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Ing. Ricardo Segura Ballar

A raíz de las recientes decisiones de las autoridades del ICE en relación con el racionamiento eléctrico por un supuesto descenso crítico del agua en los embalses se han generado una serie de reacciones todas vinculando estas decisiones con la privatización del ICE. El manejo mediático de la “crisis energética”, podríamos asegurar, es para generar un estado de ánimo con el fin de ganar la opinión pública para que esta acepte dócilmente el proyecto de “Ley de armonización del sistema eléctrico nacional”, expediente 23.414, que no es otra cosa que darle el tiro de gracia al ICE, cuando ese proyecto lo que persigue es favorecer a los generadores privados.

De acuerdo con que la administración Chaves Robles está inmersa en esa política de desmantelamiento del Estado y sus principales instituciones, ya nos lo había advertido el presidente, Rodrigo Chaves, cuando siendo ministro de Hacienda, (administración Alvarado Quesada 2018-2022) afirmó que a Costa Rica había que aplicarle “cirugía de campo de batalla”. Sin embargo, este ambiente convulso y de reacciones muchas veces en caliente, se puede convertir en una cortina de humo para invisibilizar a los verdaderos responsables de la crisis del ICE tanto en energía como en telecomunicaciones. Es por eso que el momento se presenta favorable para hacer algunas valoraciones de la historia reciente sobre quienes han sido los responsables de la crisis y esto apunta de manera directa al Partido Liberación Nacional (PLN) y al Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) y por supuesto en la actualidad a Rodrigo Chaves que es una continuación de las políticas neoliberales y privatizadoras llevadas a cabo por los partidos precitados. Veamos entonces.

Fue durante la primera administración Arias Sánchez (1986-1990) cuando se dio uno de los casos de corrupción más sonados y tuvo que ver con la entrega de la telefonía celular a la empresa MILLICOM. Era un deber de la administración superior del ICE meter de lleno a la institución en el desarrollo de esa nueva tecnología que ofrecía ventajas técnicas y económicas a muy corto plazo, pero no lo hizo y apostó por entregarle la telefonía celular al sector privado. De hecho, en la reunión del Consejo Directivo del ICE del 27 de abril de 1987 se planteó que el ICE no hiciera nada y que esperara a que los sistemas celulares se desarrollaran por el sector privado y no interferir en ese tipo de proyectos. Pero para entregar esa telefonía, las frecuencias, que era lo que importaba, tenían que tener, en teoría, un manto legal. Y es así que, con ventaja para la empresa MILLICOM S.A., omitiendo lo indicado por la Constitución Política en el inciso 14, artículo 21, el acuerdo del 04 diciembre de 1987, se publicó en el diario oficial La Gaceta el 17 de febrero de 1988, adquiriendo carácter de decreto Nº 268, con las rúbricas del presidente de entonces Oscar Arias y el ministro de Gobernación y Policía, Rolando Ramírez. Es decir, COMCEL S.A representante de Millicom., tenía garantizado el rango de frecuencias para brindar la telefonía celular en Costa Rica, casi sin resistencia al frente, al menos eso creyeron en aquel momento. Millicom empezó a brindar ilegalmente la telefonía celular en abril de 1989. El caso Millicom explotó en la administración Figueres Olsen (1994-1998) cuando en 1994, ante un recurso interpuesto por el SIICE la Sala Constitucional consideró que lo actuado por la administración del ICE y Oscar Arias fue ilegal porque contravenía la Constitución Política. En paralelo con MILLICOM se trató de privatizar el Sector de Telecomunicaciones, RACSA y CNFL por medio del proyecto ECOTEL asunto que por la resistencia que generó no avanzó. Ninguno de los involucrados en estos actos anómalos fue condenado. Todo fue investigado por la Asamblea Legislativa bajo el expediente 11444. Todos impunes.

En la administración Oscar Arias (1986-1990) se avanzó con la ley denominada “Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma Paralela, conocida como Ley 7200. Esa Ley se aprobó en noviembre de 1992, en la administración Calderón Fournier (1990-1994) y tenía como propósito permitir la generación eléctrica mediante centrales hidroeléctricas y aquellas no convencionales de limitada capacidad –que no sobrepasasen los 20000 kilovatios (KW) de potencia pertenecientes a empresas privadas o Cooperativas de Electrificación Rural que pudieran integrarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). A pesar de esa apertura la Ley 7200 tenía ciertas salvaguardas tarifarias que se manejaban bajo el criterio del costo evitado y la intervención del SNE, hoy ARESEP. Entre 1989 y finales de 1994 la tendencia del costo promedio por KWh, tanto para el ICE como para los generadores privados se mantenía dentro del costo evitado. Sin embargo, a principios de 1995 el costo promedio por KWh pagado a los generadores privados sufre una tendencia hacia el alza muy pronunciada, mientras el pagado al ICE por las distribuidoras permanecía casi sin alteración. Cabe señalar que durante la administración Calderón Fournier solo se firmaron cuatro contratos de cogeneración. En la administración Figueres Olsen se firmaron 29 contratos 1 Acta de la sesión extraordinaria N° 3873 del Consejo Directivo del ICE, 27 de abril 1987. entre ellos los proyectos hidroeléctricos Volcán y Don Pedro. Estos proyectos por pertenecer a la empresa Global Energy en la cual tenía intereses directos el presidente José Mará Figueres y su familia casi determinaron la quiebra del Sector Eléctrico del ICE.

