Mérida, Yucatán, México, 17 de octubre de 2024.- El viernes 18 de octubre, Kanan Derechos Humanos, Pata de Perro Films y el Centro por la Justicia el Derecho Internacional (CEJIL) lanzaron “Una herida en el Sur”, un documental que narra los impactos vinculados a la instalación del megaproyecto “Tren Maya” en los Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
Desde las voces de biólogos, ecologistas, personas ejidatarias, personas defensoras de la tierra y activistas, “Una herida en el Sur” aborda las profundas transformaciones de la Península de Yucatán ante la priorización de políticas de extractivismo, turismo desmedido y militarización.
En el documental, las organizaciones denuncian que la construcción del mal llamado “Tren Maya” ha estado plagada de arbitrariedades, incluyendo la falta de medidas ambientales adecuadas para su instalación; opacidad sobre sus impactos y beneficios; y la falta de una consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas acorde a los estándares internacionales. Con su llegada, también se ha incrementado la militarización en la región, pues es el ejército quien construye gran parte de los tramos del tren y administra todo el proyecto.
De acuerdo con las organizaciones, aunque el Estado plantea el megaproyecto como solo un tren, en realidad es una iniciativa a largo plazo para reordenar la zona y potenciar la llegada de proyectos que han dañado el territorio, como las industrias de turismo masivo, inmobiliarias, de manufactura y agroindustrial.
En la región donde se desarrolla el proyecto, es alarmantemente habitual el despojo de tierras de propiedad colectiva, por parte de gobiernos y empresarios para establecer proyectos agroindustriales, turísticos, inmobiliarios y energéticos. Además, según la investigación desarrollada para la producción del documental, la situación actual de despojo y extractivismo en la península ha desencadenado una explotación masiva de maderas preciosas, uso desmedido de plaguicidas y descargas de aguas residuales, causando una preocupante transformación en los suelos. Todo ello ha resultado en una devastadora deforestación y una irreparable pérdida de la biodiversidad, afectando gravemente el equilibrio ecológico de la región.
El audiovisual denuncia cómo el deterioro y el despojo de los territorios están teniendo consecuencias devastadoras para las comunidades. Desde el abandono del campo y la ruptura de la espiritualidad, hasta la pérdida de los territorios y la identidad maya. Las comunidades enfrentan una realidad marcada por la criminalización, amenazas y un clima creciente de violencia.
Para las organizaciones, “Una herida en el Sur” es una historia cuyo protagonista no es el Tren mal llamado “Maya”, sino la transformación de un territorio vivo: la península de Yucatán. Este audiovisual es un registro de los múltiples, profundos y violentos impactos de las políticas de despojo y la instalación de megaproyectos extractivos en el Sur de México. Es, también, la historia de resistencia de quienes desafían el racismo, el saqueo, la militarización y el olvido y, en cambio, apuestan por los bosques, por las aguas y por la vida.
El documental se presentará en Mérida este viernes 18 de octubre y también estará disponible en canales digitales para uso libre a partir de esa fecha.
(Bloqueverde,13-5-24) Ante el anuncio del presidente de la república para la reactivación de la Hidroeléctrica Diquís los indígenas y ecologistas salieron al paso y le dicen a Chaves que ese tipo de megaproyecto destructivos son historia y que hay que retornar al futuro.
Pablo Sibar dirigente Brörán aseguró que “los pueblos indígenas lucharemos hasta la muerte porque un proyecto como este no se realice”. El estado del río es hoy lamentable “este año prácticamente ya parecía una quebrada, ya no se le veía agua, imagínense ese río con una represa”, afirmó Sibar.
Para el líder Brörán más bien el presidente debería estar pensando en “devolvernos las tierras y que estas tierras vuelvan a regenerarse en bosque y vuelvan a tener una abundante agua para que el río no muera, para que el río siga viviendo. Y si el río se seca, ¿qué pasa? Si el río ya no existe, ¿cómo vamos a alimentar el humedal Térraba?”
Sibar sentenció finalmente que “pensemos en el futuro del país, pensemos en que el mundo tiene que regenerarse para poder seguir viviendo, para que las futuras generaciones tengan un poquito más de ambiente”.
La dirigente Luisa Bejarano del pueblo Ngäbe Buglé y del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) él recordó al gobernante que “hace unos años fue paralizado por los pueblos indígenas, que no estamos de acuerdo a que se hiciera ese proyecto, porque sinceramente viene a destruir más, a quitarle el derecho al pueblo indígena para beneficio de los grandes terratenientes y el gobierno”.
Recordó que la lucha de hace unos años reunió a más de 500 personas indígenas en Térraba y que de ser necesario “habrán más de 500 personas, porque todos estamos dispuestos a defender nuestros derechos, tanto como el agua, la tierra y la naturaleza”.
Mientras tanto Fabián Pacheco ecologista del Bloqueverde destacó que este tipo de megaproyectos destructivos son parte del pasado y recordó el lamentable estado en que la agroindustria tiene el rio: “hecho leña y está lleno de sedimentos, entonces además de que el proyecto no les va a servir, va terminar causando un grave daño al humedal del Térraba Sierpe un sitio RAMSAR, patrimonio de la humanidad”.
Pacheco recordó “que ecologistas y el movimiento indígena de Costa Rica, hemos sabido defender el río Térraba, por lo que represarlo y destruirlo, es inaceptable”. Además, sentenció que “no van a solucionar la crisis energética haciendo semejante destrucción porque esa represa va a tardar años de años en construirla. Ya es tiempo de buscar soluciones más de acuerdo a una nueva humanidad y a un proyecto que sea realmente sostenible y que aprendamos de la gente indígena que han sabido vivir en este país sin destruirlo”.
Paulino Nájera del Territorio Indígena de Brörán-Térraba afirmó que “el río no es solo un poco de agua corriendo, sino es vida. Es vida para los pueblos que viven a las márgenes, que han vivido históricamente y para esos humedales como es el Térraba Sierpe. El río Térraba que lleva nuestro nombre, es un hermano, es un amigo, es un aliado, es un ser vivo que ha dado de comer a nuestros pueblos por generaciones de generaciones”.
Danny Nájera Díaz, recuperadora de Crun Yaigó del territorio indígena de Térraba aseguro que “Nos veremos obligados a migrar, dejar que nuestras tierras, nuestros territorios inunden, nuestros lugares ancestrales donde tenemos toda nuestra vida y vivencia, muchos mayores, jóvenes, niños que tendremos que abandonar a un lugar incierto y obligados a estas situaciones para que un estado diga que eso es un desarrollo, así llaman ellos, un desarrollo, mientras nos siguen viendo como objetos o alcancías a nosotros los pueblos originarios”.
Finalmente le recuerdan al presidente que la lucha legal ya logró en 2022 que la Sala Constitucional declarara la inconstitucionalidad el Decreto Ejecutivo 34312, por violar el principio de irreductibilidad del bosque, el principio de reserva de ley y de inderogabilidad singular de la norma, al trasgredir las disposiciones de la Ley Indígena y además la falta de una consulta a los Pueblos Indígenas, según el Artículo 6, del Convenio de la OIT.
Mega Impactos del PH Diquís
El PH DIQUIS podría afectar a más de 365 especies de animales terrestres que habitan los bosques que se verían inundados. Además, propiciaría la desaparición de 13 especies de peces que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo.
El PH Diquís provocará la disminución de sedimentos hacia el Humedal Térraba-Sierpe. Con ello, los bosques de mangle pueden verse reducidos y perder parte de su biodiversidad. Esto genera un efecto negativo en la actividad pesquera, tanto río arriba como río abajo (incluyendo el humedal Térraba Sierpe), debido a los cambios en la afluencia del río Térraba.
El embalse del PH DIQUIS inundaría 108 sitios arqueológicos, con ello se perdería buena parte de la historia milenaria de nuestros pueblos, así como la posibilidad de explicar el enigma que representan las esferas del delta del Diquís.
En el caso específico de Térraba, se afectarían varios sitios sagrados, por ejemplo: una serie de cementerios ancestrales, además la inundación de todas las cavernas a las orillas del río, así como la modificación del cauce del Térraba, alterarán las formas de vida de los pueblos indígenas. Además, se verían impactadas las prácticas de la población que utiliza el río como vía de transporte, utiliza los canales de riego, o bien, subsisten por medio de la pesca.
