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Etiqueta: José A. Amesty Rivera

Situación política actual en Venezuela (un mapa político en plena reconfiguración)

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

Se ha dicho muchas veces que el 3 de enero de 2026, marcó un antes y un después en la historia reciente de Venezuela. La captura y posterior secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas de EEUU, abrió una situación completamente nueva, un país sometido a una fuerte influencia externa en materia política y económica, un gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, una oposición dividida y un pueblo que sigue siendo el verdadero protagonista de la historia.

Diversos medios internacionales han señalado que las negociaciones políticas, y el proceso de transición están fuertemente condicionados por la participación de Washington, para unos, esa presencia es una garantía de estabilidad; para otros, representa una forma de intervención que afecta la soberanía nacional del país.

Desde una mirada latinoamericana, cuesta aceptar que el futuro de un país sea definido bajo la influencia de una potencia extranjera; más allá de las diferencias que puedan existir con el gobierno de Nicolás Maduro y el rumbo de la Revolución Bolivariana, la participación directa de EEUU vuelve a poner sobre la mesa un viejo debate, el derecho de los pueblos a decidir su propio destino sin presiones externas.

En este nuevo escenario pueden identificarse, de manera general, cinco grandes sectores políticos y sociales, caractericemos:

La oposición tradicional, el regreso de los viejos actores

El primer sector está formado por la oposición llamada tradicional; son dirigentes y partidos que durante años participaron en elecciones, en la Asamblea Nacional y en distintos procesos de negociación con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a veces confrontaban al gobierno y otras veces se sentaban a dialogar.

Hoy este sector vuelve a tener protagonismo con dirigentes como Dinorah Figuera y otros representantes de la Asamblea Nacional de 2015, quienes regresaron al país para participar en las conversaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez; su apuesta es una transición negociada que permita acordar reformas políticas y convocar nuevas elecciones.

Un ejemplo de esta posición es que consideran preferible llegar a acuerdos, aunque eso implique negociar con antiguos adversarios; al mismo tiempo, dentro de la propia oposición hay quienes cuestionan estas conversaciones, porque dirigentes como María Corina Machado o Edmundo González no participan directamente en la mesa principal, esta diferencia muestra que la oposición tampoco es un bloque unido.

El chavismo institucional

El segundo sector es el chavismo que continúa al frente del gobierno y está encabezado por Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y otros dirigentes que durante años formaron parte del núcleo de dirección de la Revolución Bolivariana.

Su discurso gira alrededor de tres ideas principales: mantener la estabilidad del país, evitar un vacío de poder y recuperar la economía después de años de crisis, también sostienen que es necesario negociar para lograr el levantamiento de las sanciones y recuperar la normalidad institucional.

Por ejemplo, cuando el gobierno participa en conversaciones con actores internacionales, argumenta que lo hace para evitar un mayor deterioro económico y proteger el funcionamiento del Estado.

Sin embargo, muchos simpatizantes del propio chavismo observan una contradicción; mientras el gobierno sigue reivindicando el legado de Hugo Chávez, buena parte de las decisiones políticas y económicas parecen depender de acuerdos, donde USA tiene una influencia importante. Esta situación ha generado dudas y críticas incluso entre antiguos dirigentes chavistas.

La izquierda chavista llamada “crítica”

Quizá el cambio político más interesante sea el crecimiento de una izquierda chavista, que se declara opositora al gobierno, sin dejar de reivindicar el pensamiento de Hugo Chávez.

Dirigentes como Elías Jaua, Reinaldo Iturriza, Tony Boza, entre intelectuales, y comunicadores como Mario Silva han expresado diferencias importantes con el rumbo actual; aunque cada uno tiene su propio estilo y sus propios matices, coinciden en una idea central, consideran que el proyecto bolivariano no puede mantenerse si termina dependiendo de decisiones tomadas o supervisadas desde Washington.

Por ejemplo, algunos de ellos han planteado que defender la soberanía nacional debe estar por encima de cualquier acuerdo político, otros insisten en la necesidad de reconstruir la organización popular desde las comunas, los movimientos sociales y las bases del chavismo.

Documentos como la llamada “Declaración de Maracay” insisten precisamente en defender la Constitución, la soberanía nacional y el rechazo a cualquier forma de intervención extranjera.

Esta corriente no busca volver al viejo sistema político anterior a Chávez, ni convertirse en una oposición de derecha, lo que plantea es recuperar el proyecto original de la Revolución Bolivariana, corrigiendo los errores del madurismo y evitando que el país quede bajo la influencia de intereses extranjeros.

El pueblo chavista

Fuera de los partidos existe un actor mucho más grande, el pueblo chavista. Millones de venezolanos siguen sintiendo admiración por Hugo Chávez y recuerdan como importantes los avances sociales alcanzados durante los primeros años de la Revolución Bolivariana, pero este pueblo ya no piensa exactamente igual.

Un sector sigue apoyando al gobierno de Delcy Rodríguez, porque considera que, en las circunstancias actuales, representa la mejor opción para mantener la estabilidad y evitar una crisis aún mayor.

Otro sector continúa siendo profundamente chavista, pero cuestiona el rumbo que ha tomado el gobierno; no necesariamente milita, junto a Elías Jaua o Mario Silva, pero comparte la preocupación por la pérdida de soberanía y por la creciente influencia de EEUU en la política nacional.

Es común escuchar frases como, “Yo sigo siendo chavista, pero esto no era lo que Chávez quería”, o también, “Primero está la patria y después las diferencias entre nosotros”, este tipo de comentarios refleja una discusión que hoy existe en muchos barrios, comunidades y espacios populares.

Más que una división ideológica, se trata de distintas maneras de entender cómo defender el legado de Chávez en las condiciones actuales.

La mayoría popular

Finalmente existe un amplio sector de venezolanos que no se identifica plenamente con ninguno de los grupos anteriores.

Son trabajadores, campesinos, comerciantes, estudiantes, profesionales, pensionados y jóvenes que durante años han vivido las consecuencias de la crisis económica, las sanciones, la polarización política y la migración, muchos simplemente quieren que el país vuelva a funcionar con normalidad.

Por ejemplo, para una madre lo más importante puede ser conseguir medicinas; para un joven, encontrar empleo sin tener que emigrar; para un pequeño comerciante, que haya estabilidad económica; para un campesino, producir sin tantas dificultades.

Este sector discute todos los días y lo que espera es que haya seguridad, servicios públicos, oportunidades de trabajo, instituciones que funcionen y una economía que permita vivir con dignidad.

En buena medida, el éxito de cualquier proyecto político dependerá de su capacidad para responder a estas necesidades concretas.

Una nueva etapa de la política venezolana

Todo indica que el viejo mapa político venezolano está cambiando. Durante más de veinte años parecía que todo se reducía a dos bandos, chavismo y antichavismo, hoy esta realidad es mucho más compleja.

Hay sectores de la oposición que prefieren negociar antes que confrontar, hay chavistas que siguen apoyando al gobierno y otros que ahora lo critican desde posiciones de izquierda, hay antiguos aliados que hoy mantienen diferencias profundas, y también existe una mayoría de ciudadanos que está cansada de la confrontación permanente.

Al mismo tiempo, muchos venezolanos/as coinciden en una preocupación común, quieren que el país recupere la capacidad de tomar sus propias decisiones, sin depender de intereses externos.

Desde una perspectiva de izquierda latinoamericana, el gran desafío consiste en encontrar una salida democrática que preserve la soberanía nacional, respete la voluntad popular y permita que el pueblo vuelva a ser el principal protagonista del destino del país.

Porque, más allá de las diferencias entre dirigentes o partidos, sigue vigente una idea que ha acompañado a América Latina desde las luchas por la independencia; ningún proyecto nacional puede desarrollarse plenamente, si las decisiones fundamentales terminan dependiendo de una potencia extranjera.

La Venezuela que surge después del 3 de enero de 2026, ya no puede explicarse solamente como una disputa entre gobierno y oposición; hoy conviven distintas izquierdas, distintas oposiciones y una mayoría popular que busca estabilidad, justicia social y soberanía. Comprender este nuevo mapa político, será fundamental para entender los debates y las decisiones que marcarán el futuro del país.

¿Cómo se fabrica una noticia?, asunto Nicaragua

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

Hay un viejo dicho que dice que una mentira da la vuelta al mundo, mientras la verdad apenas se está poniendo los zapatos. Hoy podríamos actualizarlo diciendo que, un titular recorre el planeta mucho antes de que alguien tenga tiempo de escuchar un discurso completo.

Eso fue precisamente lo que pasó hace unos días con unas declaraciones del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, casi de inmediato comenzaron a aparecer titulares asegurando que Ortega anunció que ya no habrá más elecciones en Nicaragua. La noticia se propagó rápidamente por periódicos, portales digitales y redes sociales, para millones de personas quedó instalada una idea muy simple, el Gobierno nicaragüense había decidido eliminar definitivamente las elecciones.

Sin embargo, cuando uno escucha el discurso completo descubre que la historia es bastante más compleja, Ortega dijo: Aquí no volverán a haber elecciones, pero no terminó ahí, enseguida explicó que impulsaría reformas legales, junto con la Asamblea Nacional, para impedir que personas o grupos que, según el Gobierno, reciben financiamiento extranjero para promover golpes de Estado o acciones contra el país puedan llegar al poder mediante elecciones.

Alguien puede pensar que esta propuesta es correcta o equivocada, este debate pertenece al terreno de la política y es otro tema. Lo que aquí interesa es algo distinto, ¿los grandes medios informaron exactamente lo que dijo Ortega o construyeron una noticia diferente?

El investigador estadounidense Michael Parenti, politólogo e historiador, lleva décadas estudiando cómo funcionan muchas de las grandes empresas de comunicación, su idea principal es sencilla, la manipulación casi nunca consiste en inventar una noticia, es mucho más efectivo contar solo una parte de la historia, así lo explica en su artículo Métodos de manipulación de los medios de comunicación. Y esto es justamente lo que parece haber ocurrido en este caso, cortar una frase para que termine diciendo otra cosa.

El primer recurso de la manipulación mediática, según Parenti, consiste en tomar una frase aislada y separarla del resto del discurso, es como si alguien dijera, Si siguen entrando armas al barrio, tendremos que cerrar la calle, y al día siguiente el titular fuera, Vecino propone cerrar todas las calles. Las palabras son reales, pero el significado cambia por completo.

Esto ocurrió con la frase, Aquí no volverán a haber elecciones. Casi ningún titular explicó enseguida que Ortega estaba hablando de impedir la participación electoral de grupos que, según su Gobierno, actúan con financiamiento extranjero para promover un cambio de régimen, cuando se elimina el contexto, el público termina entendiendo otra cosa, es como mostrar solo la mitad de un rompecabezas.

Otra práctica que Parenti considera muy frecuente, consiste en mostrar únicamente las piezas que convienen. Muchos medios destacaron la frase más impactante del discurso, pero dejaron fuera casi todo lo demás: la referencia a reformas legales, la participación de la Asamblea Nacional y la explicación sobre el financiamiento extranjero, no hace falta mentir, basta con enseñar solo la parte que produce el efecto buscado.

Parenti sostiene que muchas veces la censura moderna no consiste en esconder una noticia, sino en contarla incompleta. Es como entrar al cine cuando la película ya lleva una hora, veremos peleas, discusiones y disparos, pero no entenderemos por qué están ocurriendo, esto pasa cuando una noticia elimina los antecedentes.

En gran parte de la cobertura internacional, apenas se recordó que el Gobierno nicaragüense sostiene que en 2018 hubo un intento de golpe de Estado financiado desde EEUU, tampoco se explicó que existen leyes similares en otros países para regular el financiamiento político extranjero.

