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Etiqueta: movilidad social

¿Por qué defender el presupuesto para las universidades y la educación superior?

Escrito en . Publicado en Educación.

Vladimir de la Cruz

Defender el presupuesto de las universidades públicas es un deber de las mismas universidades, y del Consejo Nacional de Rectores. Esto no es discutible.

Hoy, cuando las autoridades políticas de gobierno han perdido la visión nacional del desarrollo, las autoridades de las universidades son las que tienen en sus manos el irrenunciable papel de defender las universidades públicas, y su presupuesto público, en la negociación presupuestaria con las autoridades de gobierno, y con los diputados, que tienen en sus manos la etapa final de aprobación de presupuesto que el gobierno les envía respecto a las universidades.

Pero, también, la defensa del presupuesto para las universidades es un deber mayor, una obligación de los estudiantes, del movimiento estudiantil organizado, es decir, de todos los grupos de estudiantes que existen organizadamente en el interior de cada una de las universidades. Y, también, debe ser preocupación de los estudiantes de colegios, y de sus familias, porque se está peleando el derecho de ellos a la posibilidad de su educación superior.

Las asociaciones estudiantiles de cada unidad académica y las federaciones de estudiantes, de cada universidad, y de los centros o sedes regionales, deben asumir la conducción de las luchas de los estudiantes por la defensa del presupuesto para las universidades.

Es igualmente una lucha de las asociaciones y sindicatos gremiales de educadores, maestros y trabajadores en general de la educación. No es una lucha al margen de sus propios intereses.

A las movilizaciones de los trabajadores, profesores y estudiantes de las universidades se deben unir y sumar los trabajadores, profesores y estudiantes de las escuelas y colegios de todo el país.

La lucha por el presupuesto universitario es también una lucha y una preocupación permanente de todas las familias, de todos los padres y madres costarricenses y migrantes residentes en el país, porque es la lucha para garantizar que todos los niños, de ahora y del futuro, en edad preescolar, escolar y colegial puedan llegar a tener la posibilidad de estudiar en las universidades públicas.

Esta lucha se debe dar en San José presionando a los diputados, directamente en la Asamblea Legislativa, especialmente en estas semanas de octubre y noviembre, cuando se está discutiendo el Presupuesto Nacional para el 2027, cuando ya se han señalado los importantísimos recortes que se están discutiendo, que ponen en peligro sedes universitarias completas, cierre técnico y real de carreras universitarias, paralización de programas académicos de extensión cultural o profesional, de investigación, de docencia y de especialidades académicas.

También esta lucha tiene que hacerse sentir en las distintas comunidades del país, especialmente en aquellas donde hay sedes y recintos universitarios. Los sindicatos universitarios y las asociaciones de trabajadores y educadores de todo tipo, como la ANDE, APSE, SEC, deben integrarse a esta lucha nacional en defensa de la educación superior, que es también la defensa de los intereses de la educación nacional escolar y colegial.

La reducción del presupuesto al nivel que se quiere llevar en su aprobación reduce las posibilidades de ingreso de estudiantes que ahora están en el colegio para que puedan llegar a los estudios superiores.

En otras palabras, se reduce la admisión a las universidades públicas y se cierran posibilidades y oportunidades de preparación académica que permitan la movilización social, mejorar las condiciones socioeconómicas y sociales de los estudiantes y sus familias, y las posibilidades de superar la pobreza. Estadísticamente se ha sostenido que un estudiante con solo ingresar a la universidad se coloca en el nivel superior al de la pobreza.

Los estudiantes son la razón de ser de las universidades. Sin estudiantes no hay universidad.

Políticamente, los gobiernos de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández están interesados en acabar con el sistema público de la educación nacional, en todos sus niveles, pero especialmente en el de la educación superior. No les interesa una formación humanística que genere una conciencia crítica sobre los problemas fundamentales de la sociedad costarricense, para lograr mayor compromiso ciudadano en sus posibles soluciones. Su forma de acabar la educación superior es reduciendo su presupuesto nacional provocando la privatización de toda la educación, en todos sus ciclos, primaria, secundaria y superior, como se impulsa bajo las políticas neoliberales en distintas partes del continente, excepto México, donde la presidenta actual, hace pocos días, ha declarado la gratuidad absoluta de todo el proceso educativo, incluyendo las universidades, y las posibilidades de acceso a él de toda la población.

La lucha por el presupuesto universitario no es de ahora. La empezamos los estudiantes del Frente de Acción Universitaria, FAU, cuando a inicios de la década de 1970, y en 1971, dimos la lucha para que, a la Universidad de Costa Rica, en ese momento la única universidad que había en el país, se le igualara su presupuesto al de la Corte Suprema de Justicia, equivalente a un 6% del presupuesto nacional. La lucha por el 6% fue intensa, sostenida, larga, de manifestaciones y movilizaciones, de paros universitarios, de huelgas. Permitió despertar una conciencia universitaria sobre esta necesidad presupuestaria. Fue sostenida con esas marchas, con esas huelgas, con plantones como se dice hoy, con tiendas de campaña en los jardines de la Asamblea Legislativa, cuando eran de acceso directo al público, como se hizo con ALCOA, en 1969 y 1970, también, para presionar directamente a los diputados. No se logró en aquellos años ese porcentaje para la Universidad de Costa Rica. Pero, se logró la conciencia de que esa batalla es de todos los años frente a los gobiernos anti-educación pública.

Los gobiernos liberacionistas de 1970-1978, de José Figueres y Daniel Oduber, impulsaron la creación de las otras universidades públicas, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Recientemente, la última de las universidades públicas fue la Universidad Técnica Nacional. Con ellas se impuso un Fondo para la Educación Superior, el FEES, para su mantenimiento y funcionamiento, de todo el sistema universitario que a partir de ese momento iría en crecimiento.

Interesada y visionaria fue la creación de estas universidades en otras ciudades importantes del país, al margen de las sedes regionales que cada una de ellas fue impulsando.

Así, las sedes principales de las universidades públicas se crearon el 26 de agosto de 1940, en San José, la Universidad de Costa Rica, UCR, en la capital de la República, el 10 de junio de 1971 el Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC, en Cartago, el 15 de febrero de 1973 la Universidad Nacional de Costa Rica, UNA, el 3 de marzo de 1977, en San José, la Universidad Estatal a Distancia, UNED y el 4 de junio del 2008, en Alajuela, la Universidad Técnica Nacional.

La Universidad Técnica Nacional fue el resultado de la fusión que se hizo con el Colegio Universitario de Alajuela (CUNA), el Colegio Universitario de Puntarenas (CUP), la Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG) y el Colegio Universitario para el Riego y Desarrollo del Trópico Seco (CURDTS).

La primera de estas universidades fue fundada en el gobierno socialcristiano de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, y las otras cuatro bajo gobiernos socialdemócratas, del Partido Liberación Nacional, bajo los gobiernos de José Figueres Ferrer, 1970-1974, Daniel Oduber Quirós, 1974-1978, y Óscar Arias Sánchez, 2006-2010.

De aquí, que los partidos socialcristiano y socialdemócrata, con sus diputados actuales, la socialcristiana y los liberacionistas, tengan la obligación principal, moral y política de defender sus creaciones educativas superiores.

La izquierda política siempre ha apoyado la educación pública, gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, como un derecho ciudadano fundamental.

