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Etiqueta: monopolio

Los privilegios fiscales de industrias contaminantes: los importadores de agroquímicos

Comunicado FECON – Bloque Verde 

  • Rodrigo Chaves tiene razón al decir que el mercado de agroquímicos está muy  concentrado.

  • Gravar la importación de agrotóxicos generaría al menos ₡11mil millones al año de recursos frescos para Hacienda.

  • Con poner impuesto a la importación NO habrá incremento de costos para consumidor final.

Según el informe del Ministerio de Economía, Industria y Comercio las exenciones fiscales de las empresas importadoras de agrovenenos para el año 2011 llegaron a los 22 millones de dólores, en ese año Costa Rica importaba aproximadamente 7,5 millones de Kg. Para el año 2019 el volumen de importación de plaguicidas llegó a 18 millones de Kg, mismos que recibieron exenciones fiscales que superan los 22 millones de dólares en 2018 con datos del PNUD, pero puede llegar hasta los 54,6 millones de dólares. Es decir, unos 32mil millones de colones.

Un punto a resaltar del informe de 2011 del MEIC titulado “Estado del Mercado de Agroquímicos en Costa Rica” es clave en esta discusión, debido a que se detectan una serie de distorsiones en el mercado de plaguicidas que resultan muy importantes debido a que le “restan competitividad al sector agrícola”.

El MEIC señala con detalle estas distorsiones: (a) Concentración en las importaciones de ingredientes activos en pocas empresas; (b) limitada información al productor sobre posibles sustitutos de principios activos que puede utilizar de acuerdo a sus requerimientos; (c) no dispone de información sobre el precio de los agroquímicos en los distintos puntos de venta del país. (d) El pequeño productor y productora debe comprar sus productos en los eslabones finales de la cadena lo que implica el pago deprecios más altos; (e) No existe transparencia en las estrategias de comercialización utilizadas por los proveedores en el mercado; (f) La falta de la construcción y el seguimiento de una base de datos permanente, no permite llevar un monitoreo permanente de la comercialización de agroquímicos en todos los eslabones de la cadena, lo cual limita el poder actuar del Gobierno, en casos de situaciones anormales de mercado. (g) Distribución del mercado entre empresas según ingredientes activos; (h) Precios más altos para los pequeños y medianos productores que no disponen de volumen de compra, ni liquidez y deben asumir cadenas de comercialización más extensas con precios más altos.

El MEIC concluye que la aplicación de la exoneración de los impuestos a la importación de maquinaria, equipo e insumos para la actividad agropecuaria no cumple la razón de ser de la Ley de Exoneraciones n° 7293. Una recomendación para el Ministerio de Hacienda de parte del MEIC señala: “… partiendo del hecho general, podría asumirse que el beneficio fiscal que crea el Estado, es para fomentar una actividad en la cual el Estado tiene un interés de desarrollar el sector productivo agropecuario costarricense y no beneficiar al sector productivo de otros países por medio de la exportación, la cual cuenta con instrumentos específicos”.

Esto lo menciona el MEIC debido a que Costa Rica se ha convertido en un reexportador de agrovenenos al resto de países centroamericanos y caribeños. Se cree que una cuarta parte de los agroquímicos importados son reexportados. De esta manera nuevamente el beneficio de la exonerasión lo termina aprovechando las empresas re-exportadoras y no los agricultores.

Entre las distorsiones más importantes está la tenencia al monopolio. Para dar algunos ejemplos podemos mencionar que en el caso del glifosato (producto formulado), son 20 las empresas que lo importan, a pesar de esto tres de ellas concentran el 70%. Por su parte el mancozeb (producto formulado) es importado por 15 empresas sin embargo, una sola empresa concentra el 89,96% del total delas importaciones de este plaguicida. El paraquat (producto formulado) es importado por seis empresas,sin embargo, tres empresas concentran el 77%. En el caso del oxamil (producto formulado), es una sola empresa la que lo importa.

Este tema que pocas veces de debate en la opinión publica es importante que se discuta en el marco de la crisis fiscal. Porque desde hace muchos años viene funcionando un mercado de los agrovenenos que ponen en riesgo la salud humana y ambiental de país. Un mercado poco regulado y que goza de exonerasiones de impuestos que no se traducen en un beneficio para los productores.

Los sobre precios de estos agrovenenos son otros de los factores que llevan al mercado del agroveneno este distorsionado. El MEIC encontró que para los plaguicidas más usados en el país el marguen de sobre precio que manejan los importadores y las casas comerciales detallistas van desde un 45% a un 101% con respecto al valor de importación. Otro factor más que es evidente que los últimos beneficiados de la exonerasión de los impuestos a los plaguicidas son los agricultores.

Desde el Sector Ecologista proponemos es urgente gravar las actividades más destructivas y contaminantes. La importación de agrotóxicos es una actividad que generaría ₡32 mil millones al año y que además debe de ir acompañada de una reforma legal que permita la regulación de la industria que ponen en riesgo la salud humana y ambiental.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

APM Terminals, UN ESPEJISMO

Freddy Pacheco León

APM Terminals, a la que le regalaron un monopolio en el trasiego de contenedores, ¡PARA ASÍ QUEBRAR A JAPDEVA!; a la que presentaron como una «mega terminal portuaria», con tan solo dos puestos de atraque; a la misma que le permitieron tarifas exageradamente superiores a las aprobadas a JAPDEVA; a la que pese a que fue anunciada como creadora de decenas de miles de empleos, provocó mayor desempleo y miseria en Limón; a la que pusieron como ejemplo de una «concesión de servicio público exitoso» (¡sería el único luego de tanto fracaso!) ahora resulta que paga menos impuesto de la renta que usted amigo, pues no reporta ganancias…

¿Es o no es UN ESPEJISMO?

