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Etiqueta: migración laboral

¿Quién paga la salud de las personas migrantes?

Jenyel Contreras Guzmán*

El pasado 11 de junio el Gobierno de Costa Rica dio a conocer que en conjunto con el apoyo de los distintos cuerpos del Sistema de las Naciones Unidas estableció un acuerdo de cooperación conjunta para el desarrollo de un Plan Sanitario para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país, el cual consta de tres fases:

  1. Consistió en una dotación financiera de 200 millones de colones enfocada en la asesoría técnica, insumos, equipos y producción de material de comunicación y abogacía para diferentes poblaciones, en la primera fase de contención de la pandemia.
  2. Consistirá en la participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para la dotación de personal y medicamentos para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país. Así como la identificación de más recursos financieros para la ejecución de esta fase.
  3. Consistirá en la participación de Médicos sin Fronteras y Cruz Roja Internacional para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país.

Durante el 2019, el país estableció un Convenio de Cooperación (Convenio ACNUR-CCSS, que entró a regir el 1° de enero de 2020) con el Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mediante el cual dicha organización dotó de recursos financieros (1.8 millones de dólares) para asegurar temporalmente a 6.000 personas refugiadas y solicitantes de refugio, en condiciones de extrema vulnerabilidad. El monto de la cuota del beneficio que ha asumido ACNUR para cada persona asegurada se calculó sobre la base 350.000 colones, y mediante la figura de seguro voluntario.

Desde el año 2011, y a partir de la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) Costa Rica dispone del Fondo Social Migratorio. El origen de estos fondos procede de acuerdo con el artículo 33 de dicha ley, del importe de un monto adicional al coste del proceso de regularización migratoria de veinticinco dólares (US$25,00) a las personas extranjeras en el momento en que se otorgue su regularización migratoria, así como cada vez que se dé su renovación de permanencia en el país. Es decir, es un fondo que alimentan permanentemente las personas migrantes. El artículo 242 de esta misma ley establece los sectores beneficiarios de los fondos y su distribución en la siguiente proporción: 40% para Migración, 20% para Educación; 25% para Salud; 5% Desarrollo comunal; 5% para Seguridad y prevención; y 5% para Adaptación Social.

Asimismo, “de acuerdo con los datos oficiales de la CCSS la demanda nacional de servicios de salud por parte de la población migrante nicaragüense no sobrepasa el 6% dependiendo del servicio médico, e incluso en las zonas fronterizas, la incidencia de las personas migrantes en los servicios de la CCSS es proporcional a su incidencia a nivel nacional” (Voorend, 2017) a la vez que los datos empíricos contradicen la idea de que las personas nicaragüenses  acuden a los servicios de la CCSS sin contar con seguro médico, lo cierto es que “ en el seguro directo contributivo (como persona asalariado o voluntario) las personas nicaragüenses (37%) aportan más que las costarricenses (31%)” según los datos del Censo Nacional de 2011.

Las investigaciones científicas sobre migración laboral en Costa Rica tienen 30 años denunciando las condiciones de explotación, informalidad laboral y exclusión social que sufren personas migrantes, particularmente las nicaragüenses, en actividades relacionadas a las labores domésticas, la agricultura de monocultivos y la construcción. Estos dos últimos sectores han sido considerados a nivel nacional e internacional, como “sectores esenciales” para la reactivación económica de los países postpandemia. Tan solo el gremio cafetalero costarricense durante las últimas décadas ha dispuesto de 70.000 personas migrantes (nicaragüenses e indígenas ngäbes) para llevar a cabo la siembra y cosecha de sus ganancias.

Por su parte, la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) establece en su artículo N°. 177 multas a aquellas personas físicas o representantes de las personas jurídicas, públicas o privadas que contraten personas en condición migratoria irregular en el país. No obstante, desde mayo de 2012 se han establecido prorrogas vía Decretos Ejecutivos (37112-GOB, 37990-G, 38541 GOB-MTSS-MAG, 41429-MGP-MTSS-MAG, 41719-MGP-MTSS-MAG, y 41908-MGP-MTSS-MAG) que establecen disposiciones transitorias la prohibición del cobro de dichas multas.

Finalmente, un análisis integral de la afectación de los servicios de salud nacional por parte de las personas migrantes implica reconocer también sus aportes (12% del PIB de acuerdo con el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2018), así como sentar las responsabilidades en quienes han contratado en condiciones de informalidad y explotación laboral a personas migrantes irregulares para la obtención de sus ganancias, dificultándoles y perpetuando condiciones de vida inhumanas, así como su no acceso regular a los servicios de salud.

* Socióloga, Máster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo por la Universidad de Costa Rica (UCR). Docente en la Escuela de Sociología de la UCR, investigadora y evaluadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Compartido con SURCOS por la autora.