Observatorio de Bienes Comunes – CIEP-Kioscos Socioambientales
A partir de la gira presidencial que realizó el presidente Rodrigo Chaves Robles en la zona sur del país, donde realizó declaraciones en torno ha retomar las acciones de impulso del megaproyecto del aeropuerto internacional del sur, como una de las acciones para promover la reactivación económica de Región Brunca. Esta iniciativa, pretende construir las instalaciones en las Fincas 8, 9, 10 y 11 de Palmar Sur de Osa, Puntarenas. Para los promotores de este proyecto, son fincas donde lo que existe apenas son bananos y maleza. A partir de este interés gubernamental de reactivar la economía de la región a través de este tipo de mega-infraestructura para generar un empuje al sector turístico con la llegada de vuelos internacionales, nos preguntamos ¿Qué sucede en estos territorios? ¿Es cierto que están abandonadas estas tierras? ¿Acaso no habían yacimientos arqueológicos? ¿Qué lugar tiene la historia y cultura viva de estos territorios? Para responder esto, valoramos las implicaciones de la reactivación de este megaproyecto a partir del proceso que inició en el 2013 y fue archivado en el 2015 con el número de expediente D1-11752-2013-SETENA. En este proceso, luego de varios gestiones de consultas y revisiones, se logró determinar que los promotores, habían obviado algunos elementos importantes: – Las Fincas están habitadas por decenas de familias campesinas que han desarrollado sus propias formas de producción, además cuentan con zonas de recreo y reunión, es decir hay comunidades establecidas. – La estrecha relación de esta región con los humedades de Térraba-Sierpe, lo cual hace que sea una zona clave para su conservación y protección. – La presencia de pueblos indígenas y yacimientos arqueológicos en esta región representa un valor cultural incalculable, como lo son las esferas de piedra Patrimonio de la Humanidad. Como parte del proceso de archivo de la iniciativa, a partir del oficio SG-SEA-1451-2015 de SETENA, dirigido al Consejo Técnico de Aviación Civil resaltamos que solicitó: -Declarar desierta la licitación del proyecto de estudio de factibilidad socioeconómico, técnico, legal e institucional, para el desarrollo del Aeropuerto Internacional de la Región Brunca -Solicitar a Organización de Aviación Civil Internacional la devolución de los dineros para el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Región Brunca -Instruir al director general para que remita los estudios pertinentes para fortalecer y mejorar los aeródromos de la región ¿Qué podemos aprender? Como parte de los aportes que podemos reseñar, es que esta obra en particular reforzó los puntos débiles que representan las ambiciones detrás de estos megaproyectos, que consisten en el marginamiento, ninguneo y exclusión de las comunidades locales de cualquier toma de decisión y vinculación, así como el desplazamiento de estas poblaciones, en el caso particular del aeropuerto, podemos citar: – No se consideran los impactos ambientales de la operación del aeropuerto en ecosistemas tan vulnerables como los humedales. Así como las implicaciones que representa la promoción de un tipo de modelo turístico masivo (infraestructura invasiva y cambio del paisaje, impacto desmedido de actividades humanos, entre otros) que requiere flexibilización en la regulación, y más grave sobre una región que se ha caracterizado por formas de turismo de baja escala y comunitario. – Se desprecia las formas de vida campesina, y se marginan a las personas que habitan está región. – Prioriza un desarrollo ajeno a las comunidades, al promover beneficios centrados en un tipo de turismo a corto plazo, e ignora la sostenibilidad de la región al desconsiderar otras formas de gestión y promoción local. – Al desestimar los sitios arqueológicos y promover su extracción, refleja un desprecio patente al legado y la vida cultural de la región. Para reforzar lo anterior, podemos citar las mismas declaraciones que brindó el señor Presidente, al señalar al respecto de la importancia de este megaproyecto que “El hecho de que ahí haya algo, no es justificación para atrasar el progreso” (CRHoy-Villegas, A, 21/2/2023)1. Esta manifestación nos lleva a preguntarnos si una iniciativa como esta ignora las formas y modos de vida local y el legado cultural ¿Cuál desarrollo promueve el gobierno actual? o mejor dicho ¿El desarrollo para quienes? Por esta razón, les compartimos esta infografía que nos aproxima a problematizar algunas de las tensiones que envuelven este megaproyecto, por lo cual planteamos ¿Qué lugar tienen las formas y modos de vida de las comunidades en estos megaproyectos? https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/despegando-con-el-extractivismo-caso-del-aeropuerto-internacional-del-sur-costa-rica/
Este material se pudo desarrollar a partir de la Investigación Mora, José Antonio (2022). Multiterritorialidades y conflictos por la tierra en Costa Rica: el caso del Antiguo Distrito Bananero de Palmar. [Tesis de Maestría Académica en Geografía, Universidad de Costa Rica]. Repositorio Institucional, Universidad de Costa Rica).
1Villegas, Andrey (21/2/2023) Chaves sobre zona arqueológica: «El hecho de que ahí haya algo, no es justificación para atrasar el progreso». CRHoy. Tomado de: t.ly/qgJ6
A partir de la gira presidencial en las últimas semanas de febrero del 2023 a la zona sur del país, ha retornado con nuevos aires el megaproyecto del aeropuerto internacional del sur, el cual se pretende construir en las Fincas 8, 9, 10 y 11 de Palmar Sur de Osa, Puntarenas. Mismo territorio que según muchos de los promotores, son fincas donde lo que existe apenas son bananos y maleza.
A partir del interés gubernamental de reactivar la economía de la región sur del país, con un empuje al sector turístico con la llegada de vuelos internacionales, nos preguntamos ¿Qué sucede en estos territorios? ¿Es cierto que están abandonadas estas tierras? ¿Acaso no habían yacimientos arqueológicos? ¿Qué lugar tiene la historia y cultura viva de estos territorios?
Por esta razón, les compartimos esta infografía que nos aproxima a problematizar algunas de las tensiones que envuelven este megaproyecto, nos decimos responder ¿Qué lugar tienen las formas y modos de vida de las comunidades en estos megaproyectos?
Proyecto endeudaría a Costa Rica con ¢300.000 millones en un contexto de crisis económica para beneficiar supuestos evasores fiscales y empresas contaminantes
Embalse atenta contra ecosistema del Jabirú, la cigüeña más grande del continente americano y en peligro de extinción
(FECON 26-7-2022) El “Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras” PAACUME por sus siglas, es de sobra conocido por beneficiar a unas pocas grandes empresas de monocultivo y mega turismo. En la misma Declaración de Impacto Ambiental (1) queda claro que el grueso del agua quedara en manos de CATSA, Pelón de la Bajura, Hacienda el Viejo, la Corporación Del Monte y Exporpack S.A. Algunas de estas empresas cuestionadas en casos de Panama Papers (2), desastres ambientales y con fuerte vinculo con el partido Liberación Nacional. ¿Es ecológicamente aceptable regalarle infraestructura tan cara a empresas con muy cuestionables prácticas ambientales? ¿Es justo ofrecer más agua a empresarios como estos que han demostrado moverse bajo esquemas de poca transparencia ? ¿Es justo que todo el país les regalemos una infraestructura tan cara a empresarios que esconden sus ganancias para no pagar impuestos? El movimiento ecologista ha señalado, en múltiples ocasiones, que este megaproyecto de infraestructura carece de sustento técnico suficiente; tiene errores catastrales importantes y pone en riesgo la biodiversidad de un Área RAMSAR. Por otro lado el PAACUME no cuenta con estudios de costo-beneficio y se prevé que no será rentable para el Estado y necesita la inversión de $458 millones; de los cuales $425 millones (unos 300.000 millones de colones) provendrían del empréstito aún por ratificar en segundo debate por la Asamblea Legislativa. El Paacume requiere inundar unas 113 hectáreas de un ecosistema en riesgo donde se protejen especies en peligro en extinción como lo es el Jabiru mycteria, conocida como Galán sin Ventura y denominada la mayor cigüeña de América y que se contabilizan tan solo 120 individuos. Por otro lado, el Registro Nacional en el oficio DIG-0388-2018 dirigido a la Asamblea Legislativa advirtió de los errores que existen en el proyecto que aprobó el plenario mediante la llamada vía rápida conocida también como 208 bis. El Registro Nacional demostró que las nuevas fronteras tienen errores catastrales importantes, pero los diputados lo pasaron por alto. Sumado a esto tanto SENARA, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería admitieron que no tenían el dinero para adquirir las fincas que supuestamente compensarían las 113 hectáreas y dependen de la modificación del Presupuesto Extraordinario pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa. La Federación Ecologista consultó en 2018 al Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre la fuente de financiamiento de los recursos necesarios para adquirir las tierras supondrían la compensarían la perdida de biodiversidad. El oficio DM-MAG-715-2018, el ahora exministro Renato Alvarado admitió que el Gobierno Central no tiene el dinero para adquirir las tierras al momento de firmar la ley de modificación de los limites de la Reserva Biológica. ¿Entonces no será posible la compensación de las más de cien hectáreas que le quitarán en al Área Protegida? Por otro lado, en el oficio SENARA-GG-0674 del 13 de setiembre de 2018, la directora del SENARA, Patricia Quirós confirmó sobre la ausencia de estudios técnicos y científicos suficientes, para justificar la decisión de desafectar 113 ha de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, lo cual significa, que no existió el respaldo científico suficiente, para tomar la medida, a pesar de eso fue aprobado en la legislatura pasada con 41 votos a favor. Tanto el SENARA como el AyA han señalado que el Paacume no considera dentro de sus objetivos el tratamiento y distribución de agua potable de consumo humano. La necesidad de abastecimiento poblacional no es viable en este proyecto según el mismo AyA. Es evidentemente que Paacume sólo tiene como objetivo beneficiar a grandes empresas cañeras, meloneras y arroceras; sumado a esto megaturismo.