Hace años advertimos que era un espejismo, un pésimo negocio, un gol al Estado, pues desde que estudiamos el desdeñado contrato que firmara doña Laura Chinchilla y sus ministros Jiménez (MOPT) y Herrero (Hacienda), junto a un misterioso Presidente Ejecutivo de Japdeva llamado Allan Hidalgo, esa realidad era evidente.

Es en verdad, un proyecto muy alejado de la inversión anunciada, de la magnitud promocionada y los beneficios demagógicamente prometidos. Una isla artificial de 80 hectáreas, casi del tamaño de La Sabana, que se usa solo en su mitad, con un par de puestos de atraque, en lugar de los seis anunciados, son parte de esa realidad que se escondía detrás del panorama demagógico.

Y si a ello agregamos la interpretación antojadiza e ilegal que hacen del contrato, para que buques que no transportan exclusivamente contenedores, se dirijan hacia la más cara terminal de APM, CUANDO DEBERÍAN DIRIGIRSE HACIA las 10 terminales de JAPDEVA, más se evidencia ese otro grave «error» cometido en el Consejo de Concesiones del MOPT, que quizá el ministro Amador debería corregir, pero quien sabe…

Contrato nacido de prejuicios racistas contra «los negros vagos de JAPDEVA», sin tomar en cuenta, por ejemplo, que del ranking de puertos de la CEPAL, hecho entre 120 terminales de Latinoamérica y el Caribe, los muelles de JAPDEVA ocupaban la alta posición 12.

Y es que, tal concesión no era, ni es, necesaria. No era, ni es «urgente», un puerto en el Caribe operado por 50 años por una transnacional danesa u holandesa. Y ni hablar del daño ambiental, que se evidencia en la erosión significativa de playa Moín, donde anidaban anualmente los cientos de tortugas baula, por las que sacrificaron a Jairo.

¿Es errada la gestión económica de la Revolución Bolivariana?

Mag. José A. Amesty Rivera

Desde varios sectores de la oposición y desde sectores a favor del gobierno venezolano, incluyendo desde medios de comunicación, han proliferado muchos puntos de vista en relación a la política económica de la revolución bolivariana, algunos a favor y otros en contra, mas específicamente aduciendo que las últimas medidas son neoliberales.

El presente artículo, pretende revisar si la última aseveración es cierta, reflexionando, citando y apoyando el articulo ¿Maduro neoliberal? del investigador y analista político William Serafino.

Una prueba de neoliberalismo, según algunos medios es, por ejemplo, que, en la zona de las Mercedes, una zona de clase media alta de Caracas, haya tiendas ostentosas, restaurantes y casinos de categoría elevado.  

Otros medios aducen que, la oferta de trabajo en plataformas digitales o la circulación de dólares en la economía son sinónimo de neoliberalismo.

Para Alberto Barrera Tyszka, en un artículo publicado en The New York Times, el neoliberalismo «sería la pata económica de la «dictadura» de Maduro».

Por otro lado, para el Partido Comunista de Venezuela, hoy a la derecha y en claro respaldo a la oposición venezolana, más otros sectores de izquierda, enfatiza que: «los bajos salarios, la reducción del gasto público y los supuestos intentos de privatización enmarcados en la Ley Antibloqueo son expresiones de ese neoliberalismo que confirmarían el alejamiento de Maduro del chavismo».

Si las políticas del gobierno chavista fueran neoliberales, el politólogo Serafino concluye su artículo preguntando: «Si es neoliberal, no hay razón para que prosiga el acoso en su contra, ¿verdad?».

Ahora, verifiquemos ¿que son políticas neoliberales? Según: «Neoliberalismo». Autor: Equipo editorial, Etecé. De: Argentina. Disponible en: https://humanidades.com/neoliberalismo/.

«El neoliberalismo es una corriente económica y política asociada al capitalismo. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregulada y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado. Así mismo, el neoliberalismo considera que la intervención del Estado promueve la ineficiencia a través de las regulaciones sobre las industrias, los altos impuestos y servicios públicos que no están sujetos a la competencia del mercado. El sistema neoliberal pretende capitalizar el accionar del Estado y generar mayor producción con menor inversión social. Esta premisa recae en un dilema debido a que en la práctica no resulta justa o equitativa.

Entre las principales características del neoliberalismo se destacan:

La privatización. Consiste en que los servicios como la educación, la salud, la seguridad, la bancarización, entre otros, sean administrados por entidades privadas en lugar de estar regulados por el Estado. Es decir, que el acceso a los servicios está restringido solo a quienes tengan dinero suficiente. Las personas que no tienen acceso a una educación adecuada no podrán progresar en su trabajo y en su vida profesional. Por ende, la privatización de todos los servicios solo promueve beneficios para una minoría y la falta de calidad de vida para una mayoría.

El libre mercado. Consiste en que los precios de los bienes y de los servicios se regulen en base a la oferta y la demanda, en un mercado libre de restricciones por parte del Estado. Defiende la apertura de las importaciones y el control por parte del sector privado. Si esa modalidad no es moderada y regulada, contribuye a un menor desarrollo de la producción del país y solo enriquece a quien puede importar y vender esa mercadería a nivel nacional. No promueve el crecimiento comercial del resto del sector productor, que se vuelve cada vez menos competitivo.

La competencia. Consiste en fomentar la competitividad en toda relación laboral, tanto en el sistema productivo como en la oferta de servicios, a fin de obtener más variedad de opciones en el mercado. El problema surge ante la falta de regulación para establecer límites en el accionar comercial, lo que puede desencadenar en una competencia desleal a costa de la explotación laboral, de la difusión engañosa, entre otros.

Finalmente, las principales desventajas del modelo neoliberal son:

La desigualdad. Promueve un conjunto de estrategias económicas que tienen impacto social y que generan una gran diferencia de clases. Por ejemplo, solo aquellos que tienen acceso a los servicios privados, como la educación, podrán alcanzar un mejor desarrollo profesional. La mayoría de quienes no tienen acceso a ese tipo de servicios, no pueden progresar.

