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Etiqueta: interés público

Actualización del caso Beija Flor, Montezuma

Un análisis reciente sobre el Proyecto Beija Flor en Montezuma revela serias deficiencias en la evaluación de impacto ambiental realizada. Se ha destacado que la autorización de viabilidad ambiental concedida al proyecto no fue basada en un estudio exhaustivo, lo que pone en peligro la biodiversidad local.

Se identificaron varios temas críticos que quedaron sin resolver durante la fase de evaluación ambiental, y que fueron transferidos incorrectamente a la fase de gestión ambiental. Entre ellos:

Presencia de Bosque: La Resolución de Viabilidad Ambiental autorizó el uso de hasta un 10% del terreno boscoso, pero no se especificó qué áreas del terreno corresponden a este porcentaje. Esto ha generado confusión sobre cuánto del área de la finca es realmente aprovechable y ha dejado sin claridad el alcance y diseño del proyecto. Lo adecuado hubiera sido realizar un levantamiento detallado del bosque para delimitar las áreas exactas y contrastarlas con el diseño del proyecto.

Se ha solicitado una medida cautelar para suspender temporalmente los efectos y alcances de la viabilidad de la licencia ambiental otorgada al proyecto Beija Flor en Montezuma. Esta medida protege un interés público ambiental, dándole prioridad sobre los intereses particulares de la empresa desarrolladora. La protección del bosque y la preservación del entorno natural son de mayor importancia para el ordenamiento jurídico y el interés general.

La medida cautelar busca resguardar el procedimiento administrativo, el cual debe instaurarse bajo el amparo del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. Hasta que se resuelva la solicitud, la suspensión de la licencia ambiental permanece en vigor.

Se ha identificado que el proyecto solicitó 7 litros por segundo de agua para abastecer a 1500 personas. Sin embargo, los estudios revelan que los caudales de los pozos en la zona oscilan entre 0,3 a 1 litro por segundo. Además, el pozo CY-15, que se utiliza para esta concesión, está ubicado a 17 metros del lindero del vecino y a 32 metros de un río, incumpliendo la Ley de Aguas que estipula una distancia mínima de 40 metros al vecino y 100 metros a la quebrada o río.

Este pozo también ha mostrado signos de contaminación por coliformes fecales, lo que indica un grave riesgo para el acuífero. La presencia de esta contaminación sugiere que el agua de la quebrada está siendo utilizada por este pozo, lo que podría acarrear serias implicaciones para la salud pública.

Uno de los aspectos más alarmantes es la falta de evaluación del impacto de la descarga de aguas residuales al subsuelo, lo cual es extremadamente peligroso. En la evaluación ambiental del proyecto no se presentó ningún estudio sobre el tránsito de contaminantes orgánicos. Esto significa que no se evaluó adecuadamente el riesgo de contaminación del acuífero ni las posibles afectaciones a cuerpos de agua o áreas ambientalmente frágiles. La omisión de este análisis crítico implica graves riesgos para la sostenibilidad del proyecto y para la protección de los recursos hídricos en la región.

Dado que se han encontrado graves irregularidades administrativas que no son subsanables, se ha presentado una solicitud ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) para la apertura de un procedimiento administrativo que declare la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la licencia de viabilidad ambiental otorgada al Proyecto Beija Flor.

La denuncia presentada ante SETENA enfatiza que desde el análisis inicial, el proyecto no cumplía con los requisitos establecidos. Este proyecto, que se divide en dos fases para la construcción de 178 lotes residenciales y comerciales, ha sido señalado por atentar contra los intereses públicos y la preservación del entorno natural.