De acuerdo con las autoridades, el agua del proyecto Paacume no sería sólo para riego; sino que será prioridad el agua para consumo humano; sin embargo, diversos actores han externado su preocupación por quiénes serán los verdaderos beneficiarios de dicho megaproyecto.
Vista de las llanuras desde la Reserva Biológica Lomas Barbudal. Foto: Fabiola Pomareda García.
Desde las zonas más altas de Bagaces se aprecian en las llanuras del Tempisque los cultivos de arroz, algunas plantas de procesamiento de tilapia, las fincas ganaderas y unas pocas sabanas arboladas. Se sabe que a lo lejos esperan caminos de tierra que cruzan poblados donde lo que hay es sed. Sed y sequía. Los desarrollos turísticos, la falta de control sobre los acuíferos, el aumento en la población y la demanda de agua por parte de la agroindustria, todo tiene que ver con la carencia de agua en la provincia.
Mañana se empezaría a discutir en el plenario legislativo el “Proyecto de Ley para la Modificación de Límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el Desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras” (Expediente No. 20.465). Esta modificación de límites permitiría el avance del Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume), impulsado por el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (SENARA), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y varios legisladores.
El Paacume consiste en construir canales para bajar aguas superficiales desde el Proyecto Hidroeléctrico Arenal, las cuales inundarían un embalse que abarcaría 850 hectáreas. Para esto serían inundadas 19 fincas ubicadas a la altura del río Piedras, más una parte de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Luego el agua bajaría a través de canales de riego hasta la bajura guanacasteca.
El plan tiene su base en el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste-Pacífico Norte (PIAAG), que busca desarrollar proyectos de infraestructura “de regulación y control de agua para satisfacer la demanda de recurso hídrico para las poblaciones y el uso en riego en las llanuras del Tempisque”.
El 16 de julio la Comisión Especial dictaminó afirmativamente el proyecto de ley para modificar los límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Esa comisión está integrada por las y los legisladores de Guanacaste Aida Montiel y Luis Antonio Aiza (Liberación Nacional); Rodolfo Peña (Unidad Social Cristiana); Mileidy Alvarado (Restauración Nacional) y Paola Vega (Acción Ciudadana).
El legislador Rodolfo Peña, por ejemplo, es uno de los principales impulsores del proyecto. En un video reitera: “Se van a beneficiar en su mayoría pequeños agricultores, va a haber agua potable para 500,000 personas y llegará agua a las zonas costeras de Carrillo y de Santa Cruz y eso nos va a permitir la recuperación de los mantos acuíferos”.
Sin embargo, diversos actores han externado las siguientes preocupaciones: ¿Es verdaderamente agua para consumo humano?, ¿Son pequeños y medianos productores los que recibirán el riego? ¿Cuáles grupos hoteleros se verán beneficiados?
Toda la discusión alrededor del proyecto deja entrever la necesidad de más transparencia de parte del Gobierno a la hora de promover megaproyectos y al momento de informar a la población sobre las verdaderas personas beneficiadas, especialmente tratándose de una provincia tan necesitada como Guanacaste.
Imagen de la sequía extrema que afectó el norte de Guanacaste en el 2015. Foto: Luciano Capelli.
El discurso de que es “agua para consumo humano”
Un video informativo del SENARA destaca: “El agua no sería sólo para riego, el consumo humano será prioridad, unas 500 mil personas durante los próximos 50 años dispondrán de una cantidad de líquido similar al disponible para el Gran Área Metropolitana”.
El proyecto permitirá “asegurar disponibilidad de agua en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya durante los 12 meses del año para consumo humano y riego para distintos usos”.
Según el Gobierno, con este proyecto se podrá poner bajo riego 18,800 hectáreas localizadas en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, para suplir la demanda de agua potable a unas 500,000 personas de los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, con una proyección de 50 años.
Si bien el Paacume es un proyecto que permitirá llevar un caudal de 20 m³/segundo, provenientes del embalse Arenal, hasta la margen derecha del río Tempisque, sólo 2 m³/segundo de este caudal sería para consumo humano y eso nisiquiera está proyectado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Aya). Sin embargo, el “agua para consumo humano” es una de las principales argumentaciones a favor del proyecto, usada por diputados y funcionarios del Gobierno.
En audiencia de la Comisión Especial que analizó este proyecto en la Asamblea Legislativa, Marvin Coto, director de ingeniería y desarrollo del SENARA, explicó que la red de distribución primero regará la zona de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya y luego llevará agua a la cordillera costera.
“Ahí se destinarán tres puntos para entregar 1,5 m³/segundo para uso del sector turístico costero y 2 m³/segundo de agua potable, que será administrado por parte del AyA, institución que desarrollará sus proyectos a futuro, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de agua potable de las zonas de interés”, afirmó Coto.
Por otra parte, la gerente de SENARA, Patricia Quirós, también comentó lo mismo durante la audiencia: “Con relación al tema de la calidad de agua para uso potable, el proyecto establece la disponibilidad de recurso hídrico para el AyA en cuatro puntos: cerca de Filadelfia, cerca de Sardinal, cerca de Santa Cruz y cerca de Nicoya, según la distribución de los dos metros cúbicos”.
“Entonces, Paacume proporciona el agua cruda, en las condiciones en que llega desde el embalse Arenal. El Aya tendrá que hacer sus plantas de tratamiento de acuerdo con sus necesidades y sus redes de distribución. Esto no está incorporado dentro del proyecto, pues dependerá de las necesidades de la población y las proyecciones del Aya a futuro”, continuó Quirós.
El año pasado Gadi Amit Kaufman, en representación de la organización Confraternidad Guanacasteca, interpuso un recurso de amparo en contra del Aya.
Según la respuesta del AyA en diciembre de 2017 (Expediente No 17-013465-0007-CO), Saúl Trejos Bastos, director de la unidad de programación y control del AyA, indicó: “Revisada nuestra cartera de proyectos, tanto en las fases de prefactibilidad como factibilidad, no se encuentra ningún proyecto bajo el nombre Paacume. Los proyectos que tenemos en nuestra cartera para esa zona están indicados en el Cuadro 1 que se adjunta, en el cual indicamos la fuente de abastecimiento del recurso de amparo (…). Al contrario, todos los proyectos indicados en el Cuadro 1 supracitado hacen uso de recursos hídricos cercanos.”
En ese mismo documento, Luis Paulino Picado Blanco, director de la unidad ejecutora Proyecto Reducción de Agua No contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética, aseveró: “En el alcance del proyecto para la región Chorotega únicamente se consideran intervenciones en el Acueducto de Liberia y no considera inversiones en el desarrollo de nuevos acueductos (Proyecto Paacume por ejemplo)”.