Los liberales del siglo XIX la impulsaron como un factor de movilización social, de oportunidades y posibilidades para las personas, y como un factor clave para el desarrollo del país. Así fue, por ejemplo, con gobernantes como Juan Mora Fernández 1823-1833, José María Castro Madriz en sus dos gobiernos, en las décadas de 1840 y 1860, Jesús Jiménez Zamora en 1869. En el siglo XX lo hicieron Alfredo González Flores, 1914-1917, Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, José Figueres, 1953 y 1970-1974, Daniel Oduber, 1974-1978 y Oscar Arias 2006-2010, fundando otras universidades.

Con los primeros centros regionales universitarios de San Ramón y de Turrialba, de la Universidad de Costa Rica, se produjo una revolución académica de gran proyección de la educación superior a las provincias, regiones, comunidades y distintos pueblos. Se le llevó la educación superior a los ciudadanos, y a los jóvenes, de manera más cerca, a sus propias comunidades, para que tuvieran mayor oportunidad de acceso a sus estudios y preparación académica y profesional.

Con ellos se le llevó la posibilidad de estudios superiores a los jóvenes, y a sus familias, de acercarles los estudios a centenares, y hoy a miles de jóvenes, de poder llegar a los estudios superiores universitarios.

Sucedió igual con el surgimiento de las otras universidades públicas que fueron desarrollándose, con su surgimiento y con sus respectivas proyecciones regionales.

Así se impulsaron las siguientes sedes y recintos universitarios de la Universidad de Costa Rica, la Sede de Occidente, que está en la ciudad de San Ramón, la del Atlántico, que está en la ciudad de Turrialba, con recintos en Paraíso de Cartago y Guápiles de Limón, la de Guanacaste que está en la ciudad de Liberia, con un recinto en la ciudad de Santa Cruz, la del Caribe, ubicada en Puerto Limón, la Sede del Pacífico en el cantón central de Puntarenas y en Esparza, y la Sede del Sur en Golfito, Puntarenas.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) tiene 5 unidades principales distribuidas en el país, divididas en 3 campus y 2 centros académicos. Ellos son: el Campus Tecnológico Central cuya sede principal está en Dulce Nombre de Cartago, el Campus Tecnológico Local San José, en Barrio Amón, el Campus Tecnológico Local San Carlos, en Santa Clara de Ciudad Quesada. El Instituto Tecnológico tiene también los Centros Académicos de Alajuela, ubicado en Villa Bonita de Alajuela, y el de Limón, frente al Colegio Diurno.

El de San Carlos opera como una Unidad de Cooperación para la Transferencia de Tecnología y Educación Continua del Campus Tecnológico Local San Carlos.

La Universidad Nacional tiene cinco sedes universitarias distribuidas así: la Sede Central, en Heredia, que tiene el Campus Omar Dengo y el Campus Benjamín Núñez Vargas, la Sede Regional Chorotega, en Liberia y Nicoya, la Sede Regional Brunca, con los campus en Pérez Zeledón y Coto, y la llamada Casa Golfito, y la Sede Regional Huetar Norte y la Caribe ubicada en Sarapiquí.

Bajo el manto de la UNA, está la Sede Interuniversitaria de Alajuela

que es un espacio de articulación y cooperación académico entre las universidades estatales, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional.

Por su parte los recintos universitarios de la Universidad Técnica Nacional están, con su sede principal en Alajuela y sus sedes regionales en el Pacífico, en Atenas, en Guanacaste y en San Carlos.

Este panorama de sedes centrales, sedes regionales y centros académicos de las universidades públicas nacionales es el que está amenazado de debilitarse, y de desaparecer por partes, por las acciones lesivas que impulsa el actual gobierno y su fracción legislativa del partido Pueblo Soberano, chuceada por el copresidente y ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, al no aprobar lo que constitucional y legalmente están obligados a darle al sistema nacional de Fondos para la Educación Superior, y por rebajar el presupuesto afectando negativamente a las universidades públicas en sus objetivos de crear, conservar y trasmitir la cultura nacional y universal, de ofrecer, a la juventud y a los estudiantes, la posibilidad de sus estudios superiores, de una educación integral que les garantice su óptima formación profesional y técnica, su desarrollo integral, moral, cultural y personal. Así, como de promover la investigación científica de alto nivel técnico y académico, para contribuir al mejoramiento de la vida social, cultural, política y económica del país, y elevar el nivel espiritual y educativo de los costarricenses, para coadyuvar en los procesos de desarrollo, modernización y mejoramiento técnico de los sectores productivos, las empresas exportadoras y, especialmente, las pequeñas, medianas y microempresas. Del mismo modo, para preparar profesionales de nivel superior, por medio de carreras universitarias que guarden armonía con los requerimientos científicos y tecnológicos del desarrollo mundial y las necesidades del país, que culminen con la obtención de títulos y grados universitarios, dando énfasis especial a las carreras técnicas que demanda el desarrollo nacional. De la misma manera, desarrollar carreras cortas en el nivel de pregrado universitario, que faculten para el desempeño profesional satisfactorio y la inserción laboral adecuada.

El sector empresarial de todo tipo del país, desde 1940, con la Universidad de Costa Rica, y con las universidades públicas que surgieron en la década de 1970, ha sido el principal sector de la economía nacional favorecido de sus graduaciones y preparaciones, de más del 90% del personal profesional contratado. La sociedad costarricense en su conjunto igualmente ha sido favorecida por la presencia de las universidades públicas en el bienestar nacional alcanzado. Las inversiones extranjeras que vienen a Costa Rica lo hacen porque valoran la capacidad profesional de los graduados universitarios costarricenses. El Instituto Tecnológico surgió en alianza estrecha con el sector empresarial costarricense.

La amenaza a esta presencia universitaria en todo el territorio nacional, con las decisiones negativas de Rodrigo Chaves, Laura Fernández y su camada política de diputados, con graves problemas de capacitación, profesionalismo y entendimiento para comprender el significado de la educación al pueblo, a la juventud para un mejor desarrollo socioeconómico y político nacional, hay que detenerla por el bienestar del Desarrollo del Estado Social de Derecho y por la afirmación del Estado de Bienestar que se construyó durante el período histórico de la Reforma Social, 1943-1948 y bajo el impulso de la Junta Fundadora de la Segunda República con las reformas y refuerzos que se hicieron en la educación pública en general y de manera particular en la educación superior.

Las movilizaciones estudiantiles universitarias hay que sostenerlas en las siguientes semanas hasta noviembre, cuando tiene que votarse el Presupuesto Nacional del 2027.

Hay que involucrar a los gremios, asociaciones y sindicatos de la Educación primaria y secundaria.

Hay que llamar a los padres y madres de familia, de los jóvenes estudiantes, a apoyar esta lucha que también es por ellos.

Hay que vincular esta lucha al rescate de los fondos que ya le han sido eliminados a la educación primaria y secundaria de subsidios de becas, comedores escolares, transportes estudiantiles.

Hay que vincular estas luchas a la de arreglos y reparaciones reales a los casi 900 establecimientos escolares que tienen amenaza de ser cerrados, por mal estado y malas condiciones sanitarias.

Hay que vincular estas luchas a las condiciones salariales de los educadores y trabajadores de la educación, y de todos los asalariados, y pensionados, para que sus salarios y pensiones congeladas desde hace 5 años se descongelen, y no se mantenga su congelamiento por los siguientes 5 años como quiere el gobierno de Laura Fernández.

Hay que vincular esta lucha para que no se aumenten los años ni las cuotas del seguro social, obligando a los trabajadores a aumentar su expectativa de retiro jubilatorio o de pensión a los 70 años.