Uno puede aceptar esta interpretación o rechazarla, lo importante es que el lector tenga derecho a conocer por qué el Gobierno dice lo que dice, sin esa parte de la historia, todo parece surgir simplemente del capricho de un gobernante.

Cuando un medio lleva años presentando a determinado gobierno como una dictadura, cualquier noticia nueva termina encajando en ese mismo relato, ya no importa tanto lo que ocurrió, sino que la información confirme una narrativa que ya estaba construida.

Así, una propuesta para modificar una ley electoral termina convertida en un supuesto anuncio del fin de las elecciones; es como si cada pieza nueva tuviera que entrar, a la fuerza, en un rompecabezas que ya estaba armado desde hace tiempo.

Otro recurso consiste en reducir problemas complejos a una sola persona. En lugar de discutir si un país debe o no permitir financiamiento extranjero para partidos políticos, toda la conversación termina girando alrededor de Daniel Ortega. El debate desaparece y solo queda el personaje, esto facilita construir historias donde unos aparecen siempre como los villanos y otros siempre como los defensores de la democracia.

También influye qué noticias se amplifican y otras pasan casi desapercibidas. La frase sobre las elecciones ocupó titulares internacionales durante horas, en cambio, las explicaciones posteriores, el discurso completo y los detalles sobre las reformas legales apenas tuvieron difusión; la primera impresión quedó instalada, y todos sabemos que una rectificación nunca viaja tan rápido como un escándalo.

América Latina conoce muy bien este libreto. Lo ocurrido con Nicaragua no es un caso aislado, en nuestra región existen varios ejemplos en los que grandes medios internacionales han sido acusados de construir relatos parecidos.

En Venezuela, durante años muchas noticias hablaron sobre todo de la crisis económica, el desabastecimiento y la migración, mientras dedicaban mucho menos espacio al impacto de las sanciones económicas impuestas por EEUU y sus aliados. No se trata de negar los problemas internos del país, sino de señalar que el panorama quedaba incompleto cuando uno de sus factores más importantes apenas aparecía mencionado.

En Bolivia, tras la salida de Evo Morales en 2019, buena parte de la prensa internacional habló durante semanas de una “renuncia” provocada por protestas ciudadanas. Con el paso del tiempo, investigaciones periodísticas, estudios académicos e incluso algunos organismos internacionales, comenzaron a utilizar con mayor frecuencia el término “golpe de Estado” o reconocieron el papel decisivo de las Fuerzas Armadas y la Policía en aquellos hechos. Sin embargo, la primera versión ya había dado la vuelta al mundo.

Algo parecido ocurrió con el informe de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones bolivianas de 2019. Durante meses fue presentado como una prueba definitiva de fraude electoral, después, investigaciones independientes de universidades y centros especializados cuestionaron seriamente las conclusiones estadísticas del informe, pero esas rectificaciones nunca tuvieron una difusión comparable a la acusación inicial.

En Brasil, durante el proceso judicial contra Luiz Inácio Lula da Silva, numerosos medios presentaban cada nueva acusación como si la corrupción ya estuviera demostrada; años después, varias sentencias fueron anuladas y el juez Sergio Moro fue duramente cuestionado por su actuación, sin embargo, el daño político ya estaba hecho.

En Honduras, el derrocamiento de Manuel Zelaya en 2009 fue presentado por muchos medios como una “sucesión constitucional” o una “crisis institucional”, evitando durante bastante tiempo utilizar la expresión “golpe de Estado”, pese a que un presidente había sido detenido por militares y expulsado del país.

En Cuba, buena parte de la prensa internacional informa constantemente sobre las limitaciones económicas y políticas de la isla, pero muchas veces dedica mucha menos atención al efecto acumulado de más de seis décadas de bloqueo económico por parte de EEUU; una vez más, el problema no es hablar de las dificultades internas, sino hacerlo como si el bloqueo no existiera.

También podrían mencionarse otros casos, como el golpe contra Salvador Allende en Chile en 1973 y el papel del diario El Mercurio, o la cobertura del golpe contra Hugo Chávez en abril de 2002.

La tarea del periodismo debería ser ayudar a los ciudadanos/as a comprender la realidad, no conducirlos hacia una conclusión ya decidida. No hace falta inventar una noticia falsa, basta con cortar una frase, ocultar un dato importante, empezar la historia por la mitad, repetir siempre el mismo enfoque o dar mucho más espacio a unas voces que a otras; y, sobre todo, conseguir que el público crea que ya conoce toda la verdad cuando, en realidad, solo le han mostrado una parte del cuadro.

El caso de Nicaragua sirve para entender cómo funciona este mecanismo. Más allá de las simpatías o diferencias que cada persona pueda tener con el Gobierno sandinista, cualquier ciudadano merece conocer el discurso completo antes de sacar sus propias conclusiones; porque una democracia necesita ciudadanos/as informados, y un ciudadano/a realmente informado nunca se conforma con el primer titular que aparece en su pantalla.

¿Por qué la paz casi nunca dura?

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

(Una mirada marxista latinoamericana ante el conflicto entre EEUU, Israel e Irán)

Hipótesis para el Debate y la Discusión:

Cuando los grandes medios hablan de las guerras, casi siempre nos cuentan que todo se debe al odio entre pueblos, a diferencias religiosas o a rivalidades que vienen de hace mucho tiempo. Pero esta explicación apenas muestra una parte de la realidad. Detrás de los grandes conflictos casi siempre hay intereses económicos, militares y geopolíticos mucho más profundos.

Desde una mirada marxista latinoamericana, las guerras no pueden entenderse separadas de la lucha por el poder, los recursos naturales, las rutas comerciales, los mercados y el control político. En el capitalismo, sobre todo en su etapa imperialista, la guerra deja de ser algo excepcional y pasa a ser una herramienta para defender intereses económicos y estratégicos. El conflicto entre EEUU, Israel e Irán deja ver con bastante claridad esta realidad.

Cada cierto tiempo escuchamos que hay un alto al fuego, que vuelven las negociaciones o que las tensiones han bajado, sin embargo, poco después regresan los bombardeos, las amenazas y las acusaciones. ¿Por qué pasa esto una y otra vez?

Porque las causas de fondo siguen ahí, no estamos viendo solo una pelea entre gobiernos, lo que está en juego es el control de una de las regiones más importantes del mundo desde el punto de vista energético, comercial y militar; Medio Oriente concentra enormes reservas de petróleo y gas, además de rutas estratégicas por donde pasa buena parte de la energía que mueve la economía mundial.

Quien tenga mayor control sobre esa región también tiene una enorme capacidad para influir en la economía mundial; durante décadas, EEUU ha construido una fuerte presencia militar en Medio Oriente: bases militares, alianzas, acuerdos de seguridad y tecnología de punta forman parte de una estrategia para mantener su lugar como la principal potencia del mundo.

Dentro de esta estrategia, Israel ocupa un papel clave, más allá de los vínculos históricos y políticos entre ambos países, es uno de los principales aliados militares de Washington en la región.

Por su parte, Irán busca aumentar su influencia política y militar, fortalecer su capacidad para resistir las presiones externas y consolidarse como una potencia regional capaz de desafiar el orden impulsado por EEUU.

EEUU cuenta con un poder económico, militar, financiero y tecnológico que ningún otro actor involucrado posee, tiene capacidad para imponer sanciones económicas, intervenir militarmente, influir en organismos internacionales y presionar a numerosos gobiernos alrededor del mundo.

En América Latina conocemos bastante bien cómo funciona esa relación desigual, nuestra historia está llena de bloqueos económicos, golpes de Estado, intervenciones militares, operaciones encubiertas y presiones diplomáticas, casi siempre justificadas en nombre de la democracia, la seguridad o la defensa de determinados intereses.

Por eso muchos pueblos latinoamericanos miran con desconfianza cualquier intervención de las grandes potencias, no se trata de un prejuicio; se trata de memoria histórica.

Otro tema del que se habla poco es el papel del capital; cada guerra mueve cantidades enormes de dinero, mientras millones de personas pierden sus casas, sus familias o sus vidas, otros multiplican sus ganancias.

La industria militar vende aviones, misiles, drones, radares, sistemas de defensa, municiones, satélites y tecnología de vigilancia; cada vez que aumentan las tensiones internacionales, los grandes fabricantes de armas consiguen contratos multimillonarios.

Esto no quiere decir que las guerras existan únicamente para vender armas, esta sería una explicación demasiado simple, pero tampoco puede ignorarse que existe un enorme negocio que obtiene beneficios cada vez que los conflictos continúan.

Hace más de medio siglo, el presidente estadounidense Dwight Eisenhower advirtió sobre el enorme poder que podía llegar a tener el llamado complejo militar-industrial sobre las decisiones políticas de su país; con el paso del tiempo, aquella advertencia parece tener todavía más sentido.

La guerra también cumple otra función dentro del capitalismo actual, sirve para justificar grandes presupuestos militares, fortalecer los aparatos de seguridad, ampliar los sistemas de vigilancia y reforzar alianzas políticas, bajo la idea constante de que existe una amenaza externa, así, el miedo termina convirtiéndose en una herramienta política.

Tampoco hay que olvidar la política interna; los gobiernos no toman decisiones pensando solo en lo que ocurre fuera de sus fronteras, también responden a intereses económicos nacionales, grupos empresariales, sectores militares y cálculos electorales. Muchas veces resulta más conveniente mostrarse como un líder firme que como un gobernante dispuesto a negociar, esto ocurre en EEUU e Israel.

Por eso los altos al fuego suelen ser tan frágiles, no representan una solución definitiva, ya que son apenas pausas dentro de un conflicto que sigue abierto porque ninguno de los problemas de fondo ha sido resuelto.

Las sanciones económicas continúan, la disputa por el programa nuclear sigue vigente, la presencia militar estadounidense permanece en la región, las tensiones alrededor del estrecho de Ormuz siguen siendo claves para el comercio mundial y la competencia por el liderazgo regional no desaparece; mientras estas contradicciones sigan existiendo, cualquier tregua será temporal.

Desde una perspectiva marxista latinoamericana, la paz no puede entenderse simplemente como el silencio de las armas, una paz verdadera exige cambiar las relaciones de dominación que generan los conflictos. No puede haber una paz duradera mientras unos pocos Estados, pretendan decidir el destino del resto del mundo mediante la fuerza militar, las sanciones económicas o la presión diplomática.

Tampoco puede consolidarse una paz estable mientras las disputas por los recursos naturales, las fuentes de energía y los mercados sigan resolviéndose mediante la confrontación.

La experiencia latinoamericana también deja otra enseñanza. El derecho internacional pierde credibilidad cuando se aplica con una medida para los aliados de las grandes potencias y con otra muy distinta para quienes desafían sus intereses; este doble rasero alimenta la desconfianza y debilita cualquier intento de construir un orden internacional basado en reglas iguales para todos.

Por esto la defensa de la soberanía de los pueblos debe ser un principio válido sin excepciones; y quizás la principal enseñanza sea desconfiar de las explicaciones fáciles.

Las guerras no empiezan simplemente porque haya gobernantes buenos y malos, tampoco terminan con la firma de un acuerdo; detrás de cada conflicto hay intereses materiales, relaciones de poder y disputas económicas que necesitan ser analizadas con espíritu crítico.

Desde una mirada marxista latinoamericana, el imperialismo sigue siendo una pieza fundamental para entender muchos de los grandes conflictos actuales. Una política verdaderamente emancipadora exige mantener una mirada crítica sobre todos los Estados, defender el derecho de los pueblos a decidir su propio destino y rechazar cualquier forma de dominación.