Para Henry Picado Cerdas, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), criticó: “El agua para consumo humano está de adorno en el Paacume pues es poco viable y muy caro una planta de potabilización. De hecho el AyA no recomienda el uso de agua superficial y menos de este tipo pues pasará a cielo abierto por áreas de plantaciones de arroz o melón, con alto uso de plaguicidas y todo tipo de contaminación biológica y química. Además, el mismo AyA ha desmentido la posibilidad de que esta propuesta se lleva a cabo, puesto que no tienen planes al respecto”, dijo Picado refiriéndose a la respuesta citada del AyA.
Según Sofía Barquero, abogada y asesora legislativa en el despacho del diputado José María Villalta del Frente Amplio, “queda claro que ni la misma institución encargada del abastecimiento de agua para uso poblacional ha manifestado interés en realizar ningún proyecto que requiera puntualmente del caudal que generaría el Paacume”. “Por el contrario, el AyA es claro en su contestación en que tiene otras fuentes de agua disponible para realizar los proyectos que se encuentran planificados”, expresó Barquero.
Falta lista y régimen jurídico de pequeños y medianos agricultores que se beneficiarían
De acuerdo con el video promocional del SENARA, “el distrito de riego Arenal Tempisque genera cerca de $200 millones anuales de parte de productores agrícolas, piscícolas o pecuarios. El Paacume busca que eso mismo ocurra en Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, asegurando el riego para esa zona”.
Además, promueve que “permitirá el riego de 18.800 hectáreas agroproductivas, como una medida de adaptación al cambio climático, de manera que la producción agropecuaria sea sostenible y constante, gracias a los sistemas de riego”.
Este es claramente el principal objetivo del proyecto: el riego. Pero igualmente surge la pregunta de si será riego para pequeños y medianos productores o para la gran agroindustria vinculada a los grupos de poder político y económico de siempre.
En una reciente sesión informativa realizada en la Asamblea Legislativa, Maritza Rojas, coordinadora de comunicación ambiental del ICE, dijo que los tres principales actores socioeconómicos del Paacume eran las empresas: Exporpack S.A., Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S.A. y Azucarera El Viejo S.A.
Por su parte, Henry Picado, de la FECON, denunció que “el formato de este megaproyecto está en función de llevar agua a proyectos hídricamente despilfarradores e ineficientes como lo son los monocultivos. Este proyecto apodado con el eufemismo de ‘Agua para Guanacaste’ es en gran parte para regar monocultivos de caña de azúcar, melón, arroz, ganadería extensiva y, ¿por qué no? piña también. Pero sus promotores no lo dicen”.
Gadi, Amit, de Confraternidad Guanacasteca, se refirió al sector agrćola como el gran consumidor de agua y al acaparamiento de agua en pocas manos.
“El 80% del agua en Guanacaste es para riego de las cuatro grandes empresas que manejan la caña y el arroz. Cuatro empresas manejan 28.000 litros por segundo, cuando el resto de la provincia maneja sólo 5.000 litros por segundo. Esa es la concentración, esa es la mentira. Le quieren dar más agua a la gente que maneja el agua de riego: Ingenio Taboga, Azucarera El Viejo, Hacienda El Pelón y la Central Azucarera del Tempisque. Cada una tiene como 7.000 litros por segundo por parte de pozos, quebradas, ríos y el sistema de riego Arenal-Tempisque, que maneja SENARA”.
Henry Picado fue más allá y recalcó que “lo cierto es que las empresas que se ven directamente beneficiadas son las mismas que han acaparado el agua de Guanacaste en los últimos 30 años”. “Además, estas empresas beneficiadas con el Paacume tienen relación con partidos políticos tradicionales, han sido parte de sus equipos de gobierno e incluso invierten en campañas políticas”, dijo.
Según documentos de la FECON, Carlos Enrique González Pinto es representante legal de la empresa Melones de Costa Rica S.A. parte de la transnacional Del Monte.
González Pinto es fundador del Grupo Pelón de la Bajura y posee el 50% de las acciones de Melones de Costa Rica con la trasnacional Del Monte. Según reportes del Semanario UNIVERSIDAD, aportó a la campaña del expresidente Óscar Arias Sánchez más de ¢20 millones, según registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La FECON también aseguró que Agustín Penón Orlich, presidente de Guanacaste Seco S.A., accionista de la exportadora melonera Exporpack S.A. y presidente de la Cámara Nacional de Productores de Melón y Sandía (CANAPEMS), es socio de André Garnier en el acueducto Coco-Ocotal y ha sido tradicional financiador de las campañas políticas del Partido Liberación Nacional.
No obstante, el SENARA sigue asegurando que el Paacume beneficiaría con riego un total de 18.800 hectáreas, dando servicio a 746 productores, de los cuales un 81.57% son pequeños y medianos. “De ellos, cerca del 70% tienen fincas menores a 25 hectáreas, y cerca del 11% tienen fincas de entre 25 y 50 hectáreas; el resto tiene fincas mayores a 50 hectáreas (19% ). De los 746 potenciales productores, 56 son de Nicoya, 197 de Santa Cruz y 493 de Carrillo”, señalan.
Pero para Sofía Barquero, es importante saber en la práctica quiénes usufructúan con estas propiedades, cuál es el régimen jurídico y, por lo tanto, cuántas de estas fincas están alquiladas a, o producen para la gran agroindustria.
“No hay certeza técnica de que el proyecto de riego para cultivos beneficie realmente a más de 700 personas, pues no hay un estudio de la demanda ni una caracterización de las personas beneficiarias. Se extraña un análisis más detallado sobre las personas reales que obtendrán el beneficio”, argumentó Barquero.
El agua que irá para los hoteles y condominios de lujo
Un tercer cuestionamiento tiene que ver con cuáles grupos hoteleros y turísticos se beneficiarán del Paacume.Y eso lo externaron en su momento habitantes de las comunidades guanacastecas a las que el ICE les presentó el proyecto. No queda claro si el agua irá para riego de áreas verdes de proyectos turísticos, para consumo humano de las personas turistas, o para qué.
Maritza Rojas, del ICE, señaló que el sector turístico beneficiado del Paacume serían los hoteles en las zonas Papagayo Sur-Ocotal, Cartagena-Flamingo y Brasilito-Tamarindo.
En su concepto, Gadi Amit cree que existen alternativas para solucionar el problema de acceso al agua: “Si se maneja adecuadamente el agua de riego que consume el 70% de toda el agua de guanacaste; ahorrando el 80% de eso duplicamos la cantidad de agua disponible y habría agua para el desarrollo. El tema es planificarlo, hacerlo decentemente para toda la gente, tomando en cuenta los intereses del pueblo y no de unos cuantos”.
El pasado 16 de julio, una comisión legislativa especial dictaminó afirmativamente un proyecto de ley que modifica los límites de la Reserva Lomas de Barbudal, para poder construir el megaproyecto llamado Paacume. La iniciativa será discutida el lunes 23 de julio en el plenario.
Megaproyecto del Paacume afectará a la única reserva biológica de bosque tropical seco del país.
Un camino de lastre atraviesa pequeñas parcelas que colindan con la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, en Bagaces, Guanacaste. Desde ahí se pueden divisar las verdes planicies.
Este paisaje cambiará drásticamente si se hace realidad el Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME). Un total de 19 fincas ubicadas a la altura del río Piedras, más una parte de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal se inundarían para convertirse en un espejo de agua, que abarcaría 850 hectáreas.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (SENARA) impulsan el proyecto PAACUME, que consiste en construir canales para bajar aguas superficiales desde el Proyecto Hidroeléctrico Arenal. Estas aguas inundarían el embalse en la zona citada y luego bajarían por más canales de riego hasta la bajura, “para asegurar disponibilidad de agua a los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya para consumo humano y riego para distintos usos”, según afirman las instituciones.
Hasta ahora la Reserva Lomas Barbudal, una zona que es puente ecológico de gran biodiversidad, había pasado más o menos escondida y desapercibida. Pero hoy esta área silvestre protegida creada para resguardar los ambientes del bosque seco tropical y su diversidad biológica, es el centro de atención.
El 16 de julio una comisión legislativa especial dictaminó afirmativamente el “Proyecto de Ley para la Modificación de Límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el Desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras” (Expediente No. 20.465).