Hay que vincular esta lucha al retiro del ROP cuando el trabajador así lo requiera en el momento de su retiro laboral.

Por cosas como estas los estudiantes franceses, alemanes y europeos, y de México, en 1968 se movilizaron con grandes jornadas de luchas sociales y populares, y con grandes sacrificios como los mexicanos, se movilizaron y los actuales de Francia se están movilizando. En las luchas de 1968 los movimientos sindicales europeos entendieron, y se sumaron, a las luchas estudiantiles.

En Europa, pero es parecido en Costa Rica, el descontento social existe, activo en Europa, pasivo en Costa Rica. Hay malestar social que afecta el pacto político y social del país. Miles de costarricenses, de las generaciones actuales, empiezan a ver que una vivienda digna, un trabajo seguro, un salario suficiente, una segura posibilidad de realizarse como parejas o matrimonios jóvenes, el tener hijos, o la simple esperanza de un futuro mejor son metas casi inalcanzables.

Los sindicatos nacionales costarricenses, sus centrales y federaciones sindicales deben sumarse, al menos solidariamente, a la lucha de los universitarios, en defensa de la educación en general y superior en particular, como defensa de los propios trabajadores, padres y madres, abuelos y abuelas de todos los estudiantes hoy en lucha.

La lucha del estudiantado universitario, y de las universidades públicas, es una lucha válida, justa y democrática por Costa Rica.

¡Hay que mantener la lucha social sostenida con presión en la Asamblea Legislativa, y sus diputados, hasta noviembre!

Por qué manifestarse en favor de la universidad pública costarricense

Escrito en . Publicado en Educación.

Alejandro Guevara Arroyo

1. La convocatoria: la defensa de la universidad pública costarricense

El día 20 de octubre de 2026 se ha convocado a la comunidad universitaria y a la ciudadanía costarricense en general para manifestarse públicamente en favor de la universidad pública costarricense.

Dicha manifestación se da con motivo de los considerables recortes planteados por el movimiento que actualmente ocupa el Poder Ejecutivo nacional y una mayoría de la Asamblea Legislativa, en el segundo presupuesto extraordinario de 2026 y en el Presupuesto Nacional de 2027, particularmente en lo relativo al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Según se ha informado, dichos recortes implicarían un perjuicio importante para las instituciones universitarias públicas, al comprometer los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y acción social, así como para la continuidad y el desarrollo de diversos programas y servicios dirigidos a la comunidad nacional.

2. El problema: la legitimidad del fin y la adecuación del medio

Ante dicha convocatoria, la pregunta propia de cualquier persona políticamente responsable, que se entiende integrante de una comunidad política, es si existe un deber que le sea pertinente para asistir a dicho evento. Entiendo que dicha cuestión puede ordenarse en dos niveles:

  • Si es legítimo o correcto el fin o principio normativo de aquello que se pretende lograr con la acción.

  • Si el medio seleccionado es adecuado para alcanzar dicho fin.

Consideremos primero el segundo de estos asuntos.

3. La protesta social: un derecho fundamental para el autogobierno democrático

Sabemos, por supuesto, que en el orden constitucional costarricense el derecho a la protesta social es un derecho político fundamental constitucionalmente protegido. Es, además, un genuino derecho humano, en tanto forma parte de los derechos políticos a la participación democrática. Se trata de lo que muchos pensadores llaman «derechos de los derechos»: derechos que garantizan acciones que sirven para exigir y definir el alcance de otros derechos fundamentales.

Su sentido democrático es centralmente expresivo. Por un lado, comunica a la comunidad política en general, y a los representantes en especial, posiciones y demandas políticas que por cualquier razón pueden estar opacadas en la agenda pública regular. Por otro lado, advierte a las élites políticas que existe una cantidad significativa de ciudadanos con capacidad de acción colectiva, lo que por cierto puede tener consecuencias electorales posteriores.

En ambos sentidos, la protesta constituye una forma de ejercicio del autogobierno democrático, mediante la cual la ciudadanía interviene en la formación y el control de las decisiones públicas, más allá de los procesos electorales. La importancia democrática de dicho derecho se subraya en órdenes socio-políticos profundamente elitistas como el que efectivamente existe en un país como Costa Rica.

Por lo dicho, la efectividad de la protesta social depende, en especial en la coyuntura socio-política actual, de su visibilidad política. A su vez, ello depende, entre otros factores, de su magnitud. Ello nos devuelve a la cuestión inicial de si la persona ciudadana, en tanto individuo, debería contribuir a conformar dicha magnitud, a riesgo de no lograrlo (i.e. de perder el tiempo).

4. La universidad pública como bien común y su defensa como deber de justicia

La respuesta a este asunto se encuentra en determinar el deber cívico de participar dada la justicia o valor intrínseco de los reclamos que se intentan visibilizar con la manifestación. En otras palabras, aunque la contribución individual no garantice el éxito de la acción colectiva, su justificación puede descansar en el deber de contribuir, aun así, a la protección de un bien común. Se trataría, entonces, de un deber de justicia: contribuir, en la medida de las propias posibilidades, a sostener las instituciones que hacen posible una comunidad política de personas libres e iguales.

Determinar esta cuestión normativa consiste en establecer si el bien dañado por la política que promueve el gobierno es de tal índole que todas y todos tengamos el deber cívico de protegerlo. Entiendo que la respuesta es afirmativa: la universidad pública, humanista y nacional es un bien que debe ser defendido por toda la comunidad política costarricense.

a. Que la universidad sea pública quiere decir, primero, que los bienes que genera o hace posible son distribuidos por criterios independientes de los del mercado. Así, dado que la educación superior es un derecho social, las personas han de poder disfrutar de él independientemente de su capacidad económica (en el sentido desarrollado por el jurista y filósofo del derecho chileno Fernando Atria, para quien los derechos sociales requieren instituciones organizadas bajo un régimen de lo público, en el que el acceso a ciertos bienes se funda en la condición de ciudadanía y no en la capacidad de pago).

b. Que sea humanista quiere decir que propicia, tanto en la educación que brinda como en otros bienes que ofrece a la sociedad, el florecimiento humano en toda su integridad. El sentido de la actividad universitaria, entonces, no es contribuir a la sociedad de consumo, sino generar las condiciones para que las personas humanas que integran su comunidad y la comunidad nacional puedan desarrollar plenamente sus capacidades intelectuales, morales, creativas y políticas, como dimensiones de la realización humana plena.

c. Que sea nacional quiere decir que los bienes que genera y ofrece son centralmente para la comunidad nacional, la patria, sin que ello excluya su contribución al conocimiento y al bienestar de la humanidad en general.

5. La justicia de la universidad pública: igualdad de oportunidades y progreso de la comunidad política

Entiendo que dos son las principales razones que fundamentan la justicia de una institución de esta índole:

  1. El ascenso social:

Consiste en la posibilidad efectiva de que las personas mejoren su posición socioeconómica respecto de aquella de su familia de origen, mediante el acceso a oportunidades educativas y profesionales que no dependan decisivamente de su condición social inicial.