Porque, al final, quienes siempre pagan el costo de las guerras no son los grandes empresarios, los fabricantes de armas ni las élites políticas, son los trabajadores, las familias humildes, los campesinos, los jóvenes enviados al frente de batalla y los pueblos que ven destruidas sus ciudades mientras otros se disputan el poder.

Esta sigue siendo, probablemente, la mayor lección que América Latina puede ofrecer al mundo: la paz solo será duradera cuando la vida de los pueblos valga más que los intereses del capital, de los imperios y de quienes han convertido la guerra en un negocio permanente.

Sin pueblo no hay revolución – Elecciones en Venezuela

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

José A. Amesty Rivera

Desde enero de 2026, Venezuela vive una crisis política y constitucional que ha abierto un fuerte debate dentro y fuera del país; todo comenzó con la captura-secuestro del presidente Nicolás Maduro durante una operación militar de EEUU. A partir de ese momento surgió una pregunta que sigue sin tener una respuesta única, ¿qué debe hacerse cuando un presidente queda fuera del ejercicio de sus funciones por una situación que la Constitución nunca imaginó-previó?

Y aquí empiezan las diferencias. Para el gobierno venezolano, lo ocurrido fue una agresión directa contra la soberanía nacional, su argumento es sencillo, Nicolás Maduro no renunció, no murió, no fue destituido por el Tribunal Supremo de Justicia, ni fue revocado por el voto popular; es decir, ninguna de las causas que la Constitución reconoce como una falta absoluta se ha producido. Por esto sostiene que Maduro sigue siendo el Presidente de la República y que, mientras dure su ausencia forzada, corresponde a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir las funciones del Ejecutivo, sin que exista la obligación inmediata de convocar nuevas elecciones.

La oposición, por otro lado, sostiene una posición completamente distinta. Afirma que, aunque la Constitución no habla expresamente de un presidente capturado por una potencia extranjera, la realidad demuestra que Maduro no puede ejercer el cargo y que esa situación debe considerarse una falta absoluta. Según esta interpretación, el artículo 233 obliga a convocar elecciones presidenciales para que sea el pueblo quien decida el rumbo del país.

Varios especialistas en Derecho Constitucional coinciden en que la Constitución venezolana nunca previó un escenario como este. El artículo 233 enumera cuáles son las faltas absolutas del Presidente: la muerte, la renuncia, la destitución por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, una incapacidad permanente certificada, el abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional o la revocatoria del mandato mediante referéndum.

También establece que, si una falta absoluta ocurre durante los primeros cuatro años del período presidencial, el Vicepresidente Ejecutivo asume temporalmente la Presidencia y deben convocarse elecciones universales, directas y secretas dentro de los treinta días siguientes.

El problema es que la Constitución no dice qué hacer cuando un presidente es capturado y permanece fuera del país por decisión de un gobierno extranjero, este vacío jurídico es precisamente el origen del debate que hoy divide a Venezuela, pero más allá de la discusión legal, hay un tema mucho más profundo.

Durante más de dos siglos, América Latina ha vivido bajo la sombra de las intervenciones extranjeras, nuestra historia está llena de invasiones, bloqueos económicos, golpes de Estado y presiones de las grandes potencias.

Desde la ocupación de Haití por EEUU, pasando por el derrocamiento de Jacobo Árbenz en Guatemala, el golpe contra Salvador Allende en Chile o la invasión a Panamá, la experiencia nos ha enseñado que cuando una potencia decide intervenir en otro país, casi nunca lo hace por amor a la democracia, generalmente existen intereses económicos, estratégicos o políticos detrás de estas decisiones.

Por esto, cualquier persona que se considere de izquierda, democrática y latinoamericanista tiene razones para rechazar una intervención extranjera en Venezuela, no importa si se simpatiza o no con el gobierno de Nicolás Maduro; permitir que un país decida por la fuerza el destino político de otro, abre un precedente muy peligroso para toda América Latina, sin embargo, aquí aparece otro problema igual de importante. Defender la soberanía no significa que la democracia pueda ponerse en pausa por tiempo indefinido.

La izquierda latinoamericana siempre ha levantado dos banderas: la independencia de nuestros pueblos y el derecho de esos pueblos a decidir su propio destino, una bandera sin la otra pierde sentido.

Nuestra propia historia también demuestra que algunos gobiernos, en nombre de la defensa de la soberanía, terminaron alejándose poco a poco de los mecanismos democráticos que les dieron legitimidad, esto es un riesgo que no puede ignorarse.

La Constitución venezolana de 1999, impulsada durante el gobierno de Hugo Chávez, fue creada precisamente para que las crisis políticas no se resolvieran con la fuerza, sino con reglas claras. Por esto estableció procedimientos para las ausencias del presidente y para garantizar que, cuando fuera necesario, el pueblo volviera a decidir mediante el voto; nadie imaginó que algún día Venezuela enfrentaría una situación como la actual.

Ante este vacío, el Tribunal Supremo de Justicia optó por una interpretación excepcional que permitió mantener la continuidad del gobierno sin convocar elecciones. Para el oficialismo, esta fue la única manera de enfrentar una agresión extranjera sin romper el orden constitucional; pero esta decisión también ha generado dudas.

Reiterando, el chavismo insiste en que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente constitucional porque ninguna de las causas previstas en el artículo 233 ha ocurrido. La oposición responde que un presidente que no puede ejercer sus funciones durante un tiempo indefinido deja de gobernar en la práctica y que, por respeto a la propia Constitución, corresponde devolver la palabra al pueblo, estas dos posiciones tienen argumentos jurídicos.

Pero las Constituciones no solo se leen palabra por palabra, también deben interpretarse según el espíritu con el que fueron escritas, y este espíritu, en el caso venezolano, siempre tuvo un objetivo claro, que la voluntad popular fuera la máxima fuente de legitimidad; vale aquí la pena, recordar una de las principales enseñanzas de Hugo Chávez.

Cada vez que enfrentó una crisis importante buscó el respaldo de las urnas, ganó elecciones presidenciales, impulsó referendos, promovió consultas populares y convirtió el voto en la principal herramienta para enfrentar a sus adversarios nacionales e internacionales. Su mensaje era y es claro, ningún poder es más fuerte que la decisión del pueblo, este legado merece ser recordado.

Cuando un gobierno tiene respaldo popular, unas elecciones no deberían darle miedo, al contrario, fortalecen su legitimidad. Cuando las elecciones se aplazan una y otra vez, inevitablemente aparecen preguntas y desconfianza.

También la izquierda debe evitar otro error que ha cometido en distintos momentos de la historia, pensar que cualquier crítica a un gobierno progresista favorece automáticamente al imperialismo, y no siempre es así. Se puede rechazar una intervención extranjera y, al mismo tiempo, defender que la Constitución se cumpla, se puede condenar el intervencionismo de EEUU y también pedir que el pueblo venezolano vuelva a expresarse en las urnas; no hay ninguna contradicción en esta postura.

La Revolución Cubana resistió durante décadas porque logró construir una fuerte legitimidad interna a pesar del bloqueo estadounidense; la Revolución Sandinista, en Nicaragua, mostró que incluso los procesos con un enorme respaldo popular pueden desgastarse cuando disminuyen los espacios de participación; en Bolivia, el gobierno de Evo Morales enfrentó una crisis política, cuando surgieron cuestionamientos sobre los límites constitucionales de la reelección.

Cada proceso tiene su propia historia, pero todos dejan una enseñanza común, ninguna revolución puede vivir únicamente de su pasado; la legitimidad debe renovarse constantemente mediante la participación del pueblo y esto también vale para Venezuela.

Condenar la intervención estadounidense, es una obligación para quienes defendemos la soberanía latinoamericana, pero también es válido preguntarse cuánto tiempo puede mantenerse una situación excepcional, sin consultar nuevamente a los ciudadanos/as.

Al final, existe un principio que ninguna izquierda democrática debería abandonar jamás, la soberanía pertenece al pueblo, no pertenece a un partido, no pertenece a un gobierno, no corresponde a un líder, y, por supuesto, tampoco a una potencia extranjera.

Si el pueblo es el verdadero dueño de la soberanía, entonces las grandes crisis nacionales deben resolverse devolviéndole la palabra, esto significa elecciones libres, transparentes, con garantías para todas las fuerzas políticas y con observación internacional que dé confianza a todos los sectores, no se trata de aceptar imposiciones desde Washington, se trata, precisamente, de impedirlas.

Porque la mejor respuesta frente a cualquier intento de intervención extranjera es que sean los propios venezolanos/as quienes decidan democráticamente el futuro de su país; hoy la izquierda latinoamericana tiene la oportunidad de demostrar coherencia.

Puede condenar cualquier violación de la soberanía venezolana, puede exigir respeto al Derecho Internacional, puede rechazar toda forma de intervención militar o política desde el exterior. Y, al mismo tiempo, puede defender el derecho del pueblo venezolano a renovar democráticamente la legitimidad de sus instituciones, no hay contradicción entre ambas cosas, al contrario, una fortalece a la otra.

José Martí decía que un pueblo no se construye, cómo se organiza un campamento militar. Augusto César Sandino recordaba que la soberanía no se negocia. Salvador Allende repetía que la historia la hacen los pueblos. Hugo Chávez insistía en que el poder constituyente residía en la voluntad popular.

Todos, desde épocas y realidades distintas, coincidían en una idea sencilla y poderosa, el pueblo debe ser siempre el protagonista de su propia historia. Por esto, la salida a la crisis venezolana no puede decidirse en Washington, ni en los cuarteles, ni únicamente en los tribunales, debe decidirse donde siempre debió estar la última palabra, en las urnas electorales; porque ningún imperio tiene derecho a escoger quién gobierna Venezuela, pero tampoco ninguna crisis, por grave que sea, puede justificar que la voz del pueblo permanezca indefinidamente en silencio.

La soberanía y el voto electoral no son caminos opuestos, son dos principios que deben caminar juntos, cuando uno falta, el otro termina perdiendo fuerza. Y una izquierda que olvida cualquiera de los dos corre el riesgo de dejar de ser fiel a su propia historia.

La verdad y la política bajo los escombros

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

José A. Amesty Rivera

Hay quienes que, cuando los pueblos sufren, llegan con agua, alimentos, medicinas, maquinaria y solidaridad, otros llegan con cámaras, troles y mentiras.

La historia de Nuestra América está llena de terremotos, huracanes, inundaciones y otras tragedias naturales, pero también ha estado marcada por otro tipo de desastres, uno creado desde los centros del poder político y mediático, como el uso del dolor humano para desestabilizar gobiernos populares y sembrar desesperanza.

Lo ocurrido en Venezuela tras los devastadores terremotos no puede analizarse solo como un fenómeno geológico; mientras miles de rescatistas, médicos, bomberos, trabajadores públicos y voluntarios luchan contra el tiempo para salvar vidas, en las redes sociales se libra otra batalla, una ofensiva comunicacional que busca convertir una tragedia nacional en un instrumento de confrontación política.

Esto no es algo nuevo. La Revolución Bolivariana ha enfrentado durante más de dos décadas una guerra en muchos frentes, donde la manipulación de la información ha sido una de las armas más poderosas. Cada dificultad económica, cada apagón, cada inundación, cada crisis sanitaria, y ahora cada desastre natural se convierte de inmediato en material para una maquinaria propagandística, que intenta presentar al Estado venezolano como un proyecto fracasado.

No hablamos simplemente de la crítica política, que siempre es válida en una sociedad democrática, la crítica forma parte del debate. El problema comienza cuando el sufrimiento de miles de familias, se convierte en un espectáculo para generar odio, desmoralización y enfrentamiento.

