Skip to main content

Etiqueta: INS

El convenio CCSS-INS y el derecho a la intimidad

Jorge Herrera Fernández
Pensionado IVM

La Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros han suscrito un “Convenio de Colaboración” para el tratamiento de datos personales y confidenciales. Mediante dicho convenio la Caja otorga al INS no solo el acceso al EDUS sino la transferencia de los datos contenidos en este. Esto significa que los expedientes médicos, datos personales e íntimos de cientos de miles de asegurados, entre ellos menores de edad, pasarán sin más a manos de una entidad aseguradora sin haber informado y solicitado el “consentimiento” de los dueños de esos datos. Además de la violación al artículo 24 constitucional que “garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones”, el acuerdo implica situaciones sobre las cuales conviene un poquito de reflexión:

El Código de Ética del Colegio de Médicos

En el capítulo de este código sobre el “Deber de Confidencialidad y Secreto Profesional”, para el presente caso, resulta de particular importancia el artículo 71 que expresa:

Artículo 71.- El médico, no revelará o permitirá que se revele, información a empresas aseguradoras, particulares o estatales, sobre las circunstancias de la enfermedad, o causas de muerte del paciente, salvo lo contenido en el certificado de defunción, o que medie autorización expresa del paciente, del responsable legal o autoridad judicial.

Es importante considerar que esta restricción no es producto de caprichos u ocurrencias sino del propósito de evitar ventajas a las aseguradoras en la suscripción de pólizas, en particular de salud y de vida. Si una aseguradora tiene el expediente médico del solicitante de una póliza y de sus familiares puede valorar riesgos por algún padecimiento o predisposición hereditaria a determinadas enfermedades. Así, podrá rechazar la póliza o aplicar condiciones a su conveniencia. Posiblemente tal situación ocurriría sin que la persona esté enterada de que la aseguradora posee sus datos.

Siendo el INS una entidad aseguradora, hay que preguntarse ¿Tiene la Caja facultades legales para anular o hacer inoperante una obligación de los médicos que allí laboran y que a su vez representa una garantía del derecho a la intimidad de los pacientes?

La responsabilidad para la Caja

Otra circunstancia que no debe pasar por alto se refiere a la participación de terceros en el tratamiento de los datos y las responsabilidades por el “uso indebido de los mismos. La siguiente cláusula resulta reveladora:

DÉCIMA SÉTIMA: DE LA RESPONSABILIDAD

Cada parte es responsable ante la otra y ante cualquier tercero afectado, por los daños directos e indirectos, perjuicios, incluidas multas o cualquier otro derivado de las actuaciones, incumplimientos u omisiones de sus funcionarios y/o trabajadores (propios o terceros contratados) con respecto a las obligaciones del presente convenio, el tratamiento de datos inadecuado y vulneraciones en sus sistemas de seguridad de la información.

Como se indica explícitamente, las partes (CCSS y el INS) son responsables por las acciones de sus funcionarios e incluso de “terceros contratados”. En consecuencia, en el caso de la Caja, esa responsabilidad por “tratamiento de datos inadecuado y vulneraciones a los sistemas por parte de terceros” implica hacer frente a denuncias, demandas e indemnizaciones que deberán cubrirse con dinero de la institución o, más bien dicho, de los aportes de los asegurados.

La transferencia de datos a terceros “autorizados”

Lo expresado en este inciso de la “cláusula sexta” debe llamar la atención puesto que refiere eventuales “ventas, cesiones, traspasos, etc.” y “derechos” que las partes adquieren mediante el convenio:

“SEXTA: OBLIGACIONES DE AMBAS INSTITUCIONES:

En adición a cualquier otra obligación establecida en el presente convenio y en el convenio marco, ambas partes se comprometen a:

[…]

k) Las partes se obligan a no transferir los datos a terceros no autorizados por ambas partes, por medio de la venta, alquiler, traspaso, cesión o enajenar gratuita u onerosamente o cualquier otro medio de publicidad o transferencia existentes, en forma total o parcial los derechos que mediante el presente convenio adquiere, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el marco regulatorio y normativo vigente.”

Como se observa, la obligación de las partes a no transferir los datos y los derechos aplica únicamente a terceros no autorizados.  En consecuencia, “a contrario sensu”, no existe impedimento para transferir datos y derechos por medio de la venta, alquiler, traspaso, cesión, etc. a los terceros autorizados por ambas partes.

En este sentido, vale considerar lo expuesto por el Señor Mauricio París, especialista en derecho digital en La República del 1o. de noviembre 2022:

“Las compañías más grandes del mundo son empresas cuya materia prima son los datos personales, por lo que estos se han convertido en un activo importantísimo en una economía digital”

El consentimiento de los pacientes

Además de lo expuesto, al suscribir el convenio las partes han hecho caso omiso de la obligación de contar con el “consentimiento” de los pacientes.

Como lo expone el titular del diario digital Despertar.CR el 24 de agosto pasado, el INS contará con acceso a los datos del EDUS “si hay consentimiento de pacientes”.

El texto de esta noticia continúa expresando:

“Esperamos que ahora con su consentimiento, porque los datos son suyos, usted pueda ir al INS y tener un mínimo conjunto de datos en que fácilmente pueda tener un resumen de la atención y se vislumbra con lo que son laboratorios e imágenes” indicó Munive”.

[…]

“Le vamos a dar trazabilidad a los tratamientos, trazabilidad al paciente, pero lo más importante es que usted, dueño de sus datos, va a poder aperturar esta información para beneficio suyo” explicó la ministra de salud.

La interoperabilidad entre sistemas es una de las metas de la ruta de Transformación y Salud Digital presentada el año pasado por el Ministerio de Salud.”

Conforme lo expone la Ministra de Salud, cabe destacar tres puntos:

  • La condición del consentimiento informado.
  • El paciente dueñode sus datos.
  • El convenio como parte de un plande “Transformación y Salud Digital” 

Siendo, como lo indica la nota de prensa, que el convenio es parte del plan de “Transformación y Salud Digital”, debe considerarse que la Caja está obligada a acatar las normas establecidas por el Decreto MS-AJ-438-2023 “Declaratoria de Interés Público de la Estrategia Nacional de Salud Digital de Costa Rica ….” Este decreto dispone:

Artículo 10.- Gobernanza de datos de salud. El Ministerio de Salud en su rol de ente rector de la salud del país, asumirá la gobernanza de datos en salud del país. Pero cada institución perteneciente al sistema de salud del país que maneje datos personales y sensibles de salud será responsable de la gestión de estos, así como de velar por su seguridad, y de obtener el consentimiento informado de los usuarios, entendiendo que cada usuario del sistema de salud es el dueño de sus datos.

En consecuencia, es concluyente que cualquier acceso al EDUS, o su transferencia como base de datos, sin consentimiento, resultan violatorios a la norma impuesta por el decreto que refleja el derecho constitucional del paciente a la intimidad y al consentimiento informado. No se debe omitir que estas violaciones darán pie a eventuales acciones legales e indemnizatorias por parte de cualquier afectado. La Caja quedaría en desventaja y las resoluciones en contra deberán cargarse al patrimonio institucional, o más bien el patrimonio de los asegurados.

La Sala Constitucional y el derecho del ciudadano sobre sus datos

La Sala Constitucional en Resolución No. 2006-011257, Expediente 05-012077-0007-CO, ha dispuesto que el “derecho de autodeterminación informativa” es un derecho fundamental:

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y veintitrés minutos del uno de agosto del dos mil seis.

IV.- En relación con el derecho de autodeterminación informativa. La Sala ha desarrollado los principios generales que informan esta garantía fundamental, entre otras se ha tratado el tema en la sentencia número 04847-99 de las 16 horas con 27 minutos del 22 de junio de 1999. La ampliación del ámbito protector del Derecho a la intimidad surge como una respuesta al ambiente global de fluidez informativa que se vive. Ambiente que ha puesto en entredicho las fórmulas tradicionales de protección a los datos personales, para evolucionar en atención a la necesidad de utilizar nuevas herramientas que permitan garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a decidir quién, cuándo, dónde y bajo qué y cuáles circunstancias tiene contacto con sus datos. 

Conforme a lo expresado en el convenio, es evidente que una vez que la base de datos EDUS sea transferida al INS y/o a “terceros autorizados”, el asegurado nunca más tendrá conocimiento del destino de sus datos personales e íntimos y menos podrá decidir sobre quién, cuándo y cómo estos serán utilizados. Es decir, los derechos fundamentales a la confidencialidad y a la intimidad sufrirán daños irreparables.