Se trata de un objetivo dependiente de un principio social de justicia redistributiva que fácilmente podría emparentarse con el principio rawlsiano de justa igualdad de oportunidades y, complementariamente, con el principio de diferencia, según el cual las desigualdades sociales y económicas solo se justifican si redundan en el mayor beneficio de las personas menos aventajadas de la sociedad. Notablemente, es un principio dirigido a la mejora del bienestar social de las personas, especialmente de las menos aventajadas, mejorando las oportunidades para el progreso económico de los individuos que integran la sociedad.

b. Progreso de la comunidad costarricense en general, al menos de dos maneras:

Primero. Tal y como fue diseñada la universidad pública de las repúblicas modernas, en especial bajo la tradición republicana francesa (en la que destaca Louis Liard, 1846-1917, filósofo y reformador de la enseñanza superior francesa, quien concibió la universidad como una institución fundamental para el desarrollo científico, intelectual y moral de la nación y la consolidación de la República): la institución universitaria tiene como función esencial formar a profesionales que contribuyan directamente a la construcción de la nación, que es la República misma. Ello por el nivel tanto humanístico como especializado que caracterizaría a dicha educación, y por los lugares que irían a ocupar sus profesionales en dicha sociedad, destacando su presencia en las altas jerarquías estatales, pero también privadas.

Segundo. En el caso de Costa Rica, porque una parte sustancial de la producción de conocimiento científico y técnico del país depende directamente del entramado institucional universitario público. Según datos del Programa Estado de la Nación, las universidades públicas generaron el 78 % de la investigación científica publicada en el país entre 2000 y 2021, lo que le brinda a la comunidad nacional el bien público central del conocimiento necesario para ejercer la soberanía y otros bienes complementarios, dependientes de ámbitos particulares de acción públicamente relevante (salud, administración, agro, etc.). En este sentido, la producción pública de conocimiento contribuye a que la comunidad política disponga de capacidades propias para decidir sobre sus asuntos comunes, sin depender enteramente de poderes e intereses particulares.

6. La defensa de la universidad pública es un deber cívico general, no un interés corporativo

Es así que la protección de la universidad pública costarricense no es una cuestión de interés de una facción o corporación social particular, sino que es un deber cívico general de toda la comunidad política. No se trata, por tanto, de defender los privilegios de quienes integran la institución, sino las condiciones institucionales que permiten realizar bienes públicos y derechos comunes. Dicho deber resulta más demandante, si cabe, para las personas que ocupan puestos de docencia, investigación o dirección en dicho entramado, en tanto son los vehículos institucionales esenciales para la realización de los altos fines públicos que hacen inteligible la institución.

7. En conclusión

Dadas dichas consideraciones, pareciera claro que sí existe un deber cívico de asistir a la manifestación convocada para el día de mañana 20 de octubre y ejercer el derecho constitucional a la protesta social, pero también de convocar, por las razones señaladas u otras relevantes, a que asista toda la comunidad universitaria y la ciudadanía general.

Nota del autor: Este documento recibió una revisión ortográfica mediante el instrumento ChatGPT. El autor constató el producto de manera íntegra.

RENASES: “Un golpe a las universidades públicas es un golpe para las familias más humildes”

Escrito en . Publicado en Educación.

La Red Nacional de Sectores Sociales llama a sus organizaciones a sumarse este martes 20 de octubre a la marcha en defensa de la educación pública.

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) emitió un pronunciamiento el 17 de octubre de 2026, dirigido a la ciudadanía costarricense y a las diputaciones de la República. En él rechaza los recortes al presupuesto de las universidades públicas que se discuten en la Asamblea Legislativa y advierte que su impacto recaería sobre todo en las familias de menores ingresos.

“¿Sabía usted que la mayor parte de los estudiantes de las universidades públicas de Costa Rica pertenecen a las familias menos adineradas del país?”, plantea el documento. Según RENASES, reducir el presupuesto de la educación superior significa perjudicar a casi 137.000 hogares, a los que se suman más de 21.000 hogares cuyos familiares trabajan en alguna de las cinco universidades públicas como docentes o personal administrativo.

El pronunciamiento lo ilustra con un ejemplo: una joven de Limón, de Nicoya o de Sarapiquí que sueña con ser ingeniera y es la primera de su familia en llegar a la universidad. “No tiene que irse a San José ni pagar lo que no puede, porque la universidad pública llegó a su región. Ese sueño hoy está en peligro”.

Lo que está en juego

De acuerdo con RENASES, las diputaciones del partido de gobierno, Pueblo Soberano, proponen quitar unos ₡26.000 millones a las universidades públicas. Según han advertido las rectorías, eso significaría:

  • TEC, Limón: el cierre de la sede del Instituto Tecnológico de Costa Rica en Limón.

  • UNA, 417 cupos: la pérdida de 417 cupos de ingeniería de la Universidad Nacional en Nicoya, Liberia, Coto y Sarapiquí.

  • UNED, nuevo ingreso: que la Universidad Estatal a Distancia no pueda recibir a nuevos estudiantes.

  • UCR, Paraíso: la afectación de la sede de la Universidad de Costa Rica en Paraíso y de las olimpiadas de matemáticas para colegiales.

El documento señala que esto ocurre cuando el presupuesto universitario ya viene congelado. Las diputaciones oficialistas respaldarían la propuesta del Gobierno de no dar aumento (0 %) a las universidades en 2027. Según RENASES, eso incumple la Constitución Política, porque el principal referente para el ajuste es la inflación, que en setiembre de 2026 fue de 0,34 %. “En otras palabras, no aumentar los recursos es en realidad rebajarlos, por la pérdida del valor adquisitivo del dinero”, advierte.

“¿De verdad no hay plata?”

RENASES recuerda que la Constitución establece que el país debe invertir al menos el 8 % de su riqueza en educación. Según el pronunciamiento, hoy el gobierno de Laura Fernández invierte el 4,9 %, cuando hace menos de diez años se invertía más del 7 %. “La educación no es la que gasta de más: es la que se ha ido quedando atrás”.

El documento añade que, según el propio Ministerio de Hacienda, el Estado deja de cobrar cerca de ₡4 billones al año entre evasión, elusión e impuestos que no se pagan. “La plata existe. Lo que falta es la decisión de ir a buscarla donde está, y no en las aulas”.

“No nos van a dividir”

La red rechaza que se enfrente a unas instituciones o sectores con otros. “No se trata de la UCR contra la UNED, ni de las universidades contra las pensiones de los maestros, ni de la escuela contra la universidad. La educación pública es una sola, desde el kínder hasta el título universitario. Es la escalera que ha permitido a miles de familias costarricenses salir adelante. Quitarle un escalón es dejar a alguien abajo”.

RENASES sostiene además que los países que más avanzan lo han hecho fortaleciendo la educación y sus centros de investigación. En Costa Rica, esos centros están en las universidades públicas, por lo que golpearlas también desarticula la investigación, “un motor de desarrollo indispensable”.

Las demandas

RENASES pide:

  1. Que las diputaciones rechacen todos los recortes a la educación superior.

  2. Que el Gobierno cumpla lo que firmó y lo que ordenó la Sala Constitucional: destinar el 8 % a la educación pública, incluida la universitaria.

  3. Que se honre la Constitución Política aumentando el presupuesto de las universidades públicas al menos según el índice de inflación de 2026.

Qué puede hacer la ciudadanía

El pronunciamiento recuerda que las diputaciones votan en estos días: la Comisión de Asuntos Hacendarios decide antes del 20 de octubre y el presupuesto final se aprueba a más tardar el 29 de noviembre. Invita a la ciudadanía a compartir el mensaje, escribir a las diputaciones de su provincia y conversar sobre el tema en la casa, el trabajo y la comunidad.