Mientras hombres y mujeres remueven toneladas de escombros para rescatar sobrevivientes, en Internet circulan fotografías de otros terremotos presentadas como si fueran de Venezuela, videos manipulados, imágenes creadas con inteligencia artificial y rumores sobre supuestos saqueos, abandono total de las víctimas, robo de donaciones, e incluso versiones según las cuales funcionarios cobraban dinero para entregar los cuerpos de personas fallecidas.

Muchas de estas publicaciones fueron desmentidas posteriormente por verificadores independientes, demostrando que el dolor también puede convertirse en un negocio político.

Es la política del desastre, donde el neoliberalismo convierte todo en mercancía, incluso las tragedias. Existe una lógica profundamente deshumanizada que cree que mientras peor le vaya al país, mayores serán las posibilidades de derrotar políticamente al gobierno.

Es una visión que no celebra la reconstrucción, sino el derrumbe; que no busca aliviar el sufrimiento, sino aumentarlo; que no construye esperanza, sino frustración.

En esta lógica, una catástrofe natural deja de ser un drama humano para convertirse en una oportunidad propagandística. Lo importante deja de ser salvar personas y pasa a ser construir un relato político.

Por esto aparecen las matrices de opinión incluso antes de que terminen las labores de rescate. Primero se instala la idea del abandono, luego la de un supuesto colapso institucional, más tarde llegan las acusaciones sin pruebas y, finalmente, aparece la conclusión política que ya estaba preparada, presentar al gobierno como incapaz y convertir el dolor colectivo en combustible para la confrontación.

No es un drama exclusivo de Venezuela. Lo hemos visto en Cuba después de huracanes, en Nicaragua tras desastres naturales, en Bolivia durante los incendios, en México después de terremotos y en buena parte de América Latina, cuando gobiernos progresistas enfrentan situaciones extraordinarias.

Las redes sociales permiten que una mentira recorra millones de pantallas antes de que la verdad logre abrirse paso; este es precisamente el objetivo: no informar, sino impactar emocionalmente, sembrar miedo, provocar indignación y romper la confianza entre el pueblo y las instituciones.

Mientras algunos se concentran sus esfuerzos en hacer virales rumores y noticias falsas, otra Venezuela estaba actuando: Bomberos, Protección Civil, la Fuerza Armada, Personal Sanitario, Consejos Comunales, Comunas, Militantes Sociales, Vecinos, Jóvenes Voluntarios, Trabajadores Públicos y Rescatistas Internacionales. Miles de personas que no preguntan por la posición política de quien necesita ayuda, simplemente ayudan.

Porque cuando un edificio se derrumba no hay opositores ni chavistas bajo los escombros, hay seres humanos. Esta es la Venezuela que pocas veces ocupa los titulares de los grandes medios internacionales, la Venezuela de la solidaridad organizada, la que comparte alimentos, aunque tenga poco, la que convierte escuelas en refugios y donde las comunidades organizan cocinas colectivas mientras llegan los organismos especializados.

Y no se trata de idealizar la realidad. Ningún Estado del mundo responde de manera perfecta a una catástrofe de semejante magnitud, siempre habrán carencias, errores, retrasos y limitaciones materiales.

Más aún cuando un país ha soportado durante años sanciones económicas, dificultades financieras y restricciones para adquirir equipos especializados, pero reconocer esas limitaciones es muy diferente a fabricar una realidad paralela basada en noticias falsas.

También se ha desatado una guerra psicológica. Hace tiempo que los manuales de guerra dejaron de limitarse al terreno militar, hoy las operaciones psicológicas ocupan un lugar central, y las redes sociales funcionan como verdaderos campos de batalla, donde cada fotografía, cada video y cada rumor puede influir en la percepción colectiva.

La desinformación no busca solamente engañar, busca paralizar, desmoralizar y dividir, busca que la gente deje de confiar en las instituciones del país, que toda información oficial sea vista automáticamente como falsa y que termine imponiéndose el caos informativo.

En este escenario gana quien logra sembrar primero una emoción, aunque después sea desmentida; las mentiras casi siempre corren más rápido que las rectificaciones y, cuando se trata de tragedias humanas, el impacto emocional hace que se propaguen todavía más rápido.

Dicho esto, la izquierda también tiene responsabilidades. Defender al pueblo venezolano no significa negar los problemas, no significa convertir la solidaridad en propaganda, ni afirmar que todo funciona perfectamente.

Ser de izquierda exige un compromiso mucho más profundo, como el de defender la verdad, incluso cuando resulte incómoda. Porque si denunciamos la manipulación del adversario, también debemos rechazar cualquier intento de ocultar los errores propios. La ética revolucionaria no puede construirse sobre exageraciones, sino sobre hechos.

Por eso es tan importante combatir las noticias falsas, no solo porque afectan la imagen del gobierno, sino porque afectan directamente la vida de las víctimas. Un rumor puede impedir que una familia encuentre información confiable, puede dificultar el trabajo de los rescatistas, sembrar pánico, generar violencia o desviar recursos hacia problemas que no existen. Las fake news también matan.

Otro tema es que la Patria Grande no puede ser indiferente frente al dolor. La respuesta latinoamericana debe estar a la altura de una región que conoce muy bien el valor de la solidaridad, por ejemplo, Cuba enviando médicos, México enviando rescatistas, Colombia tendiendo puentes, Brasil aportando ayuda; los pueblos organizando campañas de recolección, las universidades ofreciendo apoyo técnico y los movimientos sociales movilizando alimentos y medicinas.

Esta es la América Latina que soñaron Bolívar, Martí, Sandino, el Che, Chávez y tantos otros, la América Latina que entiende que ninguna frontera vale más que una vida humana; hoy Venezuela necesita esta solidaridad.

Y no necesita laboratorios digitales sembrando odio, no necesita dirigentes políticos haciendo cálculos electorales entre los escombros, no necesita influencers compitiendo por seguidores en medio de la tragedia; Necesita humanidad, cooperación y respeto por quienes lo han perdido todo.

Para ir terminando, cada desastre natural deja lecciones, una de ellas es que la verdad también necesita ser defendida, porque la mentira organizada puede convertirse en otra forma de violencia.

La batalla por la verdad no pertenece únicamente al gobierno ni a la oposición, pertenece al pueblo, pertenece a quienes creen que ninguna diferencia política justifica usar el sufrimiento humano, como arma de confrontación.

Cuando la tierra deje de temblar comienza otra reconstrucción, la de las viviendas, las escuelas y los hospitales, pero también la reconstrucción de la confianza colectiva, y esta tarea exige derrotar el cinismo, el oportunismo y la manipulación.

La izquierda latinoamericana debe levantar una bandera sencilla, pero profundamente revolucionaria, ninguna victoria política, vale una sola mentira construida sobre el dolor del pueblo.

Porque los escombros se levantan con maquinaria, pero las heridas sanan con solidaridad, y la dignidad de un pueblo solo puede sostenerse sobre la verdad, la justicia y la memoria.

En tiempos en que las redes sociales pueden convertir una falsedad en una verdad aparente, defender la información verificada, también es una forma de defender la soberanía, y la soberanía, como nos enseñó Hugo Chávez, no pertenece a un partido ni a un gobierno; pertenece al pueblo, que tiene derecho a enfrentar las adversidades con la verdad por delante y con la esperanza intacta.

Palestina: la dignidad y lucha de los pueblos

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

José A. Amesty Rivera

Durante años nos han dicho que Palestina es un conflicto lejano, complicado y difícil de entender, nos repiten que es un problema milenario lleno de matices que sólo los expertos pueden explicar, pero para muchos pueblos de América Latina la cuestión es bastante más sencilla de lo que pretenden hacernos creer.

Cuando un pueblo vive bajo ocupación, cuando su territorio se reduce cada año, cuando miles de familias son desplazadas, cuando los bombardeos destruyen escuelas, hospitales y viviendas, y cuando la comunidad internacional mira para otro lado, estamos frente a una injusticia que cualquier persona puede comprender.

Por eso Palestina ya no es solamente un tema de Medio Oriente, se ha convertido en una causa mundial, una causa que interpela a quienes creen en la soberanía de los pueblos, en la autodeterminación y en el derecho de las naciones a vivir libres de la dominación extranjera.

En América Latina esta realidad tiene un significado especial, ya que nuestros pueblos conocen bien lo que significa sufrir la intervención de potencias extranjeras, el saqueo de recursos naturales, los bloqueos económicos, las presiones diplomáticas y las campañas mediáticas destinadas a justificar lo injustificable.

Nuestra historia está marcada por siglos de colonialismo: primero fueron los imperios europeos, después llegaron nuevas formas de dependencia económica, política y cultural; cambiaron los métodos, pero muchas veces el objetivo siguió siendo el mismo, impedir que los pueblos decidan libremente su destino.

Por eso la causa palestina encuentra tanta solidaridad en nuestra región, no porque las realidades sean idénticas, sino porque existe una experiencia común de resistencia frente a formas de dominación, que adoptan distintos rostros según la época y el lugar.

Defender a Palestina no significa estar contra el pueblo judío ni contra ninguna religión, esto es importante decirlo con claridad.

El pueblo judío sufrió algunas de las persecuciones más terribles de la historia, como el antisemitismo que provocó sufrimiento, discriminación y tragedias inmensas, culminando en el horror del Holocausto, este hecho debe ser reconocido y condenado sin ninguna ambigüedad.

Pero precisamente porque conocemos esta historia, también debemos afirmar algo fundamental, ningún sufrimiento histórico puede justificar la negación de los derechos de otro pueblo. La defensa de los derechos humanos no puede aplicarse según la conveniencia política de las grandes potencias; si creemos en la dignidad humana, debemos defenderla siempre y para todos.

Por esto rechazamos el antisemitismo con la misma fuerza con que rechazamos la islamofobia, el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación.

También rechazamos una práctica cada vez más utilizada, presentar cualquier crítica a las políticas del gobierno israelí, como si fuera un ataque contra todo el pueblo judío; una cosa es cuestionar las decisiones de un gobierno, y otra muy distinta es discriminar a una comunidad o una religión, ya que no son lo mismo.

Criticar las decisiones de un gobierno es un derecho democrático, de la misma manera que se cuestionan las políticas de Estados Unidos, Francia, Rusia, China o cualquier otro país, también pueden cuestionarse las acciones de Israel. Confundir deliberadamente estas cosas sólo sirve para bloquear el debate y evitar que se discutan problemas reales.

Otro aspecto que merece atención es el papel de los grandes medios de comunicación internacionales. Durante décadas, buena parte de la información sobre Palestina ha llegado al mundo filtrada por intereses políticos y geopolíticos muy concretos.

Las víctimas palestinas suelen aparecer reducidas a números, sus historias rara vez ocupan las primeras planas, sus voces son muchas veces invisibilizadas.

Mientras tanto, determinados relatos reciben una cobertura permanente y una legitimidad, que pocas veces se concede a otros pueblos que sufren conflictos similares.

No se trata de conspiraciones ni de explicaciones simplistas, se trata de reconocer que la información también es un terreno de disputa política, ya que los pueblos tienen derecho a conocer todas las versiones de los hechos para formar sus propias opiniones.

La cuestión palestina también nos obliga a reflexionar sobre el mundo en que vivimos, durante muchos se intentó imponer la idea de que unas pocas potencias tenían derecho a decidir qué gobiernos eran legítimos, qué guerras eran aceptables y qué pueblos merecían solidaridad internacional.

Sin embargo, el mundo está cambiando, cada vez más países reclaman relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, la cooperación y la igualdad soberana entre los Estados.

Para América Latina, esta discusión es especialmente importante. La independencia política conquistada en el siglo XIX, sigue siendo una tarea inconclusa mientras persistan formas de dependencia económica, financiera y tecnológica.

