Margarita Bolaños Arquín
Bien sabemos que hacer cambios en nuestra Constitución Política es muy complejo. Se requiere de arduas y prolongadas negociaciones, y esperar el momento oportuno de alineación de los planetas. Pues ese fenómeno astral ocurrió precisamente el 26 de mayo del 2011, cuando se dieron las condiciones necesarias para la aprobación de la REFORMA DEL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN, Ley No.8954 y, con ella, el aumento al 8% del PIB.
La reforma del 2011 establece claramente el derecho y refuerza la visión de la educación pública como un sistema. Además, condiciona que “El Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los niveles de la educación, así como la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios”.
Pero hay que retroceder en el tiempo para entender las razones que justificaron la aprobación del 8%. En el año 1997, el artículo 78 de la Constitución Política fue reformado según Ley No. 7676, para darle rango constitucional al 6%. El porcentaje alcanzado tampoco fue una ocurrencia, fue corolario de las presiones, propuestas y negociaciones de los movimientos sociales, que, desde distintas posiciones, se opusieron a la privatización de los servicios públicos como la panacea neoliberal para modernizar al Estado y acabar con la pobreza.
Recordemos la huelga de cinco semanas del magisterio nacional en julio-agosto 1995. Esta inicia con la reforma al régimen de pensiones, pero deja al descubierto las debilidades del sistema educativo para enfrentar las amenazas de la globalización y la creciente desigualdad social, producto de los cambios en la estructura agroindustrial promovidos por los PAES. En un ambiente de tensiones políticas y críticas al Pacto Calderón-Figueres, se aumenta el porcentaje del PIB destinado a la educación y se decreta la Política hacia el siglo XXI que marca la llegada de INTEL a Costa Rica, como bien lo describe el ex ministro de educación de esos años, Eduardo Doryan en sus memorias.
La gradualidad del aumento del PIB al 8% a la educación está ligada a las presiones y negociaciones promovidas por los movimientos sociales y las fuerzas políticas representadas en el legislativo y en el ejecutivo por mantener, por un lado, sus intereses y la estabilidad política y por otro, el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la educación pública como motor del desarrollo económico y la movilidad social.
Con la aprobación en primer debate de la “Ley para el Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones y de la Participación del Estado” (Combo del ICE), en marzo del 2000, se reactivan de nuevo los movimientos de defensa de la institucionalidad democrática y la educación pública ante un escenario global y nacional incierto. Sin dar tregua, dos años después se abre un nuevo capítulo: el Tratado de Libre Comercio (CAFTA), otra amenaza, esta vez de naturaleza extraterritorial. El país vivió un periodo de siete años de análisis, debates y recomendaciones múltiples para enfrentar el futuro. Durante la discusión del CAFTA sí hubo cambios importantes en la arquitectura institucional, pero no se dieron los resultados económicos prometidos por sus defensores.
Firmado el CAFTA, el aumento al 8% para el financiamiento de la educación se valoró como una medida necesaria para afrontar la apertura y sus consecuencias: automatización del trabajo, rezago tecnológico, infraestructura limitada y los intereses corporativos nacionales y transnacionales por cooptar el mercado de las telecomunicaciones. Desde las universidades públicas y los gremios de educación, la propuesta de aumento se consideraba clave. El partido Acción Ciudadana para la campaña electoral del 2006-2010, lanza en su programa de gobierno el aumento al 8% y lo justifica reconociendo los aciertos y las falencias del sistema educativo en las décadas anteriores. Su fracción legislativa (2010-2014) continuó trabajando la propuesta. Gracias a la creación de la Alianza Parlamentaria por Costa Rica, que aglutinó la mayoría de la oposición al Partido Liberación Nacional, y con Juan Carlos Mendoza en la presidencia del directorio, se logra aprobar la reforma escalonada para alcanzar el 8%.
Es un logro de muchos años de negociaciones, manifestaciones, cambios político-electorales y esfuerzos de diversos sectores del espectro ideológico costarricense. Es, estemos de acuerdo o no con los logros y alcances de las negociaciones, un triunfo político en democracia que siguió la vía constitucional.
Señora ministra Anna Katharina Müller Castro, La Ley Fundamental de Educación aprobada en 1957, con algunas modificaciones en los últimos años, continúa siendo faro y luz para no perderse en la oscuridad del Universo, los vertiginosos cambios tecnológicos, las amenazas del cambio climático y la pérdida de esperanza en el futuro.