Fuente: noalagentrificacion_cr / https://www.instagram.com/reel/C_OcA71Su1M/?igsh=MTI4dXFwOXhoM2c2aQ==

Aprobado en segundo debate proyecto que declara de interés público el desarrollo turístico, cultural, ecológico y natural de Barrio Amón y Barrio Otoya

El 06 de febrero de 2024 se dio un dictamen unánime afirmativo por las suscritas diputadas y suscritos diputados integrantes de la Comisión Permanente Especial de Turismo a la iniciativa de la diputada Vanessa de Paul Castro Mora, con el proyecto “DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO DEL DESARROLLO TURÍSTICO, CULTURAL, ECOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO Y NATURAL DE BARRIO AMÓN”, publicado en La Gaceta N.° 162, Alcance 170 del 05 septiembre de 2023. 

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica decretó lo siguiente:

ARTÍCULO 1- Declaratoria de interés público

Se declara de interés público el desarrollo turístico, cultural, ecológico y natural de Barrio Amón y Barrio Otoya, para lo cual el Estado, por medio de sus instituciones públicas, podrá promover el desarrollo, conservación y promoción turística en la zona, bajo el esquema de un desarrollo sostenible y un manejo más adecuado de conservación del medio ambiente, que fortalezcan la condición social, cultural y económica de la zona.

ARTÍCULO 2- Apoyo institucional

El Estado apoyará las iniciativas de desarrollo local y las actividades de las micro, pequeña y mediana empresas, vinculadas al desarrollo turístico, buscando mantener, proteger y potenciar el patrimonio y los bienes culturales en la zona. 

La presente información fue enviada a SURCOS por el despacho de la diputada Vanessa de Paul Castro Mora. Para saber más sobre este dictamen refiérase al documento adjunto. 

Vanessa de Paul Castro Mora.

El mandato de autocuido y la salud mental en contexto de crisis

Mariana Alpízar Guerrero
Psicóloga
Investigadora feminista

En el contexto actual nos encontramos sobre-expuestas (os) a noticias, información, crisis y cifras sin nombre. Leemos sobre salud física, el funcionamiento del virus, proyecciones de posibles escenarios. Obsesiones por encontrar respuestas, alimentadas por un deseo cotidiano de que todo esto acabe pronto.

La necesidad de tomar medidas de distanciamiento, la burbuja social como única seguridad, el temor a ser tocados por el otro, y las estrategias de comunicación perversas que nos dicen constantemente que nuestros seres queridos pueden morir, partiendo de que la empatía sólo se mueve si escenificamos la muerte de nuestras redes cercanas. Todo esto nos tiene en un colapso emocional, colectivo y personal que ni siquiera vimos venir.

La salud, recién ahora, empieza a tomar un matiz distinto, ya no sólo es importante alejar el virus de nuestros seres queridos, también hay que luchar todos los días por no desfallecer mentalmente ante la inminente incertidumbre y todo esto, parece que deberíamos hacerlo en soledad, pues hacerse cargo de la salud mental es un tema “individual”, “personal”, al menos esa es la idea culturalmente aprendida.

Veníamos de un tiempo donde la idea de soledad como sanación estaba tomando una fuerza avasalladora al punto de ser tergiversada y recetada como la pastilla que todo lo cura (sigue siendo así). El “autocuido” se mercantilizó lanzando el mensaje de que, para poder ser “mejores” sólo había que tener voluntad. Sabemos que la salud emocional tiene muchos ingredientes, uno de ellos es, sin duda, la responsabilidad por el cuidado de sí, pero existe un componente colectivo que es sumamente contraproducente eliminar.

La idea capitalista de la salud mental como algo privado y ligado exclusivamente a la terapia psicológica individual, profundiza la desigualdad social, en el tanto sólo un pequeño porcentaje de personas puede acceder de manera sostenida a un proceso de este tipo. Si las personas no tienen dinero para pagar y tienen seguro social, no siempre recibirán un apoyo con la temporalidad requerida, lo cual habla de la importancia de fortalecer un sistema de salud social sin el cual muchas personas ni siquiera podrían ser atendidas en situaciones de emergencia, por ejemplo, ante intentos de suicidio.