Unas observaciones

Considero importante reflexionar sobre el silencio y la indiferencia en que transcurren los hechos aquí referidos ya que conforman un enorme contraste con la atención institucional y social que se dio al caso UPAD. Es grande lo que está en peligro y por ello vale recordar la frase “nadie aprecia lo que tiene hasta que lo pierde”.

También es necesario valorar que el lucro y relaciones de poder que a partir de estos datos, puedan generar “terceros” en empresas y corporaciones los pagaremos nosotros, los mismos asegurados y ciudadanos en general. Hay que descartar que los buenos propósitos del convenio por facilitar los servicios médicos no sean parte de un “caballo de Troya”.

Nacimiento e impacto social del Instituto Nacional de Seguros, en 1924, y de la Caja de ANDE, en 1944

Vladimir de la Cruz

(Intervención del Vladimir de la Cruz en el acto conmemorativo del 100 aniversario del Instituto Nacional de Seguros y del 80 aniversario de la Caja de ANDE, organizado por La Caja de ANDE, el viernes 20 de setiembre del 2024)

En la segunda mitad del siglo XIX, como parte del desarrollo económico y social del país, empezaron a diferenciarse las clases sociales y los grupos o estamentos que ellas comprendían.

La sociedad costarricense, de hecho, se mostraba como una sociedad socialmente igualitaria sin considerar que en lo político, sí se habían marcado fuertemente diferencias las que se expresaron en la forma de escoger y elegir las autoridades públicas por el sistema de exclusión de mujeres, de analfabetos, de los que no cumplían con las sumas económicas que se exigían para formar parte de los electores, por la selección de electores, mediante el sufragio indirecto, por el voto público, entre otros aspectos.

Liberales y Conservadores no fueron partidos políticos que se desarrollaron, como sí sucedió en Centroamérica. Los partidos políticos surgieron hasta 1889-1890, y a partir de allí, solamente por medio de ellos se podía aspirar a ser candidato a puestos de elección popular, momento en que el movimiento liberal se expresa en diferentes organizaciones políticas con propósitos electorales. Dentro del movimiento liberal se manifestaron también las ideas conservadoras, a veces sin una clara diferencia. Así, quienes se llamaban miembros del partido liberal antes de 1889 lo hacían identificándose con el ideario político liberal.

La sociedad costarricense, desde el punto de vista social, empezaba a expresarse dividida, cuando iniciaron las primeras organizaciones de carácter mutualista, de apoyo mutuo, de socorros mutuos o de mutuo auxilio, en la segunda mitad del siglo XIX.

Este tipo de organizaciones fueron policlasistas. En ellas se podían organizar trabajadores, artesanos, obreros, patronos y hasta estudiantes. Su finalidad esa ayudarse en determinadas circunstancias, habida cuenta que no existía una protección estatal frente a accidentes de trabajo, enfermedad o riesgos laborales, cesantía o muerte de los trabajadores, entre otros aspectos. Esto hizo que mediante estas organizaciones los trabajadores, los artesanos, los obreros, los patronos se organizaran de manera que con este tipo de organizaciones se pudieran cubrir esas necesidades. Así, voluntariamente se organizaban trabajadores, artesanos, obreros, patronos, obligados a dar una cuota que se depositaba en una Caja de Ahorros, de la cual se sacaba el fondo de auxilio que se necesitaba, a modo de una ayuda en dinero, por una única vez, el trabajador enfermo, incapacitado o accidentado, que se tenía que separar de su trabajo, para garantizar un subsidio económico puesto que estatalmente se carecía de un sistema de protección para estas eventualidades, y se carecía de un sistema de seguridad social, como el que existe hoy.

Hacia 1874, por iniciativa del sacerdote Francisco Calvo, quien fue Capellán del Ejército Nacional, en la Guerra Nacional y Centroamericana contra los filibusteros norteamericanos, en 1856 y 1857, quien también fue el fundador el movimiento masónico costarricense, en 1865, surgieron las sociedades clasistas de trabajadores, de obreros y de artesanos, en las cuales solo esos grupos de trabajadores podían organizarse en ellas.

Así coexistieron, hasta finales del siglo XIX, las sociedades mutualistas, de socorros mutuos, de mutuo auxilio, de apoyo mutuo con las sociedades de trabajadoras, de artesanos o de obreros, todas ellas con iguales propósitos de protección de los trabajadores. Estas organizaciones ya marcaban una sociedad dividida en clases sociales, como empezó a perfilarse a partir de ese momento.

En 1886, con el auge del movimiento liberal y de la identificación política con el partido liberal, que organizadamente no existía en ese momento, el Lic. Félix Arcadio Montero, el último Presidente y Rector de la Universidad de Santo Tomas, impulsó la creación de un partido de Obreros y Artesanos. En 1893 impulsó el Partido Independiente Demócrata, que enfatizaba en ese carácter clasista, dividido de la sociedad costarricense, cuando llamaba a votar a los chaquetas, a los descalzos y descamisados contra los levitas y los del Olimpo, enfatizando en esa división social y política de los costarricenses al finalizar el siglo XIX.

El llamado de Félix Arcadio obligó a que los partidos liberales que emergieron establecieran dentro de sus estructuras político organizativas, Clubes de Obreros, Clubes de Artesanos y Clubes de Trabajadores identificados con esos partidos liberales, como para contrarrestar la influencia del Partido Independiente Demócrata. En ese final de siglo XIX, eso hizo posible que el partido Independiente Demócrata eligiera diputado a Félix Arcadio Montero y a Faustino Montes de Oca y uno de los partidos liberales eligiera, como representante de los trabajadores, a Víctor Gölcher.

Durante la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX el, país tuvo cambios económicos significativos. Ya se había desarrollado la electricidad. Desde 1884 se había iniciado el iluminación pública en la ciudad de San José, proceso que hacia 1897 alcanzaba a las ciudades de Alajuela, Heredia y Cartago. San José fue la tercera ciudad que iniciaba la electricidad pública. Hacia 1897 la electricidad se había extendido a las ciudades de Alajuela, Heredia y Cartago y se iniciaba para el servicio doméstico. En ese período se construyeron los Barrios de Aranjuez y el Amón; se impulsaron grandes obras de ingeniería y arquitectura, el edifico metálico, la cárcel de San José, hoy Museo del Niño; los edificios metálicos que existen hoy en la Avenida Central, edificios alrededor de la Librería Lehman, el edificio de los Correos Nacionales, la estación del Ferrocarril al Atlántico, el inicio de la construcción del Ferrocarril al Pacífico, la construcción e inauguración del Teatro Nacional, con electricidad incluida. Se impulsó en este período una transformación en la economía que hizo surgir industrias manufactureras, de textilería, de gaseosas y cervezas, ya existía la Fábrica Nacional de Licores, de la industria gráfica. Ya existía un prensa diaria desde 1886 y abundante cantidad de periódicos.

Desde 1871 se gozaba de una estabilidad política, que daba la Constitución de ese año, que llegó hasta 1948, con la interrupción que se produjo entre 1917 y 1948. La Constitución Política con el fortalecimiento del régimen municipal contribuyó a la estabilidad política de continuidad y alternabilidad de gobiernos, en general, cada cuatro años.

Desde la Fundación de la República, el 31 de agosto de 1848 hasta 1948 hubo 41 gobiernos, considerando la cronología de Presidentes que dirigieron el Poder Ejecutivo en esos 100 años. Algunos de ellos fueron reelectos como lo fueron José María Castro María, Juan Rafael Mora Porras, José María Montealegre, Jesús Jiménez Zamora, Tomás Guardia Gutiérrez, Aniceto Esquivel Sáenz, Próspero Fernández Oreamuno, Bernardo Soto Alfaro, Rafael Iglesias Castro, Ricardo Jiménez Oreamuno y Cleto González Víquez. La estabilidad política, durante todo el período de la República fue bastante sólido, con algunos breves períodos de excepción, asegurando las transiciones de gobiernos por el período de su elección.

A partir de 1886 el desarrollo del diarismo, de la prensa diaria, promovió también una gran cantidad de periódicos, a modo de una prensa social, que recogían los puntos de vista de los sectores laborales y se expresaban y divulgaban sus principales problemas sociales.

Los cambios originados en la economía nacional hicieron surgir cambios en las empresas, que a su vez hicieron que se superaran las organizaciones de las sociedades mutualistas, de socorros mutuos, de mutuo auxilio, de apoyo mutuo; las sociedades de trabajadoras, de artesanos o de obreros, para hacer surgir las Ligas de Obreros y los Sindicatos, tal y como ahora existen, desde 1901.