La comisión está integrada por las y los legisladores de Guanacaste Aida Montiel y Luis Antonio Aiza (Liberación Nacional); Rodolfo Peña (Unidad Social Cristiana); Mileidy Alvarado (Restauración Nacional) y Paola Vega (Acción Ciudadana).
Se espera que la iniciativa empiece a ser discutida el próximo lunes 23 de julio en el plenario. Sin embargo, diversos actores han externado su preocupación por el mecanismo de compensación de las tierras que se inundarán, -usado como base del principal estudio técnico-, los impactos ambientales del megaproyecto, los verdaderos beneficiarios y sobre el discurso de que éste resolverá problemáticas de agua para consumo humano.
Relieves y elevaciones en zonas de estudio. Se muestra el área estimada de afectación directa por embalse (contorno de línea azul), el área estimada de la zona de amortiguamiento en el perímetro del espejo de agua (contorno de línea negra), límites de Reserva Biológica Lomas de Barbudal y propiedad de ASETREK en la zona (contorno línea rosada), así como la potencial área de canje (compensación) en la propiedad de ASETREK (delimitada por línea roja). Fuente: OET.
Mapa de ampliación de límites Reserva Biológica Lomas Barbudal.
Impacto de magnitud: Inundarán 113 hectáreas de Lomas Barbudal
La reserva biológica Lomas Barbudal, creada en 1986, es un oasis de conservación en medio de las planicies guanacastecas, rodeado de fincas ganaderas, arroceras, una autopista de cuatro carriles e ingenios de caña de azúcar.
Se entra pasando Bagaces, por un camino que atraviesa un pueblo llamado Pijije, y no hay rótulo, no hay anuncio, no hay nada. ¿Por qué?
Porque es una reserva biológica, que es sólo para investigación y aunque recibe muchos turistas nacionales y extranjeros, no es ordeñada para turismo, no es promocionada y no es mercadeada como la mayoría de parques nacionales.
El 20 de junio pasado, 48 diputados votaron a favor de tramitar por la vía rápida el proyecto de ley citado, que pretende desafectar 113 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para que ya no estén protegidas. De esta forma el ICE y el SENARA podrán construir ahí este megaproyecto, que afectará a la única reserva biológica de bosque tropical seco del país -que abarca 2.645 hectáreas-.
El único legislador que se opuso fue José María Villalta, del Frente Amplio.
El Gobierno planea adquirir tres fincas, para compensar las hectáreas a inundar. Serían 444,04 ha. de ASETREK Tres Azul S.A., 86,96 ha. De Brindis de Amor y 25 ha. De Hacienda Ciruelas SP S.A.
De acuerdo con el Gobierno, el procedimiento para evaluar la compensación de estas tierras es resultado del estudio para el “Establecimiento de la línea base de biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal y finca adyacente”, realizado por la Organización de Estudios Tropicales (OET).
Pero el PAACUME en sí es un proyecto de impacto, como lo define la propia OET: “Dada la magnitud del impacto, que sustituiría el actual hábitat terrestre por un ambiente acuático, la legislación del país obliga a contemplar medidas de compensación que permitan resarcir las pérdidas en el ambiente como consecuencia del proyecto. La situación es más sensible por tratarse un área silvestre estatal bajo un régimen de protección restrictivo, como lo es el de Reserva Biológica”.
Un camino de lastre atraviesa pequeñas parcelas que colindan con la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, en Bagaces, Guanacaste. Desde ahí se pueden divisar las verdes planicies. Foto: Fabiola Pomareda.
Lomas Barbudal: el minipaís de los insectos y mucho más
Una cosa es leer una propuesta donde se habla de inundar 850 hectáreas, de “llevar agua a Guanacaste”, y de comprar fincas con las que se compensarán las tierras inundadas que pertenecen a una reserva biológica; pero otra muy distinta es caminar sobre esos senderos cubiertos de lodo y hojarasca, ver el río Cabuyo, escuchar el croar de cientos de ranas, y observar el bosque verde y lleno de vida desde una torre dentro de Lomas Barbudal.
Ahí trabaja Manrique Montes Obando, administrador de la reserva, quien compartió su conocimiento y vivencia sobre esta área con gran riqueza en aves, insectos y especies maderables, y donde se realizan numerosas investigaciones, nacionales e internacionales.
“De las primeras personas que estuvieron acá, una fue Franklin Gordon, investigador estadounidense, que empezó a ver las particularidades de la reserva por su bosque seco, como la gran cantidad de especies de abejas y avispas que había”, contó Montes, en una entrevista a la orilla del río Cabuyo.
“Se le llama el minipaís de los insectos, y eso trae consigo una gran biodiversidad en otras especies, como aves, que son aproximadamente 294 especies de aves encontradas en los monitoreos de los ultimos 10 años”, continuó el funcionario.
En la reserva, además, crecen todas las especies maderables del bosque tropical seco -afirmó Montes-algunas en peligro de extinción, como el caoba, el cristobal cachimbo y el laurel negro. Hay otras especies representativas como guanacaste, cenízaro, esbabel, guapinol y cortés amarillo.
También es un lugar donde se llevan a cabo relevantes investigaciones, como la del mono cara blanca, de la Escuela de Antropologia de la Universidad de Los Ángeles, que desde 1987 investiga la genética y fuentes de alimentación de esta especie. Otra estudia la vocalizacion de las loras nuca amarilla, que en esta zona es diferente de las loras de Rincón de la Vieja y Santa Rosa. Una trata sobre el pez zebra o pez burra, en el Río Cabuyo, uno de los pocos peces de agua dulce que es social y vive en grupos familiares.
Montes está bien enterado del posible cambio y afectación que se experimentaría en la reserva si se construye el PAACUME. “El área que se va a impactar es una área muy bien conservada; está retirada de la administración, como a ocho o diez kilómetros, de bosque maduro, bastante bien conservado”.
“Todo desarrollo, todo proyecto tiene su impacto. Ninguna labor de mitigación lleva al estado original del área que se va a impactar, por más que se cambie tierra por tierra, siempre va a haber una marcada diferencia”, expresó.
Manrique Montes Obando, administrador de la reserva.
Dentro de Lomas Barbudal.
OET analizó sólo parte de los terrenos que se usarían para compensar
El informe de la OET explica primero que el sitio que sería afectado en Lomas de Barbudal tiene tres tipos de bosque: deciduo, secundario y ripario (asociado a las quebradas en el sitio). El bosque deciduo es de baja densidad y en él hay hay especies pioneras; el secundario posee mayor estructura y en él hay árboles dominantes; y en el ripario hay especies siempre verdes y con árboles dominantes y “es una de las asociaciones vegetales más amenazadas de la región”.
Sin embargo, desde un inicio, la OET advirtió que la finca con la que se pensaba compensar las 113 hectáreas que se inundarían de Lomas Barbudal -ASETREK-, no tenía ni bosque ripario, ni la misma riqueza de especies de plantas y vertebrados, porque era un sitio más perturbado, ambientalmente. Por lo tanto, la OET fue enfática en que se tendría que sumar otra finca llamada Brindis de Amor, que sí tenía bosque ripario; pero que además, se iban a tener que compensar las 113 hectaŕeas de Lomas, con 530 ha de ambas fincas.
Ahora el Gobierno asegura que sumará una tercera finca (Hacienda Ciruelas). Pero el informe de la OET no analizó la biodiversidad de Hacienda Ciruelas; propiedad recomendada posteriormente para poder sumar suficientes hectáreas de bosque.
Según el estudio dela OET, en el sitio de afectación hay cerca de 30 hectáreas de bosque riparo, que representa cerca del 11% de ese tipo de bosque que hay en toda la Reserva Biológica. “El sitio de compensación también es heterogéneo en cobertura forestal y cuenta con bosque deciduo, bosque secundario y zonas de pastizal y no forestales. Este sitio no dispone de bosque ripario”, concluyó el informe de la OET.