A la calle este martes 20

RENASES convoca a todas las organizaciones que la integran a sumarse a la Gran Marcha Nacional en defensa de la educación pública, convocada por las universidades públicas. “Ese día vence el plazo de la Comisión de Hacendarios para votar los recortes: nuestra presencia en la calle importa”.

  • Cuándo: martes 20 de octubre de 2026, 9:00 a. m.

  • Salida: Fuente de la Hispanidad, San Pedro de Montes de Oca.

  • Destino: Asamblea Legislativa, Cuesta de Moras.

La marcha también se replicará en otros puntos del país. “Llegue con su organización, su bandera y su gente. Defender la universidad pública es defender a las familias trabajadoras de todo el país”.

El pronunciamiento cierra con la consigna: “Porque la educación pública no es un gasto. Es el presente y futuro de nuestros hijos y nuestras hijas”.

Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES)
Diálogo + Democracia + Paz Social + Justicia

El “paciente” está enfermo por el tratamiento

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Juan Carlos Cruz, para SURCOS

En un texto reciente publicado en su perfil de Facebook, Carlos Francisco Echeverría analiza la elección y el ejercicio del poder de Rodrigo Chaves como expresión de un malestar social previo y profundo. Aunque Chaves ganó la presidencia con relativa facilidad, su victoria se apoyó más en el rechazo a un adversario desgastado que en propuestas propias. Ya en el gobierno, ha mantenido altos niveles de aprobación no por logros concretos, sino por convertir la presidencia en plataforma de una retórica de desprecio hacia la historia, las instituciones y la democracia costarricense.

Esa retórica conecta con una parte significativa de la sociedad frustrada por la creciente desigualdad y el deterioro de los servicios públicos. Según Echeverría, el “desprecio” funciona como válvula de escape para quienes se sienten abandonados por un sistema injusto. Costa Rica, sin embargo, ya era un “paciente” debilitado: el discurso presidencial no cura la enfermedad, sino que agrava el malestar y lo convierte en capital político, deteriorando el diálogo social.

El autor recurre a la metáfora de una enfermedad autoinmune para describir una sociedad que, obsesionada con sus errores y carencias, termina atacando también sus propios logros, virtudes e instituciones. Las próximas elecciones serán, en este sentido, una prueba de la salud cívica del país: podrían confirmar el avance de un clima autoritario y cínico, aunque también existe el antecedente de 2018, cuando el electorado reaccionó frente a una amenaza percibida a la convivencia democrática.

Echeverría subraya la urgencia de revisar a fondo el sistema que generó concentración de ingresos y deterioro de los servicios públicos. Sin correcciones estructurales serias, advierte, el país corre el riesgo de entrar en una fase terminal de demagogia y populismo autoritario, aunque todavía existe una ventana de oportunidad para evitarlo. Su tesis de fondo es clara: el chavismo es síntoma y acelerador de una crisis estructural, no su causa originaria. El verdadero dilema es si Costa Rica logrará corregir esa crisis antes de que el proceso autodestructivo se consolide.

Echeverría deja servida la mesa para una respuesta que no se quede en la superficie moral del “paciente enfermo”, sino que vaya al hueso estructural del problema. Lo que él describe como “sistema ineficiente e injusto” no es un accidente ni una desviación reciente: es el resultado de un viraje histórico profundo que Costa Rica emprendió desde finales de los años 80 y que hoy muestra sus consecuencias más crudas.

La invitación a “revisar a fondo el sistema que nos llevó hasta aquí” es indispensable, pero exige nombrar con claridad cuál fue ese sistema y cómo se instaló. Costa Rica no llegó a la actual concentración de la riqueza ni al deterioro de su Estado social por fatalidad ni por errores aislados: llegó por un proceso histórico de desmantelamiento progresivo del pacto social que había sostenido la movilidad social, la clase media amplia y las instituciones públicas fuertes.

Durante buena parte del siglo XX, el país combinó tres pilares que explicaban su excepcionalidad regional: un Estado social robusto, una estructura tributaria relativamente progresiva y un modelo de desarrollo orientado a la inclusión. Ese equilibrio comenzó a romperse con la crisis de la deuda en los años 80. Bajo presión de organismos financieros internacionales y élites económicas locales, Costa Rica adoptó un modelo neoliberal de apertura, desregulación y privatización parcial que tuvo tres efectos decisivos.

Primero, se debilitó la capacidad redistributiva del Estado. La estructura tributaria se volvió más regresiva: aumentó el peso de los impuestos indirectos, se multiplicaron exoneraciones a grandes capitales y zonas francas, y se redujo la carga sobre las rentas altas y el patrimonio. El resultado fue una transferencia silenciosa de riqueza hacia arriba.

Segundo, se fragmentó el mercado laboral. El empleo público dejó de ser motor de movilidad y el empleo privado se precarizó. La economía se dualizó: un sector moderno, exportador y altamente productivo, pero con poco encadenamiento, y un sector interno estancado, informal y mal remunerado. La desigualdad dejó de ser solo de ingresos: se volvió desigualdad de oportunidades, estabilidad y dignidad.

Tercero, se consolidó un modelo de crecimiento que no derrama. La inversión extranjera directa generó islas de prosperidad, pero no un desarrollo nacional integrado. El país creció, sí, pero creció para pocos. La clase media dejó de expandirse y comenzó a erosionarse. En síntesis, Costa Rica pasó de un modelo de movilidad social a uno de acumulación concentrada, donde el crecimiento económico dejó de traducirse en bienestar colectivo.

El deterioro de las instituciones del Estado social tampoco es producto de la incompetencia reciente, sino de un proceso de asfixia fiscal, política y simbólica que lleva décadas.

La asfixia fiscal ha sido deliberada: mientras se exigía al Estado hacer más, se le quitaban los recursos para hacerlo. La regla fiscal, las exoneraciones, la evasión y la elusión estructural han dejado a instituciones como la CCSS, el MEP o el IAFA sin capacidad de inversión, innovación o expansión. Un Estado sin recursos es un Estado condenado a fallar.

La privatización por desgaste siguió un patrón conocido: se deteriora el servicio público, la ciudadanía se frustra, se abre espacio para el discurso de “lo público no sirve” y así se legitima la privatización o la tercerización. Es un círculo vicioso que erosiona la legitimidad del Estado social.

A esto se suma la captura política y tecnocrática: las élites económicas lograron imponer una visión de país donde el Estado es visto como obstáculo y no como garante de derechos. Esa narrativa permeó medios, partidos y tecnocracias, produciendo un Estado administrado para no incomodar al poder económico.

Finalmente, el desgaste simbólico del pacto social ha sido profundo. La prédica presidencial actual —que desprecia instituciones, historia y democracia— no surge en el vacío. Es la fase aguda de un proceso largo de deslegitimación cultural del Estado social, que lo presenta como ineficiente, corrupto o anacrónico, mientras oculta los intereses que se benefician de su debilitamiento.

La conclusión es inevitable: el “paciente” no está enfermo por accidente, sino por tratamiento. Si Costa Rica parece hoy un paciente debilitado, es porque durante décadas se le aplicó un tratamiento que debilitó su sistema inmunológico (el Estado social), concentró la riqueza en pocas manos, precarizó a la mayoría y abrió la puerta a discursos autoritarios que se alimentan del malestar social.

Revisar el sistema implica revertir ese rumbo, no maquillarlo. Implica recuperar la capacidad redistributiva del Estado, reconstruir servicios públicos universales, democratizar la economía y devolverle a la ciudadanía la certeza de que el país puede ser nuevamente un espacio de movilidad, dignidad y esperanza.