La expansión del capitalismo agrario cafetalero, al norte del Valle Central, obligó a que pequeños productores se asociaran en una cooperativa para enfrentar la expansión del cafetalero Julio Sánchez, originando al movimiento cooperativo, de empresas de producción. Más tarde, alrededor de la década de 1920 empezaron a surgir otras formas de cooperativas, de servicios entre ellas, impulsando desde entonces el movimiento cooperativo nacional en sus diversas modalidades, fortalecido con la creación del Banco Nacional de Costa Rica, cuando en su fundación se creó el Departamento de Cooperativas, recibiendo el apoyo institucional del Estado.

A inicios del siglo XX la expansión de la United Fruit Company, ya creada desde 1899, sometió a su control la producción de banano de los productores nacionales, que quedaron regulados por el Contrato bananero de 1884, dando origen a los movimientos antiimperialistas y nacionalistas, hasta 1935, que luchaban contra las cláusulas de los contratos que se consideraban lesivas a los intereses de los productores nacionales. Entre 1901 y 1935 dos grandes cafetaleros se distinguieron en esa protesta nacional, Ernesto Rohrmoser y Manuel Francisco Jiménez Ortiz, acompañados en esa lucha bajo la diputación de Ricardo Jiménez Oreamuno, en el período legislativo de 1906-1910, junto a los movimientos anti imperialistas y nacionalistas de la década de 1920-1930.

El siglo XX inicia, de esta forma, con estructuras sociales organizativas más sólidas y combativas de los sectores laborales, sindicatos, federaciones y confederaciones sindicales, con la celebración del 1 de mayo desde 1913, como día internacional de los trabajadores, y con nuevas demandas laborales entre ellas alzas de salarios, jornada de trabajo de ocho horas, luchas por mejoras en las condiciones de seguridad e higiene ocupacional y la ley de accidentes de trabajo, que se pelea desde 1908 hasta 1925.

La lucha por la jornada de ocho horas pasa por luchas y huelgas desde 1918, concentrándose en el año de 1920, desde finales enero e inicios de febrero hasta diciembre cuando se aprobó de manera definitiva la jornada de ocho horas diarias, se reconoció, a la vez, el derecho de huelga y el de organización sindical.

En estos años se establecieron importantes contactos internacionales para el movimiento sindical, incluso de participación en 1890, cuando se intentó organizar un Congreso de Obreros Centroamericanos; cuando se impulsó en 1911 la Confederación Obrera Centroamericana, COCA y otro Congreso Obrero Centroamericano; en 1919, en la creación de la Confederación Obrera Panamericana, COPA, donde el movimiento obrero costarricense se hizo representar con Joaquín García Monge. Hubo contactos con el movimiento obrero español dirigido por Pablo Iglesias; con el movimiento obrero chileno dirigido por Luis Emilio Recabarren y con el movimiento obrero mexicano de la Revolución Mexicana, la Confederación Revolucionaria Obrera de México, CROM, que dirigían los hermanos Flores Magón. Ricardo, su principal dirigente, era el que mantenía correspondencia con José María Zeledón Brenes, el autor de la Letra del Himno Nacional, quien en su condición de Secretario del Centro de Estudios Sociales Germinal, era el vínculo intelectual del movimiento obrero costarricense con la CROM.

Las luchas sociales en el primer tercio del siglo XX se manifestaron también en varias huelgas bananeras y luchas agrarias, las que adquirieron un dramático escenario, el del incendiarismo agrario, que era la forma de protesta más violenta de campesinos contra sus condiciones de trabajo, imitando quizá las formas ludistas del siglo XIX, cuando los trabajadores contra sus malas e inseguras condiciones de trabajo promovieron la consigna de destruir las máquinas de trabajo, de dañarlas, para paralizar la producción, considerando que con ello se acababan las condiciones brutales de su explotación.

Las luchas agrarias en el Valle Central tuvieron esa forma. De ellas se aprovecharon algunos propietarios de tierras, que tenían aseguradas sus cosechas en Panamá, para cobrar sus seguros, lo que se convirtió en un gran negocio para algunos de esos propietarios que también impulsaron quemas con ese propósito, e hizo surgir la necesidad de impulsar la protección, por medio de seguros, de esas actividades económicas, con sus trabajadores, y de asegurar las mismas actividades económico productivas.

En el campo político costarricense, el siglo XX va a conocer el desarrollo de los partidos políticos, de las corrientes políticas más importantes, algunas de ellas surgidas desde el siglo XIX, y la evolución histórica del sufragio y de los derechos políticos de los costarricenses.

Del siglo XIX se proyectarán las ideas anarquistas, socialistas, comunistas, social cristianas, socialdemócratas, y de los movimientos reformistas, de distinta naturaleza, las que se proyectaron y concretaron en nuevos partidos políticos que enfrentaron el tradicional modelo de los partidos liberales que venía desde el siglo XIX.

El ideario político de estos partidos introduce nuevos temas en la agenda política nacional, entre ellos los temas relacionados con los derechos y libertades políticas, con derechos sociales y laborales, con los beneficios sociales y con instituciones sociales estatales.

El desarrollo del sufragio condujo a la superación de voto indirecto cuando en 1913 se estableció el voto directo, al voto secreto cuando se estableció en 1924, a la determinación de que los procesos electorales se resolvieran con el 40% de votos, todas estas importantes reformas electorales impulsadas por el Presidente Ricardo Jiménez Oreamuno, en sus gobiernos, el mismo Presidente en cuyo gobierno, en 1924, se aprobó y estableció el Banco de Seguros.

En 1949, con la Constitución de 1949, se estableció el sufragio universal, con el reconocimiento del voto de la mujer. En 1946 se había aprobado un Código Electoral, que llegó hasta el 2009, que incluyó la creación del Tribunal Nacional Electoral, que la Junta de Gobierno también le cambió de nombre a Tribunal Supremo de Elecciones.

En este contexto histórico, político y social se van a desarrollar los ejes que condujeron la fundación del Banco de Seguros en 1924, como la primera institución nacional que tendría a cargo la protección de los sectores productivos nacionales y de los trabajadores en las formas correspondientes con que hoy se protegen al amparo del Instituto Nacional de Seguros, que es la institución que nace a los veinte días del mes de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, cuando la Junta de Gobierno, fundadora de la Segunda República, por el Decreto Ley No. 26, toma el acuerdo de cambiarle el nombre al Banco de Seguros y bautizarlo como Instituto Nacional de Seguros. Hay que entender, por el Decreto, que no se creó una nueva institución, que tan solo se le cambió de nombre y se integró, en ese mismo Decreto una nueva Junta Directiva, con sus Directores propietarios y. Suplentes, constituida esa primera Junta del Instituto Nacional de Seguros por Alfredo Moya Saravia, José María Cañas Iraeta, Andrés Brenes Mata, Eitel Soley Carrasco, Alberto Morúa Rivera, los suplentes Marcos Madriz Quesada, Wilbur Clausen Alvarado, Fernando Goicochea Quirós, Luis Alberto Monge Álvarez, como Gerente, Enrique Lara Fernández y Subgerente Fidel Tristán Castro.

El Decreto de constitución del INS estableció que “seguirá rigiéndose por las leyes y reglamentos del antiguo Banco Nacional de Seguros, en lo que no se opongan al presente decreto.”, lo que refuerza tan solo en el cambio de nombre, y lo que valida que se esté celebrando hoy el Centenario del Instituto Nacional de Seguros.

En este contexto histórico es que valoro el surgimiento del Banco de Seguros y del Instituto Nacional de Seguros, respectivamente. Los hitos de estas instituciones podemos señalarlos en la siguiente cronología general.

En la década de 1840 se inician las exportaciones de café a Europa, especialmente hacia Inglaterra y Francia. Con estas exportaciones se menciona la existencia de las primeras compañías aseguradoras, que estaban orientadas primero a atender las tragedias provocadas por los incendios y luego con seguros de vida, así como con las operaciones que se canalizaban con el Banco Anglo Costarricense, que había sido fundado en 1863.

En 1865 el Banco inició un seguro de incendios, en alianza con la compañía de seguros Allan Wallis y Co., agente de The Royal Insurance Company, que había surgido en 1845. Este año, de 1865, se inició la atención de los incendios en San José para lo cual se contaba con el sistema de cañería que se acababa de inaugurar.

Las modalidades de seguros que fueron desarrollándose estuvieron ligadas a las formas mutualistas de organización que existieron. Así se dieron Hermandades del Socorro, bajo el amparo de la Iglesia Católica, para enfrentar desastres naturales, y el Montepío, que protegió militares, lo que era una herencia española.