El monopolio. Promueve que el poder sea controlado por una minoría elitista que acapara la productividad y la oferta de servicios. Quienes no tienen o no pueden generar dinero, no logran llevar a cabo sus propios negocios, pero sí son necesarios como mano de obra del sistema productivo.

Los problemas económicos. Promueve un incremento de precios sin control y sujetos a las leyes deliberadas del mercado en mano de los monopolios. Además, se genera una disminución de los salarios ante la gran demanda de trabajo, por lo que la mano de obra se abarata.

Los problemas ambientales. Promueve la obtención de la mayor ganancia en el menor plazo posible. En muchos casos eso implica no respetar los procesos y las normas establecidas para el cuidado de los recursos y del medio ambiente, del aprovechamiento de los recursos no renovables, de la calidad de vida de las personas o del desarrollo industrial responsable».

Según las afirmaciones anteriores, las políticas del gobierno bolivariano, desde Chávez hasta ahora, están diametralmente opuestas al neoliberalismo. Y, por consiguiente, es obvio que las medidas económicas no son neoliberales.

Y como sigue enfatizando Serafino, «caracterizar de neoliberales cuestiones regulares de la actividad económica como el auge comercial o de movimiento de dinero en las calles implica un reduccionismo ramplón» que no es neoliberalismo.

En el caso venezolano, «cuando se habla de neoliberalismo se hace referencia a una política de ajuste estructural signada por privatizaciones en sectores estratégicos, financiarización del tejido económico, desregulación de servicios públicos esenciales y un aumento en el poder de decisión de las empresas concentradas en detrimento de la autoridad del Estado».

«Para que una política económica sea neoliberal en el sentido estricto de la palabra, deben cumplirse ciertas condiciones. Una de ellas es la desregulación de todo cuanto sea posible en términos de actividad económica. Esto quiere decir, en pocas palabras, suprimir todo factor de control, supervisión o gestión del Estado sobre sectores estratégicos, financieros y servicios esenciales. Como ejemplo reciente, y a la mano de una terapia de shock neoliberal tenemos el gobierno de Mauricio Macri en Argentina (2015-2019). En lo político, el «laboratorio neoliberal» que encabezó implicó el ascenso de banqueros y tecnócratas en altas posiciones de poder, lo que configuró un gobierno corporativo repleto de CEOs. Por el lado económico y financiero, su administración ejecutó un endeudamiento insólito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acreedores privados, cuyos compromisos externos del país llegaron a más de 250 mil millones de dólares».

El analista Serafino continúa afirmando: «si Maduro fuese un neoliberal a carta cabal no solo Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) sino las empresas básicas, el Metro de Caracas, las empresas de electricidad, telecomunicaciones y de suministro de agua, por solo mencionar algunos casos, estarían ya en manos del sector privado».

Finalmente, William Serafino concluye que: «es una contradicción absurda calificar a un gobierno como neoliberal si este tiene una amplia gama de impuestos para fortalecer su recaudación, sostener los subsidios a los servicios públicos y un programa alimentario de carácter masivo: los CLAP, cuyo costo de adquisición para la población está muy por debajo de los precios de mercado. Es sencillamente un sinsentido; es todo lo contrario al neoliberalismo».

Si Maduro encarnara el neoliberalismo, «no lo observaríamos enfocado en fortalecer el Sistema de Misiones, las entregas de viviendas y el resto de políticas públicas dirigidas a la protección social en términos de alimentación, salud y educación de la población».

Quizás el aspecto más frágil de la narrativa neoliberal «es que supone que todo lo que implique reordenar las finanzas, buscar una gestión más racional de recursos (escasos, en virtud del bloqueo) y estimular condiciones de crecimiento económico por vías diversas a las tradicionales certifica un giro «neoliberal».

Finalmente, no debemos olvidar que las políticas económicas del gobierno bolivariano, se dan en un contexto de bloqueo, el presidente Nicolas Maduro Moros ha enfatizado: «A la acción de agresión multiforme de Estados Unidos, debemos responder con una acción estratégica flexible, de defensa y contrataque, que evite que el bloqueo siga haciendo daño a nuestra Patria (…) debemos responder con audacia y creatividad, adaptando, flexibilizando nuestro marco jurídico y administrativo, adaptándonos a las amenazas sancionatorias, a complejas y cambiantes circunstancias».

En síntesis, según el Informe del Centro Internacional de Inversión Productiva CIIP y el Observatorio Venezolano Antibloqueo, «¿cuáles son los resultados de las sanciones? Como era previsible (y como fue planificado desde el principio), las implacables medidas contra Venezuela durante más de siete años, han tenido impactos durísimos sobre la economía del país, el nivel de vida y los derechos humanos de la población venezolana. Todas y todos hemos sufrido (de una u otra forma) los efectos de los castigos, persecusión a la economía y al Estado venezolano. El bloqueo produjo la reducción de los ingresos en divisas del país, caída de la producción petrolera, cierre al comercio exterior, debilitamiento de la moneda y fuga de capitales. Se vino entonces la hiperinflación, escasez de bienes y servicios, cierre de industrias, migración, deterioro de la calidad de vida y del bienestar de las venezolanas y los venezolanos. En pocas palabras, una devastación económica sin precedentes».

Lo anterior del Informe es, el Infierno del neoliberalismo, propuesto y ejecutado no por el gobierno bolivariano, sino por EEUU y sus secuaces.

Monopolio privado provoca desempleo

Por Freddy Pacheco León

La indefendible creación de un monopolio privado en el trasiego de contenedores a favor de una transnacional, trastornó el equilibrio financiero de la terminal portuaria de Japdeva. No solo era una de las 12 mejores terminales de Latinoamérica y el Caribe, de entre 120 evaluadas, sino que pese a tener tarifas mucho menores que el puerto de APM, permitía el autofinanciamiento de Japdeva.