Todavía estamos a tiempo. Pero solo si dejamos de tratar los síntomas y enfrentamos la enfermedad estructural.

Salgamos del lodazal…

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Jorge Mora Alfaro
Sociólogo

Nuestra longeva democracia nos coloca, una vez más, frente a un nuevo proceso electoral. Cada elección tiene sus particularidades. Por lo general, alejadas del ideal compartido de una escogencia de autoridades políticas sustentada en el debate de proyectos, visiones y propuestas. En este caso, sin sorpresa, pero abrumados, hasta cierto punto dolidos y desencantados, vemos descender la vida política del país, como nunca antes, hasta el lodazal del insulto, la ofensa, la mentira, el bulo y el uso inescrupuloso de los avances tecnológicos de la digitalización y la comunicación. Algunos de estos recursos han tenido presencia desde hace largo tiempo en nuestras dinámicas eleccionarias. Sin embargo, también, tenía un espacio significativo la discusión de ideas, proyectos y propuestas. Todos los grandes avances económicos, sociales, institucionales, culturales y ambientales, de los cuales nos sentimos aún orgullosos, se dieron en medio de discusiones políticas, estiras y encojes, movilizaciones y acuerdos, hasta lograr la construcción, paso a paso, de una sociedad en la cual la movilidad y el bienestar sociales tuvieron su espacio, generando cohesión e integración social y la estabilidad requerida para impulsar el crecimiento y la diversificación productiva y el desarrollo comunitario, con equidad. Cada período vivido por el país requirió de cambios políticos e institucionales, de la institucionalización del conflicto social, sin recurrir a la descalificación o la eliminación del adversario. No fue un mundo idílico, pero no dio cabida, como en nuestro entorno regional, a la instauración de gobiernos totalitarios e institutos armados, represivos, sostenedores de regímenes oligárquicos y excluyentes de grandes grupos de la población, sumidos en la miseria. Regímenes generadores de profundas desigualdades sociales, pronunciadas inestabilidades y de una injustificada exclusión social.

En las últimas décadas, el sendero seguido por nuestro desenvolvimiento económico y político se movió en otra dirección. Se incrementan las desigualdades sociales, se obstaculiza la movilidad social, las nuevas generaciones encuentran peores condiciones de vida a la de sus ancestros, los estratos medios, integrados, entre otros, por agricultores familiares, pequeños comerciantes, industriales, artesanos, educadores, trabajadores autónomos, profesionales liberales o intelectuales, ven deteriorarse su calidad de vida y la de los servicios sanitarios, educativos, de seguridad y protección social. La percepción de un sistema social olvidado de sus demandas y necesidades, de unas agrupaciones políticas y una institucionalidad alejadas de sus requerimientos básicos y de sus aspiraciones de bienestar, crean desconfianza y rechazo hacia aquellas entidades cuya respuestas se centran en los grupos con mayores influencias y con mayor capacidad para lograr la atención de sus demandas, aún a costa de la exclusión y el descontento provocado en grandes grupos de la población. Los hijos predilectos del régimen se hicieron del poder, olvidando las consecuencias de una sociedad dividida y crecientemente pauperizada y marginada.

Hoy, asistimos a la presencia de algunos movimientos políticos, cuya forma preferente de hacer política, es la confrontación y el uso de los procedimientos y mecanismos de comunicación y propaganda, diseñados para empañar instituciones esenciales de nuestro sistema democrático, atraer a una parte significativa de la ciudadanía, depositaria del descontento y la frustración acumulada. Ahora conocemos adonde quieren conducir la disputa electoral, cuál es el medio en el cual se sienten cómodos y cuáles son los elementos del discurso esbozados para atraer a los votantes hacia unas posiciones vacías de contenido. El fango político resulta ser el sitio hasta el cual buscan conducir la contienda electoral, lugar en donde pretenden obtener mayores beneficios.

El principal desafío para los demócratas en estas elecciones es eludir ese terreno de disputa. El reto es centrar la discusión en las cualidades de los aspirantes presidenciales y legislativos, en los programas elaborados, colocando en el centro las demandas viables, las necesidades y las aspiraciones de la ciudadanía, las propuestas concretas para reenrumbar el país sin excluir a nadie, sin dejar a nadie atrás. Dejar solos a quienes pretenden desarrollar la campaña en el lodazal, podría permitir su propio hundimiento en él. Poner la mirada en la reconstrucción del país, en el rescate del camino democrático, incluyente, diverso, con apertura a la expresión de diferentes pensamientos, propuestas y proyectos políticos, creando un ambiente optimista, en el cual la empatía sustituya la confrontación, la solidaridad a la ofensa y el miedo. No olvidar la tradición de los procesos eleccionarios ticos, ejemplo en el ámbito internacional, en donde el impedimento de la reelección presidencial continua coloca en un segundo plano al jerarca del Poder Ejecutivo, centrando la contienda en el análisis de los perfiles y capacidades de los aspirantes a ocupar la presidencia de la república, en el contraste de sus propuestas y en sus respuestas a las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Colocar el foco donde corresponde, es un gran desafío de ciudadanos, ciudadanas, movimientos y organizaciones sociales y de las agrupaciones políticas participantes en la contienda electoral.

San Antonio de Barranca, Naranjo, 29 octubre de 2025.

¡Despertemos! Comunidades afrodescendientes del Caribe Sur llaman a defender sus territorios ancestrales frente a planes turísticos

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Las comunidades afrodescendientes del Caribe Sur de Costa Rica lanzan un urgente llamado a la movilización y organización ante la acelerada implementación de los Planes Reguladores Costeros (PRC) que el Gobierno impulsa en sus territorios ancestrales, desde Colorado hasta Manzanillo.

Estos planes, que promueven grandes desarrollos hoteleros y turísticos, amenazan con transformar irreversiblemente el paisaje cultural y desplazar a las familias locales, poniendo en riesgo los derechos históricos y culturales que este pueblo ha reclamado por generaciones.

“El Gobierno avanza sin consulta adecuada y sin respetar los protocolos establecidos para proteger nuestros derechos territoriales”, alerta Marco Levy Virgo, líder afrodescendiente y firmante del comunicado. Recordó además las luchas previas, como la resistencia comunitaria que logró frenar la reducción del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo en 2019, y la persistente demanda por restitución de tierras en Cocles.

El llamado es claro y contundente: se exige el cumplimiento estricto de la Consulta Previa, Libre e Informada, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), antes de que se aprueben nuevos planes que podrían desplazar a estas comunidades.

Para fortalecer esta defensa, se propone organizar asambleas comunitarias en Cahuita, Puerto Viejo, Manzanillo y otras localidades afectadas, y consolidar el Foro del Pueblo Tribal Afrodescendiente como plataforma nacional e internacional para articular demandas y acciones conjuntas.

“El Caribe Sur no puede convertirse en un nuevo Guanacaste, donde el turismo extractivo ha desplazado a comunidades enteras”, enfatizan, llamando a preservar la riqueza cultural, la conexión ancestral con la tierra y el mar, y la historia de resistencia del pueblo afrodescendiente.

Con esta movilización, la población afrocaribeña busca no solo defender su territorio, sino también asegurar justicia, reconocimiento y un futuro digno para las generaciones presentes y venideras.