Con la Declaratoria de la República de Costa Rica, en 1848, se desarrollaron las relaciones diplomáticas de Costa Rica y el reconocimiento internacional de nuestro país, a partir de la década de 1850. En esa década se establecen empresas como La Tutelar o Compañía General Española de Seguros Mutuos sobre la Vida y La Caja Universal de Capitales; La Paternal o Compañía Peruana de Seguros Mutuos sobre la Vida; La Equitativa o Compañía de Seguros sobre la Vida (The Equitable Life Assurance Society), norteamericana, The Sun Life Insurance Company of Canada (El Sol, Compañía de Seguros de Vida de Canadá, empresas a las que se asociaron importantes personajes de la producción y del capitl nacional, como Ernesto Rohrmoser, Manuel Luján, la firma Luján & Mora.

En 1882 inició sus operaciones The New York Life Insurance Company (Compañía de Seguros de Vida de Nueva York).

Los seguros se fueron extendiendo a casas edificios, maquinarias y equipos, mercaderías, en Puntarenas y en las ciudades del Valle Central.

La empresas inglesas fueron dominando, en ese tiempo, el mercado de los seguros. A las existentes se sumaron “La Northern de Londres y Aberdeen” representada en el país por la firma “Le Lacheur Dent & Co.”, firma que había iniciado el comercio del café.

Las sociedades mutualistas de la segunda mitad del siglo XIX jugaron un papel importante en la solidaridad y ayuda entre los trabajadores.

A partir de 1895 se estimuló y abrió el escenario para el desarrollo de empresas comercializadoras de seguros de riesgos.

En 1896 se promovió un Proyecto de ley de Seguros contra incendios, primero de establecimientos comerciales y luego de viviendas.

Desde 1896 hasta 1917 operaba la Sociedad Costarricense de Seguros de Vida. También existió la Sociedad de Seguros de Vida El Hogar y la Sociedad de Economías de Guadalupe. El magisterio tenía un seguro de vejez ya en 1924.

En materia de accidentes de trabajo, en 1907, se impulsó un Proyecto de Ley sobre Accidentes de Trabajo, también conocido por Ley Pinto, estableciendo obligaciones de los patronos frente a sus obreros o trabajadores accidentados. Esta Ley proponía crear un sistema de cajas cooperativas de socorros, probablemente siguiendo la tradición de las anteriores sociedades mutualistas y sus cajas de ahorros.

En 1907 el diputado Alberto Vargas Calvo propuso un Proyecto de Ley, mejor elaborado, para socorrer trabajadores frente a enfermedades y accidentes de trabajo. Coincidía con las demandas de los trabajadores agrícolas, lucha que se sostuvo hasta 1925, cuando se aprobó a la Ley de Accidentes de Trabajo.

El 5 de diciembre de 1910 se estableció la Compañía Nacional de Seguros con capital mixto costarricense, panameño y colombiano.

En El Salvador se aprueba, en 1911, una Ley de Accidentes del Trabajo, que se cita en las discusiones parlamentarias de Costa Rica.

Al mismo tiempo que se discute esta ley se introduce la discusión de un proyecto de ley de seguros. En el Proyecto de Ley se contemplaba el salario o remuneración que el trabajador afectado debía recibir de su empleador.

En 1914 el diputado Luis Anderson, y seis diputados más, presentaron otro Proyecto de Ley de Accidentes de Trabajo. En 1921, un diputado, dirigente obrero importante de esos años, Gerardo Matamoros, presentó otro Proyecto de Ley. Los opositores legislativos señalaban que no se necesitaba una Ley especial porque el Art. 1048 del Código Civil, en el que se regulaba la materia laboral, se trataban temas sociales.

Estas discusiones se dieron al calor del ascenso de la Presidencia de Alfredo González Flores, de sus medidas reformistas para enfrentar los efectos de la crisis provocada por la Guerra Mundial, que se daba en Europa, 1914-1918, y la oposición a ellas; por el golpe de Estado realizado por su Secretario de Guerra y Marina, y la dictadura instaurada, por Federico Tinoco Granados, sus dos años de gobierno y la lucha contra esa Dictadura y los movimientos sociales que se dieron a su alrededor, hasta la reconstitución del régimen democrático a partir del gobierno de Julio Acosta García, 1920-1924.

En 1922 se dio otra Ley de Seguros, con visión más nacional, en tanto las anteriores eran más copia de leyes extranjeras.

El gobierno de Alfredo González Flores impulsó un nuevo concepto de Estado, Reformista, en el cual una de sus Reformas fue el establecimiento de un Banco de Crédito Hipotecario, impulsó una Reforma Tributaria, con un impuesto sobre la renta, en la cual “el rico pagara como rico y el pobre como pobre”; prohibió la exportación de oro y plata, impulsó un Banco estatal, el Internacional de Costa Rica, sometiendo los privados a su control, aspectos, entre otros, que se sumaron para darle el Golpe de Estado.

Su gobierno también impulsó en 1915 una Ley de Accidentes de Trabajo, bajo la protección del Banco Internacional de Costa Rica. También creó la Pagaduría Nacional para pagar los sueldos de gobierno; atacó la crisis monetaria y la inflación, estableció un impuesto a la exportación de café y aumentó el impuesto a las herencias; creó las Juntas de Crédito Agrícola para estimular la producción; atendió la especulación y combatió a los acaparadores de productos.

Con el gobierno dictatorial de Federico Tinoco se elaboró una Constitución Política, que avanzadamente estableció en su artículo 10 políticas sociales por parte del Estado. Despidió educadores, cerró y fusionó escuelas.

En 1918 declaró en interinazgo a todo el personal escolar y colegial. La Escuela Normal con sus profesores, Joaquín García Monge, Omar Dengo, Carmen Lyra, Lilia González, Rómulo Tovar, García Flamenco, lo enfrentaron. A la caída de la dictadura se impusieron los educadores al frente de la institucionalidad.

En este último período, 1917-1923 tres partidos y movimientos políticos sonaron, el Centro Socialista de Costa Rica, del Dr. Aniceto Montero, el Partido Agrícola, con Alberto Echandi y el Dr. Francisco Cordero, y el Partido Reformista, del sacerdote Jorge Volio, que recibió el apoyo de la Confederación General de Trabajadores, como nuevas banderas políticas nacionales frente a los partidos liberales.

Las elecciones de 1924 las ganó Ricardo Jiménez Oreamuno, con el Partido Republicano, quien impulsó el Proyecto de Ley de Reparación de Accidentes de Trabajo, que terminó aprobado como Ley de Accidentes de Trabajo, en 1925.

Al mismo tiempo de esta discusión se presentó un Proyecto de Ley para monopolizar los seguros, en los diversos tipos de negocios y actividades, por parte del Estado. Jorge Volio insistió que el seguro del Estado era el mejor seguro que podía establecerse.

Tomás Soley Güell, Ministro de Hacienda, era quien promovía y defendía, en el Congreso, la creación del Monopolio de Seguros, tema que se venía discutiendo desde 1922. Igualmente creía que la Ley de Accidentes no podía existir sin un seguro del Estado.

El movimiento obrero reformista se movilizó por obtener la Ley como parte del seguro obligatorio en el Banco de Seguros del Estado, la que entró en vigencia dos meses después de que el Banco Nacional de Seguros avisara que estaba listo para asumir los riesgos del trabajo. Así, la Ley de Accidentes del Trabajo tuvo de padrino al Banco Nacional de Seguros. El Banco protegió a los trabajadores en su dignidad laboral frente a los accidentes de trabajo.

Desde 1920 hasta 1924 se discutió en la prensa y en el Congreso el carácter monopolizador del Banco Nacional de Seguros, imponiéndose esta opinión.

A partir de entonces, el Banco Nacional de Seguros se insertó positivamente en el desarrollo institucional y democrático del Estado costarricense. Nació como una institución autónoma, descentralizada, con funciones propias, específicas e indelegables. Nació con la función de asegurar, de reasegurar y de coasegurar, dentro y fuera del país. Desde su origen se le delegó a la Junta Directiva la capacidad de nombrar el personal y distribuirlo en la forma que considerara conveniente. Su primer grupo de agentes fue constituido por dos mujeres y 22 hombres.

Quedaron fuera del ámbito de su competencia las sociedades nacionales de seguros de vida cooperativo mutuo, existentes en ese momento.

El Banco Nacional de Seguros se puso al servicio de los intereses nacionales. Se le estableció que del producto líquido del monopolio debería destinarse un 25% al fondo acumulado de reserva y un 7% a mantener el servicio que resultare de construcciones de caminos. Igualmente, apoyaba programas de habitaciones, cosechas hasta en un 25%.

La Ley obligaba a todos los empleados del Estado a asegurarse, para garantizar un seguro de vida y pensiones vitalicias para quienes hubieren cumplido una larga trayectoria de trabajo para el Estado. Se exceptuaba de la Ley constitutiva al personal docente de la República, que estaba amparado a la ley de Pensiones del Magisterio.