Fue en la administración Figueres Olsen cuando el Consejo Directivo del ICE, en la sesión Nº4598 del 18 de octubre, tomó la decisión de modificar las fórmulas del esquema tarifario, tarifa anual o piso ajustable en función de los proyectos precitados. El SNE, hoy ARESEP, los aprobó en diciembre de ese año, todo muy rápido. Una vez modificada la fórmula la mayoría de la lagartera generadora privada se cambió a la tarifa piso ajustable. El impacto fue severo, tanto así que ese factor incidió brutalmente en los gastos del Sector Eléctrico del ICE. En el año 1999, la compra a los generadores privados, representaba el 35% de los gastos de operación del Sector Eléctrico, las proyecciones estimaban que para los años 2000 y 2001esa compra oscilaría entre el 42% y el 40% de esos gastos operativos, siendo que esos generadores producían solo el 12% del total de la energía que se producía en ese momento. Una asimetría impresionante y ellos felices succionando al ICE. Después una Comisión Especial Legislativa, integrada en el año 2000, determinó que efectivamente la modificación tarifaria hizo que el ICE pagara aproximadamente $40 millones demás por esa generación. En el año 1995 se aprobó la Ley 7508 que modificó la estructura de la Ley 7200 y abrió 15% más el segmento para los privados y permitía la compra de energía bajo el régimen de competencia. Ya tenían el 30%, ahora lo quieren todo.

En paralelo con el contubernio tarifario, fue en esta administración Figueres Olsen cuando inició una de las campañas más agresivas para vender los activos del Estado argumentando el pago de la deuda interna. Esa campaña fue brutal, todo el entramado mediático estaba alineado con esa tesis, había que pagar la deuda interna o el país se hundiría en el averno. En esa campaña participó activamente el en ese momento expresidente Oscar Arias y su adlátere Eduardo Lizano. Para esa fecha el Partido Liberación Nacional se había convertido en la vanguardia privatizadora y en la madriguera política de la extrema derecha. Para 1996 la campaña tomó impulso y a finales de 19996 fueron sumados a la misma todos los expresidentes de entonces que se pronunciaron a favor de las tesis privatizadoras y de venta de activos, todos con excepción del expresidente Rodrigo Carazo, ya convertido a inicios de 1996 en presidente del Consejo de Defensa de la Institucionalidad , CDI, instancia que le salió al frente a las tesis de la administración Figueres Olsen y logró en conjunto con otros actores sociales derrotar la campaña e impedir que los activos del Estado fueran festinados. Le apuntaban especialmente al Sector de Telecomunicaciones del ICE. A propósito, Millicom fue expulsada en mayo de 1995.

Una nueva ofensiva sobre el ICE inició en el año 1999 cuando la administración Rodríguez Echeverría (1998-2002) presentó y avanzó con los proyectos conocidos como el Combo del ICE que permitían la apertura de los Sectores de Telecomunicaciones y de Energía. El Combo del ICE fue aprobado en marzo del año 2000 pero finalmente fue derrotado por la resistencia popular, sindical y por el accionar de los diputados del extinto partido Fuerza Democrática. En la práctica fue una insurrección popular la que derrotó el Combo del ICE. El PLN se plegó, como era de esperarse y le dio los votos al proyecto. Esperaba ganar las elecciones, pero pagó políticamente su entreguismo y perdió. Paradójicamente las ganó Abel Pacheco. Del Combo del ICE pasamos a la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos con el resultado por todos conocidos y que generó la apertura del mercado de telecomunicaciones, donde el ICE es hoy uno más de los participantes en ese mercado en competencia, esperaban su destrucción, pero dichosamente no ha ocurrido.

Todo lo anterior para que no se pierda de vista quienes han estado detrás de todo el entramado privatizador y de venta de la patria. ¿Pensamos que el PLN, el PUSC, y otros sectores de la derecha votarán en contra de ese proyecto de “Ley de armonización del sistema eléctrico nacional”; expediente Nº 23.414? No lo harán, en eso son de los mismos, abanderados de la privatización y la venta de activos como lo demuestra la historia reciente. Solo la organización popular logrará parar los intentos de destruir el ICE llevados a cabo por la banda privatizadora que ha azotado este país durante los últimos cuarenta años. Así que entonces a prepararse y templar el espíritu para la lucha y hacer de la consigna: defender el ICE es defender la Patria, una realidad.

1.  Acta de la sesión extraordinaria N° 3873 del Consejo Directivo del ICE, 27 de abril 1987
2. Diario Oficial La Gaceta, Nº 33, publicación del Decreto Nº 268, Ministerio de Gobernación y Policía y Presidencia de La República, 17 febrero 1988
3.  SIICE, Sindicato de Ingenieros del ICE.
4. Comisión Especial para investigar el área de telecomunicaciones del ICE, incluyendo Racsa, en lo relacionado con comunicaciones vía satélite, facsímiles, telefonía analógica, celular, etc.; así como actuaciones de los jerarcas de ambas instituciones, expediente Nº 11444.
5. Todo lo relacionado con la actividad de Global Energy fue investigado por una Comisión Especial Legislativa que trabajó bajo el expediente Nº 12769, el informe de minoría fue categórico en relación con la actividad de Global Energy y la participación del presidente de entonces José María Figueres en ese entramado favorecedor de Global Energy. Recordar el caso del Tajo Don Jaime.
6. Comisión Especial Investigadora para que indague los contratos de compra de energía eléctrica, suscritos por el instituto costarricense de electricidad con los generadores privados de energía, expediente 14.453, agosto del año 2000.
7. Ing. Ricardo Segura Ballar, La Resistencia Nacional contra la política de implantación del modelo neoliberal en Costa Rica, La campaña de la deuda interna: intento de fractura ideológica para vender las instituciones del Estado, octubre 1999.
8. Gabriela Segura Mena, Tesis de Grado, Reforma del Estado y actores sociales en Costa Rica: el proceso de conformación y evolución del Consejo de defensa de la Institucionalidad, 1994-2000

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