Imágenes:

https://www.albasud.org/blog/es/1106/caribe-sur-costa-rica-un-escenario-abierto Imagen de Arturo Silva Lucas

Estudiantes transforman sus vidas gracias a las becas de la UNA

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

La Universidad Nacional (UNA) es un pilar fundamental en la educación superior costarricense, pues le permite a miles de estudiantes acceder a oportunidades académicas que de otra manera no estarían a su alcance. El sistema de becas de la UNA es uno de los más robustos del país, y resulta clave en el proceso de inclusión y movilidad social.

Raquel Loría, una joven socióloga recientemente titulada, es un ejemplo de cómo las becas cambian vidas. Proviene de una zona rural y de una familia de escasos recursos, enfrentó numerosos desafíos para ingresar a la universidad; sin embargo, gracias al apoyo de la UNA, que le otorgó una beca socioeconómica, culminó sus estudios con una formación integral que trasciende lo académico.

En el 2023, la UNA asignó un total de 10.574 becas, de las cuales 8.570 correspondieron a la categoría socioeconómica. Estas becas no solo cubren la matrícula y los créditos académicos, sino que también ofrecen una serie de beneficios adicionales que facilitan el proceso educativo de los estudiantes. De los más de 10.000 estudiantes beneficiados en 2024, el 93,2% proviene de colegios públicos y educación abierta, lo que subraya el compromiso de la universidad con la equidad educativa.

Los campus regionales de la UNA han desempeñado un papel crucial en la expansión de estas oportunidades. Los porcentajes de estudiantes becados en campus como Coto (85,9%), Pérez Zeledón (84,1%) y Sarapiquí (81,2%) reflejan el impacto directo de las becas en las regiones fuera del Valle Central, donde la necesidad de apoyo económico es mayor. Asimismo, en la Región Central, campus como Omar Dengo y Benjamín Núñez mantienen coberturas de becas significativas, con un 54% y 40,8% de su población estudiantil beneficiada, respectivamente.

La inversión realizada por la Universidad Nacional en su sistema de becas y beneficios estudiantiles en 2024 asciende a ₡12.244.876.073, uno de los presupuestos más significativos en este rubro. Este esfuerzo no solo asegura el acceso a la educación superior, sino que también contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, preparándolos para contribuir activamente al progreso social y económico del país.

El testimonio de estudiantes como Raquel Loría demuestra que la educación pública es un motor de cambio en Costa Rica, y abre puertas a un futuro más prometedor y equitativo para todos.

Video:

Para más información comunicarse con la periodista Natalia Salas Gómez a los teléfonos 8873-60-01 22773067.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica 

¿La nueva ruta de la educación costarricense?

Escrito en . Publicado en Educación.

Dra. Yamileth González
Ex-Rectora UCR, Colectivo Mujeres por Costa Rica

Hemos escuchado al presidente decir que gobierna para los pobres y que va a eliminar las “coronas” que tradicionalmente llevaron algunos funcionarios de gobiernos anteriores. Nada más alejado de la verdad, sus años de gobierno muestran lo contrario: la reducción del presupuesto en educación ha tenido como consecuencia el empobrecimiento de los grupos más vulnerables, precisamente esos que dice proteger y ¡gran contradicción! muchos de los cuales, absurdamente, son, engañados, los que le dan apoyo.

La crisis educativa que hoy se vive, profundizada por este gobierno, tiene como efecto que miles de estudiantes, la mayoría de las zonas urbanas marginales y costeras, dejen las aulas: en 2023, más de 23 mil abandonaron los centros educativos a consecuencia de la reducción de las becas, de la alimentación y del transporte; servicios que, tradicionalmente, recibían y ahora, el gobierno les quita; imposible para este grupo, estudiar sin esos beneficios, son jóvenes de hogares muy pobres, muchos de Puntarenas (el 22% ) y de Limón ( 23% ). Otro severo golpe lo constituye el reciente recorte al presupuesto de los colegios científicos, un bastión significativo de la educación pública.

Se ha estimado que sólo en 2023, el recorte de becas lleva a casi 6 mil hogares a la pobreza y a muchos menores de edad a la pobreza extrema y que 7.000 estudiantes dejaron las aulas. El problema crece ya que no solo caen en la pobreza, sino que, al abandonar sus estudios, son fácilmente reclutados por bandas criminales, o sea, que estos recortes expulsan a los jóvenes de los centros escolares, los empobrecen y los llevan a las filas de la delincuencia y del narcotráfico. ¿Será esta la nueva ruta de la educación costarricense?

Así, el panorama nacional es desolador: con este gobierno se ha ampliado la desigualdad y la brecha entre la educación pública y la privada ha crecido; los recortes, además de menoscabar los programas de equidad ya mencionados, dejan a la enseñanza pública sin la posibilidad de enfrentar los rezagos existentes, sin la opción de crecer y mejorar, por ejemplo, la conectividad a internet de banda ancha, de acceder a servicios informáticos, al equipamiento de las bibliotecas, al desarrollo de colegios científicos, a los bilingües y del bachillerato internacional; no permiten fomentar habilidades científicas en la juventud, ni ampliar el currículo completo para educación primaria…, condiciones con las que si cuenta la educación privada.

Los estudiantes de colegios públicos quedan en condiciones de inferioridad, sin posibilidad de avanzar, de tener en el futuro trabajos más calificados o ingresar a la educación superior. ¿Tienen las universidades la responsabilidad de que no ingresen a sus aulas más estudiantes de colegios públicos? ¿o es el gobierno que, con sus políticas, propicia esa desventaja? Es urgente hacer valer el derecho de la juventud de las zonas marginales y menos favorecidas, a tener una formación que les de mejores posibilidades de desarrollo.

En Costa Rica hemos tenido un estado social de derecho, que debemos defender, con oportunidades para todos los grupos sociales que, sin embargo, ha venido deteriorándose, y este gobierno ha agudizado con acciones inauditas, afectando principalmente a la población que vive en zonas marginales y restando así las posibilidades de movilidad social, que, en otro momento, como en mi caso y muchos más, pudimos acceder a una educación universitaria de calidad para poder, de ese modo servir al país.

Imagen: compartida en varias cuentas de redes digitales.

Por Nuestra Juventud

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega

Prepárense los jóvenes con tesón, con ardor, con persistente decisión de victoria. Omar Dengo

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Los homicidios de jóvenes, según el OIJ, casi se triplicaron este año 2023 con relación al anterior. Mientras en el 2022 al mes de agosto fueron 8 los asesinatos de personas entre los 12 y 17 años, a esta misma fecha la cifra alcanza los 21 fallecidos).

El escenario no podría ser más catastrófico. Sin embargo, posiblemente lo será si a corto plazo no se invierte lo requerido para contener la ola creciente de criminalidad y si no se redefinen las políticas públicas para evitar seguir reproduciendo las condiciones que son caldo de cultivo de la violencia en sus diferentes manifestaciones, factor que viene desfigurando aceleradamente el rostro de una Costa Rica más pacífica y democrática que heredamos de los forjadores de la Segunda República, con la reforma social y la modernización del Estado de Derecho, que contribuyeron a crear una vigorosa institucionalidad social de carácter público. Institucionalidad que facilitó la movilidad social de la juventud perteneciente a los sectores populares, tanto rurales como urbanos.

Urge retomar ese derrotero, ahora para impulsar una política pública centrada en la atención prioritaria a la juventud. Salir al rescate de una generación que se nos escapa de las manos porque la estamos entregando al crimen organizado, a la drogadicción y, por ende, a una muerte temprana. Postergar las acciones es auto suicidarnos como sociedad. Pienso que esta política pública hay que orientarla, al menos, en tres direcciones.