Desde el origen, al Banco se le encargó la atención del Cuerpo de Bomberos, que dependía del Ministerio de Gobernación, para lo que se contrataron expertos extranjeros para garantizar su funcionamiento, bajo la dirección de un Estado Mayor.

En 1931 asumió el monopolio del Seguro de Fidelidad y entre 1931 y 1932 construyó su primer edificio, entre calle 10 y avenida central de San José.

En la década de 1940 cubrió los seguros de automóviles, y ante el peligro de la II Guerra Mundial, sobre todo cuando se declaró la Guerra al eje nazi fascista, en diciembre de 1941, se estableció el Seguro contra Bombardeos, temiendo ataques nazis por la cercanía con el Canal de Panamá. Después se agregaron las coberturas de Temblor, Terremoto, Gastos Médicos, Accidentes personales, seguros de aviación, marítimos y otros.

Con el Decreto Ley de 1948, que le cambió el nombre a Instituto Nacional de Seguros, se mantuvo su condición de institución autónoma.

En la década de 1950 el Instituto abarcó toda la geografía nacional en su proyección institucional.

En 1969 quedó bajo su amparo un Seguro Agropecuario y, desde 1973, se le asignó el Seguro Obligatorio de Vehículos Automotores con la noble finalidad de proteger a las víctimas de accidentes de tránsito, como un seguro solidario.

En 1982 asumió la universalización de los Seguros de Riesgos Profesionales.

En el 2008 se aprobó La ley No. 8653, Reguladora del Mercado de Seguros, y la Superintendencia General de Seguros, con la intención de profundizar en el mercado de seguros y su desarrollo, tema que se venía discutiendo desde el año 2003, a cuyas nuevas reglas se adaptó el Instituto Nacional de Seguros. La ley de la Superintendencia creó las condiciones jurídicas para proteger al consumidor de seguros.

Con esta ley se abrió el mercado de seguros, hasta entonces monopolizado por el Instituto Nacional de Seguros, lo que ha permitido que hoy haya más de una docena de empresas aseguradoras, con una oferta superior a 500 posibilidades de productos de seguros para cubrir las diversas necesidades personales, familiares, empresariales e institucionales, y alrededor de 20 sociedades corredoras de seguros.

El INS sometido a esta situación se ha obliga a modernizarse más para seguir ocupando ese papel rector que le vio nacer desde hace 100 años.

El 12 de diciembre del 2013, bajo el cuidado del INS, se inauguró el Hospital Nacional de Trauma, como un Hospital de primer mundo, un hospital altamente especializado en atención de víctimas de accidentes de tránsito, con la mayor tecnología de la ciencia médica al servicio de los pacientes accidentados bajo su atención y servicio.

En materia magisterial el cambio importante se dio en el gobierno de Jesús Jiménez Zamora, cuando con motivo de la ley que impulsó la obligatoriedad de la enseñanza primaria gratuita y costeada por el Estado, en 1869, se reconoció al personal escolar como una parte muy importante de los funcionarios del Estado, estableciendo su escalafón y categorías.

Los educadores se identificaron con las Reformas Liberales e impulsaron diversos núcleos organizativos. Entre 1872 y 1883 hubo casi una veintena de sociedades cooperadoras de la educación y científico culturales, y sociedades de estudio.

En la década de 1890 hubo reconocimiento salariales para el magisterio. Así, por ejemplo, el Director del Liceo de Costa Rica ganaba más que un diputado, un gobernador o el comandante del Cuartel Principal y los profesores ganaban igual que el Secretario del presidente de la República.

Al iniciar el siglo XX, un grupo de educadores impulsó la fundación de la Sociedad de Economías de los Maestros, con participación de mujeres y hombres, como una sociedad mutual. Allí estuvieron Manuel Aragón Quesada, Justo A. Facio de la Guardia, Miguel Obregón Lizano, Napoleón Quesada, Alfredo González Flores.

En 1901 se intentó fundar, impulsado por Pedro Pérez Zeledón, un Monte de Piedad para atender las carencias y pobrezas de los educadores.

En 1916 se había creado la Asociación de Inspectores Escolares de la República, que impulsó en 1918 la creación de la sociedad de Socorro Mutuo del Personal Docente. En 1917 se había constituido la Asociación del Profesorado Nacional.

Para 1920 existía la Asociación Nacional del Magisterio, que existía desde el 11 de junio de 1919, dirigida por Patrocinio Arrieta, Lilia González, Graciela Martínez, María Isabel Carvajal, Anita Cantillano, María Francisca Caballero, José Antonio Carvajal y Eduardo Fournier, entre cuyos fines se propuso crear un Banco para maestros.

El año de 1920 se aprobó la Ley del Pensiones del Magisterio y la Ley de Socorro Mutuo del Personal Docente y, en febrero de 1920, se aprobó la jornada de ocho horas, que fue extendida a todo el país en diciembre de 1920. Las pensiones para maestros se habían establecido desde 1886, en la Ley General de Educación Común.

En 1916 se dio una Ley de Pensiones para los maestros.

El 11 de setiembre de 1923 se aprobó la Junta Administradora del Fondo de Pensiones.

Los socorros mutuos tenían más cobertura que la ley de pensiones y jubilaciones.

En el Código de Educación aprobado y derogado en 1920 se proponía formar y organizar Cajas de Ahorro.

En 1924 el gobierno de Julio Acosta aprobó la Ley de Jubilaciones y Pensiones del Magisterio.

En 1925 Jorge Volio propuso la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio, con carácter obligado para los educadores, con la cual se legalizó el seguro de vida mutual. La Sociedad quedó bajo control de la Secretaría de Educación, entidad que fue sometida a ocho proyectos de ley entre 1925 y 1944, hasta la aprobación del Código de Educación, el 26 de febrero de este año.

Entre 1925 y 1940 hubo una serie de organizaciones y movimientos magisteriales en torno a los beneficios y obligaciones que se tenían con el sistema de jubilaciones y pensiones.

Con el surgimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, en 1940, se inició un proceso de cobertura del seguro social de manera muy limitado y lento desde el principio hasta 1956. En 1946, cuando se quiso ampliar la cobertura, una huelga médica lo impidió.

En 1934 se desarrolló la idea de fundar una institución económica y financiera del magisterio nacional, que hizo surgir la Asociación del Magisterio Nacional junto con un Banco del Magisterio Nacional, para liberar de los préstamos usureros a los educadores sometidos a ellos, idea que se dio el 16 de octubre de 1943, en sesión de la Junta Directiva de la ANDE. En el Congreso de la ANDE, del 29 de abril de 1944, se presentó esta iniciativa, que se elevó al Congreso Nacional que en agosto empezó su discusión parlamentaria.

Así, el 28 de octubre de 1944 se creó la Caja de Préstamos y Descuentos del ANDE, que se encuentra cumpliendo este año su 80 aniversario, de esta importante institución de todos los funcionarios y empleados, en servicio o con licencia, del Ministerio de Educación Pública y los Jubilados o Pensionados de este Ministerio.

Durante los sucesos bélicos de 1948 las sociedades de seguros existentes, en el país, no tenían nada previsto para estas situaciones.

Durante el gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República se emitieron los Decretos leyes 11, 513 y 715 que afectaron a la Caja de Préstamos y Descuentos del ANDE.

El Decreto Ley No. 11, derogó la Ley No. 1108 de 27 de diciembre de 1947, y declaró vigente, en su texto original, la ley No. 12 de 13 de octubre de 1944, ya que la ley de 1947 derogada violentaba principios de libertad de asociación, restringiendo facultades de una institución privada como lo es la Caja de Préstamos y Descuentos de la Asociación Nacional de Educadores.

El Decreto Ley 513 obligó a que por su rápido crecimiento y desarrollo, estando ya suscritas más acciones autorizadas por su Ley constitutiva y por la conveniencia, para su mejor desarrollo, se aumentara su capital, y se reformó el artículo 5º de la Ley Constitutiva de la Caja de Préstamos y Descuentos de la Asociación Nacional de Educadores, de la ley No. 12 de 13 de octubre de 1944.

El Decreto Ley No. 715 se modificaron varios artículos del Código de Educación, declarando que la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional es un organismo social con todas las ventajas que las leyes establecen para esta clase de asociaciones, especialmente la que señala el artículo 266 del Código de Trabajo, fortaleciendo también la afiliación a la sociedad, así como las situaciones en caso de defunción de los miembros de la Sociedad, declarando también inembargables las pólizas de los afiliados.