De acuerdo con las y los investigadores que participaron en el estudio de la OET, “las mayores similitudes se encontraron en la comunidad de anfibios, artrópodos de sotobosque, y aves, con 79%, 76% y 62% de las especies compartidas. En plantas leñosas y mamíferos los sitios sólo compartieron 55% y 50% de sus especies; mientras que en reptiles (39%), peces (34%) y plantas herbáceas (33%) se encontró el menor porcentaje de especies compartidas. Interpretamos estas discrepancias como indicativo de que hay diferencias importantes entre el sitio de compensación y el de inundación en composición de especies y que por lo tanto, se hace necesario incrementar el área a utilizar para resarcir las pérdidas en diversidad debido a los impactos directos del Embalse”.
En una reciente sesión informativa realizada en la Asamblea Legislativa, Patricia Quirós, gerente general del SENARA, reconoció que se les presentó una situación especial con el área a compensar, y que el Área de Conservación Arenal Tempisque (ACAT) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) recomendaron valorar otras propiedades, además de ASETREK.
El área afectada de Lomas Barbudal comprende 24.7 ha de bosque ripario, apuntó Quirós. Por eso es que el área a compensar de la finca ASETREK se amplió a 444,04 ha., para que incluyera 6.14 ha. de bosque ripario. A esto se sumarían 15.87 ha de bosque ripario de Brindis de Amor y 7.16 ha. de Hacienda Ciruelas , para total de 29.17 ha. de bosque ripario.
Dentro de Lomas Barbudal.
Humedal está bajo protección internacional
No obstante, Jorge Lobo, biólogo catedrático de la Universidad de Costa Rica, cuestionó el informe de la OET con el documento “Observaciones al Informe Línea Base de Biodiversidad OET – Lomas de Barbudal”. Lobo argumenta que “este análisis adolece de problemas teóricos y prácticos importantes, que deben ser conocidos por los funcionarios públicos que tienen en sus manos decidir sobre el primer caso de alteración de límites de un área protegida que se presentaría para realizar este proyecto”.
“El problema principal es establecer un principio de compensación, supuestamente cuantitativo, donde modificando el tamaño de un área de compensación se puede igualar el área perdida dentro de un área protegida. Las poblaciones o especies afectadas por la pérdida de un área protegida no necesariamente aparecerán, en su abundancia original en un área de compensación aunque se aumente muchas veces su área, porque al no existir en el área de compensación los hábitats y recursos requeridos por esta especie, y los núcleos poblacionales o las condiciones migratorias paragarantizar su repoblamiento, no se podrá compensar estas especies o poblaciones perdidas en el área protegida”, escribió.
Para Jorge Lobo, “sería muy peligroso que los legisladores consideraran este estudio como válido, porque esta práctica podría llevar a propiciar la afectación de los límites de más áreas protegidas, fundamentados en la compensación con fincas privadas de área mayor; pero con ecosistemas mucho más alterados de los protegidos”.
Lomas de Barbudal es también parte del humedal categoría Ramsar. La regla de la Convención Ramsar es que los humedales de importancia internacional deben mantener su designación y su extensión inicial y sólo en circunstancias realmente excepcionales debería considerarse cambiar esto.
Sin embargo, en el video informativo los impulsores del proyecto lo destacan como una especie de hito: “la investigación nos pone ante la primera experiencia país en modificar y compensar los límites de un sitio Ramsar”.
La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) también ha externado dudas sobre la forma en que se fijó la metodología para la compensación.
“Es conocido que la compensación es una medida que toman cuando los daños ambientales no se pueden evitar; pero en este caso está siendo usada de forma peligrosa para favorecer un proyecto empujado por intereses económicos muy fuertes”, afirmó Henry Picado, presidente de FECON.
“Es peligroso al ser la primera vez en la historia del país, en que se va a disminuir una reserva y podría sentar malos precedentes en terminos ambientales”, opinó Picado.
Según el artículo 38 de la Ley Orgánica del ambiente 7554: “La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”.
El Río Cabuyo.
Avanza proyecto de ley en la Asamblea Legislativa
De acuerdo con un comunicado de prensa del PAC, el proyecto de ley que modifica los límites fue mejorado a través de las mociones presentadas por la diputada Paola Vega, “a fin de garantizar que el área tenga categoría de manejo de ecosistema de humedal y se establezca con un Plan General de Manejo de Uso Sostenible y Racional, que permita su conservación por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)”. “Además, se aprobaron las mociones para que el 50% del canon de aguas vaya directo al Plan de Manejo y el sitio sea custodiado como Humedal de Importancia Internacional (sitio Ramsar)”, añadió.
Con respecto a si se analizaron otras opciones para el proyecto, Marvin Coto, director de ingeniería y desarrollo de SENARA, comunicó que “se evaluó un plan alternativo con la construcción de un túnel de más o menos 2 kilómetros, con salida adelante del río Piedra; sin embargo, se debió desestimar por una situación de carácter geológico, pues cruza una falla que hace imposible la opción de construir un túnel conforme a los estudios preliminares del ICE” (Dictamen legislativo).
Coto también recordó que el artículo 71 de la Ley de Biodiversidad establece el mecanismo para una declaratoria, modificación o cambio de categoría de un área silvestre protegida. La ley indica que para realizarse el cambio se debe elaborar un documento técnico que respalde cualquier tipo de afectación y que el artículo 72 del reglamento de la misma ley establece una serie de características o de condiciones que deben cumplirse en ese estudio para poder sustentar un eventual cambio de uso de suelo.
El artículo 72 del reglamento de la Ley de Biodiversidad también exige dos elementos adicionales de estudio para poder presentar el proyecto de ley y la propuesta de compensación. Uno es la existencia de recursos financieros para poder comprar esas fincas; y una consulta obligatoria a las comunidades cercanas como Falconiana, Bagatzi y San Ramón y contó con la participación del Alcalde de Bagaces. Según el expediente del proyecto, el anterior Ministro de Agricultura Luis Felipe Arauz se comprometió, mediante un oficio, a aportar los ¢1425 millones de colones que se requieren para adquirir las fincas ASETREK, Brindis de Amor y Hacienda Ciruelas. Hasta el momento no se pudo comprobar que este rubro está incluido en el presupuesto de la República.
Por otra parte, el Ministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez, señaló que la compensación o restauración ecológica del impacto ambiental que genere la obra “es totalmente factible y posee dos elementos fundamentales; uno, entender que esto es un proyecto de interés nacional; y dos, que los daños ambientales son predecibles, medibles, mitigables y compensables” (Dictamen legislativo).
“Por ese motivo, el MINAE tiene la certeza e interés de apoyar este proyecto de ley que utiliza el canon de aprovechamiento de agua establecido por el Artículo 70 de la Ley de Aguas, con el fin de proveer los recursos financieros para la implementación de las acciones de restauración ecológica tras la modificación de los linderos e introducir nuevos espacios a la Reserva Biológica Lomas de Barbudal”, agregó Rodríguez.
El próximo 5 de marzo Luis Guillermo Solís Rivera inaugurará una deforestación de 157Ha sobre la cual se construirá la ampliación de la Ruta 32 (Nación, 24-2-2018). Nuestra sorpresa es que ningún mandatario costarricense se ha propuesto inaugurar una tala; es como inaugurar la contaminación de un río o de una mina a cielo abierto. Lamentablemente no se dice que este tipo de megaproyectos como una autopista impacta 30 veces más área que la propia carretera. En materia ambiental estamos hablando de una carretera que compromete el recurso hídrico, la vida silvestre y la vida de las comunidades aledañas.
La ampliación de la carretera tendrá una magnitud de 107 km de largo, cuatro carriles, 36 puentes, 23 puentes peatonales, 176 bahías para autobuses, 26.160 metros lineales de ciclovía y drenajes (CONAVI, sin fecha). Este proyecto, financiado, diseñado y gestionado por la República Popular de China (FECON, 17-2-2015), tendrá un costo estimado de 450 millones de dólares; poco más de dos millones de colones cada metro lineal de carretera. En la Federación Ecologista nos preguntamos: ¿Una autopista de esas características es necesaria para el país? ¿Existen otras alternativas a este proyecto caro, destructor, contaminante y desactualizado? ¿Qué experiencia previa nos puede revelar qué pasará con este megaproyecto?
Es preciso decir que la densidad geográfica de la red vial en Costa Rica es entre cuatro y seis veces superior a la de México y a la del resto de Centroamérica respectivamente (XII Informe Estado de la Nación). El Estado de la Región del 2013 reporta a Costa Rica como el país de Centroamérica con la red vial más extensa y de mayor densidad: Existen 0.78 km de carreteras y caminos por cada km cuadrado de territorio Estado de la Región (2013).