Primero, y es algo en lo que se ha venido insistiendo, hay que ampliar la cobertura del sistema educativo, con un particular énfasis en la capacitación de técnicos y científicos de alto nivel, pero con visión humanista y no meramente tecnocrática.  Asimismo, acompañada de una política de desarrollo en ciencia y tecnología endógena (José María Gutiérrez), para no convertir a nuestros profesionales en “maquiladores de punta”. Para ello, se requiere redoblar el apoyo a los colegios científico-tecnológicos, instituciones como el INA y el Instituto Tecnológico y a esfuerzos de cooperación interinstitucional como el que ha venido emprendiendo la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Universidad de Costa Rica (UCR), en San Carlos. Además, hay que apostar nuevamente y con mayor esfuerzo por la regionalización educativa de nivel superior.

La segunda dimensión corresponde al fortalecimiento de una política de cultura que permita a la juventud acceder al cultivo de las diferentes manifestaciones del quehacer artístico, para enriquecer su acervo cultural, así como elevar el sentido y espíritu de la identidad pluricultural y multiétnica de nuestro país, tal y como lo consigna la Constitución. El arte y la cultura, que elevan el espíritu y enriquecen y dignifican la corporalidad como seres vivientes, constituyen el fundamento del verdadero desarrollo en humanidad de las sociedades. Estamos sobrados de talento artístico y de iniciativas comunales que con grandes sacrificios sostienen a grupos de teatro, danza, música, baile, etc., pero el apoyo estatal y privado es mezquino y raquítico.

Ante esta precaria situación, como bien señala José Luis Amador, “se está imponiendo la cultura del cartel y la muerte. Hay que hacer algo para promover la cultura de la paz. Hay que decir no a la muerte. Y esto pasa por la cultura, por los valores, por la poesía, por la belleza. Un joven con un revolver no puede ser mejor que un o una joven con una guitarra, con un arado o un estetoscopio”.

Y, la tercera dimensión toca al deporte. Al igual que el arte el deporte, por tratarse de un quehacer que exige dedicación y disciplina, se convierte en escuela para la preparación de personas creativas, diligentes y resilientes.  Son varios los esfuerzos de gobiernos locales por dotar de instalaciones deportivas a sus comunidades. Se requiere generalizarlas a todo el país. Hay que apostar por alcanzar niveles altos de competitividad en las diversas modalidades deportivas. Ya es hora de ir más allá del fútbol-centrismo de nuestra cultura deportiva.

Una juventud con opciones a cultivar alguna de las expresiones artísticas, un deporte y alcanzar la debida preparación para desempeñar una profesión u oficio, ha de ser la aspiración fundamental de un pueblo que sabe actuar con la sabiduría que permita contener, revertir y prevenir la creciente violencia que está conduciendo a nuestra juventud al despeñadero y, con ella, al país entero. Esta empresa de rescate de nuestra juventud tenemos que convertirla en consigna que amalgame a todos los sectores sociales. Unámonos por nuestra juventud, como dice el maestro Omar Dengo, “con tesón, con ardor, con persistente decisión de victoria”.

¿Quién inventó lo del 8% a la educación pública?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Margarita Bolaños Arquín

Bien sabemos que hacer cambios en nuestra Constitución Política es muy complejo. Se requiere de arduas y prolongadas negociaciones, y esperar el momento oportuno de alineación de los planetas. Pues ese fenómeno astral ocurrió precisamente el 26 de mayo del 2011, cuando se dieron las condiciones necesarias para la aprobación de la REFORMA DEL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN, Ley No.8954 y, con ella, el aumento al 8% del PIB.

La reforma del 2011 establece claramente el derecho y refuerza la visión de la educación pública como un sistema. Además, condiciona que “El Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los niveles de la educación, así como la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios”.

Pero hay que retroceder en el tiempo para entender las razones que justificaron la aprobación del 8%. En el año 1997, el artículo 78 de la Constitución Política fue reformado según Ley No. 7676, para darle rango constitucional al 6%. El porcentaje alcanzado tampoco fue una ocurrencia, fue corolario de las presiones, propuestas y negociaciones de los movimientos sociales, que, desde distintas posiciones, se opusieron a la privatización de los servicios públicos como la panacea neoliberal para modernizar al Estado y acabar con la pobreza.

Recordemos la huelga de cinco semanas del magisterio nacional en julio-agosto 1995. Esta inicia con la reforma al régimen de pensiones, pero deja al descubierto las debilidades del sistema educativo para enfrentar las amenazas de la globalización y la creciente desigualdad social, producto de los cambios en la estructura agroindustrial promovidos por los PAES. En un ambiente de tensiones políticas y críticas al Pacto Calderón-Figueres, se aumenta el porcentaje del PIB destinado a la educación y se decreta la Política hacia el siglo XXI que marca la llegada de INTEL a Costa Rica, como bien lo describe el ex ministro de educación de esos años, Eduardo Doryan en sus memorias.

La gradualidad del aumento del PIB al 8% a la educación está ligada a las presiones y negociaciones promovidas por los movimientos sociales y las fuerzas políticas representadas en el legislativo y en el ejecutivo por mantener, por un lado, sus intereses y la estabilidad política y por otro, el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la educación pública como motor del desarrollo económico y la movilidad social.

Con la aprobación en primer debate de la “Ley para el Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones y de la Participación del Estado” (Combo del ICE), en marzo del 2000, se reactivan de nuevo los movimientos de defensa de la institucionalidad democrática y la educación pública ante un escenario global y nacional incierto. Sin dar tregua, dos años después se abre un nuevo capítulo: el Tratado de Libre Comercio (CAFTA), otra amenaza, esta vez de naturaleza extraterritorial. El país vivió un periodo de siete años de análisis, debates y recomendaciones múltiples para enfrentar el futuro. Durante la discusión del CAFTA sí hubo cambios importantes en la arquitectura institucional, pero no se dieron los resultados económicos prometidos por sus defensores.

Firmado el CAFTA, el aumento al 8% para el financiamiento de la educación se valoró como una medida necesaria para afrontar la apertura y sus consecuencias: automatización del trabajo, rezago tecnológico, infraestructura limitada y los intereses corporativos nacionales y transnacionales por cooptar el mercado de las telecomunicaciones. Desde las universidades públicas y los gremios de educación, la propuesta de aumento se consideraba clave. El partido Acción Ciudadana para la campaña electoral del 2006-2010, lanza en su programa de gobierno el aumento al 8% y lo justifica reconociendo los aciertos y las falencias del sistema educativo en las décadas anteriores. Su fracción legislativa (2010-2014) continuó trabajando la propuesta. Gracias a la creación de la Alianza Parlamentaria por Costa Rica, que aglutinó la mayoría de la oposición al Partido Liberación Nacional, y con Juan Carlos Mendoza en la presidencia del directorio, se logra aprobar la reforma escalonada para alcanzar el 8%.

Es un logro de muchos años de negociaciones, manifestaciones, cambios político-electorales y esfuerzos de diversos sectores del espectro ideológico costarricense. Es, estemos de acuerdo o no con los logros y alcances de las negociaciones, un triunfo político en democracia que siguió la vía constitucional.

Señora ministra Anna Katharina Müller Castro, La Ley Fundamental de Educación aprobada en 1957, con algunas modificaciones en los últimos años, continúa siendo faro y luz para no perderse en la oscuridad del Universo, los vertiginosos cambios tecnológicos, las amenazas del cambio climático y la pérdida de esperanza en el futuro.