Hoy, gracias a otra atropellada concesión, Costa Rica tiene una terminal mucho menor a la promocionada en su oportunidad, y un mayor problema de desempleo sobre los limonenses. Ha sido duro para esos habitantes despertar del espejismo de APM para sufrir la realidad que se había disimulado cuando «se vendió» la idea de una terminal portuaria del primer mundo que vendría a crear más de cien mil nuevos empleos en la privilegiada Costa Rica. ¡Así de grande fue el cinismo!

Las paradojas que evidencia la pandemia

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Imaginar que los mercados urbanos seguirán siendo emporios para las ventas de mercancías y servicios, así como ser fuentes de fuerza de trabajo barata, son las elucubraciones de los empresarios, el gobierno y los nefastos entes internacionales, que se imaginan maltusianamente, una sociedad y un mundo con poblaciones muy inferiores a su origen manufacturero del siglo XVIII, pero dotadas de extraordinarias capacidades productivas gracias a los trabajadores que con su esfuerzo e imaginación crean nuevas tecnologías. Es comprensible un capitalismo con elevada producción y productividad para más y mayores mercados, pero nunca para reducidos mercados y poblaciones. No existe tendencia alguna que sustente una estructura productiva y distributiva para atender las necesidades ciudadanas y menos aún con tasas decrecientes de ganancias. Ello es un error de las expectativas, una visión contradictoria o una forma para eliminar a empresarios competidores.

¿Acaso estamos viviendo un proceso de concentración económica como nunca antes ha conocido la humanidad? ¿se pretende destruir a miles de productores y trabajadores, con la mediación viral pandémica, para concentrar y centralizar, en muy pocas empresas globales y en menos países, el abastecimiento de mercancías, servicios o insumos que el mundo requiere? ¿se construye un nuevo orden económico mundial? No es de orates ni es una especulación suponer la intencionalidad de estas prácticas, pues es una regularidad efectuada en toda la historia capitalista. Las guerras, invasiones, ocupaciones, los asesinatos, espionajes, expropiaciones, confiscaciones y adquisiciones han servido, en el pasado y el presente, para apoderarse de las riquezas, recursos y mercados del mundo, como tampoco es extraño, el crecimiento y expansión de las inmensas empresas que actúan en todos los mercados y espacios nacionales del planeta y menos aún, se puede desconocer la permanente destrucción de las empresas competidoras por parte de entes que anhelan el monopolio, o el control de la producción y la distribución mercancías del mundo.

El empobrecimiento generalizado de las poblaciones por los efectos económicos de la pandemia agudizados por las estructuras sociales y laborales excluyentes que, sin redistribución de los recursos generados, restringen el consumo, la educación, la sanidad pública, lo cual tienen como consecuencia la inhabilitación de las capacidades físicas e intelectuales de los trabajadores, aunque paradójicamente son imprescindibles para la valorización del capital. El capitalismo ha ampliado los mercados e integrado a todos los trabajadores del mundo en un proceso de reproducción global del capital. Es absurdo y contradictorio para el capital, atentar contra los trabajadores, porque es una evocación propia a tanatus.

La falsa conciencia y el hedonismo empresarial se embelesa en tener el poder capaz de crear una sociedad a la medida de sus intereses, sin la resistencia por parte de reducidos, supeditados y contestatarios trabajadores y sin institucionalidad alguna, para erigirse en una absolutista versión moderna del Estado de Luis XIV. Esos sueños utópicos ocultan sus pesadillas de no ser autosuficientes, de necesitar trabajadores, mercados y de un Estado que les garantice sus condiciones de existencia y vivir de los otros.

Los negociantes al imponer la reapertura productiva y mercantil, no reactiva la economía realmente, solo garantiza nuevas infecciones y muertes. Ante las evidencias, silencian sus voces, pero sin desistir ni enmendar la culpabilidad de sus acciones contra trabajadores y clientes. La vocinglería empresarial de tener la solución a las crisis, económica y pandémica, ha mostrado su incapacidad de dinamizar la economía, a la vez de ser un nefasto difusor de la pandemia en el país.

Los mercaderes creen que ofrecer mercancías, es suficiente para reactivar la economía, como si la causa de la crisis fuera por su carencia. Esa simpleza de pensamiento deriva suponer como lo hizo hace siglos Jean-Baptiste Say (1767-1832), que toda oferta crea su demanda, ignorando a John Maynard Keynes (1883-1946) que postulaba precisamente lo contrario, como si la economía fuera una relación mecánica entre dos variables. Pero, los empresarios no quieren ver ni entender que los asalariados-compradores han sido afectados por ellos, el Estado y la pandemia, en un contexto estructural inequitativo y excluyente. Esas mayorías despreciadas y pobres, son los que sustentan y garantizan la riqueza privada.

La producción capitalista no es para el autoconsumo de propietarios, no es para los millonarios, ellos no sustituyen el consumo de las poblaciones trabajadoras, a quienes no dan ninguna alternativa de consumo ni de sobrevivencia suficiente y digna. Los pobres, desempleados y enfermos, entre otros, no consumen. Tampoco los sectores medios y pobres poseen los recursos suficientes ni duraderos para afrontar un futuro inestable, incierto y crítico, no solo por el previsto colapso del sistema de salud, o un posible desabastecimiento alimentario, agravado por un medio gubernamental sin recursos y asfixiado por sus déficits y por los legisladores. Asimismo, la destrucción de la institucionalidad pública y la educación superior, compromete dramáticamente el futuro de la sociedad costarricense. La legalidad democrática costarricense, se transfigura en una dictadura ilegal.