En FECON queremos refrescar la memoria sobre la construcción de autopistas. La ampliación de la carretera Cañas-Liberia es una experiencia previa de ampliación de vías nacionales por presiones de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas, también llamado Proyecto Mesoamérica (TicoTimes, 2014), una obra que significó la ampliación a lo largo de 50Km y que ha dejado varias enseñanzas sobre todo en términos de impacto sobre la vida de las comunidades aledañas y la vida silvestre cercana.
Hablamos de cientos de pequeños negocios a la orilla de la carretera, que quebraron al hacerse casi inaccesibles en una vía donde los autos van a velocidades extremadamente altas como para poder frenar; de casas invadidas por el ruido y el polvo; y de niños/as que no pueden salir ni al frente de su casa, entre otros impactos sociales. Una encuesta realizada después de la construcción de la autopista Cañas-Liberia reporta que el 60% de los vecinos de la carretera califica a esta autopista como innecesaria y que no trajo ningún aspecto positivo a sus vidas (Pomareda, 2014).
En cuanto a vida silvestre se refiere, en la vía Cañas-Liberia se constaran animales atropellados a pesar de los “pasos de fauna”. Se reportan al menos cinco individuos atropellados por kilómetro lineal y para el año 2014 un promedio de más de dos manigordos murieron por mes, atropellados en carreteras del país. En un periodo de cinco meses se reportaron 455 animales atropellados, de 45 especies distintas sólo en dicha autopista. (Pomareda, 2014).
Propiamente sobre la ampliación de la Ruta 32, la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas le ha exigido a Costa Rica adecuarse a sus estándares incluidos en el “Proyecto Mesoamérica” (CONAVI 2012). Es decir, los mismos con los que se construyó la vía Cañas-Liberia, con la particularidad de que la Ruta 32 es la que reporta más atropellos de animales (Panthera, 2015). Entre marzo y octubre de 2014, se registraron 1.028 atropellos en 94,9 kilómetros (km). Es decir, en promedio, en la ruta 32 hubo 10 incidentes con animales silvestres por cada kilómetro, entre el cruce hacia Río Frío y Moín (Nación, 2015).
La ampliación de la Ruta 32 creará una megacarretera que pasará muy cerca de ocho Áreas Silvestres Protegidas, las cuales incluyen dos Parques Nacionales (Braulio Carrillo y Barbilla) y dos Reservas Forestales (Cordillera Volcánica Central y Río Pacuare). Además, pasaría muy cerca de la importante Zona Protectora Cuenca del Río Siquirres y de los Acuíferos Guácimo y Pococí. Se verán afectadas también las Reservas Forestales cercanas, como Río Dantas, Limoncito (mixto), del Tigre y Escalera de Mono (Artavia, 2015).
Quizás lo más preocupante para la vida silvestre es que la ampliación de la Ruta 32 atravesará tres corredores biológicos (Cordillera a Cordillera; Guácimo; Zona de Protección Guácimo y Pococí). y corta cinco rutas de conectividad propuestas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y otras cinco que pasan muy cerca de la Ruta 32 (Artavia, 2015). Es importante mencionar que un tramo de esta carretera atraviesa una de las “Unidades de Conservación del Jaguar”, identificadas por la organización Panthera (2010), la cual es vital para lograr la conectividad de la “Iniciativa del Corredor del Jaguar” dentro del país y con Nicaragua y Panamá.
Desde la Federación para la Conservación de la Naturaleza hemos manifestado desde el inicio nuestra oposición a este proyecto por considerarlo un riesgo para la naturaleza, las poblaciones aledañas y las finanzas públicas. Se ha demostrado que este proyecto viola el principio precautorio bajo el cual se rige nuestro ordenamiento legal ambiental. Sumado a esto hemos demostrado el riesgo a los acuíferos comunitarios más importantes del Caribe (FECON, 17-2-2015) y que el Estudio de Impacto Ambiental de la obra se ha realizado de forma apresurada y con deficiencias (FECON, 14-10-16). Este es un proyecto que no beneficia a la población costarricense, sino que empeorará la crisis fiscal y amenazará la vida silvestre de la zona del Caribe.
Una solución al transporte de carga eficiente, ambientalmente viable y que respondería a la necesidad del país para descongestionar las calles es un tren eléctrico de carga (FECON, 17-2-2015).
Henry Picado Cerdas
Presidente
Federación Para la Conservación de la Naturaleza (FECON)
Panthera. 2010. Iniciativa del Corredor del Jaguar: Creando un paso seguro para los jaguares en el presente y hacia el futuro. Nueva York, Estados Unidos.
Como hace cinco años en Valle de Siria en Honduras, las comunidades, pueblos y organizaciones que somos el M4 nos hemos reunido del 22 al 25 de septiembre en la Ciudad de San José en Costa Rica para reconocernos y reafirmarnos en la lucha contra el modelo extractivo minero.
Como entonces, hoy confirmamos que el modelo extractivo minero se ha impuesto como el megaproyecto de mayor impacto territorial y de avasallamiento de derechos humanos, de acaparamiento de tierras y destrucción de la Madre Tierra en América Latina.
En estas jornadas de trabajo del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-, las representaciones de 13 países (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Haití, Colombia, Ecuador, Perú, Sierra Leona, Canadá y Estados Unidos) coincidimos en que la actividad minera en nuestros territorios ha avanzado al amparo de políticos y tecnócratas poco informados o ineficaces cuando no corruptos, por la imposición de intereses corporativos sobre el interés colectivo, por apetitos personales y silencios cómplices. En este sentido, consideramos que la minería en nuestros territorios es consecuencia de un modelo democrático deficitario que, al operar bajo la lógica de que tener el poder es tener la razón, inevitablemente coloca a los pueblos en una situación de vulnerabilidad. Tenemos la claridad para afirmar y denunciar que la minería no sería posible sin un entramado institucional que trae causa de un modelo de desarrollo que –a través de la extracción irracional de bienes comunes naturales– favorece la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital.
Para lograr sus objetivos de productividad, las empresas mineras externalizan sus costes aprovechando la permisividad de la legislación y la corrupción de los gobiernos. Las mineras aprovechan la pobreza de la gente y la ausencia de alternativas, lo que suele facilitar la explotación de la mano de obra y de la naturaleza. Las mineras obtienen insumos baratos o gratuitos y canalizan sus energías hacia el lobby político. Este proceso es reforzado por instituciones financieras internacionales y los gobiernos del norte quienes, a través de las «medidas de ajuste estructural», obligan a países como los nuestros a estimular las exportaciones de lo que suelen llamar «recursos naturales» mediante la exención de impuestos y otros incentivos financieros.
Es esa lógica de acumulación por despojo la que nos ha llevado a enfrentar una de las crisis más severas de violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica. El M4, sus miembros y sus organizaciones han sido víctimas de la violencia extractivita. El 3 de marzo del 2016 en Honduras, en el marco de los intercambios y alianzas que facilita nuestro movimiento, fue asesinada nuestra compañera Berta Cáceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); en el mismo episodio, el compañero mexicano Gustavo Castro, referente latinoamericano del movimiento social por la defensa de la tierra y el territorio y principal impulsor y dinamizador del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) fue herido y, en su condición de víctima, criminalizado por el gobierno de Honduras. Sin embargo, estamos en pie, existimos porque resistimos.
Esa misma crisis se expresa en la violencia estructural que sufren nuestros pueblos y que se echa de ver en los indignantes niveles de pobreza y en la discriminación metódica a nuestros pueblos y comunidades. Por ello, insistimos en rechazar las injusticias socioambientales que ocasionan las mineras a su paso por nuestros países: nos oponemos a la militarización de nuestros territorios, al debilitamiento del tejido social, a la división de las comunidades, a los atentados contra la integridad física y emocional de defensores y luchadores de derechos humanos, a la criminalización de la protesta y a la coerción de la libertad de expresión; a la contaminación de la tierra, el agua y el aire, a la erosión y desertificación de los suelos, a la pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje; a las altísimas contribuciones al cambio climático, las afectaciones a la salud y los empleos precarios; al falso desarrollo y a la injerencia de las mineras en las decisiones políticas y económicas de nuestros países.
