El pasado 11 de junio de 2026, participé como ponente en el ciclo El nuevo (des)orden literario del Centro Cultural de España en Costa Rica. La mesa, titulada Campo literario, campo minado, fue moderada por el escritor Rodrigo Soto y contó con la participación de G. A. Chaves, Paul Benavides Vílchez, Guillermo Barquero y quien suscribe.
Lo que sigue es el texto íntegro de mi intervención. Es una investigación ciudadana documentada con fuentes primarias, registros audiovisuales públicos e información solicitada al Ministerio de Cultura y Juventud mediante el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica.
Lo presento porque creo que esta información le pertenece a la ciudadanía.
Paola Valverde Alier
Poeta y gestora cultural
Desde mi temprana juventud he estado cerca de la poesía, de quienes la escriben y de quienes generan espacios para su difusión. La inocencia de esa época me hizo imaginar un campo inclusivo. La primera vez que esa burbuja se rompió fue a mis dieciocho años, durante la inauguración de una librería universitaria, cuando me acerqué a un poeta consagrado. Este me dijo: “muchacha, usted es muy bonita y las mujeres bonitas jamás escribirán buena poesía”.
Cuento la anécdota porque sus palabras me dejaron aturdida. En múltiples ocasiones me vi incomodada por acciones y comentarios extraños, salidos de tono, provenientes de figuras prestigiosas a quienes admiraba. Con los años entendí que experiencias similares eran compartidas por muchas otras personas. Algunas continuamos nuestro camino a pesar del acoso, las burlas y el temor a equivocarnos; otras se retiraron, agotadas por ese entorno.
Poco, o nada, ha cambiado desde que Yolanda Oreamuno escribió “El ambiente tico y los mitos tropicales”i. Las tensiones identificadas ochenta y cinco años atrás no desaparecieron con la globalización. Migraron de las ideas a los favores, de los manifiestos a los audios de WhatsApp. Pero siguen siendo, en esencia, lo mismo: pulsos sobre quién tiene derecho a ocupar el campo. Y esas tensiones se agudizan en un país que ha centrado su mirada en el Gran Área Metropolitana, la institucionalidad y los grupos de poder.
La diferencia entre otras épocas y el presente es que hoy resulta mucho más difícil ocultar ciertas prácticas. La información circula a gran velocidad, y muchas inconsistencias adquieren otra dimensión gracias a registros audiovisuales, publicaciones y huellas digitales. Pero este mismo entorno ha abierto espacios para nuevas formas de manipulación: perfiles falsos, hostigamiento digital y narrativas de victimización que circulan sin pasar por canales institucionales de denuncia.
Distorsionar un discurso o esconderse detrás de un seudónimo para atacar está hoy a solo un clic de distancia.
La literatura ha construido sus propias jerarquías: críticos, jurados, académicos, editores, autores consagrados. Muchos con excelente trayectoria y criterio, personas que han aportado a la construcción de una identidad cultural. Y otros que, convertidos en figuras intocables, se erigen como mediadores del valor literario y administran el acceso al reconocimiento dentro de sus propios espacios.
La escasez de apoyos estructurales es delicada en un país donde el respaldo a la creación literaria es limitado, a diferencia de otros países, donde existen múltiples programas de promoción, becas, publicaciones, traducciones, residencias literarias, fondos de creación o estímulos a la escritura. En un contexto así, los pocos mecanismos de reconocimiento existentes adquieren un peso enorme.
Antes de abordar las fracturas que he documentado debo decir que creo en el rigor y en la calidad de una obra, en los criterios editoriales y en el reconocimiento justo. También creo en personas e instituciones que han dedicado su vida al estudio, la academia, la investigación, la creación y la promoción literaria. En Costa Rica hay personas que hacen de la literatura un lugar honesto.
En este sentido es justo reconocer las iniciativas de las instituciones. Es cierto que el Ministerio de Cultura ha llevado a cabo en los últimos años la apertura de las puertas del Teatro Nacional al pueblo, el regreso del FIA a la Sabana y programas que descentralizan la oferta cultural fuera del Gran Área Metropolitana. Todas son iniciativas valiosas. Pero que las reconozcamos no significa que debamos bajar la guardia ante la fiscalización del uso de los fondos públicos cuando detectamos irregularidades. Como ciudadanos debemos ser críticos siempre y exigir mayor transparencia en todos los procesos.