Los parlamentarios contrarios a los intereses de la colectividad, son aliados y cómplices de demandas empresariales, inviables e imposibles para nuestra sociedad, además de que sus intereses electoreros los empuja a boicotear los presupuestos públicos requeridos para la asistencia a los desempleados formales e informales que ha provocado la pérdida de puestos laborales durante la actual coyuntura. Son los intocables amigos, no por enfermos, sino porque enferman y matan a los otros, con su inmunidad e impunidad económica y política, son los mismos que impiden la devolución total de los salarios acumulados para supuestas pensiones obligatorias, que nutren las finanzas privadas, con argumentos falaces que ocultan los desfalcos financieros y administrativos de los mismos, a pesar de la agudización de la pobreza y del hambre que comienza a azotar a los sectores vulnerables de nuestra sociedad.

Asimismo, uno de los entes generadores de miedo, el poder judicial, se ha convertido en un espectador de las tragicomedias de las transgresiones constitucionales, del derecho público y de la institucionalidad estatal.

Costa Rica en la actual coyuntura vive momentos contradictorios, sin alternativas económicas viables ni razonables, enfrentada a una frustrada omnipotencia o impotencia empresarial y legislativa de instaurar regresivamente el absolutismo totalitario, mientras que el Gobierno, ambigua y contradictoriamente, se ocupa y relativamente se sostiene políticamente por el sistema de salud existente, mientras que, por otro lado, destruye institucionalidad pública y liquida conquistas alcanzadas históricamente por la ciudadanía y su Estado Social, especialmente en materia de derechos y reivindicaciones laborales.

Los que se aprovechan de sus influencias para hacer negocios privados y contratos de obra pública, han multiplicado muchas veces sus riquezas y adquirido un saber que no emana de la ciencia, sino de procesos políticos corruptos del quehacer estatal y judicial. La ciencia y la investigación no les interesa ni forman parte de sus decisiones y prácticas, como tampoco les importa el ejercicio de la justicia social y la moralidad pública. Sin embargo, pretenden ser dictaminadores y fiscalizadores de la sociedad costarricense, del aparato estatal y de los intereses, necesidades y anhelos ciudadanos. Así, las visiones y prácticas de esos sectores privilegiados de la sociedad, ignoran la complejidad de los procesos sociales y también de la economía. Los negociantes creen que solo la reproducción del ciclo comprar, producir y vender, es suficiente y que ellos son los actores fundamentales, pero están muy equivocados. A ese economicismo, basta señalar que los “ticos” radicados y trabajadores en otros espacios nacionales, que regresan al país, no lo hacen porque carecen de trabajo y son pobres, sino porque Costa Rica es su espacio de vida con sus familias, en su sociedad y cultura, que les garantiza sobrevivencia social, más allá, del trabajo y situación económica. Este fenómeno también ocurre con los ciudadanos de otros países que vuelven a sus países y a sus pueblos para convivir y compartir solidariamente. El economicismo es una visión ideológica que emana de la preeminencia económica capitalista que impide comprender la complejidad de las realidades y la significación cultural, social, política e histórica de las relaciones económicas.

Las visiones simplificadas de las realidades suelen ser dogmáticas y creen que el devenir de las personas y sus contextos, están determinadas absoluta e inevitablemente, como ocurre con la economía y sus pretendidas leyes universales, pero también con la pandemia, a la cual le atribuyen cualidades de transformación de economías y sociedades. No obstante, son las relaciones sociales, políticas y económicas hegemonizadas con poderes concretos y tangibles que, encubriéndose en la pandemia, imponen sus intereses, intenciones y nuevas condiciones sobre las personas y pueblos de la aldea global. Tampoco los poderes sociales que dominan y sentencian son omnipotentes, son de barro en su vulnerabilidad y miedo ante los trabajadores-compradores en la pandemia.

[1] Catedrático en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Imagen: https://concepto.de/mercantilismo/

Proyecto ley limitaría uso de semillas criollas

  • Pueblos indígenas no han sido consultados sobre nueva ley de semillas

  • Una ley hecha a la medida de las empresas trasnacionales del agronegocio

FECON, 27/10/2018. Con el 40 aniversario de la Oficina Nacional de Semillas el Ministerio de Agricultura y Ganadería impulsa en la Asamblea Legislativa una nueva Ley de Semillas bajo el expediente 21.087, de aprobarse, daría más protección a la Propiedad Intelectual sobre variedades comerciales de semillas al mismo tiempo que limita el comercio de semillas criollas o nativas para campesinos e indígenas.

Aunque el articulado supuestamente deja fuera las semillas criollas del ámbito de aplicación de la ley; esto es siempre y cuando no intervengan con los negocios privados de las empresas. Es decir, que en el momento que una empresa se sienta ofendida por la práctica ancestral de compartir semillas, estas corren el riesgo de ser perseguidas y criminalizadas.

Este fenómeno de privatización de las semillas es global. La ola de mega-fusiones de empresas trasnacionales ha dejado al mundo de la agricultura en un estado de concentración y monopolio nunca antes visto. En 2006, diez compañía controlaban el 57% de negocio de la semillas (i), menos de diez años después, para el 2018, sólo tres empresas controlarán el 60% de las semillas del mundo (ii). Estos tres emporios multinacionales se conocen por el nombre de Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina y Dow-DuPont (iii); estos gigantes son producto de compras y fusiones sin precedentes, con inversiones de hasta USD$63.000 millones. En este escenario internacional en materia agrícola es en el que se desenvuelve nuestro país.

Según la Ofinase en Costa Rica el negocio de importación de simientes reporta transacciones de hasta USD$ 36 millones anuales (iv). Es claro que el país no es excepción al contexto mundial. Datos de la Ofinase revelan que se encuentran registradas 104 empresas con permisos para vender semillas certificadas (v); de estas solamente 8 compañías controlan el 53% de todas las variedades disponibles comercialmente. Lo que evidencia que la tendencia mundial no es ajena a la realidad Costarricense.