Imagen: https://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/costa-rica-garantiza-acceso-a-salud-para-indigenas-panamenos-durante-el-periodo-de-cosecha-del-cafe/

Costa Rica entre el miedo y el odio: hacia la anulación de un sujeto histórico

Guillermo Acuña González*
Sociólogo-Escritor
12 de junio 2020

Recientemente el Instituto Costarricense del Café (ICAFE) en la voz de su directora ejecutiva Xinia Chaves emitió dos señalamientos importantes en cuanto a su proceso productivo actual y el vínculo con los impactos de la crisis sanitaria global.

El primero indica que la cosecha 2020-2021 será “una de las más importantes de la historia”, dada la coyuntura sanitaria global y las circunstancias que afectan todos los ámbitos de la vida misma. El segundo consiste en la convocatoria, inédita en décadas, a la fuerza de trabajo costarricense a incorporarse a la recolección, que este año podría empezar en agosto en su etapa temprana. [1].

En mayo anterior, la misma representante había dibujado tres escenarios posibles con relación a los requerimientos de mano de obra para la temporada 2020-2021[2]: el primero, el optimista, se basaba en contar con la habitual fuerza de trabajo extranjera (fuerza de trabajo migrante de origen nicaragüense y panameña) que por décadas ha soportado sobre sus hombros el peso de la recolección completa desde la etapa temprana hasta su clausura, al promediar el mes de marzo del siguiente año.

El segundo, intermedio como ella misma señala, se caracterizaría por la implementación de una serie de protocolos de seguridad sanitaria para garantizar el concurso de la misma fuerza de trabajo.

El tercero, “el peor”, consistiría en la restricción absoluta de entrada de fuerza de trabajo migrante nicaragüense y panameña, dadas las implicaciones de cierre de fronteras y las disposiciones emanadas por las autoridades de Salud Pública en el país. Este escenario obligaría al sector a tomar medidas de contingencia, entre ellas considerar incorporar una masa trabajadora que hace lustros dejó de interesarse por participar en la actividad, dada su calificación laboral y sus niveles aspiracionales.

Junio llegó y trajo consigo el peor escenario posible, no solo para la actividad cafetalera sino para la población migrante trabajadora en general, que de acuerdo al estudio de OCDE-OIT de 2018, es la responsable en buena medida del 12% de la producción nacional. [3]

Producto del aumento en la detección de casos positivos de COVID-19 en personas trabajadoras provenientes de Nicaragua, ubicadas en actividades como plantas empacadoras y fincas productoras de piña en la zona norte del país, se profundizaron los discursos de rechazo, motivados por el miedo sanitario al contagio, mezclados con una tendencia existente en el imaginario del costarricense a considerar al nicaragüense trabajador pobre como una amenaza para su identidad blanca, homogénea y vallecentralina.[4]

No solo los discursos potenciaron la discriminación. Las prácticas sociales e institucionales también: una directriz emitida por el Área de Salud de Los Chiles, ubicada en frontera con Nicaragua, indica la prohibición de atender personas indocumentadas si no es con presencia policial y de personal de migración[5].

Estos discursos y prácticas señalan la instalación en Costa Rica de una discriminación de naturaleza estructural[6] que amenaza con eliminar simbólica y espacialmente a un sujeto histórico, importante para el desarrollo económico y social del país.

La urgencia por contar con fuerza de trabajo para la cosecha de café 2020-2021 (que inicialmente ha sido estimada por las autoridades de ICAFE en 75.000 personas trabajadoras) ha supuesto la interpelación inédita a la fuerza de trabajo costarricense para que se incorpore a la actividad, obviando que el mercado laboral costarricense ha adquirido desde hace bastantes décadas una característica de segmentación, consistente en la ocupación de fuerza de trabajo migrante en sectores específicos de la economía local.

Este proceso, además, ha aniquilado del discurso social e institucional la referencia a esa población trabajadora migrante, habitual y necesaria. En el caso del migrante nicaragüense, el recurso a la apelación a su cuerpo enfermo y expuesto como amenaza biológica y sanitaria, opera en el imaginario de buena parte de costarricenses como una fuente natural de miedo, que fácilmente deriva hacia otros sentimientos o estados emocionales. En el caso del migrante indígena panameño el proceso es peor, porque ni siquiera se le nombra o referencia, invisibilizando en ambos casos su existencia como sujeto histórico.

La psicoanalista Marie France Brunet en el libro El odio y la clínica psicoanalítica actual (Pólvora Editorial, 2020) señala que el odio surge como síntoma en el racismo y la xenofobia, entre otros males sociales.

El otro, el extranjero, a través de sus rasgos de diferencia y especificidad, pero también de amenaza, de enfermedad, asusta y crea en los demás mecanismos de reacción y rechazo, como los experimentados en estos momentos en la sociedad costarricense. Se produce así, el proceso de anulación del otro como una forma de destruirlo, eliminarlo simbólicamente[7].

En el caso específico de los actuales discursos contra la migración laboral nicaragüense, dos aspectos importantes explican su rápida difusión social en medio de la coyuntura.