El sesgo y las dinámicas de exclusión dentro del canon literario han sido objeto de cuestionamiento en múltiples ocasiones.
El año pasado coincidieron, sin pretenderlo, diversos episodios que salieron a la luz y reactivaron esas discusiones:
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Un caso de plagio que involucraba un libro completo y la premiación de un poema en la Revista Nacional de Cultura.
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Una obra con similitudes sustanciales publicada y premiada en dos países bajo títulos distintos, en certámenes que exigían obra inédita, uno de ellos premiado con fondos públicos y publicado por la Universidad Nacional de Costa Rica.
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La doble postulación a los Premios Nacionales de una misma obra en años consecutivos —descartada en 2023 y premiada en 2024—, publicada en dos países bajo dos editoriales distintas, cada una con una ficha catalográfica que la identificaba como ‘primera edición’.
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Cuestionamientos sobre el funcionamiento interno de un jurado y filtraciones de resultados que circulaban semanas antes de hacerse público el veredicto, entre otros episodios.
Todos son hechos verificables, respaldados por publicaciones e información solicitada al propio Ministerio de Cultura y Juventud mediante el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica.
Conozco de cerca el caso de los Premios Nacionales del 2024 porque fui parte de quienes investigaron las irregularidades. Y en este sentido quiero aclarar que me involucré en la investigación porque los hechos llegaron hasta mí. Una mañana recibí varios audios de una persona del jurado en los que se hacía referencia a la filtración de resultados que ya circulaban en redes sociales. Llegaron unos minutos después de haber realizado una publicación en mi Facebook donde felicité a los ganadores, pero cuestioné la ética del jurado por las filtraciones que habían circulado. En dichos audios se formularon afirmaciones sobre el tratamiento dado a los libros participantes que, a mi criterio, evidenciaban un proceso opaco.
En ese momento yo tenía dos opciones: callar hasta que el premio me alcanzara o documentar. Yo elegí documentar.
La cultura ciudadana de rendición de cuentas no es un capricho, es una obligación. La Constitución Política de Costa Rica establece en su Artículo 9 que la institucionalidad debe operar con la mayor transparencia, garantizando nuestros derechos ciudadanos; y en su Artículo 11 que los funcionarios públicos deben rendir cuentas de la labor que realizan. Por ello “la acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública”. Como costarricense, me amparo en ese derecho.
Los audios que recibí aquella mañana fueron presentados, debidamente protocolizados ante un notario público. Un jurado de Premios Nacionales ejerce una función pública dentro de un procedimiento administrativo regulado por el Estado.
En los galardones del 2024 se lograron identificar vacíos y fallas acumuladas. Al contrastar ese proceso con otros años, resulta llamativo que en 2023 una cantidad importante de obras fue marcada con criterios de exclusión claros, cito textualmente: reedición o segunda edición; autopublicación o sin editorial; ensayo académico; no es ensayo; el período no corresponde; antología o recopilatorio; ensayo fotográfico; libro didáctico o libro infantil.
Esos mismos criterios no se aplicaron en 2024, cuando se premiaron autopublicaciones y reediciones fuera del período, y fueron retomados en 2025 con mayor rigurosidad. Vale la pena señalar que el documento de obras postuladas del 2023 fue entregado de manera distinta a diferentes personas: en una versión las anotaciones son visibles, en la que me entregaron a mí aparecen tachadas en negro.
Cuando el reglamento se aplica con rigor para unos y con flexibilidad para otros, la confianza en el proceso se debilita. En los registros audiovisualesii de la reunión inicial del jurado de 2024, el presidente rechaza la adopción de criterios de evaluación, pese a que tres de sus compañeros plantean la necesidad de establecerlos.
Sus declaraciones resultan relevantes porque evidencian un rechazo expreso a la utilización de parámetros diferenciados de valoración. Otro hallazgo en 2024 fue que ningún miembro del jurado contaba con la formación en dramaturgia exigida por el Artículo 5.d del Reglamento de Premios Nacionales.