El mercado doméstico de las semillas están controlado en pocas manos y desean incrementar la presión para certificar y registrar todas las semillas siguiendo el mandato de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE) mejor conocido como el club de los países ricos. Un ente privado de carácter neoliberal, al margen del sistema de Naciones Unidas que presiona a sus miembros para adoptar políticas de libre comercio. El ingreso de Costa Rica a la OCDE nos costaría como país ¢1.789 millones al año, solamente por cuota de membresía.

Todavía no somos miembros pero ya la OCDE ha recomendado a Costa Rica incrementar el uso de semillas certificadas en el país (vi) y así criminalizar la semilla campesina.

De aprobarse esta ley, las personas que sean encontradas cultivando o vendiendo semillas sin los permisos estipulados, serán objeto de multas de hasta 5 salarios base. Lo que equivale a ¢2.155.000. Estas sanciones vienen descritas en el artículo 44 del proyecto de ley, pero no es todo.

En este proyecto de ley serán obligatorias las inscripciones de las variedades comerciales. Lo que tiene un costo alto para campesinos e indígenas que desearan estar dentro del comercio formal de semillas a nivel nacional. El costo del trámite de inscripción actualmente rondan los ¢405.000 para plantas procesadoras de semillas; e inscribir una nueva variedad de semillas le costaría ¢155.000. Costos que están lejos de ser accesibles para campesinos o indígenas que desearan ser parte del abasto nacional de semillas.

Las discusiones para hacer una nueva Ley de Semillas en Costa Rica no ha contado con la participación adecuada por parte de sectores como en campesino o el indígena. Incluso desde el sector ambiental hemos tenido que defender nuestro derecho a participar de la discusión dentro de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa. Esta discusión debería ser abierta, plural, participativa y democrática puesto que se tratan de intereses de poblaciones sensibles. El Convenio 169 de la OIT debe de ser respetado y las poblaciones originarias deberían ser tomadas en cuenta.

Es urgente comenzar una discusión para que, como sociedad costarricense, impulsemos un verdadero proceso de fortalecimiento de la producción nacional y apoyar la agricultura campesina, que da de comer a la mayoría de personas que vivimos en este país.

Referencias:

(i) http://www.etcgroup.org/es/content/las-10-compa%C3%B1%C3%ADas-de-semillas-m%C3%A1s-importantes-del-mundo-2006

(ii) http://www.etcgroup.org/es/content/megafusiones-agricolas-quien-decidira-lo-que-comemos

(iii) https://www.righttofoodandnutrition.org/files/r_t_f_a_n_w_2017_spa_7.pdf

(iv)http://ofinase.go.cr/wp-content/uploads/201808ie_totalimp2017.pdf

(v) http://ofinase.go.cr/servicios/registro-empresas/?print=pdf

(vi) https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policies-in-costa-rica_9789264269125-en

 

Enviado por FECON.

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Política Nacional de Humedales: Hechos y no palabras

Por Mauricio Álvarez Mora (*)

 

Hoy el gobierno presentó una política sobre los humedales en nuestro país para lo cual hizo una importante inversión de fondos públicos. ¿Qué propone? ¿Su protección? En este país necesitamos palabras respaldadas con hechos y no más letras muertas. ¿Qué acciones ha hecho el actual gobierno como antecedentes a esta normativa?

Desde el pasado 10 de agosto 2016 se le permite al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) autorizar la intervención en humedales para la reparación, construcción y ampliación de infraestructura. Esto sucedió por medio del decreto Nº 39838, firmado por el Ministro del MINAE y el Presidente de la República, publicado en la Gaceta (ALCANCE DIGITAL N° 140).

Este decreto ya es objeto de una acción de inconstitucionalidad en Sala IV presentada por el ambientalista y especialista Álvaro Sagot y Allan Astorga que fue coadyuvada por FECON.

El decreto tiene como beneficiarios a proyectos con nombre y apellido para las compañías constructoras, canal seco, empresas chinas y grandes empresas constructoras, que gozan de un monopolio de la construcción y mantenimiento de carreteras, el cual ha sido ratificado y legitimado por el actual gobierno.

Con el cuestionado decreto, este gobierno insiste en invadir con tractores las Áreas Silvestres Protegidas, con claros vicios de inconstitucionalidad por violación de los principios de progresividad y de no regresión, pues se estarían restringiendo las áreas de Protección y Patrimonio Natural del Estado. Lo que evidencia este decreto es una tendencia a desregular y flexibilizar la legislación ambiental. También evidencia una severa contradicción entre la política pública respecto a las Áreas Protegidas y la necesidad de construir infraestructura.

Las acciones contra los humedales de la actual administración no se restringen a este caso, la Ruta 257 es otro ejemplo en el que se justificó la destrucción y reducción del humedal Cariari (FECON, 11-7-2016). También el caso de la ampliación de la Ruta 32, es ilustra esta contradicción. Aprobada en la actual administración, atropella la poca independencia y exhaustividad en las funciones de la Secretaría Nacional Ambiental (SETENA), al proponer una evaluación de impacto ambiental a la carrera y a la medida, aún sin conocer el diseño final de la obra. Esto debilita, flexibiliza, y hasta viola claramente el espíritu y la lógica de las normas de evaluación ambiental.

Las incoherencias en política pública no acaban ahí, porque el gobierno fue quien propuso otro proyecto de ley, cuyo objetivo es reducir y permitir la construcción de nuevas carreteras en Parques Nacionales. Se trata del proyecto N º 19.899 , que pretende reformar la Ley General de Caminos (Ley N. º 5060). Se tramita actualmente en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. Fue presentado en febrero pasado por el Presidente Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Villalta Villegas, Ministro del MOPT (FECON, 17-2-15).