En su 80 aniversario la Caja de Préstamos y Descuentos de la Asociación Nacional de Educadores afirma su existencia al servicio sus afiliados y accionistas, casi 100.000 activos y más de 40.000 pensionados, y afirma su presencia en el mercado de seguros con conocimiento del entorno financiero y social que la envuelve.

Mis felicitaciones al Instituto Nacional de Seguros en su Centenario y a la Caja de Préstamos y Descuentos de la Asociación Nacional de Educadores en sus 80 años.

UNI Global UNION en contra de la venta del BCR e INS

UNI Global Union es la voz de 20 millones de personas trabajadoras del sector de servicios del mundo entero. A través de 900 sindicatos afiliados, UNI representa a trabajadores y trabajadoras en 150 países y en todas las regiones del mundo. UNI representa a los trabajadores de los sectores de Limpieza y Seguridad, Comercio, Finanzas, Juegos de Azar, Gráficos y Embalaje, Peluqueros y Esteticistas, Medios de Comunicación, Espectáculo y Artes; Correos y Logística, Seguro Social, Deporte, Trabajadores Temporales y de Agencias y Turismo.

Dos de sus representantes se han posicionado respecto al proyecto de ley del Gobierno de Costa Rica, que pretende vender el Banco de Costa Rica y el Instituto Nacional de Seguros. Citan el caso de Argentina, un país en el que se comenzó vendiendo acciones de los bancos estatales, con porcentajes similares como los que se pretende en Costa Rica (un 49% de las acciones del INS); sin embargo, todas las funciones sociales se perdieron poco a poco y terminó siendo de dominio privado.

Consideran que el problema con esta privatización, es el deshacerse de una herramienta financiera a largo plazo que pertenece al Estado y le da solvencia económica por medio de sus utilidades, por una disminución realmente simbólica del 3% de la deuda pública. Pero además, no solo en términos económicos, las afectaciones repercuten en el apoderamiento del Estado y la afectación a toda la institucionalidad pública.

Además, se refieren al caso de la pandemia, escenario global de crisis y de consecuencias nunca antes vistas, pero a pesar de ello, un país como Costa Rica se sostuvo gracias a su estructura pública y al financiamiento de bancos estatales para las pequeñas y medianas empresas. Por supuesto también destacan el papel del INS para cubrir condiciones de salud que por lo privado, hubiese sido inviable para la mayor parte de la población.

Finalmente, reflexionan sobre la tendencia creciente de América Latina y Costa Rica, de limitar la libertad en los derechos de negociación colectiva, diálogo social y sindical. Consideran que es necesario que el Poder Ejecutivo escuche las opiniones de las organizaciones y sindicatos, previo a cualquier ejercicio de toma de decisiones.

 

Información compartida con SURCOS por Alejandra Apuy Alvarado.

Muere la democracia si no…

Freddy Pacheco León

Muere la democracia si no negociamos el Banco de Costa Rica y el Instituto Nacional de Seguros, si no favorecemos a APM Terminals frente a Japdeva, si no negociamos Fanal, si no debilitamos el ICE, si no desaparecemos al Senara y a la Setena, si no erosionamos las Áreas Silvestres Protegidas, si no damos la revisión técnica vehicular al grupo alemán, si no hacemos un burumbún en el Mopt, si no flexibilizamos las medidas sanitarias, si ajustamos salarios en la Caja, si no aprobamos unos préstamos para pagar deuda.

Será un sinsentido pero por ahí andan.

Declaración a la comunidad nacional sobre la solución a la deuda interna

El Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, de manera responsable, como corresponde a la persona ciudadana que constitucionalmente debe asumirse como El Soberano, dio a conocer públicamente su posición sobre el tema de la deuda interna, desde el 2019, propuesta que fundamentamos debidamente en su momento, pero que, al mejor estilo de “lo políticamente correcto” del hacer nacional de distintos grupos y autodenominados dirigentes políticos, la discusión se pospuso en aras de esperar los resultados del paquete tributario aprobado en 2018, cuando nuestro Movimiento logró que se hiciera pública la lista de los Grandes Contribuyentes que no tributaron desde el 2008 y el desenlace de las elecciones que se avecinaban en febrero de 2022, donde muchos de ellos se veían protagonistas de primera línea.

Hoy el presidente Chaves ha presentado ante el Congreso su propuesta de vender a manos privadas el BCR y una parte del capital accionario del INS, lo que ha desatado -más por cálculo electoral, que de interés estratégico nacional- una polémica desde algunos “grupos y movimientos sociales” , como si la sola presentación del proyecto es ya una ley, dejando de lado que son los diputados, los que tomarán la última decisión, pero que curiosamente, no se les menciona como responsables de la situación, más bien, solidarizándose con  ellos y ellas, como si estuvieran obligados a cumplir, contra su voluntad, el designio presidencial. Esa minimización y personalización del problema es sumamente peligrosa, pues aleja el debate de lo que realmente es.

Hay que reconocer que el tema de la deuda interna es ideológico y político, desde cualquier enfoque que se le quiera abordar, no es simplemente económico, ni mucho menos de ungidos que solo ellos entienden el problema, el tema es nacional y debe discutirse con profundidad, reconociendo que la situación que afrontamos es responsabilidad de todos, unos por su silencio cómplice y otros, especialmente aquellos que desde la representación política y social -donde hay responsables con nombres y apellidos-, por ser autores intelectuales de la situación que vivimos.

 Entonces, el debate ideológico debe establecerse ya, teniendo como punto contundente de partida: “la clase política ya no le teme al pueblo” y “los pobres ya están acostumbrados a pasarla mal” para saber hacia dónde marcha el país y establecer de manera participativa, como lo manda el Art. 9 Constitucional, el país y la República Participativa que debemos construir en las actuales condiciones históricas y de crisis internacional, puesto que lo que nació en las administraciones ungidas desde 1982 por el Fondo Monetario Internacional, fue transformar nuestras más preciadas instituciones y posesiones, en una mercancía del sistema financiero y en una propiedad de alguno de ellos o ellas (porque en eso no existen problemas de género), profundizando la desigualdad existente y consolidando los niveles de violencia a los que poco a poco nos han ido acostumbrando.

También debe entenderse que nuestra banca nacionalizada, en procura del desarrollo nacional, dejó de serlo hace ya mucho tiempo, específicamente desde los periodos administrativos de Monge y Arias, quienes, atendiendo fielmente los mandatos del FMI, en una acción de venganza contra la Administración Carazo y con el aplauso de dirigentes sindicales, comunales, universitarios, del momento, propiciaron desde el INCAE y con el apoyo de la UCCAEP, la separación del Banco Central y la banca en la organización del desarrollo, para pasarlo al naciente sector financiero, para lo cual se establecieron leyes específicas, pasándolo a manos privadas a través del CONASSIF, órgano del que nadie quiere o se atreve a hablar, ni mucho menos señalar a sus integrantes y la responsabilidad directa en la construcción de la desigualdad nacional y disputar el liderazgo de Costa Rica en ese campo a nivel mundial, la facilitación para el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico o peor aún, haciendo de la moneda que es un factor de intercambio en el capitalismo para la construcción de riqueza, establecer ahora, que su posesión y su acumulación es ahora la riqueza, haciendo del sector financiero, el sector privilegiado.

De esa forma, es que nuestra banca sigue siendo “nacional” porque el capital accionario pertenece a los costarricenses, pero está sujeta y determinada por los estándares de la banca comercial internacional, desde la aplicación de las normas determinadas por el FMI, donde fuimos entregados a los intereses transnacionales financieros y donde perdimos nuestra soberanía.

La ausencia de transparencia, rendición de cuentas y evaluación de resultados, consignados en nuestra Carta Magna en el Art. 11, crea una distancia entre la población y los funcionarios públicos, aunado al sentimiento de que éstos se asumen dueños de la institución, su ley y sus reglamentos, lo que ha fortalecido la corrupción y la impunidad, de la que todos nos hemos enterado.

Nuestro Movimiento está consciente de que en nuestro país existe una gran cantidad de personas decentes, responsables, llenas de sentido de patria, que buscan sacar adelante nuestro país, en ella se encuentran personas ciudadanas, empresarios grandes, pequeños y medianos: funcionarios públicos, académicos, profesionales y especialmente mujeres y jóvenes, con quienes podemos contar, pues la esperanza en ellos no muere.

De esta forma, es necesario incorporar en la defensa de estas instituciones, las acciones correctivas aquí señaladas, pues de lo contrario las acciones mismas serán débiles en el horizonte de lo que el país debe ser y la institucionalidad que se requiere para lograrlo.

