 el gobierno de Julio Acosta aprobó la Ley de Jubilaciones y Pensiones del Magisterio.
En 1925 Jorge Volio propuso la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio, con carácter obligado para los educadores, con la cual se legalizó el seguro de vida mutual. La Sociedad quedó bajo control de la Secretaría de Educación, entidad que fue sometida a ocho proyectos de ley entre 1925 y 1944, hasta la aprobación del Código de Educación, el 26 de febrero de este año.
Entre 1925 y 1940 hubo una serie de organizaciones y movimientos magisteriales en torno a los beneficios y obligaciones que se tenían con el sistema de jubilaciones y pensiones.
Con el surgimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, en 1940, se inició un proceso de cobertura del seguro social de manera muy limitado y lento desde el principio hasta 1956. En 1946, cuando se quiso ampliar la cobertura, una huelga médica lo impidió.
En 1934 se desarrolló la idea de fundar una institución económica y financiera del magisterio nacional, que hizo surgir la Asociación del Magisterio Nacional junto con un Banco del Magisterio Nacional, para liberar de los préstamos usureros a los educadores sometidos a ellos, idea que se dio el 16 de octubre de 1943, en sesión de la Junta Directiva de la ANDE. En el Congreso de la ANDE, del 29 de abril de 1944, se presentó esta iniciativa, que se elevó al Congreso Nacional que en agosto empezó su discusión parlamentaria.
Así, el 28 de octubre de 1944 se creó la Caja de Préstamos y Descuentos del ANDE, que se encuentra cumpliendo este año su 80 aniversario, de esta importante institución de todos los funcionarios y empleados, en servicio o con licencia, del Ministerio de Educación Pública y los Jubilados o Pensionados de este Ministerio.
Durante los sucesos bélicos de 1948 las sociedades de seguros existentes, en el país, no tenían nada previsto para estas situaciones.
Durante el gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República se emitieron los Decretos leyes 11, 513 y 715 que afectaron a la Caja de Préstamos y Descuentos del ANDE.
El Decreto Ley No. 11, derogó la Ley No. 1108 de 27 de diciembre de 1947, y declaró vigente, en su texto original, la ley No. 12 de 13 de octubre de 1944, ya que la ley de 1947 derogada violentaba principios de libertad de asociación, restringiendo facultades de una institución privada como lo es la Caja de Préstamos y Descuentos de la Asociación Nacional de Educadores.
El Decreto Ley 513 obligó a que por su rápido crecimiento y desarrollo, estando ya suscritas más acciones autorizadas por su Ley constitutiva y por la conveniencia, para su mejor desarrollo, se aumentara su capital, y se reformó el artículo 5º de la Ley Constitutiva de la Caja de Préstamos y Descuentos de la Asociación Nacional de Educadores, de la ley No. 12 de 13 de octubre de 1944.
El Decreto Ley No. 715 se modificaron varios artículos del Código de Educación, declarando que la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional es un organismo social con todas las ventajas que las leyes establecen para esta clase de asociaciones, especialmente la que señala el artículo 266 del Código de Trabajo, fortaleciendo también la afiliación a la sociedad, así como las situaciones en caso de defunción de los miembros de la Sociedad, declarando también inembargables las pólizas de los afiliados.
En su 80 aniversario la Caja de Préstamos y Descuentos de la Asociación Nacional de Educadores afirma su existencia al servicio sus afiliados y accionistas, casi 100.000 activos y más de 40.000 pensionados, y afirma su presencia en el mercado de seguros con conocimiento del entorno financiero y social que la envuelve.
Mis felicitaciones al Instituto Nacional de Seguros en su Centenario y a la Caja de Préstamos y Descuentos de la Asociación Nacional de Educadores en sus 80 años.