Los hechos hablan más que las intenciones que podría tener una nueva política. Desde el inicio este Gobierno antepuso la infraestructura y por ello ha privilegiado las desregulaciones, la flexibilidad y la protección de los proyectos privados por sobre la protección del patrimonio natural del pueblo de Costa Rica. La política de humedales llega muy tarde y al final del mandato, como pidiendo perdón por los pecados y en pleno año electoral; y con la certeza de que la siguiente administración emitirá una política distinta al respecto, nuevamente con los fondos públicos por los que tanto reclaman.

 

(*)Presidente FECON y profesor en Kioscos Socio ambientales UCR, presidencia@feconcr.org

 

Enviado a SURCOS por FECON.

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Llamado ante el referéndum para abrir el monopolio estatal sobre los hidrocarburos y vender RECOPE

Luego de varios años de difamación en contra de RECOPE y de los derechos laborales de sus trabajadores, el grupo de fachada del Movimiento Libertario, llamado “No más RECOPE” ha recibido el visto bueno, por parte del TSE, para recolectar firmas que permitan convocar a un referéndum para la apertura del monopolio de la Refinería Costarricense de Petróleo, RECOPE.

Tal decisión nos pone nuevamente ante la disyuntiva entre las dos visiones contrapuestas de la Costa Rica que queremos, dilema que ha estado presente durante las tres últimas décadas y que tienden a polarizar el país. Así ocurrió en el año 2000 con el intento de abrir y privatizar la generación eléctrica, las telecomunicaciones y el acceso a Internet, en lo que se llamó el Combo del ICE; en el 2007 con el referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.

De un lado, está la visión neoliberal que impulsan las cámaras empresariales, los medios informativos a su servicio, los partidos políticos tradicionales y algunos jerarcas de las instituciones públicas que, se han dedicado a sabotearlas desde adentro para debilitarlas.

Del otro lado de la acera, estamos muchas y muchos costarricenses que defendemos las instituciones representativas del Estado Social de Derecho y los servicios que prestan, que para nosotros constituyen derechos ciudadanos y no mercancías. Tal es el caso de la salud, la educación, el agua, la electricidad, los hidrocarburos, los recursos naturales y el espectro radioeléctrico.

Son las mismas visiones encontradas que dividen el mundo entre la procura del bien común y la acumulación de riqueza en las manos de unos pocos.

En el caso de este proyecto, caben las siguientes consideraciones:

  1. Este proyecto no sólo busca romper el monopolio, sino que privatizar RECOPE, entregándolo a otro monopolio privado.
  2. Quienes votarían en el referendo son personas que han sido bombardeadas sistemáticamente durante, al menos, los últimos cinco años, por una campaña manipuladora, que apela a:
    1. El “derecho a escoger” de los consumidores
    2. Que los precios de los combustibles van a bajar cuando venga la “libre competencia”
    3. Que hoy lo que los costarricenses están pagando son “las gollerías” de la Convención Colectiva de los trabajadores y las malas inversiones de RECOPE.
  3. Abre las puertas a la exploración y explotación petrolera en el territorio nacional.
  4. Representa una grave amenaza a la seguridad y la soberanía nacional, que representan un patrimonio estratégico para el desenvolvimiento de la economía nacional.

El proyecto de ley que pretenden aprobar vía referendo lo que busca es que sea el sector privado el que se adueñe del negocio de la compra y distribución de hidrocarburos en el país. No hay tal beneficio colectivo, ni precios más bajos ni mejoras en la calidad.

A la población se le ha hecho creer que abriendo el mercado habrá muchas opciones a la hora de comprar combustibles. ¡Eso es falso! porque, en primer lugar, 1) en materia petrolera no hay competencia. 2) Todos los precios son fijados por quienes dominan el mercado a través de la OPEP y 3) porque el mercado petrolero costarricense es pequeño (de aproximadamente 40 mil barriles diarios), de manera que no admite una gran cantidad de oferentes: prácticamente o el monopolio es del Estado o es de una empresa privada.

Esa empresa tendrá costos de operación y márgenes de utilidad como cualquier otro y ese costo van al precio del producto. Por el contrario, RECOPE trabaja al costo, descontando de sus utilidades la operación e inversión en mejoras y reposición de las plantas y los equipos.

RECOPE cuenta con una buena estructura y con muy buen sistema de poliductos, si no fuera así, ninguna empresa extranjera se aventuraría a participar de este negocio. Ya que, de acuerdo con el texto del proyecto, quien asuma el negocio de los combustibles utilizaría las instalaciones de RECOPE, sin invertir un solo cinco. Piensan aplicar el mismo esquema con el que las cableras se aprovechan de la infraestructura del ICE para colocar su negocio, con una inversión mínima y generando muy poco empleo. De esta manera, un agente privado se apropia de un bien público sin haber invertido mayor cosa y quedándose con la ganancia.

Como parte de la campaña, se le ha mentido a la gente diciéndole que el costo de la gasolina, el diesel y gas licuado de petróleo son responsabilidad de la Convención Colectiva. Al respecto, está demostrado que la convención representa en el litro de cualquier combustible no más de dos colones.

Vociferar por los ingresos de los empleados de RECOPE y apoyar una apertura en las condiciones que discutimos, es apoyar a que capital extranjero venga, pague a costarricenses salarios menores, que obviamente obtendrán una buena ganancia, llevándose nuestro dinero para otro país.

El precio final de los combustibles está dado por la alta carga impositiva conocida como impuesto único, así como la modalidad de ajuste tarifario que tiene a su cargo la ARESEP considerando las variables del precio internacional y del tipo de cambio. Nada de eso está en manos de RECOPE.