Estamos en una situación que hemos pospuesto, muy a lo tico, pero también es el momento, al igual que en 1821 con el Pacto de Concordia y aprendiendo de ello, establecer un Nuevo Pacto Social, donde desde los más profundos disensos, establezcamos el consenso necesario para tener a tiempo la Costa Rica que desafiará el futuro.

Es un momento de inflexión nacional, con una situación internacional de profundo contenido de cambio, no podemos torpemente verlo y desestimarlo, ya ese error lo cometimos profundamente en los últimos 30 años del siglo pasado. Debemos ser profundamente críticos de nuestros errores y asumir con la responsabilidad que lo hicieran los defensores de nuestra independencia y fundadores de nuestra república, raíces que obstinadamente un malinchismo ha querido destrozar.

Propuesta ciudadana para manejar la deuda interna disponiendo de bienes nacionales

La propuesta que hemos alentado, consiste en:

  • La deuda es interna, es decir, nos debemos a nosotros mismos, es entre familia.
  • El estado ha incumplido con su tarea, desde luego los responsables tienen nombres y apellidos, debemos saber quiénes son, pues pueden ser los mismos que tendrán ahora en sus manos la decisión estratégica, lo cual es un alto riesgo.
  • Dar en dación de pago, no es lo mismo que vender, es un principio comercial simple, pues es un acuerdo.
  • De esta forma, por acuerdo nacional, como parte de un Nuevo Pacto Social, se otorga en dación de pago el Banco de Costa Rica y el Instituto Nacional de Seguros a la Caja Costarricense del Seguro Social, por la deuda pendiente con la institución.
  • En estos momentos debe transparentarse el proceso, debemos ser vigilantes ante el intento de venta.
  • Ya “los expertos” se frotan las manos por la cuantiosa suma de dinero que se ganarán por validar lo que valen nuestras instituciones en disputa, afectando el principio de abonar a la deuda, pues de camino se enriquecen algunos de manera inmoral, pero legal, lo que prostituye el proceso y el principio que debemos atender.
  • Sabemos que la CCSS no tiene la experiencia para manejar bancos ni seguros, pero como el interés final es salvaguardar nuestros activos, debemos replantearnos en las actuales condiciones el papel de los mismos, dándole fortaleza estratégica al sistema de salud, estableciendo el acompañamiento necesario, como lo hace cualquier institución o empresa moderna.
  • La ciudadanía responsable debe sin discusión, dar un paso al frente y hacerse garante del presente proceso, consciente de que su ausencia irresponsable, permite el espacio a la corrupción y la impunidad.
  • Deberá establecerse un proceso de rendición de cuentas (que no es un informe de labores) y evaluación de resultados organizado desde la ciudadanía tal cual lo establece el Art. 11 Constitucional, para transparentar las acciones institucionales, pues al fin y al cabo los dueños del sistema de salud son las personas ciudadanas que son las que lo mantienen con sus cuotas, por lo tanto, son los accionistas de la empresa de salud más importante de Costa Rica.
  • Deberán revisarse con profundidad los procedimientos de compra de proveedores de la CCSS así como su manejo financiero, para no arrastrar a las entidades nuevas que se le suman (BCR – INS) a subsidiar los malos procedimientos que hasta ahora están en función.
  • Así como el sistema de salud busca democratizar el acceso a la salud, deberá hacerlo en democratizar la economía, abriendo el acceso de las pymes locales, especialmente las mujeres y jóvenes vulnerables, para transformarse en proveedores del sistema, en los diferentes órdenes de aprovisionamiento, para lo cual se revisará la normativa existente para facilitarlo.

Quedamos a sus órdenes sabiendo de su compromiso con nuestro país y convencidos de su espíritu de colaboración, nos manifestamos a la orden para aclarar cualquier duda, en nuestro teléfono 8769 8714 o al correo comusepo@gmail.com

De ustedes atentamente,

Carlos Campos Rojas
Coordinador Nacional

ES LA IDEOLOGÍA… es la ideología

Oscar Madrigal

¿Alguien con una pizca de sentido crítico podrá pensar que la venta del Banco de Costa Rica (BCR) contribuirá significativamente a reducir la deuda del Gobierno? Los números aportados en muy diversas instancias señalan que el BCR es un gran negocio para el país y su venta una reducción importante de ingresos.

¿O que el aumento de salarios a las trabajadoras y trabajadores de la CCSS afecte el déficit fiscal y con ello la deuda del Gobierno? Los salarios que paga la Caja en nada afectan los gastos del Presupuesto Nacional porque no se pagan de allí.

El Presidente Chaves no solo arremetió contra el aumento de salarios en la Caja sino que hizo la siguiente afirmación de forma contundente e inapelable:

LA CAJA ESTÁ QUEBRADA

¿Qué sentido tiene esta afirmación? Una es proponer un nuevo modelo de financiación del sistema de salud aligerando las cargas a los patronos o empresarios, tema sobre el que vienen insistiendo desde hace años y la otra es privatizar servicios importantes que brinda la Institución.

Estemos claros, lo que persigue el Presidente Chaves es privatizar servicios trascendentales de la CCSS.

Igual sucede con la venta de la mitad del INS, otra fuente de ingresos para el Estado.

Recordemos que tanto el Presidente Rodrigo Chaves como la Primera Dama son exfuncionarios del Banco Mundial, cuyo catecismo privatizador prometen ejecutar. Así lo hizo Chaves en Indonesia. La máxima ideológica del BM y sus representantes es que el Estado y sus instituciones son por definición ineficientes, a diferencia de la empresa privada que, por las leyes del mercado, según el dogma, actúan o sirven mejor. El objetivo que persigue el Presidente Chaves es pasar a un sistema de mercado donde fluyan supuestamente libres las fuerzas de mercado, con la mínima participación estatal.

Chaves y su grupo íntimo están convencidos de eso y en dirección a la privatización están trabajando. Para ello están buscando apoyo e inversiones en el exterior. No es que quieran reducir la deuda pública, no es quieran racionalizar el gasto, es que quieren privatizar o vender el Estado de Bienestar. Los hechos están a la vista.

Y nosotros dejemos de dar vueltas, el actual Gobierno incluyendo a la Primera Dama, quiere y pretende -lo dice abiertamente- privatizar todo lo que pueda, empezando ahora por los bancos estatales, la aseguradora estatal y parte esencial de la Caja.

Es la ideología, sin más excusas.

El virus ideológico privatizador llegó con fuerza. Hay que inmunizar el país.

Nota: mientas escribo esto, llega la noticia que Alemania nacionalizó la mayor planta de gas del país. Nosotros caminamos de espalda.

La venta del Banco de Costa Rica es una cortina de humo

Partido Acción Ciudadana
20 de setiembre de 2022

Recurrir a una medida como la venta del BCR o del INS para pagar, supuestamente la deuda interna, es económica y socialmente contraproducente para el país en el largo plazo. Las utilidades de los bancos estatales, solo en el primer semestre del 2022 alcanzaron más de ¢80.000 millones.

Los aportes de la venta de estas instituciones contribuirían muy poco en la reducción real del déficit fiscal. Además, nuestro sistema financiero, que adolece de mecanismos de competencia, con la venta del BCR, no se tendría garantía de la reducción de las tasas de interés. Recientes estudios e investigaciones acerca del sistema bancario nacional han revelado que el mercado está sumamente concentrado e impone costos muy altos a los costarricenses.

Si realmente el gobierno quiere reducir la deuda, entonces debe trabajar en la lucha contra la evasión fiscal y el contrabando; eliminar los portillos para la recolocación de utilidades imponiendo las normas BEPS de la OCDE, continuar y profundizar la ruta para reducir los costos de la deuda mediante los préstamos de apoyo presupuestario y la renegociación en el mercado interno;  mejorar las compras del Estado; acelerar la dinamización de la economía  para así aumentar la recaudación de impuestos, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la reducción del endeudamiento público. Para alcanzar esas metas se requiere una banca estatal que dé soporte a esos programas e instituciones a intereses accesibles.

En concreto, ¿por qué nos oponemos a la privatización del BCR?:

1. Los bancos públicos son los que más han invertido en bancarizar al país entero.  El Banco de Costa Rica cuenta con 226 oficinas y 592 cajeros automáticos, desde Aguas Claras de Upala hasta San Vito de Coto Brus, sitios en los que la banca privada no cubriría puesto que no son rentables desde una óptica de mercado. Los bancos estatales, no solo persiguen el afán de lucro, sino la bancarización y el servicio en sí mismo, que es un interés público. Esto no sucede usualmente con los bancos privados. Costa Rica es el tercer país de América Latina más bancarizado, es decir que cuenta con una experiencia acumulada exitosa y en donde los Bancos Públicos demuestran su valía.