Sin embargo, además de la importancia de fortalecer el sistema de salud y aumentar el acceso a los procesos terapéuticos individuales, es necesario conectar estos procesos con la colectividad, no sólo que las personas tengan un apoyo de sus redes más cercanas, sino que se empiece a cuestionar la idea de lo emocional como algo únicamente individual. La salud mental es un tema de interés público y en ese sentido también se trata de algo político.

No sólo es necesario que el Estado intervenga, sino que se construya un concepto de salud mental comunitaria. Entendiendo que sin la comunidad (en el amplio sentido de la palabra), no es posible una sanación que se sostenga en el tiempo. Una persona puede llevar un proceso de años y lograr avances importantes, pero si no cuenta con el apoyo de sus redes, el proceso no se sostenible en el tiempo y la persona puede llegar a depender de la terapia, para poder aguantar la vida cotidiana.

El apoyo, la presencia de la comunidad, la construcción de espacios colectivos, el equilibrio entre el autocuido y el cuido mutuo, son necesarios para construir un concepto de salud mental más integral y conectado con la realidad social que vivimos.

Un ejemplo claro de cómo nos ha afectado la idea del mundo emocional como algo privado y que no corresponde al plano social es cuando le recetamos ir al psicólogo a cada persona que tiene un problema, como si los procesos terapéuticos fueran una solución inmediata, o más aún, como si nos libraran de la responsabilidad vincular. A veces se convierte en una muletilla: “vaya al psicólogo” “vaya a la psicóloga”.

Por una parte el espacio clínico-terapéutico cuenta con una serie de herramientas específicas que aportan al proceso de hacerse cargo de sí (uno de los componentes del proceso inacabable de la sanación), pero este proceso no es un reemplazo del vínculo social, comunitario y de las redes cercanas. No existe salud mental sin responsabilidad emocional-colectiva.

Para ello es necesario que fortalezcamos los espacios comunitarios (aun cuando en este momento la comunidad se viva desde lo virtual), que trabajemos la empatía por el otro (aunque esté fuera de nuestra burbuja), que aprendamos a pedir apoyo y consideremos nuestra salud mental algo tan prioritario como la salud física. Por parte del Estado, es fundamental la apertura de espacios de atención en crisis y, no menos importante, de atención sostenida en procesos psicosociales, donde se involucre a la gente.

En el momento presente se hace indispensable asumir la responsabilidad social de la escucha y el cuido colectivo y que no recaiga sobre la persona lidiar en soledad con sus emociones sino que se trabajen los vínculos recíprocos de apoyo. No es fácil, contrario a que nos plantean los mensajes de “selfcare” que ponen a la salud mental como una cuestión de voluntad y llegan incluso a culpabilizar a las personas que se sienten deprimidas. Tampoco es rápido, requiere de un proceso y (aquí sí aplica), de compromiso colectivo, sin embargo, es en contextos de crisis donde salen a la luz los vacíos que, como sociedad y como sujetos, es necesario atender.

¿Por dónde empezar? No existen recetas, pero un inicio puede ser repensarnos el concepto generalizado de salud mental. Asumir responsabilidades vinculares de escucha recíproca, apoyar en la búsqueda de profesionales en salud mental a personas que así lo requieran, empatizar con las vivencias de los otros sin necesidad de intervenir, acompañar. Limitar la sobre exposición de mensajes, imágenes, informaciones en redes sociales que promuevan la idea de la salud mental como cuestión individual y del autocuido como solución a todas las problemáticas emocionales. Pidiendo apoyo, cuando lo requieran y si solicitarlo les es posible (porque no siempre una persona que necesita apoyo lo puede pedir), estando pendientes de personas cercanas que tienen cambios temperamentales o se ausentan por periodos de tiempo prolongados, compartiendo información sobre servicios de atención en crisis como el 911, o la línea “Aquí estoy” del Colegio de Profesionales en Psicología.

La salud, más que un mandato, es un compromiso que también pasa por lo social.