La solución al problema de los altos costos de los combustibles fósiles, no está en la apertura del mercado y la privatización de RECOPE, como pretenden algunos, sino en la revisión del impuesto a los combustibles y el cambio gradual de nuestra matriz energética, de manera que migremos de los combustibles fósiles a las fuentes alternativas, más amigables y más baratas, cosa que no se podrá asegurar con un monopolio privado. Para nuestro Sindicato, ese tránsito en la matriz energética debe ser liderado por RECOPE.

Lejos de resolver el problema del precio de los combustibles, el proyecto libertario que se pretende llevar a referéndum, amenaza uno de los últimos baluartes del Estado Social de Derecho, la soberanía energética y la seguridad nacional. Es por ello que consideramos que la lucha nacional contra la ruptura del monopolio estatal sobre los hidrocarburos y la privatización de RECOPE, es una causa nacional y queremos solicitarles que su apoyo.

Quedamos a su disposición para reunirnos y conversar sobre las distintas formas de concretar su participación en esta lucha.

SITRAPEQUIA.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

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El precio de los combustibles: un debate no ideológico

Greivin Salazar Álvarez*

 

Semanas atrás se realizó el VII Congreso de Energía, organizado por la Cámara de Industrias de Costa Rica, siendo el tema de los precios de los hidrocarburos en el país uno de los que más interés despertó en su audiencia.

A nivel nacional, se ha generado un cierto debate sobre este particular, el que por momentos ha tendido a ser muy ideológico; considerando sólo las visiones extremas, por un lado se encuentran los “aperturistas”, cuya posición se resume en que los precios de los combustibles en el país son altos porque se está en presencia de un monopolio estatal en manos de RECOPE, con una estructura de costos y gastos ineficiente, que además se ve impactada por los privilegios con que cuentan sus empleados en el marco de la respectiva Convención Colectiva, en consecuencia, la solución es abrir este mercado a la “competencia”; por otra parte, están los “estatistas”, menos mediáticos que los primeros, quienes se muestran a favor de la “defensa” de la institucionalidad costarricense.

Sin embargo, antes de valorar ambas posiciones y de hecho, externar la contenida en este artículo, es necesario tener presente algunas consideraciones previas alrededor del tema:

  1. A nivel centroamericano, Costa Rica compra (importa) la mayoría de derivados del petróleo al más bajo costo (CEPAL) y además vende los combustibles de mayor calidad (RECOPE, con base en Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central).
  2. Según estimaciones de la Cámara de Industrias de Costa Rica, el margen con que trabajan las refinadoras de petróleo, relativamente eficientes, es de 7 dólares por barril.
  3. En el país, el impuesto sobre las gasolinas es el más alto de la región, ronda alrededor de los 43 centavos de dólar por litro, seguido por Honduras con 33 centavos, mientras que en Panamá apenas es de 0,16 centavos (RECOPE, con base en Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central).
  4. Las variaciones en el precio internacional de los combustibles, tardan aproximadamente entre 35 y 45 días para verse reflejadas en el monto que pagan los consumidores costarricenses, mientras que en el resto de países del Istmo no supera los 15 días (RECOPE).

A partir de la anterior información, se derivan las siguientes reflexiones, a manera de interrogantes:

  1. Por su carácter de monopolio, RECOPE también es el único comprador de combustibles en los mercados internacionales para el país ¿Será que esta condición le permite realizar compras por volumen de tal manera que consigue los mejores precios de importación a nivel centroamericano? En caso de ser así ¿Con una eventual apertura se perdería esta ventaja?
  2. Se sabe que la calidad siempre tiene un costo adicional y este caso no ha de ser la excepción, en ese sentido: ¿En qué medida el menor precio de los combustibles en el resto de Centroamérica se debe a que su calidad también es menor?
  3. Con su estructura actual de costos y gastos, así como con sus niveles de eficiencia ¿Podrá RECOPE retomar plenamente sus funciones de refinamiento sin sobrepasar el margen de los 7 dólares por barril, tomando en cuenta que en caso contrario, es mejor seguir importando el producto terminado?
  4. Es evidente que la ventaja del país en lo que respecta al precio de importación de los combustibles se desvanece luego de aplicarse los respectivos impuestos ¿Es excesivo el monto de impuestos que se le cargan a los combustibles en el país? De ser afirmativo: ¿Son realmente destinados estos recursos a los fines para los que fueron creados, sobre todo en el mantenimiento de las vías de comunicación? O bien ¿Qué tan eficiente se hace?
  5. 5.¿Es posible contar con una metodología para la fijación del precio de los combustibles, que también considera la “oportunidad ciudadana” como uno de sus criterios?

Bajo este contexto, es evidente que son varios los factores que intervienen a lo largo del proceso de fijación del precio de los hidrocarburos en el país, por lo que en este sentido, es preciso que la agenda que se vaya a articular alrededor del tema sea guiada por un debate menos ideológico y más pragmático, por cuanto no se trata de convertir la apertura en un fin en sí mismo pero tampoco, de defender a ultranza la situación actual. En este sentido, algunos de los temas que deberían considerarse son:

  1. Balance del rol de importador único de RECOPE y conveniencia nacional de la apertura en esta materia.
  2. Revisión y depuración de las actividades legalmente asignadas a la Institución, para que, desde una perspectiva de interés nacional, se determine cuáles funciones sí y que otras no debería realizar RECOPE.
  3. Valoración de la estructura impositiva actual sobre los combustibles, así como determinación de mecanismos de control para velar por el uso efectivo de los recursos que el Gobierno obtiene a partir de los mismos.
  4. Elaboración de una nueva metodología tarifaria que reduzca el desfase en el ajuste del precio interno de los combustibles con respecto al mercado internacional.

Por último, cabe indicar que este tema no debería esperar, por cuanto tiene un impacto directo en el bolsillo de todos los costarricenses, en la competitividad del país, es un elemento clave para lograr el objetivo nacional de carbono – neutralidad y resulta fundamental para participar con éxito de la revolución energética mundial que se encuentra en marcha.

*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación UNA.

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