Sabemos que la causa fundamental de la destrucción del territorio y la sobreexplotación de los bienes comunes naturales reside en la desigualdad, los desequilibrios de poder y el neocolonialismo que atraviesa nuestras sociedades, por ello reforzamos nuestra convicción de que un verdadero progreso social estaría mediado por la humanización de las condiciones de trabajo, viviendas dignas y distribución igualitaria de la riqueza; por una educación de calidad y la adecuación de los planes de estudio a las distintas realidades existentes; por una seguridad social efectiva y la concepción integral de la salud entendida no solo como la ausencia de enfermedad sino también como la garantía de las condiciones individuales y colectivas que la hacen posible (alimentación sana, agua limpia, suficiente y accesible para todas y todos, entre otras).
Aspiramos a un modelo de sociedad basado en la vida digna sustentado por normas, valores, reglas, comportamientos y políticas que promuevan la democratización y participación de los pueblos en la toma de decisiones, el empoderamiento personal y comunitario, la realización de los derechos humanos, la reducción de la violencia, la sustentabilidad de las actividades productivas, el final de las desigualdades de género, el desarrollo cultural, científico y la creatividad artística; de manera importante, aspiramos a un modelo de sociedad que mantenga una relación con los minerales basada en las necesidades humanas y no en los dictados del mercado, los intereses especulativos y financieros, las ganancias o la guerra.
Desde el M4, imaginamos pueblos y comunidades donde la gente pueda realizar su potencial más alto garantizando sus necesidades básicas y aumentando sus opciones vitales basándose en la confianza de que su entorno es un lugar seguro, educativo, libre y espiritualmente satisfactorio en el que vivir y donde la comunidad ética incluya, en un sentido amplio, a toda la naturaleza.
Celebramos la prohibición de la minería en El Salvador y la moratoria a la misma en Costa Rica. Hacemos un llamado al resto de los gobiernos a seguir el camino de los pueblos y no de las corporaciones.
Saludamos con gran alegría la integración al M4 de los países hermanos de Colombia, Ecuador, Haití, Perú y Sierra Leona, quienes coinciden con nosotros en la necesidad de construir una sociedad alerta y movilizada que nos permita revigorizar la democracia, contar con organizaciones sociales fuertes e independientes que porten los esfuerzos de transformación de la sociedad y ofrezcan espacios apropiados para que las luchas contra el modelo extractivo minero germinen y se fortalezcan.
Junto a ellos, continuaremos trabajando para construir espacios colectivos adecuados que estimulen el surgimiento de un vínculo identitario fuerte que, más allá de nuestras luchas concretas, nos articulen en torno a la lucha contra el Modelo Extractivo Minero.
Consideramos que bajo el actual sistema capitalista y de acumulación no existe la “minería verde”, “sustentable”, “socialmente responsable”, “ecológica” o “limpia”. Por ello, exigimos:
La salida inmediata de las empresas mineras y sus proveedoras de nuestros territorios, así como el alto total de la entrega de nuestros territorios en concesiones para la explotación minera de parte de los gobiernos de nuestros países.
El cese total a la represión a defensoras y defensores de derechos humanos, de la tierra y del territorio.
Conclusiones favorables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de nuestro compañero mexicano Mariano Abarca, asesinado en el año 2009 en su lucha contra la empresa minera canadiense Black Fire y cuya familia y organizacion, al día de hoy, no ha obtenido justicia por parte de las autoridades mexicanas.
En atención a los tratatos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestros países, el respeto total a las decisiones que, en ejercicio de su autonomía, toman nuestros pueblos, sean cuales sean las formas y los mecanismos para ello.
Al gobierno Hondureño le demandamos el esclarecimiento del crimen cometido contra Berta Caceres, el COPINH y Gustavo Castro.
¡Enviamos un saludo solidario al pueblo mexicano que en días recientes ha sido sufrido el azote de sismos consecutivos que han afectado a la Ciudad de México y a los Estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Estamos con ustedes!
En comparación con otras expresiones políticas que aspiran a atemperar los efectos nocivos que produce este modelo de desarrollo, el M4 es contundente y señala que:
¡Del Perú a Canadá la minería no va!
Enviado por Coordinadora Ni Una Sola Mina (CNUSM).
Celebrando la detención de construcciones ilegales
El pasado 18 de febrero en Guacimal de Puntarenas celebró un año desde que la Sala IV ordenó la detención de las construcciones ilegales de un «megaproyecto de riego» del SENARA que ya había sido ampliamente reprobado por el pueblo, por ser una amenaza abierta al ambiente local, en el que los ríos significan bienestar social.
Otras denuncias aún pesan sobre este fallido proyecto
Pero además de los recursos de amparo que la Sala Constitucional ha resuelto en favor del ambiente, otros procesos legales y administrativos se iniciaron en medio de todo un complejo de irregularidades que se presentaron desde que la Sociedad de Usuarios de Agua de Los Ángeles de Guacimal (SUALA) quiso poner sus manos sobre el agua del Veracruz.
Caducidad por desuso
Uno de esos procesos administrativos fue la denuncia presentada desde octubre del 2015 por la Alianza por la Defensa del Agua, pidiendo que se cumpliera con el artículo 26 de la Ley de Aguas, al haber pasado en ese momento 5 años sin que el agua se utilizara, lo cual es causa expresa en la Ley para declarar caducidad de la concesión. A partir de ahí, el Ministro de Ambiente creó un Órgano Director que analiza el caso para resolver la denuncia por caducidad.
Audiencia en el MINAE
El pasado 23 de febrero, hubo una audiencia ante la Dirección de Aguas sobre el caso en el que darían testimonio vecinos de Guacimal y los desarrolladores sobre el desuso de la concesión. No obstante, mientras que los Desarrolladores se reunieron en privado con miembros del órgano Director, y tras una espera de casi 2 horas por parte de los guacimaleños, se anunció la suspensión y reprogramación de la audiencia por una interpelación hecha por el abogado de la SUALA.
No hubo argumentos de fondo. Básicamente reclamaron que se debían cumplir con 15 días hábiles previos para la notificación y que ésta se hizo 14 días antes, violentando el derecho de defensa de la presidenta de la SUALA, Anais Madrigal.
¿Qué se debe resolver?
La SUALA no ha usado el agua desde que obtuvo la concesión en octubre del 2010 por acciones u omisiones propias de su mala administración de la concesión. Han tenido 2 viabilidades ambientales (en 2010 y 2012). La primera se le venció por no iniciar construcciones en el plazo de vigencia; la segunda fue anulada en 2014 por la Sala Constitucional al haber mediado irregularidades en su aprobación ante SETENA. Según la Ley de Aguas está claro que con 3 años sin utilizar la concesión, el Ministerio de Ambiente debe declarar la caducidad, sin que existan excepciones al caso.
Insostenibilidad demostrada
Aunque ha sido criticado por algunos por la oposición al “desarrollo”, el pueblo de Guacimal y las comunidades aledañas que lo apoyan se basan en experiencias propias de proyectos que han terminado en las manos de pocos, en agua que corre desperdiciada por las calles, en concesiones que aprovechan el agua a pesar de estar vencidas, ríos secos, animales en peligro de extinción amenazados, poblaciones sin agua potable por meses y demás manifestaciones de insostenibilidad y desigualdad en el acceso al agua. Diversos reportajes han dado cuenta del conflicto y los impactos que traería la explotación como se han denunciado por años.
¡Que se cumpla le ley!
Nuestras gente tiene claros nuestros derechos y exige que la Ley de Aguas se cumpla con la anulación definitiva de esta concesión en un río que queremos proteger para que en el futuro tengamos una fuente segura de agua para consumo humano en las comunidades más vulnerables a afectaciones por el cambio climático. Tres años de triunfos comunitarios contra estos intereses privados, con el derecho a nuestro favor nos amparan para seguir unidos luchando por el agua y motivando a otras comunidades a confrontarse a quienes con sus negocios personales desprecian la vida y el bienestar que merecemos las pequeñas comunidades rurales de Costa Rica.
Para más información: alianzahidrica.pts@gmail.com, Dany Alberto Villalobos Tel: 8781 4512 FB: Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua.
Enviado a SURCOS por TCU Kioscossociomabientales UCR.