Por esto la integración regional sigue siendo una necesidad estratégica, Bolívar soñó con una América Latina unida, porque comprendía que nuestros países aislados serían más vulnerables frente a los intereses de las grandes potencias, dos siglos después, esta lección mantiene plena vigencia.

La defensa de Palestina también nos recuerda la importancia de construir un mundo multipolar, donde ninguna potencia pueda imponer unilateralmente sus intereses sobre el resto de la humanidad.

Un mundo donde el derecho internacional se aplique a todos por igual, un mundo donde los derechos humanos no dependan del poder militar, económico o diplomático de quien los viola.

Desde una perspectiva latinoamericanista, la solidaridad con Palestina forma parte de una disputa más amplia, es la misma lucha por la soberanía que libraron nuestros libertadores, el combate de los pueblos indígenas que defendieron sus territorios, la pelea de quienes enfrentaron dictaduras, bloqueos e intervenciones extranjeras, la batalla de quienes creen que la dignidad no se negocia.

La izquierda latinoamericana tiene una responsabilidad importante en este debate, debe mantener una posición firme en defensa de los derechos humanos sin caer en prejuicios religiosos, étnicos o culturales, debe denunciar las injusticias donde ocurran, sin dobles raseros y debe recordar que los principios sólo tienen valor cuando se aplican de manera coherente.

Si estamos contra la ocupación de territorios, debemos estarlo siempre, si defendemos la autodeterminación de los pueblos, debemos hacerlo sin excepciones, si creemos en la igualdad entre las naciones, no podemos aceptar que algunas tengan más derechos que otras.

Palestina interpela precisamente esta coherencia; nos obliga a preguntarnos si los derechos humanos son realmente universales o si dependen de intereses geopolíticos, nos obliga a decidir si la soberanía es un derecho para todos o un privilegio reservado para unos pocos y nos obliga a recordar que la solidaridad internacional no es una consigna vacía, es un compromiso concreto con quienes sufren injusticias.

Por esto la causa palestina sigue despertando apoyo en sindicatos, movimientos estudiantiles, organizaciones populares, espacios culturales y comunidades de toda América Latina, ya que muchos reconocen en esta lucha algo que forma parte de nuestra propia memoria histórica.

La memoria de quienes resistieron la colonización, la memoria de quienes enfrentaron imperios, la memoria de quienes se negaron a aceptar que el poder de la fuerza estuviera por encima de la fuerza de la razón.

La solidaridad con Palestina no nace del odio hacia nadie, nace de una convicción profundamente humana y profundamente latinoamericana, que ningún pueblo debe vivir sometido, desplazado o privado de sus derechos fundamentales.

Y mientras exista un pueblo luchando por su tierra, por su soberanía y por su dignidad, esta causa seguirá encontrando eco en los corazones de millones de hombres y mujeres de Nuestra América.

Porque la lucha de Palestina, como todas las luchas por la libertad, nos recuerda una verdad sencilla pero poderosa, los pueblos pueden ser golpeados, pueden ser bloqueados, pueden ser silenciados durante un tiempo, pero nunca dejan de luchar cuando está en juego su derecho a existir y a decidir su propio destino.

El Imperio espera la rendición; Cuba responde sin claudicar

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

José A. Amesty Rivera

Cada cierto tiempo, los voceros del poder imperial vuelven a lanzar la misma profecía, ahora sí cayó Cuba, ya sí se derrumba la Revolución, ahora sí llegó el final.

Lo dijeron cuando desapareció la Unión Soviética, lo repitieron durante los años más duros del Período Especial, lo anuncian con cada crisis económica, con cada apagón y con cada ola migratoria.

Y, sin embargo, aquí está Cuba, golpeada, asediada, castigada por carencias reales que afectan la vida cotidiana de millones de personas, pero de pie.

Esta es la verdad que incomoda a Washington y a sus operadores políticos y mediáticos; porque el problema nunca fue la democracia ni los derechos humanos, el problema fue siempre otro, que una pequeña isla del Caribe se atrevió a romper las cadenas de la dependencia, recuperó el control de su destino y desafió el dominio imperial a apenas noventa millas de la mayor potencia militar del planeta.

Desde 1959, EEUU no ha dejado de intentar doblegar a la Revolución Cubana con: invasiones, sabotajes, terrorismo, financiamiento de grupos desestabilizadores, campañas de desinformación, guerra económica y aislamiento diplomático, que forman parte de una misma estrategia histórica, rendir por hambre a un pueblo que decidió no obedecer.

Por esto el bloqueo no es una simple sanción económica, es una guerra prolongada contra una nación soberana, es una política deliberada de castigo colectivo diseñada para provocar desesperación, fractura social y rendición política. Ningún país latinoamericano aceptaría durante sesenta días lo que Cuba ha soportado durante más de seis décadas.

Quienes hoy intentan explicar la crisis cubana exclusivamente como resultado de un supuesto fracaso del socialismo, no buscan comprender la realidad, buscan construir un relato utilizable a los intereses de quienes jamás aceptaron la independencia de Cuba.

No existe análisis serio que pueda ignorar el peso brutal del bloqueo sobre la economía cubana; la imposibilidad de acceder libremente a mercados, créditos, tecnologías, inversiones y sistemas financieros internacionales, tiene consecuencias concretas sobre la producción, el transporte, la energía, la salud y la vida cotidiana del pueblo.

Pero sería igualmente irresponsable cerrar los ojos ante los problemas internos, precisamente porque defendemos la Revolución, tenemos la obligación política y moral de hablar con claridad. El bloqueo explica una parte decisiva de las dificultades, pero no todas.

Existen problemas estructurales que requieren respuestas urgentes, como que, persisten trabas burocráticas que frenan decisiones necesarias, existen insuficiencias productivas que afectan la capacidad de generar riqueza social, se perciben desgastes institucionales y mecanismos de participación popular, que necesitan fortalecerse para responder a los desafíos de una nueva etapa.

La crítica revolucionaria no es una concesión al enemigo, por el contrario, la crítica revolucionaria es una herramienta de defensa del propio proceso revolucionario.

Los pueblos que hicieron revoluciones no las hicieron para administrar inercias, ni para preservar estructuras inmóviles, las hicieron para transformar la realidad. Defender la Revolución significa tener el coraje de corregir errores, combatir privilegios, enfrentar deformaciones burocráticas y abrir nuevos caminos para la participación popular.

La peor amenaza para cualquier proyecto emancipador no es la discusión, es el inmovilismo. Las recientes conversaciones entre La Habana y Washington expresan las contradicciones del momento histórico.

En sectores del poder estadounidense existe una constatación imposible de ocultar, después de más de sesenta años de agresión, la Revolución Cubana no ha sido derrotada.

No lograron destruirla con invasiones, no lograron destruirla con atentados, no lograron destruirla mediante el aislamiento, no lograron destruirla mediante el bloqueo.

Pero también saben que el desgaste económico acumulado, puede generar condiciones favorables para impulsar una restauración capitalista gradual, presentada como modernización, apertura o normalización y aquí reside uno de los grandes peligros de la coyuntura actual, porque la historia latinoamericana ofrece demasiados ejemplos.

Los mismos grupos económicos que privatizaron empresas públicas, destruyeron derechos laborales, multiplicaron la desigualdad y entregaron recursos estratégicos a corporaciones extranjeras, son los que hoy aparecen como supuestos defensores de la libertad y el progreso.

Nuestra América ya conoce esta receta, la aplicaron bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional, la aplicaron en nombre de la eficiencia, la aplicaron prometiendo prosperidad.

Y el resultado fue más pobreza, más dependencia, más exclusión y más concentración de la riqueza; por esto la salida para Cuba no puede ser el regreso al neoliberalismo.

La respuesta tampoco puede consistir en administrar indefinidamente las dificultades existentes, la respuesta debe surgir desde una profundización del proyecto revolucionario, como:

Más participación popular, más protagonismo de los trabajadores, más control social sobre la economía, más cooperativas, más capacidad productiva, más combate contra los privilegios burocráticos, más democracia socialista, más Revolución.

Porque la disyuntiva no es socialismo o mercado, la verdadera disyuntiva es soberanía o dependencia.

Quienes, desde Miami, o desde determinados centros de poder sueñan con convertir a Cuba en un paraíso para fondos de inversión, especuladores financieros y grandes cadenas transnacionales, no están pensando en el bienestar del pueblo cubano.

Están pensando en negocios, no buscan justicia social, buscan restaurar privilegios, no buscan soberanía, buscan subordinación, no buscan democracia popular, buscan recuperar espacios de dominación perdidos en 1959.

La izquierda latinoamericana tiene una responsabilidad histórica en este momento, ya que solidaridad no significa silencio, solidaridad tampoco significa repetir consignas mecánicamente.

La verdadera solidaridad consiste en defender sin vacilaciones el derecho del pueblo cubano a decidir su propio destino, frente a cualquier forma de injerencia imperial, al mismo tiempo que se promueve un debate revolucionario, capaz de fortalecer, renovar y proyectar hacia el futuro las conquistas alcanzadas.

Porque la batalla de Cuba nunca ha sido solamente una batalla cubana, es una batalla latinoamericana. Es una batalla de todos los pueblos que luchan por la independencia, la justicia social y la dignidad nacional.

Por eso Cuba sigue siendo un símbolo, no porque sea perfecta, no porque esté libre de errores o contradicciones, sino porque representa una verdad que el imperialismo jamás ha logrado destruir, como que los pueblos tienen derecho a construir su propio destino sin amos, sin tutelajes y sin imposiciones extranjeras. Mientras esta convicción siga viva, la Revolución seguirá siendo una posibilidad abierta.

La tarea de esta hora no es administrar la derrota, la tarea es impedir la restauración, la tarea es defender la soberanía, la tarea es abrir un nuevo ciclo de participación popular, transformación económica y ofensiva revolucionaria.

Porque Cuba no está vencida y porque los pueblos de Nuestra América todavía tienen cuentas pendientes con la historia.

La hostilidad contra el voto electoral

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

Durante las últimas tres décadas, América Latina ha vivido una intensa pelea política entre proyectos que buscan ampliar derechos sociales, fortalecer el papel del Estado y reducir desigualdades, y sectores económicos, mediáticos y políticos que defienden modelos más conservadores o neoliberales. En este escenario, las elecciones han sido fundamentales, pero no siempre suficientes.

Cada vez que un proyecto progresista o de izquierda, ha logrado llegar al gobierno por la vía democrática, han aparecido distintos mecanismos para limitarlo, debilitarlo o expulsarlo del poder. Algunas veces fueron golpes de Estado clásicos, con militares en las calles, otras veces se utilizaron fórmulas más sofisticadas como: campañas mediáticas permanentes, persecuciones judiciales, destituciones exprés, bloqueos institucionales o procesos conocidos como lawfare, es decir, el uso político del sistema judicial para neutralizar adversarios.

No existe consenso absoluto sobre cuántos casos deben clasificarse como golpes, lawfare o maniobras antidemocráticas. Sin embargo, al observar la región entre mediados de los años noventa y la actualidad, pueden identificarse al menos una decena de episodios relevantes que afectaron a gobiernos o líderes progresistas elegidos democráticamente.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en Venezuela en abril de 2002. Tras una intensa confrontación política, sectores militares y empresariales lograron sacar temporalmente del poder al presidente Comandante Hugo Chávez y durante horas se instaló un gobierno de facto encabezado por Pedro Carmona.

La movilización popular y la reacción de sectores militares leales permitieron el retorno de Chávez al poder en menos de 48 horas. Este episodio mostró que, incluso en pleno siglo XXI, los golpes tradicionales seguían siendo una posibilidad.

En junio de 2009, militares hondureños sacaron de su casa al presidente Manuel Zelaya del país y lo enviaron al extranjero. Aunque los promotores intentaron presentar la acción como una medida constitucional, buena parte de la comunidad internacional la calificó como golpe de Estado.

El caso hondureño marcó una nueva etapa, la combinación de instituciones civiles, tribunales y fuerzas armadas para justificar la ruptura del orden democrático.

Otro caso fue la destitución relámpago de Fernando Lugo en Paraguay, fue sometido a un juicio político que duró apenas unas horas y tuvo escasas garantías para ejercer su defensa. Aunque formalmente se respetó el procedimiento constitucional, numerosos gobiernos latinoamericanos consideraron que se trató de un “golpe parlamentario”. El mensaje fue claro, ya no era necesario sacar tanques a la calle para remover a un presidente incómodo.

Recordemos igualmente la caída de Evo Morales en Bolivia, la crisis boliviana de 2019 sigue siendo objeto de debate político e histórico. Tras denuncias de irregularidades electorales, presiones policiales y militares llevaron a la renuncia de Evo Morales.

Sus partidarios sostienen que fue un golpe de Estado; sus detractores afirman que fue consecuencia de una crisis institucional provocada por el propio gobierno. Lo cierto es que un presidente electo abandonó el cargo bajo presión de las fuerzas armadas y la policía, un hecho extremadamente grave para cualquier democracia.

Por otro lado, irrumpe el Lawfare, que es la nueva cara de los golpes del siglo XXI. Durante buena parte del siglo XX, cuando las élites económicas y políticas querían sacar del camino a un gobierno popular, recurrían a los cuarteles, los tanques y los golpes militares. América Latina conoció demasiado bien esa historia.

Sin embargo, en el siglo XXI, esos métodos comenzaron a tener un alto costo político, ya no era tan fácil justificar ante el mundo que un grupo de militares derrocara a un gobierno elegido por el pueblo. Fue entonces cuando apareció una herramienta más sofisticada, el lawfare.

La palabra combina los términos ingleses law (ley) y warfare (guerra). En términos simples, significa utilizar las instituciones judiciales como armas de combate político. Desde la perspectiva de amplios sectores de la izquierda latinoamericana, el objetivo no es hacer justicia, sino neutralizar, desacreditar o sacar de la competencia electoral a dirigentes populares que no pudieron ser derrotados en las urnas electorales.

El mecanismo suele repetirse así: primero aparecen denuncias amplificadas durante meses por grandes medios de comunicación; luego llegan filtraciones selectivas, titulares escandalosos y una condena mediática anticipada; finalmente, fiscales y jueces impulsan procesos que terminan debilitando políticamente al dirigente señalado, aunque años después muchas de esas causas se derrumben o sean anuladas.

Para millones de latinoamericanos, el caso de Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, representan ejemplos de esta nueva modalidad de confrontación política. La acusación central es que determinados sectores del poder económico, mediático y judicial habrían actuado coordinadamente para impedir que proyectos populares mantuvieran o recuperaran el gobierno.

Por esto muchos movimientos sociales sostienen que los golpes del siglo XXI, ya no siempre usan botas militares, muchas veces usan trajes, micrófonos y togas.

Ahora, hablar de democracia, desestabilización y participación en América Latina sin mencionar a EEUU, sería dejar incompleto el análisis.

Durante décadas, Washington intervino abierta o encubiertamente en los asuntos internos de la región. Los golpes contra gobiernos reformistas o nacionalistas, en distintos países dejaron una huella profunda en la memoria colectiva latinoamericana. Esta historia explica por qué muchos sectores populares observan con desconfianza cualquier forma de injerencia extranjera.

Aunque los tiempos han cambiado y ya casi no predominan las intervenciones directas que marcaron gran parte del siglo XX, desde la izquierda latinoamericana existe la percepción de que continúan operando mecanismos de presión política, económica y diplomática destinados a influir en el rumbo de los países de la región.

Cuando gobiernos progresistas intentan fortalecer el papel del Estado, recuperar el control de recursos naturales estratégicos, impulsar proyectos de integración regional o desarrollar una política exterior más independiente, suelen encontrarse con fuertes resistencias provenientes de centros de poder internacionales.

Desde esta mirada, la disputa no es solamente entre izquierda y derecha, también es una disputa por la soberanía; es decir, por el derecho de los pueblos latinoamericanos a decidir su propio destino sin tutelas externas.

Por esta razón, para amplios sectores progresistas, la defensa de la democracia implica no solo impedir golpes o maniobras internas, sino también proteger la capacidad de cada nación para tomar decisiones de manera autónoma.

Hay otro elemento que se suma al análisis como un nuevo campo de batalla político. Si en el siglo pasado la batalla por la opinión pública se libraba principalmente en periódicos, radios y canales de televisión, hoy una parte importante de esa lucha se desarrolla en las redes sociales.

Facebook, X, Instagram, TikTok y otras plataformas se han convertido en espacios donde millones de personas reciben información política todos los días, pero también se han transformado en escenarios de confrontación ideológica permanente.

Desde la perspectiva de la izquierda latinoamericana, las redes han permitido romper parcialmente el monopolio informativo de los grandes grupos mediáticos. Movimientos sociales, organizaciones populares y medios alternativos han encontrado allí un espacio para difundir sus ideas y disputar el relato dominante.

Sin embargo, las mismas herramientas que democratizan la comunicación también pueden utilizarse para manipularla. Campañas de noticias falsas, ejércitos de bots, cuentas automatizadas, operaciones coordinadas de desinformación y ataques digitales forman parte del nuevo arsenal político del siglo XXI. En cuestión de horas puede construirse una narrativa capaz de instalar sospechas, destruir reputaciones o generar climas de descontento social.

El problema se agrava, porque los datos de redes suelen premiar los contenidos más emocionales, agresivos o escandalosos. La mentira muchas veces circula más rápido que la verdad, y una acusación impactante suele tener más alcance que una explicación rigurosa.

Por esto, para muchos analistas progresistas, las redes sociales se han convertido en un terreno decisivo de la lucha política contemporánea; allí se construyen consensos, se moldean percepciones y, en algunos casos, se preparan las condiciones para procesos de desestabilización.

La disputa por la democracia en América Latina ya no ocurre únicamente en los parlamentos, los tribunales o las calles, también ocurre en las pantallas de millones de teléfonos móviles, donde cada día se libra una batalla silenciosa por las ideas, la memoria y el sentido común.

Igualmente, si los golpes clásicos generan rechazo internacional inmediato, el lawfare suele ser más difícil de identificar, porque utiliza instituciones que, en teoría, deberían actuar con imparcialidad. Veamos algunos casos concretos:

Probablemente el caso más citado sea el de Lula da Silva. El ex presidente brasileño fue condenado y encarcelado en 2018, quedando fuera de las elecciones que encabezaba en las encuestas.

Años después, las condenas fueron anuladas por el sistema judicial brasileño debido a irregularidades procesales y cuestionamientos sobre la imparcialidad de algunos magistrados. Para millones de personas, aquello confirmó que la justicia había sido utilizada como herramienta política.

Recordemos que antes del encarcelamiento de Lula, la presidenta Dilma Rousseff fue destituida mediante un juicio político. Sus adversarios argumentaron que había cometido irregularidades fiscales; y sus partidarios sostuvieron que se trató de una maniobra para revertir en el Congreso lo que no habían logrado en las urnas. La destitución abrió una profunda discusión sobre los límites entre los mecanismos constitucionales y la utilización política de esos mecanismos.

Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, la ex presidenta enfrentó múltiples causas judiciales durante años; sus seguidores denunciaron una estrategia coordinada entre sectores judiciales, políticos y mediáticos para impedir su regreso al poder o debilitar su influencia. Más allá de las posiciones partidarias, el caso se ha convertido en una referencia obligada en los debates latinoamericanos sobre lawfare.

Rafael Correa en Ecuador, tras dejar la presidencia, Rafael Correa fue objeto de varios procesos judiciales que culminaron en condenas que le impidieron competir electoralmente. Sus partidarios consideran que se trató de una persecución política, destinada a excluirlo de la vida pública. Sus adversarios sostienen que se aplicó la ley; la controversia sigue abierta.

Los golpes y el lawfare no son los únicos mecanismos utilizados para debilitar gobiernos progresistas, también, han surgido, otras formas de desgaste y desestabilización, como: la Guerra Mediática. En varios países, grandes conglomerados de comunicación han mantenido enfrentamientos permanentes con gobiernos de izquierda o centroizquierda. La crítica periodística es parte esencial de la democracia, pero cuando la información se mezcla con campañas sistemáticas de desinformación, el debate público se deteriora.

El Bloqueo Legislativo, algunos gobiernos han enfrentado congresos hostiles que utilizan todos los mecanismos disponibles para impedir reformas o paralizar la gestión pública. Aunque estas prácticas pueden ser legales, a veces terminan vaciando de contenido el mandato popular expresado en las urnas. La Persecución Económica, fugas de capitales, ataques especulativos, boicots empresariales o presiones financieras, también han sido señalados en distintos momentos como herramientas para debilitar gobiernos considerados incómodos por ciertos sectores económicos. La Interferencia Externa, la historia latinoamericana está llena de intervenciones extranjeras. Aunque los métodos han cambiado, muchos analistas sostienen que continúan existiendo presiones diplomáticas, económicas y políticas sobre gobiernos que buscan caminos autónomos de desarrollo.

¿Cuántos casos hubo realmente de Intervenciones Extranjeras?

Si se consideran únicamente los episodios más relevantes de los últimos treinta años, pueden identificarse aproximadamente, 4 casos ampliamente descritos como golpes o rupturas del orden democrático contra gobiernos progresistas. Venezuela (2002), Honduras (2009), Paraguay (2012) y Bolivia (2019).

Entre 4 y 6 casos frecuentemente señalados como ejemplos de lawfare o judicialización de la política. Brasil (Lula y Dilma), Argentina (Cristina Fernández), Ecuador (Rafael Correa) y otros procesos discutidos en distintos países.

Numerosos episodios de bloqueo institucional, campañas de desinformación y conflictos de alta intensidad política. La cifra exacta depende de la definición utilizada, pero el patrón es evidente, cuando sectores populares logran conquistar gobiernos mediante el voto, la disputa por el poder no termina el día de la elección.

¿Cómo evitar estas anomalías intervencionistas?

La experiencia latinoamericana deja varias lecciones. Democratizar la justicia. Los sistemas judiciales deben ser independientes, tanto de los gobiernos como de los grandes poderes económicos; los procesos de selección de jueces deben ser transparentes y sometidos al escrutinio público. Combatir la concentración mediática. Una democracia saludable necesita pluralidad informativa, ningún grupo económico debería tener la capacidad de monopolizar la construcción de la opinión pública. Fortalecer la educación política. Una ciudadanía informada es menos vulnerable a campañas de manipulación. La formación cívica debe convertirse en una prioridad regional. Garantizar la subordinación militar al poder civil. Las fuerzas armadas deben mantenerse alejadas de la disputa partidaria; la historia demuestra que cuando los militares se convierten en árbitros políticos, la democracia se debilita. Construir organismos regionales fuertes. La integración latinoamericana puede actuar como mecanismo de protección frente a rupturas institucionales; cuando los países reaccionan de manera coordinada, resulta más difícil legitimar acciones antidemocráticas. Mayor transparencia en el financiamiento político. Es fundamental conocer quién financia campañas, fundaciones, organizaciones políticas y operaciones comunicacionales; la confusión suele favorecer la influencia de intereses ocultos. Movilización popular permanente. La democracia no puede reducirse al acto de votar cada cierto año, la organización social, sindical, comunitaria y ciudadana es una garantía fundamental frente a intentos de desestabilización.

Finalmente, la historia reciente de América Latina demuestra que la democracia sigue siendo un terreno de disputa. Los golpes militares tradicionales son menos frecuentes que en el siglo XX, pero han surgido nuevos mecanismos para alterar o condicionar la voluntad popular expresada en las urnas.

Sea mediante golpes abiertos, destituciones aceleradas, persecuciones judiciales o campañas de desgaste permanente, el objetivo suele ser el mismo, modificar por vías extraordinarias lo que fue decidido por la ciudadanía.

La principal enseñanza de estas tres décadas, es que la democracia no se defiende sola, requiere instituciones sólidas, justicia independiente, medios plurales, participación ciudadana y una vigilancia constante, frente a cualquier intento de sustituir la soberanía popular por intereses minoritarios. Porque cuando el voto deja de ser respetado, no pierde únicamente un partido o un líder político, pierde la democracia entera y el pueblo.

Los hechos no hablan solos – Colombia

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

En muchos países de América Latina ocurre algo que llama la atención de la gente, gobiernos o movimientos políticos de izquierda llegan con mucha fuerza al poder, impulsan reformas, crean programas sociales, mejoran servicios públicos y promueven cambios que consideran importantes para la mayoría de la población, sin embargo, cuando llegan nuevas elecciones, muchas veces encuentran dificultades para mantener el apoyo de los votantes.

¿Por qué algunos gobiernos hacen cambios importantes y aun así tienen dificultades para ganar elecciones?

Algunas personas creen que esto ocurre porque gobernaron mal, o porque cometieron demasiados errores, pero la realidad suele ser más complicada.

Las elecciones no funcionan como un examen de matemáticas, donde se suman aciertos y errores para obtener una nota final. Las personas votan influenciadas por muchas cosas, como, lo que ven, lo que escuchan, lo que sienten, lo que conversan con sus vecinos/as, lo que reciben por redes sociales y, sobre todo, por la idea que tienen sobre el rumbo del país.

Por eso, entender una elección requiere mirar mucho más allá de los números y las estadísticas, por ejemplo, la situación actual de Colombia es un buen modelo de ello.

La disputa entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella no enfrenta únicamente dos candidatos, también refleja debates que vienen de muchos años atrás, a saber, la violencia política, el conflicto armado, las desigualdades sociales, el proceso de paz, las diferencias entre regiones, el papel de los medios de comunicación y las distintas ideas sobre el futuro del país, entre otros.

Existe una situación que se repite en muchos gobiernos que buscan hacer cambios profundos, dedican enormes esfuerzos a mejorar programas sociales, ampliar derechos, fortalecer la educación, la salud o las oportunidades para los sectores más vulnerables.

Pero esos cambios casi nunca producen resultados inmediatos; una reforma educativa puede tardar años en mostrar resultados, una política para reducir la pobreza puede necesitar varios gobiernos para consolidarse, una transformación económica no ocurre de la noche a la mañana.

Mientras tanto, la gente sigue enfrentando problemas cotidianos; si una persona siente inseguridad en su barrio, le preocupa el precio de los alimentos o teme perder su empleo, esas preocupaciones pueden pesar más que otros avances que no percibe directamente.

Por esto muchas veces los gobiernos, son juzgados no por todo lo que hicieron, sino por los problemas que la población considera más urgentes. Y esto ha ocurrido en distintos países.

En Brasil, muchos ciudadanos/as reconocían avances sociales de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, pero el desgaste político terminó favoreciendo a Jair Bolsonaro en 2018.

En Ecuador, una parte de la población valoraba logros del Correísmo, pero otra parte quería un cambio de rumbo.

En Argentina, el deseo de alternancia ayudó a llevar a Mauricio Macri a la presidencia.

Pero también existen casos contrarios, veamos…

Lula volvió a ganar en Brasil en 2022, Gabriel Boric triunfó en Chile, Gustavo Petro llegó a la presidencia en Colombia en 2022.

Esto demuestra que el problema no es simplemente ser de izquierda o de derecha. La verdadera pregunta es otra, ¿Quién logra convencer a más personas de que su plan para el futuro es mejor?

En el caso de la política colombiana, para entenderla hay que mirar hacia atrás, durante décadas, Colombia vivió marcada por el conflicto armado, la violencia política, el narcotráfico y enormes desigualdades sociales; millones de colombianos/as crecieron escuchando noticias sobre guerrillas, paramilitares, secuestros, atentados y enfrentamientos, y esta historia dejó huellas profundas.

Por esto palabras como seguridad, paz, autoridad, orden, justicia o cambio no significan exactamente lo mismo para todos los colombianos/as. La firma del acuerdo de paz abrió una esperanza para muchos sectores de la sociedad, pero también generó dudas y preocupaciones en otros, y estas diferencias siguen presentes hoy.

Por esto las elecciones actuales no son solamente una evaluación del gobierno de Gustavo Petro, también son una discusión sobre qué país quieren construir los colombianos/as para las próximas décadas.

Y aquí aparece una idea muy importante, muchas personas que apoyan al gobierno de Petro sostienen que una parte de la población no conoce realmente muchos de los avances realizados durante estos años, y esta situación no es exclusiva de Colombia, ocurre en muchos países, por ejemplo:

Una carretera puede ser construida gracias a recursos del gobierno nacional, pero la gente piensa que fue obra de la alcaldía. Un programa social puede beneficiar a miles de familias, pero con el tiempo deja de verse como algo especial y pasa a considerarse normal. Una mejora económica puede atribuirse al esfuerzo personal y no a decisiones del gobierno.

En otras palabras, no basta con hacer las cosas, también hay que lograr que la gente sepa quién las hizo y por qué fueron importantes; si los ciudadanos no relacionan los cambios positivos con quienes los impulsaron, esos logros pueden desaparecer políticamente, aunque sigan existiendo en la realidad.

Y aquí aparece una de las mayores debilidades históricas de muchos movimientos progresistas en América Latina: han dedicado enormes esfuerzos a gobernar, pero muchas veces han prestado menos atención a comunicar. Durante años, una parte de la izquierda creyó que los hechos hablarían por sí solos, pensó que una buena gestión sería suficiente para convencer a la población.

Pero la política moderna funciona de otra manera, los hechos no hablan solos; alguien siempre los interpreta, los explica y les da significado. Mientras algunos gobiernos se concentran en ejecutar programas y reformas, otros actores políticos trabajan constantemente construyendo relatos, mensajes, símbolos y emociones, y muchas veces esos relatos terminan teniendo más fuerza que los propios hechos.

Otro problema frecuente es creer que una estadística puede derrotar una emoción, cuando una persona tiene miedo por la inseguridad, un gráfico no siempre cambia su percepción, cuando una familia siente dificultades económicas, un informe técnico puede parecer lejano a su realidad.

Las personas necesitan datos, pero también necesitan explicaciones sencillas que les ayuden a entender lo que está ocurriendo, la política no se mueve solamente por números, también se mueven por sentimientos, experiencias y esperanzas.

Por esto comunicar bien no significa hacer propaganda vacía, significa explicar claramente qué se hizo, por qué se hizo y cómo mejora la vida de la gente.

A su vez, hoy la comunicación política es mucho más complicada que hace veinte años; antes la información circulaba principalmente por televisión, radio y periódicos, ahora millones de personas reciben información por Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube y muchas otras plataformas.

Así en cuestión de minutos una noticia verdadera o falsa puede llegar a millones de personas, un video de treinta segundos puede tener más impacto que un informe de cien páginas.

Esto obliga a los gobiernos y a los movimientos políticos a adaptarse a una realidad completamente nueva; quien no entiende esta transformación corre el riesgo de perder la batalla de la opinión pública, incluso cuando tiene resultados para mostrar.

Existe otro factor que pocas veces se menciona; los gobiernos de cambio suelen despertar enormes esperanzas. Prometen combatir la desigualdad, reducir la corrupción, mejorar la seguridad y transformar la economía, sin embargo, los cambios profundos necesitan tiempo.

Las instituciones avanzan lentamente, las reformas encuentran obstáculos, los resultados tardan en llegar. Cuando las expectativas crecen más rápido que los resultados, aparece la frustración; y muchas veces esa frustración surge precisamente entre quienes más esperaban del gobierno, por esto algunos proyectos políticos terminan siendo víctimas de sus propias promesas.

Otro elemento importante es que, tal vez la discusión más importante ocurre en un terreno que muchas veces pasa desapercibido, no basta con ganar elecciones, tampoco basta con gobernar, también es necesario ganar la batalla de las ideas.

Las personas construyen sus opiniones en muchos lugares, como, la familia, la escuela, la iglesia, las redes sociales, los medios de comunicación, las universidades y las organizaciones sociales, allí se forman las ideas sobre qué significa progreso, justicia, libertad, seguridad o democracia.

Quien logra influir en esas ideas tiene una enorme ventaja política, por esto algunos gobiernos logran ganar elecciones, pero no logran consolidar una visión compartida del país. Y cuando esto ocurre, cada elección vuelve a convertirse en una disputa desde cero.

Finalmente, la historia demuestra que los movimientos progresistas no están condenados a perder elecciones; existen muchos casos de derrotas, pero también numerosos ejemplos de victorias, sin embargo, sí parece existir un problema recurrente.

Muchos gobiernos logran hacer cambios importantes, pero encuentran dificultades para convertir esos cambios en una percepción positiva y duradera dentro de la sociedad. El caso colombiano muestra claramente este desafío.

La discusión sobre el gobierno de Gustavo Petro no gira solamente alrededor de lo que hizo o dejó de hacer, también gira alrededor de cómo esos resultados fueron comunicados, comprendidos y valorados por la ciudadanía. Aquí la principal lección quizás sea esta:

Gobernar bien es indispensable, pero en la política del siglo XXI no es suficiente, también hay que explicar, convencer, escuchar y construir una visión compartida del futuro, porque los hechos son importantes, pero los hechos, por sí solos, no hablan.

Un dato final, sin entrar en polémicas. En el caso de Iván Cepeda, muchas personas lo reconocen por su trabajo en temas de Derechos Humanos, y por hablar sobre la historia del conflicto armado en Colombia, esto le da importancia y reconocimiento en la política del país.

Sin embargo, en una elección nacional, el reto para un candidato con este perfil es lograr que esos temas se conviertan en mensajes claros, sobre lo que más preocupa a la gente todos los días, la seguridad, el empleo, la economía y el costo de vida.

En una segunda vuelta, esto suele ser muy importante; muchos ciudadanos no votan pensando tanto en ideologías o debates políticos complejos, sino en quién creen que puede ofrecer un mejor futuro para ellos y sus familias.

Por esto, en Colombia las segundas vueltas muchas veces no las gana quien tiene el plan más detallado, sino quien logra conectar mejor con las preocupaciones de la gente. Normalmente tiene ventaja el candidato que habla de forma sencilla, transmite confianza y hace sentir a los votantes que entiende sus problemas.

En este escenario, no basta con proponer cambios, también es necesario explicarlos de una manera fácil de entender y demostrar cómo pueden mejorar la vida diaria de las personas. Al final, suele ganar quien logra presentar una idea de futuro clara y cercana para la mayoría de los ciudadanos/as, incluso para quienes no pensaban votar por él desde el principio.

No estamos afirmando que esto ocurrió o vaya a ocurrir de una manera u otra, simplemente es una situación que suele aparecer en elecciones muy divididas y polarizadas.

Y afirmo categóricamente, ojalá, que sea así, que Ivan Cepeda gane las elecciones en Colombia, para que este país siga cambiando, para que los colombianos/as, tengan una sociedad de justicia, paz, prosperidad y tranquilidad, en fin, que sea un triunfo de la izquierda latinoamericana.

Los fascistas ya no usan uniformes

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

Durante décadas, cuando se habla de fascismo, la imagen era bastante clara, Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, uniformes militares, propaganda del Estado abierta, censura directa y persecución sistemática de quienes se oponían.

Sin embargo, en el debate político actual ha surgido una pregunta cada vez más común en sectores críticos de la academia y la comunicación, ¿y si las formas de autoritarismo del siglo XXI ya no necesitan ese rostro clásico? ¿Y si hoy funcionan de maneras más difíciles de ver, más integradas en la vida cotidiana y, por eso mismo, más complicadas de identificar? ¿Y si su principal herramienta ya no es el ejército, sino la comunicación global?

No se trata de afirmar que exista un nuevo fascismo completamente definido o planificado, sino de una hipótesis de análisis, los sistemas de poder cambian de forma, pero no desaparecen.

En las últimas dos décadas se ha consolidado un fenómeno sin precedentes, la concentración de la comunicación global en manos de un pequeño grupo de empresas tecnológicas; plataformas como Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, WhatsApp, Telegram, entre otras menos conocidas, se han convertido en la principal forma de acceso a la información para miles de millones de personas.

Desde una mirada crítica latinoamericana, esto no es solo un cambio tecnológico, sino una nueva etapa del capitalismo, conocida como capitalismo de plataformas o capitalismo de la atención. Su idea central es simple, la atención humana se convierte en un recurso económico, y este recurso se obtiene mejor a través de emociones intensas que mediante información compleja o reflexión profunda.

El resultado es que los contenidos que más se difunden no son necesariamente los más verdaderos o importantes, sino los que provocan más reacción. El miedo se expande, la indignación circula, la rabia se multiplica y la polarización crece; así, la esfera pública deja de ser un espacio de debate democrático y se transforma en un mercado de emociones. Veamos algunos autores que ya planteaban el problema en cuestión.

Antonio Gramsci explicó que el poder no se sostiene solo por la fuerza, sino por la construcción del consenso cultural, a lo que llamó hegemonía. Desde esta perspectiva, los medios de comunicación y hoy también las plataformas digitales no son neutrales, son espacios donde se disputa el sentido común de la sociedad.

Actualmente, esta disputa está atravesada por la concentración económica; no se trata solo de quién produce información, sino de quién controla los canales por los que circula.

Hannah Arendt, política y filosofa, judeo-alemana, advirtió que los regímenes autoritarios se fortalecen cuando se destruye la idea de una realidad compartida; la propaganda no solo busca imponer mentiras, sino debilitar la noción misma de verdad común.

En el mundo digital, este fraccionamiento es aún más profundo. Distintos grupos pueden vivir en universos informativos separados, donde los mismos hechos se interpretan de maneras completamente opuestas. Esto debilita la base mínima para el diálogo democrático.

Noam Chomsky y Edward Herman, con su modelo de propaganda, mostraron que los medios tienden a reproducir los intereses de las estructuras económicas que los sostienen.

Desde una mirada latinoamericana, esto es clave, la concentración mediática no es un accidente, sino una expresión del poder económico sobre la producción de ideas.

No hace falta un control directo, basta con la dependencia de la publicidad, la propiedad cruzada de medios y la lógica de la rentabilidad, el resultado es una agenda pública donde algunas voces se amplifican y otras quedan al margen.

Umberto Eco propuso la idea de un “fascismo eterno”, entendido como un conjunto de rasgos que pueden reaparecer en distintos momentos históricos, como el miedo a lo diferente, el culto a la tradición, el rechazo al pensamiento crítico, la obsesión con conspiraciones y creación constante de enemigos internos.

Desde esta idea, el fascismo no es solo un fenómeno del pasado, sino una posibilidad que puede reaparecer en distintos contextos sociales y tecnológicos.

Jason Stanley, filósofo estadounidense, sostiene que las democracias no suelen caer de golpe, sino de forma gradual, ante debilitamiento de la prensa, pérdida de legitimidad de la oposición, normalización del discurso de odio y creación de enemigos internos.

En América Latina, este proceso puede entenderse en continuidad con formas históricas de exclusión social, donde muchos sectores han sido incluidos formalmente en la democracia, pero excluidos en la práctica.

Boaventura de Sousa Santos señala algo similar, muchas democracias son formales, pero limitadas en lo social, es decir, la ciudadanía existe en teoría, pero el poder real está concentrado.

Una diferencia importante con el siglo XX es el papel de las grandes empresas tecnológicas. Estas corporaciones concentran poder económico, tecnológico y comunicacional al mismo tiempo, esto les permite influir en la política, la cultura y las elecciones a nivel global.

Desde una mirada crítica, esto representa una nueva fase de concentración del capital, ahora también sobre la información y la forma en que percibimos el mundo.

Además de Gramsci, Arendt, Chomsky o Eco, en América Latina contamos con pensadores que han ayudado a comprender cómo opera el poder en nuestras sociedades.

Paulo Freire, advertía que toda educación puede convertirse en una herramienta de liberación o de dominación, dependiendo de quién controla el conocimiento y para qué fines. Hoy esa reflexión cobra nueva vigencia cuando buena parte de la información que consumimos, llega filtrada por cifras que deciden qué vemos, qué ignoramos y hasta qué temas terminamos discutiendo.

Por su parte, el argentino Ernesto Laclau analizó cómo se construyen los discursos políticos capaces de articular demandas sociales diversas, mientras que el peruano Aníbal Quijano explicó cómo muchas formas de dominación nacidas durante la colonia, continúan presentes bajo nuevas apariencias. Desde esta mirada, la concentración mediática y tecnológica, no puede separarse de las relaciones históricas de dependencia que han marcado a América Latina durante siglos.

También el venezolano Ludovico Silva insistía en que la dominación ideológica no funciona únicamente mediante la fuerza, sino a través de mecanismos culturales que llevan a los pueblos a aceptar como naturales situaciones que en realidad responden a intereses de grupos de poder. Hoy, en la era digital, esta reflexión adquiere una actualidad sorprendente.

Si observamos nuestra región, encontramos ejemplos que ayudan a entender estas dinámicas. En Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela, los debates políticos aparecen cada vez más atravesados por campañas digitales, noticias falsas, operaciones mediáticas y una creciente polarización que dificulta el diálogo. Cada país tiene sus particularidades, por supuesto, pero existe un fenómeno común, la lucha por controlar el relato público. Por ejemplo…

En Brasil, las redes sociales jugaron un papel determinante en la expansión de discursos radicalizados durante los últimos años. En Argentina, la confrontación mediática se ha convertido en parte cotidiana de la vida política. En México, el debate sobre el papel de los grandes medios y las plataformas digitales continúa siendo un tema central. En Colombia, las redes han sido escenario de fuertes disputas narrativas sobre la paz, la seguridad y los movimientos sociales. Mientras tanto, en Chile, Perú y Ecuador se observa una creciente fragmentación informativa donde amplios sectores de la población reciben versiones completamente distintas de una misma realidad.

En Venezuela, esta situación adquiere características particulares debido al peso simultáneo de las sanciones económicas, la confrontación política interna, la presión mediática internacional y la intensa batalla comunicacional que se desarrolla dentro y fuera de las plataformas digitales. Allí puede observarse con claridad cómo la información se ha convertido en un terreno estratégico de disputa política.

Como diría cualquier persona de nuestro pueblo, ya no se trata solamente de quién tiene el micrófono, sino de quién controla el escenario completo, las luces, el sonido y hasta la entrada al lugar. Esa es quizás una de las transformaciones más profundas de nuestro tiempo.

El sociólogo brasileño Emir Sader ha señalado reiteradamente que las disputas contemporáneas no ocurren únicamente en el terreno económico, sino también en el campo de las ideas. Del mismo modo, el argentino Atilio Borón ha advertido sobre la enorme capacidad de los poderes económicos para moldear percepciones colectivas, a través de sistemas de comunicación altamente concentrados.

Por eso la discusión de fondo no es tecnológica, el problema no son las redes sociales en sí mismas; la cuestión es quién las controla, bajo qué intereses operan y qué consecuencias tienen para la democracia, que una parte tan importante de la conversación pública mundial dependa de corporaciones privadas que no rinden cuentas ante los ciudadanos/as.

Dicho en palabras sencillas, cuando unas pocas empresas pueden influir sobre lo que millones de personas ven, piensan, temen o desean, estamos frente a una concentración de poder que merece ser debatida con la misma seriedad, con la que antes se discutía el poder financiero, militar o industrial.

Tal vez por eso la pregunta sigue siendo tan vigente como incómoda, ¿estamos frente a nuevas formas de autoritarismo adaptadas al siglo XXI o simplemente ante viejos mecanismos de dominación vestidos con ropajes tecnológicos? La respuesta todavía está en construcción, pero lo que parece claro es que los pueblos de América Latina, no pueden darse el lujo de mirar para otro lado mientras esta transformación ocurre delante de sus propios ojos.

Asi mismo, un elemento común en muchos discursos políticos actuales es la construcción de “enemigos”, como los migrantes, feminismos, pueblos indígenas, movimientos sociales, intelectuales críticos, minorías sexuales o políticas, entre otros.

No importa tanto el grupo específico, sino la función, canalizar el malestar social hacia un “culpable externo”; el miedo cumple aquí un papel central, organiza apoyos, simplifica problemas complejos y debilita el análisis de las causas reales. Veamos estas ideas en otros paises y regiones concretas hoy:

En EEUU, diversos análisis han mostrado una fuerte polarización mediática y política, donde parte de los medios contribuye a una narrativa de confrontación constante, esto refuerza la idea de que la política es una batalla permanente más que un espacio de acuerdos.

En Europa, casos como Hungría muestran procesos de concentración mediática y cambios institucionales que varios organismos han descrito como retrocesos democráticos, aunque manteniendo elecciones formales.

En países como Francia y Alemania, el crecimiento de la extrema derecha ha ido acompañado por un aumento del enfoque en inmigración y seguridad, dejando en segundo plano temas como desigualdad o redistribución.

En América Latina, la concentración de medios ha sido históricamente una barrera importante para una democracia más profunda. Grandes grupos empresariales han tenido un rol clave en la formación de opiniones públicas y agendas políticas.

Hoy, además, las sociedades dependen cada vez más de plataformas digitales controladas por empresas globales. Esto crea una nueva forma de dependencia, no solo económica, sino también informativa y conocedora. La disputa por el poder ya no es solo territorial o productiva, sino también sobre la infraestructura de la comunicación.

No es necesario pensar en conspiraciones para entender este escenario, basta observar cómo coinciden ciertos intereses, como, plataformas que ganan dinero con la atención, actores políticos que se benefician de la polarización y estructuras económicas que se reproducen en contextos de desigualdad. El resultado no siempre es planificado, pero sí coherente en sus efectos.

Finalmente, tal vez estemos ante una nueva etapa de la crisis del capitalismo, donde la tecnología amplifica viejas formas de dominación, o tal vez estemos viendo el surgimiento de nuevas formas de autoritarismo que aún no sabemos nombrar.

En cualquier caso, la pregunta sigue abierta, ¿qué tipo de gobernanza es posible cuando la información, la atención y hasta la forma en que percibimos la realidad están mediadas por estructuras muy concentradas de poder económico y tecnológico?

Porque quizá el cambio más profundo no es que alguien nos obligue a pensar de cierta manera, sino algo más sutil, que las condiciones mismas de lo que creemos pensar libremente están siendo moldeadas, día a día, por fuerzas que operan más allá del control de nuestros gobiernos.