El primero, vinculado con una matriz histórica de superioridad biológica que el costarricense ha construido para diferenciarse de los otros, motivada por el proyecto oficial de blanqueamiento de la población en el proceso de construcción del estado nación[8].

El segundo, la construcción de una espacialidad riesgosa, que en este caso se ubica en las narrativas sobre la frontera con Nicaragua. La construcción de una espacialidad que explicara el origen de la Pandemia fue determinante a inicios de la misma y determinó rápidamente la construcción global de discursos de peligro y responsabilización[9].  Lo mismo opera con la frontera entre Costa Rica y Nicaragua como recurso retórico, pese a que los casos se siguen presentando en otros lugares del país.

Esta acción ha supuesto por ejemplo, que comunidades ubicadas en esa espacialidad fronteriza muestren su oposición a recibir personas migrantes identificadas como positivas con el virus en una acción absolutamente opuesta a la supuesta solidaridad y hospitalidad que ha caracterizado la identidad social costarricense. Al mismo tiempo, el tono de los discursos, su acento, ha estado puesto sobre la persona migrante y no sobre las empresas que les contratan en condiciones laborales y sociales deficitarias.

Los rasgos de individuación y ausencia de cooperación como consecuencia de las respuestas estatales ante la pandemia a través de cierre de fronteras, ordenamiento de cuarentenas y aislamiento social, han supuesto un resultado que quizá sea igual o más profundo que los efectos sanitarios de la pandemia: la deconstrucción de convivencias sociales y las confianzas colectivas, colocando en el otro extranjero pobre y vulnerable toda la carga de esos procesos de desestructuración.

Es urgente la tarea inmediata a revisar los discursos y las prácticas sociales contra las personas migrantes trabajadoras. No solo por que lesionan su dignidad y la de sus familias como seres humanos, sino porque al eliminar simbólicamente ese sujeto histórico mediante la invisibilización y el rechazo, potencian en el corto plazo la búsqueda de otros chivos expiatorios que bien podrían ser ubicados al interior mismo de la sociedad costarricense, provocando una polarización más profunda que la ocasionada por el escenario socio político del país de los últimos 20 años. Personas Jóvenes, desempleadas, sin acceso a estudio, podrían ser eventualmente erigidas como ese nuevo otro social que tanto necesita la sociedad costarricense para construir su identidad.

Es necesario reconocer ese otro sujeto histórico, vincularse a su biografía y sus necesidades, asumirlo como persona con deberes y derechos que lo integren formal y prácticamente a nuestra experiencia cotidiana. Solo así nacerá una sociedad nueva, sin tanto odio y temor como política de las relaciones humanas. Sustituyamos esos rasgos por el afecto. El escenario nos desafía a intentarlo.

* Sociólogo y escritor costarricense. Investigador del Programa de Investigación Migración, Cambio Social e identidades, de IDESPO-UNA. Premio Nacional de Ensayo Aquileo J. Echeverría 2019 con ensayo: “Déjennos pasar: Migraciones y trashumancias en Centroamérica”. Editorial Amargord, España.

[1] Xinia Chávez, Presidenta Ejecutiva ICAFE. Entrevista edición meridiana Telenoticias, 11 de junio de 2020.

[2] ICAFE prepara posibles  escenarios para que crisis sanitaria no afecte cosecha 2020-2021. En www.columbia.co.cr recuperado el 12 de junio de 2020.

[3] OCDE-0IT. (2018). Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía de Costa Rica, Éditions OCDE, París,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264303867-es.

[4] Ver referencias sobre estas construcciones imaginarias y discursivas en textos como Jiménez Matarrita, Alexander. (2002). El imposible país de los filósofos: el discurso    filosófico y la invención de Costa Rica.  San José, Costa Rica: Editorial Perro Azul; Alvarenga, Patricia. (2005). La identidad amenazada. Los costarricenses ante la inmigración nicaragüense.  En https://ccp.ucr.ac.cr/noticias/migraif/pdf/alvarenga.pdf. Recuperado el 12 de junio de 2020; Sandoval, Carlos (2002) Otros Amenazantes. Los nicaragüenses y la formación de identidades nacionales en Costa Rica. San José, Costa Rica: Editorial UCR.

[5] Directriz DGASLCH-00126-2020. 29 de mayo de 2020.

[6] Pelletier, Paola (2014).  La discriminación estructural en la evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En https://www.corteidh.or.cr/tablas/r34025.pdf  Recuperado el 12 de junio de 2020

[7] El odio nos toca la puerta. En www.ciperchile.cl.  Recuperado el 12 de junio de 2020.

[8] Jiménez Matarrita, Alexander. (2002). El imposible país de los filósofos: el discurso        filosófico y la invención de Costa Rica.  San José, Costa Rica: Editorial Perro Azul

[9] Lois, Marie (2020). Los estados cierran sus territorios por seguridad…pero los virus están emancipados de sus fronteras. En Geopolíticas, revista de estudios sobre espacio y poder. https://dx.doi.org/10.5209/geop.69370