Al ver estas inconsistencias, solicité los registros de otros años para ofrecerles a ustedes, esta noche, una comparativa. El Ministerio indicó que no contaba con los videos del 2023. Los de 2022, 2024 y 2025 sí existen. Esto es muy delicado porque la Ley General de Administración Pública obliga a grabar en audio y video las sesiones de los órganos colegiados, garantizando el acceso ciudadano a dicha información.
También se confirmó por escrito, mediante respuesta del director del SINABI, que los currículos de los jurados de 2022 y 2023 no existen en el acervo institucional.
¿Cómo se seleccionan los jurados? ¿Quién verifica su idoneidad?
La administración pública es continua. Nadie puede justificar la ausencia de registros o documentos achacándola a otra administración.
Para concluir el relato de lo ocurrido en los Premios Nacionales del 2024 debo decir que el escritor y abogado José María Zonta interpuso un recurso de nulidad con 16 motivos documentados. Fue respondido con apenas dos páginas sin sustento normativo ni jurisprudencial, a diferencia de otros recursos que se han respondido con resoluciones extensas, argumentadas y con sustento jurisprudencial. Quiero ser muy clara: nunca se cuestionó el fallo, que es inapelable, ni la calidad de las obras premiadas. Lo que se cuestionó, con documentación suficiente, fue el mecanismo previo.
A pesar de no haber dado trámite formal a la denuncia, el Ministerio de Cultura lanzó una consulta ciudadana para la reforma a la Ley de Premios Nacionales. La nueva Ley está hoy siendo revisada en la Asamblea Legislativa. Eso indica que la discusión generó incidencia.
Quisiera señalar que esta fue una investigación ciudadanaiii, realizada con nuestro tiempo y recursos, sin financiamiento institucional. Hay mucho más por comprender, el tema merece una investigación más profunda. Ojalá alguien tome nota.
Yolanda Oreamuno lo dejó por escrito: «Al que pretende levantar demasiado la cabeza sobre el nivel general, no se le corta. ¡No! Le bajan suavemente el suelo que pisa, y despacio, sin violencia, se lo coloca a la altura conveniente.». Y si se cuestiona demasiado, “rápidamente, sin pleito ni molestias, usted estará silenciado.”
El castigo a quienes hablan adopta distintas formas, como ocurrió en el I Coloquio de Literatura Costarricense Contemporánea de la Universidad Nacional, donde se abordó el tema de los Premios Nacionales sin dar voz a quienes sostuvimos la denuncia, reduciéndola a un acto de «escarnio público». Y eso, paradójicamente, confirma todo lo que este texto señala.
Aquella frase que recibí a los dieciocho no era solo un prejuicio estético: era la manifestación de un sistema que se cree dueño de la legitimidad.
Se dice popularmente que Costa Rica no tiene memoria y que a los tres días se olvida todo. Pero entonces, ¿cuál es el papel de la memoria? ¿Qué será de nuestra literatura si preferimos tapar los hechos antes que comprenderlos?
La memoria también es aquella persona que un día te dice: «soy un brujo; en cinco años te veré a los ojos y te diré que aquí no pasó nada.»
La memoria existe precisamente para recordarnos que sí pasó.
Estamos ante el trauma de la palabra. Si no hay un cambio corremos el riesgo de una literatura sorda. Un campo fragmentado a pedazos. Un Frankenstein en busca de un padre.
Arrancándonos los ojos. Desollándonos la piel.
¿Por qué nos cuesta tanto la empatía? ¿Por qué molesta la crítica o la fiscalización?
Tengamos sentido de la responsabilidad.
Todo funcionario o institución, llámese oficina, universidad, asociación, ONG, que toque fondos públicos debe estar abierta a la rendición de cuentas. Todo beneficiario también.
Los actores del campo literario somos todos. Por eso, el Artículo 33 de la Constitución Política nos recuerda que toda persona es igual ante la ley. Nadie está por encima de ella.
Desactivemos las minas y activemos la colaboración, la co-creación, la empatía orgánica de comunidad. Dejemos atrás los mitos tropicales, las mezquindades y los compadrazgos. Costa Rica merece un debate a la altura.
Seamos adultos. Ha llegado la hora de madurar.
Cierro con una pregunta: ¿cuál es el compromiso que asumimos hoy para incidir y transformar esta historia?
Muchas gracias.