2. El mercado de crédito de Costa Rica es de ¢27,7 billones, por lo que cada punto porcentual de más cobrado en intereses por los financieros privados significaría ¢270.000 millones por año de más que deberían pagar las familias y las empresas (PYMES principalmente). Solo esta última cifra valida cualquier esfuerzo por tener la banca pública que tiene Costa Rica hoy.

3. La venta del BCR, INS y cualquier otra institución pública sería un duro golpe para un desarrollo con equidad. Por ejemplo, las utilidades de los bancos públicos se asignan de la siguiente manera: CONAPE 5%, Comisión Nacional de Emergencias 3%, Sistema Banca de Desarrollo 5%, INFOCOOP 10%, Impuesto de Renta 30% y Régimen de Pensiones CCSS 15%. En otras palabras, con los 1.800 millones de dólares que según el gobierno generaría la venta de las empresas mencionadas, solo se amortiguaría una mínima parte de los 40.000 millones de dólares que representa la deuda del Estado, pero el país sí perdería instrumentos y recursos permanentes que son medulares para el desarrollo. El presidente ha dicho que recurrirá a impuestos para suplir estos fondos, pero cabe preguntar, ¿qué impuestos y quiénes los van a pagar? La falta de claridad de la propuesta pone en duda tanto su aplicación como el apoyo. 

Ante la crisis global que se enfrenta producto de la pandemia, las confrontaciones bélicas y comerciales, el crimen organizado y el cambio climático, el PAC propone y confía que la principal tarea del gobierno sea centrarse en el fortalecimiento de las instituciones públicas necesarias para enfrentar los desafíos que nos demanda el momento y no en debilitar el Estado Social de Derecho.

Reiteramos nuestro compromiso por la defensa de una institucionalidad pública eficiente, transparente, oportuna y presente en todo el territorio nacional.

Comité Ejecutivo Nacional

Comisión Política

El camino fácil del gobierno: vender el Banco de Costa Rica (BCR)

Álvaro Vega Sánchez.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

El señor presidente, don Rodrigo Chaves, ha optado por el camino fácil. Nos extraña de alguien que habla de tener capacidad y voluntad para comprarse las broncas, que por definición son difíciles. Su argumento, al parecer, más contundente es que el Banco de Costa Rica ya no cumple la función social de una banca de desarrollo, sino que opera como un banco privado o peor. Entonces, ¿por qué opta por el camino fácil de venderlo en lugar de reconvertirlo en un verdadero banco de desarrollo al servicio de la pequeña y mediana empresa?

El camino difícil es comprarse la bronca de hacer del sistema bancario nacional una institución financiera competitiva y eficiente para contribuir a la reactivación económica y social del país. Y esa es una tarea del gobierno, poner en cintura al sistema bancario nacional para que cumpla su función fundamental como banca de desarrollo. Los poderes Ejecutivo y Legislativo son quienes fijan la política de la institucionalidad financiera pública. Entonces, si el banco no está cumpliendo esa función, la responsabilidad recae sobre esos dos poderes, así como sobre la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), y no solo sobre el banco. El banco no se manda solo. Entonces, ¿quién manda en este país?

El camino fácil de la privatización es el que ha llevado a la profundización de la pobreza y la desigualdad a los países de Suramérica, con Chile a la cabeza. Ahora, están de vuelta y, en ese país, a pesar del voto negativo al reciente proyecto de reforma de la Constitución, sigue habiendo consenso, entre tirios y troyanos, de que hay que revertir la privatización que quebró el sistema de pensiones y encareció los servicios públicos privatizados.

No hay explicación razonable para persistir en la chilenización, al estilo de Pinochet, de uno de los países, como Costa Rica, que ha sabido cultivar lo mejor de su patrimonio natural, humano y social levantando en alto la bandera -con algunos traspiés propiciados por quienes piensan más en su patrimonio que en el de la patria- de un Estado Social de Derecho, único frente de resistencia al neoliberalismo frívolo, injusto e inhumano.

Se replican hoy los intentos privatizadores de los gobiernos de don Oscar Arias y don Miguel Ángel Rodríguez. Don Oscar, en su primera administración, buscó privatizar las telecomunicaciones autorizando la operación ilegal de la empresa MILLICOM, algo que logró legitimar con la firma del TLC con Estados Unidos en su segunda administración. Asimismo, con la creación de una “Empresa Costarricense de Telecomunicaciones (ECOTEL)” para la venta de acciones y privatizar parcialmente al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), como se pretende ahora con el Instituto Nacional de Seguros (INS). Es decir, en este caso, estamos ante un mismo modelo.  Por su parte, Don Miguel Ángel, buscó privatizar infructuosamente el ICE con el famoso paquete energético “Combo ICE”, lo que le costó la casi desaparición de su Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), algo parecido le ha sucedido a don Carlos Alvarado con el Partido Acción Ciudadana.

Los vientos virulentos de la privatización se pueden convertir, por efecto bumerang, en tempestades para los mismos partidos que los impulsan. Pareciera que viejos y nuevos partidos no han puesto en la balanza el comportamiento de una ciudadanía que todavía arrastra una cultura política afincada sobre los valores imperecederos de un Estado Social de Derecho. Hay una arrogancia globalista modernizante que busca tirar al tarro de la basura las conquistas sociales del pasado, incluso a quienes las promueven los tratan de “ningunear” con el mote de “nostálgicos”, pero resulta que esa herencia se resiste a morir, no por capricho de esos “cabezas calientes” o “anacrónicos”, sino por la misma fuerza de su vigencia para atender a las calamidades sociales de este tiempo “pandémico”, donde los más vulnerables continúan siendo las víctimas.

No estamos ante la venta de un “Rolex”, una mercancía de lujo. Se trata de una institución pública, socialmente rentable, porque sus dividendos sí contribuyen a paliar las necesidades de la “señora de Purral”, y funcionando como debe ser, ella podría emprender un negocio propio para no seguir viviendo del asistencialismo social. Pero, ahora, el señor presidente opta por el camino fácil, para no comerse la bronca con la reconversión del sistema bancario público nacional y con el FMI. Y, además, con esa venta no tener que comprarse la bronca de impulsar una verdadera reforma tributaria y parar, de una vez por todas, la evasión y la elusión fiscal. De seguir por este camino fácil, pobrecita la “señora de Purral”.

Como el cangrejo

Manuel Hernández

El artículo 2 del decreto de nacionalización bancaria, Nº 71, de 21/06/1948, promulgado por la Junta de la Segunda República estableció:

“(…)

Artículo 2.- Exprópiese por motivos de utilidad públicas, las acciones del Banco de Costa Rica, el Banco Anglo Costarricense y del Crédito Agrícola. (…)”

En una alocución radial, prácticamente en la víspera de la nacionalización bancaria, el presidente de la Junta de Gobierno, J. Figueres Ferrer, manifestó:

“(…) De ahí nace el tremendo poder social que disponen [los bancos privados] y que, en la actualidad- en el siglo veinte- constituye un verdadero anacronismo. La administración del dinero y el crédito no debe estar en manos particulares, como no lo están ya tampoco la distribución del agua potable ni los servicios de correos. Es al Estado, órgano político de la Nación, a quien corresponde esas funciones vitales de la economía. El negocio bancario es el más seguro y el más productivo de todos los negocios. (…) Semejante poder, repito, no debe estar en manos de particulares, sino de la Nación”.

A la vuelta de varios años, el BAC y BANCREDITO ya los cerraron.

Ahora, pretenden vender el último banco, el BCR, que fue nacionalizado, hace 74 años.

Tanto poder, ese poder, como decía J. Figueres, no puede estar en manos privadas.

Sin duda, vamos como el cangrejo: cada vez más para atrás.

Federación de Trabajadores Financieros se opone a la venta de activos del estado

La Federación de Trabajadores Financieros ( FETRAFI) envió un oficio al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en el cual expresan su oposición a la venta de activos del Estado y solicitan una audiencia “a la mayor brevedad posible, con la finalidad de exponer los motivos de nuestra justificada inconformidad con la venta de esta institución, que nos heredaron nuestros abuelos; que hoy, los costarricenses tenemos la obligación moral e histórica de defender este invaluable legado”.

FETRAFI expresa en la carta: “En momentos tan aciagos, como estos, que está pasando la Patria, no podríamos dejar de evocar el discurso de uno de nuestros próceres, Joaquín García Monge, frente al Monumento Nacional, que, por lo visto, ahora más que nunca, tiene tanta actualidad”:

(…) Si es sumamente grave que aventureros extraños se atrevan a comprar la Patria, lo sería mucho más, e ignominioso, que hijos del país de bruces se la vendan.” Joaquín García Monge.

SURCOS comparte el documento de FETRAFI que llegó a nuestra redacción: